Blogia
mQh

colombia

el agente del das


Y el caso de Correa de Andreis. VerdadAbierta.com conoció detalles del testimonio que rindió Javier Valle en 2008 ante la justicia desde Estados Unidos, en donde está asilado, y analiza hasta dónde se ha esclarecido el caso.
Colombia. En su larga versión libre ante un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el ex agente del DAS Javier Alfredo Valle Anaya contó que había estudiado solo tres semestres de ingeniería industrial en una universidad capitalina cuando tuvo que devolverse a su natal Montería en diciembre de 1991, porque no tenía cómo pagar sus estudios. Un día vio en un periódico que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, estaba reclutando agentes.  La oferta del DAS era clara: ofrecían estudio y puesto para los seleccionados.
Valle rindió este testimonio, que ahora ha conocido VerdadAbierta.com, desde un consulado colombiano en Estados Unidos el 27 de marzo de 2008 en el proceso que lleva el alto tribunal contra Jorge Noguera por su presunta implicación en el asesinato de varios sindicalistas.
De 200 postulados, cuenta Valle, sólo lograron entrar él y otros 16 a la Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública "Aquimindia" en febrero de 1993. Por un año realizó cursos de espionaje, policía judicial, investigación, derechos humanos, manejo de armamento, defensa personal y "aprendió algo de la Constitución Nacional".
Después de graduarse, Valle llegó a Barranquilla a estudiar derecho en la Universidad Simón Bolívar, pues creía que así ascendería en la institución y llegaría a ser jefe de un grupo de inteligencia. "No me iba aquedar como un detective raso, la única manera que podía adecuarme era estudiando derecho", agrega.
Mientras iba a la universidad hacía las tareas más diversas en el DAS, como cualquier agente de base y sin palanca: guardia de garita, escolta y una que otra investigación de "blancos", como le dicen en el departamento de inteligencia a los sospechosos. Sin embargo, no logró destacarse y sus misiones dependían mucho de quién lo dirigiera.
En 2001, con el diploma de abogado en sus manos estuvo una temporada en la Unidad de Fuentes Humanas en Bogotá, pero a los pocos meses lo trasladaron a la Costa. En Cartagena le tocó espiar a sus propios compañeros, una tarea mal vista y peligrosa en la institución.
A pesar de su título y de sus diez años de carrera en el DAS, Valle era trasladado de un lado a otro, teniendo que rehacer su vida cada vez que los directores cambiaban. Con cada nuevo director había nuevos "blancos"y ellos pedían resultados a los que, detectives como él, se tenían que adecuar.
La incómoda situación de Valle llegó a su fin en 2002, con la llegada de Jorge Noguera Cotes a la dirección del DAS. Lo trasladaron a Barranquilla, y después a Valledupar, para trabajar en el área de inteligencia.
Vivía en La Paz, una población a pocos minutos de Valledupar, con presencia tanto de guerrilleros como de paramilitares. Y como todos sabían que él era del DAS, se sentía muy inseguro y temía por la seguridad de su esposa y sus dos hijos.
Necesitaba dar un golpe, sobresalir, para que lo sacaran de allá. En Valledupar empezó a visitar a paramilitares desmovilizados, para ver si ellos le daban pistas para dar algún golpe y así conseguir avanzar en su carrera.  La orden que le habían dado era claramente perseguir a Farc, Eln y Auc. "Me dediqué a recorrer los batallones, cada vez que había un desmovilizado en el Batallón de la Popa, yo iba a la Popa", recuerda.
En ese momento, el comandante del Batallón La Popa era el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, quien había llegado a ese regimiento en enero de 2002 y duró en el cargo hasta diciembre de 2004. Este oficial ha sido acusado por la Fiscalía por su presunta complicidad con las Autodefensas en varios delitos, entre otros haber asesinado personas inocentes, para cobrar así logros contra este grupo armado ilegal.
En una de las visitas a ese batallón, Valle dijo que había conocido a varios hombres que supuestamente habían sido guerrilleros del Eln y las Farc que le hablaron de alias ‘Eulogio’, un hombre que les dictaba charlas políticas en los campamentos. Aseguró que los guerrilleros le habían contado además, que a esas charlas siempre lo acompañaban tres guerrilleros con los alias de ‘Peter’, ‘Gorbachov’ y ‘Cabeza de clavo’, quienes tenían relación directa con Iván Márquez, miembro del secretariado de las Farc.
"Me dijeron que todos esos personajes venían de Barranquilla hacia los campamentos del Perijá, con grupos estudiantiles de universidades de allá; que se iban a hacer los campamentos en Perijá a dictar charlas bolivarianas, a hacer congresos y reuniones", dijo Valle.
Los guerrilleros, según aseguró Valle, le describieron a ‘Eulogio’ como un abogado o sociólogo, reconocido profesor universitario, con un físico muy particular, alto, encorvado y con cola de caballo.  Con esa información, Valle Anaya empezó a frotarse las manos y a pensar que, si daba ese golpe, podría tener el cargo por el que tanto había peleado.
Mientras rastreaba a ‘Eulogio’, con información de otros desmovilizados, Valle investigó a la bacterióloga Rina Bolaños.
Esta mujer había sido secuestrada por guerrilleros de las Farc el 12 de agosto de 2003 y liberada dos semanas después. Cuando ‘Beltrán’, uno de sus agresores, se desmovilizó, les mintió a las autoridades acusando a Bolaños de ser del Eln, pero ese testimonio falso sirvió para encarcelarla. Meses después se comprobó el montaje y la bacterióloga salió libre. Sin embargo, Jorge Noguera, entonces director del DAS, mostró la detención de Bolaños como un éxito de inteligencia, y el fraudulento ‘positivo’ le empezó a dar a Valle Anaya la notoriedad que tanto tiempo llevaba buscando.
Dijo Valle a la justicia que uno de sus compañeros, en Atlántico, le envió después por correo electrónico una foto de un hombre alto, encorvado y con cola de caballo, tomada a la salida de la Universidad Simón Bolívar con un teleobjetivo.
El 23 de abril de 2004, Valle fue comisionado con José David Rivero Gómez, subdirector de la seccional del DAS en Cesar, para que asistiera una reunión de directores regionales del DAS en el hotel Las Américas de Cartagena, en donde se encontraría con el entonces director general del organismo, Jorge Noguera Cotes.
Allí, según se ha conocido en el juicio contra el ex director del organismo, Noguera le pidió a Rivero elaborar un listado de los delincuentes del Cesar en el que incluyera a los hermanos Gnecco Cerchar, otrora aliados de ‘Jorge 40’ y declarados enemigos de las autodefensas, para que a su vez, el DAS le remitieran este informe al Bloque Norte de las Auc.
Rivero se negó a cumplir esta extraña orden, según dijo el mismo Rivero en el juicio. Y añadió que Noguera, enfurecido, le había dicho que necesitaba gente "leal y proactiva",  y le pidió a Valle Anaya que se encargara del informe en su condición de jefe de inteligencia. A los pocos meses del incidente, el DAS declaró insubsistente a Rivero y un mes después Valle Anaya fue trasladado a la seccional Bolívar, al puesto que andaba buscando desde hacía meses. Tanto Valle como Noguera han negado que este encuentro hubiera existido. Noguera dijo en su defensa que las declaraciones de Rivero fueron para vengarse porque lo había expulsado de la entidad.

La Guerra Sucia
A los pocos días de ser trasladado a Cartagena, dos oficiales de inteligencia de la Armada, un capitán al que él identificó como Cristian y un suboficial que dijo llamarse Nicolás, fueron a preguntarle por alias ‘Eulogio’. "No sé cómo llegaron allá, cómo me contactaron, eso fue por su propia iniciativa", dijo Valle intentando explicarle al fiscal delegado ante la Corte Suprema el encuentro y, a renglón seguido, aseguró que los militares le reclamaron por haber dejado el caso tirado.
"Ellos tenían a unos reinsertados que estaban dispuestos a colaborar", dijo Valle, y relató que los oficiales llevaron a Cartagena a tres personas que identificaron como desmovilizados de las Farc a Cartagena. Ellos eran Javier Alfredo Larrazábal, José Daniel Satizábal y Mayerly Torres Carvajal.
Los oficiales que Valle Anaya dijo que eran de fuerza aérea (refiriéndose a la división aérea de la Armada) se encargaron de ubicar al fiscal Demóstenes Camargo a quien le presentaron los testimonios y la fotografía del posible ‘Eulogio’. El fiscal les tomó una declaración a los desmovilizados y ordenó la captura del hombre de la foto.
Varios agentes de la fiscalía y del DAS, con la orden de detención en la mano, emprendieron la marcha hacia Barranquilla, cerca de la medianoche del 17 de junio de 2004, con la certeza de que iban a capturar a alias ‘Eulogio’. Para ellos, el profesor alto, encorvado y con cola de caballo era Alfredo Correa de Andreis, un respetado investigador social de 48 años, profesor en las Universidades del Norte y Simón Bolívar de Barranquilla. Había sido rector de la Universidad del Magdalena y funcionario de la Alcaldía de Barranquilla.
Desde 2003 venía liderando una investigación, patrocinada por Colciencias y Usaid, sobre patrimonios y personalidad jurídica de los desplazados en La Cangrejera, Pinar del Río y Loma Roja, en Magdalena y Atlántico. Cuatro años antes, según contó a El Heraldo de Barranquilla, Magda Correa, su hermana, había llevado a cabo otro estudio en Nueva Venecia (Magdalena) posterior a la masacre cometida por las autodefensas allí, en la cual cayeron asesinados 39 pescadores. En ese trabajo, hecho para la Universidad Simón Bolívar, el sociólogo advirtió sobre los riesgos que tenía para el medio ambiente y para la comunidad el montaje de un puerto carbonífero en el sector de Palermo. Detrás de ese proyecto estaban el gobernador Trino Luna y como se conocería después, el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Esa noche, Correa se había acostado como siempre después de haber preparado sus clases para el día siguiente. Cuando todo estaba tranquilo, a la medianoche irrumpieron varios agentes del DAS y el CTI en su apartamento al norte de Barranquilla.  Los detectives le leyeron la orden de captura en la que se le sindicaba de ser ideólogo de la guerrilla. Valle Anaya estaba con el grupo que capturó a Correa.
Aunque Valle siempre sostuvo que no conoció a Correa de Andreis cuando estudiaba en la Universidad Simón Bolívar, declaró ante la justicia que cuando lo arrestó, el profesor le dijo con familiaridad: "Javier, ¿tú si crees que yo soy guerrillero?, ¿por qué a mí?, ¿tú si crees que yo soy guerrillero?", a lo que el detective le respondió: "Profesor Correa eso no lo digo yo, los reinsertados son los que están diciendo eso y lo que determine la Fiscalía. Yo no tengo nada contra usted…".
En ese momento según atestiguó ante el Fiscal, Valle Anaya se le pasaron varios pensamientos por la cabeza:  "Yo dije, no joda, a mí eso me preocupó, yo dije, bueno, caramba, ahora…, a uno como que le da cierta cosa, porque qué tal que estos…, a uno como que le pasan ciertas hipótesis por la cabeza; bueno…, y qué tal que estos tipos…, este tipo tiene como cara de buena gente y estos guerrilleros estén echando mentiras, o una cosa, con tal de ganarse dinero o ganarse algo y una de las cosas que más les advertí el mismo día de la diligencia, les dije, cuidado van…, ¿están seguros?, cuidado van a hacer un montaje, porque eso es para problemas. No, no, se lo juro, yo para qué voy a echar mentiras y ellos se ratificaron ante el Fiscal y dijeron lo mismo, que lo habían visto…".
Valle Anaya sólo llevaba diez días en Cartagena y pensó, independiente de las dudas que le había dejado la conversación con el profesor Correa de Andreis, que así conseguiría anotarse un golpe y quedar bien con sus jefes.
La captura del reconocido profesor Correa desató un escándalo en los medios y sus colegas de la academia, que conocían bien su valioso trabajo social, denunciaron que se trataba de un montaje.
A los dos meses de ser capturado, Alfredo Correa de Andreis fue liberado porque se encontró que los testimonios de los desmovilizados eran sospechosamente idénticos. El DAS, sin embargo, defendió la investigación de su detective.
Cuando la revista Semana la entrevistó en 2005, su esposa Alba recordó que desde que salió libre estaba seguro de que intentarían matarlo. "Desde entonces lo único que hizo fue temblar", dijo al reportero de Semana en Barranquilla. "A pesar de que había sido ateo toda su vida, después de la detención orábamos cada día. Pensábamos que la dimensión divina podría corregir la injusticia humana. Durante semanas vivimos una persecución insoportable. Las amenazas contra su vida eran claras. El dilema diario era pensar si nos debíamos ir del país, pero no teníamos plata. No teníamos a dónde ir. Él tenía miedo pero trataba de ocultarlo porque veía cómo sufríamos todos. Pero también confiaba demasiado y decía: ‘Cómo me voy a ir, no tengo nada oscuro detrás de mí’".
Tocó todas las puertas, le envió dos cartas al entonces presidente Álvaro Uribe para que lo escuchara, pero no lo atendieron. Lo que pretendía era que le resolvieran su situación jurídica. "Durante el tiempo que estuvo libre, lo dejó todo, su proyecto de vida como investigador," dijo su esposa.
Tres meses después, el 17 de septiembre de 2004, cuando se despidió de su mujer, ella lo vio preocupado. Él le dijo, como al pasar, que le dolía no despedirse de su hija. "Me siento barro", dijo, besó a Alba y se fue. Eran las 2:20 de la tarde. A unos metros de la Universidad Simón Bolívar, en un andén del barrio El Prado de Barranquilla, lo acribillaron, junto con su guardaespaldas.
Ese día y a la misma hora en que moría el profesor Correa, según aseguró el agente Valle él estaba haciendo escala en Barranquilla de un vuelo de Aires con la ruta Cartagena-Valledupar. Dijo que sólo entonces se enteró del asesinato de Correa porque un amigo lo llamó a contarle.
El 16 de febrero de 2005, cinco meses después del asesinato del sociólogo, Jorge Noguera lo promocionó a Subdirector Seccional del Atlántico.  Así se cumplió su sueño de llegar a un alto cargo en el DAS. Unos días después, sin embargo, fue trasladado al cargo equivalente, pero en Magdalena, y estuvo allí hasta  el 17 de junio de 2005.

Una Versión Que No Cuadra
Los documentos hallados en diversos campos paramilitares, sin embargo, parecen sugerir que la relación del agente Valle con los paramilitares fue bastante más allá de lo que él reconoció ante la justicia. Y que el asesinato de Correa de Andreis, no estuvo tan desconectado con el hecho de que este detective lo hubiera capturado semanas antes con evidencias falsas.
Luego del asesinato de Correa de Andreis, en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena se recrudecieron las amenazas y asesinatos de sindicalistas, profesores y defensores de derechos humanos. Mientras los paramilitares negociaban con el gobierno, uno de sus jefes, ‘Jorge 40’ continuaba con su guerra sucia.
Cuando se inició el proceso de desmovilización, este paramilitar, siempre reacio a cumplir los acuerdos de Ralito, urdió un plan para expandir el control de los negocios ilegales en varios departamentos de la Costa. Para ello, nombró al excapitán del Ejército, Édgar Ignacio Fierro, alias ‘don Antonio’, como su sucesor en el Bloque Norte.
A ‘Antonio’ le seguía la pista una fiscal de Barranquilla por una denuncia de un comerciante del mercado público de la ciudad a quien estaba extorsionando. El 22 de enero de 2006, varios hombres del CTI, militares del batallón Córdoba y el DAS, organizaron el operativo ‘Exterminio’ al campamento de ‘Antonio’ en la Sierra Nevada. Cuando llegaron solo había un vigilante, pero encontraron documentos que contenían listados de sospechosos elaborados por miembros de la fuerza pública que habían ido a parar a manos de los paramilitares. Por ejemplo, una carpeta estaba clasificada con el nombre de "Jota Valle".
Un agente que estuvo en el operativo, le contó a VerdadAbierta.com que esa información les permitió identificar a la mayoría de los miembros de la banda. También que ‘Jorge 40’ estaba urdiendo un movimiento social y político en Magdalena, Atlántico, Sucre y Córdoba, y el encargado de organizarlo era ‘don Antonio’.
La cacería a ‘don Antonio’ siguió intensamente y el 12 de marzo de 2006, cinco días después de que se desmovilizara como patrullero raso del Bloque Norte en Chimila, Cesar, fue capturado en una cabaña en Santa Marta. En el operativo se le incautó, entre otras cosas, varias memorias usb y dos portátiles que luego se conocerían como el computador de ‘Jorge 40’.
En ese computador, los investigadores encontraron una carpeta rotulada con el nombre: ‘amigo del DAS’, en la que había listas que contenían 106 nombres, entre los que se encontraban sindicalistas, defensores de derechos humanos y líderes de oposición de la Costa Caribe. Varios de ellos, en efecto, habían sido objeto de amenazas y otros habían sido asesinados, como el reinsertado de la Corriente de Renovación Socialista, Miguel Espinosa Rangel (abaleado el 30 de junio de 2004), el profesor Alfredo Correa de Andreis (muerto el 17 de septiembre de 2004), el sindicalista Adán Pacheco (asesinado, el 2 de mayo de 2005) el defensor del Pueblo y ex secretario del interior de Barranquilla, Pedro Pérez Orozco (acribillado el 3 de octubre de 2005), entre otros.
También hallaron listas de supuestos ladrones y prostitutas que fueron asesinados.
Los investigadores también encontraron numerosos chats, y uno en especial en el que de nuevo se refería a Jota Valle, de quien los paramilitares decían que estaban buscándole un traslado a "su mujer".
El computador de ‘40’ o el de ‘don Antonio’, dejó en mayor evidencia aún la infiltración paramilitar a las agencias de seguridad del Estado y que miembros de éstas le pasaban información a los paramilitares para que fueran ellos los que ejecutaran la guerra sucia. Los informes tenían las direcciones de residencias de quienes serían las víctimas de su guerra sucia, así como sus rutinas diarias.
La aparición del nombre de Valle Anaya en varias pruebas incautadas a los paramilitares y el creciente escándalo de la colaboración de la agencia de seguridad con las Auc, hicieron que varios investigadores del CTI empezaran a averiguar por qué los paramilitares tenía información rotulada "Jota Valle" y hablaban de él en sus conversaciones virtuales.
El 17 de septiembre de 2006, exactamente dos años después del asesinato del profesor Correa De Andreis, una fiscal de Barranquilla, que investigaba el caso, llamó a declarar a Javier Valle Anaya y, un día después de la diligencia, fue expulsado del DAS, con la justificación de que había perdido un arma.
En marzo de 2007, Valle y su familia tomaron un avión a los Estados Unidos en donde solicitaron asilo político. Nunca ha sido procesado por complicidad en crimen alguno.

La Verdad Que Se Sabe
El crimen del profesor Alfredo Correa de Andréis fue cometido por paramilitares del Bloque Norte, al mando de ‘Don Antonio’.  El mismo ‘Antonio’ aseguró a Verdadabierta.com en una entrevista en la cárcel de Barranquilla en 2009, que organizó su asesinato, convencido de que era un miembro de la guerrilla, porque así se lo habían asegurado sus fuentes oficiales, pero que ahora, después de conocer mejor los hechos, ya no estaba seguro. Y a la justicia le dijo que sus hombres utilizaron informes de inteligencia del DAS para cometer el crimen, pero no ha confesado quién fue el funcionario que le dijo que Correa era amigo de la guerrilla.
La justicia ya determinó que el hombre que disparó fue Juan Carlos Rodríguez de León alias ‘El Gato’, quien contó con el apoyo de Henry Arbey Patiño Hurtado, alias ‘Felipe’, jefe de sicarios de los paramilitares en Barranquilla. Y que la orden, en efecto fue dada, por Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias don ‘Antonio’, jefe del frente José Pablo Díaz.
Aunque no se sabe cuánto pagaron por el homicidio de Alfredo Correa, se conoce que fue coordinado por Wilmer Samper Meléndez, alias ‘Pupy’, que manejaba las finanzas de la organización paramilitar y quien entregó el dinero a alias ‘Felipe’. El que disparó fue alias ‘El Gato’.
‘Pupy’ dijo que Correa de Andreis fue asesinado porque hacía denuncias sobre la Red de Solidaridad y de la Corporación Autónoma Regional, CRA. Según ‘Pupy’ dijo a la justicia, Correa no era guerrillero, pero "tiraba más para el lado de la guerrilla que para el de los paramilitares", por el hecho de que reclamaba la inversión social en beneficio de los desplazados.
Hoy, de los que participaron en el homicidio de Alfredo Correa, sólo están vivos alias ‘don Antonio’ y ‘El Gato’, porque Jorge Palacios, ‘Pupy’ y ‘Felipe’ fueron asesinados por miembros de la misma organización armada.
En una versión libre que Carlos Mario García, alias ‘Gonzalo’, jefe político del frente José Pablo Díaz, dio a la justicia, dijo que Valle Anaya era colaborador de los paramilitares. Incluso, que en varias ocasiones les prestó vehículos para movilizarse entre Barranquilla, Santa Marta y Valledupar, y evadir a las autoridades, pero no lo relacionó con el crimen de Correa.
A lo largo de la investigación se ha relacionado con el crimen a Jorge Noguera, Giancarlo Auque, subdirector, Jose Miguel Narváez, Rafael García y otros funcionarios del DAS, quienes, según la acusación de la Fiscalía, filtraron informes de inteligencia del DAS para que paramilitares del Bloque Norte asesinaran a sindicalistas, líderes sociales, profesores y periodistas.
En una inspección al DAS en Bogotá se encontraron varios informes de inteligencia, entre ellos cuatro documentos de Alfredo Correa de Andreis, uno sobre la periodista Zully Esther Codina Pérez y nueve de Fernando Pisciotti Van Strahlen, todos asesinados por paramilitares.
De los listados y seguimientos encontrados en el DAS, 36 sindicalistas seguidos por ese organismo de seguridad fueron asesinados en Barranquilla en 2004 y 61 amenazados de muerte.
Aun cuando las cabezas del DAS han sido investigadas y en diferentes instancias del proceso por los asesinatos de Correa, Codina y Pisciotti, son pocos los entonces funcionarios de las seccionales del DAS en la Costa Caribe que han sido procesados.
Hasta la fecha nadie sabe quiénes fueron los oficiales del Estado que proveyeron las listas con nombres de personas supuestamente sospechosas a los paramilitares, a las cuales luego éstos mataron.
Desde Estados Unidos, donde aún vive, Javier Valle Anaya no ha sido investigado formalmente aún por la justicia colombiana. Su versión ante el fiscal delegado ante la Corte, sin embargo, ha sido la de que en el caso Correa de Andreis, él se limitó a seguir las pistas que le dieron oficiales de la Armada y colegas, con el afán de conseguir un ascenso en su trabajo, y que nunca le dio información a los paramilitares y la noticia de su muerte fue una sorpresa para él. Como se ha visto, otra cosa indican los documentos encontrados a los paramilitares.
24 de marzo de 2011
23 de marzo de 2011
©verdadabierta

pinedo a juicio por parapolítica


Excongresista Miguel Pinedo llamado a juicio por ‘parapolítica’. La Corte Suprema de Justicia lo llamó a juicio por sus posibles nexos con paramilitares del frente Resistencia Tayrona de las AUC al mando de Hernán Giraldo.
Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a juicio al ex presidente del Congreso Miguel Pinedo Vidal por sus presuntos vínculos con el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna alias ‘El Patrón’.
En sesión extraordinaria, el Alto Tribunal encontró mérito para llamarlo a juicio con base en las declaraciones de exparamilitares y testigos que hablan de posibles presiones de los ‘paras’ sobre poblaciones de Magdalena para votar por Pinedo Vidal en el 2002.
El ex congresista de Cambio Radical había empezado a ser investigado por la Corte desde octubre de 2007. El 31 de marzo de 2008 se le dictó medida de aseguramiento luego de que una testigo, Magaly Patricia Ortiz aseguró, ante la Sala Penal de la Corte Suprema, que el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo ordenó a los habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta votar por varios parlamentarios en las elecciones de marzo de 2002, entre ellos, Pinedo Vidal.
La afirmación de Ortiz, dirigente política de la Sierra Nevada de Santa Marta, se conoció en 2008 durante la audiencia pública de juzgamiento contra los ex senadores Mauricio Pimiento y Luis Eduardo Vives. Según el testimonio de la dirigente política del Magdalena, la presión más fuerte del bloque Tayrona de las Autodefensas, que dirigía Giraldo, se dio para que los habitantes votaran por Pinedo Vidal.
En una versión libre ante los fiscales de Justicia y Paz, Hernán Giraldo Serna también mencionó que había tenido nexos con el político del Magdalena. "Hicimos reuniones en Guachaca y Buritaca", declaró refiriéndose a 13 políticos que apoyó en ese departamento. Giraldo enfatizó que se había reunido en varias ocasiones con el senador Miguel Pinedo y la última vez que lo vio fue en febrero de 2005, el día de la desmovilización del bloque.
"Hicimos una reunión arriba en la finca mía, a la orilla del río Buritaca, duramos un tiempo sin vernos (con Miguel Pinedo) hasta del momento de la desmovilización".
El 30 de septiembre de 2008 Pinedo renunció al fuero parlamentario, razón por la cual su proceso fue asumido por la Fiscalía. En julio de 2009, el vicefiscal Guillerrmo Mendoza Diago ordenó la libertad del ex congresista al considerar que se le había violado el derecho al debido proceso dentro de la investigación.
Con posterioridad a septiembre de 2009, fecha en la que la Corte Suprema reasumió los casos de ‘parapolítica’ de aquellos congresistas que habían renunciado a su curul, el caso de Pinedo volvió a activarse y ahora el Alto Tribunal lo llama a juicio para que responda por el delito de concierto para delinquir agravado.
24 de marzo de 2011
23 de marzo de 2011
©verdadabierta

testigos niegan cargos


Tres testigos niegan nexos de Gil y Riaño con Auc. Un excongresista, una exalcaldesa y un exconcejal negaron tener información sobre los posibles nexos entre los ex congresistas Gil y Riaño con paramilitares de Santander.
Colombia. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tres testigos citados en el juicio a los ex congresistas Alfonso Riaño y Luís Alberto Gil negaron tener conocimiento sobre los posibles vínculos entre los políticos santandereanos y el Bloque Central Bolívar de las AUC.
El primero en declarar fue el exalcalde de Bello (Antioquia) y excongresista procesado igualmente por ‘parapolítica’, Oscar Suárez Mira. Suárez aseguró que conoció a Gil y Riaño en los actos de posesión del Congreso y rechazó las acusaciones del ex paramilitar ‘David Hernández’ sobre presuntas reuniones políticas realizadas en Bucaramanga entre los ex congresistas y paramilitares.
Como parte del proceso, el ex paramilitar David Hernández conocido con el alias de ’Diego Rivera’ le había dicho a la Corte en su momento que antes de las elecciones de marzo de 2006, él le presentó el proyecto Semillas de Paz - Santander, una propuesta de desmovilizados, a Gil, Riaño, Óscar Josué Reyes y Óscar Suárez Mira.
Contó que allí también estuvieron alias ‘Tarazá’, ex jefe político del Bcb para Santander, y alias ‘Alfonso’, "que me dijo que iba a entregarles a los políticos mil millones de pesos para las elecciones" por orden de alias ‘Julián Bolívar’.
En un segundo momento, luego de la declaración de Suárez Mira, la Corte Suprema recibió el testimonio de Deyanira Ardila, ex alcaldesa de Barbosa (Santander). La testigo reconoció que sabía de la presencia del BCB en el departamento aunque nunca se enteró de la realización de alianzas entre políticos de la región con el grupo paramilitar, paras este caso, entre Gil y Riaño y los ‘paras’.
Jorge Alfredo Hernández, ex concejal de Cimitarra, declaró finalmente en el mismo sentido al confirmar la presencia en Santander de los ‘paras´ del BCB y del grupo comandado por ‘Botalón’, pero nunca de sus nexos con los ex congresistas Gil y Riaño.

La Declaración de ’Ernesto Báez’
Esta misma semana declaró ante el Alto Tribunal el ex jefe político del BCB Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’. Como parte de la ampliación de su declaración, ‘Báez’ sostuvo que sí conoció directamente a los ex congresistas en diferentes reuniones públicas y privadas aunque nunca apoyó sus campañas al Congreso para el año 2002.
En el caso de Alfonso Riaño, ‘Báez’ confirmó lo establecido por la Fiscalía en la resolución de acusación donde se sostiene que el ex jefe paramilitar había coincidido con Riaño en dos ocasiones.
Según el testimonio de ‘Báez’, estuvo con Riaño en una primera oportunidad en la hacienda Arkansas, ubicada en San Rafael de Lebrija, hacia el año 2002. En esa oportunidad, y tras haber hecho uso de la palabra, ‘Báez’ aseguró que salió elegida una lista con varios candidatos a la Cámara, entre ellos y en el tercer renglón, uno de los candidatos apoyados por Riaño de apellido Ariza.
En una segunda oportunidad, relató ‘Baéz’, a principios de 2002, se encontró nuevamente con el ex congresista Riaño en una reunión celebrada en Puerto Berrio (Antioquia) a la que asistieron entre 200 y 250 personas. Según el ex paramilitar, la reunión fue convocada por varios concejales de Barrancabermeja y tuvo como propósito "asegurar un trabajo político intenso" en las regiones.
En el caso de Luís Alberto Gil, ‘Baéz’ se refirió igualmente a dos reuniones privadas que tuvo con el ex congresista. La primera según cuenta, se celebró en algún lugar de Medellín en 2002  por intermedio del diputado Leonardo Zapata. Esta tuvo como propósito el que Gil le hiciera reclamos a ‘Baéz’ por las dificultades que tenían sus aliados políticos para hacer campaña por cuenta de las actividades del Bloque Central Bolívar en zonas como Sabana de Torres y Puerto Berrio.
Según ‘Báez’, se reunió con Gil una vez más para tratar el mismo tema y el incumplimiento del paramilitar respecto a su compromiso por garantizar la actividad política de todos los candidatos en diferentes zonas del país.
A la pregunta concreta sobre si ‘Báez’ había apoyado las campañas de Gil y Riaño al congreso en 2002, el ex paramilitar respondió "Yo no intervine en Santander en la campaña política en 2002". En el caso de Gil, ‘Báez’ sostuvo que no apoyó su campaña porque iba contra sus intereses puesto que el ya tenía a Carlos Clavijo como su candidato  al senado.
Las declaraciones de ‘Báez’ coinciden respecto a lugares y fechas con lo planteado por la Fiscalía en su resolución de acusación. En este documento en el que formalmente la Corte llamó a juicio a los dos políticos, la Fiscalía documentó una reunión en enero de 2002 entre Gil y los paramilitares ‘Ernesto Báez’ y Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’.
El encuentro duró una hora y según la Fiscalía, tanto Gil como el exgobernador de Santander Hugo Aguilar querían sellar un pacto para favorecer a José Manuel Herrera y Nelson Naranjo, primer y segundo renglón de una de las listas a la Cámara por Santander de Convergencia Ciudadana.
A la reunión, realizada en Puerto Berrío, Antioquia,  también acudieron varios concejales de Barrancabermeja para que el Movimiento Alternativo Regional (MAR) apoyara a Nelson Naranjo. Así lo testimoniaron de forma inicial los ex concejales Morgan Egea Sánchez, Jesús Sanabria y José Agustín Quecho.
Otra reunión documentada por la Fiscalía fue realizada en 2002 en la hacienda Arkansas, en San Rafael de Lebrija. Según las versiones de ‘Ernesto Báez’, ‘Diego Rivera’ y los exparamilitares Juan Fernando Morales Ballesteros y Orlando Murillo Morales, Alfonso Riaño tenía nexos con los paramilitares del Magdalena Medio porque se le veía andar con los jefes paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, Arnubio Triana Mahecha alias ‘Botalón’ y su segundo, Álvaro Sepúlveda alias ‘César’.
Según las versiones de esos ex paramilitares, Riaño se reunió en la hacienda Arkansas con ‘Ernesto Báez’. El paramilitar le dijo en ese lugar que lo ayudara a organizar una lista a la Cámara para apoyar la candidatura de Carlos Clavijo al Senado. Para la Fiscalía, Clavijo era el candidato de los paramilitares por el movimiento  Convergencia Cívica y Popular, una propuesta que surgió del Movimiento al No Despeje que se opuso al despeje del sur de Bolívar en el intento de negociación del Gobierno con el Eln.

Los Testigos Incómodos
Las declaraciones del desmovilizado David Hernández López ‘Diego Rivera’ han sido hasta el momento las más polémicas del juicio, después de denunciara que el abogado Ramón Ballesteros, abogado de Gil, supuestamente lo intentó sobornar con 100.000 dólares para que declarara a favor de los políticos santandereanos. Por este hecho, el 15 de febrero de 2011 el abogado fue capturado en plena audiencia de la Corte.
‘Diego Rivera’ dijo además que estuvo en la reunión del Hotel Chicamocha y que Danilo Camilo alias ‘Alfonso’ fue enviado por ‘Julián Bolívar’ para que en ese encuentro les entregara mil millones de pesos a los políticos de Convergencia para la campaña de 2006. El exparamilitar, protegido como testigo por la DEA, aseguró que Convergencia Ciudadana tuvo nexos con el Bcb.
Otros dos testigos que se han salido de la ‘sinfonía’ que parece haber en las declaraciones, son el padre Francisco José de Roux, exdirector del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y el coronel Julio César Prieto, excomandante del Batallón Luciano Del’Huyer.
Aunque los dos testigos aclararon que no tienen pruebas para afirmar "que Gil y Riaño tuvieron vínculos con los paramilitares", narraron algunos episodios cuando trabajaron en el Magdalena Medio, donde habitantes y desmovilizados del Bcb aseguraban esos presuntos nexos.
24 de marzo de 2011
23 de marzo de 2011
©verdadabierta

acusan a paras por desapariciones


Acusados dos paramilitares por asesinatos y desapariciones en Casanare.
Colombia. Un fiscal de Derechos Humanos y DIH acusó a dos paramilitares como presuntos responsables de la desaparición forzada y de los homicidios de pobladores de zonas rurales de los municipios de Recetor y Chámeza (Casanare).
La decisión judicial cobija a Héctor Enrique Buitrago Soler, alias ‘Tripas’, y Dairo Ederlan Leguizamón Pulido, alias ‘Coyote’, miembros de las Autodefensas Campesinas del Casanare, quienes supuestamente incurrieron en los delitos de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, desaparición forzada agravada, desplazamiento forzado, y concierto para delinquir agravado en calidad de autores.
Según lo establecido, entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2003 integrantes de ese grupo armado ilegal asesinaron a no menos de 25 personas que habitaban en las veredas de los citados municipios. Las víctimas eran citadas a determinados lugares por los atacantes quienes las torturan y posteriormente las asesinaban.
El fiscal instructor reiteró las órdenes de captura en contra de Buitrago Soler y Leguizamón Pulido.
23 de marzo de 2011
22 de marzo de 2011
©fiscalía
©verdadabierta

por parapolítica procesan a ex alcaldes


Exalcaldes de Riosucio, Chocó, a juicio por ‘parapolítica’. Un fiscal confirmó la acusación que ya existía contra dos exalcaldes de este municipio de Chocó, por sus presuntos vínculos con los paramilitares.
Colombia. Jorge Isaac Mosquera Caicedo y Eulalio Lemos Moreno irán a juicio por sus presuntos nexos con los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas, de Fredy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’.
Según la Fiscalía, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la acusación que ya existía en primera instancia en contra de Mosquera Caicedo, alcalde de Riosucio capturado en marzo de 2006, y de Lemos Moreno, exalcalde del mismo municipio.
Ambos funcionarios son investigados por un fiscal antiterrorismo, que recopiló pruebas sobre las presuntas relaciones de estos políticos con paramilitares para beneficiarse electoralmente.  Mosquera Caicedo fue elegido como Alcalde de Riosucio en 2007 con 2.982 votos por el partido Cambio Radical, mientras Lemos Moreno en 2003 con 1.060 votos por el movimiento Fuerza Colombia. Los ex alcaldes están detenidos en La Picota.
El Bloque Élmer Cárdenas delinquió en el Urabá chocoano financiándose del narcotráfico. Según lo contado por desmovilizados en versiones libres, este bloque utilizó una cooperativa Convivir para cobrar extorsiones a los bananeros y convirtió al río Atrato en un cementerio para arrojar los cuerpos de sus víctimas.
23 de marzo de 2011
22 de marzo de 2011
©fiscalía
©verdadabierta

entrevista con michael reed


Director del ICTJ. Aduce que las falsas desmovilizaciones torpedean la búsqueda de justicia, verdad y reparación. En su criterio, aún falta mucho para una transición hacia la paz.
[César Paredes] Colombia. Para Michael Reed, director del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la ley de víctimas que se discute en el Congreso no es la primera ni la última en el intento de resarcir a la población vulnerada por el conflicto armado.
En entrevista con Semana.com, Reed señaló los ajustes que en su criterio requiere la iniciativa. El especialista sostuvo que la falta de claridad en el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares no es una denuncia nueva e indicó que aún estamos lejos de un verdadero proceso de justicia transicional (la que se aplica después de las dictaduras o en los procesos de paz).
 
Semana.com: ¿Qué significa la ley de víctimas en nuestro contexto?
Michael Reed: No es la primera ley de las víctimas ni tampoco será la última. Es importante entender eso. En Colombia se han creado varias leyes, por ejemplo, la Ley de Desaparición forzada de 1989, la Ley 387 para las personas desplazadas por la violencia. Lo nuevo es que después del proceso de Justicia y Paz se empezó a hablar de justicia y reparación y la ley de víctimas contempla unas medidas en ese sentido. Es una propuesta ambiciosa para Colombia, pero también es una iniciativa que se queda corta.
 
Usted ha resaltado varias de esas debilidades, ¿cuáles son?
La iniciativa ha tenido mucha concertación, debate público y debate no público también (se han negociado algunas cosas). El proyecto, como está redactado, recoge problemas viejos como la definición de víctimas. La última propuesta amplió el universo hasta 1986, La U ha contemplado la posibilidad de que se amplíe hasta 1985, pero inmediatamente surge la pregunta: ¿qué pasa con las víctimas de 1983 y 1984?
 Por otro lado, el proyecto excluyó de la reparación administrativa a los miembros de grupos armados ilegales que sufrieron violaciones. Y por último, hay un intento de unos sectores por excluir personas que son víctimas de las acciones de agentes estatales.
 
Además…
El proyecto sigue haciendo una fusión indebida de lo que es asistencia, atención, protección, servicios básicos, con reparación. El Estado podría decirle a la comunidad internacional, a las víctimas y a la sociedad: ‘Yo soy un Estado responsable porque estoy tratando de socorrer y ayudar a las víctimas del conflicto’. Pero eso hay llamarlo como es: asistencia. Infortunadamente, el proyecto como está confunde esos conceptos y presenta debates viejos.
 
El ICTJ también ha hecho reparos a los mecanismos de restitución de tierras. ¿En qué consisten?
Hay que reconocer que en la agenda pública nunca se había puesto el tema, pero también encontramos algunos problemas. Por ejemplo, solo cobija a las víctimas de hechos que ocurrieron después de 1991. ¿Por qué el 91 y no antes? En política pública hay que justificar las decisiones con argumentos que todo el mundo entienda. Porque así, zonas que fueron golpeadas por el paramilitarismo, como San Vicente de Chucurí, donde el paramilitarismo existió antes del 91, y la gente fue desplazada y despojada de su tierra, no podrán reclamar su derecho.
Los legisladores deberían revisar la propuesta, de lo contrario, estarían desconociendo los derechos de los poseedores o propietarios al darles títulos a los que de buena o mala fe se aprovecharon de la situación.
Además, la restitución sólo se puede dar con garantías de seguridad y de protección. Las personas que están en zonas afectadas por la violencia coercitiva, presencia de grupos o de personas que representan poderes fácticos de tiempo atrás, tienen mucho miedo. La violencia ha logrado lo que pretende y es que la gente se comporte de una manera o de otra, porque teme morir.
 
El ICTJ ha dicho que la entrega de tierras no es suficiente. ¿Por qué?
No es suficiente si no hay garantías para que se pueda ejercer el derecho de hacer lo que le dé la gana con la tierra. También consideramos la necesidad de prever un mecanismo ágil de revisión a la decisión de primera instancia para el reclamo de la tierra, que, según el proyecto, quedará a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Las acciones penales en contra de quienes entreguen tierras deben ser estratégicas y no limitar la justicia a entregarles el beneficio del principio de oportunidad, sino buscar que se persiga la información relacionada con la usurpación y llegar hasta los responsables. Tampoco estamos de acuerdo con el derecho real de superficie, que establece que en algunos terrenos hay intereses agroforestales o de materias públicas, y que por tanto el campesino despojado podría recibir una renta. Eso no es una restitución de facto porque no permite el disfrute de la tierra por el campesino y se avala lo que se busca deshacer.
 
Otro tema que el ICTJ está estudiando es la ley para facilitar el proceso de de los paramilitares que quedaron por fuera de Justicia y paz. ¿Cuál es su opinión de esa iniciativa que está en proceso de desarrollarse en el Congreso?
Es una ley compleja que se expide alegando una crisis. No entendemos el porqué de la crisis, si la situación jurídica fue generada en el 2007 cuando la Corte Suprema de Justicia expidió un fallo que dice que los paramilitares no se pueden juzgar por el delito de sedición.
Entendemos la necesidad de resolver problemas jurídicos, pero eso no se debe hacer de manera rápida y ciega. Lo que hemos sugerido es que se depuren las listas, de quién se desmovilizó, quiénes son estos 30.000 que entraron en las listas de desmovilizados, para que el Estado no otorgue beneficios de manera irresponsable a personas que podrían tener información valiosa para desmontar estructuras importantes. Hay por lo menos 1.500 individuos que han salido de Justicia y Paz, porque dicen es que fue un error. Que no nos sorprenda alguien que dice ser un soldado raso y resulte que fue un comandante.
 
¿No le parece que es necesaria para garantizar la desmovilización de los combatientes rasos?
La ley se está vendiendo como un complemento de Justicia y Paz, porque el desmovilizado firma un acuerdo con el presidente de la República que lo compromete a dar una declaración con una delegación —que no sabemos quién es porque no se ha definido—. Pero lo más grave es que se le está dando un cheque en blanco, porque se dice lo que usted confiesa no va a tener un efecto judicial. Eso es grave, ¿qué tipo de verdad es esa? ¿Qué pasa si un paramilitar confiesa vínculos con élites políticas y militares?
Por otro lado, curiosamente, la ley es para que se garantice justicia, verdad y reparación de las víctimas, pero no sabemos qué papel desempeñan las víctimas en los procesos judiciales. En Sudáfrica el proceso de paz tenía un componente esencial: la garantía de la transparencia en la confesión y de la participación de las víctimas. Además, el Comité rector podía decir: "Usted no cuenta con el aval porque no me está diciendo toda la verdad.
Lo que no queremos es que se pierda una vez más la oportunidad de identificar quién se desmovilizó y qué información tienen sobre los aparatos de poder en Colombia.
 
¿De qué manera las falsas desmovilizaciones podrían afectar el proceso de justicia transicional?
Desde el proceso de desmovilización, en el 2003, había mucha confusión sobre quién estaba negociando y quién no. El Bloque Élmer Cárdenas, por ejemplo, se retiró al comienzo del proceso y después volvió a la mesa de negociación. Grupos como los del Casanare se retiraron del todo. Hubo falta de transparencia sobre quién participaba.
Si uno ve los documentos oficiales, el objetivo era que se desmovilizaran entre 15.000 y 20.000 combatientes. Pero ¡oh sorpresa! son algo más de 30.000. Eso tenía el propósito de confundir, de cubrir retaguardias que quedaron armadas y grupos que nunca se desmovilizaron. Tenemos información muy precisa, documentada por el ente oficial que estaba vigilando el proceso, de que días después de la desmovilización se encontraron con la misma estructura armada en el mismo sitio, el Bloque Héroes de Tolová.
En el 2006, cuando el gobierno hizo traslado de la lista construida con los desmovilizados a la Fiscalía, (2.695 postulados), el fiscal Mario Iguarán, con cara de frustración, dijo que esa lista no ayudaba, que solo se habían individualizado los procesos de un 10 por ciento. Si eso era sobre la lista más depurada, imagínese el caos.
A eso agréguele las desmovilizaciones de personas que lo hicieron por fuera de Justicia y Paz (entre el 2003 y el 2005), súmele el reclutamiento rápido de personas que no tienen nada qué ver con la estructura, por ejemplo del bloque Cacique Nutibara. También hay denuncias sin investigar de entre el 2004 y el 2006 de muchachos que fueron reclutados a la fuerza para desmovilizarse en grupos a los que nunca pertenecieron, y de muchachos que dijeron que les ofrecieron incentivos para desmovilizarse. Lo que pasa es que ahora las denuncias se ratifican.
 
¿Usted considera que el surgimiento de lo que el Ejecutivo llama las Bandas Criminales obedece a un proceso de desmovilización mal hecho?
Obedece a muchas cosas: a las dinámicas de violencia que siguen activas donde hubo desmovilizaciones; a la dificultad en Colombia de encontrar un antes y un después; a que el tema del narcotráfico no se abordó de manera explícita, sino de manera implícita y hasta soterrada; a la falta del ejercicio de la soberanía del Estado en todo el territorio nacional… No podemos asumir que la desmovilización de las AUC era la desmovilización de todas las estructuras de grupos ilegales del país.
Ahora se habla de los Rastrojos y de los Machos y se presentan como bandas emergentes. Esos grupos existen desde hace muchos años en el norte del Valle tenían una pretensión militar, dedicación al narcotráfico, control de territorios y de rutas, desde mucho antes. Esos fueron grupos que no entraron en el proceso de desmovilización, que vieron la posibilidad de ampliar su influencia, y lo hicieron.
 
¿Qué opina de la propuesta de promover un nuevo marco legal para futuras desmovilizaciones?
Creo que hay que respetar los ciclos de las políticas públicas. Diría lo mismo para la ley de víctimas. Hay una extraña tendencia en Colombia a pensar que a punta de leyes uno puede superar los problemas. Yo creo que es bien importante diagnosticar los problemas que enfrentamos, antes de hablar de un nuevo marco legal. Hay que hacer mucha conciencia, con estudios técnicos, sobre qué pasó con los paramilitares desmovilizados, en qué se ha fallado, cuáles son los vacíos, qué es lo que se quiere.
 
¿Cuáles son los elementos ineludibles para la aplicación de la justicia transicional?
La justicia transicional no es un proceso declarativo, como se ha sugerido. No se hace a la fuerza, ni se impone. Es un proceso donde participa todo el mundo. La idea es que exista un ambiente político propicio donde todos tengan garantías. Ofrecer justicia transicional cuando a uno lo matan por denunciar es bastante equívoco. Sin embargo, los procesos de transición no son en blanco y negro. No hay un día en el que uno dice "hoy vamos a hacer la paz, pues ayer no la había". Pero los actores sí deben tener una intención explícita de buscar cambios. Eso implica pensar en una cosa importante: ¿qué va a pasar con los integrantes de la fuerza pública que son casi medio millón de hombres en armas?
 
En un eventual proceso de paz con las FARC, ¿qué es imprescindible?
Hoy día es claro que la amnistía no es permitida en casos de delitos graves. Hace 20 años se pensaba lo mismo. Pero a las víctimas en Chile, en Argentina, les tocó dar la pelea política para que quedara claro. Esas son peleas que hoy día no han terminado. Pero es claro que las amnistías ni los indultos son viables, en la comisión de delitos atroces. Después de procesos como el de Sudáfrica creo que no hay procesos perfectos. Lo que se busca es que existan condiciones políticas favorables para que la sociedad dé pasos cualitativos, que permitan el reconocimiento de las víctimas. Lo que está en juego con los grupos ilegales es la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.
 
¿Estamos lejos de un proceso así?
Ojalá no tanto, pero la historia, que es el mejor predictor del futuro, nos indica que el proceso colombiano es complejo. Cada paso que se dé para llevar el escenario hacia una discusión política sobre la solución al conflicto colombiano es un paso positivo. Cuando se cayeron los diálogos de paz entramos en un proceso en el que no era posible discutir una salida negociada al conflicto. Hoy, hay voces polarizantes que plantean que quien defienda esa idea está bordeando la criminalidad. Mientras existan esas expresiones, sí, estamos lejos. Pero no quiere decir que sea demasiado lejos para que no podamos avizorar una meta posible.
23 de marzo de 2011
16 de marzo de 2011
©semana

ocaso de la corporación democracia


La guerra entre facciones de la ’Oficina de Envigado’ acabaron con la existencia de esta entidad, creada en Medellín como producto de los acuerdos de desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Auc.
Colombia. La Corporación Democracia, una organización no gubernamental, que alcanzó a tener durante su vida institucional cerca de 4.500 desmovilizados del paramilitarismo registrados como asociados, sólo existe hoy en el papel. Su origen está ligado a los acuerdos entre los jefes paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc),  la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Alcaldía de Medellín.
En el momento de su creación, en diciembre de 2003, se dijo que la Corporación Democracia era la entidad que ayudaría a los desmovilizados a hacer el tránsito a la vida civil, y a sustituir el terror que ejercían los integrantes del Cacique Nutibara en los barrios de Medellín, por una acción cívica coordinada y una representación política legal de estos mismos hombres ahora desmovilizados.
Pero este propósito loable quedó bajo sospecha, luego de las denuncias sobre las relaciones entre el Bloque Cacique Nutibara con la llamada ’Oficina de Envigado’ (un siniestro aparato de extorsión, asesinatos por encargo y cobro de deudas del narcotráfico) presentadas por jefes paramilitares recluidos en cárceles de Colombia y Estados Unidos.
Quedó en evidencia cómo el vínculo entre la Corporación y la ’Oficina’ se mantuvo vigente después de la desmovilización paramilitar, pues la guerra intestina que ha librado la ‘Oficina’ desde hace tres años, terminó creando  pugnas entre los directivos de la Corporación y varios de sus dirigentes o integrantes han sido capturados ejerciendo actividades ilegales, y algunos de ellos han sido asesinatos, dentro de estos pleitos mafiosos.
Es decir, como lo han anotado varios investigadores sociales, entre ellos Max Yuri Gil, en la práctica la Corporación Democracia tenía una estructura legal que contrataba con el municipio de Medellín y aparecía como interlocutor válido ante diversas entidades, y otra ilegal, clandestina, en la que sus dirigentes se dedicaban a delinquir.

El Origen de la Corporación
"La creación de la Corporación Democracia surgió de la necesidad que tenía el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, de tener un solo vocero de ese proceso. La idea tuvo su origen en recomendaciones de ex guerrilleros que aplicaron el mismo modelo en anteriores desmovilizaciones y es una estrategia aplicada en diversos países donde se ha tratado de salir de conflictos armados", asegura una fuente de la Alcaldía de Medellín cercana a ese proceso y que pidió mantener su nombre en reserva.
Días después de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las Auc, el 25 de noviembre de 2003, fueron recluidos por tres semanas los 868 miembros de esa estructura armada e ilegal, en el Centro de Reclusión Especial para Justicia y Paz del municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño.  Luego, el 10 de diciembre de ese año con la firma del documento Acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y los reincorporados del Bloque Cacique de las Autodefensas Unidas de Colombia, se concretó la desmovilización y el nacimiento de la Corporación Democracia.
Ese acuerdo fue firmado por Fabio Acevedo Monsalve y Giovanni Marín, como miembros representantes de los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara; por el Gobierno Nacional, el Alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo; y como testigos, Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín; Sergio Fajardo, alcalde electo; y Jaime Oviedo Ávila, vocero de los reinsertados.
Según estableció este documento, "el Gobierno Nacional reconoce a la organización no gubernamental denominada Corporación Democracia como la organización representante de los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara, con quien se mantendrá una interlocución permanente para el seguimiento, desarrollo y apoyo del proceso de reincorporación".
Además, se determinó que "el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Corporación Democracia diseñarán los programas de seguimiento, desarrollo y apoyo al proceso de reinserción. De la misma manera, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Medellín apoyarán -de considerar pertinente-, el desarrollo de iniciativas de paz, convivencia y reconciliación que lleve a cabo esta organización no gubernamental". Igualmente, se estableció que los ex integrantes de la estructura paramilitar se comprometían a "cesar todas las acciones hostiles, violentas y armadas" y a "abandonar cualquier fuente de financiación ilegal".
La Corporación Democracia cobró vida jurídica el 27 de febrero de 2004, cuando fue registrada ante la Cámara de Comercio de Medellín como entidad sin ánimo de lucro, dirigida por una junta de asociados, conformada por un gerente y once miembros, y se constituyó con un patrimonio de 2 millones 100 mil pesos.
"En el año 2004 se empieza a trabajar con la Corporación Democracia", dice la fuente consultada. "Se tenían como interlocutor directo a Antonio López, alias ‘Job’, y como vocero de los desmovilizados a Giovani Marín".
Según el funcionario, no fue fácil la relación desde el comienzo entre la Alcaldía de Medellín, a través del Programa de Paz y Reconciliación, y esta organización no gubernamental. "Todo el tiempo hubo tensiones", reconoce el consultado. Y señala a alias ‘Job’, como la persona que más obstaculizaba el proceso de reinserción.  (’Job’ fue conocido por todo el país, luego de que se conocieran sus ingresos clandestinos al Palacio de Nariño a brindarle al Ejecutivo información que le interesaba sobre los magistrados de la Corte)
Otros funcionarios de la administración municipal calificaron las actitudes de alias ‘Job’ como "arrogantes" y "agresivas", y fue tal su presión para entorpecer el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín que llegó a decir que la Alcaldía de Medellín le "robaba sus muchachos".
El asunto fue conocido por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. En un informe enviado al entonces vice-fiscal general de la Nación, Jorge Armando Otálora, fechado el 8 de febrero de 2006, se advirtió que alias ‘Job’ se había convertido en "un verdadero obstáculo para la resocialización de los jóvenes en las comunas ya que mientras estudian y son atendidos durante el día para un cambio de vida para ellos y sus familias, en las noches vuelven a ser bandidos y sicarios". Para ese año, ’Job’ se había convertido en el vocero nacional de los desmovilizados.
En el informe presentado al vice-fiscal Otálora los investigadores señalaron que "alias ‘Job’ "tenía controlados el centro de la ciudad, las comunas centro-oriental, nor-oriental, sur-occidental, lo que en resumidas cuentas le otorga un control casi total de la ciudad, lo que lo convierte en un hombre muy poderoso dentro de la estructura de las Auc". Al respecto, funcionarios de la Alcaldía de Medellín que conocían del proceso dicen hoy al respecto que "fue todo un misterio, por qué no se judicializó a este paramilitar".
Bajo el liderazgo de la Corporación Democracia, y con financiación de la Alcaldía de Medellín, se realizaron diversas actividades culturales, lúdicas y sociales en distintos barrios de la ciudad, con el fin de mostrar las bondades del proceso de desmovilización y afianzar sus logros entre las comunidades, las mismas que en el pasado fueron azotadas por sus acciones armadas.
Por ello, cada vez que las organizaciones defensoras de derechos humanos, de carácter local, nacional e internacional, cuestionaban a los desmovilizados por los controles sociales y económicos que habían impuesto en los barrios y comunas de la ciudad, los voceros de la Corporación Democracia salían a cuestionar públicamente los señalamientos y los calificaban como "enemigos del proceso".
El crecimiento de la Corporación Democracia alcanzó un punto máximo cuando se desmovilizó el Bloque Héroes de Granada, el 1 de agosto de 2005. En esa ocasión dejaron supuestamente sus armas y toda actividad ilegal otras 2.036 personas. Todas ellas se integraron a la Corporación. Con éstos, y otros más de diversos bloques y frentes de las Auc desmovilizados, alcanzó a registrar como socios a por lo menos 4.500 reinsertados, posicionándola como una organización legítima en la interlocución con el Estado.
Pero no todo era transparente. "La presencia de la ‘Oficina de Envigado’ (en la Corporación) se sintió cuando se desmovilizó el Bloque Héroes de Granada", dicen una fuente de la Alcaldía de Medellín. De esa estructura criminal surgieron Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, comandante militar de ese bloque y Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’, quienes en el año 2006 hicieron parte del consejo directivo de la Corporación.
De hecho, algunos funcionarios de la Alcaldía de Medellín tenían claro en esa época que los recursos que lograba la Corporación, a través de algunos contratos con diversas entidades públicas, no eran suficientes para sostener esta organización que no parecía sufrir por financiación.
"La Corporación Democracia no vivía de los recursos de la Alcaldía, pues realmente eran muy pocos, y no les daba para su sostenimiento. La Corporación se sostenía con dineros de la ‘Oficina de Envigado’, pues era un apéndice de ella", afirma uno de los funcionarios. "Esta situación comenzó a denunciarse en privado ante todas las autoridades sin que se dieran resultados concretos".
La situación de ilegalidad comenzó a evidenciarse públicamente en septiembre de 2007, cuando el director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo, conminó a alias ‘Rogelio’ a presentarse ante las autoridades para que respondiera por su posible participación en diversos crímenes en Medellín y el área metropolitana. También aseguró el jefe policial que ’Rogelio’  había sido delegado por alias ’don Berna’, en ese momento preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), como jefe de la ‘Oficina de Envigado.
Era tal el poder que sentían los voceros desmovilizados de la Corporación Democracia que en esa ocasión anunciaron una demanda por injuria y calumnia contra el general Naranjo por los señalamientos contra alias ‘Rogelio’ y aseveraron que el alto oficial estaba siendo asaltado en su buena fe con información malintencionada.
Pero los señalamientos del Director de la Policía estaban dirigidos en la dirección correcta. A mediados del 2008, trascendió que alias ‘Rogelio’ se había entregado a la DEA para responder por cargos asociados al tráfico de narcóticos a Estados Unidos.
El entorno de la Corporación Democracia se enrareció aún más con el asesinato, el 28 de junio de ese año, de Antonio López, alias ‘Job’, en un exclusivo restaurante de Medellín, y del director de la organización Ubaldo Antonio Ayala Arenas, y la abogada Ruby Liliana Suaza, ocurridos el 13 de diciembre en el centro de la ciudad.
Al año siguiente, los vínculos entre la Corporación Democracia y la ‘Oficina de Envigado’ serían reseñados por  la Fiscalía General de la Nación el 16 de abril de 2009 ante un juez de garantías durante la legalización de la captura de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, quien al parecer estaba al frente de la ’Oficina’. Durante la diligencia judicial, la Fiscal 14 Especializada de Bogotá, Berta Cecilia Díaz Neira, señaló directamente a Giovani Marín y a Fabio Acevedo, como los representes de la Corporación Democracia que "representaban en Medellín los intereses de la banda ‘Los Paisas’, una estructura rural de la ‘Oficina’.
De inmediato, la Corporación Democracia advirtió a través de un comunicado a la opinión pública que tal acusación evidenciaba un "complot" de cierto sector de la Fiscalía Seccional de judicializar a cualquier costo a los directivos y miembros que conformaban esta organización no gubernamental; además, dijo que "no ha prestado su apoyo ni lo hará,  a ningún grupo o individuo al margen de la Ley (…) como lo pueden constatar diferentes organismos de control del Estado tanto a nivel municipal, departamental y Nacional".
No obstante esa aclaración por parte de la Corporación Democracia, meses más tarde, el 19 de junio de ese año, Fabio Acevedo, directivo de la Corporación Democracia y quien firmó el acta de creación de la organización no gubernamental, fue capturado y condenado por los delitos de concierto para delinquir con fines de desplazamiento forzado, homicidio, extorsión, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
Para el 2009, se había recrudecido la guerra entre diversas facciones de la ‘Oficina de Envigado’ y en medio de las estructuras criminales de Maximiliano Bonilla Orozco, alias ‘Valenciano’, y Eric Vargas, alias ‘Sebastián’, quedó la Corporación Democracia.
"Esa guerra es la que realmente acaba con la Corporación Democracia, pues la fractura de la llamada ‘Oficina de Envigado’ ocasiona la pérdida de recursos para su sostenimiento", afirman funcionarios de la Alcaldía de Medellín. Y en ese año comenzó a desmantelarse.
Según un certificado de existencia y representación de entidades sin ánimo de lucro expedido por la Cámara de Comercio de Medellín el pasado 11 de marzo, Giovani Marín oficializó su renuncia como gerente de la Corporación Democracia el 18 de enero de 2009 y desde esa época no se sabe nada de él. El documento también evidencia que de los once cargos que estructuran el consejo directivo, seis están vacantes. No obstante esa situación irregular, la entidad no ha sido disuelta, liquidada, reformada ni se han hecho nuevos nombramientos.
"Con la guerra que libran las facciones de la ’Oficina de Envigado’ todo lo que había a su alrededor fue atomizándose, incluida la Corporación Democracia, de la cual hoy no queda nada, sólo el registro de la Cámara de Comercio", asevera un ex funcionario de la Alcaldía, quien pidió la reserva del nombre.
Así quedó en el papel la Corporación Democracia, que como su nombre lo indicaba había sido creada con el propósito formal de abrirles a los desmovilizados una puerta de entrada al sistema político legal, pero terminó sirviendo de fachada del narcotráfico.
23 de marzo de 2011
22 de marzo de 2011
©verdadabierta

madres de la candelaria


Doce años contra el olvido. En una expresión de resistencia se ha convertido este movimiento de víctimas, que surgió en 1999 en respuesta al silencio impuesto durante años de violencia de narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Contra el olvido y la impunidad.
Colombia. Doce años hace ya que en Medellín dos colectivos de mujeres reunidas en la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de La Candelaria y la Corporación Madres de La Candelaria-Línea Fundadora, luchan por evitar que sus familiares desaparecidos, secuestrados y asesinados sean olvidados y sus casos queden en la impunidad.
Inspiradas en el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, de Argentina, un puñado de mujeres afectadas por el conflicto armado, muchas de ellas desplazadas de pueblos y veredas de diversas regiones de Antioquia, decidieron en marzo de 1999, ocupar una vez a la semana el atrio de la catedral Nuestra Señora de la Candelaria, en el centro de la capital antioqueña, para mostrarle a la ciudadanía su tragedia.
No ha sido un camino fácil. Amenazas, desprecios, humillaciones, estigmatizaciones, intolerancia y divisiones internas han marcado su historia a través de estos años de trabajo incansable por mantener en la memoria de la ciudad y del país los nombres y las imágenes de aquellos que por razones del conflicto han sido desaparecidos de manera forzada, secuestrados y asesinados por grupos guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado.
Desde hace doce años, cada miércoles a las doce del día estas mujeres exponen las fotos de sus seres queridos afectados por la acción armada de grupos armados ilegales y legales. En los primeros años eran conocidas como las "Madres de la Candelaria", no estaban organizadas jurídicamente y representaban una expresión espontánea que pretendía ganar espacios de visibilización social a través de una protesta caracterizada por la presencia de mujeres, madres, esposas, hermanas e hijas, afectadas por la ausencia forzada de sus parientes.
Teresita Gaviria, quien preside la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de La Candelaria, recuerda que el inicio de este movimiento fue una necesidad sentida de las mujeres afectadas por el conflicto armado: "Aquí nadie protestaba. Durante la década de los ochenta, con el narcotráfico, se perdieron muchos jóvenes y quién reclamaba, nadie; luego vino la guerrilla a apoderarse de los barrios periféricos de Medellín, quién hablaba, nadie".
Gaviria evoca las marchas contra el secuestro como una de las primeras manifestaciones contra ese flagelo en las que participó, pero el asesinato de su padre en Necoclí, la pérdida de parientes en algunas masacres y la desaparición de su hijo el 5 de enero de 1998 la llevaron a decir ¡no más!
"No podíamos seguir callando, era necesario empezar a hablar y comencé a buscar a las mujeres que tenían hijos desaparecidos, que no se atrevían a mostrarlos, y empezamos a hacer reuniones. Luego surgió la necesidad de ubicarnos en un punto estratégico para gritar que los queríamos de regreso y vivos", narra Gaviria.
Amparo Sánchez, representante de la Corporación Madres de La Candelaria-Línea Fundadora, recuerda que la inspiración de buscar un espacio público vino de las Madres de desaparecidos de Argentina, un movimiento que surgió durante la dictadura en la década de los setenta, para reclamar por sus padres, hijos, hermanos secuestrados por los militares.
"Igual hicimos nosotras", dice Amparo, quien llegó a las "Madres de la Candelaria" a través del reclamo por el secuestro de miembros de la Fuerza Pública por las guerrillas de las Farc y el Eln. "Salimos a solicitarles a los actores al margen de la ley y al Estado que nuestros soldados y policías no fueran asesinados en la selva. Luego se vincularon gran cantidad de familias en situación de desaparición forzada, desplazamiento y asesinato, y fue creciendo el movimiento".
Inicialmente intentaron ubicarse en las escalinatas de la estación Parque Berrío del Metro, pero el gerente de la empresa Metro de esa época les impidió hacerse en el lugar. Fue entonces monseñor Armando Santamaría, uno de los párrocos de la catedral Nuestra Señora de la Candelaria, quien les permitió ubicarse en el atrio de la iglesia. Además, recibieron el apoyo de la Fundación País Libre, Asfamipaz y de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (Redepaz).
La presencia de las "Madres de la Candelaria" fue tomando fuerza y su resistencia a olvidar a sus seres queridos se convirtió en un ejemplo para el país. Era un movimiento de mujeres que no quería callarse ante la impunidad y cada miércoles reclamaban por el regreso de sus familiares, ¡vivos y en paz!
Pero no todo era armonía. En el año 2003, el movimiento se fraccionó y se crearon jurídicamente la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de La Candelaria y la Corporación Madres de La Candelaria-Línea Fundadora. ¿Qué las dividió?
Amparo Sánchez le atribuye la división a Redepaz: "Esa organización es la que crea la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de La Candelaria", dice. En respuesta, algunas mujeres crearon la Corporación, "con el fin de mantener nuestras actividades de incidencia pública y política".
Teresita Gaviria explica que el sector que ella representa "tenía claro que no podía pelear con el Gobierno Nacional y que necesitaba un lenguaje moderado; además, vi que había una señora con ganas de ser líder y dijo que quería sacar su personería jurídica, dejé que lo hicieran, pero yo también saqué la personería jurídica para nosotras".
Uno de los aspectos que más ahondó las diferencias entre ambas organizaciones fue el Premio Nacional de Paz que recibió la Asociación Caminos de Esperanza-Madres de La Candelaria en el año 2006, un reconocimiento que desconoció el trabajo que adelantaba en ese mismo sentido la Corporación Madres de La Candelaria-Línea Fundadora.
No obstante las discrepancias, cada una puede exponer hoy una serie de logros que han beneficiado a las familias que se agrupan en las dos organizaciones.
"Lo más importante es haber podido reivindicar la memoria de nuestros seres queridos", destaca Amparo Sánchez. Lo que implicó, según ella, lograr que los exparamilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz reconocieran que las víctimas de familiares agrupados en la Corporación Madres de La Candelaria-Línea Fundadora "no eran lo peor, sino trabajadores, estudiantes, amas de casa, que fueron afectados por la guerra".
Sánchez resalta lo que han hecho con relación a las mujeres víctimas de la trata de personas, una línea de trabajo que tiene su organización. "Hemos logrado rescatar con vida a varias de ellas, que habían sido denunciadas como desaparecidas".
En relación con los resultados de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, a través de la cual se juzga a los paramilitares de las Auc, las cifras son significativas: de las 1.800 familias que están asociadas a la Corporación, 150 de ellas han recibido los restos de sus seres queridos. "Estas familias ya tienen un espacio donde ir a rezar por ellos. Eso es positivo, aunque doloroso".
Por su parte Teresita Gaviria se emociona al señalar que uno de los logros fundamentales de la Asociación es haber sacado del analfabetismo a muchas de las mujeres que integran su asociación. "Hoy tenemos 32 mujeres que el año pasado terminaron su escuela primaria y ya están empezando su bachillerato; otras, a través de la Alcaldía de Medellín lograron hacer carreras técnicas".
En cuanto a los efectos de la Ley de Justicia y Paz, la Asociación, que cuenta con 696 integrantes provenientes de todo el departamento,  tan sólo 15 familias han recuperado sus seres queridos. A pesar de ser pocos, no deja de ser significativo para la Asociación. Son 15 hogares que se les acabó la incertidumbre", dice esta activista.
Con respecto a las dificultades, Gaviria expresa su desazón sobre la falta de alternativas laborales que tienen por lo menos 20 de las asociadas, "viudas que necesitan trabajar para poder sostener sus hijos", dice, y agrega que otro de los apuros es la carencia de una vivienda digna de algunas familias de la Asociación que tienen la condición de desplazadas. "No hemos podido que el Estado les dé una vivienda digna".
Pero el obstáculo que más afecta su trabajo son las amenazas en contra de esta mujer, que se han recrudecido este año. "Son amenazas enfermizas", afirma Gaviria y lanza una queja: "es muy lamentable que la Fiscalía no se haya puesto en el trabajo de investigar quién nos está amenazando a nosotras, que lo hemos perdido todo por culpa del conflicto armado colombiano".
A su vez, Amparo se lamenta del poco respaldo que los gobiernos local y departamental han expresado con respecto a la búsqueda de los seres queridos de las mujeres que hacen parte de su corporación. "Además, no tenemos apoyo de agencias de cooperación internacional, lo que afecta el plantón que realizamos los miércoles, porque muchas de las mujeres a veces no tienen recursos económicos para llegar al centro de la ciudad para manifestarse".
Pese a las dificultades y amparadas en los logros, ambas organizaciones tienen trazados varios retos. Teresita Gaviria espera continuar con su labor y espera que se haga realidad el sueño de 10 mujeres de la Asociación que hoy viven en alto riesgo: "son desplazadas y están aguando hambre. Ojalá pudieran recibir una vivienda digna".
Amparo, por su parte, recuerda el lema que las motiva a seguir: "insistir, persistir y no desistir en la búsqueda de nuestros seres queridos y reivindicar su nombre". En su plan de trabajo para este año está el propósito de hacer lobby internacional para que la escombrera, un botadero de desechos de construcción donde se cree hay enterrados decenas de víctimas de la comuna 13 asesinadas por grupos paramilitares sea explorado y se impida que sea declarado campo santo.
Así con sueños y propósitos llegan a sus doce años de vida estas dos organizaciones de víctimas. Si bien la mayor parte del camino lo han recorrido de manera dividida, se advierte en ambas un propósito fundamental: dignificar a las familias víctimas que ha dejado la guerra en este país a lo largo de las últimas décadas.
22 de marzo de 2011
©verdadabierta