méxico

detienen a funcionario antinarcóticos

mqh - 17 de octubre de 2009 - 19:00 - méxico

Detención de un funcionario de antinarcóticos estadounidense provoca consternación. Investigadores federales dicen que era un aliado secreto de los traficantes cuando trabajaba en Guadalajara.

[Sebastian Rotella] Washington, Estados Unidos. Como un alto funcionario estadounidense, Richard Padilla Cramer tuvo posiciones de primera línea en la guerra contra los carteles asesinos. Dirigía una oficina de dos docenas de agentes en Arizona y era el enlace del Servicio de Inmigración y Aduanas en Guadalajara.
Sin embargo, mientras estuvo en México Cramer también fue un aliado secreto de los barones de la droga, de acuerdo a investigadores federales.
Presuntamente Cramer asesoraba a los traficantes sobre tácticas policiales y sacaba expedientes para ayudarlos a identificar a desertores. Cobró dos mil dólares por un documento de la Oficina de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration] que fue enviado en agosto por e-mail a un sospechoso en Miami, dijeron las autoridades.
"Cramer era responsable del asesoramiento a los traficantes sobre cómo funciona la policía en Estados Unidos con órdenes de detención y control de antecedentes así como en cómo hace la DEA sus investigaciones, incluyendo su trabajo con chiflados o reclutando informantes, dice una denuncia criminal.
Agentes de la DEA lo arrestaron en su casa en Arizona el 4 de septiembre. Una portavoz de la fiscalía de Miami dijo el miércoles que no haría comentarios, aunque dijo que los casos que empezaban con denuncias normalmente terminaban ante jurados. Se espera pronto una decisión sobre una acusación en Miami, de acuerdo a un funcionario federal que pidió el anonimato debido a que la investigación sigue en curso.
Las tareas de Cramer como agregado del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Guadalajara incluía su trabajo como enlace con la policía mexicana. Pero la investigación reveló que trabajaba para un "señor de las drogas de muy alto nivel", dijo el funcionario federal. En un tenebroso giro de la tendencia de ex agentes federales que trabajan como consultores privados, el veterano de veintiséis años de servicio al gobierno se convirtió en asesor a tiempo completo de los traficantes después de retirarse del ICE en enero de 2007, dice la denuncia.
Un traficante "convenció a Cramer de que se jubilara... y empezara a trabajar directamente para ellos en tráfico de drogas y en lavado de dinero", dice la denuncia. Cramer siguió vendiendo documentos secretos que obtenía de agentes norteamericanos activos -un aspecto del caso que todavía está siendo investigado, dijo el funcionario.
Los cargos subrayan el poder corrosivo de los carteles, que han comprado a políticos mexicanos, jefes de policía y comandos militares. Los señores de la droga han corrompido a inspectores aduaneros y a agentes estadounidenses para ayudar a transportar la cocaína hacia el norte. En 2006, el jefe del FBI en El Paso fue condenado por cargos relacionados con haber ocultado su amistad con un presunto pez gordo.
Cramer, 56, destaca porque su rango y posición en el extranjero convirtieron su trabajo en algo especialmente sensible, dijeron funcionarios. Los colegas lo describieron como un detective bien considerado que hablaba español y operaba diestramente para una gama de agencias estadounidenses y mexicanas en el frontera, donde dirige la oficina de ICE en Nogales, Arizona, su ciudad natal.
"Fue un completo shock", dijo el sheriff del condado de Santa Cruz, Tony Estrada, en una entrevista telefónica. "He estado con la policía de fronteras durante 42 años y he visto cosas extrañas, pero nunca dejaré de asombrarme".
Estrada trabajó con Cramer en la policía de Nogales en 1979, y lo encontró periódicamente a medida que Cramer ascendía en los rangos federales.
Hace unos cinco meses, Cramer se apareció por la oficina del sheriff, dijo Estrada. El agente retirado había vuelto a México a su casa en Sahuarita, a unos veinticuatro kilómetros al sur de Tucson. Solicitó para un trabajo como agente de detención del condado, que significa unos treinta mil dólares al año, dijo Estrada. En contraste, el rango federal de Cramer estaba probablemente tasado en un salario de entre 130 mil y 150 mil dólares, más beneficios, dicen funcionarios.
Estrada le dijo que trabajar como guardia sería una "terrible caída", recordó el sheriff.
"Dijo que quería mantenerse activo, volver a sus raíces, mantenerse ocupado", dijo Estrada. "Así que lo pasamos por todos los controles: el polígrafo, el control de antecedentes. No encontramos nada sospechoso".
Mientras Cramer estudiaba en una academia policial del estado, una investigación de dos años de la DEA sobre un sindicato de la droga mexicano activo en Miami se aceleraba.
Trabajando con cuatro informantes, los agentes encontraron evidencias de que implicaban a Cramer en corrupción, dice la denuncia. En 2007, un informante reveló documentos -cuatro de la base de datos de la DEA, una de ICE, dos del estado de Calofornia- proporcionados por un estadounidense en México, llamado Richard, de acuerdo a la denuncia.
Agentes identificaron al americano como Cramer y se enteraron de que se sabía que había pedido chequeos de base de datos de agentes de la DEA en Guadalajara, dice la denuncia. Esas peticiones a menudo se satisfacen como cortesía entre agencias, dijeron funcionarios. ICE tenía seis oficinas en México en ese momento; la avanzada de Guadalajara había sido cerrada.
Unos agentes se enteraron de que Cramer presuntamente invirtió cuarenta mil dólares en una trama de traficantes mexicanos para contrabandear 297 kilos de cocaína por ruta marítima desde Panamá a través de puertos estadounidenses hacia España. Los agentes localizaron el embarque y la policía española lo requisó en la ciudad de Vigo en junio de 2007, provocando una disputa entre los traficantes sobre quién tenía la culpa.
Presuntamente Cramer ayudó a un señor de la droga mexicano a poner en práctica una caza interna de los matones responsables de la redada. Sospechosos vigilados en Miami declararon que Cramer chequeaba las bases de datos para desenmascarar a informantes, cuyas familias eran secuestradas en retaliación, dice la denuncia. Un sospechoso contó a agentes que Cramer se había peleado con el señor de la droga por una deuda de cuarenta mil dólares, dice la denuncia.
A principios de mes, agentes de la DEA viajaron a Arizona y le dijeron a Estrada que pensaban arrestar a su nuevo gendarme en la cárcel. "Era la última persona que me hubiese imaginado", dijo.
Las autoridades no han revelado muchos detalles.
"Creo que en México pasó algo terrible", dijo Estrada. "Me intriga saber qué fue lo que lo empujó al otro lado".

17 de octubre de 2009
17 de septiembre de 2009
©los angeles times
©traducción mQh

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méxico despenaliza tenencia de drogas

mqh - 26 de agosto de 2009 - 02:16 - méxico

México despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de droga y refuerza lucha contra los grandes traficantes.

[Mark Stevenson] Ciudad de México. El viernes, México despenalizó la tenencia de pequeñas cantidades de marihuana, cocaína y heroína -una decisión que los fiscales dicen que sí tiene sentido en medio de una cruenta guerra del gobierno contra los narcotraficantes.
Los fiscales dijeron que la nueva ley establece límites claros que impide que la policía mexicana, tan expuesta a la corrupción, acose a usuarios casuales y ofrece a los adictos un tratamiento gratuito para controlar el creciente consumo interno de drogas.
"Esta no es una legalización; es una regulación del problema que entrega a los ciudadanos mayores certezas jurídicas", dijo Bernardo Espino del Castillo, de la fiscalía.
La nueva ley establece cantidades de "uso personal" máximo de tenencia de drogas, incluyendo el LSD y la metanfetamina. Las personas detenidas con esas cantidades ya no serán perseguidas judicialmente.
Espino del Castillo dice que en la práctica los pequeños usuarios no eran nunca procesados. Bajo la antigua ley, la posesión de pequeñas cantidades de drogas era punible con severas penas de prisión, pero se trataba con indulgencia a los adictos capturados con pequeñas cantidades.
"No podíamos acusar a alguien que estuviera en posesión de una dosis de droga, porque la persona podía decir que era un adicto", dijo.
Pese a las disposiciones, a veces la policía detenía a sospechosos y exigía sobornos, amenazándolos con largas penas de prisión si no pagaban.
"Lo malo era que eso se dejaba a discreción del detective, y se prestaba fácilmente para la corrupción y la extorsión", dijo Espino del Castillo.
Todos los que sean detenidos bajo la nueva ley de consumo personal serán alentados a buscar tratamiento, y aquellos detenidos por tercera vez serán obligados a someterse a tratamiento.
Bajo la nueva ley, la cantidad máxima de posesión de marihuana para "consumo personal" es de cinco gramos -el equivalente de unos cuatro porros. El límite para la cocaína es medio gramo -el equivalente de cuatro líneas. Para otras drogas, los límites son cincuenta miligramos para la heroína, cuarenta miligramos para la metaanfetamina y 0.015 miligramos para el LSD.
México ha enfatizado la necesidad de distinguir entre drogadictos y usuarios casuales y los violentos traficantes cuyas guerras por el territorio han contribuido a la muerte de más de once mil personas desde que el presidente Felipe Calderón asumiera el cargo a fines de 2006.
Pero un experto prevé potenciales conflictos.
Javier Oliva, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que la nueva ley representaba una "grave contradicción" para el gobierno de Calderón.
"Si despenalizan las drogas, el ejército, que tiene la tarea de combatirlas, podría preguntarse: ‘¿Qué estamos haciendo?’", dijo.
Algunos funcionarios dijeron que los cambios legales ayudarían al gobierno a concentrarse en los grandes traficantes.
Espino del Castillo dijo que desde que Calderón asumiera la presidencia se han efectuado quince mil cacheos policiales relacionados con la venta o posesión de drogas en pequeña escala, y 95 mil personas detenidas, pero sólo un doce a quince por ciento fueron acusados de algo.

25 de agosto de 2009
23 de agosto de 2009
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político escapa de la policía

mqh - 27 de julio de 2009 - 08:51 - méxico

Político fugitivo mantenía vínculos con organización criminal que atacaba a policías. Desde la detención el sábado de Arnoldo Rueda Medina, acusado de ser uno de los cabecillas del cartel de la droga La Familia, dieciséis agentes de la policía federal han sido asesinados. Se acusa al congresista Julio César Godoy de proteger a La Familia.

[Ken Ellingwood] Ciudad de México. La semana pasada, Julio César Godoy era un congresista elegido. Esta semana, es un fugitivo de la ley.
Las autoridades mexicanas dicen que Godoy, hermanastro del gobernador del estado de Michoacán, Leonel Godoy, ayudó a proporcionar protección a La Familia, la organización dedicada al tráfico de drogas que viene librando una cruenta guerra contra la policía federal en todo el estado en los últimos días, asesinando al menos a dieciséis agentes.
La policía tiene una orden de detención, pero aparentemente no puede localizar al Godoy más joven, un abogado que fue elegido al Congreso el 15 de julio como candidato del izquierdista Partido por la Revolución Democrática, PRD.
El miércoles el gobernador Godoy instó a su hermanastro a entregarse y hacer frente a las acusaciones. Godoy dijo que su hermanastro vive en una casa modesta, conduce un Volkswagen de segunda mano y no mostraba ninguna señal de que estuviera conectado con el crimen organizado. Los dos hablaron hace algunas semanas, dijo el gobernador.
"Tiene que mostrar sus pruebas de que es inocente", dijo Godoy en una entrevista radial. "Si es culpable, que lo castiguen con todo el peso de la ley".
El joven Godoy no ha sido visto en público desde que terminara la campaña el 1 de julio. No se dejó ver el día de las elecciones ni después de su victoria cuando debía recoger la notificación oficial de que había sido elegido al Congreso.
Las autoridades, que no especificaron cuando se emitió la orden de detención, anunciaron las acusaciones el martes como parte de una investigación de una seguidilla de ataques contra agentes de la policía federal en Michoacán desde el sábado. Los atentados, incluyendo el asesinato de doce agentes federales cuyos cuerpos fueron arrojados cerca de una autopista, parecen ser una represalia por la detención de Arnoldo Rueda Medina, descrito como uno de los tres principales capos de la organización.
Funcionarios policiales también dijeron que Saúl Solís, candidato del Partido Verde que no fue elegido, también está siendo buscando por su presunto rol como enlace entre la organización criminal y funcionarios y hombres de negocios de Michoacán.
Las acusaciones agregan nuevos bríos a los temores de que los narcotraficantes hayan infiltrado completamente el sistema político mexicano, especialmente en zonas de contrabando como Michoacán.
"Carteles como La Familia nacen, crecen y se reproducen gracias a la política narco, gracias a la complicidad de los que están en el poder y al manto de impunidad que los protege", escribió el miércoles el columnista Ricardo Alemán en el diario El Universal.
Los cargos contra Julio César Godoy redundaron en nuevas presiones sobre su hermanastro. El gobernador Godoy, miembro del mismo partido político, ya estaba en entredicho después de que, en mayo, el fiscal general del estado y otros funcionarios fueran arrestados junto con otros treinta funcionarios locales y del estado por presuntos lazos con La Familia.
El gobernador ha desechado las detenciones como una maniobra de campaña del gobierno del presidente Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional. También rechazó los llamados a su renuncia.
"No les daré el placer", dijo Godoy el miércoles.
Monte Alejandro Rubido, portavoz de seguridad interior, dijo que un importante pistolero que había sido arrestado en los ataques reveló detalles sobre la estructura de La Familia. Dijo que Julio César Godoy y Solís trabajaban para el jefe de operaciones de la organización, Servando Gómez Martínez, que vive en Michoacán.
Un hombre que dijo que era Gómez Martínez telefoneó a un programa de televisión sobre asuntos públicos en Michoacán el miércoles y llamó a Calderón a llegar a un acuerdo con La Familia.
Horas después, el ministro del Interior, Fernando Gómez Mont, rechazó el pretendido acercamiento, diciendo que México no negocia con organizaciones criminales.

27 de julio de 2009
16 de julio de 2009
©los angeles times
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torturas contra narcotráfico

mqh - 20 de julio de 2009 - 04:14 - méxico

Ejército emplea brutalidad en la lucha contra el tráfico de drogas, dicen organizaciones de solidaridad.

[Steve Fainaru y William Booth] Puerto Las Ollas, México. El ejército mexicano ha realizado desapariciones forzosas, actos de tortura y allanamientos ilegales en persecución de los traficantes de drogas, de acuerdo a documentos y entrevistas con víctimas, sus familias, dirigentes políticos y funcionarios de derechos humanos.
Desde las violentas ciudades fronterizas donde se introducen las drogas a Estados Unidos, hasta las regiones más remotas del altiplano donde se cosechan amapola y marihuana, organizaciones de derechos humanos y vecinos describen una guerra cada vez más brutal en la que el gobierno, dirigido por el ejército, está recurriendo a severas medidas para combatir a los carteles que siguen aterrorizando a gran parte del país.
En Puerto Las Ollas, un pueblo montañés de cincuenta habitantes en el estado de Guerrero al sur del país, los vecinos cuentan cómo, el mes pasado, soldados que buscaban información metieron agujas debajo de las uñas de un campesino inválido de 37 años, clavaron un cuchillo en la espalda de un sobrino de trece, dispararon contra un pastor y robaron alimentos, leche, ropa y medicinas.
En Tijuana, al otro lado de la frontera de San Diego, en marzo, dos docenas de agentes de policía que habían sido detenidos por cargos de drogas dijeron que para obligarlos a confesar los soldados los golpearon, les cubrieron la cabeza con bolsas de plástico hasta que perdieron la conciencia, los sujetaron por los pies a un techo mientras les hundían la cabeza en el agua y les aplicaron descargas eléctricas -de acuerdo a documentos judiciales, cartas y entrevistas con sus familiares y abogados.
Los agentes estuvieron detenidos en una base militar durante más de un mes.
Funcionarios mexicanos reconocieron que han ocurrido abusos en la lucha contra los narcotraficantes, pero dijo que se trataba de casos aislados. En algunos casos, los narcotraficantes podrían acusar al ejército de torturas y otras violaciones de los derechos humanos para hacer propaganda y desviar la atención de los esfuerzos del gobierno por desmantelar sus operaciones, dijeron los funcionarios.
"Sé que las fuerzas armadas están actuando apropiadamente, aunque han habido algunos casos", dijo el ministro del Interior, Fernando Gómez Mont, que es responsable de la coordinación de las operaciones de seguridad en México. "El gobierno cree honestamente que esto es así. No hay incentivos para los abusos".
Las fuerzas de seguridad mexicanas tienen una larga historia de violaciones a los derechos humanos, pero el creciente número de denuncias de abuso parece ser una respuesta directa a la barbarie desatada por los carteles después de que el presidente Felipe Calderón pusiera a los militares a cargo de la guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006. La mayor parte de las violaciones han ocurrido en regiones donde la vista de cuerpos desmembrados de soldados y agentes de policía es muy habitual. En el estado de Michoacán, los investigadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyeron que el ejército cometió abusos contra 65 personas en tres días, incluyendo varios casos de tortura y la violación de dos niñas -después de que cinco soldados fueran asesinados en un ataque en mayo de 2007.
El gobierno estadounidense ha alentado y, en parte, financiando la arriesgada estrategia de Calderón, de utilizar al ejército para luchar contra los carteles que manejan el noventa por ciento de toda la cocaína que entra a Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses dijeron que Calderón ha iniciado reformas que piensan que terminarán aumentando el respeto por los derechos humanos entre soldados y agentes de policía.
Sin embargo, funcionarios estadounidenses advirtieron que las denuncias de abusos podrían llevar al Congreso a retirar los más de cien millones de dólares por concepto de ayuda a la lucha contra el narcotráfico.
Los casos en Puerto Las Ollas y Tijuana están siendo investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se ha visto abrumada con más de dos mil denuncias sobre el ejército -este año, ciento cuarenta por mes. La comisión ha documentado veintiséis casos de abusos, diecisiete de los cuales incluían torturas como asfixia y aplicación de descargas eléctricas en los genitales de sospechosos.
"Lo que ocurre es que el ejército lleva a los sospechosos a sus bases -y por supuesto una base militar no es el lugar indicado para detener a personas sospechosas de haber cometido un delito- y empiezan a hacer preguntas", dijo Mauricio Ibarra, que supervisa las investigaciones de la comisión. "Y para ayudarles a recordar, o para extraer información, recurren a la tortura".
Ibarra dijo que los doctores del ejército encubrieron algunos casos de tortura omitiendo la evidencia física de los informes médicos antes de que los sospechosos fueran entregados a las autoridades civiles.
En una entrevista, Gómez Mont dijo que las fuerzas armadas estaban investigando quince casos de presuntos abusos, y en un caso procesaron a un oficial y cuatro soldados. Dijo que no tenía información que le permitiera identificar esos casos. Gómez Mont dijo que las fuerzas armadas están estudiando los acontecimientos en Puerto Las Ollas, pero no han encontrado evidencias que corroboren las denuncias de torturas hechas por los agentes de policía y sus familiares en Tijuana.
El ministerio mexicano de Defensa no respondió a varias peticiones de una entrevista para tratar las denuncias de violaciones a los derechos humanos por el ejército.

Quién Financia la Guerra contra las Drogas
Con la Iniciativa de Mérida -un paquete de ayuda en la lucha contra las drogas de 1.4 mil millones de dólares que pidió el presidente George W. Bush en junio de 2007-, quince por ciento del dinero no puede ser liberado hasta que el secretario de estado informe que México ha hecho progresos en materias de derechos humanos. Las exigencias incluyen la persecución de violadores de derechos humanos, la prohibición de los testimonios obtenidos mediante torturas y consultas regulares con organizaciones independientes de derechos humanos.
El informe sobre derechos humanos de la Iniciativa de Mérida del departamento de Estado, será entregado al Congreso en algunas semanas, de acuerdo a un funcionario implicado en el proceso. El funcionario describió los logros en derechos humanos de México como una "bolsa variada" y dijo que no está claro si el informe será suficiente para satisfacer las condiciones para liberar el dinero.
"Esta es la parte más difícil" de la Iniciativa de Mérida, dijo el funcionario.
Al menos 90.7 millones de dólares asignados a México para la lucha contra las drogas no pueden liberados a menos que el Congreso acepte las conclusiones del departamento de Estado. Veinticuatro millones de dólares adicionales también están sujetos a las condiciones exigidas sobre derechos humanos de la iniciativa en el presupuesto suplementario que firmó el presidente Obama el 24 de junio. Parte del financiamiento de la iniciativa es para adquirir equipos de inspección, adiestramiento policial y apoyo a las fuerzas armadas mexicanas.
Mientras el gobierno mexicano y los gobernadores de estados estadounidenses fronterizos que claman por más ayuda -la violencia asociada a las drogas le costó la vida a 769 mexicanos en junio, uno de los peores meses desde que Calderón asumiera el cargo en diciembre de 2006-, el departamento de Estado espera que el Congreso libere el dinero pese a las preocupaciones por los derechos humanos, de acuerdo al funcionario estadounidense que expresó frustración de que el gobierno mexicano no haya proporcionado más información sobre los progresos en el ejército, incluyendo la cantidad de casos de derechos humanos que han sido llevados a tribunales.
"El sistema de justicia militar en México es muy opaco; es muy difícil saber cuántos juicios ha habido y qué ha ocurrido con ellos’, dijo el funcionario, que habló a condición de conservar el anonimato debido a la delicadeza del caso.
El gobierno mexicano se ha opuesto durante largo tiempo a las condiciones de derechos humanos incluidas en el acuerdo de Mérida, y funcionarios estadounidenses esperan reacciones si el Congreso se niega a liberar el dinero. Muchos activistas mexicanos de derechos humanos no respaldan esas condiciones, observando que fueron impuestas por un gobierno estadounidense acusado ampliamente de torturar a prisioneros en Iraq, Afganistán y en Bahía Guantánamo, Cuba.
"Realmente se necesita un montón de cinismo, de hipocresía, para que Estados Unidos diga: ‘Les daremos dinero para luchar contra el tráfico de drogas provisto que respeten los derechos humanos’", dijo José Raymundo Díaz Taboada, director de la oficina del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad de Acapulco, que documenta abusos en Guerrero.
Al mismo tiempo, las organizaciones de derechos humanos han presionado al gobierno estadounidense para que envíe un mensaje contundente suspendiendo el envío de dinero. Una carta de un consorcio de organizaciones norteamericanas y mexicanas enviado al departamento de Estado en enero, concluía: "Las autoridades mexicanas no pueden cumplir adecuadamente con las exigencias de derechos humanos estipuladas en la Iniciativa de Mérida".
"No puedes darles un cheque en blanco", dijo Abel Barrera, director de Tlachinollan, una de las organizaciones más importantes de México. "Son los ciudadanos los que terminan sufriendo. Este tipo de programas sólo fomentan la impunidad".

Vínculos con el Narcotráfico
Con casi 45 mil tropas desplegadas en partes de México y a lo largo de la frontera, las fuerzas armadas han sido arrastradas a un conflicto de baja intensidad en el que los carteles de la droga cometen cada vez más horrendos actos de brutalidad. De las 12.250 personas asesinadas en incidentes violentos relacionados con las drogas desde el principio del mandato de Calderón hasta junio, 973 eran agentes de policía y 72 soldados, de acuerdo a Milenio, una red de medios mexicana que lleva el conteo de las bajas totales.
En muchas de las regiones más conflictivas del país, el ejército ha respondido allanando casas particulares sin órdenes de detención, deteniendo personas a las que considera sospechosas y reteniéndolas en bases militares, contraviniendo la ley mexicana, de acuerdo a dirigentes políticos, residentes y monitores de derechos humanos. En Ciudad Juárez, una semillero de violencia relacionada con las drogas al otro lado de la frontera de El Paso, la comisión de derechos humanos del estado recibió cerca de cien denuncias de torturas desde enero de 2008 hasta febrero de 2009, de acuerdo a un informe de siete páginas preparado por Gustavo de la Rosa, que dirige la oficina.
En marzo pasado en Tijuana, las fuerzas armadas, con la ayuda del jefe de policía local -un teniente coronel de ejército, en retiro- ,arrestaron a veinticinco agentes de policía sospechados de tener vínculos con los traficantes. Salvador Guerrero Flores, un agente de aduanas, dijo en una entrevista que recibió una llamada de un defensor público diciéndole que había visto a su hermano Manuel encarcelado en la base del Batallón Militar No. 28 del ejército y que "se encontraba en muy mal estado".
Guerrero dijo que al ejército le tomó cuatro días admitir que había detenido a su hermano. Cuando finalmente lo vio, dijo, su hermano estaba cubierto de cardenales. Le contó más tarde a Guerrero que los soldados lo habían golpeado cuatro veces y le habían metido la cabeza en una bolsa de plástico hasta que perdió la conciencia.
"Dijo que se desmayó dos veces, y le inyectaron algo para revivirlo", dijo Guerrero. "No sabía qué".
En una declaración que Manuel Guerrero dio a las autoridades mientras estaba detenido por el ejército, le preguntaron si había sido torturado.
"Sí, pero no tengo ganas de detallar las acciones que sufrí sobre esta base, porque todavía estoy detenido", respondió de acuerdo a documentos judiciales.
Su condición física fue entonces apuntada en su declaración: "El sujeto Manuel Guerrero Flores muestra múltiples contusiones rojas, rasguños paralelos que se extienden desde los sobacos, enorme hinchazón en los dos tobillos y muñecas, hinchazón de su dedo anular izquierdo, hinchazón de su índice derecho, una marca de aguja o impresión que parece ser sangre en la parte superior de su nalga derecha".

Allanamiento del Pueblo
En el estado de Guerrero, el ejército empezó una represión en diciembre, después de que los traficantes secuestraran a nueve soldados y dejaran sus cabezas decapitadas en el estacionamiento de Sam’s Club, en Chilpancingo, la capital del estado.
El 9 de junio, al otro lado del estado, los soldados entraron violentamente en el pueblo de Puerto Las Ollas, situado en una montaña en el centro de una de las regiones más fértiles del estado destinadas al cultivo de marihuana y amapola. El área es también el territorio del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, una organización de guerrillas que el gobierno ha vinculado con los narcotraficantes. La organización niega toda vinculación.
El pueblo consta de diez chozas de madera, con suelo de tierra y tejados de metal corrugado. Los pavos, pollos, perros y niños ocupan los embarrados senderos que conectan las humildes viviendas del pueblo. Los vecinos dicen que tienen relación ni con traficantes ni con guerrillas.
Los soldados llegaron en tres todoterrenos a mediados de la mañana, de acuerdo a los vecinos. Blandiendo rifles de asalto G-3, empezaron a disparar contra el pueblo, dijeron los vecinos, que más tarde recogieron decenas de vainas de municiones de 7.62mm, que dijeron que habían usado durante el ataque. La mayoría de los vecinos de Puerto Las Ollas escaparon hacia el cerro, ocultándose en la densa selva.
Gómez Mont dijo que un soldado resultó herido durante el avance de las tropas. Los vecinos dijeron que desde el pueblo no hubo disparos.
A medida que llegaban los soldados, se iban encontrando con Jaime César Acosta, 37, productor de maíz, que dijo que no podía correr debido a los persistentes efectos de una enfermedad infantil. Después de apear de su mula, dijo Acosta, los soldados lo detuvieron, lo hicieron pararse cerca de uno de los camiones, le colocaron un rifle contra la cabeza y un cuchillo contra la barbilla y amenazaron con violarlo y matarlo si no proporcionaba información.
Acosta dijo que cuando dijo a los soldados que no sabía nada, lo golpearon con sus puños. Uno de los soldados le cogió el brazo empezó a jalarle los pelos, dijo. Otro cogió lo que parecía ser una aguja de coser y la clavó repetidas veces debajo de sus uñas mientras él gritaba.
"Uno de ellos me preguntó si tenía miedo a la muerte", dijo Acosta. "Le dije: ‘No, si Dios me está esperando, que se haga su voluntad’".
Dijo que otro soldado cogió una maleta y lo golpeó en la cabeza con ella.
El sobrino de Acosta, Omar García, un niño de trece, estaba cerca cuando llegaron los soldados. Contó que lo obligaron a sacarse sus botas negras, que dijeron que eran de estilo militar y por tanto ilegales. El niño dijo que se puso unas sandalias. "Luego empezaron a darme puñetazos y a pisotearme los pies con sus botas", dijo.
Uno de los soldados cogió un largo cuchillo, dijo, y empezó a pincharlo una y otra vez con la punta en la parte de abajo de la espalda, amenazando con matarlo a menos que entregase información sobre los hombres que habían huido a las montañas y de los otros "hombres armados" en la zona.
Los soldados liberaron a Acosta y su sobrino después de cuatro o cinco horas, dijeron. Pero el ejército, asistido con refuerzos, siguieron ocupando Puerto Las Ollas y Las Palancas, un asentamiento compuesto por apenas dos casas a eso de un kilómetro más abajo en el camino.
El reverendo Lino Rauda, 53, pastor de Las Palancas, dijo que inicialmente no le preocupó que los soldados se concentraran en un campo abierto a unos cien metros de su casa. A unas horas de llegar, dijo, uno de ellos lo llamó: "He, niño, ven aquí".
Rauda dijo que se volvió para ver a dos soldados apuntándole con sus rifles. "Lo primero que pensé que fue me iban a matar", dijo. Dijo que cayó al suelo mientras seis tiros pasaban por sobre su cabeza. Entonces Rauda escapó hacia las montañas, siendo perseguido por los soldados, disparándole.
Dos semanas después, mientras un periodista del Washington Post realizaba entrevistas en Puerto Las Ollas, el chirrido de un coche se acercó desde el camino. Al oírlo, una mujer gritó: "¡Hombres, un coche! ¡Un coche!"
Media docena de hombres escaparon en todas direcciones, desapareciendo detrás de los árboles.
Finalmente apareció el vehículo, una camioneta amarilla, del que descendieron dos hombres. Eran investigadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Julie Tate en Washington contribuyó a este reportaje.

19 de julio de 2009
8 de julio de 2009
©washington post

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méxico despenalizó tenencia de drogas

mqh - 06 de mayo de 2009 - 08:03 - méxico

Desde mayo de 2009 el porte y tenencia de drogas para uso personal no constituyen delito en México.

México. El jueves pasado, el Parlamento mexicano modificó la popularmente llamada ‘ley contra el narcomenudeo’ y despenalizó en todo el país la tenencia de drogas para consumo personal. La nueva ley contempla dosis individuales no sujetas a acción penal, aunque mantiene la ilegalidad de la venta de estupefacientes.
La flamante norma fija una tabla de portación máxima de drogas para "su estricto e inmediato consumo personal". Es decir que desde ahora será legal en México llevar hasta cinco gramos de marihuana, 500 miligramos de cocaína, 50 miligramos de heroína, 0,015 miligramos de LSD y 40 gramos de metaanfetaminas.
También, entre los puntos esenciales, la ley reconoce que el consumidor y el criminal no pueden ser la misma figura jurídica. Y elimina entonces la rehabilitación obligatoria para consumidores no farmacodependientes, que hasta ahora era la única forma de evadir la pena de prisión.
Además, introduce el concepto de reducción de riesgos y daños, y, por sobre todas las cosas, respeta los legítimos derechos de numerosos pueblos y culturas de México a los usos rituales de plantas mágicas como el peyote, muy utilizado por los huicholes, una comunidad que vive entre los estados de Nayarit, Colima y Jalisco.
De acuerdo con la legislación ahora derogada, las prácticas rituales principalmente llevadas a cabo por comunidades ancestrales, eran penadas con cárcel. Habitualmente esas prácticas eran toleradas aunque había situaciones que terminaban en detenciones.
La reforma sancionada por el Congreso delega en las entidades federativas buena parte de la lucha contra las drogas, en lo que respecta al narcomenudeo. De un promedio anual de 13.300 personas capturadas por delitos contra la salud –como se denomina al narcotráfico–, 98 por ciento son distribuidores al menudeo. Apenas el dos por ciento restante son líderes de los carteles financieros, lugartenientes, sicarios y funcionarios involucrados con el crimen organizado.

6 de mayo de 2009
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mataron a general antidroga

mqh - 08 de abril de 2009 - 01:17 - méxico

Cruzado de la guerra contra las drogas se convierte en víctima. General mexicano es asesinado en Cancún.

[William Booth] Cancún, México. El general no tuvo demasiado tiempo. Después de una larga y polémica carrera, el general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones se retiró del servicio activo el mes pasado y se mudó a este balneario caribeño para trabajar para el alcalde de Cancún y combatir a los carteles de la droga que han penetrado gran parte de la sociedad mexicana. Duró una semana.
Tello, 63, junto con su guardaespaldas y su chofer, fueron secuestrados en el centro de Cancún la noche del lunes pasado, llevados a una ubicación desconocida, torturados metódicamente, luego transportados a la selva y asesinados de un balazo en la nuca. Sus cuerpos fueron encontrado el martes en la cabina de un camión al lado de una carretera en las afueras de la ciudad. La autopsia reveló que los brazos y piernas del general habían sido quebrados.
El osado secuestro y asesinato de uno de los militares mexicanos de más alto rango provocó inmediatas expresiones de indignación entre altos funcionarios del gobierno mexicano, que prometió continuar la lucha contra el crimen organizado que el año pasado se cobró la vida de más de 5.300 personas. Jefes militares, que se hallan cada vez más en el frente de la guerra contra los carteles, prometieron que la muerte de Tello será aclarada y castigada.
Tras el triple asesinato, el ejército mexicano entró a Cancún en una demostración de fuerza bruta. Los militares se encargan ahora de las altamente visibles patrullas y controles carreteros en el balneario de Yucatán y alrededores, con soldados enmascarados y armados con rifles automáticos recorriendo en camiones las calles alineadas con los blancos hoteles turísticos.
El presidente Felipe Calderón y los más importantes miembros del gabinete asistieron en tenida militar al funeral de Tello el miércoles y formaron la guardia de honor. La fotografía hablaba por sí sola: Calderón, su ministro de Defensa, su procurador general, su ministro de Seguridad, flanqueando el ataúd con el cuerpo de un general muerto, secuestrado y asesinado por un grupo todavía desconocido.
Un alto funcionario norteamericano describió el ataque como un descarado intento del crimen organizado por intimidar y someter a la ciudad. "Es por eso que lo hicieron", dijo el funcionario. "Iba a recuperar las calles".
El viernes noche, después de una rápida reunión convocada para coordinar una respuesta, el gobernador del estado de Quintana Roe, al que pertenece Cancún, Félix González, dijo en una entrevista que "este caso es de la máxima prioridad tanto para el estado como para el gobierno federal". González prometió que a diferencia de otros asesinatos en México, este sería resuelto.
González dijo que Tello era "uno de los generales más condecorados del ejército, que es una de las instituciones más fuertes del país y que goza de la más alta confianza de la gente". Describió su tortura y asesinato como "verdaderamente horrible". González dijo que aunque el crimen organizado opera en Cancún, la ciudad ha sufrido menos violencia que en algunas de las caóticas ciudades norteñas, como Tijuana y Ciudad Juárez. Pero, agregó, "estamos asistiendo en todo el país a una guerra por el control de las grandes ciudades" entre los carteles y el gobierno.
"Y nosotros estamos en una especie de frontera", dijo González. La ciudad costera se ubica entre los países productores de cocaína -Colombia y Perú- y el mercado de consumidores en Estados Unidos. Cancún tiene un aeropuerto internacional, kilómetros de mar abierto y una abundancia de oportunidades para el lavado de dinero -en hoteles y clubes nocturnos, agencias de cambio de divisas y tiendas de lujo. Cancún también tiene un problema de consumo -según funcionarios policiales, aquí turistas y residentes compran cocaína, marihuana y otras drogas.
Los funcionarios se resisten a ver Cancún descrita como una ciudad peligrosa. Es la destinación turística más importante de México, atrayendo cada año a decenas de miles de estudiantes universitarios estadounidenses durante las vacaciones de primavera. El turismo es vital para la economía mexicana, que reporta cerca de catorce mil millones de dólares en 2008, con unos dieciocho millones de visitantes, cerca del ochenta por ciento de ellos provenientes de Estados Unidos.
"Tradicionalmente hemos sido uno de los lugares más seguros de México", dijo el gobernador.
El general fue llevado a la ciudad balneario para mantenerla segura. Tello estaba trabajando para el alcalde de Cancún, Gregorio ‘Greg’ Sánchez, que lo contrató para reclutar, adiestrar y dirigir un grupo de policías de fuerzas especiales de élite. Sánchez describió el destacamento de cien hombres diciendo que sería parcialmente un grupo especial de operaciones y parcialmente una unidad de inteligencia, compuesto por ex agentes federales y oficiales militares. Incluiría francotiradores, investigadores y expertos en secuestros. Muchos agentes del equipo provendrían de Ciudad de México, dijo Sánchez, donde Tello había servido en la guardia presidencial del ejército. "La unidad respondería directa y únicamente ante mí", dijo Sánchez en una entrevista.
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta Calderón y su gobierno es que están librando una guerra con una organización policial calada por la corrupción y la incompetencia, desde polis violentos en los barrios hasta los más altos niveles. En Cancún, el alcalde estaba de hecho tratando de rebasar su propio su cuerpo de policía municipal organizando su propia unidad de lucha contra el crimen.
El jefe de la policía municipal de Cancún, Francisco Velasco Delgado, conocido aquí como ‘El Vikingo’, fue citado para reunirse con investigadores militares y federales después del asesinato de Tello. El jefe de policía dijo en una entrevista que no fue interrogado sobre el asesinato sino que había sido citado para coordinarse con funcionarios del estado, federales y municipales. También dijo que no es sospechoso. Sin embargo, Velasco no fue invitado a participar el viernes en una reunión sobre seguridad.
Interrogado sobre el trabajo de Tello, Velasco dijo que "no sé nada sobre eso. No conocía al general. Nunca me reuní con él". Interrogado sobre si temía por su vida, Velasco, cuya oficina está decorada con cascos vikingos, respondió: "Por supuesto. Soy un ser humano".
En la prensa local, periodistas que citaron a funcionarios de gobierno dijeron que Velasco está siendo investigado. El gobernador dijo: "De hecho, sabemos que la gente que se involucra en negocios ilícitos a menudo infiltran a la policía. Aquí asumimos que hay partes de la policía que deben ser saneadas".
Interrogado sobre si Velasco todavía contaba con su confianza, el alcalde de Cancún dijo: "Sí. De momento".
Los agentes federales están siguiendo varias pistas sobre los asesinos de Tello; su ayudante y guardaespalda, Getulio César Román Zúñiga, que era un teniente en servicio activo en el ejército mexicano; y su chofer, Juan Ramírez Sánchez, que era primo del alcalde de Cancún.
Se sabe que en Cancún opera el cartel del Golfo, como también su grupo de matones cada vez más independientes conocidos como Zetas, asesinos que cuentan entre sus filas con ex militares mexicanos. También se dice que hay un grupo de agentes corruptos y ex agentes de la policía local conocido como La Hermandad. Los asesinatos podrían ser también el resultado de una conspiración de los carteles y la policía.
El alcalde de Cancún dijo que cree que "la teoría más sólida" apunta a los Zetas debido a la brutalidad y sofisticación del asesinato. También, durante su larga carrera militar, Tello fue comandante de las fuerzas armadas en el estado de Michoacán, un centro de producción y tráfico de drogas. "El general trabajó muy duro e hizo un montón en Michoacán, donde los Zetas tienen una fuerte presencia, una célula muy activa", dijo el alcalde Sánchez.
Hay otros motivos posibles. Hace una década, Tello fue líder de la agencia de seguridad pública de Ciudad de México, donde fue acusado de torturar y asesinar a seis jóvenes detenidos. Fue más tarde absuelto de los cargos.
De acuerdo a informes en la prensa local, existen varias pistas, incluyendo huellas digitales y de zapatos en el camión que se halló con los tres cuerpos en la selva, e imágenes de video de las calles donde fueron secuestrados en el centro de Cancún.

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proponen legalizar marihuana

mqh - 15 de febrero de 2009 - 22:47 - méxico

Se empieza a recuperar la cordura. Hay cada vez más autoridades proponiendo legalizar las drogas blandas.

Ciudad de México. La bancada perredista en San Lázaro propuso un debate nacional en el Congreso sobre cómo cambiar la estrategia contra el narcotráfico que incluya el tema de la eventual legalización del consumo de drogas en México.
El secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores del PRD en la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Sandoval, consideró que se ha equivocado la estrategia antinarco, pues "lo que se requiere es un debate nacional para ver cómo ve la sociedad en su conjunto este problema".
Se refirió al documento de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los ex presidentes Ernesto Zedillo (México), César Gaviria (Colombia) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil) que advierte: "La guerra contra las drogas es un fracaso".
"El documento hace un diagnóstico certero del fracaso en la estrategia de la lucha antidrogas en América Latina y el fracaso de criminalizar al adicto. La tesis que hoy impera en el mundo es que hay que combatir a la adicción, a quienes promueven el uso y la venta de drogas, pero hay que proteger al adicto", dijo el diputado.
El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) insistió que no es necesario criminalizar al adicto, sino que hay que plantear un conjunto de políticas públicas, en salud pública, para que haya una estrategia muy clara de prevención de la adicción.
La propuesta de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia consiste en "transformar a los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal, a pacientes del sistema de salud".
Plantea "descriminalizar la tenencia de mariguana para consumo personal", y aclara que es una droga "de impacto negativo en la salud".
El texto indica que se puede reducir el consumo de drogas a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas por la juventud.
Desde luego, continuaría la acción del Estado contra las drogas, y para ello recomiendan "focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado". Asimismo, dijo Sandoval Ramírez, refiere los escenarios de la pelea: violencia, corrupción de las instituciones, "lavado" de dinero, tráfico de armas, control de territorios y poblaciones.
"En ese sentido, la tríada de presidentes recomienda a los países de Latinoamérica reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas, con alternativas como son los programas de desarrollo alternativo seriamente financiados", detalló. El diputado perredista aseguró que el PRD ha iniciado ese debate en distintos foros y momentos. "Lo que se requiere es que la ONU agarre al toro por los cuernos, y que en México se inicie una discusión", sobre todo ahora. Sandoval Ramírez recordó que el documento "Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma" fue entregado al presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez, para que lo distribuya a los 500 diputados.
Sandoval Ramírez confió en que el informe producirá un debate sano y necesario, "necesitamos que el conjunto de los partidos se sensibilicen para que pueda iniciarse un debate de inmediato y se agende en este último periodo de sesiones, que pueda concluir la próxima Legislatura".

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comedores populares en méxico

mqh - 03 de febrero de 2009 - 04:26 - méxico

Ciudad de México abre el primer comedor comunitario de los trescientos que se abrirán próximamente. El desempleo y el alza de los precios de los alimentos llevaron al ayuntamiento a fundar una red de alimentación.

[Deborah Bonello] Ciudad de México. Con sus modestos ingresos como costurera y sus hijos grandes en el paro, Esperanza José, como miles de otros mexicanos, encuentra cada vez más difícil llegar a fin de mes. Así que decidió aprovechar el nuevo comedor popular del ayuntamiento, el primero de los trescientos que se abrirán a partir de marzo.
"La verdad es que hay un montón de gente sin trabajo, así que vamos a aprovechar lo que nos están ofreciendo", dijo José, 63. "Mucha gente se avergüenza de venir; pero, bueno, nosotros venimos con dignidad".
A medida que México se hunde en la profunda crisis económica que recorre el mundo, el desempleo está aumentando junto con los precios de los alimentos. La inflación anual es de cerca del ocho por ciento, pero algunos artículos de la ‘canasta familiar’, tales como aceite de cocina y arroz están subiendo en casi un doscientos por ciento al año, dijo César Cravioto, director del Instituto de Asistencia Social de la ciudad.
Funcionarios del ayuntamiento esperan distribuir 65 mil comidas gratis o baratas al día en los comedores sociales, dijo.
"La crisis nos está golpeando muy duramente, y eso nos preocupa", dijo Cravioto, observando que la cantidad de personas que reciben seguro de desempleo seguramente se duplicará este año en esta ciudad de diecinueve millones de habitantes.
El primer comedor popular, en un centro comunitario llamado la Casa de la Luna, abrió sus puertas este mes en el barrio obrero de Pedregal de Santa Úrsula, al sur de Ciudad de México. Estaba lleno, pese al frío y a la lluvia. Los colaboradores llenaron los platos de plástico con pollo, arroz y frijoles, y distribuyeron copas de refresco con sabor a melón.
La mayoría de los beneficiarios eran adultos mayores o madres solteras con sus hijos. Aunque no son indigentes, están desempleados o viven con pequeños ingresos que no les alcanza para comer.
"Mucha gente está sufriendo porque el alimento es indispensable", dijo Laura González, una ama de casa de 37 años que dijo que vino a la cantina por curiosidad, con su madre y su hijita. "Es fantástico que haya lugares donde comer, de verdad, porque hay gente que no tiene nada que echarse a la boca".
El ayuntamiento planea gastar unos catorce millones de dólares en la red de alimentación. Algunos comedores servirán comidas gratis y otros pedirán una pequeña donación, equivalente a unos setenta centavos de dólar, para subsidiar la electricidad, el gas de la cocina y otros gastos.
Dado el alto nivel de pobreza endémica en México, es quizás sorprendente que el ayuntamiento no haya iniciado antes su programa de alimentación. Tradicionalmente, al menos en la capital, la mayoría de los mexicanos, por pobres que sean, se las arreglan para comer, aunque a veces la comida no consista más que tortillas y una sopa espesa. Eso podría cambiar, y los organizadores sugieren que la crisis sólo empeorará a medida que suban los precios de los alimentos.
"En este barrio hay un montón de zonas marginales y pobreza", dijo Jabnely Maldonado Meza, 29, que ayuda a dirigir la cocina de la Casa de la Luna. "Servimos a todos los que quieran comer... A veces vienen a comer familias enteras".

Tracy Wilkinson contribuyó a este reportaje.

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