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derechos humanos

desandando los excesos de bush


Las tres órdenes presidenciales de Obama sobre los detenidos y el interrogatoro muestran lo difícil que será deshacer lo que hizo Bush.
Con las órdenes presidenciales firmadas el jueves, el presidente Obama ha empezado la recuperación del prestigio de este país cuando se habla del tratamiento que se da a los sospechosos de terrorismo. Pero las órdenes contienen ambigüedades que demuestran lo difícil que será desenredar la maraña que creó el presidente Bush.
El eje de los esfuerzos de Obama por dar vuelta la hoja en lo que se refiere a las ilegalidades del gobierno de Bush es el cierre, en el plazo de un año, del infame centro de detención en Bahía Guantánamo, Cuba. En la misma orden establece un procedimiento para revisar la situación de los detenidos todavía encarcelados en Guantánamo para determinar quiénes deben ser trasladados a otros países, quiénes deben ser llevados a juicio y quiénes son tan peligrosos que no pueden ser ni juzgados ni repatriados.
La segunda orden de Obama requiere que la CIA adopte las mismas reglas que regulan los interrogatorios de las fuerzas armadas estadounidenses. También declara ilegal los centros de detención de la CIA, como las cárceles secretas en el extranjero donde se retenía a sospechosos de terrorismo, sin acceso a la Cruz Roja y sometidos a métodos "mejorados" de interrogatorio. La tercera orden ordena al fiscal general, al ministro de Defensa y otros funcionarios a revisar el caso de Ali Saleh Kahlah al-Marri, el único presunto ‘combatiente enemigo ilegal’ detenido en Estados Unidos.
Todas estas órdenes son mejoras de las políticas de Bush, pero también incluyen innecesarias equivocaciones. La orden que cierra Guantánamo, por ejemplo, expresa el deseo de Obama de que los detenidos sean juzgados en tribunales civiles o en cortes marciales realizadas según el Código Uniforme de Justicia Militar. Pero se reserva la opción de usar el actual, y defectuoso sistema de comisiones militares (aunque quizás con nuevos procedimientos).
La orden sobre los interrogatorios está igualmente comprometida. Requiere correctamente que los interrogadores de la CIA acaten el Manual de Campo del Ejército, que prohíbe la fuerza física, el submarino, el aislamiento prolongado, cubrir las cabezas de los detenidos con capuchas o el uso de perros para intimidarlos. Sin embargo, la orden permite que el gobierno cambie de opinión. Crea un grupo de trabajo para revisar las instrucciones del manual "para determinar si la CIA necesita orientaciones adicionales o diferentes", que no necesita.
Para hacerle justicia a Obama, algunos problemas requieren estudios adicionales, especialmente la cuestión de cómo tratar a los detenidos de ‘alto valor’ que, si se los absuelve de crímenes de guerra, podrían representar un peligro de ser liberados o repatriados. La orden de Obama dice que los funcionarios estudiarán las "opciones legales" que existan para tratar sus casos. Esa tarea se complica por el hecho de que los interrogadores utilizaron la técnica de la asfixia por inmersión contra uno de los conspiradores de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Khalid Shaikh Mohammed.
Obama merece elogios por haber puesto fin a los peores excesos del gobierno de Bush en la ‘guerra contra el terrorismo’. Pero no debería incluir ambigüedades en temas que exigen una claridad a prueba de interpretaciones.

25 de enero de 2009
23 de enero de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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obama revoca políticas de bush


Presidente Obama revoca políticas claves de Bush. Firmó las órdenes acompañado por el vicepresidente Joseph R. Biden Jr., y dieciséis generales y almirantes en retiro en la Oficina Oval.
[Scott Shane, Mark Mazzetti y Helene Cooper] Washington, Estados Unidos. El presidente Obama revocó el jueves las políticas antiterroristas más polémicas del gobierno de Bush, declarando que "nuestros ideales nos dan la fortaleza y la autoridad moral" para luchar contra al_Qaeda. Pero Obama pospuso durante meses tomar decisiones sobre las complejas cuestiones con las que ha estado lidiando Estados Unidos desde los atentados terroristas de 2001.
Obama firmó las órdenes para cerrar dentro de un año el campo de detención de Bahía Guantánamo, Cuba; poner fin al programa de cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia; y exigir que todos los interrogatorios utilicen los métodos no coercitivos descritos en el Manual de Campo del Ejército.
"Tenemos la intención de ganar esta guerra", dijo. "Pero la vamos a ganar en nuestros propios términos".
Sus acciones en el segundo día de su presidencia le ganaron el elogio de organizaciones de derechos humanos y los demócratas en el Congreso, que dijeron que las nuevas políticas ayudarían a recuperar la autoridad moral de Estados Unidos. Obama invitó a la ceremonia a dieciséis generales y almirantes en retiro que se habían opuesto a lo que llamaron tortura. Sus apasionados llamados a poner fin a los interrogatorios coercitivos "me causaron una impresión extraordinaria", dijo.
Las órdenes de Obama tocaron una nueva cuerda y representan un importante primer paso hacia la reformulación de las normas estadounidenses para tratar a los sospechosos de terrorismo. Pero es probable que sólo su decisión de paralizar de momento los juicios militares en curso en Bahía Guantánamo tenga efectos prácticos inmediatos, mientras que otras críticas opciones de política deberán ser tomadas por grupos de trabajo del gobierno.
Entre las cuestiones que la Casa Blanca no resolvió el jueves se encuentran estas: ¿Qué hay que hacer con los terroristas que no pueden ser juzgados en tribunales estadounidenses, debido a que las evidencias contra ellos fueron obtenidas mediante torturas o porque la información recabada es demasiado delicada como para ser usada en tribunales? ¿Deben algunos métodos de interrogatorio seguir siendo secretos para impedir que al_Qaeda entrene a sus operativos a resistirlos? ¿Cómo puede Estados Unidos cerciorarse de que los prisioneros trasladados a otros países no sean torturados?
Miembros del equipo de seguridad nacional de Obama han expresado una amplia variedad de opiniones sobre políticas de interrogatorio y detención, y es probable que haya un robusto debate interno antes de que estos temas se puedan resolver.
John D. Hutson, almirante retirado y decano de una facultad de leyes que asistió a la ceremonia de la firma de las órdenes presidenciales, dijo que tenía confianza en que el gobierno de Obama diera a esas preguntas respuestas prácticas y meditadas.
Cerrar la cárcel de Guantánamo y prohibir los interrogatorios coercitivos "es lo correcto moral, diplomática, militar y constitucionalmente", dijo Hutson. "Pero además nos hace más seguros".
Obama, agregó, "entiende realmente de qué se trata".
Pero el representante Peter Hoekstra, de Michigan, el más importante republicano en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que la decisión de cerrar la cárcel en el plazo de un año "crea esperanzas más allá de la realidad: fija un objetivo sin un plan para alcanzarlo".
Al presentar una advertencia que fue también expresada por otros republicanos, Hoekstra observó en sesiones en el Congreso, que los funcionarios de gobierno "no pudieron responder preguntas sobre qué harán con los nuevos yihadistas o combatientes enemigos que capturemos".
Veteranos de Guerras en el Extranjero, el influyente grupo de presión de los veteranos, dijo en una declaración que no era "prudente" cerrar la cárcel de Guantánamo mientras el país siguiera en guerra. Glen M. Gardner Jr., un veterano de Vietnam y comandante nacional de la organización, dijo que el campamento en Cuba "mantiene a nuestros enemigos alejados del campo de batalla" y dijo que era "gestionado profesionalmente y con respeto por los derechos humanos".
La orden de Obama de cerrar la cárcel obliga al fiscal general a encabezar una revisión de qué deberá hacerse con los 245 detenidos que quedan y no excluye la posibilidad de que algunos de ellos sean juzgados por comisiones militares, como había empezado a hacerlo el gobierno de Bush, aunque posiblemente con procedimientos diferentes.
Un nuevo grupo de trabajo, encabezado por el fiscal general y el ministro de defensa estudiará qué hacer con los detenidos e informará al presidente en los siguientes seis meses. Un segundo grupo dirigido por el fiscal general, con el ministro de defensa y el director de la inteligencia nacional como vicepresidentes estudiará si el Manual de Campo del Ejército seguirá siendo o no la única norma para interrogatorios y revisará la práctica de las entregas extraordinarias, con la que terroristas capturados son transferidos a otros países.
En una directriz separada, Obama pidió una revisión de alto nivel del caso de Ali al-Marri -Obama lo llamó "un individuo claramente peligroso"-, actualmente detenidos sin cargos como ‘enemigo combatiente’ en una cárcel militar en Carolina del Sur. El ministerio de Justicia pidió a la Corte Suprema una prórroga de treinta días en el caso civil de Marri impugnando su detención, hasta que el nuevo gobierno decida sobre su situación.
Obama buscaba también enviar una señal al mundo de que estaba rompiendo con las políticas del gobierno de Bush, que durante su campaña presidencial a menudo dijo que era erróneas y contraproducentes. En una decisión, ordenó que su gobierno no utilice ninguna recomendación legal sobre el interrogatorio coercitivo elaboradas por el ministerio de Justicia y otras reparticiones entre el 11 de septiembre de 2001 y el martes, cuando asumió la presidencia.
"Creemos que podemos atenernos a una regla que dice: ‘Nosotros no torturamos, pero podemos obtener efectivamente la información que necesitamos’", dijo Obama en su intervención televisada.
El impacto práctico inmediato de las órdenes fue limitado, en parte porque las políticas más agresivas de Bush fueron reducidas hace un tiempo. Los interrogadores militares deben por ley, desde 2005, actuar según el Manual de Campo del Ejército, y desde 2003 la CIA no ha usado el submarino, la técnica que utiliza la asfixia por inmersión descrita como tortura por el fiscal general de Obama, Eric H. Holder Jr. Desde 2005, sólo un puñado de prisioneros han pasado por el programa de detención en cárceles secretas de la CIA.
Mientras se firmaban las nuevas órdenes del ejecutivo, la elección de Obama para la dirección de la inteligencia nacional debió responder preguntas de una comisión del Senado sobre si el gobierno no estaría creando un resquicio legal que daría más libertad a los interrogadores de la CIA.
Dennis C. Blair, almirante en retiro y ex funcionario de la CIA que se espera sea fácilmente confirmado como director de inteligencia por el Comité de Inteligencia del Senado, insistió en que los interrogadores militares y de inteligencia se regirán por las mismas reglas, pero dejó abierta la posibilidad de que se puedan autorizar otras técnicas, aparte de las diecinueve aprobadas para los interrogadores militares.
Blair también sugirió que algunos procedimientos de interrogatorio debían permanecer siendo secretos de modo que adversarios potenciales no sean entrenados para resistirlos.
"No queremos proporcionar datos de inteligencia a los que nos atacan", dijo a los miembros del Comité de Inteligencia.
La respuesta causó el asombro de algunos senadores demócratas, que han sostenido durante largo tiempo que las reglas para los interrogatorios secretos sólo despiertan sospechas de que Estados Unidos podría estar maltratando a sus prisioneros.
La senadora Dianne Feinstein, demócrata de California y presidente del comité, dijo que pese a las órdenes presidenciales todavía piensa proponer una legislación que uniformize las reglas para los interrogadores de las fuerzas armadas y de la CIA. Esa ley sería más difícil de revocar que la orden presidencial de Obama, que él podría modificar o suspender en cualquier momento sólo firmando una nueva orden.
"Creo que en última instancia conviene al gobierno que lo ponga en una ley", dijo Feinstein.
Algunas organizaciones liberales, aunque elogiando las órdenes de Obama, dijeron que apoyaban una ley como la propuesta por Feinstein porque estaban preocupados por las posibles propuestas del grupo de trabajo. También dijeron que continuarán presionando para que se investiguen los programas de detención e interrogatorio del presidente George W. Bush.
La Campaña Religiosa Nacional contra la Tortura, una coalición de 240 asociaciones religiosas, dijo que la declaración de Obama "permitía que Estados Unidos encuentre nuevamente su porte moral", pero agregó que le preocupaba que la comisión sobre el interrogatorio permitiera que la CIA reanudara su recurso a métodos abusivos.
Geneve Mantri, que estudia los programas antiterroristas en Amnistía Internacional, dijo que las órdenes eran "un gran paso adelante", pero agregó que "vemos con preocupación algunas de las cuestiones pendientes".
Las medidas de Obama fueron elogiadas por un ex funcionario del gobierno de Bush, John B. Bellinger III, que fue el principal asesor jurídico del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de ese gobierno. Bellinger dijo que las órdenes presidenciales eran "medidas y no decisiones apresuradas".
"Aunque la orden sobre Guantánamo es sobre todo simbólica’, dijo, "es muy importante. Logra lo que nunca pensamos que se lograría durante el gobierno de Bush".

Adam Liptak contribuyó a este artículo.

24 de enero de 2009
22 de enero de 2009
©new york times
cc traducción mQh
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obama prohíbe tortura y cárceles secretas


También mando cerrar las cárceles ilegales de la CIA y anuló las directivas de Bush para combatir el terrorismo. Obama cerró Guantánamo y prohibió la tortura. Al ordenar el cierre de la emblemática prisión en el plazo de un año, Obama dijo que EE.UU. nunca debió apartarse de sus valores y sus ideales para ganarle al terrorismo, admitiendo tácitamente que eso es lo que había pasado.
[Mercedes López San Miguel] Estados Unidos. Barack Obama arrancó su gobierno cumpliendo la promesa electoral de cerrar la polémica cárcel de Guantánamo, en la isla de Cuba. El mandatario firmó ayer un decreto que estipula un plazo de un año para hacerlo. Cuarenta y ocho horas después de haber jurado como presidente de EE.UU. ordenó, mediante otros dos decretos, que la CIA cierre su red de cárceles secretas alrededor del mundo y que cese el uso de la tortura en sus interrogatorios a detenidos.
Consciente del mensaje que envía a tan poco de llegar a la oficina de la Casa Blanca, Obama explicó su decisión. "Pretendemos ganar la batalla contra el terrorismo, pero lo haremos de forma efectiva y de modo que sea consecuente con nuestros valores y nuestros ideales", dijo el flamante presidente. Ayer mismo nombró a los enviados de su administración a Afganistán, Pakistán y Medio Oriente.
Estados Unidos todavía mantiene 245 sospechosos de terrorismo en Guantánamo, aunque sólo un manojo de ellos estarían conectados con la red Al Qaida. Ahora quedará por determinar el destino de los presos, si se los libera, se los tiene detenidos en Estados Unidos o si se les da asilo en otro país. Para esto ya se ofrecieron países como Gran Bretaña, Portugal, Francia y Suiza. Según algunas estimaciones, al menos un 20 por ciento del total de presos será liberado.
Uno cuarto decreto está referido a la revisión del caso de Ali al Marri, de origen qatarí y el único "combatiente enemigo" retenido en suelo estadounidense, para determinar si tiene derecho a presentar una demanda exigiendo su libertad.
Edward Luttwak, analista del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, un think tank en Washington, afirma que la decisión de clausurar el penal es positiva pero a la vez sintetiza la posición de los que plantean dudas. "Si para cerrar Guantánamo se deben transferir los prisioneros a las cortes federales, y como los testimonios están viciados porque se violaron sus derechos y se torturó, los presos van a terminar siendo todos liberados e iniciarán acciones civiles. El problema reside en que entre los detenidos hay jihadistas, o sea fanáticos que volverán a Afganistán, Pakistán o Yemen y cometerán ataques", señaló a este diario.
Amnesty International, organización defensora de los derechos humanos, saludó la noticia. "Se trata de un paso en la buena dirección. Ahora lo importante será el calendario y las modalidades, ya que la liberación de estos más de 240 prisioneros tiene ya años de retraso", declaró Irene Jan, secretaria general de AI, con sede en Londres.
Obama también revocó varias decisiones de su antecesor Bush, incluyendo la orden que reinterpreta el artículo 3 de la Convención de Ginebra sobre la tortura. A su vez, prohibió que se siga cualquier orden o interpretación legal emitida por el Departamento de Justicia o cualquier otra agencia gubernamental a partir del 11 de septiembre de 2001.
A partir de esa fecha, la administración Bush empezó a usar su doctrina guerra preventiva, invadiendo primero Afganistán (2001) y luego Irak (2003). Sin embargo, el nuevo mandatario no eliminó las comisiones militares creadas por Bush para juzgar a los detenidos, e incluso aseguró que no descarta su utilización.
Según organismos de derechos humanos, muchos de los detenidos en Guantánamo son de origen árabe y fueron arrestados en Afganistán y Pakistán. Pasaron años sin ser juzgados y se los interrogó con técnicas como el ‘submarino’, que consiste en simular un ahogamiento.
Por otra parte, se desconoce cuántos de los presos capturados por la CIA fueron enviados a ser interrogados en las cárceles secretas. El jefe de la CIA, Michael Hayden, afirma que serían unos cien.
Uno de los decretos firmados por Obama ordena que los "sospechosos" que permanecen en esas cárceles ilegales sean llevados a territorio estadounidense y presentados ante tribunales regulares militares o federales.
Cuatro presos se suicidaron en Guantánamo y otros detenidos hicieron huelga de hambre. Hace una semana, la funcionaria del Pentágono, Susan Crawford, reconoció un caso de tortura en el penal. La agencia de inteligencia norteamericana usó la coerción para extraerle información a miembros de Al Qaida, incluyendo a Khalid Sheikh Mohammed, de quien específicamente Bush dijo que tras interrogarlo "se salvaron muchas vidas".
Según el diario inglés The Independent, como alguno de los interrogadores temen que se los procese por crímenes de guerra, ya hicieron desaparecer las grabaciones y los videos de los testimonios recogidos en las cárceles ilegales.
La red secreta de prisiones de la CIA despertó críticas en el mundo. Según un informe de la Unión Europea, la CIA condujo vuelos secretos con prisioneros sobre varios países de Europa, entre ellos España, y envió a presos a países donde se aplica la tortura.
Ayer Obama anunció la creación de un grupo de trabajo para revisar de manera exhaustiva las prácticas de interrogatorio y detención de los presos, incluida la conocida como rendition, es decir la tercerización de la tortura.

23 de enero de 2009
©página 12 
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obama quiere suspender juicios


Obama pide suspender los juicios en Guantánamo.
Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense Barack Obama pidió inmediatamente después de su investidura el martes suspender por 120 días los procesos ante los tribunales de excepción de Guantánamo, de acuerdo con documentos judiciales presentados a la prensa.
"En el interés de la justicia, y a pedido del presidente de Estados Unidos y del secretario de Defensa Robert Gates, el gobierno solicita, respetuosamente, que las comisiones militares autoricen el aplazamiento de los procesos mencionados anteriormente hasta el 20 de mayo de 2009", dice la moción que el miércoles será presentada por el juez Cayton Trivett, del ministerio público, a dos fiscales de los tribunales de excepción.
Uno de esos fiscales, Stephen Henley, está a cargo del proceso de cinco hombres acusados de haber ayudado a organizar los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El segundo fiscal, Patrick Parrish, examina el caso de Omar Khadr, un canadiense arrestado cuando tenía sólo 15 años en Afganistán, acusado de matar a un soldado estadounidense.
Corresponderá por lo tanto a esos dos fiscales decidir este miércoles si aceptan el pedido de congelar el funcionamiento de las comisiones militares de Guantánamo, un enclave bajo administración estadounidense en el extremo oriental de la isla de Cuba.
La prisión de Guantánamo se abrió en 2002, en el marco de la ‘guerra contra el terrorismo’ lanzada por el gobierno de George W. Bush tras los atentados de Nueva York y Washington.
Los tribunales de excepción fueron creados en 2006, y actualmente están a cargo de 21 casos, 14 de ellos asignados ya a un juez, sobre un total de cerca de 245 detenidos, de acuerdo con datos del Pentágono.
Obama, quien asumió sus funciones el martes, prometió que una de sus primeras medidas sería el cierre de la prisión de Guantánamo, convertida en un símbolo de los excesos de Estados Unidos en su ‘guerra contra el terrorismo’.
Y Obama empezó de hecho a cumplir de inmediato su promesa, al pedir suspender el sistema judicial de excepción, que juzga a los detenidos acusados de crímenes de guerra.
Desde la apertura de la cárcel de Guantánamo en 2002, unas 800 personas estuvieron detenidas en la base, considerada por organizaciones de defensa de derechos humanos como una tierra de arbitrariedad judicial, dado que la mayoría de los personas detenidas allí pasan años sin juicio, condena, acusación ni acceso a abogados y en condiciones de aislamiento.
En su solicitud, Trivett sostiene que la suspensión de los tribunales de excepción "permitirá al nuevo presidente y a su gobierno volver a examinar el sistema de comisiones militares en general y de los dos expedientes en curso en particular".
De acuerdo con ese documento, Gates ordenó a los fiscales militares "dar tiempo suficiente a la nueva administración para volver a examinar los expedientes de las personas actualmente detenidas en Guantánamo y por las cuales no se haya determinado la posibilidad de liberarlas o transferirlas".
Luego cabrá "determinar si pueden ser acusadas por ciertos delitos y la jurisdicción más apropiada" para tratar los casos.
El caso de Omar Khadr debía servir a partir del lunes próximo para observar de cerca el funcionamiento de las comisiones militares, que no son cortes marciales ni tribunales federales.
En su corta existencia, las comisiones condenaron a 5 años y medio de cárcel (cinco de los cuales ya fueron cumplidos) a Salim Hamdan, ex chofer Osama bin Laden, el jefe de Al Qaida, y a cadena perpetua a Alí Hamza Ahmad al Bahlul, propagandista de esa red islamista.
Esos tribunales, en contradicción con todos los principios del derecho estadounidense, aceptan pruebas obtenidas bajo coacción y pruebas indirectas, es decir, de testigos que no son llamados a confirmar sus versiones durante el juicio.
Queda por determinar las instancias judiciales que reemplazarán a los tribunales de excepción.
La mayor parte de los abogados defensores -tanto militares como civiles- así como las organizaciones de defensa de derechos humanos, plantean transferir los juicios a tribunales federales, después de un examen de cada caso.
También se planteó la posibilidad de crear una nueva instancia judicial, adaptada a cuestiones de terrorismo -que diferencie entre apoyo al terrorismo y acción terrorista- pero para ello haría falta adoptar una ley y, según los expertos, Obama no quiere correr el riesgo de verla bloqueada por el Congreso.
El ministro de Justicia designado por Obama, Eric Holder, dio a entender que las comisiones militares podrían ser readaptadas, aunque precisó que ante el Senado que aún no se había adoptado una decisión al respecto.
Por lo pronto, los cinco individuos acusados de haber concebido, financiado y organizado los atentados del 11 de septiembre de 2001 siguen sin juicio, siete años después.

21 de enero de 2009
©el mercurio
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agentes gatillo rápido en inglewood


La policía de Inglewood ha recurrido repetidas veces al uso de fuerza letal. Una investigación del Times muestra que el problema de agentes de policía de Inglewood disparando contra personas desarmadas no es nuevo.
[Jack Leonard y Victoria Kim] Una tarde del verano de 2005, un agente de policía de Inglewood apuntó con su arma a un hombre esquizofrénico que había sido detenido por beber cerveza en la vía pública.
El agente ordenó a Jule Dexter que pusiera las manos sobre el capó de la patrullera, pero a Dexter se le empezaron a caer sus pantalones abombados.
"Por favor deja que me suba los pantalones", suplicó Dexter, de acuerdo a la declaración jurada de un testigo.
"¡No te muevas!", gritó el agente.
Pero Dexter, 27, se agachó para subirse los pantalones, dijo el testigo. El agente le disparó cuatro balazos a la cabeza y en la espalda, matándolo.
Según una investigación del Times, en los últimos seis años los agentes de policía de Inglewood han recurrido repetidas veces al uso de la fuerza física o letal contra sospechosos desarmados o acusados de delitos menores.
Este año, en un lapso de cuatro meses, agentes de Inglewood han disparado y matado a balazos a cuatro personas, tres de ellas desarmadas.  Una revisión realizada por Times de documentos judiciales, archivos de la policía y entrevistas muestra que el problema no es nuevo.

-Cinco de las once personas ultimadas a balazos por la policía de Inglewood desde 2003 estaban desarmadas. Entre ellos se incluye a un hombre que huyó cuando los agentes trataron de detenerlo por andar en bicicleta en la acera. Un agente dijo que disparó cuando el hombre trató de alcanzar un bulto en su cintura, que resultó ser una camiseta enrollada.

-Varios agentes -incluyendo a un sargento de instrucción- se han quejado sobre las instrucciones del departamento sobre cuándo disparar y sobre la falta de adiestramiento.

-Para investigar los disparos de la policía, el departamento ha asignado al vicepresidente del sindicato de agentes de policía de Inglewood, que defiende a los agentes acusados de mala conducta, y a un detective acusado por un fiscal de mentir sobre su propio uso de armas de fuego en su tiempo libre.


-Dos agentes de Inglewood estuvieron implicados en el uso de armas eléctricas Taser contra sospechosos desarmados cuatro veces en cinco semanas -incluyendo descargas contra los genitales de un hombre-, provocando a los abogados de la defensa a llamarlos ‘los gemelos Taser’.
Antes este año, el ayuntamiento contrató a consultores para que revisaran las políticas de adiestramiento y procedimientos del departamento e inició un programa de adiestramiento para mejorar las tácticas de los agentes.
La jefe de policía de Inglewood, Jacqueline Seabrooks, dijo que no era justo retratar a sus agentes como tipos de gatillo rápido o que hacen uso excesivo de la fuerza.
En algunos casos, dijo, la policía abrió el fuego sólo después de que los sospechosos apuñalaran a los agentes, les dispararan o les apuntaran con armas de fuego. El departamento de 195 miembros atienda más de 130 mil llamados cada año, normalmente sin problemas ni titulares.
"Tenemos que tratar con gente que es excesivamente violenta y que se resisten a niveles menores de fuerza, y no siempre les disparamos", dijo Seabrooks, que es jefe desde el año pasado.
Los agentes de Inglewood han disparado en seis ocasiones -vale decir, un cuarto de todos los disparos de la policía desde 2003- contra gente desarmada que pensaban equivocadamente que representaban una amenaza. Dos de esas personas portaban armas de juguete. Cinco murieron y uno quedó herido.
En cuatro otras ocasiones los agentes abrieron fuego contra coches en movimiento, una práctica fuertemente desalentada por muchas agencias policiales, incluyendo la de Inglewood.
"Eso es un montón de balaceras para un departamento tan pequeño", dijo Geoffrey Alpert, profesor de la Universidad de Carolina del Sur que ha ayudado a las agencias policiales a diseñar políticas sobre el uso de la fuerza letal. "Eso despierta las alarmas".
Es difícil comparar los tiroteos de los agentes de diferentes agencias debido a las tasas de delincuencia diversas, la demografía y el tamaño de los departamentos. Pocas agencias mantienen datos disponibles sobre las circunstancias que rodean esos incidentes. Sin embargo, las estadísticas de agencias cercanas sugieren que en Inglewood las cifras son más altas.
Los agentes de la vecina ciudad de Hawthorne, por ejemplo, desde 2003 han disparado y ultimado a un solo sospechoso desarmado. Hawthorne, que tiene una tasa de delincuencia similar a la de Inglewood, tiene la mitad de los agentes de Inglewood, y cuatro quintos de la población.
Un informe del Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles -que patrulla una zona con una población que es veinte veces más grande que Inglewood- demuestra que, desde 2005, los agentes han matado a menos personas desarmadas que la policía de Inglewood.

Era un Hombre Realmente Amable
Jule Dexter tenía sus propios problemas. Estaba luchando para descolgarse de su adicción a las drogas y en 2004 su madre trató de obtener una orden de restricción en su contra, acusándolo de haberla empujado y de robar en su garaje.
Pero según su tía Patricia Hayes, cuando estaba sobrio era una maravilla tener a Dexter cerca. "Era un niño grande, pero era muy amable, realmente amable", dijo.
Un mes antes de su muerte, dijo Hayes, Dexter terminó un programa de rehabilitación y le dijo que estaba decidido a ocuparse de su hijo de tres años, cuyo nombre Dexter se había tatuado en el brazo derecho.
Pero la noche del 6 de junio de 2005, Dexter usó nuevamente cocaína, de acuerdo a las pruebas toxicológicas de los funcionarios del juez de instrucción.
Justo después de las seis de la tarde, estaba parado frente a la botillería de Inglewood con unos amigos cuando un coche policial sin matrícula se acercó a la acera. El agente José Estrada y el detective Louie Johnson de la brigada anti-pandillas se acercaron al grupo de Dexter.
Lo que ocurrió seguidamente todavía está en discusión. Estrada contó a los investigadores que Dexter sacó muy lentamente las manos de los bolsillos y parecía estar manipulando lo que Estrada temía que fuera un arma.
Pero los testigos dijeron a las autoridades que Dexter estiró la mano para subirse los pantalones. En una demanda por homicidio culposo entablada por la familia de Dexter, Earnestine Baldwin, transeúnte, declaró que oyó a Dexter suplicar al agente repetidas veces que lo dejara subirse los pantalones.
El ayuntamiento pagó 725 mil dólares de indemnización en un acuerdo.
"Entiendo que puedan tener miedo. Pero se supone que ellos están preparados para hacer frente a eso", dijo Hayes, vicepresidente de un banco. "‘¿Qué les dio el derecho de matar a mi sobrino? ¿Dónde está la justicia?"
El despacho de la fiscalía decidió no presentar cargos criminales contra Estrada, concluyendo que el agente creyó razonablemente que Dexter estaba tratando de sacar un arma y le disparó.
Una comisión formada por tres capitanes de la policía de Inglewood decidió, en votación de dos contra uno, que Estrada no había violado las políticas del departamento en cuanto al uso de fuerza letal. Pero el jefe policial de entonces, Julius I. Davis, no aceptó la decisión y suspendió a Estrada por dieciséis días.
Estrada recurrió, quejándose de que no había sido preparado propiamente. Ha pedido a un tribunal de Los Angeles que anule el reglamento del departamento sobre el uso de fuerza letal porque son confusas.
Kenton Ferrin, a la época sargento de instrucción de Estrada, declaró en la apelación disciplinaria de Estrada, que esa política confunde a los agentes.
Según los documentos jurídicos presentados por su abogado, el departamento no ordenó nunca un adiestramiento adicional para Estrada después del homicidio.
Seabrooks dijo que creía que el reglamento es claro, pero agregó que estaba siendo actualizado para hacerlo más preciso.

Investigando a Sus Propios Agentes
Como muchas agencias de policía, la de Inglewood confía el trabajo de investigar a agentes implicados en tiroteos a sus propios detectives de homicidio. Su trabajo es revisado por la oficina del fiscal de distrito.
En los últimos años los detectives asignados para esas investigaciones han incluido a Lloyd Waters, vicepresidente y ex presidente de la Asociación de Agentes de Policía de Inglewood.
Seabrooks, ex capitán de policía de Santa Monica, dijo que no vio nada malo en que un funcionario del sindicato investigara a un agente implicado en una balacera, diciendo que no es inusual en los departamentos de policías más pequeños.
Pero Bill Geller, consultor sobre seguridad pública de Illinois y nacionalmente reconocido como experto en tiroteos policiales, lo describió como un conflicto de intereses. Los funcionarios del sindicato de policía, dijo, defienden a sus miembros, aunque los detectives deben revisar objetivamente los hechos de un tiroteo, incluso si un agente actúa mal.
"Eso me parece realmente tonto", dijo Geller. "El departamento está arriesgando innecesariamente su reputación de integridad y objetividad".
Otro detective asignado para investigar a un agente implicado en un tiroteo es Willard Salmon Jr., un veterano que lleva doce años en el departamento.
En 2002, la policía de Los Angeles fue llamada al estacionamiento del Dodger Stadium después de que Salmon, fuera de servicio, disparara e hiriera a un ladrón de coches en libertad condicional después de un partido. Salmon dijo a la policía que había disparado en defensa propia después de que el hombre lo atacara con una botella de cerveza.
Pero el fiscal delegado de distrito Max Huntsman concluyó que la versión de Salmon "no era creíble". Dos grupos de testigos independientes, escribió en un memorándum, dijeron a la policía que Salmon no había sido atacado y que él y su novia buscaron el casquillo y lo retiraron antes de que llegaran los agentes del Departamento de Policía de Los Angeles.
"Esta conducta apoya la conclusión de que Salmon sabía que había actuado impropiamente y retiró la evidencia con la esperanza de que lograría evitar que lo identificaran", escribió Huntsman.
El fiscal también reprochó a los detectives de asuntos internos de la policía de Inglewood por no someter a Salmon a un test de alcohol sino ocho horas después del tiroteo.
Huntsman decidió no presentar cargos contra Salmon, pensando que no era probable que un jurado lo condenara si reclamaba que había actuado en defensa propia.
Seabrooks dijo que la investigación interna del departamento liberó a Salmon de la sospecha de mala conducta y que la agencia no había recibido quejas por su trabajo como detective.
Salmon dijo que fue asignado a la unidad de homicidio hace unos dieciocho meses.
"No creo que, si tuvieran problemas con el tiroteo o preguntas sobre este, me hubiesen puesto en la posición de investigar a agentes implicados en tiroteos", dijo Salmon en una breve entrevista.
El año pasado Salmon fue el detective jefe en la investigación de un agente que disparó contra un hombre desarmado, Richard Ray Tyson, de acuerdo a documentos del juez de instrucción.
Tyson, 20, andaba en su bicicleta en la acera cuando dos agentes lo reconocieron como un presunto pandillero y trataron de detenerlo. Tyson huyó y los agentes lo persiguieron hasta que lo arrinconaron en el patio de una casa.
El agente Zerai Massey dijo a los detectives que Tyson ignoró las órdenes de que mostrara sus manos, que había movido hacia la pretina. Massey disparó seis veces, hiriendo a Tyson en la espalda y en el torso. El agente dijo a los detectives que creyó que Tyson tenía una pistola. En el cuerpo de Tyson no se encontró ningún arma. En lugar de eso, los agentes hallaron una camiseta enrollada metida en el bolsillo anterior de la sudadera.
El despacho del fiscal de distrito declaró que el agente había actuado "en legítima defensa". La familia de Tyson ha entablado una demanda por homicidio culposo contra el ayuntamiento, alegando que el tiroteo fue injustificado y la investigación inadecuada.

Uso de la Fuerza Letal
En 2002, Inglewood se transformó en el centro de la atención pública cuando un agente blanco fue captado en video golpeando a un adolescente negro y metiéndolo violentamente en el maletero de una patrullera. El ayuntamiento instaló cámaras de video en las patrulleras, exigió que los agentes fueran adiestrados en sensibilidad y formó una comisión de ciudadanos para revisar las quejas contra la policía.
Pero a medida que las repercusiones de ese episodio empezaron a desteñirse, los agentes de Inglewood continuaron recurriendo al uso de armas, incluyendo Tasers, contra sospechosos desarmados o esposados.
Este año el ayuntamiento llegó a acuerdos de indemnización con vecinos que reclamaron que los agentes los atacaron con pistolas eléctricas como castigo antes que como método para dominarlos.
Una mujer alegó que los agentes le dispararon dos veces con una Taser después de que ella hubiera pateado la ventana trasera de una patrullera cuando estaba esposada y ahogándose en el asiento trasero. Después de aplicarle las descargas eléctricas, los agentes le dijeron: "¿Te gustó eso?" El ayuntamiento la indemnizó con 95 mil dólares. Un hombre reclamó que un sargento le disparó con una pistola eléctrica en la comisaría y que dijo que fue porque había mordido a un agente recibió 55 mil dólares.
"Parece que allá hay muy poca disciplina", dijo su abogado Gary Casselman.
No se sabe la frecuencia con que los agentes de Inglewood utilizan sus pistolas eléctricas. Un portavoz de la policía dijo que el departamento no lleva estadísticas de los incidentes con esas pistolas.
Pero en 2005, los defensores públicos constataron una regularidad en las quejas de clientes que dijeron que habían sido atacados con pistolas eléctricas por agentes de Inglewood. Sobresalían dos agentes.
Durante un período de cinco semanas ese año, cuatro personas se quejaron de que habían sido atacados por los agentes Eduardo Sánchez y Rafael Rodríguez. Los abogados defensores los apodaron los ‘Gemelos de la Taser’.
"Parecían ser agentes inmaduros y muy mal preparados", dijo John Raphling, ex defensor público que ejerce ahora una práctica privada. "Parecían estar operando con muy poca supervisión".
Entre las personas atacadas por el par se encuentra Clarence Williams, al que los agentes detuvieron por sospechas de ebriedad en la vía pública.
En la cárcel de la ciudad, Rodríguez y Sánchez, junto con un tercer agente, llevaron a Williams a un cuarto para cachearlo. Sánchez escribió en un informe que Williams se puso violento cuando era desnudado.
Sánchez escribió que Williams, de 1 metro 73 y 72 kilos, avanzó hacia Rodríguez con los puños en alto. Sánchez dijo que le disparó con una Taser, impactándolo en los genitales y el estómago. Dijo que le aplicó tres descargas antes de que Williams se calmara.
El reglamento del departamento prohíbe a los agentes disparar con una pistola eléctrica contra los genitales de los sospechosos.
Williams, 42, dijo al Times que los agentes lo atacaron sin ninguna provocación cuando estaba desnudo y había empezado a subirse los pantalones.
El teniente Mike McBride dijo que los supervisores concluyeron que Williams había sido impactado involuntariamente en los genitales y que los agentes habían recurrido legítimamente al uso del arma.
Dijo que Sánchez renunció el año pasado durante una investigación de asuntos internos no relacionada con el caso sobre presunta mala conducta, incluyendo hacer declaraciones falsas. Rodríguez fue despedido hacia la misma época. McBride se negó a entregar informaciones sobre el por qué, explicando que la apelación disciplinaria de Rodríguez todavía está pendiente.
Los agentes no pudieron ser localizados para que entregaran sus comentarios.
Williams dijo sobre la pistola eléctrica Taser: "Es como si fuera una descarga eléctrica que te recorre todo el cuerpo". Que te disparen en los genitales, dijo, causa un "dolor espantoso".

19 de enero de 2009
28 de diciembre de 2008
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bush podría ser llevado a juicio


Observaciones sobre la tortura podrían forzar la mano del gobierno.
[Scott Shane] Washington, Estados Unidos. Hace apenas catorce meses, en su audiencia de confirmación, el fiscal general Michael B. Mukasey defraudó e irritó a algunos senadores al negarse a decir que el submarino, la técnica de simulación de la asfixia por inmersión utilizada contra tres prisioneros con la Agencia Central de Inteligencia era, de hecho, tortura.
Esta semana, en su audiencia de confirmación, Eric H. Holder Jr., el candidato a fiscal general, no dudó en expresarse claramente. Observó que la técnica del submarino había sido usada para torturar a prisioneros durante la Inquisición, por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y en Camboya durante el régimen de los Kmher Rouge.
"Procesamos a nuestros propios soldados por utilizarla en Vietnam", dijo Holder. "El submarino es tortura".
En opinión de muchos historiadores y autoridades legales, Holder sólo estaba admitiendo lo obvio. Está de acuerdo con la clara posición de su futuro jefe, el presidente electo Barack Obama, y está dando una respuesta que casi ciertamente era necesaria para ser confirmado.
Pese a su declaración, que equivale a una admisión de que Estados Unidos puede haber estado cometiendo crímenes de guerra, abre la puerta a una imprevisible serie de consecuencias políticas y legales. Podría potencialmente requerir una investigación jurídica a toda escala, complicar el procesamiento de individuos acusados de cometer actos terroristas y socavar al nuevo gobierno precisamente con el tipo de enfoque retrospectivo que Obama dijo que evitaría.
La declaración de Holder se produce apenas dos días después de que la funcionaria del ministerio de Defensa a cargo de las comisiones militares de Bahía Guantánamo, Cuba, dijera en una entrevista con el Washington Post, que había rechazado el juicio de uno de los detenidos allá, Mohammed al-Qahtani, debido a que creía que había sido torturado.
Las declaraciones en conjunto, de un funcionario actual y de uno entrante, cubren ambas a la Agencia Central de Inteligencia, que ha reconocido que ha utilizado la técnica del submarino contra tres operativos de al_Qaeda capturados, y el programa de detención militar.
Expertos jurídicos de todo el espectro político dijeron que las declaraciones harían difícil que el gobierno entrante evite una investigación criminal de la tortura, aunque la mayoría dice que un juicio exitoso es prácticamente imposible.
Dos obvios obstáculos dificultan un juicio: las recomendaciones jurídicas del ministerio de Justicia que declaró que incluso los métodos de interrogatorio más severos eran legales, y una disposición de la Ley de Comisiones Militares de 2006, que otorga fuertes garantías legales a los empleados de gobierno que se apoyan en esos consejos legales en programas antiterroristas.
Sin embargo, Jennifer Daskal, asesora en contraterrorismo de Human Rights Watch, dijo que "sería contrario a los principios del sistema de justicia penal que el fiscal general diga que cree que se ha cometido un delito muy grave y no hacer nada sobre el asunto".
Charles D. Stimson, que fue un alto funcionario del ministerio de Defensa encargado de los detenidos entre 2004 y 2007 y trabaja ahora como consejero legal de la conservadora Heritage Foundation, dijo que las declaraciones "ciertamente aumentarán la presión sobre Holder para que monte algún tipo de juicio".
Además de las presiones políticas domésticas, Estados Unidos parece tener la obligación, como firmante de la Convención contra la Tortura, de investigar las denuncias sobre torturas. Ese tratado requiere que los estados signatarios conduzcan una "investigación pronta e imparcial toda vez que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción".
El gobierno de Bush realizó sus operaciones de interrogatorio en territorio extranjero, en la base estadounidense en Cuba y en locaciones secretas de la CIA, y algunos personeros han alegado que esas locaciones no se encuentran en territorio estadounidense. Pero esa afirmación ha sido erosionada por decisiones judiciales sobre el centro de detención de Guantánamo, y es improbable que el gobierno de Obama use ese resquicio para evitar los efectos de la convención contra la tortura.
"Estados Unidos tiene la obligación moral, jurídica y práctica de investigar de buena fe esas instigaciones, cualquiera sean sus consecuencias", dijo Juan E. Méndez, un veterano abogado de derechos humanos y presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional de Nueva York.
Hacia dónde puede conducir una pesquisa como la anunciada es un inquietante tema para los funcionarios del gobierno de Bush saliente, que han temido durante largo tiempo que esas políticas agresivas podrían exponerlos a una rendición de responsabilidades civiles y criminales.
Si los interrogadores corrientes son protegidos por la garantía del ministerio de Justicia de que sus acciones eran legales, ¿qué pasará con los abogados que les dieron esas protecciones? ¿Qué pasará con los altos personeros, incluyendo al propio presidente Bush, que aprobó el uso del submarino y otros métodos similares?
Esas preguntas son tan desalentadoras legalmente y tan complejas políticamente que Obama las ha minimizado, aunque sin excluir la posibilidad de que una investigación judicial o una comisión nacional examine esas políticas pasadas. En una entrevista con el ABC el domingo pasado, dijo que "me inclino a mirar hacia el futuro" antes que hacia el pasado.
En las últimas semanas, Bush, el vicepresidente Cheney y otros funcionarios han defendido fuertemente sus métodos contra el terrorismo y han afirmado que han prevenido otros atentados contra Estados Unidos desde 2001. Su argumento implícito -de que el gobierno de Obama no debería cuestionar las políticas que protegieron a los estadounidenses- fue hecho más explícito y personal por Michael V. Hayden, el director saliente de la CIA, en un encuentro con periodistas el jueves.
"Si le dices a un agente ‘tengo una comisión de la verdad’, o quiero subir todos tus correos electrónicos, o, bueno, hay un tipo de la oficina que quiere hablar contigo’", dijo Hayden, desalentaría enormemente a cualquier agente de la CIA de correr riesgos en nombre de las políticas del nuevo presidente.
"No tenemos derecho a pedirle a ese tipo que se juegue el dinero de la universidad de su hijo en quién va a ganar las elecciones", dijo Hayden, aludiendo a los costes legales en que podría incurrir un agente de la CIA.
En su audiencia de confirmación, el senador Orrin G. Hatch, republicano de Utah, le preguntó a Holder si iniciaría una investigación criminal de los programas de contraterrorismo.
Holder evadió responder, diciendo: "Senador, nadie está sobre la ley, y nosotros investigaremos las evidencias, los hechos, la ley, y eso nos llevará dónde tengamos que ir".
Pero agregó, citando a Obama, que "no queremos criminalizar las diferencias en decisiones de este tipo" y finalmente pidió más tiempo para estudiar el asunto.
"Una de las cosas que creo que tendremos que hacer", dijo Holder, "es familiarizarnos con las cosas que condujeron a la implementación de esas políticas".

17 de enero de 2009
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el último niño soldado en guantánamo


Omar Khadr tenía 15 años cuando fue capturado en Afganistán en 2002. Su juicio en Guantánamo plantea problemas éticos.
[Carol J. Williams] Bahía Guantánamo, Cuba. Dos días después de ser rescatado inconsciente de entre los escombros de un recinto de al_Qaeda bombardeado en el sur de Afganistán, Omar Khadr, de quince años, yacía amarrado a una camilla, su ojo izquierdo destrozado por la metralla y heridas de bala en su espalda todavía sin tratar.
Agentes norteamericanos que realizaron el primer interrogatorio del adolescente canadiense en la base aérea de Bagram, cerca de Kabul, el 29 de julio de 2002, midieron los efectos del interrogatorio por el medidor de la presión arterial conectado al prisionero inerte. El adolescente herido no podía más que gruñir.
La sesión más reciente, y posiblemente la última, del tribunal por crímenes de guerra de Guantánamo, ha revelado inquietantes detalles sobre cómo trataron a Khadr durante los tres meses que estuvo en Bagram bajo custodia de las tropas norteamericanas, que estaba convencidas de que había arrojado una granada que le costó la vida a un soldado estadounidense.
En los interrogatorios posteriores durante más de seis años durante su detención en la cárcel norteamericana azuzaron perros contra él, lo obligaron a adoptar posiciones estresantes y fue utilizado cabeza abajo por los guardias como una fregona humana para limpiar el suelo.
Khadr es uno de al menos una docena de jóvenes capturados y llevados a Guantánamo por el gobierno de Bush en el marco de la guerra contra el terrorismo después del 11 de septiembre de 2001. Entre los diecinueve prisioneros de Guantánamo acusados de crímenes de guerra, Khadr y Mohammed Jawad, un afgano del que se piensa que es un año más joven que el canadiense, son los únicos que eran menores de edad en la época en que cometieron los delitos de que se le acusa.
Defensores de los derechos humanos consideran la persecución de Khadr y Jawad como otra mancha para la cárcel y tribunal de Guantánamo. Tampoco le garantizaron las garantías prometidas por los tratados firmados por Estados Unidos.
"Según el derecho internacional, son los adultos que reclutan a los niños para la guerra los que deben ser procesados por ese delito. Pero los niños capturados en combate, deben ser protegidos, no procesados", dijo Diane Marie Amann, profesora de derecho de la Universidad de California en Davis, que observó la última audiencia del caso de Khadr para el Instituto Nacional de Justicia Militar.
El instituto se unió a juristas, parlamentarios y defensores de los derechos humanos para argumentar que los combatientes menores de edad deberían ser tratados como víctimas, no como adultos responsables que tomaron conscientemente la decisión de participar en la guerra.
El juicio de Khadr debe empezar el 26 de enero, con audiencias preliminares programadas para la víspera de la inauguración del presidente electo Barack Obama, que ha prometido que cerrará Guantánamo.
Khadr era un niño cuando su padre empezó a viajar entre Toronto y los bastiones militantes islámicos a lo largo de la frontera afgana-paquistaní.
Ahora de veintidós años, Khadr ha pasado casi un tercio de su vida bajo custodia de Estados Unidos. Creció en una familia de militantes musulmanes y durante su adolescencia estuvo rodeado de combatientes de la guerra santa. Sus abogados lo describen como confundido, inmaduro y emocionalmente dañado.
Varias pulgadas más alto que cuando llegó, Khadr, de 1 metro 92, caminaba solo, en una visita reciente, entre la ropa tendida en el patio de su barraca en el Campamento 4, detrás de vallas encimadas por alambres concertina y bajo la mirada de guardias en torres de vigilancia. Examinó detenidamente las ofertas de una tarjeta de la biblioteca y eligió un número del National Geographic.
Las Convenciones de Ginebra y la Convención de Naciones Unidas para los Derechos del Niño dicen que es responsabilidad del estado cuyos soldados capturan a menores edad en el campo de batalla, ocuparse de su rehabilitación e integración en la sociedad. Los llamados a considerar la edad de Khadr y Jawad han sido consistentemente rechazados por el tribunal.
El coronel de ejército Patrick Parrish ha determinado que el juicio de Khadr por cargos de homicidio, homicidio frustrado, espionaje, conspiración y apoyo material al terrorismo podía seguir adelante. Su predecesor como juez en el caso, el coronel de ejército Peter E. Brownback III, determinó que la edad del acusado y su educación eran "interesantes como tema de una política", pero irrelevantes para el proceso en curso por la Ley de Comisiones Militares de 2006.
El juez militar de Jawad, el coronel de ejército Stephen R. Henley, resolvió lo mismo sobre el niño soldado en cuestión, pero rechazó las evidencias del gobierno para condenar al afgano por homicidio frustrado y otros cargos. Henley resolvió que las confesiones de Jawad fueron obtenidas bajo coerción, una resolución que la fiscalía ha pedido al Tribunal de Revisión de las Comisiones Militares que revoque, pero no está claro cuando se decidirá sobre esa apelación.
"Espero que el gobierno de Obama dirá, como su primera acción, que ‘no queremos ser el primer gobierno en la historia que presida el juicio de un niño soldado por crímenes de guerra’", dijo el teniente William C. Kuebler, el principal abogado de la defensa de Jawad.
Kuebler dijo que le inquietaba la audiencia de mediados de diciembre presidida por Parrish, que rechazó que presentara como evidencia unas fotografías tomadas en la escena el 27 de julio de 2002, en un tiroteo cerca de Khowst, Afganistán, en el que Khadr fue acusado de tomar parte arrojando la granada que mató al sargento primero Christopher Speer.
Las fotografías tomadas por soldados estadounidenses cuando tomaban por asalto el recinto bombardeado muestran a Khadr tendido boca abajo en la tierra debajo de los restos de un tejado. Los soldados no sabían que estaba ahí hasta que uno de ellos pisó los escombros y sintió que se movía algo debajo.
Kuebler dijo que no era posible que Khadr hubiera arrojado la granada que mató a Speer, ya que estaba enterrado e inconsciente cuando el soldado entró de la Fuerza Delta.
Los partidarios de Guantánamo defienden el tratamiento acordado a Khadr. El fiscal jefe del tribunal, el coronel de ejército Lawrence J. Morris, desechó las afirmaciones de los críticos de que los menores de edad no pueden ser imputados por crímenes de guerra según la Convención sobre los Derechos del Niño y el protocolo complementario.
"La convención no ha sido bien entendida, o ha sido mal interpretada a sabiendas", dijo Morris.
"No prohíbe su procesamiento".
El capitán de ejército Keith Petty, del equipo de la fiscalía en el caso de Khadr, dijo que los jurados militares debían decidir si consideraban o no la edad del acusado en la época en que cometió el delito.
Radhika Coomaraswamy, el representante especial de Naciones Unidas para niños en conflictos armados, presentó una protesta por el proceso de Khadr, advirtiendo que sentaría un precedente y minaría las garantías de la convención.
Los tribunales de Naciones Unidas instalados para perseguir a criminales de guerra de la antigua Yugoslavia, Sierra Leona y Ruanda han tendido a tratar como víctimas a los niños soldados. David Crane, profesor de derecho de la Universidad de Siracusa que fue el fiscal jefe en el Tribunal Especial para Sierra Leona, escribió que "ningún niño tenía la capacidad mental para cometer crímenes contra la humanidad".
Políticos canadienses han resistido los llamados a juzgar a Khadr en su país de origen, aunque Kuebler espera que el inminente cambio en el gobierno estadounidense ejerza nuevas presiones en Ottawa para exigir la repatriación del último detenido de Guantánamo.

7 de enero de 2009
27 de diciembre de 2008
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la ley contra los matrimonios forzados


Ley británica protege a mujer de Bangladesh contra matrimonio forzado. La mujer vivía en Londres, pero fue llevada con engaños a Bangladesh y obligada a aceptar un matrimonio concertado.
[Henry Chu] Londres, Inglaterra. En un caso que está siendo seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos, una doctora de Bangladesh que vive en Londres cuyos padres la querían obligar a aceptar un matrimonio convenido, no puede ser obligada a volver a su país de origen contra su voluntad, resolvió el viernes la Corte Suprema de Gran Bretaña.
La decisión protege a Humayra Abedin contra su familia para que esta no la obligue a volver a Bangladesh, después de vivir en Gran Bretaña durante los últimos seis años. Abedin volvió a Londres a principios de semana, después de pasar meses en Bangladesh -presuntamente como prisionera de sus padres, que la habían llevado a casa con engaños y obligado a aceptar un matrimonio indeseado.
El caso ha llamado la atención nacional en Gran Bretaña, donde abundan las historias de mujeres, particularmente de la numerosa población sudasiática del país, que son casadas contra su voluntad con hombres en su país natal. El año pasado se aprobó en Gran Bretaña una ley que protege a las mujeres contra esas relaciones, y Abedin fue una de las primeras en acogerse a ella, dijo una de sus abogados británicos.
Los problemas de Abedin se convirtieron en noticia de primera plana después de que lograra enviar, desde Bangladesh, un mensaje por correo electrónico o un mensaje de texto a sus amigos en Gran Bretaña.
Había viajado a Dhaka, la capital de Bangladesh, en agosto, después de que le dijeran que su madre estaba enferma. Pero una vez que llegó a casa de su familia, Abedin fue "empujada de muy malos modos a la casa y encerrada en un cuarto", según los documentos presentados por sus abogados británicos.
Más tarde, su familia la ingresó en un hospital psiquiátrico.
"Me mantuvieron allá durante tres meses y me obligaron a ingerir medicamentos, fármacos anti-psicóticos, que empeoraron las cosas", dijo Abedin el viernes a periodistas.
A mediados de noviembre, no pudo resistir más y se casó con el hombre que habían escogido sus padres para ella, aunque tenía un novio en Gran Bretaña.
Para entonces, en Gran Bretaña un grupo de abogados aceptó el caso de Abedin, y la Corte Suprema, en virtud de la Ley contra los Matrimonios Forzados, ordenó que fuera liberada de la custodia de sus padres. Un juez en Bangladesh aprobó la resolución.
Abedin volvió a Londres el martes, y manifestó su alivio el viernes después de que la Corte Suprema emitiera una orden judicial contra su familia ordenándole no acosarla, amenazarla o trasladarla contra su voluntad a Bangladesh.
"Ha sido muy difícil. Puedes entender que no es fácil vivir en cautiverio contra tu voluntad", dijo Abedin.
Anne-Marie Hutchinson, una de sus abogados, dijo que esperaba que la bien publicitada historia de Abedin alentaría a otras mujeres en circunstancias similares a buscar protección legal contra matrimonios forzados, que la Corte Suprema calificó de una "completa aberración de todo el concepto de matrimonio en una sociedad civilizada".
"La publicidad que ha recibido permitirá que otras persona sientan que pueden dar un paso adelante y solicitar la protección... a la que tienen derecho", dijo Hutchinson.
Aunque la mayoría de los casos en Gran Bretaña han involucrado a mujeres de origen sudasiático, Hutchinson rechazó la idea de que el caso fuera meramente un choque entre valores culturales.
"El matrimonio forzado es una violación de los derechos humanos", dijo. "Es un problema de derechos humanos. Esto no tiene nada que ver con la cultura ni con la religión".

3 de enero de 2009
20 de diciembre de 2008
©los angeles times 
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