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asesinan a jueza gloria gaona

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Llevaba el caso de tres menores muertos en Arauca. El gobierno ofreció 500 millones de pesos a quien de información que permita dar con los responsables del asesinato de la jueza Gloria Constanza Gaona.

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Colombia. En la mañana de este martes fue asesinada Gloria Constanza Gaona, la jueza que llevaba el caso del asesinato y la violación de una niña de 14 años y la muerte de sus dos hermanitos, de 9 y 6 años, en la vereda El Temblador, de Tame (Arauca).
Al llegar de pasar el puente festivo fuera de Saravena, la jueza fue recibida con disparos. Murió en pleno centro del municipio. Hasta ahora se desconoce quiénes podrían haber estado detrás del asesinato.
El gobierno anunció la conformación de un grupo de alto nivel para investigar el crimen y ofreció una recompensa de 500 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos.
El presidente Juan Manuel Santos se comunicó en las últimas horas con la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, y el director de Policía, general Óscar Naranjo, con quienes acordó la conformación de la comisión investigadora para este caso, integrada por el director de la DIJIN y la directora del CTI, quienes se trasladarán en las próximas horas al departamento de Arauca.

’Duros’ Casos
La jueza Gloria Constanza Gaona llevaba, además del caso de los tres niños de Arauca, otros por homicidio, rebelión, concierto para delinquir y terrorismo contra las guerrillas de las FARC y del ELN.
Recientemente había denunciado el supuesto intento de dilatar el proceso por parte de la defensa del teniente Raúl Muñoz, principal sospechoso del crimen de los tres menores.
Hace apenas unos días, la jueza Gaona había anunciado que compulsaría copias para que la judicatura investigara a las dos últimas abogadas del teniente Muñoz, integrantes de la Defensoría Militar Integral (DEMIL).
El 23 de febrero se tuvo que suspender la audiencia preparatoria contra el militar porque se quedó sin defensa. Entonces, asumió el caso otra abogada, quien también renunció y pidió la libertad del oficial por vencimiento de términos. La petición fue negada por la jueza.
El representante de la Defensoría Militar, coronel Filadelfo Robayo, señaló que no era verdad que se estuviera intentado dilatar el proceso.
22 de marzo de 2011
©semana

la guerra transfronteriza de uribe

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Los secretos de WikiLeaksCables de la embajada estadounidense en Bogotá revelan que la presencia de las Farc en Venezuela data de hace más de una década, y que Uribe contempló operaciones en ese territorio más de una vez.

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Colombia. Cables diplomáticos de la embajada de Estados Unidos en Colombia dan cuenta de que el expresidente Álvaro Uribe contempló más de una vez una incursión militar en territorio venezolano. Los cables también revelan que fuentes del Gobierno colombiano tenían información desde finales de 2002 sobre la presencia de campamentos de las Farc al otro lado de la frontera.
La identificación de objetivos y la decisión de ejecutar operaciones militares, sin embargo, estuvieron sujetas al vaivén político. Los cables diplomáticos arrojan luces sobre cuáles fueron los cálculos que hizo el Gobierno colombiano para la toma de decisiones en medio de una relación de permanente tensión.

Seis Campamentos Identificados
Semana.com tuvo acceso a los correos diplomáticos obtenidos por WikiLeaks, que reportan, desde la embajada de Estados Unidos en Bogotá, cómo se barajaba la estrategia política y militar del gobierno de Álvaro Uribe ante la presencia de campamentos militares de las Farc en Venezuela.
Un cable fechado el 4 de noviembre de 2002 y titulado "Detalles sobre las Farc en Venezuela" describe la preocupación que desde entonces tenía el gobierno colombiano sobre la presencia de guerrilleros en ese territorio.
El cable dice que "interlocutores del gobierno colombiano, militares y civiles confirman inequívocamente la existencia de campamentos" de esa guerrilla en el país vecino. El despacho da las coordenadas exactas de seis campamentos.
Según el cable, esa era tan solo la "punta del iceberg" de hasta dónde las Farc habían "erigido operaciones en Venezuela". También señala que es un "secreto a voces" que esos campamentos de entrenamiento y refugio existían entonces.
Dentro de las fuentes de la embajada están un piloto de un helicóptero, diplomáticos y hasta un periodista colombiano, que fueron consultados, según el cable, por separado.
No obstante, el informe da cuenta de que la estrategia del gobierno de Uribe era mantener el asunto por "fuera de la prensa" y esperar a ver qué hacía el Gobierno venezolano.

"Chávez Sabe Que las FF.MM. Pueden Entrar"
Tras la captura de Rodrigo Granda ­-conocido como el ‘canciller de las Farc’- por autoridades colombianas en una operación encubierta en territorio venezolano, el 23 de diciembre de 2004, las tensiones diplomáticas se agudizaron. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió al gobierno de Uribe una disculpa por la violación a "la soberanía". Sin embargo, Uribe se negó a hacerlo con el argumento de que la ONU "prohíbe a los países miembros albergar a terroristas".
A pesar de los reclamos Uribe no abandonó la doctrina del ataque transfronterizo en la obtención de resultados contra las Farc, como quedó demostrado tras la revelación de otro cable diplomático reciente.
Sin embargo, parte de las operaciones de inteligencia en Venezuela se hicieron con colaboración de algunas autoridades de ese país.
Otra de las comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en Bogotá consigna la presencia de 100 militares colombianos en Venezuela destinados a operaciones de inteligencia. En ese mismo cable la embajada registra que un comunicado de las Farc y una investigación periodística obligaron al Gobierno Colombiano a reconocer que "un componente venezolano" participó en la captura de Granda.
La lectura estratégica que Uribe hizo de la operación también está contenida en los cables diplomáticos. El 23 de agosto de 2005, durante una escala en Bogotá de los congresistas estadounidenses Norm Coleman, Mel Martínez y Jeff Miller, el entonces presidente colombiano dijo que "él (Chávez) sabe que si no coopera en la lucha contra los terroristas, la fuerza pública colombiana podría entrar en su territorio, atraparlos y devolverlos a Colombia".
En ese momento la estrategia de Uribe tenía claro que no debía responder públicamente a los "excesos de Chávez", pues eso le daría el oxígeno que "ansía". Postura que cambió con el paso del tiempo.

Timochenko, a 300 Metros
Días antes de las elecciones de Congreso en 2006, un oficial político de Washington visitó la zona fronteriza de Colombia con Venezuela en donde recabó información sobre el proceso electoral, la relaciones comerciales de los dos países y las Farc.
El cable enviado el 8 de marzo registra que el coronel José Fernando Mejía Araujo, entonces comandante de la Brigada 30 del Ejército, le contó al funcionario estadounidense que Bogotá había dado instrucciones que prohibían el traspaso de la frontera para perseguir en caliente a "objetivos de alto valor" de la guerrilla.
Mejía contó que el comandante de las Farc Rodrigo Londoño, alias Timochenko, estuvo en una "línea de visión de 300 metros, al otro lado de la frontera en cercanías a la vereda Tres Bocas (Tibú, Norte de Santander).
"Mientras esperaba una luz verde de Bogotá ­-dice el cable-, Mejía indicó que un helicóptero militar venezolano aterrizó cerca del grupo de las Farc y apareció para descargar suministros para la guerrilla".
La comunicación diplomática revela la frustración de Mejía, quien lamentó la orden de retirada que llegó después desde Bogotá.

Chávez y el Verdadero Alcance de Sus Amenazas
El bombardeo al campamento de ‘Raúl Reyes’ en territorio ecuatoriano, en marzo de 2008, crispó los ánimos del presidente Chávez, quien advirtió que ojalá Colombia no hiciera lo mismo en su territorio y mandó "10 batallones a la frontera". Luego de la Cumbre de Río, la temperatura bajó entre los gobiernos de Bogotá y Caracas, mientras el presidente Rafael Correa mantuvo su disgusto por la polémica incursión de tropas colombianas en su país.
De los cables diplomáticos se infiere que Estados Unidos consideró que la reacción de Chávez era una aceptación tácita de que sí había campamentos de las Farc en Venezuela.
Así mismo, en uno de los cables conocidos por Semana.com, que fue enviado el 11 de marzo de 2008, se devela que Estados Unidos tenía escepticismo sobre la capacidad de reacción del Ejército venezolano.
"Fuentes indican que sólo alrededor de un tercio de la las fuerzas y equipos habían completado el viaje de 260 millas a la zona fronteriza desde la orden que se había dado siete días antes", dice el cable.
Señala, sin embargo, que Chávez demostró su habilidad política y pasó de ser un "Mariscal de Campo a un pacificador", pues, tras la cumbre, Chávez restableció las relaciones diplomáticas con Colombia y les pidió a las Farc que liberaran a Íngrid Betancourt.
Con el cambio de gobierno en Colombia, en julio de 2010, la disputa diplomática terminó. En criterio de algunos analistas eso no quiere decir que las Farc desalojaron sus campamentos en Venezuela, sino que, en una jugada de pragmatismo político, el presidente Juan Manuel Santos consideró que ganaba más con una relación amigable que con una tensa. Aún así, hay quienes piden no sacrificar la "seguridad" por aparentes buenas relaciones.
21 de marzo de 2011
©semana

la guerra de uribe que no fue

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Los cables desde las embajadas de Caracas y Bogotá no paraban en los momentos más difíciles entre Colombia y Venezuela.

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Colombia. Estados Unidos desempeñó un papel protagónico, tras bambalinas, en las crisis diplomáticas que se desataron en 2008, cuando Colombia atacó el campamento de Raúl Reyes en Ecuador y en 2009, al conocerse el acuerdo de cooperación para que Estados Unidos usara siete bases aéreas colombianas. Ese papel, sin embargo, fue distinto al que presentaron en su momento, que dibujaba a Washington como un aliado incondicional de Colombia, dispuesto a apoyarlo militarmente.
Los cables revelan aspectos desconocidos. En la primera de la crisis, por ejemplo, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, autorizó personalmente la operación Fénix en Ecuador contra Reyes, a sabiendas de que provocaría una crisis con el vecino país. Así se lo contó a la embajada de Estados Unidos, según un cable del 5 de marzo de 2008, en el que también tilda al presidente Rafael Correa de "hipócrita".
Pero no calculó la crisis que este incidente desataría con Venezuela y otros países del área. Y aunque los computadores de Reyes alborotaron aún más el avispero, el gobierno colombiano vio en ellos una oportunidad de demostrar, nacional e internacionalmente, que los países vecinos albergaban a terroristas. Según un cable del 5 de marzo, Santos le entregó la información antes del ataque al senador Germán Vargas, para que denunciara la presencia de las Farc en otros países.
El mindefensa y su vice, Sergio Jaramillo, también le entregaron una copia del computador de Reyes al embajador William Brownfield, mientras que a Venezuela solo le suministraron noventa documentos y a Ecuador, treinta. Todo hacía parte de una estrategia para revelar información que vinculaba a Chávez y a Correa con las Farc.
En otro cable, el ministro Santos le agradeció a Brownfield por haber compartido inteligencia proveniente de Venezuela y Ecuador, y aunque no pensaba que Chávez realmente quisiera atacar a Colombia, le preguntó qué acciones tomaría Estados Unidos si se diera el caso. El embajador respondió que las posibilidades de una confrontación en la frontera eran "extremadamente remotas". A esa conclusión llegaron los norteamericanos por su monitoreo de movimientos del Ejército venezolano desde que Chávez dio la orden de enviar diez batallones a la frontera. "La falta de entrenamiento, ensayos, y el no haber invertido en equipos militares han frenado la movilización militar", dice un cable. Ni siquiera una tercera parte de las tropas completó el recorrido de 260 millas.
Tampoco existió posibilidad alguna de que las tensiones con Ecuador escalaran a una guerra. El ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, le dijo, avergonzado, a la embajadora de Estados Unidos, Linda Jewell, que aunque la prensa de su país registró que las tropas ecuatorianas avanzaban hacia la frontera con Colombia, solo tenían un helicóptero, con capacidad para 18 soldados. Dijo además que el radar antiaéreo estaba apagado cuando los aviones colombianos bombardearon el campamento de Reyes en Ecuador.
La mayor preocupación de la Embajada de Estados Unidos en Quito era acabar con la sospecha que existía en sectores del gobierno y de la Asamblea ecuatoriana de que los colombianos habían utilizado la base de Manta y habían contado con apoyo aéreo estadounidense en la operación contra Reyes. Como se evidencia en varios cables, Jewell les reiteró a varios funcionarios ecuatorianos que Estados Unidos no participó y que el avión colombiano era capaz de dar semejante golpe.
Además de las acciones diplomáticas en Colombia y Ecuador para suavizar la crisis, Estados Unidos emprendió una ofensiva política en otros países a favor de Colombia, para evitar que la condenaran por violar el derecho internacional, en la cumbre de la OEA, el 4 y 5 de marzo. "Argentina le bajó el perfil a su intervención el segundo día, como resultado de los esfuerzos de la Embajada en Buenos Aires de controlar al embajador Gil", dice un cable.
La resolución final se pospuso para el 17 de marzo, cuando la misión de verificación de la OEA presentaría su informe final. Esto le dio tiempo a Correa de emprender una gira en busca de apoyo de otros mandatarios latinoamericanos, quienes le contaron que se habían sentido presionados por Estados Unidos para apoyar a Colombia y no a su país. Sin embargo, Washington se había empeñado en saber de qué bando estaba cada gobierno. Cables de las embajadas de Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Nicaragua le informaban qué tan alineados estaban con Colombia o Ecuador.
Colombia, por su parte, le había pedido a Brownfield ayuda para bloquear una resolución impulsada por Ecuador ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Colombia argumentó que la crisis se debía tratar en la OEA, donde en efecto se resolvió días después.
Los temores de un nuevo conflicto con Venezuela volvieron a surgir el 8 de noviembre de 2009, cuando Chávez anunció que debían prepararse para la guerra, pues, con el acuerdo sobre las bases colombianas, tropas estadounidenses podían lanzar desde ellas un ataque para apoderarse de sus reservas petroleras.
Esa misma tarde, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, llamó a Brownfield a pedirle información de inteligencia sobre Venezuela. También le pidió una declaración contra las amenazas de Chávez. Apenas colgó con el ministro de Defensa, el embajador recibió una llamada de Uribe, quien le pedía consejos para lidiar con esta nueva provocación. Brownfield le recomendó que hablara con Lula y "le sugirió a Uribe que pensara sobre lo que Chávez estaba esperando que hiciera, y le dijo que hiciera todo lo contrario".
Luego de sus conversaciones telefónicas con el presidente y el ministro de Defensa colombianos, Brownfield escribió sus conclusiones: "Los colombianos se están preocupando demasiado sobre la potencial amenaza militar de Venezuela (…): No creemos que la última diatriba de Chávez pueda significar algo más y no recomendamos que Washington trate este incidente como una crisis real".
Otro cable de la embajada de Caracas aseguró que las amenazas de Chávez eran una cortina de humo para desviar la atención de los problemas internos que enfrentaba en Venezuela y que no había evidencia de movilización de tropas. Advertía, sin embargo, que ciertos sectores en Venezuela consideraban que el presidente Chávez creía en una conspiración colombo-estadounidense en su contra.
Unos días después, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pidió que le informaran sobre el estado emocional y psicológico de Hugo Chávez. "¿Está bravo, ofuscado o se muestra emocionalmente afectado por lo que está pasando en privado? ¿Su comportamiento es cada vez más paranoico, sospechoso o ha cambiado?", preguntaba.
 A Estados Unidos también le preocupaba que en Colombia el miedo terminara influenciando las decisiones del gobierno. Brownfield describió en un cable las teorías de una de las asesoras más cercanas a Uribe, quien se sentía intranquila, no tanto por la amenaza de los 15.000 hombres que Venezuela ordenó movilizar a la frontera, sino por la torpeza y la falta de disciplina de las tropas del país vecino, que podrían terminar abriendo fuego por accidente. También creía que Chávez era capaz de ir a la guerra con cualquier pretexto, para eludir la crisis interna, tal como hizo la dictadura argentina en las Malvinas.
Brownfield reportó también que ciertos sectores de la sociedad colombiana (funcionarios del gobierno, políticos y representantes de los gremios) creían que la estrategia geopolítica de Venezuela era aislar a Colombia mientras expandía su influencia por el resto del continente. El embajador mencionó que Uribe le envió una carta al presidente Obama en la que le urgía firmar el TLC, pues temía que el presidente Chávez cortara el comercio con Colombia.
La poca importancia que Estados Unidos le dio a la crisis causó molestias en el gobierno colombiano. "La percepción de que el gobierno de Estados Unidos no está apoyando a Colombia se está convirtiendo en un asunto de discusión pública y privada", dice Brownfield. El canciller Jaime Bermúdez llamó al embajador para decirle que le parecía que la postura de Estados Unidos había sido demasiado neutral. Le dijo que el presidente Uribe iba a quejarse ante el subsecretario de Estado, James Steinberg, quien estaría de visita en el país a los pocos días. Pero Steinberg canceló la visita por problemas de agenda y Uribe interpretó el hecho como un desaire.
Los cables del Departamento de Estado reflejan que los norteamericanos nunca vieron un enfrentamiento bélico real, como sí lo alcanzaron a temer Colombia, Ecuador y Venezuela. Su intervención en ambos episodios obedeció más a la protección de sus propios intereses en la región que a mostrar los dientes ante las amenazas de guerra contra su aliado en el continente. Para Estados Unidos, la guerra nunca fue posible.
20 de marzo de 2011
19 de marzo de 2011
©semana

pacto frustrado con estados unidos

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Gobierno Uribe siempre quiso que el acuerdo no pasara por el Congreso. Intimidades del manejo en la embajada.

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Colombia. Desde que el gobierno de Ecuador anunció que la base de Manta ya no sería más una unidad militar controlada por Estados Unidos, se tuvo claro que la opción era Colombia. Pero la administración Uribe siempre recalcó que cualquier acuerdo de seguridad con Washington debía enmarcarse en los pactos bilaterales vigentes para que no tuviera que pasar por el Congreso. Esta evidencia se ratifica en los cables diplomáticos enviados por la embajada de EE.UU. en Bogotá entre 2006 y 2010.
La primera vez que aparece relacionada la propuesta de un acuerdo quedó escrita en un cable fechado en noviembre de 2006. En desarrollo de un encuentro con el subsecretario de Estado, Nicolás Burns, y el embajador William Wood con el presidente Uribe y tres de sus ministros, en medio de las conversaciones sobre la necesidad de avanzar en derechos humanos, las indulgencias de la Ley de Justicia y Paz y las urgencias para aprobar el TLC, salió a relucir la idea que se trabajaba con sigilo.
El entonces presidente Álvaro Uribe exteriorizó su deseo de profundizar en cooperación en materia de seguridad, y su ministro Juan Manuel Santos —hoy presidente de Colombia— reveló que en Managua (Nicaragua) había presentado un borrador de acuerdo en esta materia al secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld. A renglón seguido, Uribe manifestó su confianza de que ese borrador permitiera hacer lo necesario en materia de seguridad sin que fuera indispensable la aprobación de los congresos.
Un mes más tarde, el embajador  Wood envió un nuevo cable, comentando que el 15 de diciembre se había reunido en forma separada con los entonces ministros Juan Manuel Santos y María Consuelo Araújo para evaluar un borrador, y que una vez más los altos funcionarios le hicieron saber el deseo del gobierno de que el pacto no pasara por la ratificación del Congreso, aunque ambos insistieron en que fuera lo suficientemente amplio para satisfacer las necesidades de ambas partes.
Tanto Santos como Araújo enfatizaron en la importancia de que el acuerdo hiciera el menor ruido político, y en particular el ministro de Defensa recalcó que si bien el acuerdo debía mostrarle al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que Colombia tenía el apoyo de EE.UU., éste no debía exacerbar las tensiones regionales. A partir de entonces, mientras se acercaba la fecha para que el gobierno norteamericano devolviera a Ecuador la base  de Manta, el acuerdo con Colombia fue tomando forma.
En septiembre de 2008, la embajada de Estados Unidos reportó a Washington que había entregado un borrador de acuerdo de cooperación, que debía ser presentado a la prensa como una continuación de anteriores convenios. El embajador resumió la propuesta de usar las bases de Palanquero, Apiay y Barranquilla y dejó expuesto el asunto conexo de las inmunidades. La decisión de cómo y cuándo anunciarlo debía quedar en manos del gobierno de Colombia. La idea era etiquetarlo como continuación de la cooperación histórica.
Finalizando 2008, un nuevo cable diplomático reportó que la Cancillería de Colombia había entregado la respuesta oficial al borrador norteamericano, y que el gobierno Uribe insistía en que el texto debía evadir el uso de la palabra "base". Además solicitaba presentar el acuerdo como continuidad de la cooperación bilateral y multilateral para evitar su paso por el Congreso, y que EE.UU. debía proveer garantías de seguridad al gobierno colombiano enmarcado en el principio de algo a cambio de algo, a fin de otorgar garantías de acceso.
En el informe a Washington la embajada detalló sus reparos a la contrapropuesta colombiana. En primer lugar anotó que el gobierno Uribe había incluido en el preámbulo referencias a numerosos acuerdos bilaterales, y que esa idea era consistente con su objetivo no sólo de evitar la aprobación del Congreso, sino de vender el acuerdo a la opinión pública  y a la región como una simple extensión de la cooperación y no  como una escalada militar de EE.UU. en Colombia. La embajada opinó que esos cambios no afectaban sus intereses.
Ante una propuesta de Colombia, en el sentido de incluir la promesa de adoptar medidas de cooperación militar para confrontar amenazas comunes en contra de la paz y la estabilidad, la embajada observó que para evitar un compromiso tan amplio de EE.UU., el gobierno de Washington podía plantear una variación verbal menos vinculante, como por ejemplo, "acordamos estudiar" o "considerar".
Como quiera que Colombia buscaba como contraprestación que Estados Unidos garantizara el acceso rápido y directo a bienes y servicios del país del norte, en caso de amenazas a la seguridad nacional, la embajada comentó que para evitar que material estadounidense se usara en un eventual conflicto regional, se promoviera una modificación en el lenguaje. La fórmula era proponer que ambos países debían definir qué constituía  "una amenaza  de emergencia nacional", lo cual garantizaba  a EE.UU. un poder de veto.
El borrador de Colombia decía que, dos años después del acuerdo, Estados Unidos debía instalar sistemas de defensa aéreos, que deberían ser transferidos  libres de cargo al final del acuerdo. Un propósito claramente enmarcado, dice el cable, en eventuales amenazas internacionales, especialmente de Venezuela. La embajada de Estados Unidos observó que el gobierno Uribe no apreciaba los billones de dólares que se necesitaban para construir un sistema de defensa aéreo y los años que se requerían para terminarlo. Por eso lo calificó como inaceptable.
Y luego agregó que si el gobierno de Colombia insistía en incluir esa propuesta, Washington debía tomar dos caminos: comprometerse a evaluar la petición de los sistemas aéreos de defensa, siempre y cuando se concretara el compromiso de proveer protección a personal y aeronaves de Estados Unidos, pero no a las instalaciones, en caso de amenaza. El reporte recalcó que se debía insistir en la protección de los activos norteamericanos, incluso su retiro de Colombia si fuere necesario. La embajada recomienda empezar a considerar, silenciosamente, si  estaban preparados para proveer equipos de defensa aérea a Colombia si era necesario para  salvar el acuerdo.
Ya en abril de 2009, el embajador William Brownfield reportaba a Washington que después de la tercera ronda de negociaciones estaba aprobada más de la mitad del borrador, pero que el gobierno de Colombia insistía en que algunos requerimientos de EE.UU. no eran viables porque violaban las leyes nacionales. Y añadió que la administración Uribe admitía que esos temas críticos podrían superarse si el acuerdo pasaba por el Congreso, pero que  quería evitar  susceptibilidades políticas.
El embajador reconoció que el cierre del acuerdo estaba condicionado a que Estados Unidos diera acceso a Colombia a suministros en el evento de una emergencia nacional. Además asumió que seguían sin resolverse temas como excepciones impositivas, el derecho a portar armas y la renuncia a reclamos. Pero el viceministro Juan Carlos Pinzón dejó claro que Colombia no podía ceder en esos puntos sin arriesgarse a violar la ley. La embajadora Carolina Barco expresó que someter el acuerdo al Congreso antes de las elecciones era convertir la cooperación en un partido de fútbol político.
Después de la cuarta ronda de negociaciones, que se realizó entre el 23 y el 25 de julio en Bogotá, la embajada de Estados Unidos informó a su gobierno que el acuerdo estaba en el 80%. El balance de esta nueva fase de discusión empezó por admitir que la orden del expresidente Uribe a los negociadores para que avanzaran lo más rápido posible  había flexibilizado su posición y habían hecho concesiones en temas claves como la posibilidad de que personal de Estados Unidos portara armas. Los temas sin aprobar eran el pago de tarifas y costos para vehículos de EE.UU., algunas quejas de contratistas y aspectos de competencia judicial.
En agosto de 2009, el embajador Brownfield informó que en medio del intenso debate en Colombia por el acuerdo, el gobierno Uribe seguía haciendo concesiones, pero que los temas críticos estaban relacionados con jurisdicciones, exenciones de impuestos y actividades de inspección. Quedaba por resolver la posibilidad de que, en aplicación del Código de Justicia Militar, Estados Unidos pudiera realizar cortes marciales en territorio colombiano y que los contratistas tuvieran que suscribir un seguro de responsabilidad.
Atribuyendo el comentario a la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Clemencia Forero, la embajada comentó que el tema más difícil para Colombia era permitir que Estados Unidos ejerciera jurisdicción penal en el país, pero que el tema podría resolverse haciendo alusión a acuerdos bilaterales anteriores y simplificando el lenguaje de manera creativa. A las puertas del acuerdo que se firmó el 30 de octubre de 2009, autorizando la presencia de personal militar y civil norteamericano en siete bases militares de Colombia, se produjo otro reporte.
Y una vez más la embajada precisó que los asuntos claves para Colombia eran implementar un sistema de defensa aéreo, tener acceso a armas y sistemas de Estados Unidos en caso de una emergencia de seguridad nacional y la posibilidad de tecnología en inteligencia. Su preocupación rondaba en la adquisición de aviones rusos Sukhoi por parte de Venezuela, para lo cual el embajador Brownfield sugirió una carta de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a su similar en Colombia para evaluar el tema a corto plazo.
El acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos se firmó en octubre de 2009. Se autorizó la presencia de 800 militares y 600 contratistas norteamericanos. Siete bases quedaron autorizadas para facilitar el acuerdo: Larandia, Tolemaida, Malambo, Palanquero, Apiay, Cartagena y Bahía Málaga. Pero antes de lo previsto, el acuerdo fue demandado ante la Corte Constitucional. En febrero de 2010, la embajada de EE.UU. comentó que ya iban dos demandas y detrás de ellas estaban las ONG de derechos humanos.
En el mismo cable de febrero de 2010, la embajada precisó que las demandas argumentaban que el acuerdo tenía que pasar por el Congreso y la Corte Constitucional, pero que funcionarios del Ministerio de Defensa tenían confianza porque la Corte en el pasado se había negado a revisar acuerdos simplificados. En agosto de 2010, la Corte Constitucional tumbó el acuerdo que construyeron durante cuatro años los gobiernos de Colombia y EE.UU., y la razón fue lo que siempre quiso evitar el gobierno Uribe: el acuerdo tenía que pasar por el Congreso de la República.
20 de marzo de 2011
©el espectador

colombia, estado inoperante

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"El Estado ha sido incapaz de superar la impunidad judicial". Diálogo con Jahel Quiroga, quien lidera la demanda por el exterminio de la UP, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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[Alfredo Molano Jimeno] Colombia. En marzo de 1986, en medio de un ambiente político de negociaciones con la insurgencia, la Unión Patriótica participó por primera vez en unas elecciones. Hoy, el movimiento es evocado por el alto costo que pagó en vidas, hasta desaparecer de las justas electorales y del panorama político nacional. Aún así, su nombre sigue vigente gracias a Jahel Quiroga, una ingeniera industrial y abogada, con tres especializaciones en Derechos Humanos, quien lidera desde la Corporación Reiniciar la causa de buscar justicia en la Comisión Interamericana para que la UP sea debidamente reparada y para que el país no olvide nunca a las víctimas de ese exterminio.

¿El pasado 9 de marzo se cumplieron 25 años de la primera elección popular en la que participó la UP. Un cuarto de siglo después, ¿qué reflexiones le suscita esta fecha?
Lo fundamental es comprobar que sigue vigente la propuesta de apertura democrática que hizo la Unión Patriótica en su momento. Algo que aún no se ve, porque una cosa es decirlo o crear un marco constitucional sobre un Estado Social de Derecho y otra es el ejercicio democrático, en el que siguen cerradas las puertas.

Antes de concluir 1986, de los 14 congresistas electos de listas propias y alianzas, ya tres de ellos habían sido asesinados: Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez y Octavio Vargas. ¿Quiénes eran y cuál fue su aporte?
Ellos, como los demás elegidos, básicamente apostaron a la paz y murieron buscándola. Leonardo Posada venía del Partido Comunista. Era un demócrata muy querido en Barranca. Fue amigo de Horacio Serpa, de los conservadores, era un hombre de apertura. Había logrado consolidar simpatía alrededor de sus propuestas en la llamada Coordinadora Popular del Magdalena Medio. De esa misma condición eran Pedro Nel Jiménez y Octavio Vargas.

Primero fueron asesinados los congresistas, después los alcaldes, diputados o concejales electos. En medio de centenares de crímenes selectivos vinieron los magnicidios de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, ¿qué queda vigente de toda esa plataforma política?
Triste es decirlo, pero después de un cuarto de siglo hay muchos líderes que siguen recorriendo el país tratando de crear democracia con otras organizaciones, pero con las mismas ideas que enarboló la UP. Pardo Leal, por ejemplo, proponía que el presupuesto para el Ministerio de Defensa no fuera superior al de salud o educación.

Y hoy, ¿cuál es su diagnóstico en torno a quién asesinó a los líderes de la UP?
El Estado colombiano exterminó a la Unión Patriótica. Y lo que es peor, no ha sido capaz de superar la impunidad judicial y disciplinaria de esos crímenes. Es triste, pero tenemos un registro de más de 10 mil víctimas, que es apenas un subregistro porque hay regiones a las que no hemos podido regresar, como la Costa Atlántica, donde el paramilitarismo persiste, y la Fiscalía no ha determinado ni siquiera una autoridad material.

¿Pero hay casos aclarados?
Sí, por ejemplo, el de Manuel Cepeda, que su familia aclaró coadyuvando a la Fiscalía. También hay avances en demandas administrativas, pero en lo penal el diagnóstico es nulo.

Después vino en 1993 la demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, ¿cómo se dio la demanda y en qué va?
Salí de Barrancabermeja amenazada el 29 de enero de 1992, después de cuatro años como concejal de la UP. Había participado en decenas de entierros y, cuando llegué a Bogotá, con un grupo de defensores de Derechos Humanos, decidimos poner la denuncia internacional. Acudimos a la Fiscalía en busca de conocer el estado de las investigaciones a través de nuestros listados y escasamente sabía de 13 casos. En algunos expedientes sólo existía la reseña del levantamiento del cadáver. Después vino un estudio de la Defensoría del Pueblo, por mandato de la Corte Constitucional en una acción de tutela. Ese estudio revela que en 717 casos de homicidio, sólo había 10 casos con decisión de fondo: seis absoluciones y cuatro condenas. Esta impunidad no nos dejó otra salida que acudir a la Comisión Interamericana y radicamos el caso por genocidio.

¿Y qué ha pasado con la denuncia?
Primero fueron tres años debatiendo con el Estado colombiano. Ellos pidiendo que no se admitiera el caso, sobre todo porque el genocidio político no estaba contemplado en la Convención Internacional. Eso sí, nunca el Gobierno negó que hubiera existido el homicidio continuado contra la UP. Nosotros entregamos un listado de 1.163 homicidios, 103 casos de desaparición forzada, 43 sobrevivientes con atentados personales y 225 personas amenazadas. De ese listado, después mataron a algunos. El 12 de marzo de 1997 la Comisión hizo público su informe de admisibilidad. Y dijo: no hay genocidio porque la Convención no lo contempla, pero los hechos muestran una violación múltiple de la Convención Americana y tenemos que determinar si en ese exterminio hubo participación del Estado colombiano. Entonces ofrece una solución amistosa. El gobierno Samper la aceptó y nosotros acogimos la iniciativa poniendo como condición justicia, verdad y reparación integral, incluyendo la reparación política.

¿Por qué se rompió esa instancia amistosa?
En el gobierno Pastrana, en el entorno de las conversaciones con las Farc, se creó un clima propicio para la solución amistosa. Pastrana nos pidió no romper porque el gobierno Samper nos había hecho una propuesta dolorosa: escoger 30 casos para analizarlos. Después nos dijeron que evaluáramos 120. Pensé: ¿y los muertos que recogí en Barranca son menos importantes? Se llegó a emitir un decreto para facilitar recursos, creamos 14 oficinas regionales, de las cuales sólo alcanzamos a inaugurar una en Bogotá. Pero llegó el gobierno Uribe y se acabó todo.

¿Cuándo se rompió el diálogo y por qué?
En junio de 2006. Duramos todo el primer gobierno de Uribe forcejeando con sus representantes para que apropiara presupuesto para sacar adelante la propuesta. El costo era de $8 mil millones y Carlos Franco dijo que era demasiado. Querían que inauguráramos mesas sin oficinas para decirle a la gente que sí había garantías. Y pasó el tiempo. El exprocurador Maya nos ayudó mucho, pero como eso venía de la Vicepresidencia de Santos, no fue posible avanzar. No había voluntad política.

¿Qué ha pasado en los últimos años?
Rompimos la solución amistosa, porque la situación se puso grave. En el primer gobierno de Uribe murieron asesinados 135 sobrevivientes de la UP y desaparecieron a 38. La Fiscalía tampoco salió con nada. Y para rematar, en el proceso de su reelección, Uribe salió con una propaganda donde un supuesto exmiembro de la UP decía que el movimiento se había dedicado a matar. Esa fue la tapa. Llamamos a la Comisión, enviamos el video y rompimos.

¿Qué falta para una decisión?
El último documento lo presentamos el 16 de diciembre de 2010. La semana pasada, la Comisión dijo haberle trasladado al gobierno nuestro caso.

En toda esa batalla jurídica la UP también perdió su personería política, ¿cómo fue?
Se perdió en 2002 porque, según el Consejo Electoral, no llenamos el requisito de 50 mil votos. En la elección de ese año tuvimos un candidato a la Asamblea de Antioquia, Eliodoro Durango, quien fue asesinado, y ya habían matado a muchos otros. Entonces la UP, en cabeza de Mario Upegui, retiró las listas. Sacamos muchos votos que no fueron contados. Al año siguiente llevamos el caso al Consejo de Estado y en diciembre de 2010 respondieron diciendo que no había nada que hacer.

¿Cuál fue el argumento?
Nada. Ratificó las resoluciones del Consejo Electoral. Pero insisto hoy que los sobrevivientes de la UP tenemos derecho a reclamar nuestra personería jurídica. Creo que es importante que la sociedad colombiana pueda respaldar una causa que reivindique la lucha política de Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo, de todos aquellos copartidarios que contribuyeron a la paz.

¿Y cómo ven hoy el proyecto de ley de víctimas? ¿Caben ustedes?
Esa ley se ha venido componiendo. Por ejemplo, se acogió que hubiera víctimas de agentes del Estado porque el gobierno pasado no lo aceptó. Pero creo que le faltan cosas. La fecha desconoce a muchas víctimas de la UP, porque el partido empezó a surgir cuando las Farc firmaron el cese al fuego en 1984. Y desde entonces hubo asesinatos y desapariciones. Tenemos más de cien casos documentados entre 1984 y 1986. Desconocer esas víctimas es injusto.

¿Qué busca la UP políticamente?
Las víctimas de la UP están organizadas y cuentan con una coordinación nacional con identidad propia. Son más de 15 mil personas, entre familiares y sobrevivientes. Tenemos 15 regiones donde hemos ido construyendo una propuesta de reparación integral y política. Nuestra reconstrucción colectiva ya la conoce la Comisión Interamericana y esperamos que sea fundamental a la hora de las decisiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una Sobreviviente
Una sobreviviente. Eso es Jahel Quiroga, quien en 1991 iba a ser asesinada en Barrancabermeja pero los sicarios se equivocaron y mataron a su amiga, Blanca Durán. Desde entonces es una de las personas más amenazadas del país, pero ella dice no estar dispuesta a claudicar en el proyecto que significa reparación y justicia para los militantes y dirigentes de la Unión Patriótica. El costo personal de esa lucha es lo que menos le preocupa: "Me duele no poder vivir con mis hijos, que me hayan quitado la visa a Estados Unidos, donde podría hacer una mejor defensa del caso UP. He sido perseguida y amenazada, pero no renuncio a esta causa porque creo que mi vida está atada a este destino. Yo tengo un compromiso moral, ético y político con las víctimas de la UP. Eso es todo", dice.

El Destino de los Congresistas de la UP
Los 14 congresistas que salieron elegidos el 9 de marzo de 1984 y algunos de sus suplentes han tenido diversos destinos, coincidentes en muchos casos. Esta es la suerte que corrieron:

Gilberto Viera: muerte natural. Braulio Herrera: destino desconocido. Ovidio Marulanda: vivo. Bernardo Jaramillo: asesinado. Henry Millán: asesinado. Iván Márquez: Miembro del secretariado de las Farc. Hernán Mota: exiliado en Suiza. Leonardo Posada: asesinado el 30 de agosto de 1986. Elsa Rojas: asesinada. Octavio Vargas: asesinado. Rafael Celis: vivo. Alfonso Jaramillo: vivo. Hernán Hurtado: muerte natural. Gustavo Osorio: vivo. Jaime Montoya: asesinado. Pedro Luis Valencia: asesinado. Pedro Nel Jiménez: asesinado. Humberto Vieira: muerte natural. Pedro Alcántara: vivo. Alberto Rojas Puyo: vivo. Guillermo Plazas: vivo.
20 de marzo de 2011
19 de marzo de 2011
©el espectador

uribe dudaba de gontard

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¿Por qué Uribe dudaba de Gontard, el facilitador ante las Farc? El diario Le Temps le preguntó al exfacilitador suizo si tuvo algo qué ver con el exilio de los familiares de las Farc en Suiza. Gontard, quien fue cuestionado por su presunta cercanía con las Farc, respondió que no.

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Colombia. Uno de los episodios diplomáticos de mayor tensión en las relaciones de Colombia fue la liberación de los secuestrados en poder de las Farc.
En ese capítulo de la historia fue llamado el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como mediador; fueron nombrados tres "países amigos" (España, Francia y Suiza), y el propio Nicholas Sarkozy llegó a mostrar desespero por momentos.
Este último detalle fue revelado por la publicación de algunos cables diplomáticos de la embajada estadounidense en Colombia.
Parte de esos intríngulis diplomáticos fue reseñada por el diario Le Temps de Suiza en un artículo titulado "Suiza, tierra de asilo para los familiares de las Farc", publicado esta semana.
El artículo de Le Temps registra que Jean Pierre Gontard, uno de los mediadores para las negociaciones con las Farc, "había arreglado la permanencia de varios familiares de tres altos jefes de las Farc en Lausanne".
Los tres líderes de las Farc a los que se refiere el diario son ‘Alfonso Cano’, Rodrigo Granda y ‘Raúl Reyes’.
Según Le Temps, Gontard "confirmó la presencia de los familiares en Suiza, pero niega haber tenido alguna participación en un acuerdo".
Gontard fue una figura polémica en Colombia, a la que la Casa de Nariño le cerró las puertas después de la Operación Jaque. Gontard, desde Suiza, dijo horas después de la misión que el gobierno colombiano pagó a la guerrilla por el rescate.
Los cables dan cuenta del escepticismo que tenía Uribe por el papel de Gontard y Noel Saez, el negociador francés, en las mediaciones.
Uno de esos cables da cuenta de que el presidente Uribe, en una reunión con los entonces subsecretario de estado (de EE.UU), Thomas Shannon, y embajador en Bogotá, William Brownfield, indicó cómo les dijo a Gontard y a Saez que ya no contarían más con su ayuda.
Uribe explicó que la decisión "no era un asunto de gobierno a gobierno, sino más bien una preocupación del Gobierno de Colombia con los dos mediadores".
Un cable de la embajada de EE.UU en Bogotá, enviado el 4 de marzo de 2008, registra la preocupación de Francia tras la muerte de ‘Raúl Reyes’, porque el hecho podría torpedear la liberación de Íngrid Betancourt. El cable enfatiza en que ‘Reyes’ era el principal contacto de Gontard, Saez y Leyva (Álvaro).
No obstante, la embajada consideró que ‘Reyes’ realmente no estaba interesado en un acuerdo. En palabras de la embajada, "’Reyes’ era un guerrillero de línea dura que hizo muy poco para avanzar en un acuerdo humanitario".
Una de las preguntas que intenta resolver el periodista de Le Temps es si Suiza fue demasiado benévola con los familiares de las Farc buscando compromisos de la guerrilla.
Los cables diplomáticos muestran que a Uribe le preocupaba el papel de Suiza.
Las Farc "podrían utilizar a la Iglesia Católica y a los suizos para hacer presión sobre el presidente Uribe", dice uno de los cables.
Otro cable del 29 de septiembre de 2005 da cuenta de una conversación con una fuente de la embajada que revela que Gontard "habría hecho diferentes ofertas a las Farc en vista de un intercambio humanitario pero no habría recibido nada a cambio". "Ellos (las FARC) han sido tacaños con él ", dijo la fuente que en los cables aparece reservada.
El diario suizo argumenta que tras la muerte de ‘Raúl Reyes’ el gobierno colombiano se volvió más inflexible, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, pensaba que era una mala noticia para la liberación de Betancourt.
Además, los computadores incautados en el campamento de ‘Reyes’ dejaron mal parados a los negociadores Gontard y Saez.
Según una de las fuentes mencionadas en los cables diplomáticos, Saez había prometido a ‘Reyes’ que si las Farc liberaban a Íngrid, el gobierno francés estaba dispuesto a retirarlos de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea, y les permitiría abrir una oficina de representación en París.
La fuente aseguró "que en febrero Saez le dijo a Reyes que el Gobierno de Francia podría quitar a las FARC de la lista de terroristas de la UE y permitir que abran una oficina en París a cambio de la liberación de Betancourt".
La "simpatía" de Gontard y Sáez por las Farc, le dijo la fuente al embajador estadounidense William Brownfield, "hace difícil aceptarlos como facilitadores. Sin embargo, el gobierno todavía no ha comunicado estas preocupaciones a los suizos".
Pocos días después de la ‘Operación Jaque’, Bogotá rompió oficialmente con los mediadores. Y un mes después, el fiscal Mario Iguarán dijo que llamaría a Gontard a indagatoria por su presunta responsabilidad en el traslado de 480.000 dólares para las Farc a Costa Rica.
Saez, en 2009, publicó un libro en el que sostiene que los centinelas de los secuestrados liberados con Jaque fueron comprados. Aunque la versión no ha sido comprobada, otro cable diplomático reveló que alias ‘César’ (el centinela de Betancourt) buscó un acercamiento con el Gobierno colombiano para liberar a la excandidata presidencial.
Gontard, por su parte, ha negado la acusación sobre su extralimitación con las Farc, le dijo al diario suizo: "no estaré satisfecho sólo con el archivo de la investigación".
Efectivamente, familiares de líderes de las Farc sí viven en Suiza, concluye el diario Le Temps. Sin embargo, varios están allá desde los noventa, y no está claro que su permanencia en ese país haya sido producto de la mediación de Gontard.
20 de marzo de 2011
19 de marzo de 2011
©semana

los retos de la reinserción en colombia

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Un informe de la Ong Pax Christi explica que, a pesar de que el proceso de desmovilización es novedoso, todavía falta para que la reintegración pueda ser exitosa. Las comunidades no estaban listas para recibir a ex paramilitares.

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Colombia. En el estudio ‘DDR en el contexto colombiano’, la Ong holandesa Pax Christi hace el diagnóstico de porqué la desmovilización y la reinserción no han sido tan exitosa en Colombia, a pesar de los esfuerzos del gobierno pasado.
La ong identifica varios problemas: no se han resulto las raíces del conflicto, el proceso no ha sido suficientemente transparente, faltan recursos, hay impunidad y los procesos de reinserción son demasiado cortos.
Según el informe de Pax Christi, que trabaja por los derechos humanos, el desarme y la desmilitarización en 50 países del mundo, el gobierno pasado no solucionó los problemas de fondo que alimentan la guerra: narcotráfico, desigualdades socioeconómicas, dificultad de acceso a la justicia entre otros.
Para Pax Christi la falta de transparencia de la negociación entre el gobierno y las Auc, de la desmovilización y de la reinserción ha tenido un impacto negativo en el éxito del proceso. La sociedad tiene poca confianza en este, las comunidades no estaban listas para recibir exparamilitares.
El diagnóstico del informe es que hubo falta de información y transparencia en todo el proceso y no se involucró la sociedad colombiana, que hubiera tenido que ser uno de los actores principales, para que funcionara. Según el análisis de Pax Christi uno de los problemas fue que el gobierno de Uribe "consideraba el DDR como un asunto de seguridad técnica apto solamente para él y unos pocos especialistas en seguridad".
Aunque el gobierno trató de dar unos pasos para reducir los niveles de impunidad, pues rompió con una tradición de amnistías generales, aún hay problemas. Uno de ellos es que Justicia y Paz no incluyó agentes del Estado, "lo que deja intacta la impunidad en nombre del Estado" y puede ser "percibido como una legitimización de la violencia".
El estudio reconoce la importancia de Justicia y Paz, pero resalta que es importante que esta unidad de la Fiscalía tenga más recursos y más personal para poder avanzar más rápido. Sin embargo recomienda tener un enfoque diferente: "los procesamientos en Colombia generalmente no sirven para exponer las cadenas de mando y las estructuras criminales; se concentran, más bien, en victimarios directos y generalmente fracasan en apuntar a los mayores responsables de crímenes cometidos como parte de un aparato criminal particular o de una práctica estatal".
Uno de las fallas más graves del proceso de reinserción en Colombia es que la asistencia gubernamental dura poco, entre tres y 12 meses. Para Pax Christi tienen que ser como mínimo de un año, pues la mayoría de desmovilizados pasaron muchos en años en la guerra.
Además por estar tan poco tiempo a cargo del gobierno no se logra un trabajo de la sociedad con los desmovilizados: "Sin un compromiso a largo plazo, resulta muy difícil comprometer constructivamente a la población local en la reconciliación con los antiguos combatientes. Un periodo que dure menos de doce meses no proporciona el tiempo necesario para construir confianza o un contenido significativo del programa y no deja margen para superar los problemas iniciales durante la implementación".
Otro problema que encuentran es que se diseñó una política de desarme y reintegración de manera centralizada, poco flexible, cuando Colombia es un país de regiones, donde cada una de ellas tiene particularidades que son difíciles de entender desde las capitales.
Por eso el informe aconseja más tiempo para los programas, más capacidad a Justicia y Paz, descentralizar y mas inclusión de la sociedad en los procesos. Pero la sociedad civil también tienen que hacer un esfuerzo para acoger a los desmovilizados y proponerles soluciones.
20 de marzo de 2011
18 de marzo de 2011
©verdadabierta

joaquín garcía a juicio por masacre

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Joaquín García a juicio por la masacre de Macayepo. El ganadero, que está prófugo, va a ser juzgado por el asesinato de 12 campesinos en Sucre por los ‘paras’ en octubre de 2000.

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Colombia. Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá decidió llamar a juicio al ganadero Joaquín García por su presunta participación en la masacre de Macayepo, en la que los paramilitares asesinaron a 12 campesinos en octubre de 2000.
El 16 de octubre de 2000, 80 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia masacraron a 12 campesinos de este corregimiento de Carmen de Bolívar.
Macayepo no fue una masacre aislada. Por el contrario, hizo parte de una violenta cadena de matanzas emprendida por los paramilitares de la región en un intento por obtener el control de los Montes de María. Los corregimientos localizados en esa región, entre ellos Macayepo, están localizados en un corredor estratégico que da un fácil acceso desde el sur de Bolívar hacia todos los departamentos de la Costa Atlántica.
En la zona había presencia de cerca de 300 guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las Farc bajo el mando de ‘Martín Caballero’, quienes desde 1998 libran una guerra territorial contra un grupo de 80 paramilitares del Bloque Norte de las Auc, al mando de Rodrigo Antonio Mercado Pelufo (alias ‘Cadena’ o ‘Pelufo’).
Este grupo de paramilitares fue señalado por las autoridades de ser el mismo que entre febrero de 2000 y enero de 2001 realizó cinco grandes masacres en la zona de Montes de María, las cuales dejaron un trágico saldo de más de 100 muertos y 4.000 desplazados. Entre ellas la de El Salado, que ocurrió el 18 de febrero de 2000, en donde fueron asesinadas 36 personas, y la de Chengue, en la que fueron masacradas 27 personas el 17 de enero de 2001.
Por la masacre de Macayepo, la Corte Suprema de Justicia condenó al ex congresista Alvaro García Romero a 40 años de prisión en sentencia del 23 de febrero último. García es prófugo de la justicia.

La Conversación Que Salpica a García
El 3 de junio de 2006, Semana publicó una conversación entre el condenado ex senador Álvaro García y el ganadero Joaquín García, en el que se revelaron sospechosas coincidencias con las circunstancias que permitieron que los paramilitares cometieran la masacre de Macayepo.
La conversación telefónica que dura un poco más de dos minutos dio pistas a las autoridades sobre los nexos entre el exsenador, el hacendado y la masacre ocurrida el 16 de octubre de 2000 en el corregimiento de Macayepo.
En la conversación Joaquín García, quien es un conocido hacendado con fincas en la zona de Tolú Viejo, Sucre, dialoga con Alvaro García Romero sobre la necesidad de conseguir el apoyo del gobernador de Sucre (perteneciente al movimiento político de García) para mover tropas en unas fincas alrededor de las zonas de El Aguacate y Pajonalito, localidades vecinas de Macayepo, debido a una grave situación que no especifican de qué se trata.
Según explicó García Romero en su momento, el hacendado le pidió ayuda para recuperar su ganado robado. "Los ganaderos ya están cansados de darle plata a la guerrilla e incluso tres meses antes de Macayepo los subversivos dinamitaron fincas de la zona", dijo.
Las coincidencias de esta conversación extraña —y aparentemente cifrada— con la masacre comienzan con el hecho de que justamente por ese corregimiento de El Aguacate fue por donde ingresaron los paramilitares que cometieron la matanza en Macayepo. Además en la grabación, efectuada el 6 de octubre de 2000, el senador afirma que "…yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy pero es fácil tomarla en 10 días…". Y 10 días después, el 16 de octubre de 2000, ocurrió la matanza. Cuando SEMANA le preguntó a García Romero sobre este aparte de la conversación afirmó que se trata de "simples coincidencias".
Otra casualidad que despertó sospechas de las autoridades que investigaron es el hecho de que los dos interlocutores comenten acerca de un "man verde" que resulta incómodo y que sería bueno cambiarlo por uno que "no joda" y se "haga el loco". Y precisamente el comandante de Policía del departamento, coronel Rodolfo Palomino, que había hecho operativos exitosos contra los paramilitares, fue trasladado de su cargo cinco semanas después de la conversación, el 16 de noviembre de 2000, según confirmó SEMANA con fuentes policiales y de prensa.
Sin embargo, en la sentencia contra García Romero la Corte Suprema considera que el ex senador había preparado el terreno a las Autodefensas para que cometieran el múltiple crimen.
Para la Corte, Álvaro García Romero participó desde 1997 en la conformación de las autodefensas en Sucre. Según el Alto Tribunal, el entonces senador asistió en ese año a un reunión en la finca Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amín, en la que se decidió unificar los diferentes grupos de paramilitares y conformar el Bloque Héroes de los Montes de María.
A esa reunión asistieron, según el relato de la Corte, comandantes de las autodefensas, reconocidos integrantes de la dirigencia política local y acaudalados ganaderos del centro y norte del departamento.
Entre los que participaron supuestamente estuvieron el ganadero Joaquín García Rodríguez, Javier Piedrahíta, Salvatore Mancuso y el senador Álvaro García Romero, en la cual, luego de finiquitados los temas de financiación y sostenimiento del nuevo grupo, Piedrahíta postuló para su comandancia a Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’.
También da cuenta de que, entre 1997 y 1998, en el restaurante ‘Carbón de Palo’ de Sincelejo, se produjo otra reunión con la asistencia del ganadero Joaquín García, Salvador Arana Sus, Miguel Navarro y Ángel Daniel Villarreal Barragán, ex alcalde y alcalde en ejercicio del municipio de Sucre (Sucre), respectivamente, y varios jefes paramilitares de la región de La Mojana, entre ellos Éder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana, escenario en el cual se acordó que el grupo de este último operaría en la jurisdicción territorial de los municipios sucreños de Guaranda, Majagual y Sucre, entre otros, que conforman las provincias de La Mojana y San Marcos, al sur del departamento.
Según contó Jairo Castilla Peralta, alias ’Pitirri’, allí se acordó que el senador García Romero y Arana Sus, gestionarían la consecución de sesenta millones de pesos ($60.000.000) para dotar de armamento y demás aspectos logísticos al grupo.
Estas dos reuniones le dan a la Corte la justificación para plantear que hubo un pacto criminal entre paramilitares y varios sectores de la sociedad sucreña que contó con el apoyo en el Congreso de García Romero y el ex representante a la Cámara Erick Morris Taboada, también condenado.
19 de marzo de 2011
18 de marzo de 2011
©verdadabierta