proceso por masacre de tlatelolco
[Kevin Sullivan] México acusará de genocidio a funcionarios por masacre de 1968.
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga los asesinatos y desapariciones de personas durante la guerra sucia' de México dijo el jueves que presentará cargos por genocidio contra unos 25 ex funcionarios de gobierno y militares en relación con la masacre del 2 de octubre de 1968 de manifestantes en la plaza de Tlatelolco en Ciudad de México.
En una entrevista con periodistas extranjeros, Ignacio Carrillo Prieto dijo que en entre esos funcionarios se "puede incluir" a Luis Echeverría, que fue presidente de 1970 a 1976 y ministro del Interior, el segundo cargo más importante del país, durante lo que se llamó la Masacre de Tlatelolco'.
Carrillo Prieto dijo que en los próximos meses acusará de genocidio a 75 ex funcionarios por las desapariciones y asesinatos de alrededor de 500 personas en la campaña del gobierno de represión de estudiantes, activistas por la democracia y otros manifestantes entre fines de los años sesenta y principios de los ochenta.
La Masacre de Tlatelolco, que se transformó en un poderoso símbolo de los abusos de los gobiernos autoritarios de México, terminó con la vida de numerosos jóvenes activistas justo antes de que México hiciera de anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1968.
El gobierno declaró entonces que en la masacre habían muerto 30 personas, pero grupos de derechos humanos y otros dijeron que la cifra era mucho más alta. También dijeron que los asesinatos fueron cometidos por soldados y pistoleros a sueldo del gobierno y que Echeverría estaba implicado por ordenar los asesinatos. El solitario ex presidente, que cumplirá 83 años este mes, ha negado las acusaciones.
Carrillo Prieto, nombrado por el presidente Vicente Fox en enero de 2002, intentó el año pasado acusar a Echeverría y otros 11 ex funcionarios de genocidio por una masacre en 1971 en la que alrededor de 30 estudiantes fueron asesinados en Ciudad de México por fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el juez en ese caso se negó a firmar órdenes de detención, diciendo que la ley de los 30 años de limitación de la acusación de genocidio había expirado. El fiscal general federal, para el que trabaja Carrillo Prieto, ha recurrido esa resolución ante la Corte Suprema, que debe todavía dictar veredicto.
Carrillo Prieto dijo que presentará los nuevos cargos de genocidio independientemente del veredicto de la Corte Suprema. Dijo que en México, a diferencia de Estados Unidos, la resolución de la Corte Suprema sólo sería válida para el caso puntual y no establece un precedente.
Algunos críticos han acusado a Carrillo Prieto de exagerar tratando de acusar a Echeverría y otros de genocidio. Pero el fiscal argumentó que las leyes internacionales definen genocidio como el intento sistemático de eliminar a un grupo étnico, religioso o nacional, y que Echeverría y otros ex funcionarios utilizaron sistemáticamente el poder para tratar de exterminar a los disidentes políticos.
14 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Ciudad de México, México. El fiscal especial que investiga los asesinatos y desapariciones de personas durante la guerra sucia' de México dijo el jueves que presentará cargos por genocidio contra unos 25 ex funcionarios de gobierno y militares en relación con la masacre del 2 de octubre de 1968 de manifestantes en la plaza de Tlatelolco en Ciudad de México.En una entrevista con periodistas extranjeros, Ignacio Carrillo Prieto dijo que en entre esos funcionarios se "puede incluir" a Luis Echeverría, que fue presidente de 1970 a 1976 y ministro del Interior, el segundo cargo más importante del país, durante lo que se llamó la Masacre de Tlatelolco'.
Carrillo Prieto dijo que en los próximos meses acusará de genocidio a 75 ex funcionarios por las desapariciones y asesinatos de alrededor de 500 personas en la campaña del gobierno de represión de estudiantes, activistas por la democracia y otros manifestantes entre fines de los años sesenta y principios de los ochenta.
La Masacre de Tlatelolco, que se transformó en un poderoso símbolo de los abusos de los gobiernos autoritarios de México, terminó con la vida de numerosos jóvenes activistas justo antes de que México hiciera de anfitrión de los Juegos Olímpicos de 1968.
El gobierno declaró entonces que en la masacre habían muerto 30 personas, pero grupos de derechos humanos y otros dijeron que la cifra era mucho más alta. También dijeron que los asesinatos fueron cometidos por soldados y pistoleros a sueldo del gobierno y que Echeverría estaba implicado por ordenar los asesinatos. El solitario ex presidente, que cumplirá 83 años este mes, ha negado las acusaciones.
Carrillo Prieto, nombrado por el presidente Vicente Fox en enero de 2002, intentó el año pasado acusar a Echeverría y otros 11 ex funcionarios de genocidio por una masacre en 1971 en la que alrededor de 30 estudiantes fueron asesinados en Ciudad de México por fuerzas de seguridad.
Sin embargo, el juez en ese caso se negó a firmar órdenes de detención, diciendo que la ley de los 30 años de limitación de la acusación de genocidio había expirado. El fiscal general federal, para el que trabaja Carrillo Prieto, ha recurrido esa resolución ante la Corte Suprema, que debe todavía dictar veredicto.
Carrillo Prieto dijo que presentará los nuevos cargos de genocidio independientemente del veredicto de la Corte Suprema. Dijo que en México, a diferencia de Estados Unidos, la resolución de la Corte Suprema sólo sería válida para el caso puntual y no establece un precedente.
Algunos críticos han acusado a Carrillo Prieto de exagerar tratando de acusar a Echeverría y otros de genocidio. Pero el fiscal argumentó que las leyes internacionales definen genocidio como el intento sistemático de eliminar a un grupo étnico, religioso o nacional, y que Echeverría y otros ex funcionarios utilizaron sistemáticamente el poder para tratar de exterminar a los disidentes políticos.
14 de enero de 2005
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gonzáles dice ahora que tortura es ilegal
[Dan Eggen y Charles Babington] Nominado a ser el fiscal general, condena ahora la tortura, pero no convence a muchos senadores demócratas.
El candidato a fiscal general Alberto R. Gonzáles dijo a miembros de Comité Judicial del Senado, en respuesta a preguntas sobre su papel en la formulación de polémicas medidas de detención, que toda forma de tortura practicada por personal estadounidense es ilegal, de acuerdo a nuevos documentos dados a conocer ayer.
Pero Gonzáles, el asesor de la Casa Blanca que se espera sea confirmado por el Senado en las próximas semanas, se negó a mencionar las técnicas permitidas por Estados Unidos en interrogatorios, escudándose en que era información clasificada. También reiteró su punto de vista de que un presidente puede en teoría decidir que una ley norteamericana -como la de la prohibición de la tortura- sea inconstitucional, aunque desdeñó el asunto como irrelevante durante el gobierno de Bush.
"El presidente ha afirmado consistentemente que Estados Unidos no usará la tortura bajo ninguna circunstancia, así que es simplemente imposible que se me llame a determinar si la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe le permitiría de hecho anular las leyes sobre la tortura por razones de seguridad nacional", escribió Gonzáles en respuesta. Agregó más tarde: "Yo trataría este asunto con mucho cuidado".
En más de 200 páginas de respuestas a preguntas de legisladores demócratas y republicanos, Gonzáles dijo también que las leyes estadounidenses y la Constitución pueden no impedir técnicas de interrogatorio en el extranjero que serían consideradas "crueles e inhumanas" en Estados Unidos. Sin embargo, dijo que el gobierno de Bush ha prohibido esas técnicas.
Las respuestas no han logrado apaciguar a algunos críticos demócratas sobre el papel de Gonzáles en la redacción de las medidas de tortura y detención, que han sido firmemente atacadas entre revelaciones de torturas a prisioneros en instalaciones militares norteamericanas en Iraq, Afganistán y Bahía Guantánamo, Cuba. Las medidas de detención mencionadas en la discusión de la confirmación de Gonzáles el 6 de enero, y algunos senadores han pedido información adicional, que entregó por escrito.
El senador Patrick J. Leahy (Vermont), el más importante demócrata en el Comité Judicial, dijo que la negativa de Gonzáles a responder a muchas de las preguntas del comité sobre las prácticas de interrogatorio se correspondían con un "patrón sistemático de obstrucción y falta de cooperación".
"Fue otra oportunidad desaprovechada para dar respuestas directas y asumir responsabilidades", dijo Leahy en una declaración. "El juez Gonzáles da la impresión de que cree que no tiene que responder de manera substantiva preguntas antes de su confirmación, aunque quiere ser el fiscal general de Estados Unidos".
Sobre otros temas, Gonzáles dijo que impulsará este año una renovación de la controvertida Ley Patriótica norteamericana, y dijo que apoyará la implementación de una prohibición federal de armas de asalto, que el Congreso dejó expirar en septiembre.
El Comité Nacional Republicano GOP del Senado confirmará aparentemente a Gonzáles para suceder al fiscal general John D. Ashcroft este mes o a principios de febrero, según legisladores demócratas y republicanos. Pero algunos senadores demócratas están sin embargo planteando dudas y construyendo un historial de Gonzáles, con la esperanza de impedir que el antiguo juez de Tejas y confidente de toda la vida de Bush sea nombrado a la Corte Suprema estadounidense.
Varios senadores dijeron que es improbable que Bush nombre a Gonzáles si el presidente del tribunal William H. Rehnquist, que tiene 80 años y lucha contra el cáncer, renunciara este año. Pero estos senadores dijeron que con varios jueces en sus setenta y ochenta, Bush tendría que rellenar vacantes adicionales durante su segundo mandato y podría nombrar a su leal amigo de Tejas.
Si eso ocurriera, dijo los demócratas, algunos senadores que podrían votar a favor de Gonzáles como fiscal general, no dudarían en votar contra su nombramiento vitalicio a la Corte Suprema si creyeran que sus antecedentes, filosofía y carácter no lo permitieran.
"Asumo que recibirá todos los votos republicanos" más un número desconocido de votos de senadores demócratas para su confirmación como fiscal general, dijo en una entrevista el senador Charles E. Schumer (Nueva York).
Pero Schumer dijo que "no hay dudas" de que él y otros demócratas tratarán de usar las mismas preguntas y respuestas como parte de un alegato para detener a Gonzáles si fuera nominado a la Corte Suprema, que ellos dicen que exige normas más altas que un nombramiento de gabinete.
De los ocho demócratas del Comité Judicial, sólo el senador Edward M. Kennedy (Massachussetts) ha indicado públicamente cómo votará en la nominación de Gonzáles. Dijo el domingo que "se inclina contra" la confirmación, debido en gran parte a que el nominado dijo que había olvidado o no sabía nada sobre varias cuestiones importantes de administración.
Otros demócratas del Comité han levantado objeciones, pero no han dicho que votarán contra Gonzáles. "Me decepcionó el testimonio que oí", dijo en una declaración antes este mes la senadora Dianne Feinstein (California).
En la comparecencia de confirmación de Gonzáles el 6 de enero, por ejemplo, los senadores lo presionaron para que explicara el origen del memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 que ofrecía una estrecha definición de la tortura al delinear las técnicas que podían usar los interrogadores norteamericanos con acusados de terrorismo. Gonzáles dijo que no recordaba si "había estado o no de acuerdo con los puntos del análisis", una respuesta que causó la irritación de varios senadores.
En las respuestas dadas a conocer ayer, Gonzáles dijo que "acepté la versión definitiva del memorándum porque representaba las opiniones del ministerio de Justicia". En otras respuestas, Gonzáles se refirió a un nuevo memorándum del ministerio de Justicia dado a conocer el 30 de diciembre que repudiaba el análisis anterior y ampliaba la definición del gobierno de torturas ilegales.
Algunas de las respuestas de Gonzáles parecían querer aclarar algunos puntos que permanecieron oscuros durante su testimonio. Le dijo al senador Richard J. Durbin (Illinois) que necesitaba estudiar si había alguna circunstancia en la que personal norteamericano podía utilizar legalmente la tortura; Gonzáles dijo que "no" por escrito. También escribió que se podría prohibir que otros países torturan a norteamericanos en virtud de acuerdos internacionales. Durante la audiencia dijo que no estaba seguro.
Pero Gonzáles también reiteró su defensa de algunas de sus decisiones más polémicas, incluyendo la conclusión en enero de 2002 que soldados talibanes y miembros de Al Qaeda capturados en Afganistán no tenían derecho al estatuto de prisioneros de guerra según las Convenciones de Ginebra. Activistas de derechos humanos y algunos demócratas han insistido en que la decisión es una mala interpretación de leyes internacionales y que ayudaron a crear las circunstancias que permitieron el escándalo sobre las torturas de prisioneros.
Gonzáles también proporcionó un inhabitual reconocimiento de las prácticas secretas de "entrega", con la que Estados Unidos entrega a acusados de terrorismo a otros países para ser interrogados. En un caso que se hizo público, un australiano detenido como sospechoso de ser un adiestrador de Al Qaeda dijo que había sido trasladado a Egipto y torturado allí durante seis meses. Estados Unidos accedió la semana pasada a entregarlo, junto a cuatro prisioneros británicos, a los gobiernos de sus países.
"Entiendo que Estados Unidos no entrega a individuos a países donde creemos que es probable que sean torturados", escribió. Gonzáles se negó a confirmar si existe o no una directriz presidencial que autoriza esa práctica.
19 de enero de 2005
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©traducción mQh
El candidato a fiscal general Alberto R. Gonzáles dijo a miembros de Comité Judicial del Senado, en respuesta a preguntas sobre su papel en la formulación de polémicas medidas de detención, que toda forma de tortura practicada por personal estadounidense es ilegal, de acuerdo a nuevos documentos dados a conocer ayer.Pero Gonzáles, el asesor de la Casa Blanca que se espera sea confirmado por el Senado en las próximas semanas, se negó a mencionar las técnicas permitidas por Estados Unidos en interrogatorios, escudándose en que era información clasificada. También reiteró su punto de vista de que un presidente puede en teoría decidir que una ley norteamericana -como la de la prohibición de la tortura- sea inconstitucional, aunque desdeñó el asunto como irrelevante durante el gobierno de Bush.
"El presidente ha afirmado consistentemente que Estados Unidos no usará la tortura bajo ninguna circunstancia, así que es simplemente imposible que se me llame a determinar si la autoridad constitucional del presidente como comandante en jefe le permitiría de hecho anular las leyes sobre la tortura por razones de seguridad nacional", escribió Gonzáles en respuesta. Agregó más tarde: "Yo trataría este asunto con mucho cuidado".
En más de 200 páginas de respuestas a preguntas de legisladores demócratas y republicanos, Gonzáles dijo también que las leyes estadounidenses y la Constitución pueden no impedir técnicas de interrogatorio en el extranjero que serían consideradas "crueles e inhumanas" en Estados Unidos. Sin embargo, dijo que el gobierno de Bush ha prohibido esas técnicas.
Las respuestas no han logrado apaciguar a algunos críticos demócratas sobre el papel de Gonzáles en la redacción de las medidas de tortura y detención, que han sido firmemente atacadas entre revelaciones de torturas a prisioneros en instalaciones militares norteamericanas en Iraq, Afganistán y Bahía Guantánamo, Cuba. Las medidas de detención mencionadas en la discusión de la confirmación de Gonzáles el 6 de enero, y algunos senadores han pedido información adicional, que entregó por escrito.
El senador Patrick J. Leahy (Vermont), el más importante demócrata en el Comité Judicial, dijo que la negativa de Gonzáles a responder a muchas de las preguntas del comité sobre las prácticas de interrogatorio se correspondían con un "patrón sistemático de obstrucción y falta de cooperación".
"Fue otra oportunidad desaprovechada para dar respuestas directas y asumir responsabilidades", dijo Leahy en una declaración. "El juez Gonzáles da la impresión de que cree que no tiene que responder de manera substantiva preguntas antes de su confirmación, aunque quiere ser el fiscal general de Estados Unidos".
Sobre otros temas, Gonzáles dijo que impulsará este año una renovación de la controvertida Ley Patriótica norteamericana, y dijo que apoyará la implementación de una prohibición federal de armas de asalto, que el Congreso dejó expirar en septiembre.
El Comité Nacional Republicano GOP del Senado confirmará aparentemente a Gonzáles para suceder al fiscal general John D. Ashcroft este mes o a principios de febrero, según legisladores demócratas y republicanos. Pero algunos senadores demócratas están sin embargo planteando dudas y construyendo un historial de Gonzáles, con la esperanza de impedir que el antiguo juez de Tejas y confidente de toda la vida de Bush sea nombrado a la Corte Suprema estadounidense.
Varios senadores dijeron que es improbable que Bush nombre a Gonzáles si el presidente del tribunal William H. Rehnquist, que tiene 80 años y lucha contra el cáncer, renunciara este año. Pero estos senadores dijeron que con varios jueces en sus setenta y ochenta, Bush tendría que rellenar vacantes adicionales durante su segundo mandato y podría nombrar a su leal amigo de Tejas.
Si eso ocurriera, dijo los demócratas, algunos senadores que podrían votar a favor de Gonzáles como fiscal general, no dudarían en votar contra su nombramiento vitalicio a la Corte Suprema si creyeran que sus antecedentes, filosofía y carácter no lo permitieran.
"Asumo que recibirá todos los votos republicanos" más un número desconocido de votos de senadores demócratas para su confirmación como fiscal general, dijo en una entrevista el senador Charles E. Schumer (Nueva York).
Pero Schumer dijo que "no hay dudas" de que él y otros demócratas tratarán de usar las mismas preguntas y respuestas como parte de un alegato para detener a Gonzáles si fuera nominado a la Corte Suprema, que ellos dicen que exige normas más altas que un nombramiento de gabinete.
De los ocho demócratas del Comité Judicial, sólo el senador Edward M. Kennedy (Massachussetts) ha indicado públicamente cómo votará en la nominación de Gonzáles. Dijo el domingo que "se inclina contra" la confirmación, debido en gran parte a que el nominado dijo que había olvidado o no sabía nada sobre varias cuestiones importantes de administración.
Otros demócratas del Comité han levantado objeciones, pero no han dicho que votarán contra Gonzáles. "Me decepcionó el testimonio que oí", dijo en una declaración antes este mes la senadora Dianne Feinstein (California).
En la comparecencia de confirmación de Gonzáles el 6 de enero, por ejemplo, los senadores lo presionaron para que explicara el origen del memorándum del ministerio de Justicia de agosto de 2002 que ofrecía una estrecha definición de la tortura al delinear las técnicas que podían usar los interrogadores norteamericanos con acusados de terrorismo. Gonzáles dijo que no recordaba si "había estado o no de acuerdo con los puntos del análisis", una respuesta que causó la irritación de varios senadores.
En las respuestas dadas a conocer ayer, Gonzáles dijo que "acepté la versión definitiva del memorándum porque representaba las opiniones del ministerio de Justicia". En otras respuestas, Gonzáles se refirió a un nuevo memorándum del ministerio de Justicia dado a conocer el 30 de diciembre que repudiaba el análisis anterior y ampliaba la definición del gobierno de torturas ilegales.
Algunas de las respuestas de Gonzáles parecían querer aclarar algunos puntos que permanecieron oscuros durante su testimonio. Le dijo al senador Richard J. Durbin (Illinois) que necesitaba estudiar si había alguna circunstancia en la que personal norteamericano podía utilizar legalmente la tortura; Gonzáles dijo que "no" por escrito. También escribió que se podría prohibir que otros países torturan a norteamericanos en virtud de acuerdos internacionales. Durante la audiencia dijo que no estaba seguro.
Pero Gonzáles también reiteró su defensa de algunas de sus decisiones más polémicas, incluyendo la conclusión en enero de 2002 que soldados talibanes y miembros de Al Qaeda capturados en Afganistán no tenían derecho al estatuto de prisioneros de guerra según las Convenciones de Ginebra. Activistas de derechos humanos y algunos demócratas han insistido en que la decisión es una mala interpretación de leyes internacionales y que ayudaron a crear las circunstancias que permitieron el escándalo sobre las torturas de prisioneros.
Gonzáles también proporcionó un inhabitual reconocimiento de las prácticas secretas de "entrega", con la que Estados Unidos entrega a acusados de terrorismo a otros países para ser interrogados. En un caso que se hizo público, un australiano detenido como sospechoso de ser un adiestrador de Al Qaeda dijo que había sido trasladado a Egipto y torturado allí durante seis meses. Estados Unidos accedió la semana pasada a entregarlo, junto a cuatro prisioneros británicos, a los gobiernos de sus países.
"Entiendo que Estados Unidos no entrega a individuos a países donde creemos que es probable que sean torturados", escribió. Gonzáles se negó a confirmar si existe o no una directriz presidencial que autoriza esa práctica.
19 de enero de 2005
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rusia en camino hacia la tiranía
[Masha Lipman] El término autoritarismo blando' ha remplazado el de democracia gestionada' para describir el régimen del presidente ruso Vladimir Putin. Incluso los partidarios de Putin tienen cautela acerca de seguir llamando a Rusia un país democrático.
Moscú, Rusia. Habitualmente tratan de explicar que las muy especiales circunstancias de Rusia exigen una clase especial de democracia. Putin mismo ha supuestamente hablado de una "democracia al estilo ruso" al dar respuesta a las preocupaciones del presidente Bush sobre desarrollos políticos recientes aquí (preocupaciones expresadas cuando los dos presidentes se encontraron en Chile en noviembre).
El actual estilo ruso de democracia es muy especial, en realidad. La rivalidad política ha sido eliminada, los chequeos y balances suprimidos, y el público ha sido efectivamente alienado de su gobierno. De hecho, el Kremlin ya ni siquiera trata de mantener una apariencia de democracia desde que Putin cancelara las elecciones para gobernador e impusiera un sistema en el que los gobernadores son nombrados por él. Hoy la pregunta importante sobre el régimen de Putin es si la "blandura" de su estilo de gobierno se mantendrá o si las cosas se pondrán todavía más difíciles.
Aparte de la campaña contra la empresa petrolífera Yukos y sus gerentes, Putin se ha mostrado indulgente con la represión. Su tono desafiante, sus amenazas de persecución, el número cada vez más grande de personal de los servicios secretos en posiciones de gobierno y, por supuesto, el ejemplo de Yukos han sido suficientes para intimidar a las elites y limpiar la escena política de una oposición significativa.
Pero últimamente han habido alarmantes signos de que el régimen se está deslizando hacia métodos más represivos. Varias personas -gerentes de nivel medio o abogados- fueron arrestados en el caso Yukos a fines del año pasado. (Dos son mujeres: una, que tiene dos hijos, está en prisión, y la otra ha sido dejada en libertad porque se enfermó gravemente y sigue con restricciones de viaje).
Los académicos Ugor Sutyagin y Valetín Danilov recibieron largas sentencias de prisión por cargos inventados de espionaje.
Y miembros de un grupo político radical juvenil han sido sentenciados a cinco años de cárcel por entrar en un edificio de gobierno y destruir algunos muebles. Otros miembros del mismo grupo llevaron a cabo una acción similar y fueron acusados de un delito estatal (ataque violento contra las autoridades) que podría significarles condenas de hasta 20 años en prisión.
Estos casos tienen poco en común. Las recientes detenciones de Yukos pueden haber sido provocadas por la exasperación de los fiscales incapaces de concluir la campaña contra el antiguo director de la empresa encarcelado, Mikhail Khodorkovsky, y contra la compañía misma. El caso de Yukos se ha alargado mucho más tiempo de lo que esperaba el Kremlin y los costes para la economía y el prestigio internacional de Rusia han sido enormes.
De acuerdo a los abogados en los casos de Sutyagin y Danilov, los académicos fueron procesados por jurados especialmente escogidos. El caso de Danilov es particularmente escandaloso, porque fue absuelto y vuelto a enjuiciar por un nuevo jurado. Sus duras condenas (15 y 14 años respectivamente) son un mensaje del servicio de seguridad del estado, ansioso de mostrar quién manda en Rusia.
Los severos castigos a los activistas radicales se producen en la época de la revolución naranja' en Ucrania y fueron probablemente por los temores de los gobernantes en el Kremlin de que su poder pueda ser puesto en tela de juicio por multitudes enfadadas.
Mientras el régimen en Rusia suprime a los rivales políticos, los asesores del Kremlin recurren cada vez más a métodos simplificados e ineficientes de gobierno. Cuando esos primitivos intentos de solución conducen al fracaso y a la crisis, Putin y sus asesores, en lugar de reconsiderar sus medidas, se entregan a la rabia y a la frustración.
La destrucción de Yukos, la pesada interferencia del estado en la economía y la desastrosa política ucraniana están repeliendo a los inversores, vecinos y aliados extranjeros. Los ejecutivos de Putin son incapaces de ganar respeto en la escena mundial o de asegurar un desarrollo económico firme en casa -pero sí pueden meter a sus enemigos internos en la cárcel. Y a medida que se acumulan los fracasos, crece la urgencia de culpar a fuerzas hostiles', así como el deseo de castigar al enemigo'.
Putin no tenía la intención de transformarse en un gobernante represor. Incluso aunque algunos de sus asesores son más vengativos y duros que otros, su régimen se sostenía básicamente en burócratas corruptos que es improbable que lancen una represión masiva porque se dan cuenta de que ellos mismos a su vez pueden ser sus víctimas. Lo que causa alarma es la creciente tendencia a recurrir a las detenciones, a los encarcelamientos y a las sentencias severas.
Los detenidos en el caso de Yukos, los jóvenes radicales los académicos "espías" no pueden ser descritos como una oposición política en el sentido estricto de la palabra. Más bien, son víctimas del odio de la elite gobernante de Rusia, de su deseo de venganza y de sus temores. El encarcelamiento de los opositores políticos, mientras que es común ahora en Bielorrusia y en los países de Asia Central, no se ha transformado en una práctica aceptada en Rusia; en su mayor parte, la intolerancia del Kremlin hacia las críticas públicas se ha limitado a amenazas verbales. Pero el riesgo de deslizarse hacia un odioso ciclo represivo está aumentando y ya no parece improbable que veamos a más gente detenida y encarcelada por expresar su oposición o por participar en protestas políticas pacíficas.
Masha Lipman, editora de la revista Carnegie Moscow Center's Pro et Contra, escribe una columna mensual para el Post.
19 de enero de 2005
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Moscú, Rusia. Habitualmente tratan de explicar que las muy especiales circunstancias de Rusia exigen una clase especial de democracia. Putin mismo ha supuestamente hablado de una "democracia al estilo ruso" al dar respuesta a las preocupaciones del presidente Bush sobre desarrollos políticos recientes aquí (preocupaciones expresadas cuando los dos presidentes se encontraron en Chile en noviembre).El actual estilo ruso de democracia es muy especial, en realidad. La rivalidad política ha sido eliminada, los chequeos y balances suprimidos, y el público ha sido efectivamente alienado de su gobierno. De hecho, el Kremlin ya ni siquiera trata de mantener una apariencia de democracia desde que Putin cancelara las elecciones para gobernador e impusiera un sistema en el que los gobernadores son nombrados por él. Hoy la pregunta importante sobre el régimen de Putin es si la "blandura" de su estilo de gobierno se mantendrá o si las cosas se pondrán todavía más difíciles.
Aparte de la campaña contra la empresa petrolífera Yukos y sus gerentes, Putin se ha mostrado indulgente con la represión. Su tono desafiante, sus amenazas de persecución, el número cada vez más grande de personal de los servicios secretos en posiciones de gobierno y, por supuesto, el ejemplo de Yukos han sido suficientes para intimidar a las elites y limpiar la escena política de una oposición significativa.
Pero últimamente han habido alarmantes signos de que el régimen se está deslizando hacia métodos más represivos. Varias personas -gerentes de nivel medio o abogados- fueron arrestados en el caso Yukos a fines del año pasado. (Dos son mujeres: una, que tiene dos hijos, está en prisión, y la otra ha sido dejada en libertad porque se enfermó gravemente y sigue con restricciones de viaje).
Los académicos Ugor Sutyagin y Valetín Danilov recibieron largas sentencias de prisión por cargos inventados de espionaje.
Y miembros de un grupo político radical juvenil han sido sentenciados a cinco años de cárcel por entrar en un edificio de gobierno y destruir algunos muebles. Otros miembros del mismo grupo llevaron a cabo una acción similar y fueron acusados de un delito estatal (ataque violento contra las autoridades) que podría significarles condenas de hasta 20 años en prisión.
Estos casos tienen poco en común. Las recientes detenciones de Yukos pueden haber sido provocadas por la exasperación de los fiscales incapaces de concluir la campaña contra el antiguo director de la empresa encarcelado, Mikhail Khodorkovsky, y contra la compañía misma. El caso de Yukos se ha alargado mucho más tiempo de lo que esperaba el Kremlin y los costes para la economía y el prestigio internacional de Rusia han sido enormes.
De acuerdo a los abogados en los casos de Sutyagin y Danilov, los académicos fueron procesados por jurados especialmente escogidos. El caso de Danilov es particularmente escandaloso, porque fue absuelto y vuelto a enjuiciar por un nuevo jurado. Sus duras condenas (15 y 14 años respectivamente) son un mensaje del servicio de seguridad del estado, ansioso de mostrar quién manda en Rusia.
Los severos castigos a los activistas radicales se producen en la época de la revolución naranja' en Ucrania y fueron probablemente por los temores de los gobernantes en el Kremlin de que su poder pueda ser puesto en tela de juicio por multitudes enfadadas.
Mientras el régimen en Rusia suprime a los rivales políticos, los asesores del Kremlin recurren cada vez más a métodos simplificados e ineficientes de gobierno. Cuando esos primitivos intentos de solución conducen al fracaso y a la crisis, Putin y sus asesores, en lugar de reconsiderar sus medidas, se entregan a la rabia y a la frustración.
La destrucción de Yukos, la pesada interferencia del estado en la economía y la desastrosa política ucraniana están repeliendo a los inversores, vecinos y aliados extranjeros. Los ejecutivos de Putin son incapaces de ganar respeto en la escena mundial o de asegurar un desarrollo económico firme en casa -pero sí pueden meter a sus enemigos internos en la cárcel. Y a medida que se acumulan los fracasos, crece la urgencia de culpar a fuerzas hostiles', así como el deseo de castigar al enemigo'.
Putin no tenía la intención de transformarse en un gobernante represor. Incluso aunque algunos de sus asesores son más vengativos y duros que otros, su régimen se sostenía básicamente en burócratas corruptos que es improbable que lancen una represión masiva porque se dan cuenta de que ellos mismos a su vez pueden ser sus víctimas. Lo que causa alarma es la creciente tendencia a recurrir a las detenciones, a los encarcelamientos y a las sentencias severas.
Los detenidos en el caso de Yukos, los jóvenes radicales los académicos "espías" no pueden ser descritos como una oposición política en el sentido estricto de la palabra. Más bien, son víctimas del odio de la elite gobernante de Rusia, de su deseo de venganza y de sus temores. El encarcelamiento de los opositores políticos, mientras que es común ahora en Bielorrusia y en los países de Asia Central, no se ha transformado en una práctica aceptada en Rusia; en su mayor parte, la intolerancia del Kremlin hacia las críticas públicas se ha limitado a amenazas verbales. Pero el riesgo de deslizarse hacia un odioso ciclo represivo está aumentando y ya no parece improbable que veamos a más gente detenida y encarcelada por expresar su oposición o por participar en protestas políticas pacíficas.
Masha Lipman, editora de la revista Carnegie Moscow Center's Pro et Contra, escribe una columna mensual para el Post.
19 de enero de 2005
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dos serbios condenados por masacre
El tribunal de La Haya impone ligeras penas a criminales serbios.
La Haya, Holanda. Un tribunal de Naciones Unidas condenó y sentenció ayer a dos antiguos comandantes del Ejército serbo-bosnio a prolongados términos de prisión por su papel en la masacre de miles de musulmanes bosnios en Srebrenica en 1995, la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El coronel Vidoje Blagojevic, 54, fue condenado a 18 años por complicidad en genocidio y otros crímenes de guerra. El mayor Dragan Jokic, 47, recibió 9 años por asesinato, exterminio y persecución sobre bases raciales. El tribunal concluyó que los dos transmitieron órdenes, sin haberlas iniciado ellos mismos. Algunos analistas criticaron las sentencias por ser relativamente ligeras en comparación con las sentencias de 17 y 27 años impuestas a dos oficiales de mejor jerarquía.
19 de enero de 2005
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La Haya, Holanda. Un tribunal de Naciones Unidas condenó y sentenció ayer a dos antiguos comandantes del Ejército serbo-bosnio a prolongados términos de prisión por su papel en la masacre de miles de musulmanes bosnios en Srebrenica en 1995, la peor masacre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El coronel Vidoje Blagojevic, 54, fue condenado a 18 años por complicidad en genocidio y otros crímenes de guerra. El mayor Dragan Jokic, 47, recibió 9 años por asesinato, exterminio y persecución sobre bases raciales. El tribunal concluyó que los dos transmitieron órdenes, sin haberlas iniciado ellos mismos. Algunos analistas criticaron las sentencias por ser relativamente ligeras en comparación con las sentencias de 17 y 27 años impuestas a dos oficiales de mejor jerarquía.19 de enero de 2005
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egipto busca reformas
Un editorial del Washington Post llama al presidente Bush a oponerse a los intentos del dictador de Egipto a ratificar por sexta vez su mandato mediante un referéndum.
Apenas dos días después de las elecciones presidenciales en Palestina, en la que varios candidatos compitieron libremente por los votos, un funcionario egipcio entregó una contrastante noticia. El partido dominante, dijo, tenía el propósito de nominar al presidente Hosni Mubarak para presentarse de candidato único para su sexto mandato consecutivo. Si se confirma, significará la perpetuación de la dictadura que ha gobernado a Egipto durante más de 50 años, casi la mitad de ellos bajo Mubarak, que ahora tiene 76 años. Aunque sorprenderá difícilmente, los egipcios no pueden sentirse más que frustrados del rechazo de Mubarak a liberalizar el sistema político que les ha llevado décadas de estancamiento económico y una desenfrenada corrupción, al mismo tiempo que nutre a los extremistas islámicos, incluyendo a muchos de los líderes de Al Qaeda.
La nominación de Mubarak es un serio golpe al proyecto del gobierno de Bush de fomentar cambios democráticos en Oriente Medio -y volverá a plantear la pregunta de si el presidente Bush tiene verdaderamente la intención de relacionar la política exterior de Estados Unidos con su retórica. Ha pasado más de un año desde que Bush, en su discurso a la National Endowment for Democracy, reconoció que Estados Unidos se había equivocado al "excusar y complacer" a los dictadores árabes a cambio de su colaboración con la política exterior estadounidense. Mubarak ha sido uno de esos gobernantes, y ha recibido más de 50 billones de dólares en ayuda norteamericana en los últimos años cuando reprimió implacablemente a la sociedad civil y los movimientos democráticos egipcios y alentó sentimientos anti-israelíes y anti-norteamericanos en los medios de prensa controlados por el estado. "Egipto", dijo Bush en ese discurso, "debería ahora mostrar el camino hacia la democracia en Oriente Medio".
Mubarak ha hecho todo lo contrario. Ha emergido como el más declarado y recalcitrante opositor al llamado de Bush para reformar el mundo árabe. Pero también ha ofrecido astutamente a Bush continuar con el viejo trato. En las últimas semanas, Mubarak ha mejorado sus relaciones con el Israel de Ariel Sharon, pedido a los militantes palestinos que declaren una tregua y apoyado la participación sunní en las elecciones próximas en Iraq. Aparentemente, Egipto también continúa su colaboración secreta en la lucha contra el terrorismo con la Central de Inteligencia Americana -una cooperación que supuestamente implica la "entrega" a la CIA de detenidos de la CIA a Egipto para de ese modo eludir las leyes contra la tortura en Estados Unidos.
La estratagema del dictador parece dar resultados. A pesar de su retórica, Bush no muestra ningún signo de querer poner fin a las excusas y complacencias con Egipto. Mientras insiste en que los palestinos deben establecer una democracia antes de que sea posible cualquier acuerdo de paz con Israel -una postura que respalda el objetivo de Sharon de posponer indefinidamente la fundación del estado palestino-, Bush no ha dado ninguna señal de que se oponga a otro de los referéndums fraudulentos con los que Mubarak ha venido ratificando su gobierno. Confiando en la seriedad de Bush, los movimientos de oposición egipcios han formado una coalición que pide reformas fundamentales: la revocación de las leyes de emergencia que limitan las actividades políticas, elecciones con varios candidatos a la presidencia y reformas constitucionales que limiten las atribuciones del próximo presidente. Tres aguerridos disidentes han anunciado sus propias candidaturas a la presidencia. El mes pasado se realizó una manifestación sin precedentes contra Mubarak en el Cairo. Los manifestantes llevaban en silencio pancartas que decían: "Basta". ¿No está Bush de acuerdo?
19 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Apenas dos días después de las elecciones presidenciales en Palestina, en la que varios candidatos compitieron libremente por los votos, un funcionario egipcio entregó una contrastante noticia. El partido dominante, dijo, tenía el propósito de nominar al presidente Hosni Mubarak para presentarse de candidato único para su sexto mandato consecutivo. Si se confirma, significará la perpetuación de la dictadura que ha gobernado a Egipto durante más de 50 años, casi la mitad de ellos bajo Mubarak, que ahora tiene 76 años. Aunque sorprenderá difícilmente, los egipcios no pueden sentirse más que frustrados del rechazo de Mubarak a liberalizar el sistema político que les ha llevado décadas de estancamiento económico y una desenfrenada corrupción, al mismo tiempo que nutre a los extremistas islámicos, incluyendo a muchos de los líderes de Al Qaeda.La nominación de Mubarak es un serio golpe al proyecto del gobierno de Bush de fomentar cambios democráticos en Oriente Medio -y volverá a plantear la pregunta de si el presidente Bush tiene verdaderamente la intención de relacionar la política exterior de Estados Unidos con su retórica. Ha pasado más de un año desde que Bush, en su discurso a la National Endowment for Democracy, reconoció que Estados Unidos se había equivocado al "excusar y complacer" a los dictadores árabes a cambio de su colaboración con la política exterior estadounidense. Mubarak ha sido uno de esos gobernantes, y ha recibido más de 50 billones de dólares en ayuda norteamericana en los últimos años cuando reprimió implacablemente a la sociedad civil y los movimientos democráticos egipcios y alentó sentimientos anti-israelíes y anti-norteamericanos en los medios de prensa controlados por el estado. "Egipto", dijo Bush en ese discurso, "debería ahora mostrar el camino hacia la democracia en Oriente Medio".
Mubarak ha hecho todo lo contrario. Ha emergido como el más declarado y recalcitrante opositor al llamado de Bush para reformar el mundo árabe. Pero también ha ofrecido astutamente a Bush continuar con el viejo trato. En las últimas semanas, Mubarak ha mejorado sus relaciones con el Israel de Ariel Sharon, pedido a los militantes palestinos que declaren una tregua y apoyado la participación sunní en las elecciones próximas en Iraq. Aparentemente, Egipto también continúa su colaboración secreta en la lucha contra el terrorismo con la Central de Inteligencia Americana -una cooperación que supuestamente implica la "entrega" a la CIA de detenidos de la CIA a Egipto para de ese modo eludir las leyes contra la tortura en Estados Unidos.
La estratagema del dictador parece dar resultados. A pesar de su retórica, Bush no muestra ningún signo de querer poner fin a las excusas y complacencias con Egipto. Mientras insiste en que los palestinos deben establecer una democracia antes de que sea posible cualquier acuerdo de paz con Israel -una postura que respalda el objetivo de Sharon de posponer indefinidamente la fundación del estado palestino-, Bush no ha dado ninguna señal de que se oponga a otro de los referéndums fraudulentos con los que Mubarak ha venido ratificando su gobierno. Confiando en la seriedad de Bush, los movimientos de oposición egipcios han formado una coalición que pide reformas fundamentales: la revocación de las leyes de emergencia que limitan las actividades políticas, elecciones con varios candidatos a la presidencia y reformas constitucionales que limiten las atribuciones del próximo presidente. Tres aguerridos disidentes han anunciado sus propias candidaturas a la presidencia. El mes pasado se realizó una manifestación sin precedentes contra Mubarak en el Cairo. Los manifestantes llevaban en silencio pancartas que decían: "Basta". ¿No está Bush de acuerdo?
19 de enero de 2005
©washington post
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egipto busca reformas
Un editorial del Washington Post llama al presidente Bush a oponerse a los intentos del dictador de Egipto a ratificar por sexta vez su mandato mediante un referéndum.
Apenas dos días después de las elecciones presidenciales en Palestina, en la que varios candidatos compitieron libremente por los votos, un funcionario egipcio entregó una contrastante noticia. El partido dominante, dijo, tenía el propósito de nominar al presidente Hosni Mubarak para presentarse de candidato único para su sexto mandato consecutivo. Si se confirma, significará la perpetuación de la dictadura que ha gobernado a Egipto durante más de 50 años, casi la mitad de ellos bajo Mubarak, que ahora tiene 76 años. Aunque sorprenderá difícilmente, los egipcios no pueden sentirse más que frustrados del rechazo de Mubarak a liberalizar el sistema político que les ha llevado décadas de estancamiento económico y una desenfrenada corrupción, al mismo tiempo que nutre a los extremistas islámicos, incluyendo a muchos de los líderes de Al Qaeda.
La nominación de Mubarak es un serio golpe al proyecto del gobierno de Bush de fomentar cambios democráticos en Oriente Medio -y volverá a plantear la pregunta de si el presidente Bush tiene verdaderamente la intención de relacionar la política exterior de Estados Unidos con su retórica. Ha pasado más de un año desde que Bush, en su discurso a la National Endowment for Democracy, reconoció que Estados Unidos se había equivocado al "excusar y complacer" a los dictadores árabes a cambio de su colaboración con la política exterior estadounidense. Mubarak ha sido uno de esos gobernantes, y ha recibido más de 50 billones de dólares en ayuda norteamericana en los últimos años cuando reprimió implacablemente a la sociedad civil y los movimientos democráticos egipcios y alentó sentimientos anti-israelíes y anti-norteamericanos en los medios de prensa controlados por el estado. "Egipto", dijo Bush en ese discurso, "debería ahora mostrar el camino hacia la democracia en Oriente Medio".
Mubarak ha hecho todo lo contrario. Ha emergido como el más declarado y recalcitrante opositor al llamado de Bush para reformar el mundo árabe. Pero también ha ofrecido astutamente a Bush continuar con el viejo trato. En las últimas semanas, Mubarak ha mejorado sus relaciones con el Israel de Ariel Sharon, pedido a los militantes palestinos que declaren una tregua y apoyado la participación sunní en las elecciones próximas en Iraq. Aparentemente, Egipto también continúa su colaboración secreta en la lucha contra el terrorismo con la Central de Inteligencia Americana -una cooperación que supuestamente implica la "entrega" a la CIA de detenidos de la CIA a Egipto para de ese modo eludir las leyes contra la tortura en Estados Unidos.
La estratagema del dictador parece dar resultados. A pesar de su retórica, Bush no muestra ningún signo de querer poner fin a las excusas y complacencias con Egipto. Mientras insiste en que los palestinos deben establecer una democracia antes de que sea posible cualquier acuerdo de paz con Israel -una postura que respalda el objetivo de Sharon de posponer indefinidamente la fundación del estado palestino-, Bush no ha dado ninguna señal de que se oponga a otro de los referéndums fraudulentos con los que Mubarak ha venido ratificando su gobierno. Confiando en la seriedad de Bush, los movimientos de oposición egipcios han formado una coalición que pide reformas fundamentales: la revocación de las leyes de emergencia que limitan las actividades políticas, elecciones con varios candidatos a la presidencia y reformas constitucionales que limiten las atribuciones del próximo presidente. Tres aguerridos disidentes han anunciado sus propias candidaturas a la presidencia. El mes pasado se realizó una manifestación sin precedentes contra Mubarak en el Cairo. Los manifestantes llevaban en silencio pancartas que decían: "Basta". ¿No está Bush de acuerdo?
19 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh
Apenas dos días después de las elecciones presidenciales en Palestina, en la que varios candidatos compitieron libremente por los votos, un funcionario egipcio entregó una contrastante noticia. El partido dominante, dijo, tenía el propósito de nominar al presidente Hosni Mubarak para presentarse de candidato único para su sexto mandato consecutivo. Si se confirma, significará la perpetuación de la dictadura que ha gobernado a Egipto durante más de 50 años, casi la mitad de ellos bajo Mubarak, que ahora tiene 76 años. Aunque sorprenderá difícilmente, los egipcios no pueden sentirse más que frustrados del rechazo de Mubarak a liberalizar el sistema político que les ha llevado décadas de estancamiento económico y una desenfrenada corrupción, al mismo tiempo que nutre a los extremistas islámicos, incluyendo a muchos de los líderes de Al Qaeda.La nominación de Mubarak es un serio golpe al proyecto del gobierno de Bush de fomentar cambios democráticos en Oriente Medio -y volverá a plantear la pregunta de si el presidente Bush tiene verdaderamente la intención de relacionar la política exterior de Estados Unidos con su retórica. Ha pasado más de un año desde que Bush, en su discurso a la National Endowment for Democracy, reconoció que Estados Unidos se había equivocado al "excusar y complacer" a los dictadores árabes a cambio de su colaboración con la política exterior estadounidense. Mubarak ha sido uno de esos gobernantes, y ha recibido más de 50 billones de dólares en ayuda norteamericana en los últimos años cuando reprimió implacablemente a la sociedad civil y los movimientos democráticos egipcios y alentó sentimientos anti-israelíes y anti-norteamericanos en los medios de prensa controlados por el estado. "Egipto", dijo Bush en ese discurso, "debería ahora mostrar el camino hacia la democracia en Oriente Medio".
Mubarak ha hecho todo lo contrario. Ha emergido como el más declarado y recalcitrante opositor al llamado de Bush para reformar el mundo árabe. Pero también ha ofrecido astutamente a Bush continuar con el viejo trato. En las últimas semanas, Mubarak ha mejorado sus relaciones con el Israel de Ariel Sharon, pedido a los militantes palestinos que declaren una tregua y apoyado la participación sunní en las elecciones próximas en Iraq. Aparentemente, Egipto también continúa su colaboración secreta en la lucha contra el terrorismo con la Central de Inteligencia Americana -una cooperación que supuestamente implica la "entrega" a la CIA de detenidos de la CIA a Egipto para de ese modo eludir las leyes contra la tortura en Estados Unidos.
La estratagema del dictador parece dar resultados. A pesar de su retórica, Bush no muestra ningún signo de querer poner fin a las excusas y complacencias con Egipto. Mientras insiste en que los palestinos deben establecer una democracia antes de que sea posible cualquier acuerdo de paz con Israel -una postura que respalda el objetivo de Sharon de posponer indefinidamente la fundación del estado palestino-, Bush no ha dado ninguna señal de que se oponga a otro de los referéndums fraudulentos con los que Mubarak ha venido ratificando su gobierno. Confiando en la seriedad de Bush, los movimientos de oposición egipcios han formado una coalición que pide reformas fundamentales: la revocación de las leyes de emergencia que limitan las actividades políticas, elecciones con varios candidatos a la presidencia y reformas constitucionales que limiten las atribuciones del próximo presidente. Tres aguerridos disidentes han anunciado sus propias candidaturas a la presidencia. El mes pasado se realizó una manifestación sin precedentes contra Mubarak en el Cairo. Los manifestantes llevaban en silencio pancartas que decían: "Basta". ¿No está Bush de acuerdo?
19 de enero de 2005
©washington post
©traducción mQh