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derechos humanos

sadismo convertido en ley 1


Altos funcionarios del gobierno idearon e implementaron el plan de torturas, incluyendo al propio presidente Bush. Primera entrega.
[Anthony Lewis] Mohammed Jawad, un afgano acusado de arrojar una granada contra una caravana de soldados estadounidenses en Kabul a fines de 2002, hiriendo a dos de ellos, fue llevado a la cárcel de Bahía Guantánamo en febrero de 2003. Entonces tenía diecisiete años. En diciembre de 2003 trató de suicidarse. En mayo del mismo año fue sometido a lo que oficiales en Guantánamo llaman el ‘programa del viajero frecuente’. Cada tres horas, día y noche, era esposado y trasladado a otra celda -112 veces en catorce días.
Sabemos lo que le hicieron a Jawad porque el abogado militar nombrado como su abogado defensor, el mayor David J.R. Frakt (reservista de la Fuerza Aérea), solicitó y obtuvo de un juez militar una orden para que sus carceleros entreguen los archivos de su cautiverio. El mayor Frakt dio a conocer la realidad del tratamiento de Jawad en su declaración final en una audiencia preliminar el 19 de junio de 2008 -un alegato que fue una extraordinaria demostración de coraje legal y moral.
"¿Por qué torturaron a Mohammed Jawad?", preguntó Frakt. "¿Por qué eligieron los oficiales a un adolescente que había intentado suicidarse en su celda menos de cinco meses antes para someterlo a este sádico experimento en privación del sueño?" Oficiales en Guantánamo dijeron que no creían que el prisionero tuviese información valiosa en términos de inteligencia y que ni siquiera fue interrogado durante el ‘programa del viajero frecuente’. "La explicación más probable", dijo el mayor Frakt, "es que simplemente decidieron torturar a Jawad para divertirse, para darle una lección, quizás como ejemplo para los demás".
Pero el mayor Frakt no dejó el asunto con los que torturaron a Mohammed Jawad. Comentó la orden del presidente Bush, del 7 de febrero de 2002, de que los detenidos en Guantánamo como presuntos miembros y partidarios de al_Qaeda y los talibanes no estaban cubiertos por las Convenciones de Ginebra. "El 7 de febrero de 2002", dijo, "Estados Unidos perdió un poco de su grandeza. Perdimos nuestra posición como defensores de los derechos humanos en el mundo, como los adalides de la justicia, la honestidad y el imperio de la ley... Desgraciadamente, esta comisión militar [que veía el caso de Jawad] no tiene poder para hacer nada contra los facilitadores de estas torturas, como John Yoo, Jay Bybee, Robert Delahunty, Alberto Gonzales..., David Addington, William Haynes, el vicepresidente Cheney y Donald Rumsfeld..."
La referencia del mayor Frakt a los ‘facilitadores’ plantea una pregunta fundamental: ¿Cómo se metió el gobierno estadounidense en el negocio de torturar a los prisioneros? La privación del sueño no fue de ninguna manera la única técnica agresiva utilizada con los prisioneros en Guantánamo y otros lugares. Otras incluían obligar a los prisioneros a adoptar posiciones estresantes, exponerlos a luces brillantes y a calores extremos y bajas temperaturas, humillación sexual, desnudez, y el submarino -la ‘cura de agua’ que provoca asfixia parcial.1
Debido a que los maltratos de los prisioneros en Abu Ghraib fueron expuestos en abril de 2004, el gobierno de Bush ha mantenido que todo abuso fue obra de unas pocas ‘manzanas podridas’. No se ha tomado ninguna medida contra superiores, ni militares ni civiles. Pero una constante acumulación de revelaciones, enfundadas en junio por el informe y audiencia de un comité senatorial, ha dejado en claro que el trato abusivo de los prisioneros fue una política deliberada que fue tomada en los más altos niveles de gobierno: el Pentágono, el ministerio de Justicia y la Casa Blanca.
En julio de 2002, la oficina del abogado general del Pentágono hizo un sondeo de las técnicas utilizadas en un programa del Pentágono diseñado para enseñar maneras de resistir a la tortura de fuerzas enemigas. (El programa se concentraba especialmente en técnicas usadas por las tropas chinas durante la Guerra de Corea para inducir a los prisioneros norteamericanos a confesar falsamente cosas tales como el uso de guerra bacteriológica). En agosto, el asistente del fiscal, Jay S. Bybee, director de la Oficina de Asesoría Jurídica, emitió un memorándum secreto de cincuenta páginas concluyendo que el presidente tenía poderes plenarios para torturar a prisioneros en la guerra contra el terrorismo. Se basaba en un memorándum anterior de John Yoo y Robert Delahunty, que había sido aprobado por Alberto Gonzales, entonces fiscal de la Casa Blanca del presidente Bush. Las conclusiones legales de Bybee fueron incorporadas en un memorándum especial preparado por el ministro de Defensa, Rumsfeld.
En octubre de 2002, el abogado de la Central de Inteligencia Americana, Jonathan Fredman, visitó Guantánamo y discutió las duras técnicas de interrogatorio con algunos oficiales. Un abogado militar de Guantánamo, la teniente coronel Diane Beaver, dijo que algunos métodos previamente prohibidos, como la privación de sueño, estaban siendo aplicadas a los prisioneros por los militares del centro de detención de la Base Aérea de Bagram en Afganistán, pero que la situación fue ocultada al Comité Internacional de la Cruz Roja cuando la base fue visitada por sus representantes. "El CICR tiene una grave preocupación", dijo. Fredman dijo que si el tratamiento agresivo debía ser llamado tortura era "un asunto de percepción". Dijo: "Si el detenido muere, lo estás haciendo mal".
En noviembre de 2002, el abogado general del ministerio de Defensa, William J. Haynes II, recomendó que el ministro Rumsfeld aprobara formalmente varios de los métodos de interrogatorio agresivos de Guantánamo, incluyendo las posiciones estresantes, el uso de perros de ataque y la privación sensorial. Rumsfeld dio su aprobación en una orden secreta el 2 de diciembre de 2002.
Varios jefes militares advirtieron contra la adopción de las nuevas y agresivas técnicas. Alberto Mora, abogado general de la Armada, dijo a Haymes que ellos "podían aumentar el nivel de tortura". Dijo que si no se les ponía frenos, el escribiría un memorándum diciendo que algunos de ellos violaban las "normas legales nacionales e internacionales". El 15 de enero de 2003, Rumsfeld anuló la aprobación. En abril firmó otro memorándum con el listado de los métodos aprobados, incluyendo la ‘adaptación’ del sueño, y dijo que se consideraría otros si se lo pedían.
La ABC News informó en abril de este año que los altos funcionarios de la seguridad nacional del presidente Bush se reunieron en 2003 para discutir los métodos de interrogación ‘mejorados’. Entre los presentes en la reunión estuvieron el vicepresidente Cheney, y su abogado de entonces, ahora jefe de gabinete, David Addington; el fiscal general John Ashcroft; Condoleezza Rice, entonces asesora de la seguridad nacional de Bush; Rumsfeld y Haynes. Interrogado sobre el informe, el presidente lo confirmó. "De hecho", dijo a Martha Raddatz de ABC, "le dije al país lo que hicimos. Y también les dije que era legal. Tenemos opiniones legales que nos permitieron hacer eso".

Nota
1
La asfixia ha sido durante largo tiempo entendida como la amenaza -quizás más terrible- a la que se expone el ser humano. La Inquisición Española empleó la tortura por agua de sus víctimas. Los oficiales japoneses que, en las prisiones, la utilizaron contra sus prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial fueron procesados como criminales de guerra por Estados Unidos.

Libros reseñados
Tom Lasseter
Guantanamo: Beyond the Law
serie de cinco artículos del autor
en los McClatchy Newspapers, 15–19 de junio de 2008
Jonathan Mahler
The Challenge: Hamdan v. Rumsfeld and the Fight over Presidential Power
Farrar, Straus and Giroux,
334 pp.
$26.00

Physicians for Human Rights
Broken Laws, Broken Lives: Medical Evidence of Torture by US Personnel and Its Impact
con un prefacio del Mayor General Antonio M. Taguba
130 pp.
disponible en brokenlives.info

14 de noviembre de 2008
6 de noviembre de 2008
©new york review of books
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casa blanca autorizó torturas


Memoranda de la Casa Blanca autorizaron técnica de interrogatorio de la CIA de asfixia por inmersión simulada.
Washington, Estados Unidos. El gobierno de Bush autorizó explícitamente el uso de la asfixia por inmersión y otros severos métodos de interrogatorio contra sospechosos de ser miembros de al_Qaeda en un par de memoranda secretos enviados a la CIA en 2003 y 2004, informó el miércoles el Washington Post.
Los memoranda clasificados previamente desconocidos fueron pedidos por el entonces director de la CIA, George Tenet, más de un año después del inicio de los interrogatorios secretos, informó el diario, citando a funcionarios de gobierno y de inteligencia familiarizados con los documentos.
Un portavoz de la Casa Blanca no quiso comentar el informe.
De acuerdo al diario, funcionarios de inteligencia solicitaron la cobertura de la Casa Blanca debido a que estaban preocupados de una posible reacción si los detalles del programa de interrogatorios llegaban a conocimiento público.
Abogados del ministerio de Justicia autorizaron los métodos de interrogatorio de la agencia al principio de 2002, pero altos funcionarios de la CIA estaban preocupados de que la Casa Blanca no hubiera aprobado el programa por escrito, informó el Post.
Repetidas solicitudes del jefe de la CIA de contar con una autorización explícita reflejaban los crecientes temores dentro de la agencia de que el gobierno pudiera más tarde distanciarse a sí mismo de las decisiones sobre el tratamiento de líderes de al_Qaeda capturados, dijo el Post, mencionando a ex funcionarios de inteligencia que hablaron a condición de conservar el anonimato.
Los funcionarios dijeron al diario que Tener presionó primero a la Casa Blanca por una aprobación por escrito en junio de 2003 durante una reunión con miembros del Consejo Nacional de Seguridad.
Pocos días después, Tener recibió un breve memorando transmitiendo la aprobación del gobierno de los métodos de interrogatorio de la CIA, dijeron los funcionarios citados.
Tenet hizo una segunda petición de una aprobación escrita en junio de 2004, después de la indignación pública sobre el escándalo de la cárcel de Abu Ghraib, dijo el Post.
Funcionarios de gobierno confirmaron la existencia de los memoranda, pero ni ellos ni antiguos agentes de inteligencia pudieron describir en detalle los documentos todavía clasificados, informó el diario.

3 de noviembre de 2008
15 de octubre de 2008
©reuters
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después de guantánamo


No es suficiente con cerrar la cárcel de Guantánamo. Estados Unidos quiere seguir régimen de detenciones indefinidas.

[Louis Charbonneau] Naciones Unidas. El próximo presidente de Estados Unidos, se trate de Barack Obama o John McCain, probablemente cerrará el campo de prisioneros de Bahía Guantánamo, pero puede decidir mantener indefinidamente a algunos de los prisioneros, dijo el miércoles un enviado de derechos humanos de Naciones Unidas.
La cárcel de Bahía Guantánamo, Cuba, y el sistema implementado para juzgar a sus detenidos, han sido ampliamente condenados por organizaciones de derechos humanos y gobiernos de todo el mundo, incluyendo a algunos estrechos aliados de Estados Unidos, que dicen que no cumple con las normas jurídicas internacionales.
Los dos candidatos que buscan suceder al presidente George W. Bush -el senador republicano McCain y el senador demócrata Obama- han prometido cerrar el centro de detención donde permanecen cerca de 255 prisioneros acusados de ser miembros de al_Qaeda, los talibanes y organizaciones asociadas. La cárcel llegó a tener hasta seiscientos prisioneros.
Martin Scheinin, relator especial para los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas, dijo a periodistas que espera que el próximo presidente de Estados Unidos cumpla pronto con su promesa de clausurar la prisión.
Esto conllevará la "liberación de los detenidos que pueden salir en libertad, sobre los que ya se ha determinado que no representan ninguna amenaza", dijo Scheinin.
También acelerará el enjuiciamiento de los acusados de delitos graves.
"Espero que los juicios ocurran en los tribunales federales de Estados Unidos", dijo Scheinin, agregando que tenía confianza en que los acusados reciban un trato justo.
Pero para prisioneros que no están listos para ser liberados o ser enjuiciados, el nuevo gobierno podría crear nuevas leyes para crear "un régimen donde se continúe con la detención indefinida".
"Me opongo firmemente a esa solución", dijo Scheinin a los periodistas después de informar al Tercer Comité de asuntos sociales, humanitarios y culturales de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Dijo que las bases legales actuales de la detención indefinida de personas acusadas de terrorismo en Bahía Guantánamo eran profundamente erróneas.
"Pero reemplazarlas con un ley ex post facto que autorice, después de tantos años, la detención indefinida -inevitablemente será considerado por los organismos internacionales de derechos humanos como una forma de detención arbitraria", dijo.
También reprendió a Canadá por negarse a pedir la extradición de un prisionero canadiense de veintidós años, detenido cuando tenía quince años después de un tiroteo en Afganistán en 2002.
Scheinin dijo que Omar Khadr era menor de edad cuando, según lo acusan, arrojó una granada que mató a un soldado norteamericano.
"Es inquietante que Canadá no haga lo que están haciendo otros países para sacar de Guantánamo a sus ciudadanos, o incluso a sus residentes extranjeros", dijo Scheinin.

24 de octubre de 2008
22 de octubre de 2008
© reuters
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razones del juez garzón


Guerra Civil española: las razones de Garzón frente a la fiscalía.
Madrid, España. El juez Baltasar Garzón aduce que el delito de detención ilegal sin informar del paradero de la víctima es permanente y que los crímenes contra la humanidad no pueden amnistiarse en apoyo a su decisión de investigar la suerte de los desaparecidos de la Guerra Civil española y el franquismo, en contra de la fiscalía.
Garzón califica ese delito como "delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad", lo que "salva los problemas de irretroactividad que pudieran aducirse", explicó en un auto emitido este jueves.
El carácter permanente de este delito "evita la aplicabilidad" de las leyes de amnistía proclamadas en España en 1977 para ese tipo de delitos, añade.
Garzón arguye que los crímenes de lesa humanidad no pueden anularse o amnistiarse, en contra de la opinión de la fiscalía, que ha anunciado que recurrirá la decisión del juez.
La decisión se aplica a los desaparecidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y el régimen del general Francisco Franco (1936-1975).
"Cualquier ley de amnistía que buscara eliminar un delito contra la humanidad que no puede catalogarse como crimen o delito político, sería nula de pleno derecho y por ende no se aplicaría al supuesto", afirma.
"Ningún Gobierno u otro poder del Estado, especialmente el Judicial, pueden desconocer estos valores y principios que antes que estatales son humanos y que necesariamente se integran en el sistema de derecho interno, de ahí su obligatoriedad si no se quiere dar cobertura a la barbarie", argumenta el juez Garzón.
La fiscalía española estima por el contrario que estos delitos "han prescrito basándose en la ley de amnistía de 1977", según fuentes judiciales.
Asimismo considera que la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, de la que es juez Garzón, "no es competente" para investigar esos hechos, que debería investigar la justicia local.
Según Garzón, aunque los crímenes contra la humanidad no se tipificaron hasta los principios de Nuremberg de 1950, la "doctrina Martens" contenida en las Convenciones de La Haya de 1899 sobre leyes de guerra ya los mencionaba.
También recuerda que esos hechos, cometidos entre 1936 y 1952, "tenían ya, en aquella época, la categoría de actos prohibidos por el ’ius in bello’ (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad, que como tales identificó la Comisión Multinacional de Responsabilidades" de 1919.
Y además están tipificados en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.
El juez también se apoya en sus argumentos en el juicio en España al ex represor argentino Adolfo Scilingo, que en 2005 fue condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983), años en que estos delitos no estaban recogidos en el código penal español.
El juez afirma que el Tribunal Supremo español, que en 2007 elevó de 640 a 1.084 años de cárcel la condena a Scilingo, "reconoció" con esa decisión "que el contexto de ataque generalizado y sistemático contra una parte de la población civil en el que se cometen determinados crímenes comunes (...) es válido para encuadrarlos en el ámbito de los crímenes contra la humanidad, aunque éstos no estuvieran tipificados como tales en el momento de la comisión de los hechos".
Los crímenes de lesa humanidad fueron incluidos en el código penal español en 2003, a través de una ley orgánica del Poder Judicial cuyo artículo 23.4 establece que la justicia española es competente para investigar delitos de genocidio o contra la humanidad cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional.

17 de octubre de 2008
©afp 
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garzón investigará crímenes del franquismo


Garzón investigará las desapariciones de la guerra como crímenes contra la humanidad. El juez ordena abrir 19 fosas, incluida la de Lorca, y cifra en 114.266 el total de víctimas, de ellas 1.246 en Asturias. Pide los certificados de defunción de Franco y de 34 altos mandos, así como de jefes de la Falange hasta 1951.
Madrid, España. Diez años después de haber forzado la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet,  el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró ayer competente para investigar los crímenes cometidos en la guerra civil y el franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal, que encaja en el tipo penal de crimen contra la humanidad, que no prescribe.
En un auto de 68 páginas, el magistrado ordena la apertura de las 19 fosas conocidas, incluida la del poeta Federico Lorca, y la creación de un banco de ADN para las identificaciones de los desaparecidos. Además, solicita los certificados de defunción de Franco y de 34 altos mandos, así como de los líderes de la Falange entre 1936 y 1951, para comprobar si la responsabilidad penal podría ejercitarse o no. En esa pesquisa se incluye a los militares asturianos Juan Vigón y Luis Valdés Cabanillas.
«No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la guerra civil», argumenta Garzón en su auto, en el que añade que la acción de la justicia «debe desarrollarse con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y gravísimas violaciones de los derechos». Este respeto, precisa, se extiende a los miembros de ambos bandos «con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos».
Garzón justifica su decisión de investigar los crímenes franquistas en que los vencedores desplegaron toda la acción del Estado para la localización, la identificación y la reparación de sus víctimas y aplicaron su derecho a los vencidos. «No aconteció lo mismo respecto de los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado», asegura.
En este sentido, enmarca los motivos que lo llevaron a rechazar la admisión a trámite de una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos. Estos hechos ya «se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas», señala Garzón.
Sin embargo, en la presente investigación, existe un delito contra altos organismos de la nación, dado que los sublevados atentaron contra un Gobierno legítimamente elegido y, aunque este delito ya ha prescrito, permanece la detención ilegal como crimen contra la humanidad. Además, el juez enmarca estos delitos en «un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo» contra los adeptos a la República que «requería el uso de la violencia» y que considera similar al de la Alemania nazi. Garzón habla de una decisión planeada para acabar con el Gobierno de España eliminando a los altos responsables de la nación.
De hecho, para calificar como crímenes contra la humanidad los cometidos después del 17 de julio de 1936 apela a la «cláusula Martens» de los juicios de Nuremberg y que establece que los abusos cometidos por los vencedores de una guerra deben ser interpretados por el derecho común. También cita una entrevista concedida por Franco en la que aseguraba: «Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio». «Tendrá que matar a media España», preguntaba el periodista, «he dicho al precio que sea», respondía Franco.
El auto divide la represión franquista en tres etapas: la represión masiva a través de los bandos de guerra, del 17 de julio de 1936 hasta febrero de 1937; la de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, entre marzo de 1937 y los primeros meses de 1945; y la acción represiva entre 1945 y 1952, marcada por la eliminación de guerrilleros y de personas que los apoyaban. Garzón contabiliza a un total de 114.266 personas desaparecidas, la mayor parte de ellas en Andalucía y Castilla y León. Las víctimas asturianas las cifra en 1.246
Aunque el juez declara la extinción de responsabilidades de Franco y otros 34 altos mandos militares sublevados, entre los que se incluyen generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano, pide confirmar su muerte, para lo que solicita sus certificados de defunción. Reclama a Interior los datos que identifiquen al máximo número de dirigentes de la Falange de 1936 a 1951 para determinar si existe extinción de responsabilidades por defunción. Además, el juez Garzón cita a los militares asturianos Juan Vigón y Luis Valdés Cabanillas como miembros de sus primeros cinco gobiernos, a Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco y ministro del Interior, Gobernación y Exteriores, a Nicolás Franco, hermano del dictador y secretario general del Estado, a José Luis Arrese, ministro de Vivienda y secretario general del Movimiento, a Juan Yagüe Blanco, ministro del Aire, a Agustín Muñoz Grandes, ministro del Ejército, secretario general de la Falange y responsable de la División Azul.

17 de octubre de 2008
©nueva españa
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juez ordena libertad de prisioneros


Los musulmanes chinos deberán ser dejados en libertad y trasladados desde Guantánamo a territorio norteamericano.

[Del Quentin Wilber] Un juez federal ordenó ayer que un pequeño grupo de musulmanes chinos detenidos en la prisión militar de Bahía Guantánamo sean liberados en territorio norteamericano para el viernes, rechazando la afirmación del gobierno de Bush de que puede detenerlos indefinidamente y sin explicar la causa.
Es la primera vez que un juez de Estados Unidos ordena la libertad de detenidos en Bahía Guantánamo, y la primera vez que un nacional extranjero detenido en la cárcel en Cuba deberá ser trasladado a Estados Unidos.
El juez de distrito Ricardo M. Urbina dictó su resolución de un modo bastante dramático en una atiborrada sala del tribunal, diciendo que ordenaba la puesta en libertad de diecisiete uighur debido a que el gobierno no había entregado ninguna prueba de que fueran combatientes enemigos o que representaran un peligro para la seguridad. Según esa orden, los hombres vivirán con familias uighur en el área de Washington hasta que se les encuentre una ubicación más permanente.
"Debido a que la Constitución prohíbe la detención indefinida sin motivo, la prolongada detención de prisioneros por parte del gobierno es ilegal", dijo Urbina. "Debido a que las preocupaciones en torno a la separación de los poderes del Estado no anulan el principio mismo sobre el que se fundó este país -el irrenunciable derecho a la libertad-, la Corte Ordena al gobierno la liberación de esos detenidos en territorio estadounidense".
Urbina ordenó que los detenidos y las familias uighur deben comparecer el viernes ante su tribunal. Un portavoz del ministerio de Defensa dijo que las fuerzas armadas están colaborando con otras reparticiones gubernamentales para preparar el traslado de los detenidos a Washington.
Pero el ministerio de Justicia dijo que presentará una apelación de emergencia, porque la decisión del juez "provoca serias preocupaciones sobre la seguridad nacional y sobre la separación de poderes". Una portavoz de la Casa Blanca emitió una declaración diciendo que "estamos profundamente preocupados y discrepamos completamente" con la resolución.
En las audiencias judiciales que culminaron con la resolución de ayer, el gobierno alegó que sólo el presidente Bush tiene autoridad para permitir que esos hombres ingresen al país. Además, las leyes estadounidenses no dejarán ingresar a los uighur al país porque fueron adiestrados en campos financiados por el Movimiento Islámico de Turkestán del Este, una organización que el gobierno de Bush definió como terrorista después de la detención de los hombres, dijeron los abogados.
Los abogados de los uighur, organizaciones de derechos humanos y miembros del Congreso de los dos partidos han pedido su liberación, diciendo que los detenidos no tienen conflictos con Estados Unidos y que han estado detenidos injustamente durante demasiado tiempo. Los diecisiete uighur han sido retenidos en la cárcel en Cuba durante casi siete años desde que fueran aprehendidos en Pakistán.
El gobierno ha decidido liberar a sesenta de los cerca de 225 prisioneros en Bahía Guantánamo, incluyendo a los uighur. Pero a diferencia de los otros presos, los uighur, que son separatistas, no pueden ser enviados a su país de origen porque el gobierno chino los considera terroristas y podría torturarlos. Estados Unidos envió cinco uighur a Albania en 2006, pero ningún otro país quiere correr el riesgo de ofender a China aceptando a los otros.
En el curso de los años más de quinientos detenidos han salido de Bahía Guantánamo para dirigirse a sus países de origen; un número desconocido fue finalmente dejado en libertad. Sólo un detenido, Yaser Esam Hamdi, un saudí, fue trasladado de Bahía Guantánamo a Estados Unidos después de que las autoridades determinaran que poseía la nacionalidad estadounidense. Finalmente fue deportado a Arabia Saudí y renunció a la ciudadanía estadounidense.
Aunque la Casa Blanca advirtió que la resolución podría ser usada para que otros detenidos ingresen a Estados Unidos, algunos juristas han dicho que eso es improbable porque las circunstancias de los uighur son únicas.
El representante Dana Rohrabacher (republicano, California), que ha estado trabajando por la liberación de los uighur con el representante Bill Delahunt (demócrata, Massachusetts), dijo ayer que Urbina "tomó una decisión moralmente correcta. Deberíamos ofrecer nuestras excusas a los uighur", dijo.
Cerca de cuatrocientas familias uighur viven en el área de Washington, la mayor parte de ellos en Virginia del Norte. Hay concentraciones más pequeñas de uighur en el Distrito y en suburbios de Maryland.
"El sistema judicial estadounidense nos ha dado justicia", dijo Ilshat Hassan, 46, un uighur que trabaja para una importante firma consultora y contratará a uno de los detenidos para que se encargue del aseo de su casa en McLean.
Una corte de apelaciones determinó en junio que uno de los uighur, Huzaifa Parhat, no era un combatiente enemigo y debía ser dejado en libertad o sometido a una nueva audiencia militar, porque las pruebas para justificar su detención eran endebles y poco fiables.
La comisión de tres jueces determinó que "está fuera de toda duda de que el detenido no era miembro de al-Qaeda ni de los talibanes y que no ha participado nunca en ninguna acción hostil ni contra Estados Unidos ni contra sus aliados". En los meses posteriores a la resolución, el gobierno determinó que los uighur detenidos en Bahía Guantánamo no serían tratados como combatientes enemigos.
La audiencia de ayer fue ordenada por una resolución de la Corte Suprema en junio que estableció que los detenidos tenían derecho a impugnar su detención ante tribunales federales. Decenas de otros detenidos han pedido impugnar sus detenciones.
Debido a que el gobierno no presentó evidencias para justificar la detención de los uighur, Urbina tenía una de dos opciones: liberarlos en Estados Unidos o permitir que siguieran encarcelados sin causa.
La resolución del juez fue en cierto modo una sorpresa porque muchos esperaban que primero oyera los alegatos y declaraciones. Pero desde el principio quedó claro que ya había tomado una decisión.
Cuando terminaron los alegatos, Urbina leyó su resolución: "Después de detener a diecisiete uighur durante casi siete años sin ninguna supervisión judicial, ha llegado el momento para que alumbre la luz de la constitucionalidad", dijo.
El juez rechazó seguidamente uno por uno los alegatos del ministerio de Justicia, observando que los esfuerzos del gobierno de reasentar a los detenidos han sido poco exitosos y que no había "una fecha previsible de que lo lograrían".
También observó que el gobierno no ha acusado a los detenidos de ningún delito y que no ha presentado evidencias que justifiquen sus detenciones. "La autoridad arbitraria y unilateral que el brazo político cree que tiene sobre los uighur no forma parte de nuestro sistema de gobierno", dijo.
Más tarde, Urbina fustigó al abogado del ministerio de Justicia, John O’Quinn por sugerir que las autoridades de inmigración podrían verse obligadas a detener a los uighur en territorio estadounidense debido a sus presuntos vínculos con la organización terrorista.
"No me hace ninguna gracia", dijo Urbina. Ordenó a los funcionarios de inmigración que no fastidiaran a los uighur hasta la segunda audiencia del 16 de octubre, en la que oirá declaraciones de los ministerios de Justicia y de Seguridad Interior sobre cómo controlarlos.

Julie Tate contribuyó a este reportaje.

17 de octubre de 2008
8 de octubre de 2008
©washington post
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limitan detención sin cargos


El gobierno británico se vio forzado hoy a dar marcha atrás en sus polémicos planes de ampliar de 28 a 42 días el plazo de detención sin cargos de sospechosos de terrorismo, tras la abrumadora derrota sufrida en la Cámara de los Lores.
Londres, Gran Bretaña.
En una declaración de urgencia ante la Cámara de los Comunes, la ministra británica del Interior, Jacqui Smith,
dijo que esa controvertida medida será retirada del proyecto de ley antiterrorista y objeto de una legislación aparte que sería llevada al Parlamento si fuese necesario.
El anuncio se produce después de que los lores rechazasen hoy por una abrumadora mayoría -309 frente a 118 apoyos- la polémica propuesta, aprobada en junio en los Comunes por sólo nueve votos y pese a que 36 diputados laboristas rebeldes se pronunciaron en contra.
Pese a todo, Smith, flanqueada por el primer ministro británico, Gordon Brown, dijo esta noche que aún cree que se necesitan medidas "más fuertes" para luchar contra el terrorismo y criticó a quienes se oponen a las propuestas del gobierno.
"Algunos pueden tomar la seguridad de los británicos a la ligera. Yo no", afirmó la ministra, que fue abucheada por los diputados ’tories’ al asegurar que no estaba preparada para dejar el Reino Unido "desprotegido" frente a la amenaza del terrorismo.
La iniciativa, que fue rechazada por lores de los principales partidos, también del Laborista, es fuertemente criticada tanto por la oposición conservadora y liberal demócrata como por las organizaciones de defensa de los derechos civiles.
Aunque el gobierno dijo la pasada semana que la propuesta volvería a los Comunes si era rechazada en los lores, en los últimos tiempos habían aumentado las especulaciones sobre la posibilidad de que abandonaría esos planes antes de sufrir una derrota en la cámara baja.
En junio pasado, el proyecto de ley antiterrorista sólo pudo ser aprobado en los Comunes gracias al apoyo de los diputados del Partido Democrático Unionista (DUP) norirlandés a cambio, según la prensa británica, de concesiones que podrían costarle muy caras.
Bajo el anterior primer ministro británico, Tony Blair, el gobierno laborista trató de ampliar el plazo de detención sin cargos hasta un máximo de noventa días, pero ante la oposición parlamentaria tuvo que aceptar como compromiso los 28 días actuales.
La humillante derrota de la medida en la cámara alta, la mayor sufrida por el gobierno desde 1999, cuando la mayoría de los lores hereditarios perdió su escaño, fue acogida con satisfacción por la oposición y los grupos de derechos civiles.
El ex portavoz conservador del Interior David Davis, que renunció a su escaño por su oposición a esta medida, aunque luego lo recuperó, destacó que los lores rechazaron la propuesta con críticas "incisivas" y procedentes de todo el arco parlamentario.
Por su parte, la directora del grupo de defensa de los derechos civiles Liberty, Shami Chakrabarti, dijo que la cámara alta "ha demostrado por qué el Reino Unido es la democracia más antigua del mundo".
Al abrir el debate previo a la votación, Lord Dear, un antiguo inspector jefe de Policía que ha presentado una enmienda para eliminar la propuesta del proyecto de ley antiterrorista, indicó que la ampliación del plazo de detención era "indigna" de un sistema democrático.
Cuarenta y dos de los más conocidos autores británicos, como Philip Pullman, Julian Barnes, Monica Ali y John Berger, han decidido publicar en una página de internet un relato, un ensayo o un poema criticando la determinación del Gobierno británico a ampliar a otros tantos días ese plazo de detención.
Además, Amnistía Internacional (AI) ha convocado una "marcha sonámbula" en Leeds (norte de Inglaterra) contra la medida, en coincidencia con el lanzamiento de la película ’Sonámbulos’, que critica la fuerte erosión de las libertades en el Reino Unido.

13 de octubre de 2008
©la vanguardia
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niña mapuche pide asilo en suiza


La historia de la niña mapuche que busca asilo político en Suiza. Tiene sólo 10 años y ya ha estado detenida, ha visto cómo golpean a sus padres, tiene a casi toda su familia en la cárcel y sueña que la policía la agrede o se la lleva.
[Beatriz Michell] Suiza/Chile. "Mi sueño siempre ha sido tener una muñeca y un coche", dijo Relmutray a su tía Flor Calfunao en Ginebra. Y eso fue justamente lo que compró con el dinero que le regalaron sus nuevos compañeros de curso, que no habían alcanzado a comprarle un regalo antes de que la niña llegara desde Chile a su nuevo colegio suizo. "Nosotros no teníamos para juguetes. Ahora está feliz con su coche y su muñeca. Ahí uno se da cuenta de que allá está empezando a ser niña", dice Juana Calfunao, su madre que se encuentra detenida en la cárcel de mujeres de Temuco.
El 9 de septiembre, Relmutray (10) viajó a Ginebra junto a su tía Flor, que vive allá desde 1993, para pedir asilo político. "Existen abundantes antecedentes que indican que Relmutray ha vivido o presenciado desde su nacimiento un persistente clima de tensión y hostigamiento de parte de la policía. Ha presenciado la brutalidad policial contra sus padres y su comunidad, además de haber sufrido personalmente tratos inhumanos, crueles y degradantes", dice la declaración firmada por Reynaldo Mariqueo, werken mapuche ante la ONU. El 16 de septiembre, Mariqueo presentó el caso de Relmutray Cadin Calfunao ante el organismo internacional, el 24 del mismo mes su tía Flor entregó los documentos a otros organismos de derechos humanos y esta semana solicitarán formalmente el asilo político ante el gobierno suizo.
El sueño era recurrente: carabineros de fuerzas especiales la agredían y se la llevaban detenida. Cuando estaba en Chile, a la "Relmu" como le dicen sus cercanos se le repetía esa pesadilla. Hoy, en Ginebra, sueña que a su mamá la entierran viva y con su hermano Jorge en silla de ruedas. El miedo persiste. "Ella se siente feliz, pero sigue asustada. Siente que va a estar durmiendo y va a llegar la policía a buscarla. Yo le dije que no, que por eso la mandé a ese lugar, que duerma tranquila, que es un lugar seguro, que la quiero mucho y que va a estar bien", relata Juana, que ha recibido llamados desde Suiza mientras está presa.
La lonco Juana Calfunao no es la única que se encuentra detenida en su familia. El werken Antonio Cadin el papá de Relmutray y su hermano Jorge (24) también están privados de libertad. Waikilaf (27), el hijo mayor, salió en libertad hace unos meses, pero puede volver a caer en cualquier momento. Hasta ese día, su hermana Carolina (20 años) se tuvo que hacer cargo de asistir a su familia presa y de cuidar a Relmutray, que en vez de ir a jugar a un parque se la pasaba de cárcel en cárcel.
"Hay una violencia y una persecución sistemática de parte del Estado hacia la familia Cadin Calfunao, porque siempre han manifestado sus conflictos territoriales y han tratado de defenderse. Si hay una vulneración sistemática de los derechos humanos de toda una familia, y ahora hay un niño que está en posible posición de vulneración de derechos, por lo que está pidiendo asilo, lo mínimo que tiene que hacer Chile es responder y prestar las medidas necesarias para que no se vulneren sus derechos", argumenta Hernando Silva, coordinador del área jurídica del Observatorio Ciudadano, ex Observatorio de los Pueblos Indígenas.
Al respecto, el subsecretario de Interior, Felipe Harboe, señala que "en Chile existe un Estado de derecho que es respetado, por lo que no se reúnen los requisitos para que alguien solicite refugio político". Y agrega que si Suiza pide los informes correspondientes a Chile, "nosotros haremos ver nuestra posición al respecto y entregaremos la información".

Puerta de Escape
"El problema de Relmutray es producto de las tierras y de que nosotros estamos detenidos", explica la lonco Juana Calfunao. Un camino construido en 1946 por el Ministerio de Obras Públicas es el que tiene a esta familia enfrentada con el Estado chileno desde ese entonces. El título de merced, que data de 1913, les da la propiedad de esos terrenos en la comuna de Cunco. Según la familia, las tierras donde se construyó el camino nunca fueron expropiadas ni pagadas, por lo que siguen siendo de ellos. Según el MOP, esas tierras fueron expropiadas de manera legal.
El año 1999 la familia pidió en tribunales la demarcación del terreno, pero según ellos nunca les dieron respuesta. Justo después de eso, la empresa Frontel instaló 20 postes de luz en el camino. El año 2005, con ramas, piedras y carteles, comenzaron a impedir el paso de vehículos por el camino y los tribunales comenzaron a enjuiciarlos por desórdenes públicos. Desde entonces, toda la familia ha estado entrando y saliendo de las dependencias de Gendarmería.
En el último juicio, cuando estaban condenando a Juana a 150 días de cárcel, la mujer junto a sus familiares agredieron y escupieron a los jueces, tratándolos de racistas. Por esto, tanto ella como su esposo Antonio están cumpliendo sentencias que superan los cuatro años de cárcel. El resto de la familia está firmando o tiene medidas restrictivas. Según la sentencia, los delitos fueron "destrucción de expedientes" y "atentado contra la autoridad". Juana asegura que esta fue una manera de reivindicar la injusticia que ellos viven en tribunales. "Fue la impotencia. Me acusan de hacer desorden público, pero esa tierra es mía y yo hago lo que quiero en mi tierra. Ellos nos han golpeado mucho y han perseguido a mis hijos, pero eso nadie lo investiga", asegura la lonco Calfunao. Los fiscales agredidos no quisieron hablar con LND sobre el caso.
El terreno donde está la casa de los Cadin Calfunao parece una trinchera. Justo al lado del camino de la discordia, una reja demarca el espacio familiar. Unos pasos más allá, una zanja que cruza casi todo el ancho de la entrada da la bienvenida. A la izquierda, un cartel rojo: "No más racismo judicial con la nación mapuche". Después de tres atentados incendiarios contra su casa, decidieron no seguir gastando tantos recursos y construyeron una vivienda improvisada y sencilla, protegida por un terreno más alto que dificulta la llegada de balas, y está equipada con una puerta trasera diseñada especialmente para escapar en caso de allanamientos y procedimientos policiales. Cada vez que entraban a allanar a la casa, Relmutray sabía que tenía que esconderse, mientras sus padres y hermanos eran apuntados con armas. Ya estaba acostumbrada.
"Los niños mapuches son los más afectados por los allanamientos, junto a los ancianos. Cuando se realizan los allanamientos, con orden de los fiscales, lo hacen de una manera sumamente violenta y ellos sufren esta violencia: la utilización de gases lacrimógenos, daño sicológico porque les dicen indios de mierda o ven cómo le pegan a sus familiares. Incluso hay casos en que se actúa violentamente sobre niños", asegura Hernando Silva.
Así también lo demuestra un informe sobre la comunidad José Guiñón, de Ercilla, que realizó el servicio de siquiatría del Hospital de Angol en 2004. "Son niños que han presentado y presentan algún tipo de sintomatología somática asociada al conflicto territorial y judicial; ya sea dolores de cabeza, ojos enrojecidos, sueño poco reparador, cansancio, pesadillas, dolores de estómago, todo esto es ocasional. Presentan, además, baja en rendimiento escolar, problemas de concentración, dificultades en las relaciones interpersonales y resentimiento, entre otros. Todo esto sumado a la vulneración y al contexto en el cual se encuentran inmersos aumenta los factores de riesgo en su desarrollo y les hace vivir una vida diferente de la llevada por otros niños de su edad y condición social", dice el informe.
El documento detalla algunos casos. Por ejemplo, el de Jorge, un niño de 15 años que ha sido golpeado innumerables veces por Carabineros y que incluso en una oportunidad fue detenido; o el de Freddy, de 13 años, que fue amenazado con un arma de fuego. Matías y Jeisi, aunque no han sido agredidos físicamente, han visto cómo golpean y amenazan a su madre, sin poder defenderla.
Por esta razón, organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación al respecto. Uno de ellos es el Comité de Derechos del Niño de la ONU, que en 2007 recomendó al Estado de Chile "asegurar que los niños y jóvenes indígenas no sean víctimas de brutalidad policial".

La intendenta de la Araucanía no se refirió a las evidencias sobre la vulneración de derechos de los niños mapuches, pero el subsecretario Harboe, frente a los datos, afirmó que el gobierno "condena la violencia en todas sus formas", y explicó que "en democracia, los allanamientos se realizan por orden judicial y no del gobierno". Además expresó la necesidad de destinar los recursos necesarios para que esos niños superen traumas.

La Risa
La comunidad Juan Paillalef ha llegado a convertirse en emblemática del conflicto mapuche. El 4 de enero de 2006, las mujeres y niños de la familia Calfunao tomaban mate en la comunidad Juan Paillalef, después de almorzar. Repentinamente, un grupo de fuerzas especiales botó la puerta y entraron a allanar la casa, buscando a Jorge y Waikilaf. Después de dar vuelta ollas con comida, golpear a los presentes e incautar la joyería mapuche, según la familia, los detuvieron a todos, sin excepción. Entre ellos, a un niño de 2 años y a Relmutray, que entonces tenía 7. La soltaron horas después.
Un año antes de ese episodio, el 22 de julio, Relmutray había sobrevivido a un ataque incendiario contra su casa. Mientras los papás acudían a un grito de auxilio a escasos metros de ahí, alguien le prendió fuego al hogar. Un comunero que pasaba por el lugar la rescató de las llamas. Era la tercera vez, en tres años, que quemaban la casa de esta familia.
Juana no se quiebra. Mientras revive estos episodios en una sala de visitas de la cárcel de mujeres de Temuco sus palabras salen duras y fuertes. Sus ojos intentan no demostrar sentimiento alguno. Las palabras lucha, tierras, injusticia, salen con rabia de su boca hasta que habla de su hija menor. "¿Por qué tenemos que mandar a nuestros hijos lejos de mi tierra, de mi pueblo? Nosotros no somos terroristas, este Estado es el terrorista que hace que mi hija tenga que emigrar para poder encontrar alegría. Yo no quiero que su risa se convierta en llanto, como tantos niños que están llorando porque sus padres son baleados y violentados frente a sus ojos. Yo no quiero que Relmutray se críe con el dolor que yo me crié", dice Juana con sus ojos mojados. Ella, durante los primeros años de la dictadura, vio junto a su hermana cómo carabineros violaba a su mamá durante un operativo policial en su casa. "La extraño y ha sido duro acostumbrarme a estar sin ella los sábados, pero no podía dormir pensando que le podían hacer algo", agrega Juana.
Relmutray quiere volver a Chile, pero está feliz con su nuevo colegio. Aunque no entiende el idioma, ya aprendió a decir los colores y los días de la semana, y tiene un compañero argentino que le ayuda a comunicarse. Organizaciones de derechos humanos le regalan entradas a conciertos y al teatro para que se entretenga y tiene sicólogos que la observan para poder hacer un diagnóstico. "Tía, ¿le puedo sacar pasaporte a mi perro para que se venga a Ginebra?", le preguntó a Flor hace unos días, con la intención de llevar a su mascota a un lugar donde ella está comenzando a sentirse segura y a vivir como niña.

Derechos Vulnerados
El caso de Relmutray y el de los niños que aparecen en el informe del Servicio de Salud Araucanía Norte no son aislados. Varias denuncias se han hecho sobre esta situación, no sólo en informes de derechos humanos, sino también desde las comunidades:

- 2002, Alex Lemún. Tenía 17 años cuando un carabinero le disparó en la cabeza mientras una comunidad ocupaba las tierras del fundo forestal Santa Elisa. Murió cinco días después.

- 2006. Un niño de 14 años fue herido en la espalda con un balín de goma, en medio de un operativo policial para detener a su padre Francisco Javier Painevileo, en su comunidad.

- 2006. Antu Lemún, de ocho años, perdió una parte de su dedo por un disparo de carabineros mientras se trasladaba en un bus donde viajaban comuneros de Temucuicui. Su mamá también resultó herida.

- 2007. Luis David Curipan, de 12 años, fue interrogado en su colegio por Carabineros. "Nos subían al furgón y nos hacían preguntas si acaso teníamos armas en la comunidad, sobre que hacían los papás. Daba miedo, porque nos dijeron que si no hablábamos nos iban a llevar presos", relató. La denuncia fue repetida por varios niños más. A partir de este caso, el Observatorio Ciudadano interpuso un recurso de protección contra Carabineros de Chile, la Prefectura de Malleco, y quienes resulten responsables.

- 2007. Patricio Queipul, de 10 años, recibió múltiples perdigones en sus piernas, tórax y manos durante un allanamiento en Temucuicui.

- 2008. Luis Marileo, de 16 años, fue golpeado en el rostro con una escopeta antimotines en un procedimiento policial.

7 de octubre de 2008
©la nación
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