derechos humanos

hrw pide investigar a bush

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Estados Unidos debe investigar a Bush y a otros altos funcionarios por torturas. Indagar sobre solo dos muertes bajo custodia de la CIA es insuficiente.

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Washington, D.C., Estados Unidos. Hay razones solidas para investigar a Bush, Cheney, Rumsfeld y Tenet por autorizar actos de tortura y crímenes de guerra. El presidente Obama ha considerado estos actos de tortura como lamentables decisiones políticas, en lugar de crímenes. Su decisión de poner fin a los interrogatorios abusivos podría ser revertida fácilmente, a menos que se restablezca claramente la prohibición legal contra la tortura.
Las pruebas contundentes que implican al gobierno de Bush en torturas obligan al presidente Barack Obama a ordenar una investigación penal de las denuncias sobre abusos a detenidos autorizados por el ex presidente George W. Bush y otros altos funcionarios, señaló Human Rights Watch en un informe que se divulgó el día de hoy. El gobierno de Obama no ha cumplido las obligaciones asumidas por Estados Unidos, conforme a la Convención contra la Tortura, de investigar actos de tortura y otros malos tratos a detenidos, afirmó Human Rights Watch.
El informe de 107 páginas, ‘Getting Away with Torture: The Bush Administration and Mistreatment of Detainees’ ["Torturas impunes: El gobierno de Bush y el maltrato de detenidos"], presenta suficiente información para justificar una investigación penal de Bush y varios altos funcionarios de gobierno, incluidos el ex vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el Director de la CIA George Tenet, por haber ordenado prácticas como asfixia por inmersión (waterboarding), el uso de cárceles secretas de la CIA y el traslado de detenidos a países donde fueron torturados.
"Hay razones solidas para investigar a Bush, Cheney, Rumsfeld y Tenet por autorizar actos de tortura y crímenes de guerra", dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. "El presidente Obama ha considerado estos actos de tortura como lamentables decisiones políticas, en lugar de crímenes. Su decisión de poner fin a los interrogatorios abusivos podría ser revertida fácilmente, a menos que se restablezca claramente la prohibición legal contra la tortura".
Human Rights Watch señaló que si el gobierno de Estados Unidos no impulsa investigaciones penales creíbles de estos hechos, otros países deberían juzgar a los funcionarios estadounidenses involucrados en delitos contra detenidos, de acuerdo a la legislación internacional.
"Estados Unidos tiene una obligación jurídica de investigar estos delitos", afirmó Roth. "Si no toma medidas al respecto, otros países deberían hacerlo".
En agosto de 2009, el procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, designó al fiscal federal adjunto, John Durham, para que investigara el abuso de detenidos, pero limitó la indagación a los actos "no autorizados". Como resultado, la investigación podría no examinar actos de tortura, como las prácticas de asfixia por inmersión, ni otros malos tratos autorizados por abogados del gobierno de Bush, pese a que estos actos son contrarios al derecho interno e internacional. El 30 de junio, Holder aceptó la recomendación de Durham de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre dos muertes bajo custodia de la CIA ocurridas, según informes, en Irak y Afganistán. Human Rights Watch dijo que el limitado alcance de la investigación de Durham no aborda la naturaleza sistemática de los abusos.
"El patrón de abusos del Gobierno de Estados Unidos a lo largo de varios países no fue el resultado de acciones de individuos que rompieron las reglas", dijo Roth. "Fue consecuencia de decisiones hechas por altos funcionarios estadounidenses que decidieron estirar o ignorar las reglas".
Con respecto a los cuatro máximos funcionarios del gobierno de Bush, Human Rights Watch expresó lo siguiente:

-El presidente Bush admitió públicamente haber aprobado en dos oportunidades el uso de prácticas de asfixia por inmersión, que consisten en someter a una persona a un simulacro de ejecución por ahogamiento, y que tradicionalmente han estado penadas en Estados Unidos como una forma de tortura. Bush también autorizó los programas secretos de detención y entregas extraordinarias de la CIA, que permitían mantener incomunicados a los detenidos y, en muchos casos, trasladarlos a países como Egipto y Siria, donde posiblemente serían torturados.

-El vicepresidente Cheney fue el impulsor de la adopción de políticas ilícitas sobre detención e interrogatorios, y presidió varias reuniones claves en las cuales se discutieron operativos específicos de la CIA, como la decisión de someter a asfixia por inmersión a un detenido, Abu Zubaydah, en 2002.

-El secretario de Defensa Donald Rumsfeld aprobó el empleo de métodos ilegales durante los interrogatorios y siguió de cerca el caso de Mohamed al-Qahtani, sometido a un régimen de seis semanas de interrogatorios coercitivos en Guantánamo que, considerados en conjunto, podrían ser considerados actos torturas.

-El director de la CIA George Tenet autorizó y supervisó el uso por parte de la CIA de prácticas de asfixia por inmersión, posturas obligadas que causan estrés, hostigamiento con fuertes ruidos y luces, privación del sueño y otros métodos abusivos durante los interrogatorios, además del programa de entregas extraordinarias de la CIA.

En entrevistas con los medios de comunicación, Bush ha intentado justificar su decisión de autorizar las prácticas de asfixia por inmersión y señaló que abogados del Departamento de Justicia habían afirmado que eran lícitas. Si bien Bush debería haber advertido que las prácticas de asfixia por inmersión constituyen torturas sin necesidad de consultar a un abogado, existe también información significativa que indica que altos funcionarios gubernamentales, entre ellos Cheney, intentaron influir en la opinión de los abogados, señaló Human Rights Watch.
"Los más altos funcionarios del gobierno de Bush no deberían armar a medida y elegir las opiniones legales según su conveniencia, y luego ampararse en tales opiniones como si hubieran sido proporcionadas en forma autónoma", indicó Roth.
Human Rights Watch también exigió que se examine penalmente el  proceso de preparación de los memorandos del Departamento de Justicia que se utilizaron para justificar el trato ilícito dado a los detenidos.
Human Rights Watch señaló asimismo que las víctimas de tortura deberían recibir una reparación justa y adecuada, como lo exige la Convención contra la Tortura. Tanto el gobierno de Bush como de Obama han forzado el alcance de doctrinas jurídicas como el secreto de Estado y la inmunidad oficial y han logrado que la justicia penal ordinaria no examine los méritos de las denuncias sobre torturas.
Debería crearse una comisión independiente no partidaria, similar a la Comisión del 11 de septiembre, que examine los actos del poder ejecutivo, la CIA, las Fuerzas Armadas y el Congreso en relación con las políticas y prácticas aplicadas durante el gobierno de Bush que permitieron el abuso de personas detenidas, expresó Human Rights Watch. Esta comisión debería emitir recomendaciones a fin de asegurar que los abusos sistemáticos del gobierno de Bush no se repitan en el futuro.
En febrero de 2011, Bush canceló un viaje a Suiza, debido a que un grupo de víctimas de torturas habrían intentado presentar una querella en su contra en ese país. También se encuentra en curso en España una investigación para determinar la participación de funcionarios estadounidenses en torturas. Una serie de documentos divulgados por Wikileaks revelaron que durante el gobierno de Obama continuaron las presiones del gobierno estadounidense para que las autoridades españolas decidieran abandonar la investigación.
Human Rights Watch señaló que la decisión del gobierno estadounidense de no investigar la participación de sus funcionarios en hechos de tortura y maltrato de detenidos podría frustrar las acciones de Estados Unidos en el exterior que buscan conseguir justicia por violaciones de derechos humanos.
"Estados Unidos hace lo correcto cuando exige que se juzguen delitos internacionales graves cometidos en lugares como Darfur, Libia y Sri Lanka, pero no debería aplicarse un doble criterio", indicó Roth. "Cuando el gobierno estadounidense protege a sus propios funcionarios e impide que sean investigados y juzgados, contribuye a que otros países ignoren los esfuerzos internacionales por juzgar a quienes han cometido crímenes graves".
12 de julio de 2011
11 de julio de 2011
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matones en seúl

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Caseros, hombres de negocios, e incluso una comuna de Seúl , recurren a los recaderos, matones callejeros contratados para resolver disputas sobre la propiedad que la policía no atiende, para desalojar a okupas o ahuyentar a vendedores ambulantes.

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[John M. Glionna] Seúl, Corea del Sur. En Corea del Sur son conocidos como "recaderos": matones callejeros contratados que trabajan a menudo como mercenarios para resolver disputas sobre la propiedad que las agencias policiales se niegan a tratar.
Sus rangos los componen hombres en buen estado físico que, dicen los críticos, acechan en la zona turbia de la ley, utilizando la violencia y la intimidación para afirmar la voluntad de clientes como caseros, hombres de negocios e incluso el gobierno.
Hace poco una oficina de distrito del gobierno de Seúl recurrió al uso de yongyeok, recaderos, para expulsar a vendedores callejeros ilegales de un popular barrio turístico.
Mientras la policía miraba, decenas de hombres de aspecto amenazador convergieron en una pintoresca calle de adoquines en la popular zona de Insadong. En un incidente, captado por las cámaras de un telediario, cerca de 250 hombres robustos volcaron los carretones, desparramando por el suelo caramelos tradicionales, tentempiés calientes y artesanías mientras las vendedoras se lamentaban y lloraban.
Varios vendedores fueron arrojados al suelo -un hombre de edad fue retirado luego del lugar en una camilla- cuando el tumulto se transformó en una anticuada pelea callejera. Los clientes miraban asombrados.
"¿Cómo puede hacer esto?", gritó una vendedora. "¡La gente está en el suelo!"
En el país existen tres mil firmas yongyeok que se especializan en disputas por propiedades y reclamos de invasión de propiedad que la policía insiste en que tiene demasiado que hacer como para ocuparse de ellos. Aunque muchos recaderos dicen que son hombres de negocios legítimos que operan dentro de la ley, los críticos dicen que algunos tienen conexiones con el crimen organizado y recurren a cualquier medio para desalojar a un inquilino o ahuyentar a los vendedores, a menudo clasificados como okupas.
En momentos en que Corea del Sur inicia importantes proyectos inmobiliarios, los yongyeok han sido utilizados por agentes inmobiliarios para ahuyentar a inquilinos pobres en viviendas baratas para hacer espacio para rascacielos más rentables, dicen los detractores.
En 2009, caseros del área de Yongsan, de Seúl, utilizaron a recaderos para molestar a dueños de restaurantes que se negaban a abandonar sus negocios para dejar espacio para un edificio de departamentos. Más tarde, la policía allanó un edificio donde los activistas habían levantado una barricada. En el incendio que estalló posteriormente murieron cuatro activistas y un agente de policía.
"El gobierno se dio cuenta de que no es bueno pelearse todos los días con los ciudadanos sobre estos rentables proyectos inmobiliarios, así que contratan a otros para hacer el trabajo", dice No Gi-deok, presidente de la Coalición Coreana por el Derecho a la Vivienda. "Corea del Sur tiene una mala reputación debido a estos desalojos violentos, y el gobierno simplemente hace la vista gorda. Es vergonzoso."
La policía comparte esa responsabilidad.
"En muchos de estos incidentes, la policía asume la postura de un curioso", dijo. "Muchos de estos residentes tienen reclamos justos, pero la policía no lo reconoce. Tratan a los vecinos como si no tuvieran derechos."
Para los empresarios, las firmas de yongyeok son una alternativa expediente ahora que una fuerza policial sobrecargada de trabajo traza una línea en cuanto a su participación en la resolución de disputas civiles.
"Así que la gente busca otras maneras", dice Brendon Carr, un abogado de Seúl. "De cierto modo, es como pedir ayuda a la mafia."
"Le paga a alguien para que haga lo que el gobierno no quiere hacer por usted; para algunos es justificable e inevitable", dijo. "Pero lo que pasa a menudo es que eso se transforma en hostigamiento e intimidación."
Cuando la policía no actúa, cuenta Carr, el único recurso que tienen las víctimas lesionadas por los recaderos es demandar a los matones en un juzgado civil.
Kim Oh-hyeon, un funcionario del ayuntamiento, dijo que había negociado con 76 vendedores de Insadong durante meses antes de decidir la acción a emprender. Cuando la policía se negó a ayudar para la relocalización de los vendedores, Kim pago a una firma yongyeok veinte mil dólares al día por sus servicios, unos ochenta dólares por hombre.
"Los vendedores no escuchan", dijo. "Tuvimos que demostrarles que tenemos intención de erradicarlos."
Cheon Seong-hyeon, portavoz de la Agencia Nacional de Policía, dijo que la fuerza tiene recursos limitados para resolver esos asuntos.
"El trabajo de la policía es proteger a la gente contra peligros y amenazas, no confiscar carretones ilegales", dijo. "La policía interviene sólo cuando hay actividades ilegales o violencia."
Sobre la violencia yongyeok contra los llamados okupas en Insadong y Yongsan -los incidentes captados en video mientras la policía miraba-, Cheon dijo que las personas lesionadas podía demandar a los recaderos. "Entonces la policía hará una investigación exhaustiva."
Park Seung-min, cuya firma yongyeok ganó el contrato de Insadong, insistió en que no actúa fuera de la ley.
"Mi firma es diferentes de las compañías yongyeok ilegales, que contratan personas para hacer cosas violentas", dijo. "Nosotros tratamos de usar la menor violencia posible."
Sobre las lesiones que sufren los vendedores, Park dijo que esos incidentes eran inevitables.
"Cuando hay 250 hombres trabajando, ocurran cosas de ese tipo", dijo. "Porque son humanos, pueden emocionarse o irritarse cuando la gente los insulta."
La violencia yongyeok ha sido incluso retratada como parte de la cultura pop coreana. El mes pasado, un conocido artista publicó una historieta describiendo a un estudiante universitario que trabaja como recadero para pagar su matrícula.
La dueña de un bar, Carmen Lee, dice que ella ha debido soportar personalmente las amenazas de los yongyeok. Desde que peleara con su casero, cuenta, ella y su hija, que sufre una enfermedad terminal, han sido hostigadas.
"Esos tipos duros miran por la ventana del mar y gritan a los clientes, para intimidarlos y ahuyentarlos". Contó que un hombre la atacó y la golpeó con un tirabuzón.
Lee denunció los incidentes a la policía, pero no ha pasado nada. Así que instaló una cámara de vigilancia en su bar para reunir evidencias y ha formado una red de amigos a los que puede llamar por la noche cuando se sienta superada o amenazada.
"Mi hija es mi debilidad. Si quiero mantener mi negocio, tengo que ser fuerte, pero a menudo estoy sola", dijo. "No sé cuánto tiempo más podré soportar."
Durante meses, el vendedor ambulante Sonn Byeong-cheol, de Seúl, que vende paté de judías azuki, pensaba que tenía un amuleto contra la violencia de los recaderos. Sohn, 54, y su esposa, son sordomudos y una vez fue elogiado por el presidente Lee Myung-bak por su dedicación al trabajo, pese a las dificultades físicas que debe superar.
Con su carretón con la firma del presidente, Sohn pensaba que los yongyeok no lo molestarían. Pero este mes, varios recaderos lo rodearon, le quitaron el carretón y lo entregaron al ayuntamiento.
Una foto en el diario mostraba a Sohn acuclillado en el suelo, secándose las lágrimas de su frustración, incapaz de gritar contra sus agresores, que han jurado mantener la presión hasta que los vendedores ambulantes abandonen sus lugares.
"Les tengo miedo", escribió Sohn en respuesta a una pregunta del periodista apenas unos días antes de perder su carretón. "Estoy siempre alerta, porque sé que volverán."
[Jung-yoon Choi contribuyó a este reportaje.]
12 de julio de 2011
26 de junio de 2011
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hallan una fosa en españa

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Sería de los ferroviarios republicanos asesinados en La Legua. Con el descubrimiento en Burgos se puso en evidencia a los historiadores franquistas, quienes informaron sobre menores cifras de cuerpos de los que efectivamente se encontraron.

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Argentina. Sesenta cuerpos de un grupo de trabajadores fusilados durante la Guerra Civil Española fueron exhumados ayer de una fosa en la ciudad de Burgos.
El hallazgo en la localidad norteña es muy significativo, destacó ayer la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Con el descubrimiento se puso en evidencia a los historiadores franquistas, que informaron sobre menores cifras de cuerpos de los que efectivamente se encontraron, señaló la ARMH en un comunicado. Entre lunes y martes, los arqueólogos y forenses de la Sociedad de Ciencias de Aranzadí dieron con los cerca de sesenta cuerpos durante los trabajos para intentar encontrar la llamada fosa de los ferroviarios, agregó el comunicado.
Por la ubicación y la cantidad de restos humanos encontrados, los investigadores manejan la hipótesis de que se trataría de La Legua, la fosa con los cuerpos de un grupo de trabajadores sindicalizados del ferrocarril asesinados a comienzos de la Guerra Civil Española (1936-1939). Los trabajos en esta fosa, situada cerca de la población de Gumiel de Izán, incluyen la identificación de los cuerpos y la búsqueda de familiares.
Para la ARMH, las víctimas en esta región fueron más de 700 personas. El investigador José Ignacio Casado también habla de 700 muertos no identificados en Burgos en 1936. El monte de Costaján, en Aranda de Duero, fue una de las zonas calientes de la represión franquista. Esta parte de la provincia de Burgos fue utilizada para asesinar de forma masiva y organizada a cientos de civiles desde el verano de 1936, afirmó José María Rojas, autor de varias investigaciones sobre la represión en Burgos y que colabora en los trabajos de exhumación de la fosa en las proximidades del monte.
La cercanía de este espacio natural con la cárcel de Aranda de Duero facilitó las llamadas sacas, en las que las autoridades franquistas sacaban a los presos del penal y, amparados en la impunidad del anonimato, fusilaban a los civiles detenidos sin dejar constancia.
Pero algunos vecinos de los pueblos de esta zona de la ribera burgalesa recuerdan estos episodios y pueden indicar el lugar de las fosas comunes. "Es una fosa muy conocida en la zona pero hay poca información sobre ella", explicó Rojas. "Un vecino me indicó el punto exacto y comenzamos la investigación", recuerda. Rojas participó en varios de los trabajos de exhumación que, desde 2003, recuperaron centenares de cuerpos en la provincia de Burgos. "Sabemos que asesinaron en la zona a un grupo el 18 de agosto de 1936, tras una detención masiva de trabajadores del gremio", dijo Rojas.
La fosa tiene 40 metros de largo y se encuentra junto a la antigua Ruta Nacional. Los ferroviarios eran en su mayoría militantes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de Trabajadores (UGT) de España. El próximo paso será buscar señales que brinden pistas para identificar a los restos, tales como uniformes u objetos relacionados a la profesión de los fusilados. En otras fosas encontradas en los alrededores de Aranda de Duero se descubrieron cuerpos uniformados con insignias y distintivos de ferroviarios pero no en número tan masivo, informó la ARMH. Luego, la tarea de localizar a las familias es el paso más difícil, ya que en su mayoría no eran vecinos de Aranda, sino trabajadores trasladados a ese pueblo por razones laborales. Muchas de esas familias abandonaron la zona cuando terminó la guerra.
A 500 metros de la fosa abierta ayer, en 2003 fueron exhumados los restos de 83 civiles fusilados hace 75 años. "Esta fue una zona de excesos", explicó Rojas. Desde entonces, el equipo de la ARMH ha localizado a 429 cuerpos en una veintena de entierros clandestinos y exhumado a más de 800 en toda la provincia de Burgos.
La ARMH, formada por familiares de víctimas y voluntarios, comenzó hace 10 años la apertura de fosas comunes en toda España para buscar e identificar a desaparecidos de la Guerra Civil, principalmente del bando perdedor, y desde entonces ha abierto unas 150 y exhumado más de 1500 cadáveres con muy poca ayuda pública y del Estado.
El Parlamento español aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica para reconocer a las víctimas, pero la ARMH y otras asociaciones reclaman al gobierno una participación más activa para la búsqueda de los desaparecidos, 114.000 personas durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo según datos de una investigación iniciada por el juez español Baltasar Garzón en 2008.
El gobierno español publicó en mayo un mapa con más fosas comunes que contabilizaron con víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista posterior, de las cuales sólo se han abierto 329. Ese mapa identifica 2246 fosas comunes en toda España, donde podrían hallarse los restos de unas 100 mil personas. La mayoría se ubica en las regiones de Aragón y Andalucía, aunque también en Asturias, Castillas y León, Cataluña, Galicia y Madrid, entre otras. En el sitio de Internet del gobierno español, Memoria Histórica, pueden distinguirse según una clave entre distintos colores las fosas exhumadas, las exhumadas de manera parcial, las que desaparecieron bajo alguna infraestructura o las que aún no fueron halladas. Para la ARMH estos cuerpos de Gumién de Izán –que se suman a los 84 hallados en 2003 en el cercano monte de Costaján– desmienten las cifras reveladas por historiadores franquistas, que indicaban que en la provincia de Burgos se habían producido 761 asesinatos. Con la exhumación de ayer, ya se superaron los 800 cuerpos encontrados en la provincia.
6 de julio de 2011
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dramático juicio a los khmer rouge

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Cuatro ex dirigentes khmer rouge acusados de genocidio serán enjuiciados el lunes en Camboya ante un tribunal patrocinado por Naciones Unidas en medio de acusaciones de interferencia política en la investigación de otros casos.

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[Brendan Brady] Phnom Penh, Camboya. Mientras el tribunal camboyano patrocinado por Naciones Unidas inicia el lunes el juicio a los ex dirigentes khmer rouge acusados de genocidio, los críticos acusan al gobierno camboyano de interferir y a Naciones Unidas de ser incapaz de garantizar la independencia del tribunal.
Esperando juicio se encuentran cuatro de los más altos cargos sobrevivientes de la jefatura khmer rouge: el jefe de estado Khieu Samphan, 79; el ex ministro de Relaciones Exteriores, Ieng Sary, 85; su esposa, ministra de Asuntos Sociales, Ieng Thirith, 79; y el principal ideólogo de la revolución, Nuon Chea, 84. Están acusados de cargos que incluyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
En julio pasado, durante el primer juicio de personeros de los Khmer Rouge, el ex alcaide de una prisión, el Camarada Duch, fue sentenciado a treinta años de cárcel. El caso actual, considerado uno de los más complejos e históricamente importante desde los juicios por crímenes de guerra en Nurenberg, se espera que dure más y que sea más complicado que el primero, en parte porque los acusados gobernaban a través de subalternos.
Uno de los fiscales internacionales de la prosecución, Andrew Cayley, británico, también se enfrenta a un listado de duros abogados defensores, incluyendo a Jacques Verges, un francés apodado "el abogado del terror" debido a su éxito en la defensa de personas acusadas de crímenes de guerra.
La polémica en torno a los procedimientos se concentran en si se debería acusar a más funcionarios del antiguo régimen que solamente a los primeros cinco. Se estima que durante el gobierno khmer murieron cerca de 1.7 millones de personas: de hambre, de fatiga, de negligencia médica o ejecutados durante el régimen extremista de los Khmer Rouge maoístas entre 1975 y 1979.
Juzgar a otros presuntos criminales de guerra es polémico en Camboya porque muchas figuras prominentes colaboraron con el antiguo régimen. Aquellos a favor de profundizar la investigación -actualmente se están considerando dos casos más, con cinco sospechosos- se han enfrentado a múltiples obstáculos.
El primer ministro Hun Sen, él mismo un ex cuadro medio khmer, dijo que prefiere que el tribunal fracase antes que ver dos juicios más. En octubre dijo al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que no se permitirían más casos.
Cinco miembros internacionales de la rama investigativa del tribunal renunciaron hace poco en protesta contra lo que creyeron que fueron pesquisas de otros sospechosos estropeadas intencionadamente.
Uno de ellos, el escritor y experto en el régimen khmer rouge, Stephen Heder, criticó en su carta de renuncia a los jueces de instrucción por rechazar un tercer caso propuesto "dejándolo efectivamente sin investigación."
Heder describió la oficina de investigaciones del tribunal como una "atmósfera tóxica de desconfianza mutua" y "profesionalmente disfuncional."
En el propuesto tercer caso, los jueces sólo realizaron entrevistas pro forma de testigos y visitaron los presuntos sitios del suceso sin informar a los sospechosos de que podían ser imputados, dijo en un informe el abogado de la organización Open Society Justice Initiative.
"Todo conduce a la conclusión de que el Caso 3 de la investigación ha sido una farsa", dijo Clair Duffy, de Justice Initiative.
Juicios adicionales podrían implicar a dirigentes medios de los Khmer Rouge, presuntamente responsables por implementar algunas de las políticas más crueles del régimen. Esto podría poner en dificultades al primer ministro, dado que algunos en su círculo político íntimo ocuparon posiciones de poder, dicen analistas. Hun Sen ofrece una explicación diferente: con los ex cuadros dispersos en todo el país, una investigación judicial intensa podría provocar levantamientos y desestabilizar al país.
Se supone que la participación de Naciones Unidas en el tribunal debía proteger al tribunal de interferencias políticas y actuar como un modelo legal para el frágil aparato judicial camboyano, acosado por la mala formación profesional, la manipulación y la corrupción.
Repetidas veces ha emitido Naciones Unidas declaraciones señalando la importancia de la independencia del poder judicial, aunque Duffy dijo que no eran más que palabras vacías si el organismo internacional no defiende ese principio.
La oficina de Ban declaró que las acusaciones de interferencia política son "especulaciones de los medios."
"Mi mayor preocupación es conservar la confianza del pueblo", dijo Cayley.
[Mark Magnier en Pekín contribuyó a este artículo.]
3 de julio de 2011
27 de junio de 2011
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ciudadana ilustre del mercosur

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La presidenta de Abuelas agradeció la distinción, que recibió de manos del presidente de Paraguay, señaló que "este dolor de un país es el dolor del mundo, y el mundo debe hacerse cargo de que no vuelva a pasar".

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[Fernando Krakowiak] Asunción, Paraguay. La presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue declarada ayer ciudadana ilustre del Mercosur. Los jefes de Estado del bloque regional que participan de la Cumbre en esta ciudad le otorgaron la distinción "en reconocimiento a su tarea en la promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos, así como a su permanente lucha por memoria, verdad y justicia". "Esto es para todas, las compañeras que ya no están, las Madres de Plaza de Mayo, los familiares y todos aquellos organismos que en la Argentina nunca bajamos los brazos", sostuvo Carlotto.
Fernando Lugo, presidente de Paraguay y anfitrión del encuentro, fue el encargado de entregarle a Carlotto el diploma que en 2008 también recibió el escritor uruguayo Eduardo Galeano. El resto de los presentes ovacionó a la titular de Abuelas, quien les dedicó unas palabras. "Esta misión lleva 34 años y me ha permitido recorrer el mundo y decir lo que digo siempre: Este dolor de un país es el dolor del mundo y el mundo debe hacerse cargo de que no vuelva a pasar", remarcó. Carlotto recordó también cómo la dictadura al secuestrarle a su hija y robarle a su nieto le marcó otro destino diferente al que soñaba cuando "sólo era una docente con cuatro hijos y un matrimonio feliz" y agregó que "esta vida, de dolor transformada en lucha, me hace decir algo que parece contradictorio: Gracias a la vida, porque he podido dar lo que no pensaba dar y estar en lugares donde jamás soñé". Por último, les dijo a los presidentes y funcionarios que "si nosotros nos juntamos para defender a esta América tan querida y hacemos todo lo que hoy se propuso aquí vamos a tener un mundo mejor".
Más temprano, el canciller Héctor Timerman había celebrado la distinción durante su discurso en la Cumbre, donde habló en lugar de Cristina Fernández de Kirchner. "Estela representa la firme decisión de las Abuelas de localizar y restituir a sus legítimas familias a todos esos niños secuestrados y desaparecidos por la represión política en la dictadura militar, representa la lucha para que nunca más se repita tan terrible violación a los derechos de los niños, para que se castigue a los responsables de esas conductas aberrantes, para que tengamos nunca menos que memoria, verdad y justicia", concluyó. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, también destacó el reconocimiento. "Muy merecido ese título de ciudadana ilustre. Has sido inspiradora de muchas generaciones con tu lucha de verdad y justicia", remarcó. Un reconocimiento más a esa búsqueda incansable de las que nunca se dieron por vencidas.
Estela Barnes de Carlotto nació el 22 de octubre de 1930 en la Ciudad de Buenos Aires y a los 10 años se fue a vivir con su familia a La Plata. "Tuve una niñez muy feliz, única hija mujer en un hogar de clase media baja, fui muy buena alumna, tenía un boletín de casi 10 en todo", suele contar cuando recuerda su infancia. Estudió en el colegio católico Misericordia y luego se dedicó a la docencia, primero como maestra de grado y luego como directora. En 1954 se casó con Guido Carlotto, a quien había conocido cuando ella tenía 15 y él 17 años. Tuvieron cuatro hijos: Laura Estela, nacida el 21 de febrero de 1955; Claudia Susana, el 26 de junio de 1957; Guido Miguel, el 22 de enero de 1959, y Remo Gerardo, el 21 de diciembre de 1962. Esa primera etapa de su vida, caracterizada por ella misma como "burguesa", sufrió un quiebre trágico a partir del secuestro de su hija Laura en noviembre de 1977.
Laura estudiaba Historia en la Facultad de Humanidades de La Plata y militaba en la Juventud Universitaria Peronista cuando los militares se la llevaron. Sus padres supieron poco tiempo después que además estaba embarazada de dos meses y medio. Se los contó una ex detenida-desaparecida, quien les dijo que Laura lo llamaría Guido, como su papá. El bebé nació el 26 de junio de 1978 en el Hospital Militar Central y dos meses después Estela y su marido recibieron el cadáver de Laura, envuelto en papel de diario y con un itakazo en la mejilla. "Guido no dejó que la viera así. Lo único que hice fue tocarle una manito", afirmó. A partir de entonces, emprendió la búsqueda de su nieto nacido en cautiverio.
30 de junio de 2011
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justicia tribal aplica mano dura

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Nadie los elige, pero gobiernan con mano de hierro.

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[Jim Yardley] Sisana, India. En este polvoriento pueblo a menos de ochenta kilómetros de la capital de India hay dos sistemas jurídicos: el del país y el del pueblo. Y para los vecinos de la localidad como Takdir Dahiya, la ley de los consejos locales, conocidos como khap panchayats, es la única que importa.
Surender Dahiya, miembro del grupo Sisana, rechazó las acusaciones de que los consejos son órganos ilegales o que ordenan cometer asesinatos por honor para resolver litigios.
El consejo de Sisana ayuda a las familias pobres y se ofrece como intermediario para resolver problemas.
"No sabemos en qué consiste la ley", dijo hace poco en una agobiante tarde. "Sólo sabemos lo que decide el khap panchayat. No es la Corte Suprema la que decide: es el khap panchayat."
Durante generaciones, estos consejos no elegidos de viejos del pueblo han dominado la vida en muchas aldeas, una gran parte de ellas en el norte de India, controlando la vida social de los aldeanos mediante edictos que rigen todo, desde los matrimonios hasta los litigios por la propiedad de la tierra. Pero los consejos están siendo crecientemente cuestionados en momentos en que sus fallos extrajudiciales -especialmente los que son considerados responsables de la propagación de los llamados asesinatos por honor- ponen en cuestión el concepto del imperio de la ley a nivel nacional.
En los últimos meses, una asertiva Corte Suprema ha emitido recomendaciones condenando los consejos como órganos ilegales, y se espera que la polémica se prolongue hasta antes del receso veraniego del Parlamento, durante la temporada del monzón. Los abogados están exigiendo una ley más comprehensiva que fije penas para desalentar a los consejos en cuanto a la emisión de edictos.
Entretanto, los líderes de los khap no se arrepienten de nada y continúan implementado su propia agenda en el Parlamento, exigiendo modificaciones para que las leyes sobre el matrimonio en India reflejen sus tradiciones conservadoras.
"Están organizando protestas", dijo Ranjana Kumari, activista por los derechos de la mujer. "Y son capaces de organizar una enorme protesta."
La guerra legal es otro ejemplo de los crecientes problemas en la sociedad india en momentos en que las crecientes influencias de la modernidad chocan con antiguas creencias y prácticas. Los khap panchayats parecen a menudo estar tratando de detener el avance del mundo moderno: algunos consejos han prohibido que las mujeres lleven ropas muy apretadas al cuerpo y han tratado de prohibir el uso de celulares entre estudiantes universitarios o más jóvenes, debido a que los artefactos son herramientas que pueden utilizar las parejas para establecer contactos furtivos.
Los líderes de los consejos dicen que estos crean cohesión social y orden, mientras que proporcionan una justicia más expedita en lugares donde no hay gobiernos locales efectivos. Justifican sus estrictos edictos sobre el matrimonio argumentando que se derivan de antiguas creencias religiosas y que sus prácticas han impedido las uniones endogámicas y otros problemas de salud -afirmaciones que sus críticos califican de desatinadas y anticuadas debido a que hoy la población de las aldeas es mucho más alta.
Aquí en el estado de Haryana, los khap panchayats controlan muchas aldeas y ejercen una fuerte influencia en el sistema político. Gran parte de Haryana está poblado por Jats, una casta del norte de India dividida en subgrupos conocidos como gotras.
Tradicionalmente, las aldeas son regidas por un gotra en particular con su propio khap panchayat, el que resuelve disputas locales y mantiene vivas las costumbres matrimoniales, incluyendo la creencia de que hombres y mujeres del mismo gotra, y de la misma aldea, son hermanos y hermanas y por tanto tabú para las uniones matrimoniales.
Es la intransigente posición de los consejos sobre el matrimonio, que dicen que se deriva de textos hindúes antiguos, que los ha arrojado al centro de una polémica nacional. Los críticos denuncian los edictos por provocar directa o indirectamente asesinatos por honor de parejas que se han casado dentro del mismo gotra o aldea. En otros casos, la presión social ha empujado a jóvenes mujeres a cometer suicidio.
Los khap panchayats a menudo ordenan a los vecinos de un pueblo aislar social o económicamente a familias cuyos hijos ignoran las costumbres matrimoniales. En algunos casos, los consejos han incluso ordenado el asesinato de parejas, aunque es más habitual que sea la presión social la que crea el problema; muchas veces, el asesinato es cometido por miembros de la familia que tratan de eludir la vergüenza social y el ostracismo al interior de sus pueblos.
En una época en que una generación más joven de mujeres se hace más independiente, muchos críticos creen que los khaps están tratando desesperadamente de mantener en pie el control social de las mujeres y la propiedad, que están entrelazados por el matrimonio.
"Se trata del control social y del control de las chicas", dice Kirti Singh, abogado que defiende casos ante la Corte Suprema.
En Sisana, un pueblo agrícola al noroeste de Nueva Delhi, el khap panchayat local se reúne periódicamente en una plataforma de concreto en el pueblo a considerar públicamente los varios litigios. "Es un lugar muy venerado", dice Surender Dahiya, 47, miembro del kahp. "Se supone que ahí nadie puede mentir."
Dahiya y otros en Sisana niegan que el consejo sea una entidad ilegal, o que haya ordenado asesinatos por honor. Dijo que los khap financiaban escuelas y daban dinero a las familias pobres. En cuanto a sus edictos, los khaps, dijo, imponen multas o llaman al aislamiento social y también actúan como mediadores en delitos locales.
"Si ocurre un incidente delictivo, en un tribunal el caso puede demorar años", dijo. "En cambio, el khap se reunirá y emitirá rápidamente un veredicto."
Cuando ocurrió un violento enfrentamiento entre dos familias en Sisana, que tras el fuego cruzado dejó siete muertos, el consejo determinó cuál de las familias era culpable y prohibió que sus miembros pudieran casarse o trabajar en la zona. "Una vez que el khap llega a una conclusión, las dos partes deben aceptarla", dijo Dahiya.
Los críticos de los consejos dicen que los agentes de policía y los políticos locales trabajan a veces en colaboración con los khaps. En algunos casos, la policía ha perseguido y localizado a parejas que se han fugado, arrestando a los hombres por cargos de secuestro, y devolviendo a las mujeres a sus familias.
"Los políticos a nivel local y estatal se han mostrado ostensiblemente reluctantes a condenar los khap panchayats, debido a que representan un poderoso y amplio mercado de votos", dijo Rani D. Mullen, docente del College of William & Mary y autor de un libro de próxima aparición sobre la democracia a nivel de aldeas en India. "Esto ha creado un entorno político que en lo esencial aprueba a los khap panchayats, mientras que los políticos y la policía hacen la vista gorda. Los tribunales son a menudo los únicos defensores públicos del derecho."
Desde abril, la Corte Suprema ha emitido dos lacerantes fallos sobre los asesinatos por honor y ha definido a los khap panchayats como productos de una "mentalidad feudal". "Estos actos toman la ley en sus propias manos y se convierten en tribunales irregulares, que son totalmente ilegales", resolvió la corte el 19 de abril.
Los líderes de los kahp responsabilizaron por los asesinatos por honor no a sus métodos de ejercer presión social, sino a la Ley de Matrimonio Hindú de 1955, la ley nacional que no prohíbe el matrimonio al interior de los gotras. Cuando se reúna el Parlamento en julio, los líderes de los khap exigirán que la ley sea modificada para prohibir esos matrimonios, una lucha políticamente muy difícil.
"El tribunal les dice que están en lo correcto", dijo Ishwar Singh, 64, que vive en un pueblo cerca de Sisana, sobre los matrimonios al interior de los gotra. "El tribunal los protege. Estamos enfadados por eso. Si son hermano y hermana, ¿cómo pueden casarse?"
Singh, el abogado de la Corte Suprema, ha presentado un proyecto de ley que definiría los edictos extrajudiciales de los khaps, incluyendo los que exigen el aislamiento social, como delitos de acoso, con penas de hasta diez años de prisión. Se espera que el proyecto de ley sea visto por el Parlamento en julio. "Queremos reiterar que la gente en India tiene derecho a casarse libremente", dijo.
Mucha gente aquí en Sisana dice que los consejos locales, que han funcionado durante siglos, sobrevivirán los retos jurídicos y parlamentarios a los que deben enfrentarse.
"Examinamos cuidadosamente lo que pasa en nuestra sociedad", dijo Surender Dahiya, miembro del khap. "La presión social no existe legalmente. Pero es un arma muy poderosa."
[Hari Kumar contribuyó a este reportaje.]
27 de junio de 2011
4 de junio de 2011
©new york times
cc traducción mQh

españa franquista vendía bebés robados

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Víctimas denuncian que España fue "un supermercado de bebés" para el mundo.

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España. España fue "un supermercado de bebés para el resto del mundo", denunciaron este lunes responsables de asociaciones de víctimas de adopciones fraudulentas llevadas a cabo durante varias décadas, que citaron países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Perú.
España fue "un supermercado de bebés para el resto del mundo", denunciaron este lunes responsables de asociaciones de víctimas de adopciones fraudulentas llevadas a cabo durante varias décadas, que citaron países como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Perú.
"Pensamos que España ha sido un supermercado de bebés para el resto del mundo", declaró este martes en una conferencia el presidente y fundador de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso.
Según Barroso, en países como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Perú fueron adoptados irregularmente hace décadas niños españoles.
"Hemos recibido llamadas de gentes de Texas e Inglaterra" nacidas en España y adoptadas allí, aunque "en una época donde no existían tecnologías como las actuales resulta difícil pensar que esta trama se conociese a nivel internacional", reconoció.
Asimismo, la presidenta de la Plataforma Afectados Clínicas de España, Mar Soriano, dijo haber recibido un testimonio de un ciudadano de Alemania que aseguró que "allí también había sucedido" y "todo el mundo lo sabía".
Anadir presentó a inicios de año una demanda ante la fiscalía general del Estado español por el supuesto robo de 261 niños.
Esta organización, que ya cuenta con 1.800 socios y ha conseguido reunir a tres personas con sus verdaderos padres, denuncia un sistema de tráfico de bebés durante el franquismo (1939-75) y hasta finales de los años 80.
La fiscalía rechazó en febrero iniciar una investigación a nivel nacional y pidió a las víctimas que denuncien individualmente.
Durante el franquismo, los bebés eran robados principalmente por razones políticas a mujeres del bando republicano que perdió la Guerra Civil, y a su término, en 1975, los responsables de algunas clínicas vieron la posibilidad de hacer negocio" y empezaron a venderlos, según Anadir.
"No se entiende que la Audiencia Nacional (principal instancia judicial española, ndr) siga sin actuar y sin poner en marcha las medidas necesarias para investigar el tráfico de niños robados", lamentó Soriano este lunes.
Soriano aseguró que "aunque de distinta manera, es posible que aún hoy" se produzcan estos delitos, y recordó que "en Anadir existe un caso registrado de 2007".
Según Anadir, una primera estimación de 300.000 niños afectados podría quedarse corta.
27 de junio de 2011
©la nación

españa riñe sobre franco

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El legado de Franco y el destino de sus restos vuelven a dividir a España. A pocas semanas de que se cumplan 75 años de la guerra civil, el futuro del Valle de los Caídos y de los restos tanto de Francisco Franco como de algunos republicanos calienta el ambiente previo.

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[Raphael Minder] España. En julio se cumplirán 75 años del inicio de la guerra civil española, el sangriento conflicto de tres años de duración que cobró las vidas de 450.000 personas.
El gobierno español no ha programado una conmemoración oficial de la guerra, que comenzó con un levantamiento militar el 17 de julio de 1936. Sin embargo, la guerra y su vencedor, Francisco Franco, siguen generando acalorados debates en España.
Una de las controversias más recientes e inesperadas se desató en mayo tras la divulgación de un diccionario biográfico nacional que elogiaba el liderazgo de Franco en la guerra y describía su consiguiente régimen como "autoritario, pero no totalitario".
El debate sobre el legado de Franco también se ha visto agitado por la decisión del gobierno socialista de establecer una comisión que revise el futuro del Valle de los Caídos, la enorme basílica subterránea construida en honor de los que murieron por la victoria fascista.
Como parte de su revisión, se supone que la comisión recomiende si los restos de Franco debieran ser trasladados de la basílica a otro cementerio, mucho menos controversial, adyacente a su ex residencia de El Pardo, en las afueras de Madrid.

Falta Sanar las Viejas Heridas
"Mi impresión es que los españoles quizá se sienten menos cómodos hoy con el legado de la guerra civil que 20 ó 30 años atrás", dijo José Álvarez Junco, profesor de historia de la Universidad Complutense de Madrid.
"Desde alrededor del año 2000, hay una nueva generación de izquierda que le ha dado un mayor impulso al debate, porque nunca conocieron a Franco y quieren realmente entender qué les pasó a sus abuelos".
Sucesivos gobiernos han adherido a un acuerdo tácito, establecido tras la muerte de Franco en 1975, para no utilizar este oscuro capítulo de la historia del país con fines políticos.
Algunos historiadores han dicho que, si bien ese acuerdo facilitó el retorno de España a la democracia, pudo haber impedido desde entonces medidas que podrían haber ayudado a sanar viejas heridas.
Por ejemplo, Nigel Townson, historiador británico residente en Madrid, sugirió que hubiese tenido sentido construir, en cambio, un nuevo monumento a los caídos para conmemorar a todas las víctimas de la guerra.

Pelotón de Fusilamiento
Mientras, la guerra sigue generando múltiples publicaciones con nuevas revelaciones que se convierten regularmente en títulos de la prensa nacional.
El 19 de junio, el diario de centroderecha El Mundo publicó un artículo de portada sobre una investigación que había confirmado las identidades de los hombres que integraron el pelotón de fusilamiento que mató al poeta Federico García Lorca, una de las víctimas más famosas de la guerra.

Polémica en la Academia
El diccionario biográfico nacional, por su parte, fue producto de 12 años de trabajo y 6,4 millones de euros de financiamiento público.
Buscaba destacar a la Real Academia Española de la Historia y brindar un trabajo de referencia a las bibliotecas del país. Pese a que algunas entradas del diccionario también provocaron molestia, la de Franco generó críticas tan encendidas que la academia tuvo, a las pocas semanas, que aceptar reemplazar la contribución inicial escrita por Luis Suárez, un conocido apologista de Franco.
Pero muchos historiadores han seguido pidiendo una recomposición a fondo de la academia, incluyendo la remoción de su envejecido liderazgo y la instalación de un sistema revisor adecuado a cargo de pares.

Exhumaciones
El Valle de los Caídos es probablemente la mayor tumba colectiva de Europa, albergando los restos de cerca de 34.000 personas.
La mayoría luchó por Franco, pero se cree que el monumento contiene también los restos de cientos de republicanos, algunos de los cuales fueron supuestamente recogidos de tumbas colectivas a través del país, con el fin de aumentar las cifras en el monumento franquista.
Once familias de prisioneros republicanos están pidiendo que los cuerpos de sus seres queridos les sean devueltos para un entierro apropiado.
El 30 de mayo, Ramón Jáuregui, el ministro a cargo de supervisar el tema del Valle de los Caídos, explicó que la tarea de la comisión de 12 miembros sería determinar cómo transformar "un monumento al catolicismo nacional" en "un lugar de memoria reconciliada donde todos podamos sentirnos cómodos como españoles".
Entre sus otras tareas sensibles, la comisión tratará de establecer si permitir exhumaciones de la tumba colectiva, como ya ha sido solicitado por algunas familias de las víctimas.

Valle de los Caídos
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que implementaría las recomendaciones de la comisión. Se espera su informe para antes de fin de año, pero activistas de ambos bandos ya han emitido sus propias advertencias.
Un grupo llamado Asociación por la Defensa del Valle de los Caídos dijo que emprendería acciones legales si a los restos de Franco no se les "deja en paz".
La hija de Franco, Carmen, intervino también en el debate el 14 de junio, diciendo que su familia se oponía a trasladar los restos, aunque Franco fuera vuelto a sepultar junto a su esposa en el cementerio en El Pardo.
Por otra parte, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica afirmó que sería "una humillación" si las víctimas de Franco tuviesen que seguir financiando, mediante el dinero de los contribuyentes, el mantenimiento del santuario.
En los años recientes, la asociación ha estado también encabezando iniciativas para exhumar e identificar cuerpos en tumbas colectivas a través de España.
"El Valle de los Caídos es un símbolo muy difícil de tratar porque es exactamente lo opuesto a un monumento de reconciliación", dijo Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo, una legisladora socialista y ex ministra de Educación de España.
27 de junio de 2011
©la nación