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eutanasia y suicidio asistido


El suicidio asistido de una mujer sana de 79 años renueva el debate sobre el derecho a morir.
[Mark Landler] Frankfurt, Alemania. Cuando Roger Kusch ayudó a Bettina Schardt a suicidarse en su casa el sábado, el ritual, tan espeluznante como cuidadosamente montado, fue como el de muchos casos de suicidio asistido, pero con una excepción.
La señora Schardt, 79, auxiliar de rayos equis jubilada de la ciudad de Würzburg, Baviera, no estaba enferma ni se estaba muriendo. Simplemente no quería que la trasladaran a una residencia de ancianos, y antes de que ocurriera, le pidió a Kush, un prominente activista alemán a favor del suicidio asistido, que la ayudara a buscar una salida.
Sus últimas palabras, después de tragarse un letal cóctel de cloroquina -un fármaco utilizado para combatir la malaria- y diazepam -un sedante-, fueron: "auf Wiedersehen", contó Kush en una rueda de prensa el lunes.
Sin embargo, difícilmente será la última palabra sobre su caso. El suicidio de la señora Schardt -y la entusiasta campaña de Kusch- han provocado un revuelo nacional sobre los límites del derecho a morir en un país que ha luchado con este tema más que cualquier otro debido a que los nazis aplicaron eutanasia al menos a cien mil deficientes mentales y personas con enfermedades incurables.
"Lo que hizo el señor Kusch es particularmente horrible", dijo en una entrevista Beate Merk, ministro de Justicia de Baviera. "Esta mujer no sufría de nada, excepto de su propio temor. Kusch no le ofreció ninguna otra opción".
La conservadora primera ministro de Alemania, Angela Merkel, declaró en un canal de noticias alemán el miércoles que estaba "absolutamente contra cualquier forma de suicidio asistido, independientemente de como se presente".
El viernes, Baviera y otros cuatro estados alemanes presentarán nuevos proyectos de ley para prohibir las firmas comerciales que ayudan a morir a la gente. El suicidio mismo no es un delito, ni ayudar a cometerlo, provisto que no pueda ser concebido como eutanasia.
Pero muchos no quieren que Alemania siga el ejemplo de Suiza, donde leyes liberales sobre la eutanasia han provocado el auge de la comercialización del suicidio asistido. En la última década, casi quinientos alemanes han cruzado la frontera para terminar con sus vidas con ayuda de una organización suiza que facilita el suicidio.
"Queremos que sea ilegal que la gente pueda ofrecer ‘reservas de suicidio’", dijo Merkel. "Eso es inhumano".
Al ayudar a la señora Schardt a terminar con su vida, y luego transmitir el episodio, Kusch de hecho inició una nueva práctica. Kusch, 53, un ex alto funcionario de gobierno de Hamburgo, dijo que seguirá ayudando a otras personas que, como la señora Schardt, deciden poner fin a sus vidas por propia voluntad.
"Desde el sábado pasado, ofrezco a las personas morir en su propia cama", dijo en una conferencia telefónica el miércoles. "Ese es el anhelo de la mayoría de la gente, y ahora es posible en Alemania".
Con su inclinación por la publicidad provocativa, Kusch evoca a Jack Kevorkian, el cruzado de la eutanasia de Michigan que retó a las autoridades a que detuvieran sus suicidios asistidos y terminó en la cárcel. Pero Kusch, que es abogado, ha tomado el cuidado de no salirse de lo que permite la ley.
En el caso de la señora Schardt, la aconsejó sobre cómo cometer suicido, pero no le proporcionó ni administró ningún fármaco. Salió de la habitación después de que ella bebiera el ponzoñoso brebaje y volvió tres horas más tarde, encontrándola muerta en su cama. Filmó todo el proceso como prueba de que no participó activamente en su suicidio.
Los fiscales han examinado su caso, y no parece que Kusch corra algún peligro jurídico.
Kusch también filmó cinco horas de entrevistas con la señora Schardt, en las que ella comenta sus temores y explica por qué quiere morir. Kusch mostró fragmentos de la entrevista en la rueda de prensa, provocando con ello un escándalo. "Un video de diez minutos dice más que si yo hablara durante dos horas", dijo.
Aunque la señora Schardt no sufría de ninguna enfermedad terminal, ni sufría dolores insoportables, su vida era difícilmente placentera, dijo Kusch. Tenía problemas para andar en su departamento, donde vivía sola. No se había casado nunca, de modo que no tenía familia. Tampoco tenía muchos amigos, y rara vez salía.
En esas circunstancias, una residencia de ancianos parecía su siguiente domicilio más probable. Y para la señora Schardt, que según Kusch temía a los desconocidos y mostraba un bajo nivel de tolerancia por las personas menos inteligentes que ella, esa era una perspectiva intolerable.
"Cuando me contactó por correo electrónico el 8 de abril, ya había decidido suicidarse", dijo Kusch, observando que también se había contactado con Dignitas, una organización suiza que ayuda a los suicidas.
En una carta de despedida a Kusch, subida a su página web, la señora Schardt le agradece, diciendo que si su muerte contribuía a su causa, habría cumplido con su objetivo de tener "la libertad de morir con dignidad".
Para algunos partidarios del suicidio asistido, las leyes alemanas no dan espacio suficiente para morir con dignidad. Ludwig A. Minelli, el periodista jubilado que dirige Dignitas, observó que los que ayudan a cometer suicidio tiene que dejar morir sola a la persona para no ser procesados. En Suiza, dijo, "la persona que ayuda, así como familiares o amigos, pueden estar con la persona que ha decidido marcharse".
La principal lección de la solitaria muerte de la señora Schardt tendrá que ver con el modo en que Alemania trata a sus viejos.
"Entre los alemanes, el temor a las residencias de ancianos es mucho más grande que el temor al terrorismo o el temor a perder el trabajo", dijo Eugen Brysch, director de la Fundación Hospicio Alemán. "Alemania debe hacer frente a este temor, porque el miedo, como hemos visto, es un pésimo consejero".

3 de julio de 2008
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brutal trato a inmigrantes en francia


En Francia se reavivó la polémica por los centros de detención de ‘sin papeles’. En el marco de la cuestionada ‘Directiva Retorno’ de Europa, en París denuncian un clima de violencia contra los inmigrantes.
[Eduardo Febbro] París, Francia. Un incendio que destruyó un centro donde se aloja a inmigrantes sin papeles en tránsito de expulsión reavivó en Francia la polémica sobre las políticas inmigratorias en un contexto ya marcado por la adopción, por parte del Parlamento Europeo, de la cuestionada "Directiva Retorno". Este texto fija un horizonte de medidas comunes para los 27 países de la Unión Europea, que incluyen detenciones de hasta 18 meses de los ilegales y la detención de menores. El incendio se produjo durante el fin de semana en uno de los polémicos CRA, Centro de Retención Administrativa. Ese centro ha sido objeto de denuncias y polémicas desde finales del año pasado, debido a las condiciones a menudo extremas en que se encuentran las personas detenidas. Un informe de junio citado ayer por el diario Liberation subraya "el clima de tensión y de violencia que impera en todos los CRA".
Los primeros elementos de la investigación prueban que el incendio fue intencional y se propagó en momentos en que una organización de solidaridad con las personas sin papeles, Red de Educación sin Fronteras (RESF), manifestaba en los alrededores del centro a raíz de la muerte de un extranjero sin documentos ocurrida la víspera. El partido gobernante, UMP, insinuó que el RESF pudo haber tenido cierta responsabilidad en el incendio. El organismo, que se ocupa en lo concreto de los ilegales que tienen hijos escolarizados en Francia, respondió diciendo que esa responsabilidad le incumbe al ministro de Inmigración, Brice Hortefeux, cuya "política condena (a los extranjeros) al terror cuando están libres y a la completa desesperación cuando están internados en espera de su expulsión".
El ministro concernido alegó, a su vez, que el incidente "era una de las numerosas ilustraciones de las consecuencias dramáticas de la inmigración ilegal". El incendio en los locales del CRA no causó víctimas, las 240 personas que estaban alojadas fueron transferidas pero el hecho y la polémica a que da lugar plantea, más allá de Francia, la manera en que Europa trata el problema de la inmigración. Casi todas las capitales esgrimen desde hace meses cifras sobre el número de extranjeros expulsados como si ello fuese un certificado de buena conducta. El jueves de la semana anterior, al igual que lo habían hecho España e Italia, el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, destacó que durante los cinco primeros meses de 2008 había habido un aumento del 80 por ciento del número de extranjeros expulsados (14.660) con respecto al año anterior. Si el ritmo se mantiene, el gobierno conservador de Nicolas Sarkozy podrá cumplir con el objetivo que se fijó para el año en curso: expulsar a 26.000 personas del país. Para el Partido Socialista francés, el incendio que se produjo en el CRA fue consecuencia de esa política: "mostrar cifras y más cifras". Esa política "cifrada" fue también criticada por dos sindicatos de policía que se quejaron de la presión que el Ejecutivo ejerce sobre las fuerzas del orden para que se obtengan resultados consistentes.
El Centro de Retención Administrativa que se quemó estaba situado en los alrededores de París, en la localidad de Vincens, y era el más grande de Francia. Algunos lo llaman "la olla de presión". Intentos de suicidio, malos tratos, huelgas de hambre y amotinamientos han escrito la historia negra de este tipo de centros a los que la Directiva Retorno adoptada por la UE da ahora una nueva legitimidad. La problemática que se plantea en el futuro es peligrosa. Francia es, con España, uno de los pocos países en donde, por ley, la retención administrativa no excede los 32 días –40 en España–. París ya aclaró que no modificará el régimen, es decir, que no extenderá ese plazo a los 18 meses que fija la Directiva Retorno. ¿Pero qué ocurrirá en los demás países? En qué condiciones y con qué derechos –visitas, defensa, etc.– serán mantenidos los extranjeros a quienes la Directiva Retorno convierte en delincuentes. Un año y medio de pena es un plazo muy extenso para una infracción como la residencia ilegal. El incendio y la extensa serie de incidentes que estallan en ese tipo recintos –los expulsados de España pueden ofrecer testimonios sobrecogedores– muestran los altos niveles de inseguridad y de malestar que imperan en esos túneles hacia la frontera. Brigitte Wieser, miembro de RESF, explica que el malestar adentro es tanto más grande cuanto que "los detenidos viven la injusticia de estar en la cárcel cuando en realidad no hicieron nada".
Los testimonios de los expulsables publicados por la prensa hielan la sangre cuando se piensa que eso ocurre en países que son modelos democráticos: "Los seis baños eran inmundos, nos bañábamos con agua fría, la comida era espantosa, dormíamos de a 7 y 8 en una habitación de 15 metros cuadrados, a veces en el suelo, sobre colchones", contó Bruno al diario Liberation. Los próximos 7 y 8 de julio, en el curso de la reunión de ministros europeos de Interior, el titular francés de la cartera de Inmigración, Brice Hortefeux, presentará a los 27 Estados de la Unión un "Pacto europeo de inmigración". Francia, que asume el primero de julio la presidencia semestral de la UE, propone a los demás Estados que renuncien a las regularizaciones masivas de inmigrados, que haya "vuelos comunes" para expulsar a los inmigrados, que se "favorezca la inmigración elegida con carácter profesional" y que los candidatos a la inmigración adopten un "contrato de integración", que incluye "el aprendizaje del idioma nacional, las identidades nacionales y los valores europeos". La represión al ilegal será, en suma, un criterio común de acción.
Los Estados latinoamericanos deberán, sin duda, crear ministerios o secretarías especializadas para tratar los numerosos casos de detenciones prolongadas a las que serán condenados los ciudadanos. Y por qué no una suerte de "Ministerio Simétrico", cuya misión consistiría en responder de manera simétrica a la asimetría brutal con que Europa trató a la histórica generosidad de América latina.

25 de junio de 2008
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europa declara guerra a la inmigración


Detenciones de dieciocho meses, incluyendo a menores, y expulsiones por cinco años. Europa aprobó una durísima ley antiinmigrantes.
[Eduardo Febbro] París, Francia. La norma pasó sin enmienda alguna gracias a una alianza entre conservadores, liberales y euroescépticos. Fue repudiada por gobiernos de América latina, el Vaticano, la izquierda y las asociaciones de defensa de los derechos humanos.
El Parlamento europeo aprobó con una facilidad y una mayoría desconcertantes uno de los textos más controvertidos de los últimos años sobre la regulación de los flujos migratorios. Por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, el Europarlamento adoptó en pocas horas la escandalosa Directiva Retorno mediante la cual se fijan reglas no comunes para la admisión de extranjeros sino un método drástico para expulsarlos. La directiva establece que los inmigrados ilegales podrán ser detenidos por un período que va hasta los 18 meses si rehúsan dejar el territorio europeo voluntariamente. El texto también estipula que los menores de edad son igualmente expulsables y que las personas expulsadas del territorio eurocomunitario no podrán regresar durante un lapso de cinco años.
Repudiada por varios gobiernos de América latina –los países de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN y Uruguay protestaron enérgicamente. criticada por el Vaticano, la izquierda y las asociaciones de defensa de los derechos humanos, la Directiva Retorno pasó en virtud de una alianza entre conservadores, liberales y euroescépticos y, sobre todo, gracias a las ya absurdas divisiones del grupo socialista. Por esa razón el texto pasó limpio, es decir, sin ninguna de las enmiendas propuestas por los opositores.
Envueltas en frases de un delicado cinismo, la Directiva abre paso a prácticas que hasta ahora eran impensables en las grandes democracias de Europa. La posibilidad de que un menor sea expulsado es, por ejemplo, uno de los capítulos menos gloriosos del texto que adopta únicamente una estrategia policial frente al fenómeno de la inmigración. La eurodiputada socialista francesa Martine Roure explicó que el resultado de los compromisos que facilitaron el voto era "insuficiente en materia de protección de los derechos fundamentales".
Más virulento, el eurodiputado comunista italiano Giusto Catania habló de una "Directiva inhumana impuesta por los gobiernos". En cambio, el europarlamentario español Agustín Díaz de Mera (Partido Popular) explicó que "el acuerdo pone fin a algo difícilmente comprensible, como es que en la Unión Europea haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente". De los 27 países, siete autorizan un período indefinido de arresto de ilegales, mientras que en 16 países, entre ellos Francia y España, el lapso no puede exceder los 32 o los 40 días.
El texto sometido al voto rompió la lógica de los grupos políticos. Los socialistas se quedaron estancados en sus divisiones y ello quedó plasmado en el voto cuando varios socialistas aprobaron la Directiva. "No es la victoria o la derrota de nadie. Podemos sentirnos satisfechos de haber obtenido por lo menos una reglamentación europea", dijo el socialdemócrata alemán Wolfgang Kreissldörfler, que votó a favor del texto y contra la consigna oficial del grupo del PSE (Partido Socialista Europeo).
Los adversarios del texto –ecologistas, socialistas y comunistas– argumentan que su aplicación desembocará en un deterioro de las condiciones de expulsión en los países de la UE que actualmente tienen una legislación más favorable. La aprobación de la Directiva Retorno es un esbozo de la política inmigratoria global que se avecina. La Directiva constituye una pieza más en el ya duro proceso de reorganización y endurecimiento de la política migratoria de la UE. Esta debería acentuarse aun más cuando Francia asuma el próximo 1º de julio la presidencia rotativa de la Unión. París pugna por la aprobación de un "pacto europeo" cuyos ejes son una suerte de "contrato de integración" que contempla el aprendizaje obligatorio de la lengua nacional para quienes quieran llegan a Europa y, sobre todo, el fin de las regularizaciones masivas de ilegales, así como una política común de asilo. Francia busca evitar que uno de los Estados de la UE proceda a regularizaciones masivas sin el acuerdo de todos los demás miembros. Según cifras de la Comisión Europea, entre uno y dos millones de inmigrantes llegan a Europa legalmente cada año. La misma fuente calcula que existen hoy 8 millones de extranjeros clandestinos.
En el primer semestre de 2007, 200 mil ilegales fueron arrestados dentro de la UE. De esos 200 mil, 90 mil fueron expulsados. La Directiva Retorno consagra la visión represiva de una derecha europea que gana votos con el espantapájaros de la inmigración. La decencia y la defensa de sus ciudadanos imponen hoy una respuesta adecuada de los timoratos países latinoamericanos que, desde hace años, toleran que sus ciudadanos sean objeto de tratos impensables en los aeropuertos y comisarías sin protestar o actuar con la energía que se impone. Los casos de golpes, insultos racistas, abusos y expulsiones excesivas llenan un catálogo vergonzoso de la discriminación. La UE tiene hoy un texto común que abre la vía a más abusos. El silencio de la gran mayoría de las cancillerías latinoamericanas y los parlamentos nacionales ha sido, hasta ahora, un aliado de abrumadoras vejaciones. Ayer, las protestas se hicieron escuchar. Demasiado tarde.

19 de junio de 2008
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europa no quiere inmigrantes


El euro parlamento podría confirmar esta semana una ley para expulsar a ilegales. La Directiva Retorno de la UE tiene como punto más polémico la detención hasta 18 meses de los ilegales.
[Eduardo Febbro] París, Francia. Europa será pronto una fortaleza a donde inmigrar clandestinamente equivaldrá a haber cometido un crimen mayor. Los 27 ministros de Interior de la Unión Europea dieron una vuelta de tuerca represiva contra la inmigración que podría verse confirmada esta semana una vez que el Parlamento Europeo empiece el examen de un texto llamado "Directiva Retorno". La disposición en discusión a partir de mañana, 18 de junio, prevé penas de cárcel de hasta 18 meses para los inmigrados ilegales. La meta final del dispositivo represivo consiste en condicionar la regularización masiva de ilegales a la autorización de los otros Estados. Tres años después de que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, evocara por primera vez una política común europea en materia de inmigración, el Viejo Continente está cerca de dotarse de ese mecanismo pero con acentos y disposiciones que rozan la discriminación y la represión a mansalva. La Directiva Retorno de la UE consagra de manera asombrosa la figura del ilegal como un delincuente.
Dicha Directiva formula reglas comunes de expulsión de los clandestinos. La nueva ley impone a las autoridades nacionales de los países miembro de la UE elegir entre legalizar a los inmigrantes ilegales o expulsarlos. Esta expulsión, llamada amablemente "alejamiento", debe ser "voluntaria" dentro de lo posible porque, en caso contrario, la Directiva Retorno reconoce el recurso a la fuerza como una necesidad. El capítulo más cuestionado de la Directiva Retorno es el que atañe al peso de las condenas que se aplicarían a los indocumentados: según los casos, los ilegales pueden permanecer en detención un período que oscila entre los seis y los 18 meses. La Directiva Retorno es el primer bloque de un edificio represivo que empezó a construirse a partir de 2005, luego de la crisis migratoria que se produjo en Ceuta y Melilla, los dos enclaves de España situados en el Norte de Africa. Un año más tarde, el arribo masivo de clandestinos a las islas Canarias (sur de España) terminó por impulsar la creación de Frontex, la Agencia Europea de Fronteras Externas, y dio lugar al inicio de patrullas conjuntas en aguas del Atlántico y el Mediterráneo. Desde ese entonces, la UE viene trabajando en un enfoque global del tema migratorio que integre no sólo la seguridad ante los ilegales sino, también, el fomento de acuerdos de cooperación, desarrollo y readmisión con los países de origen y tránsito.
Sin embargo, el paquete que mejor progresó es el represivo. En esta armadura, la Directiva Retorno es el primer muro al que se le agregará luego el frontón final, impulsado por Francia: se trata del "pacto europeo de inmigración y asilo" que debería ser adoptado durante la presidencia francesa de la UE, que empieza el 1º de julio. En resumen, la Unión y sus Estados miembro manifiestan claramente que los inmigrados no son los bienvenidos en tierras del Viejo Continente.
La Directiva Retorno ha creado un fuerte roce diplomático entre Bolivia, Ecuador y la Unión Europea. Estos dos países son los que cuentan con el mayor número de inmigrados ilegales en Europa, especialmente en España. Varias asociaciones francesas y europeas de defensa de los inmigrados calificaron el texto europeo como "la Directiva de la vergüenza". El presidente boliviano, Evo Morales, escribió una carta a la UE y luego publicó un artículo en el diario francés Libération en el cual llama a rechazar el texto: "En nombre del pueblo boliviano, de todos mis hermanos del continente y de las regiones del mundo como el Magreb y los países africanos, llamo a la conciencia de los dirigentes y diputados europeos, de los pueblos, de los ciudadanos y de los militantes de Europa para que no se apruebe el texto de la Directiva de Retorno", dice Morales. El mandatario recuerda el aluvión de europeos que llegó a América latina a partir del siglo XIX "sin visa ni condiciones impuestas por las autoridades. (... ) Decenas de millones de europeos partieron a las Américas para colonizar, escapar a la hambruna, a las crisis financieras, a las guerras y a los totalitarismos. Vinieron a nuestro continente a explotar las riquezas y a transferirlas a Europa, con un costo muy elevado para los pueblos originarios de América". Según Morales, el texto europeo viola varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por esa razón, el presidente advierte que "si esta directiva fuese aprobada, quedaríamos en la imposibilidad ética de profundizar las relaciones con la Unión Europea y nos reservamos el derecho de imponer a los ciudadanos europeos las mismas obligaciones de visa que se nos impuso el 1º de abril de 2007, según el principio de reciprocidad".
Es legítimo señalar que, fuera de Brasil, los países latinoamericanos son de un perfil subterráneo cuando se trata de reaccionar a los abusos que sufren los ciudadanos de América latina en los aeropuertos de Europa. Malos tratos, desprecio, racismo, discriminación, insultos, detenciones arbitrarias y expulsiones injustificables constituyen un lote de vejaciones cotidianas ante las cuales los Estados del continente suelen quedarse callados. Existen en América latina decenas de miles de europeos que residen sin papeles y son escasos los ejemplos de expulsiones y malos tratos, tan escasos como las estadísticas sobre la inmigración del Viejo Continente. Habría que filmar con una cámara escondida la voracidad racial con que los aduaneros españoles e italianos tratan a los latinoamericanos de piel morena.
La Directiva Retorno se inscribe en un movimiento que empezó en Francia en los años ’80 con la emergencia de la extrema derecha francesa del Frente Nacional, dirigido por el dinosáurico Jean-Marie Le Pen. Desde ese momento, el inmigrado se convirtió en el culpable designado del desempleo, la criminalidad y la perversión de los valores nacionales. El inmigrado se tornó también un argumento electoral. Hubo años en que, pese a la evidencia de la recesión y la falta de reformas, el tema apareció entre las primeras preocupaciones de los electores. Ni la izquierda ni la derecha se privaron de recurrir a ese fructuoso fondo de comercio para atraer votos. En los últimos años y con la notoria excepción de España, los países europeos empezaron a endurecer sus políticas inmigratorias. Dinamarca, Alemania, Gran Bretaña, Italia ahora y Francia, que, en los cinco años transcurridos, modificó seis veces las leyes que regulan los flujos migratorios. Según cifras oficiales de la UE, el trabajo en negro de los clandestinos pesa entre 7 por ciento y 16 por ciento del PIB. La misma fuente calcula que hay entre tres y seis millones de extranjeros sin papales en Europa, es decir, 1 por ciento de la población (493 millones). Los estudios revelan que el número de extranjeros que ingresan anualmente a la Europa de los 27 en forma clandestina llega a medio millón. En un espacio abierto de libre circulación, los dirigentes europeos buscan evitar que el clandestino elija el país donde la legislación puede serle más favorable.
No obstante, las legislaciones nacionales son muy distintas y cada país rehúsa modificar su propio sistema en pos de una regla común. Ello explica la existencia de la Directiva Retorno. No se trata de un texto que armoniza las políticas sino que fija reglas mínimas de aplicación que no pongan en tela de juicio las disposiciones locales. En este contexto, lo que atañe a la detención de los extranjeros por un lapso que puede llegar a los 18 meses, hay unos 9 Estados que deberán modificar sus disposiciones internas, ya que su ley no contempla límite para esos arrestos. Patrick Weil, un investigador especialista en tema de inmigración, destaca con todo que "las diferencias son demasiado grandes entre los sistemas y las necesidades". En lo concreto, fuera del caso de marcos muy estrictos, es difícil elaborar una política común de inmigración. Además, como lo destaca el investigador, las urgencias no recorren a los 27 países con la misma regla: "Entre los países que conocen una demografía fuerte como Francia y Gran Bretaña y aquellos que, como Alemania e Italia, tienen una demografía débil, las necesidades no son las mismas".
El próximo 1º de julio es una fecha clave. Francia asume la presidencia rotativa de la UE (seis meses) y aprovechará para empujar la adopción del "pacto europeo sobre inmigración". Además de reforzar el control en las fronteras exteriores de la Unión, su propósito central consiste en evitar la regularización masiva de inmigrados tal como ocurrió en Italia y en España donde entre 2003 y 2007 más de dos millones de personas fueron legalizadas. Lo paradójico de la situación reside en que, al mismo tiempo que Europa opta por un perfil represivo, sus necesidades en materia de inmigración son crecientes. En el año 2000, un informe de la ONU calculó que hasta el año 2015 Europa necesitaba recibir a 159 millones de inmigrados a fin de subsanar su déficit demográfico.
Pero la política inmigratoria actual es una suerte de cóctel político policial. Por ejemplo, la Directiva Retorno no sólo puede mandar a la cárcel a una persona durante casi dos años sino que, además, le impide volver al país expulsado –en este caso a cualquiera de la UE– a lo largo de cinco años. El ilegal adquiere así la figura de un temible delincuente al que hay que perseguir con leyes que sancionan su estatuto con más severidad que otros crímenes mayores. Sin embargo, según un estudio de la Comisión Europea, entre el año 2010 y 2030 Europa perderá 20 millones de trabajadores debido a su debilidad demográfica. La palma de oro de la vergüenza se la gana hoy la Italia de Silvio Berlusconi. País que cuenta sin dudas con el número más elevado de inmigrados repartidos en todos los países del mundo, Italia lidera las naciones europeas que tienden a hacer del inmigrado casi un serial killer. Un proyecto de ley del gobierno de Berlusconi prevé introducir el delito de "ingreso ilegal" en el territorio. Los juicios contemplados en la ley tienen la carátula de "delito flagrante" y las penas que los sancionan van de seis meses a cuatro años de cárcel. Si la Argentina que construimos tuviera esos criterios, más de la mitad de la población habría ido a la cárcel.

17 de junio de 2008
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cocaína en españa


Fue durante largo tiempo la puerta de entrada a Europa; ahora es el principal consumidor de la droga del continente.
[Tracy Wilkinson] Madrid, España. Los domingos al alba, grupos de jóvenes se arremolinan en los semáforos, o recorren el Paseo del Prado.
Pese a la hora, para ellos no es que el día acabe de empezar. Como otros miles de jóvenes españoles, están terminando una larga noche de esforzada parranda que es muy probable que incluya un desenfrenado consumo de cocaína.
En los apretados clubes y vibrantes bares a lo largo de la Gran Vía de Madrid, y en las calles laterales que irradian desde la Puerta del Sol, el corazón de la ciudad, un gramo de cocaína cuesta unos cincuenta euros -79 dólares- y se esnifa rápidamente en los cuartos de servicio o en coches aparcados cerca.
"Es más fácil conseguir cocaína que sacar un carné de biblioteca", dice Gustavo Rodríguez, estudiante de económicas de 31 años, hablando sobre sus farras de antes de la rehabilitación.
Según un reciente estudio sobre el uso de drogas en la Unión Europea, España se ha convertido en el principal consumidor de cocaína de Europa continental. Según estadísticas de Naciones Unidas, el tres por ciento de la población adulta de España consume cocaína; es un porcentaje más alto que el anterior líder, Estados Unidos, que llegó a un 2.3 por ciento.
Según las estadísticas, durante la última década, el consumo se ha duplicado, incluso cuadruplicado, entre los jóvenes de grupos de menor edad.
Parte de la razón que explica este dramático aumento es que España es el primer puerto de entrada de la cocaína que llega a Europa desde América Latina. Todos los meses llegan a puertos españoles y portugueses, en buques de carga y en aviones, oculta en repuestos de máquinas, congelada con los pulpos y en realidad en cualquier cosa, toneladas de cocaína.
Y no puedes ser una ruta de tránsito toda la vida sin probar finalmente la mercadería.
Hace algunas décadas se vivió una historia similar en los países productores más importantes, como Perú, Bolivia y Colombia; durante años se fanfarronearon de no tener drogadictos entre sus habitantes -solamente la cultivaban y procesaban para enviarla al extranjero. Pero no iba a ser siempre así.
En España, el aumento en el consumo también está asociada con la rápida transformación de la sociedad española. En apenas una generación, este país de cuarenta millones de habitantes pasó de una prolongada y represiva dictadura militar a una joven y dinámica democracia con (hasta hace poco) una pujante economía.
Con la recuperada libertad de los españoles llegó también un renacimiento cultural y un rápido cambio en una época que se llamó La Movida, que también dio lugar a la permisividad y al relajo de las tradiciones. Y aunque parte del hedonismo de los años ochenta ha evolucionado hacia algo más sofisticado, las nuevas generaciones de jóvenes españoles siguen aferrándose a una compulsión firmemente establecida: la desenfrenada celebración del fin de semana.
"Es una generación estropeada. Han sufrido poco, madurado poco y no han sido bien educados", dice Modesto Salgado, que dirige uno de los principales programas de rehabilitación de España. "Viven para el momento, viven para gozar".
Salgado dice que el principal problema de drogadicción en España en los años ochenta y principios de los noventa lo causó la heroína. Hoy la cocaína es de lejos la droga más popular: Casi dos tercios de los pacientes de veintiséis centros gestionados por su programa Proyecto Hombre son cocainómanos. El Proyecto Hombre empezó el programa para cocainómanos hace sólo cinco años; antes de eso nadie pensaba que fuera necesario, dijo Salgado.
En su centro de rehabilitación en Guadalajara, una ciudad dormitorio a 56 kilómetros al nordeste de Madrid, los pacientes siguen programas residenciales de todo un año o regímenes externos todavía más prolongados. La mayoría de los pacientes se acercan a la treintena y son profesionales de clase media o alta.
Una noche hace poco, los pacientes, en su mayoría hombres, estaban parados frente a un nuevo edificio de ladrillos, fumando. Sus padres y otros parientes estaban dentro en una reunión especial para las familias; algunos salieron llorosos.
Rodríguez, el estudiante de económicas, estaba allí. Un hombre alto, atractivo, de sonrisa fácil, Rodríguez dijo que el peligro de la cocaína es que te domina sigilosamente. Y, en comparación con la cocaína, todavía es socialmente aceptada y, en la mente de muchos, se la asocia con el éxito y el glamour. Además, es barata -una línea cuesta lo mismo que dos tazas de café.
"Crees que puedes seguir viviendo normalmente, pero no ves lo que hace con tu salud", dijo Rodríguez, que agregó que se liberó de una adicción de diez años. "No terminaba nada de lo que empezaba. Mis padres no sabían dónde estaba ni qué estaba haciendo. La tragedia es que mi vida familiar se destruyó".
La abrumadora mayoría de los usuarios de cocaína en España, y de los que quieren rehabilitarse, son hombres, dijeron Salgado y otros empleados. Cuando se trata del uso de drogas y el recurso a los tratamientos, las mujeres todavía hacen frente a un mayor estigma que los hombres, dice Antonio Cuadrado, terapeuta de Proyecto Hombre.
La policía y algunos funcionarios de gobierno cuestionan la posición de España como el principal consumidor europeo. Las autoridades dicen que creen que están empezando a controlar el problema, y el ministerio de Salud dice que el consumo entre los jóvenes ha empezado a disminuir por primera vez.
Pero nadie pone en duda la prevalencia de la droga y el hecho de que la cocaína que llega y sale de España está dejando su rastro de polvo y adicción.
Los traficantes, dealers y otros proveedores del polvo "encuentran aquí un muy buen mercado", dijo José Luis Conde Velázquez, jefe de la unidad antinarcóticos y crimen organizado.
Sin embargo, el gobierno todavía está tratando de diseñar una estrategia para combatir la cocaína. Carmen Moya García, epidemióloga que dirige el Plan Nacional sobre Drogas del ministerio de Salud, dijo que se ha prestado más atención a la persecución de los traficantes que al consumo. Finalmente eso está cambiando.
Un plan de acción de cuatro años lanzado el año pasado por el gobierno intenta, con campañas en televisión y en la red, romper los glamorosos mitos que rodean el consumo de cocaína. Y se está pidiendo a clubes nocturnos, bares y otros establecimientos, que cooperen con las autoridades prohibiendo el uso de drogas en sus locales, colocando carteles e impidiendo que la gente se concentre en los cuartos de servicio.
Moya dijo que las autoridades han logrado convencer a algunos clubes de que la cooperación no daña los negocios.
El verano pasado, en Ibiza, la Meca de la parranda, el gobierno envió un mensaje clausurando tres clubes de la isla mediterránea con nombres como Amnesia durante un mes o más, en el punto más álgido de la temporada, como castigo por lo que la policía dijo que era ostentación de drogas.
La demanda de tratamientos de rehabilitación ha aumentado tanto como el consumo y programas como Proyecto Hombre funcionan a toda capacidad. Los expertos de esos centros dicen que la crisis es un fenómeno más profundo que tiene que ver con ideales cuestionados y cambio de valores, algo que no se puede resolver solamente reprimiendo a los clubes y deteniendo a dealers de poca monta.
"La sociedad pasó de ser demasiado rígida a demasiado permisiva", dijo Cuadrado, el terapeuta. El abuso de la cocaína "va a crecer", dijo. "Apenas hemos empezado a tratarlo".

wilkinson@latimes.com

29 de mayo de 2008
14 de abril de 2008
©los angeles times
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en francia, cárceles llenas de musulmanes


Más del sesenta por ciento de la población carcelaria francesa la componen reclusos musulmanes.
[Molly Moore] Sequedin, Francia. Samia El Alaoui Talibi hace su ronda con un pañuelo de cabeza color crema y una túnica negra como la tinta con ribetes color naranja de puesta de sol, una tenida que encontró en un mercadillo.
Después de pasar por un cristal a prueba de balas, El Alaoui Talibi pasa penosamente frente una media docena de pesadas puertas cerradas antes llegar a las creyentes musulmanas a las que atiende en el pabellón de mujeres del Centro de Detención Lille-Sequedin en el extremo norte de Francia.
Le tomó varios años poder acceder a esta cárcel, dice El Alaoui Talibi, que es una de las cuatro clérigos musulmanas autorizada a trabajar en prisiones francesas. "Todo el mundo tiene los mismos prejuicios e imagen negativa de los musulmanes y el islam", dice El Alaoui Talibi, nacida en Marruecos, 47 y madre de siete hijos. "Cuando los gendarmes te ven, todo lo que ven es a una árabe; te miran igual que si fueras una presa".
En esta cárcel la mayoría de las reclusas son musulmanas -como prácticamente en todas las cárceles francesas. Entre un sesenta a setenta por ciento de los reclusos en el sistema penitenciario del país son musulmanes, de acuerdo a dirigentes musulmanes, sociólogos e investigadores, aunque los musulmanes constituyen sólo el doce por ciento de la población del país.
En un continente donde los inmigrantes y los hijos de inmigrantes están desproporcionadamente representados en casi todas las cárceles, las cifras francesas son las más marcadas, de acuerdo a investigadores, criminalistas y líderes musulmanes.
"El alto porcentaje de musulmanes en las cárceles es una consecuencia directa del fracaso de la integración de las minorías en Francia", dice Moussa Khedimellah, un sociólogo que lleva varios años investigando a los musulmanes en el sistema penal francés.
De acuerdo al ministerio de Justicia de Gran Bretaña, el once por ciento de los presos en el país son musulmanes, aunque sólo constituyen el tres por ciento de sus habitantes. Una investigación realizada por el Instituto Sociedad Abierta, una organización de apoyo, muestra que en Holanda el veinte por ciento de los reclusos adultos y el veintiséis por ciento de los delincuentes juveniles son musulmanes; el 5.5 por ciento de su población es musulmana. En Bélgica, los musulmanes de Marruecos y Turquía constituyen al menos el dieciséis por ciento de la población carcelaria, en comparación con el dos por ciento de la población general, según constató la investigación.
Sociólogos y líderes musulmanes dicen que el sistema penal francés refleja la profunda división social y étnica que enturbia a Francia y sus vecinos europeos en momentos en que los inmigrantes y una nueva generación formada por sus hijos alteran el mapa demográfico y cultural del continente.
Funcionarios de prisiones franceses atribuyen las altas cifras a la pobreza de la gente que se ha mudado aquí desde el norte de África y otros países musulmanes en las últimas décadas. "Muchos inmigrantes llegan a Francia en condiciones económicas difíciles, lo que hace que la delincuencia sea más frecuente", dice Jeanne Sautière, directora de integración y grupos religiosos para el sistema penitenciario francés. "Lo más importante es que no hay una correlación entre el islam y la delincuencia".
Pero líderes musulmanes, sociólogos y activistas de derechos humanos dicen que más que en la mayoría de los otros países europeos, las políticas sociales del gobierno francés han servido para aislar a los musulmanes en suburbios pobres con altas tasas de desempleo, escuelas malas y viviendas de baja calidad. Esto ha ayudado a crear una generación de niños nacidos en Francia con pocas esperanzas de movilidad social y escaso respeto por las autoridades francesas.
"El problema de la discriminación y la justicia es una de los problemas políticos clave de nuestra sociedad, y todavía no se le otorga la importancia que merece", dice Sebastian Roche, que ha estudiado la discriminación judicial como director de investigaciones del Centro Nacional de la Investigación Científica francés. "No podemos culpar al estado si sus compañías discriminan; sin embargo, podemos acusar al estado si su propio sistema judicial y sus policías discriminan".
Como asunto de política, el gobierno francés no recoge datos sobre la raza, la religión o el origen étnico de sus ciudadanos, haciendo difícil obtener cifras precisas sobre la composición de la población carcelaria. Pero demógrafos, sociólogos y líderes musulmanes han compilado estimados generalmente aceptados que muestran que la población musulmana en las cárceles alcanza en promedio de entre el sesenta y el setenta por ciento a nivel nacional.
Las cifras varían de región a región: Son más altas en zonas con grandes concentraciones de musulmanes, entre ellos los suburbios de París, Marsella en el sur y Lille en el norte.
En las prisiones, El Alaoui Talibi y su marido Hassan -una poco frecuente combinación de un matrimonio de clérigos- luchan por obtener para los reclusos musulmanes los mismos derechos que se otorgan a sus contrapartes de las minorías cristianas. Hassan es un imam. Samia recibió formación religiosa y pueda asistir a los fieles, aunque según las estrictas prácticas musulmanas no podrá nunca llegar a ser un imam. El sistema carcelario sólo cuenta con cien clérigos musulmanes para las doscientas cárceles del país, en comparación con los cerca de 480 católicos, 250 protestantes y cincuenta capellanes judíos, aunque los reclusos musulmanes superan con creces a los presos de las otras religiones. "Es verdad que en las cárceles no hemos alcanzado una igualdad religiosa completa", dijo Sautière, la funcionaria de prisiones. "Pero es una cuestión de tiempo".
En los últimos años, la principal preocupación del gobierno francés con respecto a su población carcelaria musulmana ha sido política. En 2005, funcionarios de la seguridad nacional francesa advirtieron a las autoridades carcelarias francesas que deberían trabajar para impedir que musulmanes extremistas incitaran a otros prisioneros. Un año después, el Senado francés aprobó un proyecto de ley otorgando a la agencia de inteligencia nacional del país amplios poderes para controlar a los reclusos musulmanes como parte de las actividades contraterroristas.
Las autoridades carcelarias empezaron a permitir en las cárceles a imames cuidadosamente controlados con la esperanza de "neutralizar a los elementos extremistas", dijo Aurélie Leclerq, 33, director del Centro de Detención Lille-Sequedin.
Hassan El Alaoui Talibi, 52, que llegó a Francia desde Marruecos como estudiante, es el director nacional de los imames de las cárceles francesas y el típico musulmán moderado que el gobierno francés anda buscando para su sistema penitenciario.
El Alaoui Talibi escribe sus sermones de los viernes con palabras cuidadosamente escogidas, dice. Evita la política y otros temas que pudieran parecer remotamente incendiarios. Se aferra a aconsejar a traficantes de drogas condenados, asesinos e inmigrantes ilegales en asuntos de fe y respeto.
Pero no todos los musulmanes de Lille-Sequedin comparten su punto de vista moderado. El año pasado un recluso contrariado hizo retumbar un sermón religioso en el patio de la cárcel. Los gendarmes consideraron que su mensaje era incendiario y pusieron al preso en régimen solitario.
El Alaoui Talibi describe años de lucha para conquistar incluso las concesiones más modestas de parte de los alcaides. Recordó la primera visita que hizo a una cárcel, hace diez años: Fue obligado a esperar una hora y media para poder reunirse con los presos. "Si no hubiese sido paciente, me habría marchado", dijo el ex maestro de secundaria que se convirtió en imam de cárcel después de ver que muchos de sus alumnos tenían problemas con la ley por delitos pequeños y que después de la cárcel terminaban como endurecidos criminales.
Hoy, trabajando en la más moderna cárcel francesa -la enorme prisión de Lille-Sequedin, iniciada hace tres años-, los El Alaoui Talibi dicen que son más aceptados que otros colegas musulmanes en otras cárceles. Los funcionarios de prisiones rechazaron la petición del Washington Post de visitar algunas de las cárceles más problemáticas del antiguo sistema.
Un viernes hace poco, Hassan El Alaoui Talibi, un hombre de ojos expresivos y una barba que muestra los primeros destellos de gris, entró con un periodista al pabellón de hombres, recogiendo las notas de los presos de buzones que comparten capellanes católicos y protestantes. Varios reclusos nuevos que volvían de deportes le rodearon, pidiéndole una visita personal. Garabateó sus nombres y números de teléfono en un pedazo de papel.
Muchos de los reclusos musulmanes en esta cárcel justo al oeste de Lille son hijos y nietos de inmigrantes que fueron traídos al norte hace décadas para que trabajaran en las minas de carbón.
El Alaoui Talibi entró a un pequeño despacho con vista a un diminuto jardín y tiró de las esteras de oración apiladas en un armario junto a una rústica cruz de madera. Cada viernes por medio transforma el cuarto en una mezquita para algunos de los fieles musulmanes de la cárcel. Uno de sus temas de sermón más frecuente es la comida.
"Nos dice que no desechemos la comida de la cárcel simplemente porque no es halal", o en conformidad con las normas dietéticas musulmanas, dijo un ex funcionario público de 33 años, de origen argelino, que asiste a las oraciones cada dos semanas. Las reglas carcelarias francesas prohíben que los periodistas identifiquen por sus nombres a los reclusos, o que revelen sus delitos.
El rechazo de los funcionarios de la prisión a servir alimento halal, especialmente productos cárneos, es una de las quejas más importantes de los reclusos musulmanes en toda Francia y ha provocado algunas protestas en las celdas.
Durante muchos años las prisiones han permitido que los presos musulmanes rechacen los productos porcinos, y las estadísticas que incluyen a los presos que rehúsan la carne de cerdo es un preciso barómetro de la población musulmana de una cárcel, de acuerdo a investigadores. Pero eliminar el cerdo está lejos de un régimen completamente halal. Sólo hace poco dejaron los presos de usar grasa porcina para cocer verduras y otros platos.
"Si quieres obedecer tu religión, no tienes opción: tienes que convertirte en vegetariano", dijo el funcionario público condenado, un hombre rechoncho que trabaja en la biblioteca de la cárcel. "Tenemos acceso al economato de la cárcel que vende dos productos halal: salchichón halal y ravioles en lata".
Funcionarios de prisiones dicen que es muy caro servir comidas halal. "Nos gustaría comprar carne fresca, pero no podemos", dijo Leclerq, cuya oficina en la cárcel está decorada con osos de peluche.
Los reclusos musulmanes dijeron que creen que se trata de desaires religiosos. Los cristianos pueden recibir paquetes con regalos y delicias que les envían sus familias para Navidad, pero los musulmanes no gozan del mismo privilegio durante los días de Ramadán. "Tomamos el cuidado de no llamarlos paquetes navideños, porque entonces los musulmanes pedirían paquetes de fin de ayuno", dijo Leclerq. "Los llamamos paquetes de fin de año. No podemos usar términos religiosos; algunos se pondrían tensos".
Hassan El Alaoui Talibi dice que el sistema carcelario francés ha progresado desde que empezara su ministerio hace diez años. El año pasado el gobierno fijó las reglas que deben observar las cárceles sobre las prácticas religiosas; ya no permite que los alcaides determinen arbitrariamente esas reglas.
Los imames de las cárceles se reunieron con el ministro de Justicia Rachida Dati el mes pasado con una lista de pedidos frecuentes, incluyendo el pedido de permitir más imames y de adiestrar a los gendarmes para ayudarles a entender mejor las diferencias religiosas.
Una mujer de 31 años, de origen argelino, de cara joven y negros cabellos ondulados amarrados descuidadamente en una cola de caballo recibió a Samia El Alaoui Talibi una mañana hace poco con dos besos en las mejillas.
"Llegar aquí fue una pesadilla", dijo la mujer, una de las ciento cincuenta reclusas aquí. "Estaba llorando. No podía creer que estaba aquí".
"Entonces vi a esta mujer con un pañuelo de cabeza", dijo, sonriendo hacia Samia. "Supe de inmediato que venía a ayudarme. Digo que es mi ángel".

Corinne Gavard contribuyó a este reportaje.

28 de mayo de 2008
29 de abril de 2008
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fascismo volvió a italia


La derecha italiana ataca a inmigrantes y gitanos. Umberto Bossi, que sugirió alguna vez disparar contra las lanchas que transportan a inmigrantes, es un factor clave en el retorno al poder de la derecha. La consecuencia son medidas contra los extranjeros y violencia contra los gitanos.
[Tracy Wilkinson] Milán, Italia. Para un hombre que había sido declarado políticamente, y también casi literalmente, muerto hace apenas unos años, Umberto Bossi ha tenido un notable retorno.
El jefe de un pequeño partido xenófobo, Bossi ha emergido como el consejero político más influyente que fue clave en el retorno al poder del primer ministro Silvio Berlusconi en las elecciones recientes y que continuará teniendo la última palabra.
Esa victoria el mes pasado, que incluyó la elección del primer alcalde de extrema derecha de Roma desde la Segunda Guerra Mundial y el rígido rechazo de los comunistas, fue parte de un significativo cambio a favor de la derecha política italiana, compuesta por ex fascistas renovados, grupos anti-inmigración y conservadores tradicionalistas.
Bossi y otros tres miembros de su partido Liga del Norte recibieron las mejores sillas en el nuevo gabinete, incluyendo el control del ministerio del Interior, que supervisa la policía y la mayor parte del aparato de la seguridad interior.
En este clima no fue realmente sorprendente que la primera medida del gobierno haya sido una dura represión policial contra los gitanos, una minoría atacada a menudo.
Bossi y su Liga del Norte son vistos aquí ampliamente como la fuerza motora detrás de la decisión de atacar a los gitanos y a los inmigrantes ilegales, dos grupos responsabilizados de una serie de crímenes recientes. Tras esos incidentes, cientos de gitanos y extranjeros fueron arrestados, decenas de ellos fueron deportados y campamentos improvisados de gitanos fueron arrasados o incendiados por las autoridades y grupos de vigilantes.
"Los gitanos deben marcharse todos", dijo en una entrevista en su oficina en Milán Davide Boni, funcionario de la liga en el gobierno regional de la Lombardía.
La liga, de la Lombardía, agregaría a la mayoría de los gitanos e inmigrantes musulmanes a esa lista, dijo Boni. En general, dijo, el partido apoya reducir la inmigración en un cinco a diez por ciento de su nivel actual. "De ese modo, tenemos inmigración e integración", dijo. "Lo que hay ahora es una invasión".
La liga y sus aliados de la extrema derecha, incluyendo al partido Pueblo del Pueblo por la Libertad de Berlusconi, fueron capaces de capitalizar los temores y prejuicios de los italianos sobre los extranjeros, sentimientos que se están intensificando a medida que crece el número de nuevos inmigrantes y la economía se hunde en la recesión. Su victoria electoral también refleja una profunda admiración entre los italianos por el tipo de demagogia populista que representan Berlusconi y Bossi.
Italia es una sociedad relativamente conservadora, y la derecha, que defiende vociferantemente los valores tradicionales, generalmente logra buenos resultados en política.
La Liga del Norte sorprendió a los analistas al terminar tercera en una carrera en la que participaron decenas de partidos, en parte incursionando en las zonas obreras antiguamente dominadas por la izquierda. El partido le dio al gobierno de Berlusconi una cómoda mayoría.
Sin embargo, muchos italianos se vieron sorprendidos con la nueva posición de influencia otorgada a Bossi, que hace cuatro años sufrió un derrame casi fatal que llevó a que incluso algunos de sus aliados lo descartaran. Todavía camina de manera vacilante y arrastra las palabras, pero sigue siendo combativo y provocador, y está claramente disfrutando de su nuevo poder en el país.
"La gente quiere que el país siga siendo suyo", dijo Bossi, que en el pasado propuso disparar contra las lanchas que llevaban inmigrantes a las playas italianas.
La Liga del Norte surgió a principios de los años noventa como un partido partidario de la secesión del rico norte italiano del resto del país. En estos días el partido ha mitigado su retórica secesionista y en lugar de eso hace campañas por una mayor autonomía y la "devolución" de poderes del gobierno central a las autoridades regionales.
Los partidarios de la liga resienten el hecho de que el norte industrial subsidie las regiones menos afluentes del país y exigen que se les permita retener y gastar más impuestos antes que enviarlos a las arcas centrales en Roma. Es la división norte-sur la que Bossi explotó en las elecciones.
Bossi mantiene su influencia sobre Berlusconi porque el retiro del apoyo de su partido a la coalición gobernante derrocaría al gobierno -como hizo Bossi en 1994, poniendo un abrupto fin al primer mandato de Berlusconi.
Bossi fue nombrado ministro de reformas en el nuevo gobierno, una plataforma ideal para cambiar la ley y conceder más autonomía al norte.
Otro nombrado en el gabinete fue Roberto Calderoli, también de la liga, mejor conocido por aparecer en un programa de televisión con una camiseta adornada con una caricatura del profeta Mahoma y por planear un desfile de cerdos en lugares donde los musulmanes estaban tratando de construir mezquitas, gestos ambos considerados insultos contra el islam.
En la primera reunión del gabinete de Berlusconi, sus miembros aprobaron esta semana un "plan de seguridad" que incluye duras medidas contra la inmigración. El plan, que debe todavía ser adoptado por el parlamento, haría que la entrada ilegal a Italia fuera punible por hasta cuatro años en prisión; confiscaría propiedades alquiladas a inmigrantes ilegales; haría más fácil su deportación; y cuadruplicaría el período de espera para los extranjeros casados con italianos antes de poder pedir la ciudadanía.
El otro socio principal del gobierno de Berlusconi es la Alianza Nacional, un partido formado como el sucesor de los fascistas de Mussolini. Su líder, Gianfranco Fini, que ha luchado por distanciarse de su pasado neo-fascista, se ha convertido en el presidente de la cámara baja del parlamento. Y otro político de la Alianza Nacional, Gianni Alemanno, fue elegido alcalde de Roma.
El ayuntamiento de la capital fue controlado durante sesenta años por partidos de izquierda y de centro. Cuando Alemanno llegó al Campidoglio diseñado por Miguel Ángel, sus partidarios le saludaron con el brazo en alto, reproduciendo el saludo fascista. Alemanno, que insiste en que no es racista ni xenófobo, visitó deliberadamente la principal sinagoga de Roma. Luego envió a la policía al campamento gitano más grande de la capital, una endeble colección de chozas de hojalata, niños sucios y basura.
Aunque muchos de los gitanos, según dicen ellos mismos, se ganan la vida robando, muchos otros que han vivido en Italia durante años trabajan y envían sus hijos a la escuela. Un gitano nacido en la antigua Yugoslavia fue candidato al parlamento en las últimas elecciones. Como comunidad están aterrados con lo que ven como una histeria que los ha pintado a todos con la misma brocha.
"Lo malo es que el racismo contra los gitanos no es algo solamente de la gente, sino que es institucional", dijo Maurizio Pagani, de Opera Nomadi, un grupo de defensa de los gitanos.
Los incidentes más escandalos ocurrieron la semana pasada en Nápoles, donde los vecinos, reaccionando ante informes de que una mujer gitana había intentado secuestrar a un niño italiano, incendiaron varios campamentos, obligando a huir a cientos de hombres, mujeres y niños. Muchos de ellos fueron más tarde subidos a camiones y trasladados a zonas más seguras, en escenas que funcionarios de Naciones Unidas compararon con las ‘limpiezas étnicas’ en los Balcanes en los años noventa -los mismos acontecimientos que de los que huyeron los gitanos hacia Italia en primer lugar.
La Unión Europea, España y organizaciones internacionales de derechos humanos condenaron las acciones. Italia podría ser sancionada.
Aunque el ministro de Interior, Roberto Maroni, de la liga, condenó públicamente la violencia de los vigilantes, Bossi metió la cuchara con aparente satisfacción: "La gente hace lo que el estado no puede".

wilkinson@latimes.com

Maria de Cristofaro contribuyó al este reportaje.

27 de mayo de 2008
24 de mayo de 2008
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españa endurece política inmigratoria


En España, la política de rechazo a los latinoamericanos y africanos comenzó a notarse en las calles, en los puestos fronterizos y en los aeropuertos. Además, existen denuncias sobre maltratos a los extranjeros internados. El gobierno socialista se dispone a ampliar el plazo de detención de los ‘sin papeles’.
[Oscar Guisoni] Madrid, España. Con los resultados de las elecciones generales del 9 marzo en la mano, José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista descubrieron hasta qué punto había calado entre sus propias bases electorales, en la periferia pobre de las grandes ciudades españolas, el discurso contra los inmigrantes que sacó a relucir en la campaña electoral el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. La primera reacción del reelecto primer ministro fue nombrar a Celestino Corbacho, alcalde de la ciudad catalana de L’ Hospitalet durante trece años, y famoso por su línea dura en la materia, ministro de Trabajo e Inmigración. Días después, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informaba que, cumpliendo con un casi desconocido punto de la plataforma electoral socialista, el gobierno se disponía a ampliar el plazo de detención de los sin papeles y endurecía su política inmigratoria. El repentino cambio de guión, que acerca a la socialdemocracia española al discurso de la derecha populista europea, cuyos máximos exponentes son en estos momentos Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi, comienza a notarse en las calles, en los puestos fronterizos, en los aeropuertos, donde cada día son más los latinoamericanos y africanos rechazados y en los Centros de Internación de Extranjeros, auténticas agujeros negros del estado de derecho español al que no pueden ingresar ONG, periodistas ni diputados del propio congreso nacional.
Al mismo tiempo, las empresas de capital español continúan extrayendo materias primas y recursos energéticos de los mismos países de donde proceden la mayoría de estas personas, mientras el discurso cada vez más cínico de la clase política y de algunos medios de comunicación prefiere no establecer ningún tipo de relación entre ambos acontecimientos. Los inmigrantes son el nuevo chivo expiatorio a la hora de descargar la angustia y el miedo que provoca entre la población la irrupción violenta de la crisis económica procedente de Estados Unidos y que ha dejado en estado convaleciente a la sobredimensionada industria de la construcción local, principal fuente de empleo de los extranjeros.
"Esto alguien lo tiene que parar", dice María Jesús, una encuestadora que vive en un barrio periférico de Valencia, una de las ciudades del Mediterráneo con mayor presencia de inmigrantes. Como tantos españoles, María Jesús está convencida de que los inmigrantes quitan puestos de trabajo, colapsan la sanidad pública y ocupan los puestos en las guarderías estatales. De nada ha servido que el Ministerio de Salud haya hecho públicas las estadísticas que demuestran que los inmigrantes, el 10 por ciento de la población española, no sólo aportan más del 15 por ciento del presupuesto total de la seguridad social, sino que utilizan en promedio el 50 por ciento menos los servicios de salud que los propios españoles, sobre todo porque casi no hay ancianos extranjeros. Es verdad que hay que esperar varios meses para ser atendidos por los médicos especialistas en las grandes ciudades, pero eso se debe a las deficiencias de una política de salud que no ha realizado las necesarias inversiones para cubrir como corresponde el servicio, un modo sutil que han tenido tanto socialistas como conservadores para dejar caer la salud pública en beneficio de los servicios privados durante la última década. Los inmigrantes poco tienen que ver con el asunto.
A todo esto se suma una persistente campaña de algunos medios de comunicación vinculados con la derecha que cada vez que la Policía reporta un robo realizado por africanos, latinoamericanos o ciudadanos de la Europa del Este, lo destacan a grandes titulares. Los delincuentes locales no gozan de tanta prensa. Así las cosas, y con las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas estatal que le dicen que la inmigración está considerada uno de los tres temas más preocupantes para la población, junto con el terrorismo y el desempleo, a Zapatero no le queda otra que endurecer la mano. O hacer de cuenta que la endurece aún más, porque en este aspecto blanda nunca la ha tenido.

Fronteras
Acosado por el discurso de Rajoy en la campaña electoral, Rodríguez Zapatero no dudó en jactarse de que durante su primer gobierno fueron repatriados 330.000 inmigrantes, el 50 por ciento más que durante los cuatro años del último gobierno del Partido Popular. Este gran logro, si así se puede llamar, se consiguió apretando a los países africanos para que reciban a los rechazados, cosa que la mayoría de ellos nunca han querido hacer de buen grado, a cambio de promesas de inversiones económicas y mejores tratos comerciales que nadie sabe precisar si alguna vez se concretaron. En América latina, la irrupción en la escena política de gobiernos como el del boliviano Evo Morales, el venezolano Hugo Chávez o el ecuatoriano Rafael Correa, que ponen en cuestión el rol que juegan las empresas de capital español en sus economías domésticas, propietarias de gran parte de las empresas de servicios públicos y de extracción de recursos naturales y energéticos, la cuestión se ha resuelto con un endurecimiento de la política de visas y un aumento del control de los ciudadanos que proceden de estos países en los aeropuertos de llegada. Países como Argentina, Chile o Uruguay, cuyos ciudadanos no están obligados a obtener una visa previa para ingresar en el país, deben sin embargo cumplir con una lista de requisitos difíciles de llenar si no quieren ser rechazados en los aeropuertos.
Una alta autoridad consular argentina intentó meses atrás obtener datos comparativos sobre la denegación del acceso a los ciudadanos de los diferentes países latinoamericanos y las autoridades españolas los negaron aduciendo "razones de seguridad nacional". "Estoy seguro de que si sólo les pedía los datos de Argentina me los daban", afirmó esta fuente a este periódico, prefiriendo el anonimato para no enemistarse con Extranjería y poder así seguir asistiendo a los que se encuentran en dificultades para entrar. Los requisitos, para los viajeros procedentes de países que no requieren visado, son leoninos. Para una estadía de nueve días se exigen 514 euros y 57 euros por cada día adicional que, según su pasaje aéreo, permanecerá en Europa. Es decir, unos 2600 euros al mes por persona. Esos medios económicos "pueden ser en efectivo, cheques de viajero o tarjetas de crédito acompañados de extractos bancarios que justifiquen esos fondos", además de un seguro médico no inferior a 30.000 euros, una reserva de hotel confirmada o una carta invitación realizada por un europeo o residente legal en España. No hace falta, en teoría, cumplirlos todos, pero cualquiera de ellos puede ser exigible. Aunque el factor más importante a la hora de justificar un rechazo suele ser la apariencia física de la persona. "La casa se reserva el derecho de admisión" dice con ironía una fuente de la embajada colombiana que sabe muy bien de lo que habla.

Marche Preso
A pesar de todos estos controles, la mayor parte de los sin papeles logra colarse por las fronteras a través de los aeropuertos, según admite el propio Ministerio del Interior. Si una vez dentro tienen la mala fortuna de ser detenidos, a los clandestinos les llega la hora de conocer el otro lado de lo que la prensa local más crítica comienza a denominar "los muros de la vergüenza": los Centros de Internación de Inmigrantes, CIE. Estos auténticos agujeros negros del estado de derecho vienen siendo criticados desde hace años por las pésimas condiciones en las que mantienen encerrados a los sin papeles, sobre todo si se tiene en cuenta que son personas que sólo han cometido un delito administrativo al violar la Ley de Extranjería.
Según un informe encargado por el Parlamento Europeo a la consultora independiente Steps, llevado a cabo por la experta internacional Sara Prestianni sobre la situación en los CIE, la falta de atención psicológica a los detenidos "aumenta el riesgo de actos desesperados como suicidios o autolesiones". Aunque cree que estas posibilidades son más altas en los países nórdicos, donde no existe un límite de días para permanecer detenido –en España el máximo era de 40 días y la pasada semana la administración Zapatero lo elevó a 60–, Prestianni sostiene que "toda internación tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas, incluso en los casos de un período más corto. Algunas condiciones de los CIE, como el hecho de estar encerrados en celdas sin poder salir y de no comprender muy bien lo que pasa" agravan la situación de los inmigrantes.
A pesar de que las autoridades afirman que la situación en los CIE no es para tanto, el hecho de que sean uno de los secretos mejor guardados del estado español hace presumir lo contrario. De hecho, nunca se ha permitido el ingreso de periodistas a los centros y las autoridades españolas se han negado persistentemente a argumentar por escrito esta medida. La excusa que dan es que se trata, una vez más, de un problema de "seguridad" y, demostrando que el cinismo no tiene límites, alegan el "respeto a la privacidad de los inmigrantes".
Los que han tenido la mala fortuna de pasar por allí sin ser expulsados cuentan la experiencia aún con el miedo en la boca. Guillermo es un inmigrante boliviano al que la Policía encontró sin papeles a principios de este año. Fue encarcelado en un CIE de Madrid. Advirtió que sufría tuberculosis, por lo cual necesitaba continuar con la medicación, pero no le hicieron caso. I. es colombiana. Hace un mes su pareja de 61 años y su sobrino fueron detenidos sin papeles y a pesar de que ella es residente legal no pudo impedir que los deportaran. Antes de marcharse, protagonizaron una dura huelga de hambre que sacudió el CIE de Aluche, en Madrid, a principios de abril, y que terminó con el ingreso de los antidisturbios para poner orden. La organización Red Ferrocarril Clandestino, que ayudó a difundir la huelga de hambre en los medios, recogió testimonios telefónicos de algunos internos que se quejaban de que "no nos dan medicamentos, nos tratan como si fuéramos delincuentes" y afirmaron que los guardias habían golpeado "en sus partes bajas" a "un morenito que está muy mal". Los huelguistas denunciaban "maltrato psicológico" de los funcionarios policiales, "vejaciones e insultos". Diputados de Izquierda Unida que en algún momento quisieron comprobar por sí mismos la situación descubrieron que, al igual que ocurre en la mayor parte de los países europeos, ni siquiera los parlamentarios pueden entrar a observar estos centros.

Intégrese, Coño
"Un fantasma sobrevuela el planeta: el fantasma de la xenofobia" advierte parafraseando a Marx el sociólogo Zygmunt Bauman en su brillante ensayo ‘Liquid loved’ [Amor líquido]. Una advertencia que no tienen muy en cuenta los políticos españoles durante estos últimos tiempos. Si los socialistas han cambiado el guión y se vuelven cada día más duros, los dirigentes del derechista Partido Popular tratan de ir aún más lejos en esta alocada y peligrosa carrera. Una de las regiones más importantes gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana, ha anunciado hace unas semanas que pondrá en vigor el famoso "contrato de integración" propuesto por Mariano Rajoy durante la campaña electoral, un documento de dudosa validez jurídica por el cual los inmigrantes se tienen que comprometer a respetar "las leyes, los principios, las costumbres y tradiciones españolas y valencianas".
Nadie en el PP ha explicado a qué costumbres se están refiriendo. Algunos con humor negro se preguntan si el contrato incluirá la obligación de saber preparar la paella, típico plato de la región o si, por el contrario, exigirá que los recién llegados vayan a misa, lo que ayudaría a llenar las cada vez más vacías iglesias españolas. Más allá de las bromas, lo cierto es que la medida despertó la indignación de las organizaciones como la Red Sahel, el Foro Alternativo de la Inmigración y la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, que esta semana convocaron una conferencia de prensa, anunciando la recolección de firmas contra el proyecto y una serie de protestas urbanas para dejar claro que no toda la sociedad española participa de la vergüenza.
En diálogo con este periódico, Luis Poveda y Luis Cerrillo, integrantes de estas asociaciones, resaltan el cínico doble discurso que se esconde detrás de esta propuesta, que según ellos "sólo busca criminalizar al colectivo de inmigrantes sin darles ninguna opción a que se integren verdaderamente". Para ello recurren a un ejemplo demoledor. "Cualquiera que se dé una vuelta por los pueblos marítimos de la provincia de Alicante (N. de la R.: uno de los sitios preferidos para fijar residencia de los jubilados de los países ricos, como Inglaterra, Holanda, Alemania y Francia) sabe que si no hablas alemán no puedes pedirte ni una cerveza" afirman. Una reciente investigación del diario El País demostró que de los cuatro millones de inmigrantes que residen en España, un millón proviene de la propia Unión Europea y son los miembros de este último colectivo los que menos se integran, a pesar de que nadie habla de ellos cuando se sacan a la luz los discursos xenófobos. En muchos pueblos de la costa mediterránea, afirma el matutino, es habitual encontrar supermercados sólo para ingleses, comercios en los que ni siquiera se habla español, kioscos de prensa sin ningún tipo de material en español. "Sería bueno saber –-afirman Poveda y Cerrillo– si el gobierno regional valenciano está pensando en exigirles a ellos también que firmen el famoso contrato."
A todo esto, la mayor parte de la población, a excepción de un grupo muy reducido de comunicadores e intelectuales, no parece darse cuenta de lo que está sucediendo, o es conscientemente cómplice del nuevo discurso público. En su edición del viernes 9 de mayo El País publicó un durísimo artículo de Soledad Gallego Díaz titulado "El toque de la izquierda", en el que la prestigiosa columnista se mostraba indignada por el apoyo de España a la propuesta de una nueva directiva europea de inmigración que extiende a 18 meses el límite máximo de detención de los sin papeles en los CIE y permite que sea un funcionario y no un juez el que dicte la orden de detención. "Siempre será mejor soportar una sociedad cínica que unas leyes que legalizan y amparan ese cinismo", afirma después de lamentarse de que la izquierda haya comenzado a hacer suyo "uno de los argumentos más utilizados por la derecha europea", el que sostiene que "la mejor manera de que no exista racismo es echar a los negros". Según todas las evidencias, sus nobles argumentos han caído en un triste saco roto.

20 de mayo de 2008
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