derechos humanos

rumsfeld ordenó torturar

mqh - 30 de diciembre de 2008 - 15:09 - derechos humanos

Informe sobre la aplicación de tormentos culpa a altos funcionarios del gobierno de Bush.

[Joby Warrick y Karen DeYoung] Washington, Estados Unidos. Una comisión de senadores demócratas y republicanos concluyó que el ex ministro de Defensa, Donald H. Rumsfeld, y otros altos funcionarios del gobierno de Bush son responsables directos del duro tratamiento acordado a los detenidos en Bahía Guantánamo, y que sus decisiones condujeron a abusos más graves en Iraq y otros países.
En la crítica más comprehensiva de parte del Congreso contra las prácticas de interrogatorio militares, el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado emitió ayer un informe que acusa a Rumsfeld y sus delegados de ser los autores y principales promotores de la aplicación de severas técnicas de interrogatorio que deshonraron al país y minaron la seguridad de Estados Unidos. El informe, dado a conocer por los senadores Carl M. Levin (demócrata de Michigan) y John McCain (republicano de Arizona) afirma que funcionarios del Pentágono trataron de crear una falsa impresión de que esas decisiones no estaban relacionadas con actos de maltrato contra detenidos cometidos por miembros de las fuerzas armadas.
"Los maltratos a detenidos bajo custodia estadounidense simplemente no pueden ser atribuidos a las acciones de ‘algunas manzanas podridas’ que actuaban por cuenta propia", afirma el informe. "El hecho es que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos solicitaron información sobre cómo utilizar técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear la apariencia de que lo que hacían era legal y autorizaron su uso contra los detenidos".
El informe es la refutación más directa hasta la fecha de los motivos del gobierno para el uso de técnicas de interrogación abusivas: que infligir humillación y dolor a los detenidos era legal y efectivo y que ayudaba a proteger al país. La comisión de veinticinco miembros, sin oposición de ninguno de los doce senadores republicanos, declaró que eso era contrario a la verdad.
Las políticas del gobierno y las resultantes controversias, concluyó la comisión, "dañaron nuestra capacidad de recoger datos de inteligencia precisos que pudieron haber salvado vidas, fortalecido al país contra nuestros enemigos, y puesto en entredicho nuestra autoridad moral".
La comisión se basó en testimonios parlamentarios y documentos oficiales, muchos de los cuales fueron previamente liberados durante una pesquisa de dos años. Aunque muchas de las acciones en discusión eran conocidas, el informe representa el intento más significativo del Congreso de evaluar una de las polémicas definitorias de la presidencia de Bush.
"Esas políticas eran erróneas, y no debemos repetirlas nunca", dijo McCain en una declaración.
Rumsfeld, que fue ministro de Defensa entre 2001 y 2006, rechazó las conclusiones del informe y dijo que fue el comité, particularmente el senador Levin, el que había mancillado la imagen del país.
"Es lamentable que el senador Levin haya decidido utilizar el tiempo del comité y los dólares de los contribuyentes para hacer acusaciones infundadas contra los que han servido a nuestro país", dijo Keith Urbahn, asesor de Rumsfeld. Acusó a Levin de defender una "interpretación falsa" motivada políticamente que es "indiferente a los hechos".
Un portavoz del ministerio de Defensa observó que el Pentágono cooperó extensamente con la investigación del Senado y que en los últimos años había tomado numerosas decisiones para cerciorarse de que los detenidos fueran tratados humanamente. Esas medidas incluyeron una revisión del manual de campo del ejército, que define las reglas de los interrogatorios.
"Tomamos en serio y examinamos meticulosamente todas las denuncias creíbles de abusos cometidos por miembros de las fuerzas armadas", dijo el portavoz, Bryan Whitman. "Cuando es el caso, los transgresores son castigados".
La Casa Blanca declinó hacer comentarios.
La investigación de la comisión se concentró en el uso por parte del ministerio de Defensa de prácticas de interrogatorio controvertidas, como el hecho de desnudar a los detenidos, obligarlos a adoptar posiciones estresantes, privarlos del sueño, someterlos a temperaturas extremas y amenazarlos con perros. Las prácticas, algunas de las cuales ya habían sido adoptadas por la CIA en sus cárceles secretas, fueron adaptadas para los interrogatorios en el centro de detención de Bahía Guantánamo, Cuba, y más tarde trasladadas a campos de detención estadounidenses en Afganistán e Iraq, incluyendo la infame cárcel de Abu Ghraib.
El informe completo fue aprobado unánimemente por el comité a fines del mes pasado y enviado al Congreso sin opiniones disidentes, dijo Levin en una entrevista. Aunque gran parte de la información ya era pública, el informe incluye referencias a memoranda todavía clasificados, entre ellos un informe del 1 de agosto de 2002 dirigido a la CIA por el entonces fiscal general auxiliar Jay S. Bybee, que encabezaba la Oficina de Asesoría Legal del ministerio de Justicia, evaluando la legalidad de técnicas de interrogatorio específicas, tales como el submarino o asfixia por inmersión.
Levin reconoció que la mayoría de los altos funcionarios mencionados en el informe ya han dejado el gobierno o lo harán pronto. "Pero espero que el nuevo gobierno, así como el ministerio de Defensa... adopte decisiones, cuando sea necesario, que permitan que la gente pueda ser llamada a rendir cuentas", dijo.
Incluso si no se inicia ninguna acción legal, dijo Levin, "es crucial que asumamos este tipo de retos, porque lo que está en juego es la reputación de nuestro país".
Funcionarios de la Casa Blanca han sostenido que las medidas fueron aprobadas en respuesta a demandas de oficiales en terreno que se quejaron de que los métodos de interrogatorio tradicionales no daban resultado con los prisioneros más empedernidos.
Pero los investigadores del Senado dijeron que las semillas de esa política se encuentran en un memorándum del 7 de febrero de 2002 firmado por el presidente Bush, declarando que las Convenciones de Ginebra, que definen las normas del tratamiento humano de los prisioneros, no se aplicaba a los combatientes capturados de al_Qaeda y los talibanes. Esa primavera, altos funcionarios del gobierno, entre ellos la entonces asesora de seguridad nacional Condoleezza Rice, participaron en reuniones donde se discutió el uso de técnicas coercitivas, dijo la comisión, basándose en una declaración de Rice de ese año.
En julio de 2002, altos funcionarios del personal de Rumsfeld empezaron a reunir información sobre las técnicas utilizadas en academias de supervivencia militares para simular condiciones en que pueden encontrarse los miembros de la fuerza aérea estadounidense si son capturados por enemigos que no respetan las Convenciones de Ginebra. Esas técnicas -sacadas de un programa de adiestramiento conocido como SERE: Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape- incluían el submarino, o la asfixia por inmersión simulada, y se basaban vagamente en métodos utilizados por los comunistas chinos para obtener confesiones de propaganda de soldados estadounidenses capturados durante la Guerra de Corea.
El programa SERE se convirtió en la plantilla de los métodos de interrogatorio que fueron finalmente aprobados por Rumsfeld mismo. En el terreno, los interrogadores de las fuerzas armadas utilizaron las técnicas con escasa supervisión y con resultados a menudo abusivos, concluyó la comisión.
"Es particularmente inquietante que altos funcionarios aprobaran el uso de técnicas de interrogatorio que fueron diseñadas originalmente para simular tácticas abusivas usadas por nuestros enemigos contra nuestros soldados", dice el informe, "y que se basaron en parte en tácticas utilizadas por los comunistas chinos para obtener confesiones falsas de parte de personal militar estadounidense".
Organizaciones de derechos humanos y de derecho constitucional han llamado a emprender más acciones, desde la formación de una comisión independiente hasta llevar a juicio a los implicados en la autorización de esos interrogatorios. Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, que ha defendido a prisioneros en Guantánamo, dijo que el informe del comité es valioso porque "es oficial, y está aprobado por los dos partidos".
"Es franco y explícito, y llega derechamente a Rumsfeld y a Rice", dijo Ratner. "Explora nuevos terrenos al decir que las técnicas SERE básicamente son inútiles... que en realidad fueron diseñadas para obtener confesiones falsas".

30 de diciembre de 2008
12 de diciembre de 2008
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horror en un campo de prisioneros

mqh - 25 de diciembre de 2008 - 03:10 - derechos humanos

Un prisionero escapado denuncia horrores en un campo de concentración norcoreano.

[Blaine Harden] Seúl, Corea del Sur. En el Campo No. 14, la cárcel política de Corea del Norte donde nació Shin Dong-hyuk y donde dice que presenció la muerte en la horca de su madre, los reclusos nunca vieron una foto de Kim Jong Il.
"No tenía idea de quién era", dijo Shin, refiriéndose al presidente cuya fotografía se exhibe casi en todas partes en Corea del Norte.
Los prisioneros no tenían para qué conocer el rostro de su ‘Amado Presidente’, como se llama a Kim. Detrás de vallas electrificadas, criaban cerdos, curtían cueros, recogían leña y trabajaban en minas hasta que morían o eran ejecutados.
La excepción es Shin, que tiene veintiséis años y vive en una pequeña habitación que alquila aquí en Seúl. Es un hombre menudo, tímido, de mirada rápida y ojos cansinos, con cara de bebé y los brazos arqueados y musculosos debido a que lo obligaron a trabajar de niño. Tiene cicatrices de quemaduras en su espalda y el brazo izquierdo -las huellas de cuando fue torturado con fuego cuando tenía catorce-, porque no pudo explicar por qué su madre, que sería colgada después, había tratado de escapar. Le cortaron el dedo del corazón de su mano derecha en la primera articulación, como castigo por haber dejado caer accidentalmente una máquina de coser en la fábrica de ropa de su campo.
De acuerdo a las últimas estadísticas oficiales, en Corea del Sur viven 14.431 desertores norcoreanos. Shin es sólo uno de los que se sabe que escaparon hacia el sur desde un campo de prisioneros en el norte.
La historia de Shin no pudo ser verificada independientemente, pero ha sido estudiada y aceptada por importantes activistas de derechos humanos y miembros de organizaciones de desertores en Seúl. Se enteraron de la historia de Shin cuando este llegó a Corea del Sur en 2005, donde fue hospitalizado con trastorno de estrés post-traumático.
"Al principio, no quería creerle porque nunca escapó nadie vivo", dijo Kim Tae-jin, presidente de la Red Democrática contra el Gulag de Corea del Norte y desertor de Corea del Norte que pasó toda una década en otro campo de concentración allá. El Campo No. 15, donde estaba recluido Kim -a diferencia del campo No. 14 de Shin-, a veces liberaba a prisioneros políticos, como Kim, cuando se consideraba que los reclusos estaban "completamente revolucionados".
"Presencié la ejecución de numerosos prisioneros que habían intentado escapar", dijo Kim. "Nadie lo logró nunca, excepto Shin".
El gobierno de Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos calculan que en los campos de concentración de Corea del Norte se encuentran retenidas entre ciento cincuenta a doscientos mil personas. Muchos de los campos pueden ser vistos en fotografías satelitales, pero Corea del Norte niega su existencia.
En las últimas semanas, Shin ha estado mirando viejas películas sobre la liberación de los aliados de los campos de concentración nazis, que incluían tomas de excavadoras desenterrando cuerpos que el derrotado Tercer Reich de Adolfo Hitler había tratado de ocultar.
"Kim Jong Il tendrá que pensar en esto. Es sólo una cuestión de tiempo", dijo Shin en una entrevista. "Espero que Estados Unidos, mediante presiones y persuasión, pueda convencer a Kim no matar a esa gente en los campos".
Shin es el autor de un libro excepcionalmente tenebroso: ‘Escape to the Outside World’.
Está ilustrado con sencillos bosquejos de la ejecución de su madre, la amputación de su dedo, su tortura por fuego. Hay fotografías en blanco y negro de sus cicatrices, así como dibujos y una foto satelital del Campo No. 14. Está ubicado en Kaechon, a unos 55 kilómetros al norte de Pyongyan, la capital de Corea del Norte.
El libro nació del diario de vida que escribió en el hospital de Seúl mientras se recuperaba de sus pesadillas y los ataques de pánico que son parte del proceso de recuperación.
Comienza con la historia de su nacimiento en el Campo No. 14 de padres cuya unión fue arreglada por los gendarmes del campo. Como recompensa por su excelente trabajo como mecánico, a su padre le dieron la mujer que sería la madre de Shin. Shin vivió con ella hasta sus doce años, cuando fue retirado y puesto a trabajar con otros niños.
En el libro, Shin describe el salvajismo "de todos los días, rutinario" del campo: la violación de su primo por los gendarmes y la muerte a golpes de una niña a la que le hallaron cinco granos de trigo no autorizado en los bolsillos. Una vez, cuenta, encontró tres granos de maíz en una pila de bosta de vaca. Los recogió, los limpió con la manga de su camisa y los comió. "Por miserable que parezca", escribe, "fue un día con suerte".
Ser el único prisionero que ha logrado escapar de los horrores de los campos de prisioneros de Corea del Norte hacia el sur capitalista no ha transformado a Shin en ninguna celebridad ni le ha brindado una vida. De su libro ‘Escape to the Outside World’ sólo se han vendido cerca de quinientos ejemplares de la edición (única hasta el momento) coreana de tres mil copias. No se ha publicado ninguna edición inglesa, dijo.
No ha podido encontrar empleo y no sabe si podrá pagar el alquiler de trescientos dólares al mes. Su estipendio como desertor, de ochocientos dólares al mes, que recibía del gobierno surcoreano desde su llegaba a Seúl hace dos años y medio, terminó en agosto.

Hacer dinero. Ahorrar dinero. Salir. Amar a otro ser humano. Estas son cosas extrañas para Shin, que ha tratado de entender y que no ha podido.
"Nunca oí la palabra ‘amor’ en el campo", dijo. "Quiero tener una novia, pero no sé cómo conseguir una. Hace dos meses me quedé sin dinero. De repente me di cuenta de que tengo que salir a ganarme la vida".
Shin también lucha por entender por qué coreanos ricos en el sur parecen tan poco interesados y hasta indiferentes ante el sufrimiento de decenas de miles de compatriotas coreanos que viven los tormentos de las prisiones del norte.
"No quiero criticar a este país, pero diría que del total de la población de Corea del Sur, sólo el 0,01 por ciento entiende realmente lo que está pasando en Corea del Norte", dijo Shin. "Hace algunas décadas, los surcoreanos tenían sus propios problemas de derechos humanos. Pero el rápido crecimiento y la prosperidad lo han hecho olvidar todo eso".
Shin puede exagerar la falta de interés en el sur por los derechos humanos en el norte, pero tiene razón.
Cuando el presidente surcoreano, Lee Myung-bak fue elegido el año pasado, sólo el tres por ciento de los votantes mencionaron a Corea del Norte como la primera preocupación. Estaban abrumadoramente interesados en el crecimiento económico y en mejores salarios.
Los surcoreanos quieren reunificarse con el norte, pero no de inmediato, según constatan los sondeos. Han visto los costes y el desorden de la unificación alemana. Temen un colapso político en el norte empobrecido y tienen miedo de que abordarlo pueda bajar sus condiciones de vida, de acuerdo a funcionarios de gobierno y analistas independientes.
Durante la mayor parte de la década pasada, la política de la sonrisa oficial de Corea del Sur con respecto al norte no ha dicho nada sobre los derechos humanos. Seúl le dio al gobierno de Kim generosas donaciones anuales de fertilizantes y he hecho importantes inversiones económicas -con apenas condiciones.
El gobierno de Lee, que asumió el poder en febrero, ha adoptado una posición más dura con respecto a Corea del Norte, pero una parte substancial de la opinión pública se nuestra reluctante a poner condiciones a la ayuda en temas como los campos de prisioneros, la esclavitud o la tortura.
Shin no quiere venganza. Se conforma con crear conciencia.
"Kim Jong Il es un gángster", dijo. "Si lo matamos, seremos simplemente como él".
En realidad, Shin quiere que los surcoreanos y el resto del mundo presten más atención a lo que le están haciendo a la gente que todavía viven en esos campos.
Con ese fin, cuenta su terrible historia a cualquiera que, en Corea del Sur, quiera oírlo, a organizaciones de derechos humanos en Japón y, a principios de año, en una gira por universidades en Estados Unidos.
Un inolvidable -casi insondable- capítulo de esa historia gira sobre la ejecución de su madre, que fue colgada en 1996, el mismo día que mataron a balazos al único hermano de Shin. Los dos asesinatos, escribe Shin en su libro, ocurrieron en el Campo No. 14, en una especie de plaza pública, un lugar donde había presenciado otras numerosas ejecuciones.
Antes de ser llevado a la plaza y obligado a mirarlos morir, dijo Shin, había pasado siete meses en una celda subterránea, donde los gendarmes lo torturaban para obligarlo a hablar sobre una supuesta "conspiración familiar" para escapar del campo.
Como su madre no le había dicho nada sobre un plan semejante, dijo Shin, le asombró muchísimo oír hablar de él. Sus torturadores también le sorprendieron contándole, por primera vez, por qué él y su familia se encontraban en el campo. Dos de los hermanos de su padre habían colaborado con Corea del Sur durante la Guerra de Corea, para luego desertar hacia el Sur, le dijeron los gendarmes. Su padre era culpable porque era hermano de traidores. Shin era culpable porque era el hijo de su padre.
En cuanto al plan de fuga de su madre y hermano, Shin no sabía nada. Sin embargo, los gendarmes querían una confesión.
Como cuenta en el libro, encendieron una fogata de carbón. A Shin le despojaron de sus ropas. Lo amarraron con cuerdas de brazos y piernas, que aseguraron al techo de la celda. Le dejaron colgando sobre el fuego. Cuando se retorcía para alejarse de las llamas, un gendarme le perforaba los intestinos con un gancho de acero para mantenerlo quieto. Se desmayó.
Shin se recuperó en una celda con la ayuda de un achacoso viejo que le daba la mitad de su ración de comida. Meses más tarde, cuando Shin salió de la celda subterránea y emergió en la plaza pública, su padre lo estaba esperando.
"Cuando vi ese lugar, pensé que mi padre y yo seríamos ejecutados", dijo Shin en la entrevista.
En lugar de eso, para su sorpresa, se convirtió en un espectador. Trajeron a su madre y hermano a la plaza.
Cuando vio que ahorcaban a su madre, dijo Shin, sintió alivio de que fuera ella, y no él.
"Pensé que ella merecía morir", dijo. "Tenía rabia por las torturas que tuve que soportar. Todavía estoy enojado con ella".
Shin escapó nueve años después. Estaba trabajando en la fábrica de ropa del campo con un viejo prisionero que había visto el mundo exterior y quería volver a verlo. Cuando el 2 de enero de 2005 recogían leña en un rincón montañoso del campo, los dos corrieron hacia la valla de alambre de púa electrificada. Su amigo se enganchó en ella y murió; Shin cruzó la valla pisando sobre su cuerpo.
"No pensé demasiado en mi pobre amigo y me sentía abrumado de alegría", escribe sobre sus primeros momentos al otro lado de la valla.
Entró a una casa cercana, donde robó algunas ropas y arroz. Vendió parte del arroz y logró llegar al norte, a la frontera con China. Allá, sobornó a los guardias con cigarrillos y corrió al otro lado del congelado río Tumen. Shin dice que todavía se sorprende de su escape.
"Creo que me ayudó Dios", dijo.
Aquí en Corea del Sur, a veces Shin va a la iglesia los domingos. "Voy a la iglesia, pero en realidad no entiendo las palabras ni los conceptos", dijo.
Para él, la idea de perdonar es particularmente difícil de entender. En el Campo No. 14, dijo, pedir perdón era "suplicar que no te castigaran".
Shin no logró encontrar a sus tíos en Corea del Sur. Los buscó durante un tiempo, y luego lo olvidó. Ya no tiene pesadillas y duerme profundamente. Sin embargo, lo acecha un nuevo tipo de miseria.
"Hace poco me di cuenta de que estoy solo", dijo.
En el campo de prisioneros, él y todos los demás ignoraban su cumpleaños. Pero ahora cuando se acerca la fecha de su cumpleaños, le duele.
"Me doy cuenta de que en realidad lo que necesito es una familia", dijo.
El cumpleaños de Shin fue el 19 de noviembre, y cuatro amigos le organizaron una fiesta sorpresa en un restaurante T.G.I. en Seúl. Fue su primera fiesta de cumpleaños.
"Me emocionó mucho", dijo.

Stella Kim contribuyó a este reportaje.

24 de diciembre de 2008
11 de diciembre de 2008
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perpetua para genocida ruandés

mqh - 19 de diciembre de 2008 - 15:57 - derechos humanos

Cadena perpetua para el cerebro del genocidio de 1994 en Ruanda. El tribunal de la ONU condena al ex coronel Bagosora y a otros dos exoficiales hutus. El condenado niega que la matanza de 800.000 tutsis fuera un exterminio étnico.

Ruanda. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) condenó ayer a cadena perpetua al coronel hutu Théoneste Bagosora, considerado como el cerebro del genocidio ruandés en 1994, así como a otros dos altos oficiales del Ejército local, por los cargos de "genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad". Los jueces consideraron probada la culpabilidad de Bagosora -- que en aquel entonces ejercía el cargo de jefe de Gabinete en el Ministerio de Defensa--, en el asesinato, en las primeras horas del genocidio, de la primera ministra Agathe Uwilingiyama, de 10 cascos azules belgas encargados de protegerla y de varios tutsis en controles callejeros en Kigali. Un cuarto acusado, el general de brigada Gratien Kabiligi, fue declarado inocente y puesto en libertad.
Al igual que el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY), el TPIR es una institución judicial establecida por la ONU para juzgar la matanza colectiva de 800.000 ruandeses tutsis y hutus moderados en 1994, en los días siguientes al asesinato del presidente Juvenal Habyarimana.
Según el acta de acusación del TPIR, Théoneste Bagosora cerró la puerta a las negociaciones entre el poder ruandés, dominado entonces por los hutus, y los rebeldes tutsis del Frente Patriótico Ruandés (FPR) organizados bajo la égida de Tanzania en 1993. Al anunciar el regreso a su país, Bagosora dijo que iba a "preparar el apocalipsis".
El condenado que rechaza tajantemente haber pronunciado tales palabras y se niega a calificar las matanzas de genocidio, anunció, a través de sus abogados, su intención de presentar una apelación. El condenado huyó de Ruanda en julio de 1994 ante el avance imparable de la guerrilla del FPR (actualmente en el poder) y fue detenido en Camerún en marzo de 1996.
Los otros dos condenados son el excomandante de operaciones en el sector militar de Ginsenyi, el teniente coronel Anatole Nsengiyumva, y el jefe de batallón en la zona del aeropuerto de Kigali, el mayor Aloys Ntabakuze. No obstante, el tribunal declaró inocentes a los tres condenados de la acusación de conjura y complot para cometer un genocidio, acusación que equivale a la elaboración previa de planes para desencadenar una exterminación étnica.

Mujer de Ideas Moderadas
La primera ministra Uwilingiyama era una mujer hutu de ideas moderadas y opuesta a la persecución de los tutsis, y fue asesinada, junto a los soldados de la ONU que velaban por su seguridad, por miembros del Ejército ruandés el 7 de abril de 1994. El asesinato de los cascos azules constituyó una provocación para forzar la retirada de la Misión de Naciones Unidas en Ruanda y dejar el campo libre a los extremistas hutus para que pusieran en marcha su máquina de matar. Seis días después, Bélgica anunció la salida de sus tropas del país africano.
El gobierno ruandés, dominado por los tutsis, no ocultó su satisfacción ante la decisión judicial. "Se ha hecho justicia", declaró Aloys Mutabingwa, representante del Ejecutivo ante el TPIR.
"Lo esencial es que su papel en el genocidio ha sido establecido; la justicia ha concluido que Bagosora tenía autoridad sobre los genocidas. Es lo más importante; a partir del momento en que hay genocidio, la cuestión de la preparación ya no se plantea; no puede haber genocidio sin planificación", concluyó Mutabingwa.

19 de diciembre de 2008
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ordenan libertad de prisioneros

mqh - 07 de diciembre de 2008 - 06:45 - derechos humanos

Juez ordena liberación de cinco prisioneros de Guantánamo. La acusación del gobierno contra los cinco argelinos acusados de conspirar con al_Qaeda, es débil, dice un juez federal en Washington.

[David G. Savage] Washington, Estados Unidos. El jueves un juez federal falló aquí por primera vez que el gobierno de Bush no tenía argumentos para retener a varios de sus prisioneros durante largo tiempo en Bahía Guantánamo, Cuba, y ordenó la libertad de cinco argelinos.
La pregunta en el caso era si los hombres, que vivían en Bosnia y no habían estado nunca en una guerra ni cerca de un campo de batalla, habían conspirado con al_Qaeda y estaban planeando pelear en Afganistán. En el fallo del jueves, Richard Leon, juez de distrito nombrado por Bush, dijo que la acusación del gobierno era débil porque sólo descansaba en un testigo anónimo que relacionó a los hombres con al_Qaeda. Dijo que merecían ser liberados.
"Este es un gran día para el sistema judicial estadounidense", dijo Robert C. Kirsch, miembro de un equipo de abogados de Boston que pasaron gran parte de los últimos siete años tratando de obtener la libertad de los argelinos. "Fueron aprehendidos por error. Esto es notable porque el juez Leon dijo al gobierno esencialmente que no tenía nada y nunca pudieron probar nada contra esos hombres".
Leon había decidido que los prisioneros de Guantánamo no tenían derecho a pedir su libertad en tribunales. En junio la Corte Suprema revocó esa decisión en el caso de Lakhdar Boumediene vs. Bush y resolvió que los prisioneros de Guantánamo tenían derecho al habeas corpus -el derecho a ser oídos por un juez. Sin embargo, pese a años de litigio, ningún prisionero de Guantánamo ha sido liberado como resultado de una orden judicial.
En el otoño de 2001, los argelinos cuyos casos fueron resueltos el jueves eran sospechosos de haber conspirado para atentar contra la embajada norteamericana en Sarajevo, la capital bosnia. Pero un tribunal en Bosnia rechazó la acusación y los liberó. Luego, las autoridades estadounidenses los detuvieron y embarcaron a la base naval de Estados Unidos en Bahía Guantánamo.
En enero de 2002, el presidente Bush se refirió al caso en su discurso sobre el Estado de la Nación. "Nuestros soldados, en colaboración con el gobierno bosnio, aprehendieron a los terroristas que querían atentar contra nuestra embajada", dijo.
Pero cuando el caso fue visto por el juez, los abogados del gobierno dejaron de lado esa imputación. En lugar de eso, afirmaron que los argelinos planeaban viajar a Afganistán a tomar las armas contra las fuerzas norteamericanas. Leon concluyó que había muy pocas pruebas, o ninguna, de que los hombres hubieran tenido ese plan.
Sin embargo, decidió el jueves que uno de los seis argelinos, Bensayah Belkacem, estaba vinculado a al_Qaeda y podría continuar detenido indefinidamente como ‘enemigo combatiente’.
No es seguro que el fallo del jueves obligue al gobierno a liberar a los cinco hombres. El ministerio de Justicia puede recurrir en la Corte de Apelaciones en Washington, y podría fácilmente retrasar una decisión. La corte de apelaciones generalmente ha endorsado las políticas del gobierno de Bush.
Pero el presidente electo Barack Obama dijo que tiene la intención de cerrar la cárcel de Guantánamo. Libertarios civiles esperan que sean liberados la mayoría de los 250 prisioneros.
Peter Carr, portavoz del ministerio de Justicia, dijo que estaba desilusionado con la resolución del jueves, pero no aclaró si apelarían. Dijo que el caso de los cinco argelinos era un caso "de circunstancias extraordinarias donde enemigos en tiempos de guerra han sido capturados en el extranjero" y fueron retenidos sobre la base de información clasificada. Su declaración sugiere que el juez no reconoció en todo su valor la información clasificada. "Revisaremos pronto esa decisión" antes de decidir si apelar o no, dijo.
Los libertarios civiles dijo que el fallo del jueves confirmaba lo que habían asumido hace tiempo los críticos del gobierno de Bush: que los casos contra los prisioneros de Guantánamo no podrían sostenerse si eran examinados por un juez independiente.
"El gobierno de Bush trató de evitar los tribunales durante siete años porque no tenía pruebas y en lugar de eso quería crear una prisión sin ley", dijo Vincent Warren, director ejecutivo del Centro pro Derechos Constitucionales. "Sin embargo, debemos observar que aquí la justicia llega siete años demasiado tarde".
En su resolución de junio, la Corte Suprema dijo a los jueces en Washington que revisaran pronto los casos de decenas de prisioneros de Guantánamo que habían presentado habeas corpus. Leon y varios otros jueces habían empezado la tarea, pero marchaba muy lentamente. El alto tribunal dijo que el gobierno podía detener a un ‘enemigo combatiente’, pero no definió exactamente quiénes podrían ser clasificados de ese modo.
El mes pasado, otro juez federal resolvió que diecisiete musulmanes chinos detenidos en Guantánamo fueran liberados, pero en ese caso el gobierno había concedido que los prisioneros no eran enemigos combatientes.
Sin embargo, su liberación ha tropezado con la pregunta sobre dónde pueden ir. Los chinos musulmanes no pueden ser retornados a China, porque allá serían procesados y el gobierno de Bush objetó su liberación en Estados Unidos. Su caso volverá a la corte de apelaciones la próxima semana.

7 de diciembre de 2008
21 de noviembre de 2008
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sadismo convertido en ley 5

mqh - 26 de noviembre de 2008 - 02:11 - derechos humanos

Altos funcionarios del gobierno idearon e implementaron el plan de torturas, incluyendo al propio presidente Bush. Quinta y última entrega.

[Anthony Lewis] Swift pagó un alto precio en la Armada por su exitoso trabajo a favor de Hamdan. Fue dejado a un lado en los ascensos y renunció. Trabajó como profesor invitado en la Facultad de Derecho Emory -y, como abogado civil, representó a Hamdan en los procedimientos de la comisión militar en su contra que finalmente empezó en 2008. Pero no era el único en ser castigado por defender valores estadounidenses. El mayor general Anthony Taguba, que fue nombrado para investigar las torturas en Abu Ghraib y constató que habían habido "maltratos criminales desenfrenados" de los detenidos, fue obligado a jubilarse.
El general Taguba escribió el prefacio de ‘Broken Laws, Broken Lives: Medical Evidence of Torture by US Personnel and Its Impact’, un informe distribuido en junio por Médicos por los Derechos Humanos sobre los persistentes efectos sobre los detenidos de lo que se les hizo, basado en exámenes médicos de algunos de ellos. El general Taguba dijo que "el comandante en jefe y aquellos bajo sus órdenes autorizaron un régimen sistemático de torturas". Agregó: "Después de años de revelaciones de investigaciones oficiales, informes de prensa e informes de organizaciones de derechos humanos, ya no cabe ninguna duda en cuanto a si el actual gobierno se ha hecho culpable de crímenes de guerra. La única interrogante que debe ser resuelta es si los que ordenaron la aplicación de torturas serán o no llevados a justicia".
Hasta la fecha, los ‘facilitadores de las torturas’, como los llamó el mayor Frakt, están bien. El presidente Bush, el vicepresidente Cheney, y David Addington, siguen en funciones. Jay Bybee, que emitió la opinión de que el presidente tenía atribuciones ilimitadas para ordenar la aplicación de torturas, fue nominado y confirmado como juez de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito antes de que se conociera su papel en la tortura. John Yoo es profesor en la facultad de derecho de Berkeley; el decano, Cristopher Edley, dijo en abril que la cátedra lo protegía y que sus clientes -el presidente Bush y los otros- eran los que decidían. Yoo también es considerado por programas de televisión y por las páginas editoriales de los diarios, incluyendo The Wall Street Journal y el New York Times, como una opinión legítima en temas sobre el poder presidencial, y aparece frecuentemente en ellos.
Yoo y Addington comparecieron en junio ante el subcomité judicial de la Cámara de Representantes; eludieron las preguntas sobre su responsabilidad. Cuando le preguntaron a Addington si era legal torturar al hijo de un detenido, replicó: "No estoy aquí para dar asesoría legal a su comité". William Haynes, ex abogado general del ministerio de Defensa, compareció ante un comité del Senado y dijo repetidas veces, en respuesta a preguntas, que no se acordaba. Una columna en el Washington Post sobre su testimonio fue titulada: "¿Abu Ghraib? No Me Suena".
Las leyes penales de Estados Unidos, así como la Convención Internacional contra la Tortura y las Convenciones de Ginebra. De acuerdo al reciente libro de Jane Mayer, el Comité Internacional de la Cruz Roja concluyó en un informe el año pasado que los métodos de interrogatorio utilizados por la CIA contra prisioneros de alto nivel constituían "categóricamente" tortura. Su libro, ‘The Dark Side: The Inside Story of How The War on Terror Turned into a War on American Ideals’5, dice que el informe del CICR fue enviado a la CIA, la autoridad a cargo de las detenciones, que a su vez "lo compartió con el presidente y el secretario de estado". Mayer escribe que el informe "advertía que los maltratos constituían crímenes de guerra, haciendo correr a los más altos personeros norteamericanos el riesgo de ser procesados".
Mientras George W. Bush sea presidente, no habrá un juicio americano para los facilitadores de las torturas. Pero para ellos podría ser poco seguro viajar a título privado al extranjero. Alguien podría tratar de reafirmar la jurisdicción universal contra violadores de derechos humanos que fue defendida por la Cámara de Lores cuando el general Pinochet fue detenido en Gran Bretaña por una orden judicial española.
Algunos comentaristas conservadores ya han advertido contra toda futura persecución en Estados Unidos, alegando que por más que el tratamiento de algunos detenidos haya sido reprochable, los responsables no tenían intenciones criminales. El argumento no se condice con los hechos, porque el ministro Rumsfeld y otros fueron advertidos por abogados civiles y militares del Pentágono, incluyendo al abogado general de la Armada, Alberto Mora, que sus políticas estaban violando la ley. Y no se condice con la ley, porque una interpretación equivocada de la ley no es una defensa bajo los principios establecidos en los juicios de Nuremberg. El precedente de Nuremberg también echa por tierra el alegato del decano Edley de que los abogados no pueden ser procesados por asesorar a funcionarios en que de hecho pueden cometer crímenes de guerra. Abogados alemanes fueron condenados en Nuremberg como facilitadores, en su asesoría legal, de los crímenes de los nazis.6 El presidente Bush dijo: "Teníamos las opiniones legales que nos permitían hacer eso".
No es probable que el nuevo gobierno estadounidense lleve a juicio a esos funcionarios. Pero hay medidas que hay que tomar para hacer frente a los horrores perpetrados por nuestro gobierno. Como mínimo debemos levantar el velo de secreto que cubre lo que se hizo y que cubre opiniones legales todavía confidenciales que buscaban legitimar esos actos.
De algún modo este país tiene que reafirmar su histórica repugnancia al uso de la tortura. Y eso puede ser difícil. Un sondeo reciente mostraba que el apoyo de los estadounidenses a la aplicación de torturas a presuntos terroristas ha subido del 36 por ciento de los encuestados en 2006 a 44 por ciento este año. Las fotos de Abu Ghraib nos impresionaron. Desde entonces, muchos de nosotros hemos perdido la sensibilidad frente al uso de la tortura.
El presidente Bush y sus principios personeros evidentemente han logrado convencer a muchos de su creencia de que las "técnicas mejoradas de interrogatorio", como llaman ellos a la tortura, extraen informaciones valiosas. La evidencia presentada para sostener esta afirmación es débil; el senador Jay Rockefeller, basándose en su experiencia como presidente del Comité de Inteligencia del Senado, dijo: "No he oído nada que sugiera que la información obtenida por medio de las técnicas mejoradas de interrogatorio haya impedido un atentado terrorista inminente. Y no he oído nada que me haga pensar que la información obtenida con esas técnicas no pudo ser obtenida a través de los métodos tradicionales de interrogatorio usados por interrogadores militares y policiales".
Pero de cualquier modo los costes de esa decisión para la reputación de Estados Unidos -y su seguridad nacional- han sido enormes. Ha reavivado en gran parte del mundo musulmán el odio contra Estados Unidos. Ha minado la creencia de muchos estadounidenses en la superioridad moral de su país.
Al final, la cura, si hubiera alguna, tendrá que provenir de presidentes que reafirmen el lugar fundamental de la ley en el carácter estadounidense: de un presidente que no busque poderes ilimitados, de un fiscal general y otros funcionarios que respeten la ley. No es demasiado tarde para volver a regirnos por leyes, en lugar de por hombres.
[26 de agosto de 2008]

Notas
5 Doubleday, 2008.
6 En la segunda ronda de juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos llevó a juicio a abogados del gobierno alemán que, entre otras cosas, habían escrito memoranda y órdenes despojando a los prisioneros soviéticos de las garantías de la Convención de Ginebra y legitimando la desaparición de opositores políticos. Fueron condenados dos conocidos abogados: Rudolph Lehmann, director del Departamento Jurídico del Alto Mando de las Fuerzas Armadas de Alemania, y Franz Schlegelberger, ministro interino de Justicia en el Reich. Véase el ensayo de Scott Horton, ‘Through a Mirror, Darkly: Applying the Geneva Conventions to ’A New Kind of Warfare’, en ‘The Torture Debate in America’, compilado por Karen J. Greenberg (Cambridge University Press, 2006), pp. 136–150.

Libros reseñados
Tom Lasseter
Guantanamo: Beyond the Law
serie de cinco artículos del autor
en los McClatchy Newspapers, 15–19 de junio de 2008
Jonathan Mahler
The Challenge: Hamdan v. Rumsfeld and the Fight over Presidential Power
Farrar, Straus and Giroux,
334 pp.
$26.00

Physicians for Human Rights
Broken Laws, Broken Lives: Medical Evidence of Torture by US Personnel and Its Impact
con un prefacio del Mayor General Antonio M. Taguba
130 pp.
disponible en brokenlives.info

25 de noviembre de 2008
6 de noviembre de 2008
©new york review of books
cc traducción mQh

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sadismo convertido en ley 4

mqh - 24 de noviembre de 2008 - 18:04 - derechos humanos

Altos funcionarios del gobierno idearon e implementaron el plan de torturas, incluyendo al propio presidente Bush. Cuarta entrega.

[Anthony Lewis] A diferencia de John Yoo y William Haynes, la mayoría de los abogados estadounidenses que se han ocupado de temas como la tortura y la detención indefinida defendieron los ideales americanos de justicia. Ha sido sorprendentemente así en el caso de los abogados en los servicios militares. El mayor Frakt, cuyo poderoso argumento a favor de Mohammed Jawad destaqué antes, es un ejemplo entre muchos. Numerosos abogados privados han ofrecido su tiempo y luchado contra los obstáculos oficiales para representar a prisioneros.
El trabajo de los abogados por los detenidos es explorado brillantemente en ‘The Challenge: Hamdan v. Rumsfeld and the Fight over Presidential Power’. Pero es mucho más que un libro sobre leyes y abogados. Cuenta la historia de un prisionero que dio su nombre a una gran decisión constitucional; y describe las luchas personales de los abogados, su coraje y sus fallas. El resultado es un trabajo de impresionante dramatismo.
Salim Hamdan, que prestó su nombre a una importante decisión constitucional de la Corte Suprema, era un yemení pobre que fue reclutado para hacer la guerra santa y se convirtió en el chofer de Osama bin Laden en Afganistán. Fue capturado allá a fines de 2001 por tropas de la Alianza del Norte y entregado a Estados Unidos. En mayo de 2002 fue trasladado al campo de prisioneros de Guantánamo.
(El 6 de agosto, después del primer juicio de la comisión militar en Guantánamo, Hamdan fue condenado por proporcionar materiales de apoyo para acciones terroristas, pero no por la acusación más grave de conspiración. Fue sentenciado a cinco años y medio de cárcel, mucho menos que la reclusión perpetua que habían pedido los fiscales militares. Además, la corte reconoce los sesenta y un meses que estuvo Hamdan detenido desde que fuera acusado, lo que quiere decir que habrá cumplido su sentencia a fines de año. Su destino después de eso es incierto, porque el gobierno de Bush afirma que puede mantener detenidos en Guantánamo -sea condenados o absueltos en un juicio militar, o prisioneros que no han sido juzgados- hasta el fin de la ‘guerra contra el terrorismo’).
Uno de los hechos más extraordinarios expuestos en este libro es que Hamdan fue primero interrogado en Guantánamo por un agente del FBI que construyó cuidadosamente una relación con él, obteniendo detalladas declaraciones sobre al_Qaeda y algunos de sus líderes. El agente poseía amplias evidencias para juzgar a Hamdan en un tribunal federal; pensó que podía convencer a Hamdan para que declarara contra figuras más importantes de al_Qaeda a cambio de una reducción de la sentencia. Pero para su pesar Hamdan fue enviado a juicio por una comisión militar; el FBI fue inmediatamente separado del caso y perdió un testigo potencialmente importante.
El fiscal militar asignado por las autoridades militares para representar a Hamdan en los procedimientos de la comisión fue un teniente de la Armada, el comandante Charles Swift. Después de la facultad de leyes, volvió a la Armada y pasó gran parte de su tiempo como un atrevido abogado defensor en el equipo del fiscal militar. En el curso del caso de Hamdan, Swift jugó un papel crucial: relacionarse con el cliente. Visitó a Hamdan en Guantánamo, tratando de darle ánimo durante frustrantes años de escasos avances y el duro tratamiento en la cárcel. (Hamdan inició una huelga de hambre y recibió alimentación forzada durante un largo tiempo). Swift también habló con la prensa, libre y locuazmente sobre la injusticia del proceso de la comisión.
El colega civil de Swift en el caso era profesor en el Georgetown Law Center, Neal Katyal. Su papel era impugnar constitucionalmente los términos de las comisiones instaladas por el presidente Bush. Fue una tarea formidable, empezando con la necesidad de establecer el derecho del detenido a demandar a todo el mundo e invocar las Convenciones de Ginebra -pero resistido enérgicamente por los abogados del gobierno.
Katyal fue compulsivo en su devoción a las diferentes fases del caso. Mahler lo describe escribiendo veintiséis borradores de una carta y ensayando quince puntos debatibles de un alegato oral en cinco ciudades. Incorporó a abogados de un enorme bufete como abogados pero era "demasiado arrogante" como para escuchar sus opiniones, dice Mahler. Trabajaba implacablemente, terminando una vez una carta de las 5:45 de la mañana en que debía entregarla. Durante todo este tiempo compartía las responsabilidades de la crianza de su hijo con su esposa, e hizo un viaje a India para enterrar a su padre. Su relación con Charlie Swift se estropeó casi hasta el punto del rompimiento.
A medida que avanzamos en el libro, sabemos lo que la Corte Suprema va a decidir al final; pero el drama de la lucha de los abogados es tan absorbente que esperé, con su ansiedad, para ver si la corte verá el caso, y luego qué hará. Para el desenlace Katyal salió de la Corte Suprema y dijo a los periodistas: "Lo que pasó hoy, que un hombre de Yemen con cuatro años de estudio, acusado de conspirar contra uno de los individuos más espantosos del planeta, sea capaz de demandar al hombre más poderoso del mundo, el presidente de Estados Unidos, y lograr que su caso sea visto, eso es algo que es fundamentalmente grandioso de Estados Unidos". A lo que Charlie Swift agregó: "Nuestros valores son los que ganaron aquí hoy, nuestra defensa del estado de derecho".

Libros reseñados
Tom Lasseter
Guantanamo: Beyond the Law
serie de cinco artículos del autor
en los McClatchy Newspapers, 15–19 de junio de 2008

Jonathan Mahler
The Challenge: Hamdan v. Rumsfeld and the Fight over Presidential Power
Farrar, Straus and Giroux,
334 pp.
$26.00

Physicians for Human Rights
Broken Laws, Broken Lives: Medical Evidence of Torture by US Personnel and Its Impact
con un prefacio del Mayor General Antonio M. Taguba
130 pp.
disponible en brokenlives.info

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sadismo convertido en ley 3

mqh - 18 de noviembre de 2008 - 23:40 - derechos humanos

Altos funcionarios del gobierno idearon e implementaron el plan de torturas, incluyendo al propio presidente Bush. Tercera entrega.

[Anthony Lewis] En los últimos tres años, la Corte Suprema ha rechazado la justificación del gobierno de Bush de su programa de detención de los llamados ‘enemigos combatientes’. En 2004, en el caso Rasul v. Bush, una mayoría de seis a tres mantuvo que los prisioneros en Guantánamo podían impugnar la legalidad de su detención interponiendo un recurso de habeas corpus en tribunales federales. En 2006, en el caso Hamdan v. Rumsfeld, una mayoría de cinco a tres mantuvo que los juicios de los prisioneros eran ilegales porque los límites impuestos a los derechos de los acusados violaban el Código Uniforme de Justicia Militar y las Convenciones de Ginebra. Este junio, en el caso Boumediene v. Bush, una mayoría de cinco a cuatro mantuvo que el estatuto parlamentario que impedía las solicitudes de habeas corpus de los detenidos en Guantánamo violaba la garantía constitucional del derecho a habeas corpus.4
Cada una de estas decisiones fueron recibidas con indignación por la derecha política. El senador John McCain, sobreviviente de la tortura en Vietnam del Norte que una vez criticó las prácticas de detención de Bush, dijo sobre el caso Boumediene que era "una de las peores decisiones en la historia del país". Los disidentes de la corte predijeron estridentemente que la decisión dañaría gravemente la seguridad del país.
El juez Antonin Scalia, que tiene talento para atraer a los disidentes alarmistas para atacar las decisiones del tribunal, lo usó decidoramente en Boumediene. Predijo que la decisión acarreará "devastadoras" consecuencias y dijo que al menos "treinta de los prisioneros liberados de Bahía Guantánamo han retornado al campo de batalla". Para la cifra de treinta, el juez Scalia citó un informe disidente de los republicanos en el senado, que se basaba a su vez en una declaración de una portavoz del Pentágono en 2007: "Nuestros informes indican que al menos treinta ex detenidos de Guantánamo han participado en actividades militantes contra la coalición después de salir de centros de detención estadounidenses".
Pero la afirmación de Scalia sobre los treinta que volvieron al campo de batalla ha sido desacreditada de manera substancial por los críticos y por el Pentágono mismo, desde que fuera emitida por primera vez. El profesor Mark Denbeaux, de Seton Hall University, señaló que el ministerio de Defensa mismo mencionó sólo a quince de los presuntos reincidentes, y se dijo que ocho de estos no habían hecho nada más que hablar críticamente sobre la política de detención de Estados Unidos. En un documento entregado al Congreso dos semanas antes de la decisión de Boumediene, el ministerio de Defensa abandona la cifra de treinta. Después de la decisión del abogado de Boston, Sabin Willett, que representó a dos antiguos detenidos mencionados entre los treinta, escribió en The Boston Globe que sus dos clientes no habían hecho más que publicar un artículo en la sección de cartas al director en The New York Times y dar un entrevista. El Pentágono consideraba "hostiles" estos comentarios públicos.
El senador agitó la ensangrentada camisa de los supuestos treinta combatientes que habían retornado. También lo hizo John Yoo, del ministerio de Justicia, que opinaba que el presidente tenía poder absoluto para torturar a los prisioneros. El profesor Yoo (que enseña derecho en la Universidad de California en Berkeley) dijo que la Corte Suprema, en el caso Boumediene abría el camino para que extranjeros "capturados combatiendo contra Estados Unidos" pudieran impugnar su detención. Eso dio una falsa idea -sin duda a propósito- de los detenidos en Guantánamo. La mayoría no fueron "capturados en combate". Muchos de ellos, como hemos visto, fueron entregados por celosos vecinos afganos que querían hacerse con las recompensas estadounidenses. Otros fueron detenidos en lugares remotos, como Zambia. En realidad, los solicitantes en el caso Boumediene incluían a seis argelinos que vivían en Bosnia y que fueron detenidos y entregados por la policía bosnia -a petición de funcionarios estadounidenses.
El juez John Roberts, en su objeción en el caso de Boumediene, dijo que el tribunal había derogado el cuerpo de garantías de procedimiento más generoso otorgado a extranjeros detenidos en este país como enemigos combatientes. Las ramas políticas elaboraron estos procedimientos en medio de un conflicto militar en curso, después de cuidadosas investigaciones y completo debate.
Pero en esta guerra, a diferencia de las anteriores, los hombres hechos prisioneros no tenían acceso a la disposición de la Convención de Ginebra que exige un juicio justo para descubrir si en realidad eran enemigos combatientes. El gobierno de Bush cambió a regañadientes los procedimientos sólo cuando se vio obligado por los acontecimientos: el escándalo de Abu Ghraib y luego sucesivas decisiones de la Corte Suprema.
Un camarógrafo de al-Jazira, Sami al-Haj, se dirigía a Afganistán en 2001 cuando fue detenido por un oficial paquistaní que lo entregó a Estados Unidos. Estuvo seis años en Guantánamo, y no fue interrogado sobre al_Qaeda, sino sobre al-Jazira. (Fue liberado en 2008). Su caso fue uno de muchos donde nunca se tuvo ningún indicio de que un detenido era un ‘enemigo combatiente’.
Abrir los tribunales federales a solicitudes de habeas corpus de parte de los detenidos difícilmente les promete un billete rápido hacia la libertad. Pero marca al menos un paso hacia la rendición de responsabilidades -un foro donde se pueden examinar el tratamiento de un detenido y las variadas razones de su encarcelamiento. Como escribió George Will en una columna en la que atacaba al senador McCain por la ignorancia que delataban sus comentarios sobre el habeas corpus, "la resolución de la Corte Suprema sólo empieza a marcar un límite contra el poder de otro modo ilimitado del gobierno para detener a personas indefinidamente".
Un asombroso ejemplo de la importancia de tener tribunales que controlen las decisiones oficiales de declarar a alguien ‘enemigo combatiente’ es el caso de Huzaifa Parhat, uno de los varios musulmanes uighur de China que están en Guantánamo. Parhat, que según los militares norteamericanos estaba en un campo de adiestramiento uighur en Afganistán en 2001, fue capturado en Pakistán en el otoño de 2001. Una comisión de tres jueces de la Corte de Apelaciones Federal del distrito de Columbia Circuit determinó en junio que no había evidencias convincentes que soportaran la clasificación del gobierno como ‘enemigo combatiente’. La comisión incluía al juez presidente del tribunal, David Sentelle, uno de los jueces federales más conservadores del país. Su opinión ridiculizó el argumento del gobierno, comparándolo con la declaración de un personaje de Lewiss Carroll: "Lo he dicho tres veces: Lo que te digo tres veces, es verdad".

Nota
4 Véase Ronald Dworkin, ‘Why It Was a Great Victory’, The New York Review, 17 de julio de 2008.

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Tom Lasseter
Guantanamo: Beyond the Law
serie de cinco artículos del autor
en los McClatchy Newspapers, 15–19 de junio de 2008
Jonathan Mahler
The Challenge: Hamdan v. Rumsfeld and the Fight over Presidential Power
Farrar, Straus and Giroux,
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sadismo convertido en ley 2

mqh - 16 de noviembre de 2008 - 17:27 - derechos humanos

Altos funcionarios del gobierno idearon e implementaron el plan de torturas, incluyendo al propio presidente Bush. Segunda entrega.

[Anthony Lewis] El gobierno de Bush ha hecho decididos esfuerzos para suprimir toda información sobre el maltrato de sus prisioneros. Grabaciones en video de al menos dos interrogatorios particularmente horrendos fueron destruidas. En juicios, en Guantánamo y otros países, los abogados del gobierno han objetado la revelación de los métodos de interrogatorio, alegando que pondría sobre alerta a los miembros de al_Qaeda en cuanto a qué hacer en caso de ser capturados. Todavía no sabemos qué le hicieron a José Padilla, un estadounidense detenido durante años en una celda de aislamiento como presunto enemigo combatiente y que ahora se dice que sufrió daño psicológico de largo plazo.2
Sin embargo, cualquier americano que quisiera saber sobre las crueldades que su gobierno ha infligido a prisioneros y cómo se enteraron de ello, pueden haber aprendido mucho esta primavera. Varios juristas y expertos en los hechos de la tortura han publicado frecuentemente sus comentarios en la prensa escrita y en blogs, y he aprendido mucho de sus publicaciones. Esta primavera pasada, el estudioso del derecho internacional, Philippe Sands, publicó su valioso libro ‘Torture Team: Rumsfeld’s Memo and the Betrayal of American Values3; Vanity Fair publicó un largo fragmento de este. Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos han publicado importantes informes sobre los abusos a que eran sometidos los prisioneros.
Tom Lasseter y un equipo de periodistas de McClatchy Newspapers adoptaron una nueva y significativa visión de la situación en una serie de substanciales artículos en junio. Sus reportajes expusieron algunos de los mitos oficiales sobre los detenidos -por ejemplo, que como grupo eran "lo peor de lo peor", como dijo el ministro Rumsfeld. Lasseter también dio algunos espantosos testimonios de maltrato de prisioneros.
Un afgano llamado Nusrat Khan estaba en sus setenta cuando tropas americanas lo metieron a una celda de aislamiento en la cárcel de la Base Aérea de Bagram en la primavera de 2003. Había tenido al menos dos paros cardiacos. Durante casi cuatro semanas, dijo Khan, fue mantenido con los ojos vendados, con cascos y las manos amarradas por detrás. Cuando finalmente lo sacaron de su celda, escribió Khan, estaba "semi loco y no podía pararse sin ayuda". Dijo que entonces fue trasladado a Guantánamo en una camilla.
Uno de los logros útiles de la serie de Lasseter fue recordar a los lectores que Guantánamo no es solamente el lugar donde se encuentran prisioneros. En Afganistán, por ejemplo, además de Bagram Estados Unidos tiene una cárcel en la Base Aérea de Kandahar. En estas dos, dijo Lasseter, los prisioneros eran sometidos rutinariamente a maltratos físicos desde principios de 2002. Y todavía hay cárceles secretas de la CIA.
En Bagram, escribió Lasseter, los guardias pateaban y golpeaban a los prisioneros con sistemática brutalidad. Ex guardias así como detenidos contaron a periodistas de McClatchy sobre lo que Lasseter llamó violencia sádica. Según ellos, la brutalidad alcanzó un punto álgido en diciembre de 2002, cuando dos afganos fueron colgados de sus muñecas con cadenas y golpeados hasta morir por soldados estadounidenses.
Dos soldados fueron juzgados por esos asesinatos. El especialista Willie Brand admitió que dio a los afganos treinta y siete golpes. Fue sentenciado a ser descendido a rango de soldado raso. La otra persona procesada fue el capitán Christopher Beiring, que dirigía una compañía de la policía militar de reservistas. Le dieron una carta de amonestación.
El abogado del ejército que investigó a Beiring, el teniente coronel Thomas Berg, pidió indulgencia porque "el gobierno no ha presentado ninguna indicación de qué son las ‘técnicas, tácticas y procedimientos aprobados para operaciones con detenidos". En otras palabras, no se espera que los miembros del ejército de Estados Unidos sepan que golpear a un prisionero hasta la muerte va contra las reglas.
¿Por qué fueron los guardias tan brutales? La indignación por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, sugiere Lasseter -y la sensación de que sus superiores en Washington querían ‘sacarse los guantes’. La decisión del presidente Bush de eliminar la protección de las Convenciones de Ginebra envió a las tropas el mensaje de que ya no había reglas.
Los autores de los artículos de McClatchy gastaron ocho meses investigando y redactando esos materiales. (Ese es un recordatorio de que no es probable que los blogueros, que según se dice a veces son el futuro del periodismo, tengan alguna vez el tiempo y los recursos para investigar seriamente delitos cometidos por las autoridades tan bien como los diarios). Los periodistas de McClatchy entrevistaron a funcionarios estadounidenses, afganos y otros -y 66 ex detenidos.
De los 66 ex prisioneros, sólo veintiséis fueron detenidos originalmente por tropas estadounidenses. El resto fueron entregados por miembros de tribus en conflicto, vecinos enfadados, o gente que quería cobrar las generosas recompensas ofrecidas por Estados Unidos por ‘terroristas’. Thomas White, ex secretario del ejército, dijo que era obvio que desde que se abriera el centro de detención de Guantánamo a principios de 2002, al menos un tercio de los prisioneros no tenían porqué estar allí.
Otro punto importante de los artículos McClatchy fue que el maltrato de los prisioneros logró que gente que no tenía previamente relación alguna con movimientos antinorteamericanos se sintieran profundamente indignados con Estados Unidos. Es difícilmente un resultado inesperado del informe, pero los artículos ofrecieron muchos detalles. Citaron un informe de la inteligencia paquistaní sobre los hombres liberados de Guantánamo, diciendo que tenían "sentimientos extremos de resentimiento y odio contra Estados Unidos".

Notas
2 Padilla fue mantenido durante más de dos años en un calabozo de la Armada por orden del presidente Bush, sin ser acusado de ningún delito y sin acceso a un abogado. Fue mantenido en una celda sin nada para leer, excepto, durante un breve período, un ejemplar de El Corán, y sin día ni noche y sin interacción con nadie, excepto sus interrogadores. Una vez cuando lo llevaron al dentista, sus ojos y oídos fueron cubiertos para mantener la privación sensorial.
Un psiquiatra que lo examinó subsecuentemente, la doctora Angela Hegarty, lo encontró en un "absoluto estado de terror, terror alternando con entumecimiento. Era como si los interrogadores estuvieran en el cuarto con nosotros".

3 Palgrave Macmillan, 2008.

Libros reseñados
Tom Lasseter
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serie de cinco artículos del autor
en los McClatchy Newspapers, 15–19 de junio de 2008

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Farrar, Straus and Giroux,
334 pp.
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Broken Laws, Broken Lives: Medical Evidence of Torture by US Personnel and Its Impact
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