acabar con la guerra contra las drogas
Misha Glenny es la autora de ‘McMafia: A Journey through the Global Criminal Underworld’. 15 de octubre de 2009
[Misha Glenny] Vancouver, en la Colombia Británica; Ciudad Juárez, en el norte de México; y la provincia de Helmand, al sur de Afganistán, no son primos verosímiles. Pero los tres lugares y otros parecidos han provocado un cambio extraordinario en uno de los debates más importantes del mundo en los últimos dos años.
Durante décadas, la idea de legalizar las drogas era apoyada por sólo una pequeña minoría. Pero a medida que los mercados globales en drogas ilícitas se expandían exponencialmente a principios de los años noventa, altos funcionarios y agencias policiales por igual han sido superados por el reto que representa la prohibición de una larga lista de drogas. Los mercados se han extendido a lugares que durante décadas no tuvieron problemas significativos con las drogas, como China e Indonesia, mientras que la cantidad de adictos en países como Irán ha aumentado enormemente.
Dos desarrollos significativos están contribuyendo al repentino surgimiento de las llamadas para reconsiderar la prohibición. El primero es que las drogas están afectando los intereses de seguridad a largo plazo de Occidente, especialmente en Afganistán y México. El segundo es que esa producción se está apartando de sus lugares tradicionales como Colombia y el Triángulo Dorado y se está trasladando hacia lugares en el corazón de las zonas de consumidores occidentales, como Canadá, Holanda y Gran Bretaña.
El problema está adquiriendo tal dramatismo que hombres de Estado mayores, funcionarios policiales, intelectuales y filántropos en el mundo están hablando fuerte y claro: la ‘Guerra contra las Drogas’ es una política desastrosa que no logra ninguno de sus objetivos y provoca enormes daños a la seguridad global y gobernabilidad donde quiera que se ha implementado.
Argumentan que la regulación por el Estado del mercado de las drogas reduciría los riesgos de salud y sociales que representan los narcóticos y generaría enormes ingresos impositivos, que podrían ser hipotecados para absorber los costes. De momento, las elevadas ganancias del comercio ilegal de drogas van a los bolsillos de los sindicatos del crimen organizado y organizaciones terroristas.
Los urgentes llamados a reconsiderarla provienen de América del Sur, donde personajes respetados como el ex presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, han destacado que la guerra contra las drogas no ha logrado parar el tráfico de narcóticos ilegales y que ha resultado en decenas de miles de muertes y la perpetuación de la implacable cultura de las pandillas en la mayoría de las zonas pobres del continente.
Diego Gambetta, criminólogo de la Universidad de Oxford y una de las más importantes autoridades del mundo sobre la mafia siciliana, se ha pronunciado con energía a favor del fin de la guerra contra las drogas. En Estados Unidos, la organización más efectiva pidiendo su derogación es la Policía contra la Prohibición [Law Enforcement Against Prohibition, LEAP], formada por agentes de policía en servicio activo y retirados, incluyendo a operativos de la Autoridad para el Control de Drogas [Drug Enforcement Agency, DEA].
Comentaristas en Europa y Estados Unidos han señalado que la prohibición es responsable de las miles de personas que han muerto en las guerras por la cocaína en México. Estados Unidos está siendo empujado hacia la violencia mientras que los carteles mexicanos compran la mayor parte de sus armas en Texas y otros estados.
Más críticamente, los talibanes en Afganistán están librando una efectiva guerra contra las tropas de la OTAN porque el inflado precio del opio, provocado por la prohibición, permite que los insurgentes compren cientos de millones de dólares en armas todos los años. Peor, el gobierno de Kabul que apuntala la OTAN está atravesado por la corrupción, alimentada por el lucrativo mercado de narcóticos.
Además, el mundo no va a hacer nada si los carteles colombianos y venezolanos usan su inmenso poder económico para corromper y destruir los frágiles estados de África Occidental, como Sierra Leona y Liberia, convirtiéndolos en un trampolín de las exportaciones de cocaína a Europa. Los carteles ya han hecho ingobernable a Guinea Bisó.
No ha habido un intento coordinado del gobierno de Obama ni ningún otro gobierno occidental para contrarrestar el creciente sentimiento a favor de una reforma de la ley de drogas, aunque el presidente mismo ha declarado que se opone a su legalización.
He hablado con incontables políticos que en privado dicen, como lo dijo uno de ellos, que "si en cien años nos volvemos a mirar, nos vamos a preguntar por qué demonios estábamos prohibiendo los narcóticos". Pero siguen reluctantes a formularlo en público, por temor al oprobio que les puede acarrear.
Los partidarios de la legalización han ganado el debate moral e intelectual, pero ahora hacen frente al argumento más difícil de todos -el político. Es improbable que se vaya a ganar en Washington, donde la prohibición disfruta de un poderoso respaldo. Pero estamos presenciando una erosión en el consenso de la guerra contra las drogas en países como Argentina, México, Portugal y Suiza, donde las drogas han sido despenalizadas o legalizadas, de hecho.
Canadá hace frente a un tipo especial de presión: no solamente es uno de los principales productores de cannabis del mundo, sino también ha sido identificada por la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito como uno de los centros de elaboración de drogas sintéticas, como el éxtasis y la metanfetamina, proporcionándolas a usuarios en Estados Unidos y hasta en Australia.
Vancouver se ha convertido en un centro global, exportando marihuana y metanfetaminas mientras importa cocaína destinada a Estados Unidos y el mercado local. Los asesinatos relacionados con las drogas han proliferado en los últimos dieciocho meses, provocando una especie de crisis. La campaña por la legalización de la marihuana continúa creciendo allá, reuniendo el apoyo de políticos de todo el país.
Después de ochenta años de guerra contra las drogas, los consumidores han tenido un acceso más fácil que nunca a una mayor variedad de estos productos. Los precios siguen cayendo, mientras las ganancias de los narcotraficante siguen subiendo. Pero -dados los desarrollos en América del Sur, Europa y Canadá- estamos viendo por primera vez la emergencia de una coalición resuelta a desafiar una política que genera, año tras año, inimaginables miserias.
18 de septiembre de 2009
©new york times 
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