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opinión

golpe en honduras injustificado


La revuelta contra el gobierno elegido democráticamente es erróneo; ambos lados deben retroceder y volver a la Constitución. Editorial de Los Angeles Times.
Los latinoamericanos han sufrido al menos tres docenas de golpes militares desde los años sesenta hasta fines del siglo veinte. Creían que habían terminado con un desagradable período de su historia, con una ola de gobiernos civiles elegidos democráticamente, y en general lo habían logrado, hasta que Honduras volvió a esa época perimida esta semana cuando los militares sacaron sus tanques a las calles, el presidente fue obligado a punta de pistola -todavía en piyama- a marcharse al exilio y el Congreso, blandiendo una carta de renuncia falsa, nombró a un nuevo presidente. Esto fue un golpe, y debe ser revertido.
Antes de su derrocamiento, el presidente Manuel Zelaya no era un ejemplo de demócrata. Estaba luchando contra las otras ramas del gobierno por sus cuestionables intentos de eliminar los límites [constitucionales] al período de mandato presidencial. La Corte Suprema y el Congreso declararon que un referéndum sobre el tema sería inconstitucional y la fiscalía y el tribunal electoral confiscaron las urnas. Cuando el ejército se negó a organizar la votación, Zelaya destituyó al comandante de las fuerzas armadas.
La Organización de Estados Americanos demostraron una extraordinaria unidad en la condena del golpe. Eso no es sorprendente, ya que la OEA incluye a muchos países, como Chile, Argentina y Brasil, que han superado dictaduras militares. Estados Unidos, sin embargo, se mostró inicialmente más cauteloso. En lugar de llamarlo golpe, la secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton se refirió a los "problemas subyacentes que condujeron a los sucesos del domingo". Sólo el lunes llamó el presidente Obama esos sucesos por su nombre.
Zelaya es un rico ganadero que se convirtió en aliado del presidente venezolano Hugo Chávez y que lucha contra las elites hondureñas. Fue reemplazado por un miembro de su propio partido, Roberto Micheletti, que justificó la remoción de Zelaya diciendo: "No podemos permitir que este gobierno nos conduzca al comunismo o al socialismo". Incluso aunque el Congreso y las fuerzas armadas hondureñas crean que están defendiendo al país contra un aspirante a dictador, el fin no justifica los medios. Calcularon mal y deben retroceder. De hecho, la mejor solución sería que ambos lados cedieran. Zelaya debería poder volver a su cargo por los últimos seis meses que le quedan. Y si lo que dice es verdad, que no estaba buscando su reelección, no le fastidiará continuar su campaña por el referéndum después de que deje su cargo -como ciudadano privado. De momento, los dos lados deben volver a la Constitución.

30 de junio de 2009
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la invasión de los espías


La nueva campaña de captación de agentes de la CIA.
[Juan Gelman] Se está produciendo calladamente en las universidades estadounidenses y desde hace tiempo. Empezó en 1994 con el Programa Nacional de Educación en Seguridad (NSEP, por sus siglas en inglés) del Pentágono y consistía en el otorgamiento de becas para que determinados estudiantes dominaran el árabe, el hindi, el mandarín, el farsi y otras lenguas de zonas geoestratégicas para Washington. Su obligación al graduarse: trabajar en alguno de los dieciséis organismos de inteligencia de EE.UU. Diversas asociaciones de profesores y especialistas protestaron por "las dificultades y peligros" que esa conjunción entrañaba para la integridad de las actividades académicas (chronicle.com, 16-8-02).
El Programa Pat Roberts de becarios de inteligencia (Prisp, por sus siglas en inglés), aprobado a fines del 2003, amplió los campos de conocimiento para los futuros espías. Se inició como un proyecto piloto, pero el director de Inteligencia Nacional, Dennis C. Blair, anunció hace unos días que en adelante será un rubro permanente del presupuesto y abarcará además disciplinas científicas y otras de humanidades. Los becarios del Prisp se instalan en campus, aulas y laboratorios de diferentes universidades sin revelar su adscripción. Reciben 25.000 dólares anuales o más, participan en campamentos de verano de entrenamiento, estudian lo que a la CIA o a la Agencia de Seguridad Nacional le interesa a fin de superar "imperfecciones de la comunidad de inteligencia", por ejemplo, "idiomas, trazado de mapas geoespaciales o análisis de imágenes obtenidas por satélite y evaluación de los usos tecnológicos de los países" (www.aaanet.org, 24-6-2006). Una vez recibidos, deben trabajar en el organismo de espionaje del caso una vez y media más que el tiempo dedicado a los estudios.
La idea originaria nació en la cabeza del antropólogo Felix Moos, un acérrimo defensor de la relación de los científicos con el Pentágono y con los servicios de inteligencia, así como del empleo de la antropología en la guerra "antiterrorista". Durante años ha dictado cursos sobre "Violencia y terrorismo" en la Universidad de Kansas y luego de los atentados del 11/9 recurrió a la CIA para que el Senado financiara su propuesta de amalgamar antropología, academia, análisis de inteligencia y capacitación de espías. El resultado es el Prisp, los becarios estudian química, psicología o biología, además de dos idiomas por lo menos, y su empeño presente y futuro no es conocido por profesores, administradores y compañeros de aula. Así cumplen su primera misión encubierta.
Los torturadores de Abu Ghraib utilizaron técnicas de humillación propias de una cultura cuando desnudaban a los prisioneros, les hacían vestir prendas femeninas, los fotografiaban en posturas inicuas y los azuzaban con perros para obtener confesiones. Algún mando de la CIA habrá leído el libro del antropólogo Raphael Patai titulado The Arab Mind (Springer, Nueva York, 2002) en el que se subraya el aborrecimiento que los árabes sienten en general por los perros y por la degradación sexual. Esto plantea problemas éticos a los profesores y especialistas civiles, similares de algún modo a los que han experimentado algunos científicos que fabricaron la bomba atómica.
El antropólogo David Prince, del St. Martin’s College de Olympia, Washington, señala que en estos momentos de crisis económica y de severas reducciones del presupuesto educacional, es grande la tentación de aceptar las becas del Prisp, pero estima que éste no cumplirá el objetivo de renovar las ideas de la CIA y demás organismos de espionaje: la influencia de la cultura imperante en esos ámbitos –dice– amortiguará el impacto de la cultura académica en los jóvenes que inician sus carreras (www.counterpunch, 23-6-09).
Quienes antes aprendían el árabe, el vasco o el urdu admiraban la cultura y los idiomas que estudiaban. Los becarios del Prisp están más sujetos a la ideología que les imponen que a su formación en el medio relativamente abierto de la universidad.
Barack Obama practica continuidades y rupturas con las políticas de W. Bush en el orden interno, pero está claro que no se aleja de la concepción militarista de su antecesor. Insiste en la guerra de Afganistán y la ha extendido a Pakistán. El martes 23, aviones estadounidenses no tripulados causaron la muerte de unos 60 civiles paquistaníes que rezaban por los 13 que habían muerto en un ataque previo (www.thenews.com.pk, 25-6-09). El hecho de que el Prisp ya no sea un proyecto piloto sino una actividad permanente confirma los planes del Pentágono y la Casa Blanca de preparar a sus efectivos para largas campañas de contrainsurgencia de baja intensidad en suelo afgano. Pero no basta con desear, además hay que tener buenos riñones, decía Diderot.

28 de junio de 2009
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enríquez-ominami, el obama chileno


Marco Enríquez-Ominami, la ascendente estrella de la izquierda, puede romper la coalición gobernante y ganar la presidencia. Interesante análisis en Semana.
[Gabriela Perdomo] Mientras la izquierda se rompe en Colombia, en Chile ocurre un fenómeno que demuestra que una ideología anclada en la mitad del siglo XX sí se puede renovar y reinventar en el XXI. Por primera vez en la historia reciente de Chile, un candidato independiente de la izquierda tiene la posibilidad de llegar a la Presidencia. Marco Enríquez-Ominami rompió sus lazos con la Concertación de Partidos por la Democracia, la alianza de centro-izquierda que ha ganado todas las elecciones en Chile después del fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace sólo unas semanas.
El nuevo candidato, miembro del Partido Socialista, anunció que su campaña no será respaldada por ningún grupo político y que entrará a competir contra el candidato único de la Concertación, el ex-presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Sobra decir que la cúpula de la Concertación está furiosa. Michelle Bachelet, la actual presidenta, apoya al candidato único de la alianza. También lo apoya el ex presidente Ricardo Lagos, quien gobernó al país después de Frei y antes de Bachelet. Pero la Concertación también está confundida. Mientras que la línea oficial es apoyar al ex Presidente, varios medios chilenos aseguran que a puerta cerrada algunos simpatizan con el candidato rebelde. El pueblo chileno no apoya al elegido de la Concertación.
En menos de un mes, Enríquez-Ominami ha alcanzado el mismo nivel de intención de voto en las encuestas que Frei. El candidato de la alianza conservadora, el empresario Sebastián Piñera, está adelante de ellos dos, pero su nivel de apoyo no ha subido desde hace más de seis meses.
Tiene razón Enríquez-Ominami al decir que la izquierda chilena necesita un cambio generacional. El ancho grupo de partidos que componen la Concertación lleva 19 años en el poder, y ahora enfrenta su primera derrota en las urnas desde que comenzó su hegemonía post-Pinochet. Piñera, quien perdió las elecciones del 2005-2006 frente a Bachelet, ha estado en campaña desde entonces con el apoyo total de la Alianza por Chile, la aglomeración de partidos de derecha.
La Concertación necesitaba un candidato especialmente fuerte esta vez. Bachelet tuvo innumerables problemas durante los primeros tres años de su mandato, años que Piñera aprovechó para fortalecer sus críticas contra la coalición de izquierda.
Aunque la Presidenta ha recuperado su popularidad—todas las encuestas indican que más de un 60 por ciento de la población está satisfecha con su liderazgo—se sabía de las dificultades que la Concertación enfrentaría en las elecciones de este año. En cambio, el oficialismo escogió a un representante de la vieja guardia que nada nuevo tiene que ofrecer frente a un candidato que lleva casi una década en campaña y depurando su perfil frente al pueblo chileno.
La elección de Frei como candidato único no sólo demuestra una falta de conexión de la izquierda con la realidad del país, sino también una dificultad para leer la realidad de la región. Desde que Frei dejó el poder en 2000, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil han cambiado de partido en el poder. El partido asume erróneamente que la baja popularidad de la Concertación es culpa exclusiva de la presidenta Bachelet. Si la Concertación hubiera leído bien las señas de la historia, habría sabido elegir un líder que representara el cambio dentro de la misma ideología, una nueva interpretación de la izquierda chilena dando un paso más delante de la ya progresista figura de Bachelet y no un regreso a la década del 90.
Enríquez-Ominami ahora tiene la oportunidad de representar ese cambio. A los 35 años, tiene una larga carrera como director de cine y televisión, una licenciatura en filosofía, estudios en Francia y una corta carrera política como miembro electo de la Cámara de Diputados desde el 2005. Su profunda conexión con la izquierda está marcada por la muerte de su padre, Miguel Enríquez Espinosa, fundador y secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y quien fue asesinado por el régimen de Pinochet cuando Marco tenía sólo tres meses de vida.
Enríquez-Ominami dice que su "domicilio está con el Partido Socialista" pero admite que no es el momento de seguir a los elefantes de la vieja guardia. Es probable que el candidato independiente no tenga ni la maquinaria, ni el tiempo, ni la experiencia suficientes para llevarse la victoria el próximo 11 de diciembre. Pero si logra ganar la Presidencia, Enríquez-Ominami podría demostrar que los chilenos no buscan un gobierno de derecha, sino un nuevo líder para una nueva izquierda.

Gabriela Perdomo es periodista e investigadora del centro de estudios de opinión pública Angus Reid Global Monitor (www.angus-reid.com).

20 de junio de 2009
17 de junio de 2009
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un desaforado entre rejas


La sentencia que admite la impugnación a la candidatura de Luis Patti recoge argumentos constitucionales acumulados en la saga de reclamos contra el represor y los combina con principios del derecho electoral. El producto es un fallo sofisticado, bien fundado, robustecido por su unanimidad.
[Mario Wainfeld] El núcleo constitucional subestimado en otros pronunciamientos forenses, es (textual de la sentencia) que "en materia de violaciones a los derechos humanos los tres poderes tienen la responsabilidad de actuar coordinadamente para cumplir con las normas internacionales que le imponen al Estado argentino evitar cualquier medida que pudiera entorpecer la investigación de esa clase de crímenes y el juzgamiento –conforme a las reglas del debido proceso– de las personas imputadas en dichas causas". Como se comentó repetidamente en este diario, esa obligación está impuesta por tratados internacionales, firmados por la Argentina, que valen como la Constitución misma.
Ese deber estatal fue interferido por actos públicos, luego declarados nulos: leyes de facto y leyes democráticas de impunidad, indultos ilegales. La nulidad tiene carácter retroactivo, pero sus consecuencias no se reparan en un santiamén, perduran en buena medida hasta hoy.
El cercenamiento del estado de derecho generó esa situación contradictoria que se viene reparando en los últimos años, pero que aún se atraviesa. Se va en procura de la normalidad, pero aún se sufren las secuelas de un contexto de impunidad. Se imposibilitó de facto durante décadas la condena a los crímenes de lesa humanidad pese a que se los considera imprescriptibles y que se asume ante la comunidad internacional (y ante la sociedad civil argentina) el compromiso de juzgarlos.
La paradoja es difícil de zanjar. Para hacerlo la Cámara se vale de un criterio interpretativo clásico, difícil de transmitir a los profanos, a menudo desdeñado por los togados. Permítasenos decirlo en jerga coloquial. Un orden jurídico no es un rompecabezas que empalma perfecto. Es una construcción permanente, que debe tener unidad y sentido. Esa unidad depende, a menudo, de la capacidad de los jueces de captar (eventualmente crear) ese sentido en cada caso concreto.
Hay conflicto de derechos: el de Patti a postularse versus la obligación del Estado de impedir que personas ligadas a violaciones de derechos humanos ocupen cargos públicos. Darle sentido a ese conflicto exige jerarquizar, apelar a una escala de valores. La Cámara, entonces, subordina los derechos políticos de Luis Patti a otros principios, que considera superiores.


La circunstancia del caso Patti, reconocen los magistrados, es "singularísima". Imposible dirimirlo aplicando mecánicamente precedentes que no son idénticos ni apegándose de modo rutinario a leyes que no previeron tanta especificidad.
El fallo, pues, repasa el itinerario institucional de Patti, un enfoque novedoso que agrega sustancia a los argumentos de los impugnantes. Asigna gran importancia al desafuero del ex policía, votado por la Cámara de Diputados y convalidado por el Poder Judicial. El desafuero es el necesario paso previo para su encarcelamiento, que aún prosigue. Preso, con procesamiento firme (discurre el tribunal), Patti busca ser reelecto para borrar el desafuero en una patente búsqueda de impunidad, quiere zafar de futuras condenas. Los camaristas resuelven que es justo negarle ese atajo.

Los tribunales son una gran incubadora de situaciones kafkianas. "El proceso" es una creación artística, pero a menudo parece un fresco costumbrista. En esta ocasión, los camaristas se percataron de que es un disparate que un juzgado confirme el procesamiento y la prisión efectiva de un reo, mientras otro tribunal lo faculta a valerse de las urnas para lograr fueros y rehabilitación. El Estado limita sus derechos porque es un peligro para la sociedad y en paralelo lo habilita para hacer campaña desde los teléfonos del penal de Marcos Paz. Parece una locura, porque lo es.
La paradoja les fue señalada a los camaristas por Juana Muniz Barreto y Manuel Gonçalves, hijos de dos víctimas directas del homicida Patti. Los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera los recibieron y escucharon, conducta exótica para la mayoría de los magistrados criollos, ni qué decir entre los que manejan asuntos electorales. El sentido común, un forastero en Tribunales, entró por los oídos de los jueces. Tal vez los orientó para encontrar la solución técnica adecuada. Página/12 reseñó y destacó esa audiencia inusual en su edición del domingo pasado, un momento en que el Poder Judicial salió de su proverbial ensimismamiento.

Por si hiciera falta, la sentencia explica que en nada se afecta la presunción de inocencia de Patti en las causas penales que tiene abiertas. Y agrega un delicado tirón de orejas al Congreso, afirmando que la solución general a estos entuertos debe provenir del Poder Legislativo y no del Judicial, ceñido a resolver caso por caso.
La ley que veda la elegibilidad de represores con procesamiento firme está en un limbo en Diputados. Se demoró su tratamiento por años, se aceleró hace días, se aprobó en general. Pero el tratamiento en particular produjo discrepancias y suspensión de la sesión por falta de quórum. El proyecto debería ser retomado en comisión y volver al recinto, tarea accesible si los diputados trabajan con empeño y esmero. Con el aliciente (y el ejemplo) de la Justicia, la pelota queda del lado de los representantes del pueblo y de las provincias: deben ponerse las pilas para redondear la respuesta democrática a postulaciones afrentosas. El transcurso tiempo hace lo suyo, el creciente descrédito de los genocidas también, pero el rizo debe tener calidad y compromiso institucional.

Los partidarios del fallido candidato de la lista 220 claman que es un proscripto. Durante demasiados días demasiadas radios lo trataron como si fuera Nelson Mandela. Pero es Luis Patti, no más, y bien juzgado está. Sus allegados prometen convocar a un acto de masas y recurrir ante la Justicia. Los plazos no le dan, siquiera, para que se les pudiera abrir el recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Si lo intentaran, el trámite pasaría para después del 28 de junio. El proceso oral y público en su contra llegará pronto, todos estos hechos lo catalizan. La brecha de impunidad se irá cerrando.
Los camaristas fueron zarandeados cuando validaron las candidaturas testimoniales, se los acusó de obrar contra derecho y a favor del kirchnerismo. Su fallo era, empero, razonable dentro de las limitaciones que marcan las leyes y la ladina táctica de los candidatos oficiales cuestionados. La exasperación política contagia a juristas que tienen la camiseta partidaria puesta, el sospechómetro en ristre y la denuncia fácil.
Ahora, se supone que la exclusión del represor podría canalizar sus votos hacia Francisco de Narváez. Sería banal, berreta, rebajar el fallo a una movida antioficialista.
El empresario que ayuda invirtiendo millones se apresuró a deleitarse por un trasvasamiento de votos progenocidas, con entusiasmo digno de causas más elevadas. Su placer delata su ideología y su catadura moral, contradictorias con su discurso de custodio de la República.
También en estos días abundaron tesis conspirativas que atribuían al oficialismo la candidatura de Patti, precisamente porque drenaba votos al Colorado. Lo cierto es que muchos legisladores oficialistas, como Agustín Rossi, Diana Conti y Remo Carlotto se comprometieron en las objeciones a la candidatura. Otros tuvieron remilgos u opusieron escollos. En cualquier caso, es rastrero especular cuál es el rédito electoral de un avance histórico en materia de derechos humanos. Ya que de jerarquizar valores hablamos, hay cuestiones más relevantes que otras: la lucha contra la impunidad de los genocidas está en un nivel muy alto y no puede parangonarse a tácticas menudas en una elección.
Al oficialismo sí le cabe el mérito de haber puesto una bisagra en esa historia y de haber propiciado el clima en que estos temas pudieron rediscutirse, replantearse y dirimirse por vías democráticas, con soluciones edificantes.


El ejemplo y el liderazgo de los organismos de derechos humanos pregnan en la sociedad y en las instituciones. Los que nunca bajaron los brazos ni levantaron la mano para hacer justicia con mano propia abrieron la brecha. Es enorme el contraste de su conducta con la de pretensas elites actuales, patoteras, sectarias y antidemocráticas de pálpito.
Un mínimo comentario personal, a modo de cierre. El cronista pertenece (año más, año menos) a la misma generación de Patti y de sus víctimas fatales directas. Lo conmueve y le trasfunde valor ver tomar la antorcha de los derechos humanos a mujeres y hombres de otra generación como Muniz Barreto o Gonçalves. O como los jóvenes abogados del CELS y de HIJOS, que llevaron adelante estos trámites con destreza técnica condimentada con creatividad, pasión por la justicia y corazón sensible a las causas nobles. Una mezcla de continuidad y renovación, un buen legado de la democracia.

19 de junio de 2009
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por qué apoyo el matrimonio homosexual


La oposición al matrimonio homosexual está construida sobre banalidades infundadas.
[Tom Suozzi] Cuando fui candidato a gobernador en las primarias demócratas contra Eliot Spitzer en 2006, apoyé las uniones civiles de parejas del mismo sexo, pero no respaldé la igualdad matrimonial. Entendía la necesidad de otorgar derechos iguales a homosexuales y lesbianas, pero como católico practicante también pensaba que el estado no debería infringir el derecho de las instituciones religiosas a ver el matrimonio de acuerdo a sus propias tradiciones. Pensaba que las uniones civiles de parejas del mismo sexo solucionarían tanto mis preocupaciones sobre la igualdad como sobre la libertad religiosa.
Estaba equivocado.
He escuchado muchos argumentos bien razonados y bien intencionados tanto a favor como en contra del matrimonio homosexual. Y al hablar con homosexuales y lesbianas y al oír historias de dolor, discriminación y amor, mis perogrulladas sobre las uniones civiles empezaron a sonar huecas. He luchado por encontrar la solución que mejor sirva al bien común.
Ahora apoyo el matrimonio homosexual. Este es un importante tema de debate en la legislatura del estado de Nueva York (aunque ahora los legisladores están algo distraídos), y espero que el matrimonio civil de parejas del mismo sexo sea aprobado este próximo mes.
Según la ley actual del estado de Nueva York las parejas del mismo sexo no tienen acceso al subsidio de desempleo, a seguros de vida y médicos y a las leyes de sucesión a que sí tienen acceso las parejas heterosexuales. Si el estado legaliza las uniones civiles de parejas del mismo sexo, esa discriminación terminaría, pero crearíamos un sistema separado y desigual.
Las uniones civiles tanto de parejas heterosexuales como del mismo sexo deberían ser iguales, pero este compromiso no parece probable en estos momentos. Pocas parejas homosexuales renunciarían a su matrimonio civil actual por una unión civil. Aunque algunos estados reconocerán las uniones civiles de todos, otros no lo harán, provocando problemas legales para las parejas de Nueva York. Los defensores del matrimonio homosexual no parecen aprobar tampoco un compromiso de ese tipo.
De acuerdo al último censo, hay en Nueva York cerca de cincuenta mil familias formadas por parejas del mismo sexo, muchas de las cuales se casaron en otros estados. Esos matrimonios son reconocidos como válidos por los tribunales de Nueva York. Como consecuencia, en Nueva York tenemos matrimonio del mismo sexo para algunos (aunque se haya realizado en otro estado) y ningún matrimonio en absoluto para parejas del mismo sexo.
Cualquier cambio en la ley de Nueva York puede, y debe, equilibrar la igualdad mientras al mismo tiempo se asegura de que las instituciones religiosas conserven su derecho a decidir si aceptan o no el matrimonio de parejas del mismo sexo. Siguiendo el ejemplo de Connecticut y Vermont, que incluyeron garantías para las instituciones religiosas cuando legalizaron hace poco el matrimonio homosexual, podemos garantizar que las iglesias no sean obligadas a consagrar matrimonios que no reconocen. Esto requerirá una cláusula fuerte sobre la libertad de que deben gozar las instituciones religiosas para no reconocer el matrimonio de parejas del mismo sexo, lo que también se aplica a la entrega de servicios y programas en instituciones de filiación religiosa.
Muchos matrimonios civiles no son considerados ‘santos’ por las instituciones religiosas porque no se ajustan a las reglas de la institución religiosa. Esos matrimonios no ponen en peligro la libertad religiosa. Deberíamos procurar que el matrimonio civil, que ha estado siempre separado del matrimonio religioso, siga siendo así.
Lo más importante es que homosexuales y lesbianas han sufrido durante demasiado tiempo la discriminación legal, la marginación social e incluso la violencia. Tienen derecho a un reconocimiento claro de su condición de igualdad como ciudadanos de un país fundado en el principio de que todos somo inherentemente valiosos. Al entregar el claro mensaje de que las parejas del mismo sexo no pueden seguir siendo tratadas como separadas y desiguales en Nueva York, también reduciremos la discriminación en la vida diaria. Si lo logramos, seremos todos mejores.
La igualdad del matrimonio civil debería, y lo será probablemente, aprobada debido a la creciente reluctancia a tolerar la desigualdad. La sociedad también se verá reforzada mientras más personas asumen la responsabilidad de otra en el matrimonio. Ahora yo aliento a otros que se oponen al matrimonio homosexual a reconsiderar las razones de su oposición, y a que consideren la posibilidad de cambiar su modo de ver la vida.

Tom Suozzi es ejecutivo del condado de Nassau.

14 de junio de 2009
12 de junio de 2009
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qué hacer con el sexting


Padres y funcionarios se están preguntando qué hacer con la práctica adolescente de transmitir desnudos de sí mismas a través del celular. Probablemente la mejor respuesta es la educación y padres más atentos, dice editorial de Los Angeles Times.
Hablemos de ‘sexting’. Es la práctica de los adolescentes, normalmente chicas, que envían fotos de sí mismas, desnudas o semidesnudas, a menudo a chicos, usualmente por celular. Y es común: el veinte por ciento de las adolescentes que respondieron una encuesta de la Campaña Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente y No Deseado, enviaron o subieron fotos de sí mismas, desnudas.
Los que no conocen el fenómeno se pueden estar preguntando: ¿Qué pasó con las carreras desnudas [streaking]? ¿O con mostrar el trasero [mooning]? ¿O con bañarse desnudos [skinny-dipping]? Las travesuras y pecadillos de generaciones anteriores eran más inocentes. Ciertamente estaban menos fraguadas de consecuencias serias.
Los niños de hoy están aprendiendo por las malas que la era digital ha creado una audiencia masiva para decisiones mal tomadas a la hora de apretar el botón ‘enviar’. Los chicos acostumbraban a besar a las niñas; si lo contaban, una chica se hacía con una ‘reputación’. Ahora las niñas se muestran y los chicos las muestran y cuentan, y lo que se consigue son humillaciones públicas y cosas peores.
Veamos, por ejemplo, el estremecedor caso de Jessica Logan, una chica de dieciocho, de Ohio, que envió a su novio fotos de sí misma, desnuda. Después de romper, el chico las envió a cientos de otras chicas en la secundaria, y Jessica fue acosada implacablemente. En julio pasado, se colgó en su clóset, dejando el celular cerca de ella, en el suelo.
Enviar a otros fotos de desnudos no es solamente cruel. Puede ser ilegal si las fotografías son de niñas menores de dieciocho años, como se han enterado escuelas y padres del país cuando se han involucrado fiscales. Pero hacer algo sobre el sexting empieza con desacuerdos sobre cómo definirlo. ¿Es pornografía infantil? ¿Tiene que ver con la libertad de expresión? ¿Es un asunto que se debe resolver con disciplina en las escuelas? ¿Es responsabilidad de los padres? La madre de Logan está luchando por una ley nacional para educar a chicos y familias sobre la red, que proporcionaría fondos para los programas existentes, y nuevos, para que niños, padres y educadores puedan navegar en la red sin correr riesgos. Esa es una manera de hacerlo. Otra, que está siendo discutida en Ohio, es reducir las penas para adolescentes que practiquen el sexting a delitos de primer grado, distinguiendo claramente los actos de irresponsabilidad juvenil de la distribución depravada de pornografía infantil.
Al practicar el sexting, dijo un experto, las adolescentes se están procurando ‘tatuajes virtuales’ de por vida. Así que aunque pueda ser necesario introducir cambios en los casos más atroces, esa no debería ser la norma. Más que nuevas leyes y procesos severos, lo que se necesita para corregir esta preocupante tendencia es más educación y más preocupación de parte de los padres.

5 de junio de 2009
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el problema de los asentamientos


Las comunidades en Cisjordania son un obstáculo para la paz. Estados Unidos debe exigir una moratoria de las construcciones.
En el segundo semestre de 1967, mientras los partidarios de Israel en el mundo todavía celebraban su asombrosa victoria en seis días sobre tres ejércitos árabes, los líderes políticos en Tel Aviv y Jerusalén ya estaban planeando la colonización judía de los recién conquistados territorios palestinos.
Algunos creían que la presencia de civiles israelíes en las zonas ocupadas fortalecería la seguridad de Israel. Otros eran impulsados por el fanatismo religioso. Algunos sentían la atracción de la patria histórica, el ‘gran’ Israel con que habían soñado tantos judíos durante tanto tiempo. "Han dividido mi patria", bramaba el rabí Tzvi Yehuda Kook en un sermón unas semanas antes de la guerra. "Sí, ¿dónde está nuestro Hebrón? ¿Lo hemos olvidado? ¿Y dónde está nuestro Shekhem? ¿Y nuestro Jericó -los hemos olvidado?... Son nuestros, cada terrón del suelo, todas las regiones y toda la tierra que pertenece a la tierra del Señor".
En las siguientes cuatro décadas, el número de colonos israelíes aumentó constantemente. En la época de la guerra de 1967, en Cisjordania no había ninguno; diez años después, cuando Menachem Begin fue elegido primer ministro, había más de cuatro mil. En 1993, cuando empezó el proceso de paz de Oslo, esa cifra había crecido a 116 mil.
En esos momentos, uno podría haber esperado que el movimiento colonizador se derrumbara. Después de todo, en los meses y años después de que el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, y el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, se dieran la mano en el jardín de la Casa Blanca, la mayoría de los dirigentes políticos israelíes -no solamente de la izquierda; también de la derecha- apoyaron el concepto de la solución de los dos estados, que según se entiende generalmente implicaba renunciar a los territorios ocupados.
Sin embargo, la construcción de asentamientos no se ha detenido. En lugar de eso, el número de colonos en Cisjordania nuevamente se ha más que duplicado; hoy viven allá casi trescientos mil israelíes en 120 asentamientos (sin incluir Jerusalén). Movidos por la política interna y la necesidad de mantener contentos a los pequeños partidos, los gobiernos israelíes, tanto de derechas como de izquierdas, han permitido que continuaran creciendo; aunque se han dejado de iniciar nuevos asentamientos o "avanzadas" ilegales, los que ya existen crecen, a medida que se agregan nuevas casas y ampliaciones que Israel insiste que son "crecimiento natural".
Estados Unidos se ha opuesto durante largo tiempo a la construcción de asentamientos, pero sus críticas han sido demasiado apagadas. Ahora es posible que eso cambie. La semana pasada, el presidente Obama dijo inequívocamente, después de reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, que "los asentamientos deben terminar". La secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton fue incluso más específica cuando agregó, el miércoles, que el gobierno quiere "parar con los asentamientos, sin excepciones: ningún asentamiento más, nada de avanzadas, nada de ‘crecimientos naturales’".
Nos alivió oír eso. Los asentamientos no son solamente "perjudiciales", como los han llamado funcionarios estadounidenses alguna vez. Son importantes obstáculos para la paz. Al recomponer el mapa demográfico, crean "hechos en el terreno" que contribuyen a definir la situación final de los territorios. Fundar comunidades judías en el medio de zonas árabes hace de la idea de un territorio palestino contiguo cada vez menos probable -pero desmantelarlas, si llegara a ocurrir, sería tremendamente polémico, políticamente difícil y potencialmente violento. Pues mientras sigan allí, los asentamientos requerirán la presencia de tropas israelíes armadas en el corazón del territorio palestino para defender la vida y propiedades de los colonos. Para no decir nada de los controles de carretera, puestos de control y desvíos que restringen la circulación de los palestinos en nombre de la protección de los colonos.
Con los años, el crecimiento de los asentamientos ha socavado la creencia en la solución de los dos estados entre los palestinos moderados, porque representan a un Israel que quiere crecer más allá de sus fronteras. Y la continuada expansión ha incrementado la hostilidad hacia Israel en el extranjero, porque una gran parte del planeta ha concluido que los asentamientos violan el derecho internacional.
Es hora de que se congele completamente la construcción de asentamientos y que Estados Unidos utilice su considerable influencia para lograrlo. Al final, cuando y si los palestinos e israelíes avanzan en su ruta hacia la paz, detenida durante largo tiempo, podrían alcanzar un acuerdo en el que algunos de los asentamientos puedan quedarse. Es posible llegar a un intercambio de territorios de modo que algunos de los asentamientos suburbanos más grandes cercanos a la frontera israelí puedan ser anexados, mientras los palestinos reciben otros territorios a cambio. Eso podría ser un buen acuerdo para los dos lados, pero debería ser realizado por las dos partes, no decidida por decreto antes incluso de que empiecen las negociaciones.
Para ser claros: No creemos que los asentamientos israelíes sean el único problema ni que sean el peor de los obstáculos para una paz valedera. Y los palestinos, ciertamente, tienen un buen montón de problemas propios que deberán solucionar. El dividido liderato palestino debe unir fuerzas y hablar con una sola voz -y esa voz debe adoptar la solución de los dos estados y poner fin a la violencia. Sin eso, es difícil imaginar cómo podría avanzar el proceso de paz.
Un acuerdo de paz negociado requiere sacrificios y compromisos de los dos lados. Para Israel, el congelamiento de los asentamientos sería una buena manera de empezar.

5 de junio de 2009
30 de mayo de 2009
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cuba y la oea


Hace mucho que Cuba debió volver a la Organización de Estados Americanos. Pero Estados Unidos, y, sorprendentemente, Cuba misma, siguen oponiéndose.
Cuba fue suspendida de la Organización de Estados Americanos en 1962, cuando Fidel Castro adoptó el marxismo-leninismo y se alineó con la Unión Soviética. Hoy, mientras los ministros de relaciones exteriores de la OEA se reúnen en Honduras en su asamblea anual, dos países se oponen al retorno de la isla a la organización regional: Estados Unidos y, aparentemente, Cuba misma.
Estados Unidos es el único país del Hemisferio Occidental que no ha restablecido relaciones diplomáticas con Cuba, y el gobierno de Obama argumenta que Cuba no debería ser readmitida en la organización -de 34 miembros- sino no inicia antes reformas democráticas. Admitirla sin esos pasos previos, dice el gobierno, violaría la carta magna de la propia organización, la que la obliga a promover y defender la democracia. Cuba dice que no quiere volver, inclusive si fuera permitida, porque la OEA, con sede en Washington, sirve los intereses de Estados Unidos.
Pero el resto de América Latina dice que es hora de poner fin al aislamiento de Cuba y reconstruir la unidad en el hemisferio. Los gobiernos predominantemente de izquierda que gobiernan la región también consideran su retorno como una oportunidad para demostrar su independencia de Estados Unidos y para cobrarle la palabra al presidente Obama, que dijo que actuaría en consonancia con sus aliados.
La readmisión de Cuba en la OEA debió ocurrir hace mucho. Su ausencia es más una reliquia de la Guerra Fría que una instancia de diplomacia moderna. Pero un breve retraso podría ser útil si eso significara más tiempo para que el gobierno de Obama y el del presidente de Cuba, Raúl Castro, repararan primero su relación bilateral. En los cinco meses que han pasado desde que Obama asumiera la presidencia, el gobierno ha levantado las restricciones de viaje impuestas a los cubano-americanos y los límites a las remesas hacia Cuba. Los dos gobiernos han acordado reanudar negociaciones sobre el servicio de correos y las normas de migración que se rompieron en 2003. Cuba misma dijo que consideraría colaborar con Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, y en situaciones de emergencia, como en caso de huracanes. Estos alentadores desarrollos podrían augurar otros progresos.
Eso es esencial porque Cuba sigue siendo un país atípico. Es el único país del hemisferio cuyos líderes no son elegidos. Ha reprimido la libertad de expresión y la disidencia política, y ha encarcelado a sus opositores -las violaciones a los derechos humanos no pueden ser ignoradas cuando se quiere restablecer relaciones diplomáticas normales. Pero la exclusión de la OEA no ha contribuido a aliviar esas situaciones. La relación, no el aislamiento, llevará cambios a Cuba. Queremos que Estados Unidos ponga fin al embargo comercial, de modo que más negocios y productos estadounidenses lleguen a Cuba. Los estadounidenses, sin distinción alguna, deberían poder viajar a la isla, relacionarse con cubanos e intercambiar ideas. Y la multilateral OEA, con Cuba como miembro, puede servir como instrumento para poner al país en ruta hacia la democracia.

3 de junio de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
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