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opinión

conveniencia del microchip


El microchip puede salvarles la vida. Proyecto de ley quiere convertir en obligatorio la implantación de microchips identificatorios en perros y gatos adoptados en caniles municipales.
[California, Estados Unidos] Puede ser difícil que se apruebe una nueva ley sobre mascotas en la legislatura californiana. Durante años, los defensores del bienestar animal han intentado aprobar infructuosamente un proyecto de ley que hace obligatoria la esterilización y castración de mascotas en todo el estado.
Pero ahora hay un nuevo proyecto que parece prometedor. El proyecto de ley 702, en el Senado, obligará a que un diminuto microchip de identificación sea implantado en perros y gatos adoptados en caniles municipales o recuperados en refugios por los dueños que los extraviaron. El proyecto, escrito por el senador Ted Lieu, un demócrata de Torrence cuyo distrito incluye la Bahía Sur, fue aprobado el jueves por la Asamblea y podría estar en el escritorio del gobernador Jerry Brown tan pronto como este viernes.
De acuerdo a la oficina de Lieu, cerca de un millón de perros y gatos son recogidos cada año en caniles municipales de California y casi la mitad son sometidos a eutanasia debido a la falta de espacio. Una mascota perdida que llega a un canil tiene muchas más posibilidades de salir para volver con su familia si cuenta con un microchip con información de contacto con su amo.
"Nuestra esperanza es devolver de inmediato a más animales a sus hogares en lugar de llenar jaulas con ellos", explicó Judie Mancuso, cuya organización de bienestar animal, Social Compassion in Legislation, apadrinó el proyecto de ley. Mancuso dice que esto no le cuesta nada al estado. "La gente que reclama y recupera al perro o gato paga ese microchip, que cuesta entre cinco y veinticinco dólares", dijo. Si adoptas a una mascota, la tarifa de adopción incluirá el precio del chip.
Por otro lado, recoger y aplicar eutanasia a los animales puede costar cientos de dólares por animal, observó Mancuso, y el contribuyente está pagando eso como parte de los costes de administración de los caniles municipales. Obviamente, no todos los animales en los caniles son mascotas perdidas, pero algunas lo son.
Muchas ciudades y condados han introducido regulaciones que obligan al microchip en sus refugios municipales, pero no todos.
Y deberían. De hecho, los dueños de mascotas en general deberían considerar la implantación de microchips en sus perros y gatos incluso si no son exigidos por los caniles.
El proyecto es una manera directa y fácil de ayudar a asegurarnos de que si nuestras mascotas se pierden, o vuelven a perder, ambos, mascotas y nosotros, tengamos una buena posibilidad de volver a reunirnos si las primeras terminan en un refugio municipal.
El congresista Ben Hueso, de San Diego, contó una historia sobre su perro con microchip que estuvo perdido durante semanas -hasta que el perro apareció en un canil donde el personal leyó el chip y llamó a Hueso. El refugio estaba en Fresno, a 563 kilómetros de distancia.
"Los perros no saben nada de fronteras", dijo Mancuso. "La gente puede recoger a un animal y dejarlo ir en cualquier parte."
9 de septiembre de 2011
26 de agosto de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

proteger o deponer en libia


La OTAN ha ido más allá del mandato de Naciones Unidas para proteger a la población libia, y ahora algunos estados miembros de la ONU se muestran reticentes a autorizar acciones contra Siria.
[Philippe Bolopion] La intervención militar de la OTAN en Libia se inició bajo el principio de la "responsabilidad de proteger", un concepto nacido entre las cenizas del genocidio ruandés: que el mundo no puede quedarse de brazos cruzados mientras se cometen atrocidades en un estado soberano.
Aunque moralmente auto-evidente, este concepto se demoró en ser aceptado por la comunidad internacional, particularmente entre países en vías de desarrollo, muchos de los cuales lo vieron como una estratagema de las potencias occidentales para intervenir en los asuntos internos de países más débiles.
Después de mucho cabildeo, el principio fue finalmente consagrado por la Cumbre Mundial de 2005 y utilizado exitosamente para resolver peligrosas crisis en Kenia y Guinea. Pero su aspecto más polémico no había sido nunca puesto a prueba, es decir, hasta que ocurrió lo de Libia: el uso de la fuerza como último recurso.
A los ojos de muchos países, la OTAN fracasó en esta prueba.
En marzo, mientras Muamar Gadafi se preparaba para aplastar el bastión rebelde en Bengazi, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó la acción militar en Libia. Pero dejó en claro que el propósito de la acción era proteger a la población libia.
Muchos países que se opusieron a la decisión del Consejo de Seguridad, e incluso al menos uno que la aprobó, creen ahora que la operación occidental ha ido mucho más allá que la mera protección de los libios y es ahora interpretada ampliamente como una acción destinada desde el principio a deshacerse del gobernante libio.
Por más impopular que pueda ser Gadafi, la idea de que aviones de guerra de la OTAN estuvieran tratando de asesinarlo tocó una fibra sensible entre países alérgicos a los cambios de regímenes y recelosos del concepto de responsabilidad de proteger, conocido en círculos diplomáticos como R2P.
"Libia la ha dado un mal nombre al R2P", dijo hace poco el embajador indio ante Naciones Unidas, Hardeep Singh Puri. Diplomáticos de Suráfrica, que a diferencia de India sí apoyó la Resolución 1973 de la ONU, han expresado temores similares, diciendo que se sienten utilizados y están indignados de que Occidente haya ignorado los llamados a una tregua de la Unión Africana.
Uno podría argumentar que cuando un gobernante está empecinado en cometer atrocidades masivas contra su propia población, el único modo efectivo de proteger a los civiles es derrocándolo. Sin embargo, ningún país de la OTAN lo ha declarado abiertamente; en lugar de eso, sus miembros se han esforzado por reafirmar su neutralidad.
La operación libia ha fortalecido el caso de los que cuestionan el concepto de que el mundo tiene la responsabilidad de proteger a los civiles contra sus propios gobernantes, y las reacciones ya están contribuyendo a trágicas consecuencias.
En Siria, donde las fuerzas de seguridad han asesinado a más de dos mil manifestantes y detenido arbitrariamente y torturado a miles más, incluyendo niños, la gente claramente necesita protección. Si el Consejo de Seguridad tomara en serio su responsabilidad de proteger, hace tiempo que ya habría recurrido a los numerosos instrumentos no militares que tiene a su disposición para presionar el régimen del presidente Bashar Assad. Podría haber aprobado una resolución pidiendo el fin de la violencia, la creación de una comisión de investigación, un embargo de armas o una gama de sanciones contra el gobierno o el sector petrolífero.
Hay muchas razones que explican esta inquietante incapacidad de actuar: la oposición de las potencias con derecho a veto -China y Rusia-, el silencio de la Liga Árabe, la presencia del Líbano en el Consejo de Seguridad -país que es un rehén virtual de Siria. Pero un factor crucial contra la decisión de iniciar alguna acción ha sido que los votos clave en el consejo -India, Suráfrica y Brasil- no están disponibles. A puertas cerradas, sus diplomáticos han explicado que no tienen intención de repetir la experiencia libia. Por supuesto, nada insinuaba ni acciones militares ni cambio de régimen en el borrador de resolución presentado por los europeos. Pero para India, Suráfrica y Brasil, ahora toca pagar la cuenta. El pueblo sirio está pagando el precio por lo que algunos países ven como la extralimitación de la OTAN en el caso libio.
Así que aquí estamos nuevamente con el Consejo de Seguridad haciendo prácticamente nada mientras se cometen crímenes atroces -la situación que el concepto de responsabilidad de proteger debía evitar.
Nunca sabremos cuántas víctimas civiles habrían ocurrido si la OTAN no hubiese intervenido en Libia. Lo que sí sabemos es lo que ocurre cuando la comunidad internacional se desentiende frente a crímenes en masa. En los últimos meses de la guerra en Sri Lanka, por ejemplo, murieron cerca de cuarenta mil civiles, mientras que lo único que hizo el Consejo de Seguridad fue convocar a una nerviosa sesión informal en un sótano de Naciones Unidas debido al obstruccionismo ruso y chino, sin que las potencias occidentales hicieran demasiado ruido.
Los países que atacaron a Libia bajo la bandera de la responsabilidad de proteger tienen el deber de explicarse a sí mismos y aceptar una interpretación sobria y crítica de sus acciones. No deberían ser vistos como utilizando el concepto de responsabilidad de proteger sólo cuando les es políticamente conveniente e ignorándolo cuando no lo es. Deberían responder las quejas de países que apoyaron de modo genuino las acciones para proteger a los civiles, pero se sienten traicionados por la manera en que se condujeron las acciones militares. Es el único modo de asegurar que el legado libio nos acerque más a un mundo que deje de tolerar atrocidades.
[El autor de director Naciones Unidas de Human Rights Watch.]
9 de septiembre de 2011
25 de agosto de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

israel, país enemigo del derecho


Israel teme el reconocimiento del estado palestino porque pondría en peligro su campaña de usurpación y ocupación de territorios palestinos.
[Juan Gelman] Está muy claro en un cable caratulado como "secreto" que el embajador estadounidense en Tel Aviv, James B. Cunnin-gham, envió a la Secretaría de Estado el 23 de febrero del 2010 luego de reunirse con el abogado general militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichail Mandelblit (//wikileaks.org, 30-8-11). El ministro de Justicia de la Autoridad Palestina (AP), Ali Kashan, había solicitado al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, que se investigaran los crímenes de guerra israelíes cometidos desde 2002 en los territorios palestinos ocupados, incluida la llamada Operación Plomo Fundido, que segó la vida de 1400 pobladores de Gaza.
Mandelblit reiteró en el encuentro la demanda de que EE.UU. sostuviera "públicamente que la CPI no tiene jurisdicción legal para pronunciarse sobre ese operativo porque Gaza carece de estatuto de Estado". No se quedó ahí: advirtió que si la demanda de la AP se concretase, "para el gobierno israelí sería la guerra y manifestó su expectativa de que EE.UU. ayudaría a la AP a comprender la gravedad de sus acciones". "El embajador afirmó –agrega el cable– que EE.UU. ha presionado con firmeza a la AP para que desista de esas actitudes y ha recibido la promesa de que la AP congelaría tales intentos." Asistía a la reunión el coronel Liron Libman, jefe del Departamento de Derecho Internacional de las FDI: "Señaló que la cuestión de la CPI era la más peligrosa para Israel". Hay al menos 1400 razones para que así sea.
Mandelblit expresó además la esperanza de que el llamado Informe Goldstone "se desvaneciera". Se refería al que preparó la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el conflicto de Gaza, encabezada por el juez sudafricano Richard Goldstone (www.ohchr.org, 23-9-09), en el que se registra la represión de Hamas contra opositores políticos, pero sobre todo se documentan largamente, entre otras agresiones, los ataques deliberados de las FDI contra objetivos civiles. "A partir de los hechos determinados –señala el informe– la Misión llega a la conclusión de que la conducta de las fuerzas armadas israelíes supone graves infracciones al Cuarto Convenio de Ginebra en relación con las muertes indiscriminadas y el deseo deliberado de causar sufrimiento a personas protegidas... También llega a la conclusión de que la decisión de atacar y matar arbitrariamente a civiles palestinos constituye una violación del derecho a la vida."
Se entiende que Tel Aviv exigiera el "desvanecimiento" del informe. Mandelblit aseveró que las acusaciones de que Israel habría violado el derecho internacional durante la Operación Plomo Fundido "serían claramente insoportables" para su gobierno y el pueblo israelí en general. Para los palestinos, más insoportable habrá sido padecer los hechos que las motivan.
Esta filtración de Wikileaks no parece casual. En el próximo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar del 13 al 30 de septiembre, se discutirá una petición elevada por la AP: que se declare la existencia del Estado Palestino, en cumplimiento de la resolución 181 de ese organismo, adoptada en 1947. Si esto sucede, se haría añicos el argumento que Tel Aviv esgrime para impedir que la Corte Penal Internacional eventualmente investigue y juzgue los crímenes de guerra perpetrados en Gaza. Y mucho más, desde luego: sería un duro obstáculo, sancionado por la comunidad internacional, para concretar el objetivo de un Gran Israel que incluiría los territorios palestinos que Israel ocupó militarmente en 1967 y que además, desde hace años, está ocupando mediante la imposición ilegal de asentamientos. Se estima que el número de colonos asciende ya a medio millón.
Washington y Tel Aviv han instado a la AP a abandonar su demanda, pues aunque fuera satisfecha –puntualizaron–, nada cambiaría sobre el terreno. Es decir, el gobierno israelí le destinaría a esa decisión la misma indiferencia que ha mostrado ante otras muchas de la Asamblea General. Antes, por el contrario: el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, declaró que si los palestinos acceden al estatuto de Estado, Tel Aviv se sentiría en libertad de anexar aún más territorio de Cisjordania (//nationalinterest.org, 10-8-11).
Israel, sin embargo, cabildea con frenesí ante los países miembros de la ONU para impedir que la solicitud de la AP sea aprobada. Cabe preguntase por qué: Tel Aviv teme que el reclamo palestino confirme las fronteras de 1967, que borró la ocupación militar israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho más de una vez que se inclina por la existencia de los dos Estados para solucionar el conflicto. Por sus actos pareciera que más bien prefiere anexar a Israel la mayor parte de Cisjordania. Si la ONU reconociera a un Estado Palestino a partir de esas fronteras, muy difícil le resultaría a Tel Aviv persistir en la colonización de tierra ajena.
8 de septiembre de 2011
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socios del horror


El fiscal del Tribunal Penal Internacional ha declarado que iniciará una investigación sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por Khadafi. Pero, ¿qué hará con George W. Bush y Tony Blair, partícipes necesarios, cómplices y encubridores de esos crímenes?
[Atilio A. Boron] Días atrás el corresponsal del periódico londinense The Independent estacionado en Trípoli dio a conocer una serie de documentos que él mismo había hallado en una oficina gubernamental abandonada con toda premura por sus ocupantes. Ese material arroja una luz enceguecedora para quienes creen que para oponerse y condenar el criminal ataque aéreo de la OTAN sobre Libia es necesario enaltecer la figura de Khadafi y ocultar sus crímenes hasta convertirlo en un socialista ejemplar y ardiente enemigo del imperialismo. La oficina en cuestión era la de Moussa Koussa, ex ministro de Relaciones Exteriores de Khadafi, hombre de la más absoluta confianza de éste y, anteriormente, jefe del aparato de seguridad del líder libio. Como se recordará, no bien estalló la revuelta en Benghazi, Koussa defeccionó y se marchó sorpresivamente a Londres. Pese a las numerosas acusaciones que existían en su contra por torturas y desapariciones de miles de víctimas, el hombre no fue molestado por las siempre tan alertas autoridades británicas y poco después se esfumó. Ahora se sospecha que sus días transcurren bajo la protección de algunas de las feroces autocracias del Golfo Pérsico. La papelería descubierta por el corresponsal del Independent ayuda a entender por qué.
Los documentos ponen en evidencia los estrechos y amistosos lazos existentes entre el régimen de Khadafi, la CIA y el MI-6, el espionaje británico. Gracias a esa vinculación, Washington trasladó a Libia a personas sospechosas de ser terroristas –o colaboradores de éstos– para ser sometidos a sesiones especiales de "interrogatorios reforzados", un poco sutil eufemismo para referirse a la tortura. Gracias al apoyo de un gobierno como el de Khadafi, que había arrojado por la borda sus antiguas convicciones, George W. Bush pudo sortear las limitaciones establecidas por su propia legislación en relación con el tipo de tormentos "aceptables" en una confesión. Según la documentación incautada por el periodista, la Casa Blanca realizó por lo menos ocho envíos de prisioneros –no hay información exacta acerca del número de personas despachadas en cada envío– para ser interrogados brutalmente en las mazmorras de Khadafi, aparte de los que pudieron haber sido remitidos a ese país sin que por el momento exista constancia escrita de ello. Este canallesco maridaje entre el robocop del imperio y su compinche libio llegó tan lejos que en uno de los documentos enviados por la CIA a los esbirros de Khadafi se incluye una lista de 89 preguntas que éstos tenían que formular cuando se "interrogara" a uno de los sospechosos. Es decir, nada quedaba librado a la improvisación.
A cambio de estos infames servicios la CIA y el MI-6 ofrecían por escrito toda su colaboración para identificar, localizar y entregar a los enemigos del régimen en cualquier lugar del mundo. La agencia norteamericana lo hizo con Abu Abdullah al-Sadiq –uno de los dirigentes del Grupo Libio Islámico Combatiente y, al día de hoy, líder militar de los rebeldes libios– apenas dos días después de que llegara una solicitud expresa de Trípoli en tal sentido. Sadiq, cuyo nombre verdadero es Abdel Hakim Belhaj, declaró el pasado miércoles 31 de agosto que estando en Bangkok en compañía de su esposa, embarazada, fue detenido y torturado en las cárceles libias por dos agentes de la CIA, tal cual se anticipaba en el escrito rescatado de los escombros de la oficina de Koussa. Similares intercambios de favores fueron frecuentes entre los organismos de seguridad libios y el MI-6, dado que numerosos exiliados políticos libios residían en el Reino Unido.
Lo anterior es apenas la punta de un iceberg atroz y aberrante. La correspondencia entre el número dos de la CIA en aquel momento, Stephen Kappes, y Koussa exhibe una repugnante cordialidad. El mismo sentimiento provoca la cómplice hipocresía de George W. Bush y Tony Blair, sabedores de los crímenes que por su encargo estaba realizando Trípoli mientras proclamaban su mentirosa defensa de los derechos humanos, la justicia, la democracia y la libertad. Farsantes supremos, al igual que Khadafi, que hace mucho tiempo dejó de ser lo que había sido pese a que son muchos los que todavía no se dieron cuenta. El fiscal del Tribunal Penal Internacional ha declarado que iniciará una investigación sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por Khadafi. Pero, ¿qué hará con George W. Bush y Tony Blair, partícipes necesarios, cómplices y encubridores de esos crímenes? Además, ¿tendrá las agallas suficientes para hacer lo propio con Anders Fogh Rasmussen, secretario general de la OTAN, responsable de (hasta el 1º de septiembre) los 21.200 ataques aéreos contra Libia, causantes de innumerables víctimas civiles y de la casi total destrucción de ese país? La operación "reconquista neocolonial" de Libia –ensayo general de una metodología destinada a aplicarse en los más diversos escenarios regionales– hizo caer muchas máscaras que dejaron al desnudo a personajes siniestros y a instituciones como el TPI, tan farsesca como el "antiimperialismo" de Khadafi y los "derechos humanos" de Bush, Blair, Cameron, Sarkozy y Berlusconi.
[El autor es director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. Centro Cultural de la Cooperación.]
6 de septiembre de 2011
5 de septiembre de 2011
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los martínez de hoz contra osvaldo bayer


Los Martínez de Hoz al ataque.
[Osvaldo Bayer] No me puedo quejar. Hay que tener suerte. Los Martínez de Hoz me han iniciado juicio. Eso no le pasa a cualquiera. Ahora sí que me siento un elegido por el destino.
Es por el film ‘Awka Liwen’ donde se analiza la Campaña del Desierto de Roca y mencionamos al fundador de la Sociedad Rural que fue, por supuesto, un Martínez de Hoz. El juicio alcanza también al codirector del film, Mariano Aiello y al historiador Felipe Pigna. Los que inician el juicio son los dos nietos de José Alfredo Martínez de Hoz, el conocido ministro de Economía de la dictadura de la desaparición de personas. A nosotros nos defenderá el conocido abogado de derechos humanos Beinusz Szmukler.
"¡Qué extraño!", me digo, los tataranietos se sienten injuriados por lo que se sostiene del retatarabuelo y no por lo que hizo el abuelo, el mejor amanuense de la última dictadura más feroz de nuestra historia. La acusación contra nosotros es por "injuriar" al fundador de la Sociedad Rural. Lo escrito en esa acusación provoca hasta conmiseración en el lector, cuánto sentimiento cuando se habla de los hechos de un antepasado de hace ciento cincuenta años. Y nace una especie de sonrisa irónica cuando el lector piensa: ¿por qué tanto sentimiento por un lejísimo antepasado y no dolor y vergüenza por un abuelo que dominó en una brutal dictadura la economía mientras a su lado se torturaba, se desaparecía, se arrojaba vivos a prisioneros al mar desde aviones? Personaje que sigue teniendo juicios en la actualidad por acciones deshonestas, entre ellas la de Papel Prensa.
Me hubiera gustado que esos nietos me hubieran desafiado a un debate en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, donde hubiéramos podido públicamente abrir todos los documentos que aseveran lo que sostenemos en el film. No. Inician un juicio, donde exigen una condena en dinero impagable por la cual los supuestos condenados deberíamos pagar solicitadas en todos los diarios del país declarándonos culpables de haber falsificado la historia. Por mi parte no tengo ningún temor. En mi vida de investigador histórico sobre los aspectos más oscuros y dramáticos de nuestra historia del último siglo he ganado todos los juicios o se han enterrado todas las amenazas de juicios. Porque siempre he sostenido que en historia no se puede mentir ya que, de hacerlo, alguna vez vendrá un investigador surgido de las bibliotecas y archivos para demostrar la verdad. Si en este caso el juez podría tener en cuenta el "dolor de retataranietos", demostraré que no tengo ni por asomo fondos como para pagar lo que exigen –ellos, acostumbrados a las grandes sumas– y preferiré ir a la cárcel para pagar lo que no he cometido. No será la primera vez que estaré entre rejas por lo que escribo, aunque eso fue en dictaduras militares.
Leer el escrito de los nietos del ex ministro dictatorial nos despierta curiosidad. Sostienen, por ejemplo, que lo que se describe acerca del retatarabuelo estanciero Martínez de Hoz causará daños irreparables a la actual familia. Por ejemplo, le escriben el juez: "¿Advierte Vuestra Señoría el daño que las acreditadas falsedades de los autores contra los Martínez de Hoz causarán a la familia, a los suscriptos y a nuestros descendientes si tales falsedades son introducidas al ámbito escolar? El perjuicio contra nuestra familia sería, lisa y llanamente irreparable".
Ante esta frase podemos sonreír: no se hagan problemas, el daño irreparable ya ha sido hecho por el abuelo José Alfredo Martínez de Hoz, repetimos, ministro de la dictadura más feroz de nuestra historia. Con ganarnos el juicio por unas escenas de nuestro film acerca de la Campaña del Desierto y el genocidio indígena no van a limpiar nunca jamás el nombre de Martínez de Hoz. Les recomiendo que en vez de preocuparse por el retatarabuelo, los descendientes se quiten la parte de Hoz, y se llamen a partir de ahora sólo Martínez, que es un apellido muy difundido y así pueden liberarse de ese terrible pasado familiar que es la figura del ministro dictatorial. El es quien asestó un golpe feroz e ilevantable contra su familia al ser ministro de esa dictadura.
Más todavía que el abogado que nos hace el juicio, ese nieto, se llama justamente José Alfredo Martínez de Hoz, igual que el ministro de la vergüenza nacional.
¿No es acaso este juicio un principio de tratar de hacer olvidar nuestro presente con una acusación contra un film que habla de la historia de cómo se robaron las tierras en las cuales vivieron durante siglos los pueblos originarios?
Los nietos demandantes sostienen que su retatarabuelo no intervino para nada con respecto a esas ocupaciones de tierras donde nacieron luego los grandes latifundios tan bien representados por la actual Sociedad Rural.
Justamente, ahora, aquí, voy a reproducir un documento de la Sociedad Rural donde habla acerca del fundador de esa entidad de estancieros, justamente de José Martínez de Hoz.
Esta solicitada fue publicada nada menos que el lunes 11 de junio de 1979, es decir, en plena dictadura militar de Videla, a página entera, siendo ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, por el diario Clarín, cuando se cumplieron cien años de la Campaña del Desierto. La solicitada dice, a todo título: "La Sociedad Rural Argentina, las Fronteras y los Indios". En la misma se trae la resolución del ministro de Guerra, coronel Martín de Gainza de junio de 1870 que (textual) "acude a la Sociedad Rural Argentina pidiéndole se hiciera cargo de adquirir 1500 caballos para el Ejército con destino a la campañas contra los indios". Luego sigue la solicitada (textual): "El entonces señor presidente de la Sociedad Rural Argentina, don José Martínez de Hoz respondió a ese petitorio diciendo: En contestación a la nota de V.E.... felicitándose la Sociedad Rural de que V.E. le haya dado esta brillante oportunidad para demostrar cuánto puede hacer en beneficio de los intereses rurales que está encargada de promover, cooperando siempre en todo sentido cuando se trata de dar seguridad y bienestar a nuestros pobladores de la campaña". Aquí habría que decir que más bien se refería a la propiedad nueva de que se iban apoderando los nuevos dueños de la tierra con ayuda oficial. Luego, en la solicitada viene la circular firmada por Martínez de Hoz del 4 de julio de 1870 donde dice: "Siendo un deber de todo ciudadano prestar su auxilio y cooperación a los gobiernos, siempre que se ocupen de la seguridad y bienestar de las sociedades que dirigen, la corporación que presido no ha titubeado ni un momento en encargarse de la compra de 1500 caballos que el Excmo. Gobierno Nacional necesita urgentemente. La Comisión Directiva de la Sociedad Rural no ha trepidado ni un solo momento en tomar a su cargo tan importante comisión, porque ha creído que aceptándola trabaja en el sentido de favorecer los intereses rurales que tiene el deber de promover". Firmado José Martínez de Hoz.
"Los intereses rurales", dice el retatarabuelo de quienes nos iniciaron juicio. ¿Cuáles intereses, los de los pueblos originarios que vivían allí desde hacía veinte siglos? No, los intereses de los recién llegados que vieron que eso era una fuente de riquezas. El mismo día se hace la "asamblea general extraordinaria de la Sociedad Rural". Y en el comunicado señala que el objeto de esa reunión es tratar la oferta hecha por "el gobierno de la Pcia. de Bs. As. al de la Nación para alejar los indios al otro lado del río Negro". Misión que llevará a cabo ocho años después el general Roca. En la asamblea se resuelve ofrecerle al gobierno "la cooperación de los hacendados sin limitación alguna". Estas tres palabras lo dicen todo.
Luego, los hacendados levantan el tono y ofrecen al gobierno: "La más decidida cooperación para reunir los elementos bélicos necesarios que, ayudando a los que tiene la Nación, sirvan a repeler los indios lejos de nuestras fronteras actuales". Todo, firmado por José Martínez de Hoz.
Y trescientos ganaderos.
Luego sí, Martínez de Hoz muere antes de la expedición de Roca. Pero es que la Campaña del Desierto ya había comenzado mucho antes.
Bien, he presentado la primera prueba. Mi esperanza es –aunque yo vaya preso por faltar el respeto "a la Sociedad Rural"– que con esto tome un nuevo curso la gran polémica en el país acerca del genocidio que los argentinos cometimos hace un siglo y medio contra los pueblos originarios. Así que, bienvenido el juicio que nos han iniciado los Martínez de Hoz. Servirá para ventilar ese oscuro pasado.
3 de septiembre de 2011
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el fin del lucro


El principio constitucional es que las familias elijan la escuela y no que el sostenedor elija a la familia.
[Ernesto Águila] Durante esta semana se anuncia una importante votación en la Comisión de Educación del Senado sobre la entrega o no de recursos públicos a instituciones educativas con fines de lucro. La eliminación del lucro constituye uno de los nudos centrales del actual conflicto y un aspecto insoslayable para visualizar un acuerdo. Quienes se oponen han esgrimido a lo menos tres tipos de argumentos sobre el impacto que esta decisión tendría en el sistema escolar particular subvencionado: se pondría en peligro la provisión mixta en educación, se afectaría la libertad de elegir de las familias y se perdería pluralidad en los proyectos educativos. Veamos.
Los estudiantes no han solicitado en ninguno de sus petitorios ni el fin de la educación particular pagada ni de la particular subvencionada. Por tanto, un sistema de provisión mixta no corre riesgo alguno en Chile. Lo que se pide es que la actual educación escolar particular subvencionada se organice a través de entidades sin fines de lucro, como, por lo demás, se exige a nivel de las universidades. Cabe tener presente que no existe ningún país Ocde en que un sostenedor privado reciba una subvención estatal y se permita  que éste margine una utilidad de dicho aporte público. Es anómalo que tratándose de una subvención que todos reconocen como insuficiente y que se propone doblar en los próximos años, no se destine íntegramente al desarrollo del proyecto educativo.
La segunda razón esgrimida es que el fin del lucro y la reinstalación de la gratuidad en el sistema escolar subvencionado -lo que implica el término del financiamiento compartido- afectaría la capacidad de elección de las familias. Más bien es exactamente lo contrario. La libre elección de las familias se encuentra hoy seriamente coartada por la existencia de una selección económica derivada del sistema de copago. El principio constitucional es que las familias elijan la escuela y no que el sostenedor elija a la familia.
La tercera razón que se ha argumentado es que la eliminación del lucro reduciría la pluralidad de ofertas, quedando en el sistema escolar sólo una educación estatal y otra confesional (particular subvencionada o particular pagada). Ello es desconocer la historia de la educación en Chile y en el mundo. Siempre han existido proyectos pedagógicos privados fundados en fuertes motivaciones educativas, sea de innovación pedagógica o de grupos de variada identidad no religiosa que persiguen difundir  sus proyectos y valores. Es probable que la eliminación del lucro provoque un desincentivo a entrar o permanecer en el sistema de aquellos sostenedores que no tienen una motivación primaria y sólidamente educativa. Pero ello es una buena noticia, que de paso permitiría al sistema particular subvencionado relegitimarse socialmente.
Chile ostenta el triste récord de estar entre los tres países con mayor segregación escolar entre los evaluados por la Ocde, lo que se explica fundamentalmente por los sistemas de selección y el financiamiento compartido. La gradual eliminación de este último contribuiría significativamente a disminuir la segregación existente. Sin ello, la escuela, lejos de romper las desigualdades, las seguirá reproduciendo, y en lugar de integrar socialmente, continuará segmentando y excluyendo.
1 de septiembre de 2011
31 de agosto de 2011
©la tercera

destituciones en carabineros


Por muerte de joven. La institución debe sancionar a los responsables del deceso de Manuel Gutiérrez para seguir cumpliendo su labor en favor del orden público. Editorial de La Tercera (extrema derecha).
Chile. Los peritajes han determinado que la bala que mató al joven Manuel Gutiérrez durante la segunda noche del paro nacional convocado por la CUT la semana pasada fue disparada por un carabinero, en medio de los violentos incidentes que tuvieron lugar en la Región Metropolitana en esas jornadas. En un principio, el mando de Carabineros negó de plano que los policías asignados a esa zona de la ciudad hubieran disparado sus armas de servicio, incluso descartando la idea de iniciar una investigación interna al respecto. Posteriormente, salió a la luz, sin embargo, que un suboficial no sólo había faltado a la verdad respecto de no haber disparado esa noche en las cercanías de donde murió el joven, sino que también había reemplazado las balas usadas con munición personal, en un intento de ocultar su acción y de engañar a sus superiores (hasta hoy asegura que sólo disparó al aire).
En vista de estas informaciones, el alto mando dispuso una serie de destituciones y el gobierno solicitó la renuncia al subjefe de la Zona Metropolitana, medidas que se justifican plenamente, pues la actuación de varios funcionarios de Carabineros en este lamentable hecho ha sido inapropiada y reñida con lo que se espera de los miembros de la institución. La decisión de no iniciar una investigación sobre las acciones de sus efectivos esa noche, desechando de inmediato y sin elementos de juicio la hipótesis de un eventual papel en la muerte del joven, fue irresponsable. De la misma forma, parece indebida la actuación de otros policías que estaban con el autor de los disparos o tenían mando sobre él. En cuanto a la responsabilidad del suboficial que disparó, sus acciones ameritan no sólo la baja de Carabineros, que ya se ha concretado, sino seguir una investigación judicial respecto de su alcance y gravedad, para definir la sanción que corresponda.
Junto con condenar este grave episodio, es oportuno considerar que  se trata de una conducta fuera de lo que ha sido el accionar de Carabineros, y que esa es precisamente una de las razones por la cual ha generado, justificadamente, tanta conmoción en la opinión pública. En las últimas semanas de protestas callejeras y graves desórdenes, la policía ha enfrentado en forma prudente y mesurada la violencia desatada en muchos sectores de la capital, incluso con ataques armados, por lo que no cabe hablar de una represión violenta -como algunos sectores han acusado-, sino del cumplimiento de la obligación de resguardar el orden público. De hecho, sólo en los disturbios desatados en el marco del reciente paro nacional hubo 153 carabineros heridos, seis de ellos a bala, y 53 civiles lesionados, además de 1.394 detenidos. En los últimos meses de manifestaciones el número de policías heridos es considerable. Lo anterior deja de manifiesto que Carabineros cumple una función crítica en el resguardo del orden público y ha sido puesto a prueba por las movilizaciones, durante las cuales sus funcionarios se han visto exigidos de manera sostenida.
La muerte de Manuel Gutiérrez debe entenderse como un caso excepcional y por eso amerita ser castigada en forma ejemplar, de manera que no se tienda un manto de duda sobre todo el accionar policial. Por eso, son oportunas las condolencias expresadas ayer por parte del general director de Carabineros a la familia Gutiérrez, así como su condena al comportamiento de los policías involucrados. Hechos como éste no deben volver a ocurrir y es tarea de las autoridades prevenirlos.
1 de septiembre de 2011
31 de agosto de 2011
©la tercera

respuesta equivocada


Nada puede justificar o excusar la terrible ola de violentos disturbios que han sacudido a Londres y otras ciudades británicas a principios de mes. Trabajadores de los barrios conflictivos fueron sus principales víctimas. El apoyo público a la coexistencia étnica y racial también sufrió un golpe devastador, y tememos que permanente. Editorial del NYT.
Los perpetradores deben ser castigados, la policía debe mejorar sus técnicas de control de disturbios, y el gobierno del primer ministro David Cameron debe hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que episodios como esos sean menos probables en el futuro. Tenemos más confianza de que ocurran las dos primeras cosas antes que la tercera.
Cameron, un producto de las clases altas y grandes escuelas de Gran Bretaña, acusó de los saqueos e incendios a la combinación de decadencia moral nacional, malos padres y subculturas perversas en el centro de la ciudad.
¿Atribuirá similar responsabilidad -esta vez en la cultura de los condominios acomodados- en los recientes escándalos por las escuchas ilegales de un tabloide en Gran Bretaña o los mayúsculos abusos de las cuentas de gastos por parte de miembros del Parlamento?
Los delitos son delitos según quién los cometa. Y el deber del gobierno es proteger a los ciudadanos respetuosos de la ley, no someterlos a sermones simplistas y divisivos que es incapaz de distinguir entre delincuentes, víctimas e indefensos familiares y transeúntes.
Las miles de personas que fueron arrestadas el fin de semana por saqueo y otros delitos más violentos, deberían recibir los castigos que prescriban las leyes. Pero Cameron no se contenta con ello. Ha propuesto que el gobierno suspenda las prestaciones sociales incluso a infractores de menor cuantía y desalojarlos -y, en una repugnante forma de castigo colectivo, quizá también a sus familias- de las viviendas sociales del estado en las que viven uno de cada seis británicos.
También llamó a bloquear el acceso a redes sociales como Twitter durante futuros disturbios. Y se ha felicitado de las durísimas sentencias que están dictando algunos jueces incluso por faltas menores.
Esas propuestas draconianas a menudo cuentan con el apoyo público en los traumatizados momentos después de los disturbios. Pero Cameron y sus socios liberal demócratas de la coalición deberían saberlo mejor. Corren el riesgo de provocar un daño permanente al ya decaído tejido social de Gran Bretaña.
Hacer más pobre a la gente pobre no hará menos probable la ocurrencia del robo. Dejarlos a ellos o sus familias sin casa, no fomentará el respeto por la ley. Tratar de cerrar internet en los vecindarios sería una vergonzosa violación de las libertades civiles y una amenaza a la seguridad pública, negando información en tiempo real vital para los aterrorizados residentes.
Las abandonadas zonas urbanas de Gran Bretaña necesitan una atención constructiva del gobierno de Cameron, no solamente castigos. Las desatinadas políticas de austeridad de su gobierno han redundado en menos empleo en el sector público y menos servicios sociales. Se recortará incluso el presupuesto de la policía. En general, los pobres dependen más del gobierno que los ricos, así que son los más afectados.
Lo que realmente necesita la erosionada economía británica es un estímulo a corto plazo, no más recortes en el presupuesto. Desgraciadamente, no hay ningún indicio de que Cameron lo sepa. Pero, como mínimo, las cargas deben ser distribuidas más equitativamente entre ricos y pobres -no como recompensa, sino porque es correcto.
El juego limpio es uno de esos valores británicos tradicionales que hemos admirado siempre. Y un valor que tememos que se encuentre en peligro.
19 de agosto de 2011
17 de agosto de 2011
©new york times
cc traducción mQh