opinión

el presidente que hablaba con dios

mqh - 01 de junio de 2009 - 01:14 - opinión

El presidente W. Bush interpretaba la historia desde un punto de vista bíblico. Afirmaba que Dios hablaba con él, dándole instrucciones precisas. Columna de Juan Gelman en Página 12.

[Juan Gelman] Es notorio: cuando presidente de EE.UU., W. Bush hablaba con Dios o, mejor dicho, Dios hablaba con él. "Me conduce una misión de Dios. Dios me dice ‘George, ve y lucha contra esos terroristas en Afganistán’. Y lo hice. Y luego Dios me dice ‘George, ve y termina con la tiranía en Irak’. Y lo hice" (The Guardian, 7-10-5). Son afirmaciones ciertas para algunos, blasfemas para otros. En su rancho de Crawford, Texas, W. mantuvo en el 2002 la reunión con el premier británico Tony Blair en la que se decidió invadir a Irak y trascendió que ambos rezaron juntos por el éxito de la empresa. El autor cristiano Stephen Mansfield relata en su libro ‘The Faith of George W. Bush’ (Strang Communications & Penguin Group, USA Inc., 2003) numerosos hechos y dichos de la misma índole.
Menos conocido –más bien poco conocido– es el razonamiento que el ex mandatario norteamericano manejó para convencer a sus aliados de que brindaran apoyo militar a las dos aventuras. Jean-Claude Maurice lo revela en su libro ‘Si vous le répétez, je démentirai’ (Si usted lo repite, yo desmentiré, Plon, París, 2009). El periodista francés tuvo encuentros frecuentes con Jacques Chirac, entonces presidente de Francia, que le relató que poco antes de la invasión a Irak de marzo del 2003 recibió un llamado telefónico de Bush instándolo a participar en la guerra. "Bush Jr. utilizó un argumento singular, afirmando que ‘Gog y Magog están actuando en Medio Oriente’ y que ‘las profecías de la Biblia están a punto de cumplirse’. En ese momento Chirac quedó estupefacto y no reaccionó" –documenta Maurice–, pero pidió asesoramiento al especialista suizo Thomas Römer, profesor de teología de la Universidad de Lausana. Cuando supo, Chirac no se rió: pasó del pasmo al miedo.
Se trataba de lo que podría llamarse el Código Ezequiel. Gog y Magog aparecen en el Génesis y sobre todo en dos de los capítulos más sombríos del ‘Libro de Ezequiel’ (38 y 39) del Antiguo Testamento, en los que Jehová pronuncia la profecía apocalíptica de un ejército mundial que libra en Israel la última batalla y barre a los enemigos de su pueblo para que comience una nueva era: tal es la voluntad de Dios. Este oráculo se repite en el Apocalipsis o ‘El libro de la Revelación del Nuevo Testamento’, en el que San Juan prenuncia la derrota de la Bestia por los ejércitos del Cielo, su captura y encierro de mil años en los que quienes no adoraron al Diablo revivirán y reinarán con Cristo (Apocalipsis, 20). Chirac entiende –subraya Maurice– que las palabras de W. Bush debían interpretarse así: "Un ejército mundial islamita fundamentalista amenaza al mundo occidental que apoya a Israel. La prueba son los atentados del 11/9 contra las Torres de Manhattan". Y fue la invasión y fueron muertos miles y miles de civiles iraquíes y soldados estadounidenses que seguramente ni idea tenían de Gog y Magog.
Thomas Römer, el especialista consultado por el Elíseo, escribió sobre el tema dos años antes que Maurice, pero su artículo, publicado en el número de septiembre de 2007 de la revista ‘Allez savoir’, de la Universidad de Lausana, pasó inadvertido. En ese texto, Römer señala los enigmas de ‘El Libro de Ezequiel’ que han originado diferentes explicaciones y especulaciones a lo largo de veinte siglos. En las distintas traducciones de la Biblia –indica– puede leerse "Gog y Magog" o "Gog de Magog" o "Gog del país de Magog", es decir, "Gog, príncipe de Magog". W. Bush lo buscó en Irak y Afganistán y en esto no fue el primero.
"Ronald Reagan conocía bien la Biblia –apunta Römer– y estimó que la Guerra Fría y la existencia de la bomba atómica tornaban realizable la profecía apocalíptica de Ezequiel." Gog fue entonces la URSS del socialismo real, pero la caída del Muro de Berlín le evitó el apocalisis. Muchos historiadores y teólogos buscan hoy en el pasado, no en el futuro, la explicación de la batalla contra la coalición de ejércitos encabezada por Satán. "Algunos identifican a Gog con un cierto Gygnos, rey de Anatolia en el siglo VII antes de Cristo, quien podría haber sido el origen del texto apocalíptico –indica Römer. Otros piensan que Nerón es el famoso 666 evocado en el Apocalipsis de San Juan, que la Gran Prostituta es Roma y que la caída anunciada es la del imperio romano." Según este especialista, un análisis histórico permitiría aclarar las profecías bíblicas apocalípticas mirando atrás.
Se explica que el poderoso lobby proisraelí de EE.UU. presione a la Casa Blanca y al Congreso en favor de políticas favorables a Tel Aviv, incluida la ocupación de territorios palestinos que dura ya 42 años. Paradójica es la concepción de los evangelistas fundamentalistas, que votaron a Bush masivamente: piensan que el Apocalipsis o Armagedón caerá sobre Israel y lo apoyan para que éste se destruya y vuelva el reino de Cristo.

31 de mayo de 2009
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gracias, don carlos

mqh - 31 de mayo de 2009 - 18:36 - opinión

O gracias Charlie. Cartas y declaraciones del presidente del partido conservador Renovación Nacional muestra verdadera cara de la derecha chilena.

Lo tratamos con el respeto que gusta recibir un dueño de fundo. Nos referimos a don Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional, la organización política del candidato presidencial Sebastián Piñera.
En la semana que termina, don Carlos nos ha permitido ver cuáles son los verdaderos problemas políticos que tiene el país.
Sus declaraciones minimizando las violaciones de los derechos humanos sufridos por la Presidenta Michelle Bachelet y que afectaron en diversa medida a todos los chilenos dan cuenta del verdadero rostro de la derecha política chilena; aquella que cada vez que puede dice que "no fue para tanto" y que ha estado muy lejos de asumir su responsabilidad en las atrocidades cometidas durante la dictadura, de la que muchos de ellos fueron funcionarios.
Es la misma derecha que se ha resistido a dar pasos tan importantes como aprobar el tratado que crea el Tribunal Penal Internacional (TPI) y que se ha opuesto de manera sistemática a modificar el poco democrático sistema binominal.
Es lamentable, pero las afirmaciones del presidente de RN nos demuestran que no hemos conseguido un consenso nacional de condena a las violaciones de derechos humanos.
Pese a los informes de la Comisión Verdad y Reconciliación, la mesa de diálogo y la Comisión contra la Tortura, un representante de la Alianza como Larraín nunca ha efectuado un reconocimiento de la responsabilidad política que tuvieron en esos hechos.
Si Piñera llegare a ganar los comicios es altamente probable que el presidente de su partido ocupe algún alto cargo de gobierno. ¿Sería presentable para Chile tener un gobierno con funcionarios que nieguen o aminoren la condena a la tortura?
El verdadero problema de Chile es que un importante sector del país aún adhiere a pautas valóricas heredadas de un régimen político que ha sido reiteradamente repudiado por la comunidad internacional.
Tan evidente es esta afirmación, que finalmente las palabras que se atribuyeron a la Presidenta Bachelet, quien habría efectuado un paralelo entre su paso por un centro de torturas como Villa Grimaldi y el calvario sufrido por la menor judía Ana Frank en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, no las pronunció ella, sino funcionarios holandeses que la acompañaron a ese lugar.
Nos parece lamentable en este contexto que buena parte de las energías de los candidatos presidenciales que provienen de la Concertación y se han escindido de ella estén hoy concentrando la mayor parte de sus planteamientos políticos en el aspirante de la coalición de gobierno.
No resulta serio que los esfuerzos de quienes aseguran tener un afán democratizador estén dedicados a obtener dividendos a costa de criticar a Eduardo Frei Ruiz-Tagle y eludan pronunciamientos sobre las actitudes de Piñera y su entorno.
Por el contrario, es imprescindible fortalecer aquellas tendencias a la convergencia de las fuerzas democráticas que permitan efectuar cambios de fondo a nuestro sistema político.
Los llamados a una Asamblea Constituyente y a una nueva Constitución pueden quedar una vez más en la retórica si no se concreta un esfuerzo para tener una mayoría sólida en el Congreso.
Un pacto amplio por la democratización del país, a través de una nueva Constitución para el bicentenario, sería una respuesta contundente a expresiones como las de Carlos Larraín, que nos recuerdan que la derecha chilena sigue siendo la heredera sin vergüenza de la dictadura militar.
Es triste decirlo a casi 20 años de haber comenzado la transición a la democracia, pero más grave sería que guardáramos silencio ante palabras que son evidencia de los riesgos que el país enfrenta si efectúa una errada opción en las urnas.

31 de mayo de 2009
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habla la derecha

mqh - 31 de mayo de 2009 - 18:08 - opinión

La columna de Carlos Peña, en El Mercurio, es un profundo y preciso análisis del modo de pensar del dirigente conservador de Renovación Nacional, uno de los partidos de la extrema derecha chilena.

Alguien atribuyó a Bachelet haber hecho una analogía entre su propia situación y la de Ana Frank.
Eso bastó.
Carlos Larraín escribió entonces una carta. Enumeró las diferencias entre una y otra situación y se quejó, al final, que la analogía era una burda maniobra de propaganda.
Si se tratara de una carta de un lector común y corriente, el asunto sería inofensivo. Pero ocurre que quien la firma es un importante dirigente político, uno de quienes flanquean a Piñera en sus aspiraciones presidenciales, el presidente de Renovación Nacional. Y eso justifica de sobra que se la analice y se la discuta.
Desde luego, la carta parece desconocer en qué consiste exactamente una analogía.
Cuando se argumenta por analogía (como en el caso que erizó a Larraín) se equiparan realidades que no son iguales en todos sus aspectos, pero que coinciden en alguna característica relevante (que es la que importa para la argumentación). Es obvio que Ana Frank no es Bachelet en un sinnúmero de aspectos.
Pero en algo coinciden: ambas fueron víctimas de abusos en razón de su identidad (étnica en un caso, política en el otro). Y ambas son sólo una de las miles de víctimas que, en diversos grados, padecieron lo mismo.
Y esa equivalencia es la que justifica la analogía: bajo ese respecto -el abuso de que fueron víctimas por parte de quienes monopolizaban la fuerza-, ambas situaciones merecen la misma evaluación moral y quienes la ejecutaron, la misma condena.
Por supuesto no es eso lo que piensa Carlos Larraín y tampoco es eso lo que, en el fondo de su corazón, piensa la derecha.
El dirigente de Renovación Nacional afirma que los casos son incomparables porque mientras Ana era una niña a la que se persiguió por ser judía, Bachelet era "mayor de edad y ya manifestaba opiniones políticas". Es difícil entender por qué esa sería una diferencia relevante desde el punto de vista del abuso que vivieron la una y la otra. ¿Acaso no es igualmente reprochable perseguir a alguien por su origen que hacerlo por las ideas que defiende?, ¿no es igualmente repugnante infringir los derechos básicos de una niña que los de una mujer adulta?, ¿no es quizás igual maltratar a una por lo que es y a otra por lo que cree?

Por supuesto que es igual.
Salvo, claro, que usted piense que mientras Ana no tuvo culpa en lo que le ocurrió, Bachelet (y los miles que padecieron lo que ella) sí.
Y eso es -me temo- lo que, al final del día, piensan amplios sectores de la derecha en Chile.
La derecha cree -aunque no se atreva a confesarlo con la claridad con que lo hace Carlos Larraín- que en las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura nadie sería totalmente culpable, por la sencilla razón de que nadie, tampoco, sería totalmente inocente. A fin de cuentas -parece pensar la derecha- las víctimas no lo son tanto: se trataría de personas que, en alguna medida, y a diferencia de Ana Frank, se hicieron merecedoras de lo que les ocurrió.
Esa íntima convicción es la que explicaría -después de la carta de Carlos Larraín se entiende- la renuencia de la derecha a condenar de manera tajante las violaciones cometidas en dictadura y la facilidad con que se deja dominar por quienes fueron sus altos funcionarios. Después de todo -piensa la derecha-, en un mundo en el que las víctimas no son inocentes, los victimarios tampoco son culpables.
Se trata de un curioso ejercicio de teología política: como todos estamos sucios del pecado original, nadie puede acusar a nadie.
Es también increíble que Larraín incluya dentro de la categoría de las "vicisitudes personales" el que alguien haya sido víctima de abusos. Decir eso no muestra falta de sensibilidad, sino algo peor: una grave confusión intelectual entre la esfera pública y la privada. ¿Habrá que enseñar ahora que los atropellos por razones políticas son cuestiones privadas regidas por el pudor y no en cambio asuntos relativos a la vida cívica? ¿Que las violaciones a los derechos humanos son una mera vicisitud de las víctimas y no un problema que debe interesar a todos?
No hay que quejarse entonces por el hecho de que un dirigente critique a la Presidenta o escriba cartas al diario. De eso se trata la política democrática. Lo que merece escándalo es lo que la derecha piensa de los derechos humanos y que Carlos Larraín, con involuntaria sinceridad, puso de manifiesto en esa carta.

31 de mayo de 2009
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liberalismo de ópera bufa

mqh - 29 de mayo de 2009 - 17:07 - opinión

Un editorial de La Nación. Lo que inquieta de las afirmaciones de Larraín. Su análisis encarna la mirada de la derecha "profunda" respecto de la dignidad de la persona humana y explica la deuda que este sector mantiene con la sociedad chilena.

El presidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, ha desoído el consejo de todos los analistas de opinión pública -incluyendo los que orbitan a su partido-, que recomiendan a la dirigencia aliancista no atacar a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, cuyo nivel de adhesión ciudadana supera el 60%, un índice que ya constituye un hito histórico. Más aun en tiempos turbulentos e impredecibles como los actuales.
Luego de que la Mandataria, al visitar el museo de Ana Frank en Amsterdam (Holanda), recordara su propio paso por Villa Grimaldi durante la dictadura de Pinochet -una referencia en todo caso menor en el marco de su visita-, el timonel de RN reaccionó en Santiago de modo airado e incomprensible, tanto a través de sendas cartas a El Mercurio como en entrevistas radiales.
A Larraín le ha parecido equívoco que la Jefa de Estado haya mencionado su experiencia personal en una actividad de Estado, supuestamente de manera comparativa con la niña judío-holandesa, y la acusa de haber optado libremente por vivir su exilio en la comunista República Democrática Alemana (RDA). Asimismo, en una reducción excesiva de la historia europea del siglo XX, Larraín ha postulado que el nazismo y el comunismo "son hijos de la misma perra", sugiriendo también la conspirativa tesis de que tras el comentario de Bachelet habría una acción sicológica de una suerte de omnímodo aparato de propaganda del gobierno.
El conjunto de afirmaciones del presidente de RN conforma, sin duda, un exceso interpretativo y anula cualquier posibilidad de seguir considerando a Renovación Nacional una colectividad de derecha liberal. La preocupación en la Alianza por el efecto contraproducente en la campaña de las palabras de Larraín explica el apuro de Sebastián Piñera y su entorno por distanciarse de ellas, apelando a dos ideas: que todas las violaciones de los derechos humanos son inaceptables y que es necesario respetar la experiencia privada -e intransferible- de la Presidenta. La escasa funcionalidad de la actuación de Larraín a la estrategia de su presidenciable -manifestada también en otros episodios- podría volver a plantear su permanencia a la cabeza de RN, habida cuenta de su débil sintonía con Piñera.
No obstante, más allá de una fricción en la cúpula, lo inquietante de la intervención de Larraín es lo que representa, es decir, su posición pública entendida como expresión de la visión no sólo política, sino cultural o ideológica, que tiene el conservadurismo chileno en materia de derechos humanos y, por extensión, de la democracia. Desde este punto de vista -y las secciones de cartas de los diarios suelen ser un buen termómetro de tal conducta-, en su relativización de tales garantías, Larraín no es una voz aislada, sino "orgánica" al bloque social que conduce la Alianza. Su análisis encarna la mirada de la derecha "profunda" respecto de la dignidad de la persona humana y explica la deuda que este sector mantiene aún con la sociedad chilena y con la historia.

29 de mayo de 2009
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el activismo judicial español

mqh - 27 de mayo de 2009 - 16:32 - opinión

Realmente, algunos escritores poseen una lamentable elección de palabras y traen a cuento la Inquisición para hablar de una justa que está más cerca del Padre Bartolomé de las Casas que de cualquier otra cosa. No hay nada que se parezca al activismo judicial español.

[David Bosco] Desde fines de los años noventa, los jueces españoles han iniciado acusaciones criminales sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en más de una docena de países, incluyendo Argentina, Chile y Ruanda. El elegante superjuez Baltasar Garzón ha estado en primera plana en todo el mundo investigando muchos de estos casos, siendo el más famoso la acusación contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 y la disputa multi-jurisdiccional de meses que le siguió y que terminó finalmente con el regreso de Pinochet a Chile, bajo investigación de las autoridades nacionales.
Hace poco, los jueces españoles se han fijado metas más grandes: Estados Unidos, China e Israel. En enero, un juez inició una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel. Luego otro juez trató de interrogar a altos funcionarios chinos sobre la represión en el Tibet. Y el mes pasado Garzón mismo anunció una investigación de las políticas de detención en Bahía Guantánamo, concentrándose en si los abogados y asesores del gobierno de Bush crearon un marco legal para torturar.
La reacción fue rápida. El presentador de televisión Bill O’Reilly amenazó con iniciar un boicot de productos españoles y el ex embajador ante Naciones Unidas, John Bolton, denunció la "inminente inquisición española" y acusó a los españoles de tratar de "intimidar a funcionarios estadounidenses".
Múltiples factores han convertido a España en la meca de los que buscan reparar injusticias internacionales. El país posee un sistema jurídico que otorga a los jueces poderes de investigación y también un estatuto de "jurisdicción universal" que permite que los tribunales españoles vean casos sobre crímenes graves cometidos en el extranjero. Tiene un tribunal -la Audiencia Nacional- que se dedica a investigar casos sensibles, sin el peso de las causas nacionales. La ley española también permite que ciudadanos y organizaciones de derechos presenten demandas penales inclusive cuando no son afectadas directamente, en lo que se llama una acción pública. Combinad estas herramientas con personalidades implacables como Garzón -un juez que ha incursionado en política y posee un fino olfato para las relaciones públicas- y tendréis la receta para crear un poder judicial aguerrido.
Algunos observadores se han preguntado si acaso algo más profundo está ocurriendo en la psique nacional española. ¿Está el país procesando el trauma de la dictadura del general Francisco Franco de 1939 a 1975, tratando de corregir los males del mundo?
Algunos chilenos y argentinos han detectado un tufillo a neocolonialismo en este intento de ajustar cuentas con los pecados pasados de América Latina. ¿Está España tratando de fundar un imperio judicial para remplazar el territorial? "Queremos ser policías universales", se quejaba hace poco en una entrevista el ex presidente José María Aznar en el diario española La Razón.
El aventurerismo judicial español se ha convertido en una fuente de irritación para los diplomáticos y políticos del país, que deben convencer a poderosos aliados y socios comerciales que sus colegas en los tribunales no quieren ofender a nadie. Funcionarios israelíes han acusado a los jueces españoles de tener motivos políticos, mientras que los chinos exigieron "medidas inmediatas y efectivas" para poner fin a la investigación.
La semana pasada, el parlamento español aprobó abrumadoramente una ley que exigirá que los jueces sólo acepten casos que tengan algún vínculo demostrable con España. Si se implementa, España seguirá el ejemplo de Bélgica, que redujo en 2003 el alcance de su ley de jurisdicción universal después de que un juez belga iniciara una investigación del general estadounidense Tommy Franks por el uso de bombas de racimo en Iraq. Estados Unidos amenazó con retirar la sede de la OTAN de Bruselas, obligando a los belgas a cambiar la ley.
Para las organizaciones de derechos humanos, los límites propuestos al sistema español serían un retroceso. Activistas como Reed Brody, de Human Rights Watch, consideran la jurisdicción universal un arma valiosa para juzgar a transgresores de otro modo difíciles de tocar. Aunque no se logró juzgar a Pinochet en España, Brody argumenta que empujó al propio poder judicial chileno y alentó al país a hacer cuentas con su pasado.
Además, al perseguir a funcionarios de países poderosos, los jueces españoles están reparando una deficiencia del naciente sistema de justicia penal internacional que viene adquiriendo forma desde la desintegración de Yugoslavia en los años noventa. Cortes y tribunales internacionales iniciados para tratar crímenes contra la humanidad se han concentrado en estados débiles, como Bosnia, Camboya y Ruanda. Se supone que estos países no están en estado de aplicar justicia en sus propios países. La Corte Penal Internacional, inaugurada en 2002, ha investigado a personas en Uganda, Congo y Sudán, pero de momento no ha investigado, ni mucho menos acusado, a nadie de países occidentales.
Esta aparente doble moral ha provocado resentimiento entre líderes africanos, muchos de los cuales defendieron al presidente sudanés Omar al-Bashir cuando la CPI lo acusó en marzo de crímenes contra la humanidad. "Este tribunal sólo juzga a africanos", se quejó el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade.
Con sus investigaciones, los jueces españoles han insistido en que nadie, ni los funcionarios de democracias liberales como Estados Unidos e Israel y de países poderosos como China, gozará de inmunidad frente a tribunales. España puede acorralar a sus jueces errantes, pero la pregunta de si la justicia internacional debe aplicarse también a los más poderosos llegó para quedarse.

El autor es abogado y profesor asistente en la Facultad de Servicio Internacional de la American University. Está escribiendo una historia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

27 de mayo de 2009
24 de mayo de 2009
©washington post
cc traducción mQh

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no se admiten criminales

mqh - 26 de mayo de 2009 - 21:59 - opinión

¿Puede un criminal juzgado por crímenes de lesa humanidad postularse candidato a elecciones? La ley dice que no.

[Mario Wainfeld] Argentina. El principio general es la elegibilidad de todos los ciudadanos, supeditada a un puñado de requisitos sencillos de verificar. Lo estipula la Constitución y lo corroboran las leyes electorales.
Pero hay excepciones, taxativas. Una de ellas excluye a los autores de crímenes de lesa humanidad. Está establecida en tratados internacionales aprobados por el Congreso, que valen como parte de la Carta Magna. Para que alguien sea culpable de un delito debe mediar sentencia firme en su contra, hasta entonces lo tutela la presunción de inocencia, garantía básica del sistema penal.
Hasta ahí, todo sería simple de resolver. Pero, en la cruel y cambiante realidad argentina, hay otros factores que complejizan una decisión como la que tomó ayer Manuel Blanco, juez federal con competencia electoral. Ocurre que durante décadas existió un contexto de impunidad que impidió que se investigara y se juzgara a los sospechosos de crímenes. Se cimentó en normas inicuas: la ley de facto de autoamnistía de la dictadura, las leyes de Punto final y de Obediencia debida, los indultos. En años recientes, todos esos escollos fueron removidos y declarados nulos, fulminados por inconstitucionales, por los tres poderes del Estado. Suena paradójico, es la cruda realidad: el Estado confesó su conducta inicua, contraria a la ley.
El punto, entonces, es resolver si, en causas reiniciadas y muy avanzadas, corresponde repensar los criterios generales. Si la Justicia puede vedar ser candidato a un reo con procesamiento firme, que no tiene condena porque el Estado actuó como encubridor, merced a leyes aberrantes y nulas. ¿Puede, en tamaña situación, razonarse como si se viviera en una comunidad regida por leyes razonables desde hace largo tiempo, sin ninguna distinción? La respuesta será siempre ardua, en un país que salteó la legalidad demasiado tiempo. Más aún, que transitó en zigzag entre momentos encomiables de la lucha por los derechos humanos y renuncios feroces.
Blanco debía optar entre dos opciones imperfectas. Se inclinó por la peor a los ojos de este cronista, de los más acreditados organismos de derechos humanos y (seguramente) de muchos argentinos, incluyendo a los lectores asiduos de este diario. Su elección es especialmente cuestionable por la endeblez de sus fundamentos y por omitir expedirse sobre reclamos valederos de los impugnantes. El juez denegó (sin siquiera aludirlo en la decisión) el ofrecimiento de prueba de los denunciantes. Hizo caso omiso del pedido de una audiencia pública en la que se divulgaran las nutridas pruebas acusatorias contra Patti. Contradictoriamente, la sentencia expresa que: "mientras mejor informado se halle el ciudadano respecto de las calidades de los candidatos que se le ofrecen, más libre será su elección y mejor será su juicio sobre la idoneidad de los mismos; y en ello, sin dudas, habrá de estar el mérito de presentaciones como las que aquí se evalúan". Ese discurrir tendría asidero si los tribunales se consagraran a dar visibilidad a las pruebas contra Patti, en vez de empecinarse en escamotearlas. Durante demasiados años se ocultó la verdad, poner fin a la oscuridad es un deber impostergable, aun si se preservaran los derechos del ilustre preso que mora en Marcos Paz.
Las normas internacionales vigentes les exigen a los estamentos gubernamentales "esfuerzos" para limitar el acceso de criminales a los cargos públicos. Nada menos esforzado que privar de una audiencia pública a los impugnantes, sin el menor fundamento.

Diputados con pocas pilas: La diputación de Patti recorrió un periplo también espasmódico. Años ha, la Justicia electoral se negó a analizar impugnaciones articuladas por organismos de DD.HH., por entender que su cometido era la exclusiva corroboración de requisitos formales. En 2005, en una sesión histórica, una amplia y transversal mayoría de la Cámara de Diputados lo consideró indigno de ocupar una banca, para la que había sido electo. El eléctrico candidato acudió a los Tribunales, llegando hasta la Corte Suprema, que le dio la razón en una sentencia deplorable. El Tribunal no produjo fundamento alguno, se limitó a calcar sus considerandos de otro expediente, referido a Antonio Domingo Bussi. Las circunstancias no eran idénticas, la sentencia con carbónico fue una lamentable denegación de justicia. Un tema institucional de magnitud imponía un abordaje profundo de la Corte, que subestimó su densidad. Blanco cita asiduamente ese precedente infausto.
De cualquier modo, al decretar (valga la expresión) que el Parlamento no es competente para impugnar a un presunto terrorista de Estado, dejó claro que la Justicia electoral debe analizar a fondo esa circunstancia.
Desde entonces, varios diputados promovieron proyectos de ley reglamentando limitaciones a la eligibilidad de represores conspicuos, aunque sin condena firme. Pero los más tenaces sostenedores de estas normas no tuvieron el acompañamiento necesario de sus pares. Hasta la semana pasada los proyectos no contaban con aprobación en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Durante la sesión en la que asumió Jorge Rivas, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), una de las más comprometidas con esa bandera, mocionó y consiguió un tratamiento sobre tablas. Sin despacho de comisión se trabajó con quórum estricto, sostenido por varios bloques progresistas, más de cien diputados del oficialismo, una veintena de la UCR y la Coalición Cívica, ninguno del PRO ni del peronismo disidente. La norma se aprobó en general pero se empantanó en la discusión en particular, cuando faltaba votar pocos artículos.
El proyecto sancionaba a los represores con procesamiento firme y también a funcionarios de la dictadura, hasta con rango de director. Un diputado rionegrino, Hugo Prieto (radical, aliado del oficialismo por integrar la Concertación Plural), planteó que la limitación a funcionarios del ejecutivo debía hacerse extensivo a los del Poder Judicial durante la dictadura. Allí brotaron discrepancias, pensándose en connotados dirigentes políticos y magistrados que quedarían concernidos en la ampliación. La sesión cayó por falta de quórum.
El trámite parlamentario venidero se bifurca en dos posibilidades: reanudar el debate en el recinto o reenviar los artículos sin aprobación a la Comisión para una discusión más serena.
La polémica sobre las responsabilidades en la frustración parcial de la sesión excede la lógica de esta nota. Sí cabe consignar que, igualmente, se concretó un avance institucional importante. Ahora falta redondearlo, garantizando la sanción total en Diputados. El cronista piensa que el mejor camino es ceñir la limitación legal a los procesados por crímenes de lesa humanidad (más de 500, en las actuales circunstancias) tal como se votó y no ampliar la restricción a otras conductas. Así se posibilitaría un mayor consenso y también una condena más específica a los delitos contra la humanidad. Puede que fueran reprobables otras conductas pero son cualitativamente distintas de los crímenes de lesa humanidad y esa diferencia merece ser reconocida en las reglas democráticas.
Con la foto actual, puede decirse que el Congreso durmió una siesta injustificable, pero puede paliar su pasividad. Ahora está en condiciones de fijar un régimen institucional más certero y digno para las próximas elecciones, un mandato para la Justicia.
De todas maneras, era muy dudoso que el proyecto aprobado contra reloj hubiera podido regir para Patti. Primero, porque es muy improbable que el Senado lo hubiera hecho ley antes de las elecciones. Segundo, porque los magistrados hubieran podido considerarlo inaplicable con retroactividad.

Equilibrio: Llegará la apelación, la Cámara tomará la resolución definitiva en lo referente a las elecciones porque los plazos procesales no dan para llegar a la Corte. En simultáneo, el Congreso debería avanzar en una legislación reparadora.
Conseguir el equilibrio tras tanta patología institucional es peliagudo. La Justicia, desde la Corte Suprema hasta Blanco, actúa como si jamás hubiera habido anormalidad ni víctimas. Los derechos de los electores son importantes, también los del ciudadano Patti. Pero, a esta altura, también merecen un trato delicado y especial las víctimas de la dictadura, los organismos de derechos humanos, los ciudadanos que desprecian a los genocidas.
Se buscan la verdad, la justicia, la condena. El ritualismo excesivo a veces parece cerrar las puertas a esas justas demandas.

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el camino hacia la seguridad

mqh - 22 de mayo de 2009 - 18:07 - opinión

Escuchamos con alivio y optimismo el discurso sobre terrorismo y política de detenciones del presidente Obama.

Durante siete años el presidente George W. Bush trató de asustar a la opinión pública estadounidense -y logró intimidar al Congreso- con matonaje y desinformación. El jueves el presidente Obama dijo la verdad. Fue un momento de coraje político que hará más seguro este país.
Obama habló con la razón cuando dijo que los estadounidenses no tienen que elegir entre la seguridad y sus valores democráticos. Al desconocer esos valores, el equipo de Bush nutrió los sentimientos antinorteamericanos, fortaleció a nuestros enemigos y contribuyó a la vulnerabilidad del país.
No es probable que esa lucidez ponga fin a las posiciones partidistas. Ciertamente no tranquiliza a ex vicepresidente Dick Cheney, que el jueves se dedicó se lleno a sembrar miedo. Pero esperamos que los legisladores que esta semana votaron contra el cierre de la cárcel de Bahía Guantánamo, Cuba -empezando con el líder de la mayoría en el Senado-, hayan escuchado atentamente.
No estamos de acuerdo en todo con las soluciones de Obama, especialmente su oposición a permitir la liberación -por orden judicial- de fotografías que muestran a prisioneros siendo maltratados y la posición que ha asumido con respecto a los secretos de estado. Pero el curso que ha diseñado se ha basado generalmente en el debido proceso y en las instituciones democráticas.
Obama rechazó derechamente las aseveraciones de Cheney de que la tortura salvó "cientos de miles" de vidas y recordó a los estadounidenses que esos abusos fueron inefectivos, crearon más terroristas que los que fueron llevados a justicia, destruyeron el prestigio del país y harán mucho más difícil el enjuiciamiento de algunos de los terroristas más peligrosos.
Al afirmar que la política de detenciones tiene que basarse en la ley y estar sometida al escrutinio del poder judicial, Obama expresó la profunda verdad que evitaba Bush: "En nuestro sistema constitucional, la detención prolongada no debería ser una decisión que tome una sola persona".
Obama dijo que no tenía ninguna intención de liberar a terroristas peligrosos, pero agregó que algunos detenidos deben ser juzgados y encarcelados en este país -un mensaje a los legisladores demócratas que primero exigieron el cierre de Guantánamo y ahora adoptan la ridícula posición de que los reos no deben poner pie en el continente, ni siquiera esposados y en dirección a una cárcel de alta seguridad.
Obama dividió los prisioneros en cinco categorías, empezando por los que pueden y deben ser juzgados en tribunales penales civiles por cargos de terrorismo.
Hay prisioneros en Guantánamo que violaron las leyes de la guerra y deben ser juzgados en tribunales militares, pero no los que fueron creados por el Congreso en 2006. Con esa ley no se debe jugar. Debería ser anulada y esos prisioneros deberían ser juzgados según el código militar.
Algunos prisioneros pueden ser trasladados a la custodia de otros gobiernos y algunos, los que no cometieron ningún delito, deben ser liberados. Y, sí, a algunos se les debe permitir que vivan en Estados Unidos.
La categoría más difícil es la de los prisioneros -como Abu Zubaydah, un importante dirigente de al Qaeda- que parecen terroristas extremadamente peligrosos pero fueron torturados. Es difícil imaginar cómo podrían ser juzgados con esas evidencias. Algunos pueden ser juzgados por terrorismo, como Ahmed Ghailani, al que el gobierno está trasladado correctamente a un tribunal civil federal para ser juzgado por delitos relacionados con los atentados con bomba contra las embajadas en África en 1998.
Obema prometió tratar al resto de los prisioneros según la ley y la constitución, pero admitió sinceramente no saber cómo exactamente. Hay propuestas para crear un nuevo régimen de "detención preventiva" que no estamos convencidos de que lo necesitemos.
Mientras avanza, es de esperar que Obama no olvide lo que dijo el jueves. El problema no es el delito de terrorismo, del que el poder judicial puede dar cuenta perfectamente. El problema es el modo en que Bush socavó ese sistema -y la reputación y seguridad del país- con sus políticas de detenciones arbitrarias y abusos.

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terminó la guerra contra las drogas

mqh - 19 de mayo de 2009 - 23:29 - opinión

El gobierno de Obama busca la desmilitarización de un problema de salud. Un editorial de Los Angeles Times.

El gobierno de Obama está diciendo las cosas que hay que decir sobre el revoltijo de leyes inefectivas y vindicativas, políticas y prácticas que conforman la llamada guerra contra las drogas. Poco después de su confirmación, el fiscal general Eric H. Holder Jr. anunció que terminaría con los allanamientos de los dispensarios de marihuana médica que viene realizando la Agencia para el Control de Drogas [Drug Enforcement Administration; DEA]. Después, el ministerio de Justicia instó al Congreso a eliminar la disparidad de 100 a 1 en las sentencias por tráfico de crack y cocaína, que impone prolongadas penas de prisión a acusados predominantemente negros.
La confirmación más reciente proviene del nuevo zar antidrogas, R. Gil Kerlikowske. En una entrevista con el Wall Street Journal esta semana, Kerlikowske dijo que era hora de retirar la frase ‘guerra contra las drogas’. Es tan equivocada como las políticas a las que da lugar. "Independientemente de cómo trates de explicar a la gente que es una guerra contra las drogas... la gente la ve como una guerra contra ellos", dijo. "En este país no estamos en guerra con la gente". Estas sensibles declaraciones inspiran la esperanza de que el gobierno quiere utilizar un enfoque más racional de las drogas. Hay mucho por hacer.
Por ejemplo, la DEA aparentemente no recibió memorados sobre los allanamientos; realizó uno al día siguiente del anuncio de Holder. Y aunque el rechazo de Holder a destinar recursos federales para actuar contra las clínicas es un bienvenido respiro, todavía tenemos el problema del conflicto entre las leyes estatales y federales sobre la marihuana. También, como candidato, Barack Obama dijo que apoyaba levantar la prohibición federal contra los programas de intercambio de jeringas, lo que según numerosos estudios retrasa la transmisión de VIH/SIDA. Sin embargo, el presupuesto del presidente Obama la deja en su lugar. Funcionarios de gobierno dicen que ahora cree que la opinión pública debe estar convencida.
Es en este contexto que los comentarios de Kerlikowske sí importan: Por ver a los usuarios de drogas como combatientes de una guerra, el país militarizó un problema de salud. La frase misma inspiraba ideas torcidas que dieron vida a desastrosas políticas. Cuando hacía campaña por la presidencia, Obama prometió cambios profundos en la política de drogas. Ahora el viejo paradigma debería marcharse con la frase recién descartada.

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