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opinión

los aprietos de pelosi


Las cambiantes versiones de la presidente de la Cámara sobre las sesiones informativas del gobierno de Bush sobre las torturas plantean más preguntas que las que responden. Editorial de Los Angeles Times.
Los republicanos no caben en sí de regocijo con las explicaciones cada vez más defensivas de la presidente de la Cámara, Nancy Pelosi, sobre cuándo se enteró de las torturas que cometían los interrogadores de la CIA. Pero no tienes que ser de algún partido para reconocer que la posible aquiescencia de los demócratas para la aplicación del submarino y otros métodos crueles debería ser investigada.
Pelosi ha insistido durante largo tiempo, en su papel en el Comité de Inteligencia del Senado, que en la sesión informativa de septiembre de 2002 sólo se le dijo que algunas técnicas extremas, como el submarino, habían sido consideradas legales y que el gobierno podría usarlas en el futuro. Repitió esa versión en una rueda de prensa el jueves, pero esta vez agregó que uno de sus asesores le contó más tarde, en febrero de 2003, que en realidad esos métodos habían sido utilizados.
En la rueda de prensa, Pelosi también acusó a la CIA de mentirle durante la sesión informativa original, lo que fue desmentido por el director de la CIA, Leon E. Panetta.
Disfrutando de los aprietos de Peloi, el líder de la minoría en la Cámara, John A. Boehner (republicano de Ohio) dijo que "la presidente ha contado demasiadas historias sobre lo mismo". La acusación de que Pelosi sabía que se estaba aplicando el submarino, pero no hizo nada para impedirlo, encaja con la versión republicana de que inicialmente los demócratas aceptaron lo que hoy dicen que es tortura.
Pero lo que está en juego aquí va más allá de los partidos. Lo que sabía Pelosi -y lo que hizo sobre ello- sí importa. En 2007, Porter J. Goss, ex presidente del comité de inteligencia que fue más tarde nombrado para dirigir la CIA por el presidente George W. Bush, dijo al Washington Post que "existía un completo conocimiento de lo que estaba haciendo la CIA" entre miembros importantes del Congreso. "Y la reacción en la sala no era solamente de aprobación, sino también de ánimo".
Esto es importante porque, si es verdad, sugiere hipocresía de parte de demócratas como Pelosi que han criticado severamente el submarino como método de tortura. Y hace surgir serias dudas sobre el papel de control del Congreso. Si Pelosi y otros fueron en realidad informados plenamente sobre esas prácticas, ¿por qué no hicieron lo que debían hacer para impedirlas? Incluso si no hacía públicas sus críticas, ¿por qué no expresó su desacuerdo en términos más inequívocos?
Hemos sostenido que el papel del Congreso en las torturas debería ser investigado por una comisión independiente formada sobre el modelo de la Comisión del 11 de Septiembre. La comisión debería examinar también la génesis de la política de interrogatorios, los artilugios de su justificación jurídica y, finalmente, si hay algo de verdad en la frenética insistencia del ex vicepresidente Dick Cheney de que el submarino y otros métodos similares salvaron "quizás a cientos de miles" de personas. Por más que el presidente Obama haya querido ir más allá de lo que llamó un capítulo oscuro y doloroso, todavía quedan muchas preguntas sin responder.

19 de mayo de 2009
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bola de nieve


Política de derechos humanos de nuevo gobierno es opaca y vacilante.
[Santiago O’Donnell] Pese a los mejores esfuerzos del presidente Barack Obama, que prefiere para el momento ganar su guerra, el debate sobre la tortura se agranda como una bola de nieve. Estallan los blogs, tapa de diario todos los días, gran revuelo en el Capitolio. El relato no es halagador. A medida que pasan los días el presidente estadounidense se interna en un laberinto de contradicciones y en el camino va descubriendo que una cosa es condenar las prácticas ilegales del gobierno de Bush y otra mucho más difícil es romper con ellas. Sobre todo cuando dos asuntos demandan urgente atención: la crisis y la guerra.
Pero el tema está ahí y crece, y crece, arrastrando a Obama al terreno de las declaraciones incómodas, hechas a las apuradas o a través de escuetos comunicados leídos por sus voceros. Como si sus gobernados quisieran recordarle, con fastidiosa insistencia, que no lo eligieron por ser un gran economista o un gran comandante en jefe, sino por lo que es y lo que representa, y sobre todo para que ejerza un liderazgo moral. Un día sale Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara baja, indignada, pidiendo a la CIA que entregue la transcripción de la reunión que mantuvo con la agencia en 2004, porque dice que la engañaron sobre la dimensión que había tomado el programa de torturas. Esto, porque el vocero de la CIA había dicho que Pelosi había sido informada de la aplicación del "submarino" hace cinco años. El vocero de la agencia salía al cruce de Pelosi porque ésta había demandado la creación de una comisión investigadora, al estilo Conadep. Obama se opone a la iniciativa, aunque de manera ambigua; dice que el proyecto de ley, así como está, no lo termina de convencer.
Otro día, la CIA anuncia que no va a entregar los documentos que solicita el ex vicepresidente Dick Cheney y que supuestamente demostrarían que de esa manera se obtuvo valiosa información, retrotrayendo la discusión un par de siglos, como en las películas, como si nada hubiera pasado.
Otro día expiraba el plazo prometido por Obama para decidir la suerte de los tribunales militares para juzgar a los presos de Guantánamo. Con esos tribunales, Bush había armado una especie de Justicia paralela para despojar a los detenidos de sus más elementales derechos sin violar la Convención de Ginebra. Ante la expectativa general, el vocero de Obama anunció que los tribunales continuarían.
El anuncio tuvo todo tipo de repercusiones. Por un lado, como se apuraron en aclarar los defensores del presidente, Obama nunca había prometido abolir los tribunales. De hecho, antes de asumir, siendo senador, había firmado un proyecto de ley para modernizar esos tribunales con reformas como la obligación de invalidar información obtenida bajo tortura.
Por el otro lado, contestaron sus críticos, la decisión de Obama mantiene el sistema paralegal y priva a los detenidos de las garantías de la Justicia ordinaria y de la Justicia militar. Encima perjudica a víctimas de tortura, secuestros, traslados y detenciones arbitrarias, justo las prácticas que Obama dice repudiar.
En el medio de la semana estalla la bomba. El miércoles Obama detuvo la entrega a un juzgado de una serie de 44 fotografías inéditas que mostraban torturas en cárceles afganas e iraquíes y que los propios abogados del gobierno se habían comprometido a entregar el 28 de mayo en un acuerdo con la parte demandante, la Asociación por los Derechos Civiles (ACLU). El acuerdo se había hecho ante la Cámara de Apelaciones del Noveno Circuito Federal tras fallos en primera y segunda instancia favorables a la desclasificación de las fotos. Pero a medida que se acercaba el plazo, y ante el franco deterioro del frente de guerra en Pakistán y Afganistán, Obama empezó a recibir presiones del establish- ment militar para cambiar su decisión. Según el New York Times, en los últimos siete días los comandantes de las guerras de Irak y Afganistán, y el jefe de Estado Mayor, David Petraus, se comunicaron con el presidente para advertirle que las imágenes, aunque retraten algo que ya no sucede, causarían una conmoción en los dos teatros de operaciones, ambos pasando por un momento delicado, Irak por el repliegue, Afganistán por la ofensiva y por el movimiento de pinzas talibán desde el norte de Pakistán. El Washington Post agregó el dato de que esta semana Obama recibió una carta, pública, por supuesto, de los dos líderes del comité de las fuerzas armadas, un demócrata y un republicano, pidiéndole que no entregue las fotos más o menos por las mismas razones.
Obama mismo lo comunicó en declaraciones al paso a la salida de un evento. Obama dijo que las fotos no eran gran cosa comparadas con las ya conocidas de Abu Ghraib, que se trató de "manzanas podridas" (casos aislados) y no de una práctica generalizada, que los militares involucrados ya habían sido juzgados y sancionados, y que la publicidad de las fotos podría dar una imagen distorsionada en el mundo islámico de lo que es hoy el ejército norteamericano, justo en un momento delicado por la situación en Irak y Afganistán. Cuando le preguntaron si apelaría ante la Corte Suprema las decisiones judiciales que le ordenaban entregar las fotos, contestó, escueto, "puede ser".
La reacción no se hizo esperar. En un comunicado, Amnesty señaló que las fotos serán publicadas tarde o temprano, y que cuando eso suceda no sólo serán recordadas por los crímenes ocurridos durante el gobierno de Bush, sino por el encubrimiento durante el de Obama.
Pero más grave que la censura había sido su justificación. Al ratificar el discurso de Bush de "manzanas podridas", espejo del discurso de "excesos" de Videla y compañía, al afirmar que no conviene volver sobre hechos que ya han sido juzgados y sancionados, Obama le agregó un punto final a su doctrina de obediencia debida.
Dos semanas atrás Obama había lanzado su doctrina en la sede de la CIA en Langley, Virginia, durante un discurso ante los miembros de la agencia. Había dicho que los agentes que habían seguido en buena fe instrucciones recibidas no serían juzgados por haber cometido torturas. Al hacerlo, había reconocido la existencia de un plan sistemático, aprobado en los más altos niveles del gobierno de Bush, para aplicar torturas a los detenidos de "alto valor" de Al Qaida.
La doctrina de Obama esconde una contradicción. ¿Cómo puede ser una misma tortura parte de un plan sistemático si lo hizo la CIA, y producto de "manzanas podridas" si lo hicieron los militares, siendo que el ejército se copió de la CIA y tuvo la aprobación de los mismos abogados?
Según el memorándum de tortura desclasificado por Obama, el programa de tortura de la CIA incluía explícitamente al nudismo y la humillación sexual, precisamente el contenido de las fotos con los presos de los militares.
Además, esas fotos son posteriores a la aprobación del plan de torturas de la CIA, posteriores a la aprobación de una excepción presidencial para que los militares en Guantánamo pudieran usar las técnicas de tortura aprobadas para la CIA, y posteriores a una reunión llevada a cabo en Guantánamo entre abogados de la Casa Blanca, la CIA y el Pentágono, donde se acordó extender el programa de torturas a las fuerzas armadas en Irak y Afganistán, según explicó Rob Freed, investigador del secretariado general de Amnesty International, citando documentos recientemente desclasificados, al teléfono desde Londres, ante la consulta de este cronista.
Lo que pasa, dice Freer, es que los militares están sometidos a la Justicia militar y la Justicia militar los protege. En cambio, los agentes de la CIA son civiles, y por lo tanto sujetos a la Justicia civil. El mensaje de Obama fue: "Tranquilos, así como los fiscales militares no actúan contra soldados que cumplen órdenes, mis fiscales no actuarán contra ustedes".
El investigador de Amnesty confirma que no hay información disponible sobre quiénes aparecen en las fotos ni qué sanciones recibieron, ya sea una remoción, expulsión de la fuerza o castigo en cárcel militar. Tampoco se sabe de qué se los acusó, pero ante la ausencia de información disponible, da la impresión de que el castigo no fue por torturar, sino por sacarse la foto.
En el sistema legal estadounidense, a diferencia del argentino, el jefe de los fiscales es también ministro de Justicia, se sienta en el gabinete y recibe instrucciones del presidente. Hasta ahora, pese a los insistentes pedidos de las organizaciones de derechos humanos, Obama se ha negado a instruir al fiscal general Eric Holder para que investigue el programa de torturas en sus distintos grados de responsabilidad. Sólo ha dicho que la decisión de investigar a quienes impartieron las órdenes "es una decisión del fiscal general". Y Holder, que tiene el derecho y la obligación de hacerlo por iniciativa propia, ha evitado pronunciarse al respecto. En Estados Unidos existe una ley contra la tortura.
Obama quiere librar una guerra moderna en Afganistán y quiere ganarla. Es su guerra. Acaba de cambiar al comandante en jefe por un experto en "guerra no convencional". La guerra no será popular, pero su ejército tiene buena prensa. Para ganarla Obama necesita que los republicanos no le hagan lo que él y los demócratas les hicieron a ellos en Irak: sacarle el apoyo en el momento clave. Ese apoyo tiene un costo. La seguidilla de decisiones de los últimos días va en ese sentido: censura de fotos, "manzanas podridas" para el ejército, obediencia debida para la CIA y tribunales truchos para los presos de Guantánamo.
Un giro a la derecha y en favor de la impunidad en un momento delicado, en el que Obama siente que depende de los republicanos. Podría ser la táctica de un táctico. Obama, como Holder, proviene del histórico movimiento por los derechos civiles de los negros. Su formación política es en procesos a largo plazo, basados en el principio de resistencia pasiva y la paciente acumulación de pequeñas victorias entre largas esperas y ocasionales traspiés. La fuerte presión conservadora es una consecuencia directa de la desclasificación que autorizó Obama el mes pasado de un memorándum clave con detalles sobre el programa de torturas de la CIA.
Pero lo que Obama y Holder muestran últimamente, lo que se ve, es una política de derechos humanos opaca, vacilante, confusa y contradictoria, causante de una saludable bola de nieve de críticas y recriminaciones, que da cuenta de la demanda de respuestas positivas a las expectativas generadas por el cambio prometido.

17 de mayo de 2009
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queremos ver las fotos de torturas


Desclasifique las fotos de las torturas. El gobierno de Obama actúa mal reteniendo las fotografías que muestran maltratos a detenidos.
La liberación de decenas de nuevas fotografías de detenidos siendo maltratados por sus captores norteamericanos casi ciertamente va a volver a encender la indignación internacional. Podría provocar reacciones violentas en Oriente Medio y más reclutas para la guerra santa, como ocurrió con las fotos de Abu Ghraib en 2004. Podría inclusive conducir a nuevos estallidos de violencia en momentos en que el gobierno de Obama estaba finalmente tratando de dejar atrás los feos últimos ocho años.
Pero la verdad se debe conocer. El Pentágono actuó correctamente el mes pasado cuando accedió a acatar una orden judicial y liberar las fotos, por una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles. Y el presidente Obama se equivocó el miércoles cuando revirtió esa decisión.
Es terrible que el presidente haya tenido que enfrentarse a una elección tan desagradable , pero es uno de los muchos terribles resultados de la cultura de la tortura y la impunidad instalada por el gobierno de Bush. Este país se ha enajenado la voluntad de los aliados y ha visto derrumbarse su estatura moral. Ahora, cuando tratamos de llegar hasta el fondo de lo que pasó en esos años, tenemos que reconocer que el intento puede ponernos en peligro.
El anuncio de Obama de que trataría de impedir la liberación de las fotos se produjo después de que los generales Ray Odierno, David McKiernan y David Petraeus expresaron todos el temor de que su divulgación podría costar vidas estadounidenses. Un portavoz del Pentágono dijo que cree que es "lo último que necesitamos" en este momento tan crítico en Afganistán.
Pero ¿cuál es la alternativa? Precisamente ahora será muy difícil mantener el secreto de las fotos. ¿No debería el gobierno al menos llevarse el mérito de hacerlas públicas, antes que esperar que sean filtradas hacia Seymour Hersch (como ocurrió con las fotos de Abu Ghraib)?
Lo que es más, los jueces del caso -ambos de la Corte del Distrito y a nivel de apelaciones- ya han rechazado el argumento del gobierno sobre el peligro para los soldados. Los jueces vieron algunas de las fotos.
Como la mayoría de los estadounidenses, todavía no hemos visto las imágenes y no sabemos qué muestran. Pero mientras no se hagan públicas, lo más posible es que inflamen la imaginación de amigos y enemigos de Estados Unidos. Hay que prepararse para lo peor. Y no olvidemos la promesa de Obama, en su segundo día en el cargo, de "respetar como presidente nuevos niveles de franqueza".
Las fotografías son parte del pasado histórico. Pensad en estas imágenes: hombres negros colgando de árboles en el Sur de Estados Unidos; demacrados sobrevivientes de los campos de concentración; prisioneros encadenados en pequeñas ‘jaulas de tigre’ en Vietnam del Sur. ¿Estaríamos en un mundo mejor sin esas fotos?
Tratar de encubrir las atrocidades porque alguien podría enfadarse no es correcto y no funcionará. En lugar de eso, el Pentágono debería liberar las fotos y dejar al mismo tiempo en claro que Estados Unidos repudia esas conductas bárbaras y que se ha comprometido a desmantelar la cultura que las permitió.

17 de mayo de 2009
14 de mayo de 2009
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atacando a los ilegales


Un referendo propuesto en California ataca a hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos. Editorial de Los Angeles Times.
Estados Unidos. ¿Qué tiene la inmigración ilegal que trastorna a gente de otro modo cuerda, llevándoles a proponer remedios inhumanos e poco prácticos para resolver el problema? Sin embargo, es frustrante tener viviendo en las sombras de nuestra sociedad a once o doce millones de personas. Nos dirán: No deberían haber venido aquí ilegalmente. Deberían haberlo hecho a través de los canales apropiados, y no saltar por encima de otros inmigrantes que buscan un futuro en Estados Unidos. Además, este es un momento de profundas tensiones económicas y lucha por los recursos. Empujados por la necesidad, ciudadanos estadounidenses se están agolpando en lugares de trabajo, aceptando empleos en huertos y campos junto con los inmigrantes ilegales que hacían antes la mayor parte del trabajo.
Pero eso no es ninguna excusa para legalizar la discriminación, que es precisamente lo que ocurrirá con una propuesta de referéndum que está ahora en la fase de recolección de firmas para las elecciones de junio del próximo año. De aprobarse, exigirá que los padres de los recién nacidos en California demuestren la ciudadanía o la residencia legal para recibir el certificado de nacimiento de sus bebés. Los que no pudieran pagar recibirán por 75 centavos un certificado que observa que el bebé "es hijo de padres extranjeros". El ministerio de Seguridad Interior debería tomar nota de la discrepancia. Y finalmente, ignorando conscientemente resoluciones previas de la Corte Suprema de California, la medida tratará de negar el acceso a la salud a los inmigrantes ilegales. Esos son beneficios federales, más allá del alcance de las leyes del estado.
Por supuesto, el objetivo real de la Revolución de los Contribuyentes [Taxpayer Revoluion], la organización anti-impuestos que patrocina la iniciativa, no es marcar a estos niños con una letra escarlata, ni intimidar a las mujeres embarazadas para que renuncien a cuidados médicos cuando empiece el parto. Capitalizar los renovados sentimientos contra los inmigrantes que acompañan siempre a los períodos de penuria económica, el objetivo último de la organización es echar por tierra generaciones de derecho constitucional y negar la ciudadanía a los hijos de los inmigrantes ilegales.
Aunque ni la Corte Suprema ni el Congreso han resuelto explícitamente si los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en suelo estadounidense tienen o no derecho a la ciudadanía según la enmienda número catorce, se ha creído durante largo tiempo que sí lo tienen. Si existiesen dudas genuinas sobre esa creencia, sería bueno que iniciásemos un debate. Pero no lo introduzcáis sigilosamente en un proyecto promovido como una herramienta para "reducir la delincuencia" e impedir que los "extranjeros" con antecedentes penales vuelvan a Estados Unidos, atraídos por la presencia de sus hijos estadounidenses.
Este proyecto no considera el peso de la ley, las costumbres y complejas ramificaciones sociales implicadas en el reconocimiento y retiro de la ciudadanía. Es simplista y mal intencionado.

12 de mayo de 2009
9 de mayo de 2009
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la tortura mata más

Según un experto en interrogatorios del ejército de Estados Inidos. La tortura mata más gente que el terrorismo.


[Patrick Cockburn] El uso de la tortura terminó siendo tan contraproducente para Estados Unidos que ya dejó un saldo de muertos mayor a los estadounidenses que fallecieron en los atentados contra las Torres Gemelas en 2001, aseguró recientemente el líder de un equipo de interrogadores norteamericanos en Irak. "La razón por la que los combatientes extranjeros se unen a Al Qaida en Irak es, principalmente, por los abusos que se cometieron en Guantánamo y Abu Ghraib, no porque adhieren a la ideología islámica", explicó el mayor Matthew Alexander (un nombre ficticio por cuestiones de seguridad), el oficial responsable de más de 300 interrogatorios a combatientes iraquíes y de los países vecinos .
Fue su equipo el que obtuvo la información que llevó al Ejército estadounidense a encontrar a Abu Musab al-Zarqawi, el antiguo jefe de Al Qaida, en Irak. Dos aviones norteamericanos bombardearon la granja en la que se estaba escondiendo Zarqawi, en las afueras de Bagdad ,el 7 de junio de 2006. Murió al instante. Según relató Alexander, se enteró de la ubicación de la granja en un interrogatorio de seis horas a un prisionero, con quien había establecido una relación de confianza.
El mayor estadounidense rechaza la tortura por una mezcla de repudio moral y pragmático. "Le estamos haciendo el juego a Al Qaida. Quedamos como hipócritas ante los iraquíes cuando hablamos de derechos humanos", aseguró. El oficial es un hombre elocuente, muy inteligente y con una extensa experiencia en investigación criminal y años en el oficio le han enseñado que la tortura no es efectiva, incluso puede ser contraproducente. "Una persona te dirá lo mínimo indispensable para parar el dolor –explicó–. Confesará la ubicación de una casa que usan los insurgentes para esconderse, pero no que está en medio de un campo minado."
En su libro titulado ‘Cómo quebrar a un terrorista’, Alexander argumenta que los prisioneros que sufren abusos generalmente se cierran, no dicen nada o dan información falsa. Además, rechaza la justificación de que la tortura es inevitable cuando se trabaja contra reloj, por ejemplo, para intentar detener una bomba o un atentado. Alexander contó que se enfrentó a esa situación un sinnúmero de veces y, dejando de lado las cuestiones morales, aseguró que la tortura simplemente no es efectiva. "Fortalece su determinación y terminan callándose", señaló.
El oficial norteamericano recordó que el FBI es reconocido por utilizar métodos de interrogación normales, que buscan ganarse la confianza del prisionero en vez de quebrarla, en casos en los que el tiempo es un factor crítico, como los secuestros.
Alexander pasó 14 años en la Fuerza Aérea, piloteando helicópteros en operativos especiales. Peleó en Bosnia y Kosovo, y luego se convirtió en un agente de contrainteligencia y un investigador criminal. Durante la invasión norteamericana a Irak en 2003, él dirigía la inteligencia aérea desde Arabia Saudita. Cuando los prisioneros del Ejército norteamericano comenzaron a acumularse en Irak, lo transfirieron a ese país.
Tres años allí le enseñaron que los insurgentes no son los radicales religiosos que Washington cree, sino voluntarios, iraquíes y extranjeros, impulsados por los crímenes y la impunidad de las fuerzas estadounidenses.

10 de mayo de 2009
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obediencia debida


No existen leyes del Congreso ni fallos judiciales ni comisiones de la verdad que respalden el indulto verbal del presidente.
[Santiago O’Donnell] En medio de la aplastante recesión que sacude a Estados Unidos desde hace ya largos meses, y que domina la agenda mediática, un tema distinto surgió con fuerza en estos días. Se trata del eventual juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno anterior en la llamada guerra global contra el terrorismo. Más precisamente, el uso de la tortura en los interrogatorios de los sospechosos de colaborar con la red terrorista Al Qaida, todo un símbolo de la política exterior de George W. Bush. Entre el rescate de Chrysler, los tests de estrés a los bancos y los vaivenes del mercado inmobiliario, casi en silencio, Obama asentó los lineamientos de su doctrina de obediencia debida.
Como casi todas las iniciativas de su gobierno, su política de derechos humanos enfrenta al Obama activista con el Obama conciliador. Por un lado abre la puerta para que altos funcionarios del gobierno pasado sean juzgados por crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos. Se trata de una situación inédita en la historia de los Estados Unidos. Por otro lado pone a los de la CIA que aplicaron los tormentos bajo el paraguas protector del Estado y despoja su actitud de todo formalismo simbólico, como si se tratara de un simple problema judicial y no de un acto fundacional como la lucha por los derechos civiles en los ’60.
Así, mientras Obama promete terminar con la tortura, trata a los torturadores de la CIA como a los banqueros de Wall Street: con guantes de seda, como se trata a la gente poderosa, informada y profesional, pertenecientes a instituciones vitales para el normal funcionamiento de la sociedad.
El tema se venía cocinando desde los famosos primeros anuncios presidenciales, que en efecto desactivaron los instrumentos represivos ilegales del plan antiterrorista de Bush, empezando por el uso de la tortura. En sintonía con la Casa Blanca, el Congreso puso en marcha una investigación sobre los interrogatorios de la CIA, a cargo del Comité de Inteligencia del Senado. La actividad en el Congreso generó el interés de los talk shows políticos y los magazines periodísticos de los fines de semana, donde juristas de prestigiosas universidades de Washington aseguraban que las torturas estaban filmadas, firmadas y selladas, y sólo hacía falta voluntad política para hacer justicia. Los diarios editorializaban sobre la conveniencia, y hasta la necesidad, de crear una Comisión de la Verdad.
A todo esto Bush dijo "Obama merece mi silencio" y no volvió a abrir la boca. Los demás responsables también se llamaron al silencio, pero, para alegría de los activistas de los derechos humanos, hubo una ruidosa excepción. El ex vicepresidente Dick Cheney, un halcón entre halcones, empezó a hablar el día en que Obama ordenó cerrar Guantánamo y desde entonces no dejó micrófono sin trabajar. En sus intervenciones suele decir que Obama se equivocó al cerrar la cárcel cubana para supuestos terroristas, y que también se equivocó al cambiar los métodos de interrogatorio. Dijo que después del atentado a las Torres Gemelas, la información obtenida con métodos ‘alternativos’ había salvado la vida de muchos estadounidenses. Obama le contestó en un reportaje con 60 Minutes emitido a fines de marzo pasado. Se mostró dolido por las palabras de Cheney, dijo que le parecían inoportunas y sugirió que el tema debía tratarse en la Justicia.
El 15 de abril, una semana antes de la presentación de las investigaciones del Congreso, Obama activó una bomba de tiempo. Ordenó la desclasificación de un memorándum de la CIA de mayo del 2005 admitiendo el uso del llamado ‘submarino’ y otras técnicas de tortura.
Al principio no pasó nada. Pero durante el fin de semana los bloggers peinaron el denso documento de 45 páginas, repleto de citas jurídicas. Así, algunos descubrieron la admisión de que el prisionero Abu Zubaydah había sido sometido a la tortura de ahogamiento al menos 83 veces en un mes, y que otro prisionero, Khalid Shaikh Mohammed, supuesto cerebro del 9-11, había sufrido 183 ahogamientos durante un período similar. Según se desprende de la información que aparece en el memo, en ambos casos la frecuencia de la tortura y la cantidad de agua utilizada excedía por mucho las cantidades máximas permitidas en el manual de ‘interrogatorios alternativos’ aprobados por el gobierno de Bush. Para colmo, un agente de la CIA ya había declarado que Zubaydah había confesado todo lo que sabía apenas cinco minutos después de iniciada su primera sesión de submarino, y fuentes de la agencia habían calificado a la información obtenida de Mohammed como "para nada confiable". El lunes siguiente la noticia estalló en la tapa del New York Times.
Al día siguiente recogió el guante el jefe de la CIA en tiempos de Bush, Michel V. Hayden, que manifestó en Fox News el malestar "de la agencia" porque se había revelado al "enemigo" los "límites" del accionar antiterrorista, y porque se le había quitado una "opción" a los agentes de la CIA, haciendo más difícil la defensa de los Estados Unidos. Entonces Obama anunció una visita a la CIA para calmar los ánimos.
Fue durante esa visita, el 20 de abril, cuando Obama fijó su doctrina. En un discurso ante el plantel de la agencia reunido en el salón de actos, Obama dijo que los agentes que habían utilizado el submarino y otras técnicas de tortura con la aprobación del Departamento de Justicia no serían juzgados. En cambio, los responsables de aprobar esas técnicas de interrogatorio deberán rendir cuentas ante los tribunales de justicia, dijo el presidente. También felicitó a los agentes por aportar información sobre las prácticas ordenadas y les pidió que sigan aportando al esclarecimiento de los hechos ocurridos. Si el Congreso quiere una Comisión de la Verdad, deberá presentar un proyecto bipartidista consensuado, concluyó el mandatario.
La semana siguiente la comisión de inteligencia presentó su informe. Como se esperaba, el informe confirmó que la tortura fue una política de Estado y no una práctica aislada. También señaló como responsable de esa política al ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, además de culpar a la ex asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, de haber aprobado torturas antes de que el Departamento de Justicia las legalizara.
Claro que Rumsfeld y Rice no actuaron dentro de una burbuja. El abogado de la Casa Blanca de Bush John Yoo es el autor de la famosa opinión legal que defiende el poder del presidente, en tanto comandante en jefe, de mantener abiertas todas las opciones, incluyendo la tortura, en tiempos de guerra. Alberto Gonzalez, jefe de asesores legales de Bush antes de asumir como fiscal general, fue el arquitecto legal de la aplicación de torturas y presidió el comité de juristas conservadores que elaboró detalladas guías de procedimientos para los interrogatorios de presuntos terroristas. El asesor presidencial de Bush Karl Rove se habría encargado de reclutar a Hollywood en la cruzada, y no sería ajeno a la aparición de shows y películas estilo 48 horas, que glorifican y justifican la aplicación de torturas a los agentes extranjeros de la ficción. Tampoco puede subestimarse el papel del propio Cheney como consiglieri de Bush y principal apologista mediático de la represión ilegal antiterrorista.
La cadena de responsabilidades claramente llega hasta Bush, pero en caso de que eventualmente sea acusado o condenado por la Justicia, no sería extraño que Obama recurra a la vieja tradición de indultar al ex mandatario por crímenes cometidos durante su gestión, tal como Ford hizo con Nixon. Distinto es el caso de sus colaboradores. Varios de ellos tienen causas judiciales abiertas en Estados Unidos y el extranjero, Obama dio a entender que esta vez no habrá escritos del Departamento de Justicia pidiendo la exoneración de los acusados por razones de ‘seguridad nacional’, como era costumbre durante el gobierno de Bush.
En cambio, los agentes de la CIA siguen gozando de impunidad. Obama no parece estar de acuerdo con esa famosa frase del general argentino Martín Balza, que en su autocrítica por los crímenes de la dictadura dijo: "Delinquen quienes cumplen órdenes ilegales". De esa manera, el mandatario mantuvo la excepcionalidad de la CIA dentro de la estructura de seguridad de los Estados Unidos. Mientras docenas de soldados estadounidenses han sido acusados y condenados de crímenes de guerra, Obama ha continuado la política de Estado de bloquear cualquier intento de llevar a la justicia a un agente de la CIA por crímenes cometidos en suelo extranjero.
Como Alfonsín, Obama prefirió privilegiar el componente de verdad por sobre el componente de castigo, amparando a los autores materiales para aislar a los intelectuales. Aunque ambos eligieron honrar el principio de la obediencia debida, la situación que enfrenta Obama no es la misma que vivió el entonces presidente argentino en 1983. Obama debe lidiar con operarios de una agencia civil, como es la CIA, dentro una democracia consolidada, como es Estados Unidos, por torturas que aplicaron con autorización legal fuera del país contra ciudadanos extranjeros que siguen vivos. A Alfonsín le tocó actuar bajo amenaza de golpe, ante crímenes clandestinos cometidos por el conjunto de las fuerzas armadas, contra argentinos dentro de la Argentina, la gran mayoría de los cuales fueron asesinados y desaparecidos.
Pero existen puntos de contacto entre los dos casos. El manual de torturas estadounidense se tomó de un programa de la CIA llamado SERE, ‘Survival, Evasion, Resistance and Escape’. Se trata de un plan de entrenamiento que había sido desarrollado para enseñar a los agentes en riesgo de ser capturados por tropas chinas o soviéticas. En el entrenamiento aprenden a resistir torturas como la imsomnia, la desnudez, la humillación sexual, temperaturas extremas y posturas incómodas durante horas, todo bajo la supervisión de psicólogos militares. Uno de los instructores de SERE, Malcolm Nance, escribió en un blog de defensa hace dos años que en los ’80 le tocó actualizar el manual para incorporar técnicas de tortura utilizadas en Medio Oriente, América latina y el sudeste asiático. Según Nance, entre los materiales utilizados para la actualización se destacó el testimonio de las víctimas argentinas de la última dictadura militar. "En el proceso estudié cientos de informes clasificados y docenas de testimonios autobiográficos de cautivos desde la guerra de la independencia (de Estados Unidos) hasta la Guerra Sucia de la Argentina", escribió el instructor.
Por eso no sorprende que el relator especial de la ONU contra la tortura, Manfred Nowak, afirmara que la defensa de Obama de los torturadores de la CIA constituye una violación del Derecho Internacional. "Estados Unidos, como todos los demás Estados firmantes de la Convención contra la Tortura de la ONU, debe abrir una investigación penal en los casos de tortura y procesar a todas las personas contra las que haya pruebas concluyentes", afirmó Nowak al diario austríaco Der Standard. El relator dobló la apuesta al declarar que no cree que Obama llegue a aprobar una ley de amnistía para el personal de la CIA implicado, por lo que los tribunales estadounidenses podrían juzgar a los sospechosos de haber cometido torturas. Nowak también apoyó la formación de una comisión independiente y destacó la importancia de que las víctimas sean resarcidas.
A los dichos de Nowak habría que agregar que la doctrina Obama de obediencia debida apenas tiene el sustento de una opinión presidencial, que puede cambiar en cualquier momento. No existen leyes del Congreso ni fallos judiciales ni comisiones de la verdad que respalden el indulto verbal del presidente.
Por eso la directiva de Obama parece haber nacido con fecha de vencimiento, tal como ocurrió con las leyes latinoamericanas de impunidad que la precedieron. Mientras tanto, se abre una interesante oportunidad, la de apurar el desfile por tribunales de los secuaces de Bush.

10 de mayo de 2009
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qué pasó con las armas de asalto


Ex presidente Carter llama a prolongar prohibición de armas de fuego de asalto.
[Jimmy Carter] La evolución de las políticas públicas sobre la fabricación, venta y posesión de armas de asalto semiautomáticas como las AK-47, AR-15 y Uzis ha sido muy desconcertante. Los presidentes Ronald Reagan, George H.W., Bill Clinton y yo mismo hemos apoyado la prohibición de esas formidables armas de fuego, y uno de esas iniciativas legales fue finalmente aprobada en 1994.
Cuando se acercaba la fecha de caducidad de diez años de la prohibición, muchas organizaciones policiales -representando a mil cien jefes de policía y sheriffs de todo el país- llamaron al Congreso y al presidente George W. Bush a renovarla y fortalecerla. Pero con un guiño de la Casa Blanca, los partidarios de las armas prevalecieron y la prohibición expiró.
Yo he usado armas desde que era suficientemente grande como portar una, y ahora poseo mis propios revólveres -dos- y rifles -tres, dos de estos con mira telescópica. Las uso con cuidado, para salir de cacería en los bosques y campos de nuestra familia y ocasionalmente para cazar, con mi familia y amigos, en otros lugares. Apreciamos el derecho a poseer un arma y algunos de mis amigos de cacería coleccionan armas raras. Uno de ellos es un artesano tan extraordinario que hace rifles de avancarga, uno de los cuales exhibí, hace cuatro años, en mi oficina privada en la Casa Blanca.
Pero ninguno de nosotros tiene interés en la posesión de armas de asalto, porque no tenemos ninguna intención de matar a agentes de policía ni queremos ir a una escuela o fábrica para ver cuántas víctimas podemos acumular antes de que nos maten o nos suicidemos. Es por eso que la Casa Blanca y el Congreso no deben abandonar los esfuerzos para reactivar la prohibición de las armas de asalto, incluso si es algo políticamente difícil.
Una abrumadora mayoría de estadounidenses, incluyéndome a mí y mis amigos de cacería, creemos en el derecho a poseer armas, pero las encuestas muestran que también apoyamos restricciones modestas, como el control de los antecedentes, la inscripción obligatoria y breves períodos de espera antes de autorizar la compra.
La mayoría de los estadounidenses también apoyamos la prohibición de las armas de asalto. Muchos de los que cazamos observamos con estupor algunas de las posiciones más extremas de la Asociación Nacional del Rifle, la más importante organización que se opone a la prohibición, y la timidez de los funcionarios públicos que acatan las exigencias poco razonables de la organización.
Influidos fuertemente y subvencionados por la industria de las armas de fuego, los líderes de la ANR han engañado a muchas personas crédulas haciéndoles creer que nos van a quitar nuestras armas, y que a los jefes de familia nos privarán del derecho a protegernos a nosotros mismos y los nuestros. La ANR tendría razón si existiese una amenaza real a nuestro derecho constitucional a portar armas. Pero no es el caso.
En lugar de eso, la ANR está defendiendo el acceso de criminales a las armas de asalto y el uso de municiones que pueden penetrar los chalecos de protección utilizados por agentes de policía en servicio. Además, mientras la ANR parece haber aceptado a regañadientes las leyes actuales que restringen las ventas a vendedores de armas autorizados a personas con condenas, reclama que sólo la "gente respetuosa de la ley" acata esas restricciones -y se opone a aplicarlas a los vendedores de armas o a los que venden todo tipo de armas en camionetas o camiones en las ferias de armas.
¿Cuáles son los resultados de esta derrochadora propiedad y el uso de armas diseñadas para matar? En 2006, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades informó que habían muerto por armas de fuego más de treinta mil personas, dando cuenta de casi el veinte por ciento de las muertes por lesiones. En 2005, en Estados Unidos cada nueve horas murió un niño o adolescente en algún incidente relacionado con el uso de armas de fuego o por suicidio con arma de fuego.
Al otro lado de la frontera, los carteles de la droga mexicanos están armándose con armas de última generación importadas desde Estados Unidos, una realidad que sólo la ANR pone en duda.
El lobby de las armas y la industria de las armas de fuego deberían revaluar sus políticas sobre seguridad y responsabilidad -al menos, las de las armas de asalto- y suavizar su presión sobre políticos consintientes que temen la desaprobación de la ANR en épocas de elecciones. No podemos permitir que el chantaje político de la ANR nos impida prohibir las armas de asalto, diseñadas sólo para matar a agentes de policía y la gente que estos defienden.

Jimmy Carter, el 39avo presidente de Estados Unidos, recibió en 2002 el Premio Nobel de la Paz en 2002.

7 de mayo de 2009
26 de abril de 2009
©new york times
cc traducción mQh
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un paladín de la democracia


Dice que lo persiguen políticamente, pero la Interpol confirma legitimidad de su orden de captura.
[Atilio A. Boron] Buena suerte la de Manuel Rosales, pero se le está terminando. La ‘prensa libre’ del continente lo elevó a las alturas de un honesto y sacrificado líder democrático, opositor a Hugo Chávez y obligado por eso mismo a buscar refugio en el Perú. Lima acaba de informar que le otorgó el asilo político, probando que Alan García sigue siendo muy amigo de sus amigos (entre ellos, de otro fugitivo, Carlos Andrés Pérez) aunque esta desdichada decisión lesione seriamente el prestigio internacional del Perú y debilite su poder de negociación en el litigio que mantiene con Chile, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por la revisión de los límites marítimos.
La noticia se dio a conocer un par de días después de que desde el sitio web de la Interpol se anunciara que el distinguido prohombre de la oposición antichavista está siendo activamente buscado por cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito durante su desempeño como gobernador del estado de Zulia entre 2004 y 2008, es decir, por la comisión de delitos comunes y no precisamente por ser un campeón de la democracia. En esa misma comunicación la Interpol aclara que "la Notificación Roja fue emitida porque la solicitud del gobierno bolivariano reúne los requisitos establecidos por los reglamentos de la organización que prohíben expresamente cualquier acción de carácter político, racial, religioso o militar." Por lo tanto, la persecución política, invocada por los grandes medios para fustigar al gobierno de Chávez y adoptada por el gobierno peruano para otorgar el asilo político carece totalmente de fundamento para la Interpol. Se trata, lisa y llanamente, de un caso más de enriquecimiento ilícito y corrupción gubernamental, como lo comprueban irrefutablemente los antecedentes suministrados por Caracas a esa organización. De no haber sido así la Interpol jamás habría emitido esa orden de captura.
Rosales había pasado a la clandestinidad desde marzo, tras denunciar que Chávez manipulaba la causa abierta en su contra. Una corte venezolana había solicitado su arresto preventivo por estimar que Rosales no se presentaría ante la Justicia. La historia de este personaje es un claro ejemplo de los alcances a los que puede llegar la campaña de sistemática desinformación, mentiras y manipulación de la opinión pública desatada por los grandes medios en contra de Chávez, carente por completo de escrúpulos y motorizada por los más oscuros intereses económicos. Rosales, un hombre surgido del corazón mismo de Acción Democrática, sobrevivió a la bancarrota moral y política de ese partido fundando otro, Nuevo Tiempo, en el que agrupó a sus antiguos compinches. Como ‘adeco’ ocupó todos los cargos dentro del partido y, fuera de él, llegó a ser alcalde de Maracaibo y gobernador del crucial Estado de Zulia. La paciente investigación policial confirmó que este hombre nacido en un hogar de módicos recursos y que toda su vida vivió de la política y de los cargos públicos (fue concejal durante cuatro años, diputado otros once, más cuatro como alcalde y ocho como gobernador) construyó desde la función pública una fortuna tan extraordinaria como ilegítima e inexplicable: las catorce fincas de las que es probadamente dueño en Zulia y que no habría podido adquirir aun si hubiera ahorrado cada centavo de su sueldo durante toda su carrera política son apenas la punta del iceberg, debajo de la cual hay un sinnúmero de empresas y turbias operaciones financieras puestas en manos de familiares que actúan como cómplices o testaferros.
En última instancia, el dinero mal habido de este paladín de la democracia surgió de negociados de diverso tipo hechos en perjuicio del estado de Zulia y el pueblo venezolano, facilitados por su absoluto control de los tres poderes del Estado provincial, sus socios y encubridores durante los gobiernos de Acción Democrática y la protección y complicidad de los grandes medios desde el advenimiento de la Revolución Bolivariana. Hoy su suerte parece echada, pese al transitorio respiro que le ofrece la gratitud de Alan García: el silencio y la indiferencia de la derecha venezolana, ninguno de cuyos líderes se solidarizó con el prófugo, son de una elocuencia estruendosa. Conocen muy bien a Rosales y saben que la suya es una causa perdida. La batalla legal que librarán sus abogados podrá ser más o menos larga, pero está condenada al fracaso. Con el derrumbe moral y político de Rosales, la oposición antichavista pierde una pieza clave y la legitimidad del gobierno bolivariano se fortalece ante los ojos de propios y ajenos. ¿Qué otra patraña inventarán los medios que contribuyeron a endiosarlo?

29 de abril de 2009
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