acabar con la guerra contra las drogas
Misha Glenny es la autora de ‘McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld’. 15 de octubre de 2009
[Misha Glenny] Vancouver, en la Colombia Británica; Ciudad Juárez, en el norte de México; y la provincia de Helmand, al sur de Afganistán, no son primos verosímiles. Pero los tres lugares y otros parecidos han provocado un cambio extraordinario en uno de los debates más importantes del mundo en los últimos dos años.
Durante décadas, la idea de legalizar las drogas era apoyada por sólo una pequeña minoría. Pero a medida que los mercados globales en drogas ilícitas se expandían exponencialmente a principios de los años noventa, altos funcionarios y agencias policiales por igual han sido superados por el reto que representa la prohibición de una larga lista de drogas. Los mercados se han extendido a lugares que durante décadas no tuvieron problemas significativos con las drogas, como China e Indonesia, mientras que la cantidad de adictos en países como Irán ha aumentado enormemente.
Dos desarrollos significativos están contribuyendo al repentino surgimiento de las llamadas para reconsiderar la prohibición. El primero es que las drogas están afectando los intereses de seguridad a largo plazo de Occidente, especialmente en Afganistán y México. El segundo es que esa producción se está apartando de sus lugares tradicionales como Colombia y el Triángulo Dorado y se está trasladando hacia lugares en el corazón de las zonas de consumidores occidentales, como Canadá, Holanda y Gran Bretaña.
El problema está adquiriendo tal dramatismo que hombres de Estado mayores, funcionarios policiales, intelectuales y filántropos en el mundo están hablando fuerte y claro: la ‘Guerra contra las Drogas’ es una política desastrosa que no logra ninguno de sus objetivos y provoca enormes daños a la seguridad global y gobernabilidad donde quiera que se ha implementado.
Argumentan que la regulación por el Estado del mercado de las drogas reduciría los riesgos de salud y sociales que representan los narcóticos y generaría enormes ingresos impositivos, que podrían ser hipotecados para absorber los costes. De momento, las elevadas ganancias del comercio ilegal de drogas van a los bolsillos de los sindicatos del crimen organizado y organizaciones terroristas.
Los urgentes llamados a reconsiderarla provienen de América del Sur, donde personajes respetados como el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, han destacado que la guerra contra las drogas no ha logrado parar el tráfico de narcóticos ilegales y que ha resultado en decenas de miles de muertes y la perpetuación de la implacable cultura de las pandillas en la mayoría de las zonas pobres del continente.
Diego Gambetta, criminólogo de la Universidad de Oxford y una de las más importantes autoridades del mundo sobre la mafia siciliana, se ha pronunciado con energía a favor del fin de la guerra contra las drogas. En Estados Unidos, la organización más efectiva pidiendo su derogación es la Policía contra la Prohibición [Law Enforcement Against Prohibition, LEAP], formada por agentes de policía en servicio activo y retirados, incluyendo a operativos de la Autoridad para el Control de Drogas [Drug Enforcement Agency, DEA].
Comentaristas en Europa y Estados Unidos han señalado que la prohibición es responsable de las miles de personas que han muerto en las guerras por la cocaína en México. Estados Unidos está siendo empujado hacia la violencia mientras que los carteles mexicanos compran la mayor parte de sus armas en Texas y otros estados.
Más críticamente, los talibanes en Afganistán están librando una efectiva guerra contra las tropas de la OTAN porque el inflado precio del opio, provocado por la prohibición, permite que los insurgentes compren cientos de millones de dólares en armas todos los años. Peor, el gobierno de Kabul que apuntala la OTAN está atravesado por la corrupción, alimentada por el lucrativo mercado de narcóticos.
Además, el mundo no va a hacer nada si los carteles colombianos y venezolanos usan su inmenso poder económico para corromper y destruir los frágiles estados de África Occidental, como Sierra Leona y Liberia, convirtiéndolos en un trampolín de las exportaciones de cocaína a Europa. Los carteles ya han hecho ingobernable a Guinea Bisó.
No ha habido un intento coordinado del gobierno de Obama ni ningún otro gobierno occidental para contrarrestar el creciente sentimiento a favor de una reforma de la ley de drogas, aunque el presidente mismo ha declarado que se opone a su legalización.
He hablado con incontables políticos que en privado dicen, como lo dijo uno de ellos, que "si en cien años nos volvemos a mirar, nos vamos a preguntar por qué demonios estábamos prohibiendo los narcóticos". Pero siguen reluctantes a formularlo en público, por temor al oprobio que les puede acarrear.
Los partidarios de la legalización han ganado el debate moral e intelectual, pero ahora hacen frente al argumento más difícil de todos -el político. Es improbable que se vaya a ganar en Washington, donde la prohibición disfruta de un poderoso respaldo. Pero estamos presenciando una erosión en el consenso de la guerra contra las drogas en países como Argentina, México, Portugal y Suiza, donde las drogas han sido despenalizadas o legalizadas, de hecho.
Canadá hace frente a un tipo especial de presión: no solamente es uno de los principales productores de cannabis del mundo, sino también ha sido identificada por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito como uno de los centros de elaboración de drogas sintéticas, como el éxtasis y la metanfetamina, proporcionándolas a usuarios en Estados Unidos y hasta en Australia.
Vancouver se ha convertido en un centro global, exportando marihuana y metanfetaminas mientras importa cocaína destinada a Estados Unidos y el mercado local. Los asesinatos relacionados con las drogas han proliferado en los últimos dieciocho meses, provocando una especie de crisis. La campaña por la legalización de la marihuana continúa creciendo allá, reuniendo el apoyo de políticos de todo el país.
Después de ochenta años de guerra contra las drogas, los consumidores han tenido un acceso más fácil que nunca a una mayor variedad de estos productos. Los precios siguen cayendo, mientras las ganancias de los narcotraficante siguen subiendo. Pero -dados los desarrollos en América del Sur, Europa y Canadá- estamos viendo por primera vez la emergencia de una coalición resuelta a desafiar una política que genera, año tras año, inimaginables miserias.
18 de septiembre de 2009
©new york times 
Basta ya. Los gobernantes de facto de Honduras ya han dejado en claro lo que querían cuando depusieron al presidente Manuel Zelaya en el golpe cívico-militar de junio pasado: que el presidente había quebrantado la ley al tratar de reformar la Constitución para continuar gobernando. Lo que es más, con el paso del tiempo, el gobierno de facto presidido por Roberto Micheletti se ha asegurado de que si Zelaya volviese al poder para cumplir con los meses que le quedan de mandato, tampoco podría hacer esas reformas.
[Juan Gelman] Es notorio y hace mucho que la Casa Blanca se entretiene en apoyar golpes de Estado y/o dictaduras, de Somoza a Musharraf, de Pinochet y Videla al propio Saddam Hussein en su momento, de Trujillo y Stroessner a la monarquía saudí y un largo etcétera. Obama ha utilizado un recurso que rara vez se emplea: el sostén irrestricto a un régimen que se repite gracias a un fraude electoral de dimensiones abrumadoras: el presidente afgano Hamid Karzai cumplirá un segundo mandato, bendecido por Washington.
[Carlos Slepoy] Se ha escrito mucho sobre las causas que motivaron el acuerdo de los dos partidos mayoritarios para erradicar el principio de justicia universal de la legislación española. El límite se sobrepasó cuando se pretendió enjuiciar crímenes de lesa humanidad y/o genocidios y/o crímenes de guerra cometidos por chinos en el Tíbet, israelíes en Gaza y estadounidenses en Guantánamo, o quizás –o además– por las investigaciones sobre los crímenes del franquismo –que eran asimismo un ejercicio de justicia universal—, respecto de los cuales, como sabemos, se ha pactado igualmente la más absoluta y cruel impunidad. También se ha escrito ampliamente acerca de que limitar el principio de justicia universal –que por algo se llama así– a la existencia de víctimas españolas o a vínculos de conexión relevantes con España y que se acredite en todo caso, mediante prueba diabólica, que no hay otro procedimiento abierto en otro lugar del mundo es, lisa y llanamente, desterrar de la legislación española la persecución de criminales contra la humanidad. Traicionando su naturaleza, se pretende su compatibilidad con la discriminación de las víctimas por su nacionalidad y con el principio de subsidiariedad de jurisdicciones. Esto es un oxímoron, grosera y vergonzosa contradicción con lo que el principio enuncia y significa. El sello propio y distintivo de la jurisdicción universal es la inclusión de la universalidad de las víctimas –para que todas ellas puedan ser protegidas por todas las jurisdicciones del mundo– y el principio de concurrencia de jurisdicciones, para garantizar entre todas la mejor persecución de los criminales.
[Colbert I. King] El 16 de agosto, el pastor Steven L. Anderson, de la Iglesia Bautista de la Palabra Fiel, de Tempe, Arizona, dijo a su congregación que reza por la muerte del presidente Obama. En un sermón titulado ‘Por qué odio a Barack Obama’, Anderson predicó: "No voy a rezar por su bien. Voy a rezar para que se muera y se vaya al infierno".
[Santiago O’Donnell] Seguramente Manuel Zelaya nunca imaginó que un día su país ocuparía un lugar central en la agenda internacional. Honduras ya es no sólo una referencia obligada en las reuniones de la OEA y las cumbres de Unasur. Importantes presidentes se han ocupado del tema esta semana en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y, aunque no lo hicieron en público, también en la cumbre del G-20. Hasta los presidentes africanos podrían sumar su condena al golpe en la cumbre sur-sur que empezó ayer en la Isla de Margarita.
[Atilio A. Boron] Zelaya ya está en Tegucigalpa y su ingreso a Honduras, burlando las "medidas de seguridad" instaladas a lo largo de la frontera, debería marcar el comienzo del fin del régimen golpista. Son varias las razones que fundamentan esta esperanza.
[Luis Bruschtein] América latina necesita la derrota del golpe hondureño para desalentar cualquier ilusión de regresar a una práctica que asoló la región durante décadas. Necesitaba el regreso de Manuel Zelaya, tanto como los hondureños mismos. Por eso la decisión comprometida de Lula, acompañado por el gobierno argentino y los de la mayoría de la región. Si se aceptaba la permanencia de Micheletti hasta las próximas elecciones, aunque sólo fueran unos pocos días, se habría legitimado el golpismo al darle un triunfo.