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opinión

contragolpe en honduras


Desde Moscú ayer Barack Obama aclaró: "Manuel Zelaya no nos gusta, pero lo defendemos en nombre del principio de la estabilidad democrática".
[J. M. Pasquini Durán] Por primera vez, la potencia mayor de Occidente fue inconmovible en su defensa democrática, en esta ocasión acompañada por los países miembros de la ONU y de la OEA, en una oleada universal que desacredita el golpe de Estado cívico-militar consumado en Honduras. Los insurrectos contaban con el respaldo de las fuerzas armadas, el Congreso, el Episcopado, los empresarios de mayor porte y la Corte Suprema, aunque este frente comenzó a resquebrajarse ante la firme posición de Washington y el resto del mundo. La Corte aclaró ayer que el depuesto Zelaya podría regresar si el Congreso le concede una amnistía.
Los intentos del gobierno golpista para conseguir audiencia en el Departamento de Estado fueron vanos, mientras que el destituido fue recibido por Hillary Clinton, quien negoció un principio de diálogo al proponer al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, hombre de experiencia en la diplomacia centroamericana y buen amigo de Estados Unidos, como negociador aceptado por las partes.
Para Honduras, la posición norteamericana es determinante, porque su historia está relacionada con las políticas continentales de la Casa Blanca y sus hombres de poder deben estar sorprendidos del rechazo que recibieron desde el Norte. Siempre estuvieron dispuestos a servir, como lo hicieron durante diez años cuando prestaron el territorio nacional, la mitad de la provincia de Buenos Aires, para las tropas "contras" que intentaban tomar por la fuerza a Nicaragua para desalojar al Frente Sandinista de Liberación. De aquella época sobrevive uno de los importantes aeropuertos, en el que subían y bajaban los aerotransportes que aprovisionaban al antisandinismo. Ese tipo de relaciones generó entre los poderosos hondureños la convicción –una suerte de subcultura– de que su destino cuelga del cinturón de combate de los marines.
Para el resto del continente, la posición de Estados Unidos y de las entidades mundiales es una magnífica noticia. La democracia nunca pasó una prueba golpista como ésta, pero hizo retroceder a las fuerzas conjuntas del poder, el dinero y las armas. Es probable que Zelaya no merezca tanto, tampoco los muertos en su nombre, pero la soberanía popular y la libertad de expresión merecían este contragolpe y son el mensaje final de los caídos.

8 de julio de 2009
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colombia reconoce a recicladores


Como la basura se volvió un gran negocio, el país ha terminado haciendo todo lo posible para sacar a los recicladores de él. La Corte por suerte salió a defenderlos.
[Adriana Ruiz-Restrepo] Tanto será lo que creemos en ‘el mercado’ que buscamos una orden judicial para que no se excluya a ‘los pobres’ de él. Armamos un caso para que la Corte Constitucional considerara ordenarle al Estado Colombiano incluir a los recicladores de basurero y calle en la economía formal del aseo.
Por discriminaciones históricas, desplazamiento o desempleo, muchos colombianos llevan rebuscándose su vida y la de sus hijos en nuestra basura y, de paso, inventándose el reciclaje en este país. Como el aseo no es un mercado privado -como el de quien negocia con bluyines o empanadas- sino un mercado privatizado que el propio Estado define, delimita y adjudica a operadores privados, pensamos que la inclusión sería fácil.
Pues no. Resulta que la basura es ahora reciclable y por tanto un creciente y millonario negocio que transa y convierte residuos en materia prima para la industria. Así que el desafío en los últimos años ha sido impedir que a los recicladores les quiten la basura.
Con o sin intención, tres nuevas decisiones públicas volvieron a cortar el acceso. De un lado, la Ley 1259/08 obliga a la policía a imponer un comparendo/sanción a quien abra un basurero en espacio público y extraiga algo de basura. Del otro, los recicladores de Cali se quedaron sin acceso a la basura del botadero de Navarro que, la CVC y la Alcaldía, tranquilamente cerraron sin pensar en ofrecerle a los recicladores que ahí vivían y trabajaban medidas alternativas para su subsistencia.
Para rematar, desapareció también toda posibilidad de que los recicladores o sus cooperativas pudieran formar empresas de la basura, porque el gobierno nacional -obrando a título de interventor de Emsirva y a través de la Superintendencia de Servicios Públicos- estructuró y adjudicó toda la operación del aseo de Cali -incluidas las futuras rutas selectivas de reciclaje- sin considerar la jurisprudencia, la voluntad de los caleños o el impacto desproporcionado que tendría la privatización, hasta del reciclaje, en la supervivencia de los recicladores que se quedarían así sin acceso a la basura de la que depende sus vidas.
GiViSOL, la organización que fundé con varios amigos para buscar un cambio sistémico, empaquetó y estructuró todos los argumentos en un solo gran caso que perderíamos miserablemente o ganaríamos contundentemente. Por suerte, pasó lo segundo.
La Corte Constitucional, en su Sentencia T-291/09, aceptó nuestro argumento de que los recicladores de Colombia han desarrollado a lo largo de décadas conocimiento, habilidades y un nicho de negocio que les da derecho no sólo a trabajar sino a seguir con su emprendimiento a partir de la basura y por tanto los reconoce como empresarios de la basura.
De ahí que por esta y otras razones -como el derecho de quienes están en pobreza no sólo a sobrevivir o emplearse con un salario mínimo, sino también a hacer empresa- los recicladores, tal y como lo ordenó la Corte, deberán ser incorporados a la economía formal del aseo y el reciclaje de la ciudad.
Para ello se ordenó crear un Comité Especial que diseñe e implemente la inclusión; no aplicar la Ley 1259-08; invitar a la sociedad civil a cederles directamente la basura; y suspender definitivamente la última licitación de aseo en Cali. Al respecto, la Superintendencia tendrá que volver a hacer la licitación pero esta vez dándole preferencia a las organizaciones de recicladores e incentivando a otros licitantes a incluirlos en sus ofertas, y no sólo a través de empleítos precarios, sino permanentes o en asocio con sus cooperativas.
Así que este caso lo perdió la Gobernación/CVC, la Alcaldía/Dagma y el Gobierno Nacional/ Superintendencia. Perdieron todos, por olvidar que somos un Estado Social de Derecho, y que el poder público que los colombianos temporalmente hemos delegado en ellos, es para usarlo para disminuir pobreza, no para crearla.

Adriana Ruiz-Restrepo es abogada y politóloga caleña fundadora de RRA (Derecho Público + Innovación Social), una firma de abogados y consultores que canaliza toda su responsabilidad social a través de CiViSOL: Fundación para el cambio sistémico, la ONG de la cual es también fundadora y directora.

6 de julio de 2009
2 de julio de 2009
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ambigüedad de washington


El golpe militar que derrocó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, provocó repudio unánime a nivel internacional. Sin embargo, Washington no parece tan decidido.
[Mark Weisbrot] El golpe militar que derrocó al presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya, provocó repudio unánime a nivel internacional. Pero la respuesta de algunos países ha sido más reticente que la de otros y la ambivalencia de Washington ha comenzado a despertar sospechas acerca de lo que realmente el gobierno estadounidense está tratando de lograr en esta situación.
Las primeras declaraciones de la Casa Blanca en respuesta al golpe fueron débiles y evasivas. En ellas no se denunciaba el golpe, sino más bien se hacía un llamado a "todos los actores políticos y sociales en Honduras a respetar las normas democráticas, el Estado de derecho y los principios de la Carta Democrática Interamericana".
Esas declaraciones diferían con las de otros presidentes del hemisferio, como Lula da Silva de Brasil y la presidenta Cristina Fernández de Argentina, quienes denunciaron el golpe y exhortaron a que se restituyera al presidente Zelaya. La Unión Europea también emitió una respuesta similar, menos ambigua y más inmediata.
Más adelante, ese mismo día, a medida que la respuesta de otras naciones se hizo más clara, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo una declaración más fuerte en la cual repudiaba el golpe –pero sin llamarlo golpe. Además, no hacía mención alguna sobre el retorno de Zelaya a la presidencia.
La Organización de Estados Americanos, el Grupo de Río (la mayor parte de Latinoamérica) y la Asamblea General de las Naciones Unidas han todos llamado a que se dé el "retorno inmediato e incondicional" del presidente Zelaya.
Las fuertes posiciones desde el Sur resultaron en declaraciones anónimas de funcionarios del Departamento de Estado que mostraban más apoyo al retorno del presidente Zelaya. Para la tarde del lunes, el presidente Obama finalmente declaró: "Nosotros creemos que el golpe no fue legal y que el presidente Zelaya sigue siendo el presidente de Honduras..."
Pero más tarde, ese mismo lunes en una conferencia de prensa, se le preguntó a la secretaria de Estado Clinton si "restaurar el orden constitucional" en Honduras significaba el retorno de Zelaya. La secretaria nunca dio una respuesta afirmativa.
¿Por qué tanto recelo en llamar abiertamente al retorno inmediato e incondicional de un presidente electo, así como lo había hecho el resto del hemisferio y las Naciones Unidas? Una posibilidad obvia es que Washington no comparte estos objetivos. Los líderes del golpe no tienen apoyo internacional pero aún podrían tener éxito en lograr que pase el tiempo –Zelaya tiene menos de seis meses para terminar su mandato. ¿Apoyará el gobierno de Obama la imposición de sanciones en contra del gobierno golpista para prevenir que esto suceda? Los gobiernos vecinos de Guatemala, Nicaragua y El Salvador ya han hecho las primeras advertencias al anunciar una suspensión del comercio por 48 horas.
En contraste, una razón para la reticencia de Hillary Clinton de llamar al golpe un golpe es la prohibición, bajo la Ley de ayuda al extranjero de Estados Unidos (U.S. Foreign Assistance Act), de proveer fondos a gobiernos en donde el jefe de Estado haya sido destituido por un golpe militar.
La palabra ‘incondicional’ también es clave en esta situación: el gobierno estadounidense quizás quiera extraer alguna concesión de Zelaya como parte de un acuerdo para su retorno a la presidencia. Pero así no funciona la democracia. Si Zelaya quiere negociar algún acuerdo con sus oponentes políticos luego de haber retornado, ésa es otra historia. Pero nadie tiene el derecho de extraerle concesiones políticas en el exilio, mientras está entre la espada y la pared.
No hay excusa alguna para este golpe. Una crisis constitucional se desató cuando el presidente Zelaya le ordenó al ejército que distribuyera los materiales para un referendo no vinculante que se llevaría a cabo el domingo pasado. El referendo le pedía a los ciudadanos que votaran sobre si incluir una propuesta para una asamblea constituyente, para redactar una nueva constitución, en las elecciones de noviembre. El jefe del ejército, el general Romeo Vásquez, se rehusó a llevar a cabo las órdenes del presidente. El presidente, como comandante en jefe del ejército, despidió a Vásquez, con lo cual el ministro de defensa renunció. La Corte Suprema posteriormente dictaminó que el despido de Vásquez por parte del presidente era ilegal y la mayoría en el congreso se ha mostrado en contra del presidente Zelaya.
Los partidarios del golpe argumentan que el presidente violó la ley al intentar proceder con el referendo después de que la Corte Suprema fallara en contra de éste. Ésta es una cuestión legal; puede ser cierto o puede ser que la Corte Suprema no tuviera base legal para emitir esa sentencia. Pero esto es irrelevante para lo que ha sucedido: el ejército no es el árbitro de una disputa constitucional entre los varios poderes del Estado. Esto es particularmente cierto en este caso, en el que el referendo que se proponía era un plebiscito no vinculante y meramente de carácter consultivo. No habría cambiado cualquier ley, ni habría afectado la estructura de poder; era simplemente una encuesta al electorado.
Por consiguiente, el ejército no puede afirmar que actuó para prevenir un daño irreparable. Éste es un golpe militar llevado a cabo con propósitos políticos.

Existen otras cuestiones sobre las cuales nuestro gobierno (el estadounidense) se ha mantenido raramente silencioso. Los informes de represión política, del cierre de estaciones de radio y TV, de la detención de periodistas, detención y abuso físico de diplomáticos y de lo que el Comité para la Protección de Periodistas ha llamado una "censura de los medios", son eventos que aún esperan por ser seriamente reprochados por Washington. Al controlar la información y reprimir la disensión, el gobierno de facto de Honduras está también creando el marco para unas elecciones injustas en noviembre.
Muchos informes han contrastado el rechazo del gobierno de Obama al golpe hondureño con el apoyo inicial del gobierno de Bush al golpe militar de 2002 que derrocó brevemente al presidente Hugo Chávez en Venezuela. Pero de hecho hay más similitudes que diferencias entre la respuesta estadounidense a estos dos eventos. En el marco de un día, el gobierno de Bush revirtió su posición oficial sobre el golpe venezolano debido a que el resto del hemisferio había anunciado que no reconocería al gobierno golpista. De manera similar, en este caso, el gobierno de Obama está siguiendo al resto del hemisferio, tratando de no ser la excepción, pero al mismo tiempo, sin realmente compartir su compromiso con la democracia.
No fue sino hasta algunos meses después del golpe venezolano que el Departamento de Estado admitió que le había brindado apoyo financiero y de otro tipo a "individuos y organizaciones que se entiende que estuvieron activamente involucrados en la breve expulsión del gobierno de Chávez". En el golpe hondureño, el gobierno de Obama afirma que intentó disuadir al ejército hondureño para que no tomara esta acción. Sería interesante saber cómo se llevaron a cabo estas discusiones. ¿Será que los funcionarios del gobierno dijeron, "Ustedes saben que tendremos que decir que estamos en contra de una movida como ésa si la llevan a cabo, porque todo el mundo lo hará"? O será que más bien dijeron, "No lo hagan, porque haremos todo lo que esté a nuestro alcance para revertir cualquier tipo de golpe"? Las acciones del gobierno desde que ocurrió el golpe apuntan a algo más parecido a lo primero, sino hasta peor.
La batalla entre Zelaya y sus oponentes pone de frente a un presidente reformista apoyado por sindicatos laborales y organizaciones sociales en contra de una élite política corrupta, con conexiones al narcotráfico, que opera al estilo de una mafia y que está acostumbrada a escoger no solamente a la Corte Suprema y al Congreso, sino al presidente también. Es una historia recurrente en Latinoamérica, y Estados Unidos casi siempre se ha puesto del lado de las élites. En este caso, Washington tienen una relación muy cercana con el ejército hondureño, desde hace ya décadas. Durante los años ochenta, Estados Unidos utilizó bases en Honduras para entrenar y armar a los ‘contras’, los paramilitares nicaragüenses que se dieron a conocer por sus atrocidades en la guerra en contra del gobierno sandinista en el vecino país de Nicaragua.
El hemisferio ha cambiado substancialmente desde el golpe venezolano de abril de 2002, con otros once gobiernos de izquierda siendo elegidos posteriormente. Un conjunto entero de normas, instituciones y relaciones de poder entre el Sur y el Norte en el hemisferio han sido alteradas. El gobierno de Obama enfrenta hoy a vecinos que están mucho más unidos y mucho menos dispuestos a ceder en cuestiones fundamentales de democracia. Es por eso que la secretaria de Estado Clinton probablemente no tendrá mucho espacio de maniobra. Sin embargo, la ambivalencia del gobierno será notada en Honduras y muy probablemente podría motivar al gobierno de facto a que intente aferrarse al poder. Eso podría ocasionar muchos daños.

6 de julio de 2009
2 de julio de 2009
©semana 
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santa ana pone candado a su basura


¿Nos hemos endurecido tanto que llegamos a negar nuestra basura a los indigentes?
En Santa Ana, el ayuntamiento accedió a poner candados a los contenedores de reciclaje exteriores a una docena de vecinos del barrio de Wilshire Square. Los contenedores, como informó el periodista del Times, Tony Barboza, fueron diseñados para resistir la fuerza de osos en Alaska -en Santa Ana no hay osos. Los candados tampoco tratan de frustar a bichos nativos como mapaches, zarigüeyas, cuervos y coyotes.
En algún punto de la línea, el ayuntamiento y los vecinos perdieron de vista el hecho de que los carroñeros a los que se quiere torpedear con el programa piloto de poner candado a los contenedores no son animales en absoluto, sino una especie mucho más vulnerable: seres humanos sin casa, para los que los plásticos y cristales descartados son una fuente indispensable de sustento.
Los candados están siendo probados a petición de los vecinos que presionaron al ayuntamiento para que los protegiera de los indigentes, que estaban asaltando sus contenedores de basura y de reciclables de productos con valor de reembolso. Ciertamente este tipo de buceo en el tacho de basura (o el robo de basura) es una molestia. Los vecinos se quejan de espantosos encuentros en la mañana temprano con indigentes, cerca de sus entradas, y ser despertados en la noche por los ladridos de los perros y el pesado tintineo de las botellas de cristal.
Lo que es más, el robo de basura puede tener un costo pequeño, pero real, que es la razón por la que se lo considera un delito en la mayoría de las ciudades. Santa Ana contrata al recolector Waste Management, que obtiene sus ganancias de los reciclables que recoge. El ‘robo’ de estos artículos corre a expensas del contratista, no del ayuntamiento, pero si las pérdidas son significativas, podrían resultar en tarifas de recolección más altas para los vecinos. Waste Management cubre los gastos de los nuevos contenedores, los que podrían ser colocados en casas en otras partes de la ciudad si la prueba resulta exitosa.
Pese a las molestias, en el gran esquema de las cosas, es difícil privar a hombres y mujeres indigentes de los centavos que pueden obtener de la venta de reciclables descartados. Para los vecinos que los desechan de todos modos, el valor de reembolso de los contenedores no se condice con la inconveniencia de llevarlos a un centro de acopio, pero para los que son desesperadamente pobres esos artículos son un salvavidas.
California se ha mostrado particularmente cruel con su población indigente, la que aumentó considerablemente después de mediados de los años sesenta, cuando el estado puso fin a la mayor parte de las reclusiones involuntarias de los enfermos mentales. Los servicios para los indigentes no han estado nunca cerca de poder satisfacer la demanda en el estado, y el actual presupuesto de crisis del gobierno está reduciendo los servicios, en momentos en que la recesión está provocando un aumento acelerado de la población indigente.
De aquí a cien o doscientos años, los historiadores verán una sociedad tan despiadada que envía a vivir en la calle a sus inadaptados, y luego toma las medidas necesarias para asegurarse de que tampoco puedan vivir de su basura, y se asombrarán de la barbarie del hombre del siglo veintiuno.

6 de julio de 2009
20 de junio de 2009
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van a juzgar a john yoo


Un juez federal ha sentado un arriesgado precedente al permitir que el terrorista condenado, José Padilla, demande a uno de los autores de los polémicos ‘memorandos de la tortura’. Un editorial de Los Angeles Times.
En su infame ‘memorando de la tortura’ de agosto de 2002, los funcionarios del ministerio de Justicia, Jay S. Bybee y John C. Yoo definieron tortura exclusivamente como el dolor asociado a una "insuficiencia orgánica, deterioro de las funciones corporales, o incluso la muerte". Se trataba de una interpretación forzada de la ley, y que fue anulada en 2004 por Jack Goldsmith, el sucesor de Bybee como director de la Oficina de Asesoría Jurídica.
Pero ¿puede Yoo, ahora profesor en la Universidad de California en Berkeley, ser responsabilizado por las acciones de otros que se basaron en sus argumentos jurídicos? Un juez federal de San Francisco parece pensar así, pero nosotros tenemos nuestras dudas. Por más indignados que estemos con las opiniones de Yoo, nos preocupa que hacer equivaler el análisis jurídico con los actos de personeros de gobierno pueda sentar un venenoso precedente. Sólo si Yoo se hubiese excedido en su papel como abogado, lo que es posible que haya ocurrido, podría ser sometido a recriminaciones civiles por su trabajo.
El mes pasado, el juez de distrito Jeffrey S. White allanó el camino para que José Padilla, ciudadano estadounidenses y convertido al islam, demandara a Yoo por violaciones de sus derechos civiles.
Padilla, que está cumpliendo una pena de prisión tras ser condenado por conspiración terrorista, estuvo detenido durante más de tres años como enemigo combatiente en un calabozo en una nave de la Marina en Charleston, Carolina del Sur, donde dice que fue sometido a ultrajes, incluyendo privación del sueño, temperaturas extremas y amenazas de que sería torturado si no cooperaba. Al negarse a desechar la demanda civil, White observó que Padilla acusó a Yoo de participar en la designación de Padilla como enemigo combatiente y de participar en la definición de las políticas del ‘consejo de guerra’. Esas acusaciones merecen ser investigadas en un juicio. Pero el juez también se refirió al presunto papel de Yoo en la "redacción de los memorandos preparados para eludir las restricciones legales y otorgar inmunidad a los que los implementaran".
White escribió: "Como cualquier otro funcionario de gobierno, los abogados del gobierno son responsables de las previsibles consecuencias de sus actos". Es verdad. Pero ofrecer una interpretación legal, incluso si es torcida o estúpida, no es un acto; es una empresa intelectual. Los abogados aplicados no deberían temer que su interpretación de la ley les pueda implicar en la formulación de políticas que podrían aborrecer -o en la aplicación de maltratos que van más allá de lo que permiten esas mismas políticas.
La excepción a ese principio ocurre cuando un abogado distorsiona deliberadamente la ley con el propósito de justificar una política determinada o favorecer a un cliente político. Si Yoo o Bybee violaron o no la ética profesional de ese modo, ha sido motivo de una investigación de la Oficina de Responsabilidad Profesional del ministerio de Justicia, que puede recomendar algún tipo de disciplina a las asociaciones de abogados del estado. Ese proceso, no una demanda civil por daños, es el mejor modo de obligar a los abogados a rendir cuentas por sus prácticas.

5 de julio de 2009
2 de julio de 2009
©los angeles times
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chile ante el golpe en honduras


Los deberes de Chile ante un golpe de Estado. Un editorial de La Nación.
Nuestro país tiene una obligación moral de asumir una actitud activa de denuncia y de búsqueda de caminos de superación del quiebre de la democracia en Honduras. Sabemos muy bien cómo comienzan y terminan los golpes de Estado, que siempre se autopresentan como la "inevitable" solución ante el quiebre institucional.
Tal vez el tiempo transcurrido desde que sucedió el golpe de Estado en Chile haga que el país tome cierta distancia del que acabamos de vivir en Honduras. Hay similitudes y diferencias entre la intervención militar que sucedió en 1973 en nuestro país y ésta, de la que somos testigos ahora en el país centroamericano. Lo que está claro es que en ambos casos se terminó con el sistema democrático.
La estrategia operativa de las Fuerzas Armadas hondureñas no difiere demasiado de la que se intentó aplicar en Chile. En horas de la madrugada, el Ejército copa las calles y buscan al Presidente de la República para ponerlo en un avión y mandarlo fuera del país. Era la intención declarada en las conversaciones de los máximos jefes del golpe chileno que todo ciudadano relativamente bien informado ha escuchado. Ojo: en Chile el Presidente Allende también se disponía a anunciar la convocatoria a un acto electoral para resolver un conflicto institucional, como sucedía en Honduras.
Hoy, nadie podría acusar a Allende de algún grado de demencia, como se hace en Honduras con el Presidente Zelaya. Sin embargo, los partidarios del golpe chileno también le atribuyeron al Mandatario chileno que muere en La Moneda delirios, aficiones al alcohol y otras infamias sobre su persona que quedaron registradas en diversos medios de comunicación.
En ese entonces, el drama de Chile era parte voluntaria o involuntaria de la guerra (no tan) fría que -se supone- ha quedado definitivamente atrás. En ese sentido, el escenario mundial en que nos encontramos es bastante distinto y se ha notado en las declaraciones de los estados. La condena unánime al golpe en Honduras de parte de la comunidad internacional deja una sensación esperanzadora. Pero, cuidado. ¿Serán suficientes las declaraciones para que Honduras vuelva a la democracia? Por supuesto que no.
Chile como país tiene una obligación moral de asumir una actitud activa de denuncia y de búsqueda de caminos de superación del quiebre de la democracia en Honduras. Sabemos muy bien cómo comienzan y terminan los golpes de Estado que siempre se presentan como la "inevitable" solución ante el quiebre institucional. Quienes apostaron en nuestro país por un rápido retorno de la democracia en 1973 se equivocaron. No nos podemos equivocar con el barniz civil que se le pretende dar al golpe en Honduras, a riesgo de facilitar la entronización de los militares que están en las calles, reprimiendo activamente.
Si bien la condena institucional chilena al golpe de Estado en Honduras ha sido unánime, los representantes de la Alianza, incluido su candidato presidencial, Sebastián Piñera, ya han deslizado frases que insinúan que "Zelaya se lo buscó", porque "provocó" a los militares. La doctrina democrática -que ellos relativizan con demasiada frecuencia- le da a las Fuerzas Armadas el monopolio de las armas con el exclusivo fin de actuar contra un enemigo externo: no para dirimir conflictos institucionales internos.
Los grandes medios de comunicación chilenos, aquellos que apoyaron el golpe militar en 1973, se han deshecho en eufemismos para caracterizar la situación de Honduras. Son los mismos que hasta hace muy poco hablaban de "pronunciamiento" para referirse a lo sucedido en 1973 y que hoy prefieren caratular la asonada militar hondureña como un "traspaso del poder al Congreso". Otros, a través de un tono docto, falsamente académico y despectivo, prefieren referirse a "una crisis institucional más de las inmaduras democracias centroamericanas".
Los demócratas no podemos dejar de estar alertas ante el derrocamiento de un Presidente constitucional, elegido por el voto popular, aunque en muchos aspectos no compartamos sus opciones políticas. A los chilenos nos debe enorgullecer la gestión activa y valiente del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, para reponer al Presidente Zelaya en Honduras.
No obstante, se requerirá en los próximos días de una actividad diplomática y política contundente para restablecer el derecho de los hondureños a decidir su destino. Este esfuerzo debe apuntar a que sean los propios connacionales de ese país que busquen la fórmula democrática para resolver sus diferencias. De otra manera, el continente arriesga la hipótesis de una confrontación armada interna en Honduras, que probablemente podría arrastrar a otros estados.

5 de julio de 2009
©la nación
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oscuras perspectivas para honduras


Golpe de estado en Honduras. No queremos más despertarnos de golpe militar.
[Tito Tricot] En una asombrada madrugada de Valparaíso, por entre la garúa y el rocío oceánico, se deslizó la oscuridad más oscura de la historia del puerto. Nos despertamos de golpe militar, como ahora en Honduras, y jamás nunca lo he podido olvidar, porque el olvido es cómplice de la tortura. Y nos torturaron como nunca nadie lo había hecho, en la Academia de Guerra Naval, a pasos del mar que vistió de verde la ternura de nuestro primer amor. Vendados, desnudos y amarrados, nos embestía la crueldad humana mientras tratábamos de entender aquello que llamaban intervención militar para restaurar la democracia, como dicen ahora en Honduras. Porque los militares son cobardes y se amparan en la democracia para sepultar la democracia, y la entierran en la más profunda de las profundidades para que nadie la encuentre, como a los desaparecidos que desaparecen para siempre en un vendaval de espanto. A veces me pregunto que será de ellos, de sus sueños, sus cantos, sus risas y la inmensa tristeza de no estar en ninguna parte. Y pienso en sus familiares que aún les buscan bajo la sombra de algún tamarugo o en el cristal de algún río. Y pienso que América Latina no puede ni debe aceptar un golpe de Estado que nos retrotrae a un pasado doloroso del que costó décadas liberarse: con asesinados, presos políticos, torturados, exiliados, desaparecidos, toque de queda, estado de sitio, todo el entramado de terror tras el cual se cobija la pusilanimidad de las fuerzas armadas. Empero, ni las atrocidades cometidas ni el incondicional apoyo de Estados Unidos pudieron perpetuar a las dictaduras en el poder, pues pudo más el poder de los pueblos que, de distintas y múltiples formas, se organizaron y lucharon para reconquistar la democracia. Y, claro, no es la democracia perfecta, ni siquiera imperfecta, ni siquiera democracia, pero no es dictadura y eso es lo que está en juego en Honduras.
La destitución del presidente Manuel Zelaya demuestra la fragilidad de los procesos  democratizadores en el continente y, al mismo tiempo, evidencia la facilidad con que los militares se alzan en armas para resolver problemas políticos argumentando – como siempre lo han hecho – supuestos actos inconstitucionales de las autoridades. Entonces, ellos mismos recurren al más inconstitucional de los actos para restablecer la legalidad supuestamente transgredida. Lo ilegal lo transforman en legal apelando a la democracia y, por cierto, a los fusiles, que se enarbolan para escribir libertad con la sangre de los hondureños. Como antes en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y en casi todos los países del continente. Como en el pasado reciente en Venezuela cuando un golpe de Estado intentó derrocar al presidente democráticamente elegido, Hugo Chávez. Allí Estados Unidos jugó un rol preponderante en el apoyo al golpe y al empresario Pedro Carmona quien se auto-designó como presidente, aunque permaneció sólo efímeramente en el poder. Ahora Estados Unidos ha rechazado el golpe militar en Honduras, declarando el presidente Barack Obama que "sería un grave precedente si comenzamos a retroceder a la época en que veíamos golpes militares como una forma de transición política, en lugar de elecciones democráticas". Sin embargo, considerando la historia de Estados Unidos en la región, es legítimo que nos asista la sospecha de que haya estado también involucrado en los acontecimientos de Honduras, porque esos golpes militares de los cuales habla Obama fueron precisamente organizados, financiados, apoyados  y, en muchos casos, ejecutados directamente, por Estados Unidos, Por lo tanto, ese "grave precedente" del cual habla el presidente, lo sentaron ellos.

Militares: Fantasmas de Carne y Hueso
Y lo hicieron en conjunto con las fuerzas armadas vernáculas y con las oligarquías locales, por lo tanto hay responsabilidad compartida, pero –quizás lo más peligroso – es que en el caso específico de Chile, aquellos comprometidos con violaciones a los derechos humanos, tanto civiles como militares, se han sumergido en las sombras de la impunidad. Claro, la elite política de la época negoció con los militares para iniciar un proceso transicional pactado que ha signado la débil democracia, desplazando a un segundo plano las demandas por verdad y justicia. Por ende, los violadores, torturadores y asesinos son más que meros fantasmas en nuestro país: son hombres y mujeres de carne y hueso, con nombres y apellidos, que circulan sin problema y sin vergüenza por las calles de Chile, seguramente pensando ¡Qué fácil fue matar y eludir toda responsabilidad. Que fácil violar mujeres inermes; qué fácil asesinar niños, qué fácil! Entonces ¿Qué les impide hacerlo nuevamente, qué les impide, como ahora en Honduras, desenterrar sus corvos, sus pasamontañas, sus odios viscerales para sepultar, una vez más, la democracia en la más profunda de las profundidades? La respuesta a dicha interrogante es de tal obviedad que estremece: nada. Nada les imposibilita tomar a Chile por asalto, porque los militares están preparados para la guerra y no importa que sea contra un pueblo desarmado, como en Honduras; y no importa que sea contra un gobierno democrático, como el de Allende ayer y el de Zelaya hoy día. Y no importa que se muera la gente, que desaparezca la gente y por eso jamás he podido olvidar aquella asombrada madrugada de Valparaíso cuando se deslizó la oscuridad más oscura de la historia del puerto. Ahí nos despertamos de golpe militar, como ahora en Honduras, porque el olvido es cómplice de la muerte y enemigo de la democracia.

Centro de Estudios de América Latina y el Caribe

4 de julio de 2009
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la ccn en el golpe de honduras


Observatorio de la comunicación. La CNN en el golpe de Honduras. Comentario de Jorge Escalante, de La Nación.
[Jorge Escalante] La actitud de CNN en Español el domingo 28 cubriendo el golpe de Estado en Honduras es una clase magistral para estudiantes acerca del periodismo que desprestigia la profesión. Su corresponsal en Tegucigalpa, Krupskaia Alis, asumió y dio rápido crédito a las versiones golpistas, aunque hay que reconocer que el canal cubrió en Costa Rica la rueda de prensa del Presidente Manuel Zelaya y su anfitrión, Óscar Arias, y entrevistó a la esposa de Zelaya, que habló desde las montañas.
Pero, ni su corresponsal en esa capital ni sus editores o conductores exigieron a ninguno de sus entrevistados actores de la asonada cívico-militar copia o tener a la vista la carta que se leyó en el Parlamento hondureño atribuida al Presidente Zelaya, en la que éste supuestamente renunciaba. El canal sabía que Zelaya la desmintió. Jamás inquirieron con agudeza periodística copia, o al menos poder leer, la supuesta sentencia dictada por algún tribunal en contra de Zelaya, argumento principal para derrocarlo.
No se vio a la corresponsal o alguno de los conductores exigir, ni al autodesignado Presidente Roberto Micheletti ni a ningún otro entrevistado coludido con la asonada, copia, o al menos poder hojear, el expediente del supuesto juicio contra Zelaya del que debería haber emanado la pretendida sentencia condenatoria. A estos periodistas se les olvidó que existe el derecho a la defensa en un juicio justo.
Esos primeros momentos eran fundamentales para los televidentes, pues se revivía la historia trágica de la América Latina azotada por el militarismo criminal de décadas pasadas.
La corresponsal no chequeó si era efectivo que se había secuestrado a algunos ministros del Presidente Zelaya. Tampoco le fue requerido hacerlo por sus editores o conductores de noticias. Se limitaron a reproducir rumores y trascendidos.
La corresponsal se quedó plantada en un punto geográfico neutral y después se fue a instalar al Parlamento. Y en su entrevista a Micheletti, Alis no se arrugó para llamarlo "Presidente", sabiendo que ningún gobierno le reconocía esa calidad.
Por todo esto, CNN en Español faltó a lo más elemental de un periodismo valiente y honesto, asumiendo una postura amarilla de mal entendida "imparcialidad" ante un golpismo evidente. CNN en Español no entiende que el periodismo "neutral" siempre será mediocre y genuflexo ante evidencias indiscutibles. Porque el periodista, antes de serlo, es un ser humano, pensante y con valores. Y para la inmensa mayoría estaba claro que se trató de un golpe militar que vejó a un Mandatario elegido con el voto popular, a quien se arrestó, golpeó y humilló, sacándolo en traje de dormir de su domicilio expulsándolo del país.
Simplemente, estos periodistas se conformaron con respuestas evasivas de sus entrevistados opositores respecto de los puntos cruciales del conflicto.
¿Seguirá creyendo CNN en Español en la recurrida farsa del periodismo objetivo? Los periodistas sabemos que ello es una gran mentira. La tarea de un profesional de la prensa es indagar hasta el último detalle. Insistir en obtener las respuestas trascendentales para mostrar la cara que se quiere esconder detrás de un antifaz. Desentrañar lo que se quiere pintar de un color, sabiéndose o al menos intuyendo que es de otro.
Sobre todo cuando se trata de algo tan sentido para la humanidad como el respeto al voto popular y su soberanía, en una América Latina con una historia oscura de militares y civiles golpistas que lo aplastaron a sangre y fuego en el pasado y que hoy pretenden repetir el mismo camino.

2 de julio de 2009
©la nación 
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