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opinión

bush y la historia


El presidente se definió a sí mismo por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Pero los ataques terroristas no pueden justificar sus errores.
Interrogado hace seis años sobre cómo juzgaría la historia la guerra de Iraq, George W. Bush ofreció esta respuesta característicamente desdeñosa: "La historia. No lo sabemos. Vamos a estar todos muertos". Como la guerra que llegó a definirla, es concebible que la presidencia de Bush pueda ser vista de manera más favorable por los historiadores que por el país. Pero nuestro veredicto hoy es que, pese a algunos importantes logros, los años de Bush fueron años de oportunidades despilfarradas, de escandalosos abusos de poder y de cínico abandono tanto de principios jurídicos como de valores históricos.
En 2001, después de que la Corte Suprema asegurara su victoria en los colegios electorales, Bush prometió en su primer discurso inaugural "construir un solo país de justicia y oportunidades". Haciéndose eco de los temas centrales de su campaña, el nuevo presidente agregó: "Estados Unidos, en sus mejores circunstancias, combina su compromiso con los principios con la preocupación por el civismo".
Desgraciadamente, la promesa de ese discurso inaugural han sido sobre todo violada. Desde su rechazo a consultar con el Congreso sobre las medidas antiterroristas de después del 11 de septiembre de 2001, pasando por una arrogante indiferencia ante la opinión mundial y la ciencia moderna, hasta la inapropiada lealtad que permitió que Donald H. Rumsfeld y Alberto R. Gonzales permanecieran en su gabinete, demasiado a menudo la presidencia de Bush se caracterizó no por la búsqueda de consenso, sino por un engreimiento que excluía toda admisión de error.
Sabemos lo que dirán los defensores del presidente: Todo cambió desde el 11 de septiembre de 2001. Bush mismo, en su discurso de despedida el jueves, dijo: "Mientras pasaban los años, la mayoría de los estadounidenses fuimos capaces de volver a nuestras vidas de antes de los atentados. Pero yo nunca pude. Todas las mañanas se me informaba sobre las amenazas contra nuestro país. Juré que haría todo lo que estuviera en mi poder para mantenernos seguros". Nadie disputará que el presidente debe estar alerta para prevenir otro de esos devastadores atentados terroristas. Pero Bush trató los atentados del 11 de septiembre como sólo como un mandato para proteger lo que llegó a ser conocido como la ‘patria’, sino como un pretexto para justificar políticas erróneas.
Un significativo ejemplo de ese tipo de racionalizaciones fue la guerra contra Saddam Hussein en Iraq. Definida como un ataque preventivo contra un país en posesión de armas de destrucción masiva, la guerra también se justificó como una extensión de la guerra contra el terrorismo de después de los atentados del 11 de septiembre. La dudosa afirmación de que Iraq era el principal frente de una guerra que se convirtió en una profecía inevitable cuando la estropeada ocupación estadounidense de ese país proporcionó a Osama bin Laden y sus aliados todo un tesoro de propaganda -al mismo tiempo que desviaba la atención de la situación en Afganistán, cada vez más deteriorada. Finalmente, Bush concedió que "Saddam Hussein no fue responsable de los atentados del 11 de septiembre".
Más allá de políticas particulares, la conducción de Bush tanto de la guerra en Iraq como de la guerra contra el terrorismo fue inspirada por convicciones testarudas y solitarias. La administración eludió al Congreso (y al sistema de justicia militar) estableciendo unilateralmente las comisiones militares para juzgar a sospechosos de terrorismo en el centro de detención de Bahía Guantánamo, una decisión por la que el gobierno fue reprendido por la Corte Suprema. Trató de redefinir la tortura para permitir escandalosos métodos de interrogatorio -como el submarino. Finalmente empezó con el programa de vigilancia electrónica, sin una orden judicial, de las comunicaciones entre ciudadanos estadounidenses y sospechosos de terrorismo en el extranjero. Al actuar solo, en consistencia con las extravagantes ideas del vicepresidente Dick Cheney sobre el poder ejecutivo, el gobierno se enajenó no solamente la voluntad del Congreso sino también a concienzudos abogados en la propia administración. El mismo desprecio por el profesionalismo condujo a una horrorosa politización del ministerio de Justicia durante el periodo del fiscal general Gonzales.
La ironía es que cuando el gobierno se acercó al Congreso, recibió gran parte de la autoridad que necesitaba. Después de que la Corte Suprema encontrara reparos al sistema de comisiones militares de Bush, el Congreso aprobó leyes alternativas. Del mismo modo, se legalizó el programa de vigilancia secreta implementado por la Agencia de Seguridad Nacional con nuevas salvaguardas de la privacidad, tras revisar la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero. Consultando a la rama legislativa solamente cuando no había más remedio, el gobierno se enajenó a los representantes en el Congreso cuya cooperación era necesaria para el éxito del programa doméstico de Bush. (No le ayudó sugerir, durante la campaña electoral, que los demócratas eran derrotistas que querían salir corriendo de Iraq).
Incluso los críticos más severos del presidente deben conceder que ha tenido algunos éxitos. La implementación de la prestación para las medicinas recetadas por Medicare fue la lógica extensión de una premisa de ese programa: que los adultos mayores estadounidenses no deberían empobrecerse por los gastos médicos. Bush colaboró con los demócratas en esa iniciativa, como lo hizo para actualizar las normas de la educación nacional en la Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás y en el fallido intento de hacer aprobar una reforma comprehensiva de la inmigración. Presionó en la búsqueda de financiamiento para contener la propagación del SIDA en África. Sus dos nombramientos a la Corte Suprema, el juez John G. Roberts Jr., y el juez Samuel A. Alito Jr., fueron innegablemente cualificados. Los dos jueces son conservadores, pero de momento ninguno de ellos ha adoptado el radicalismo de jueces como Antonin Scalia y Clarence Thomas, que revocarían Roe vs. Wade. Finalmente, es un hecho de que este país no ha sufrido otro 11 de septiembre -aunque Bush debe compartir el crédito con los miembros del Congreso que apoyaron la creación del ministerio de Seguridad Nacional cuando él se opuso a la idea.
Sin embargo, estos logros se ven empobrecidos por los numerosos errores de cálculo que no pueden justificarse recurriendo a la realidad de después del 11 de septiembre de 2001. Aunque nadie puede estar seguro, sospechamos que los historiadores del futuro llegarán a la misma conclusión.

24 de enero de 2009
19 de enero de 2009
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fracaso de la ilegalidad


El cierre de la cárcel de Guantánamo simboliza el fin de una era nefasta. Sus muros se convirtieron en el mayor símbolo de las injusticias cometidas por Estados Unidos en su guerra contra el terror. Pero nada apartó al presidente Bush en su determinación de pasar por encima del derecho internacional.
[Robert Verkaik] Cuando Barack Obama firme la orden que termine con el campo de prisioneros de Guantánamo, acabará de un plumazo con uno de los capítulos más vergonzantes en la historia de la política exterior norteamericana.
Desde el año 2002, cuando los primeros prisioneros musulmanes fueron trasladados desde las montañas de Afganistán hacia la base naval estadounidense en Cuba, sus muros de alambre de púa y los uniformes naranjas de sus detenidos se convirtieron en los mayores símbolos de las injusticias cometidas por Estados Unidos en su guerra contra el terror.
Numerosas declaraciones por parte de los prisioneros denunciando la tortura y los abusos allí cometidos se sumaron a la controversia. Pero nada apartó al presidente Bush en su determinación de pasar por encima del derecho internacional y mantener detenidos en condiciones ilegales a decenas de sospechosos, sin juicio o cargo alguno. A los que se llevó allí se los denominó "enemigos combatientes", en un vil intento por esquivar los derechos garantizados por las Convenciones de Ginebra.
En seis años, cerca de 800 prisioneros pasaron por las celdas de detención de Guantánamo, donde al menos cuatro internos se suicidaron y varias docenas más fallaron en el intento. La base naval, que también es conocida con el nombre de Camp Delta o, en jerga militar, Gitmo, alberga en su interior otros tres campos más pequeños, llamados Camp Echo, Camp Iguana y Camp X-Ray.
La tarea más dura para la administración Obama será encontrar un lugar donde enviar a los 245 detenidos. Es muy probable que 21 de ellos, que ya enfrentan procesos en tribunales militares y entre los cuales se encuentra Khalid Sheikh Mohammed, presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, permanezcan en Estados Unidos para terminar de ser juzgados y condenados. Otros 60 casos que se prosiguen actualmente serán puestos en suspenso para que un nuevo equipo de fiscales revea los expedientes.
Entre el resto de los reclusos, figuran dos hombres que dicen tener residencia británica, por lo que se requerirá de arduas negociaciones diplomáticas con sus respectivos gobiernos. Algunos de ellos, incluyendo un buen número de argelinos, no pueden ser enviados a sus países de origen puesto que se sabe que allí serán detenidos y torturados por gobiernos que los consideran terroristas islámicos.
Por tal motivo, se les pidió a varios gobiernos europeos que no tienen conexión alguna con los detenidos que reciban prisioneros y contribuyan así con el cierre de la base. Hasta ahora, sólo Portugal, Irlanda y Suiza estarían en condiciones de ofrecerse. Pero la clave serán las negociaciones con el gobierno de Yemen, de donde se calcula que serían al menos 100 detenidos. El problema fue que la administración Bush siempre se negó a negociar con las autoridades de este país. Veremos qué pasa ahora.
Por su parte, Gran Bretaña solicitó formalmente la liberación de dos de sus ciudadanos detenidos: Binyam Mohammed, 38, es un refugiado etíope con papeles británicos que se encuentra detenido en Guantánamo desde hace cuatro años, y Shaker Aamer, 41, es un saudita casado con una inglesa. El estatuto británico de un tercer preso, Ahmed Belbacha, 39, todavía está en disputa: se trata de un argelino que vive en Londres y que es reclamado por esta capital.
La cárcel de Guantánamo fue descripta por varios jueces alrededor del mundo como un "limbo" legal, aparte de una mancha en los principios fundantes de la justicia norteamericana. Obama sabe que si de veras quiere poner de vuelta a su país bajo el imperio de la ley, éste es el lugar por donde debe comenzar.

22 de enero de 2009
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inocente hasta que se pruebe lo contrario


La imputación o formalización, de hecho, únicamente tiene un sentido informativo y su objetivo es avisar a una persona que está siendo investigada por un hecho determinado. Interesante llamado a la cordura de La Nación.
Santiago, Chile. La detención errónea que esta semana afectó a una joven embarazada, que incluso fue formalizada por ser la presunta líder de una banda de asaltantes, abre nuevas dudas sobre la protección de los derechos de las personas en el sistema penal actual.
La mujer no sólo fue imputada con prontitud privándosele de libertad, sino que además fue apresada sobre la base de elementos circunstanciales (un discutible parecido físico).
Más allá de que todavía no había fallo alguno que la inculpara, el procedimiento de la imputación misma fue publicitado como si fuera una acusación formal, lo que prueba que el procedimiento (que apenas es el primer paso del procedimiento penal) se ha desvirtuado y se ha convertido en una suerte de juicio público que, al menos en el caso de la embarazada erróneamente detenida, tuvo serios efectos personales y morales.
La imputación o formalización, de hecho, únicamente tiene un sentido informativo y su objetivo es avisar a una persona que está siendo investigada por un hecho determinado.
El Ministerio Público tiene las facultades amplias de formalizar y/o dirigir las investigaciones necesarias.
Sin embargo, este procedimiento que sólo es el primer paso, un aviso, se realiza en un marco de publicidad y con frecuencia las audiencias tienen un aspecto acusatorio bastante claro.
Para que el derecho sirva para todos y respete el principio de la inocencia hasta que se pruebe lo contrario, la gestión de la justicia debe ser eficiente no sólo en números, sino en la prolijidad con que se manejan datos e información, así como con la seriedad con que se dan a conocer a la opinión pública.
Ante ello, no puede ser excusa ni el exceso de trabajo ni las condiciones laborales, pues el cumplimiento de los compromisos con los derechos de las personas es un principio insoslayable.

17 de enero de 2009
©la nación
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el demonio detrás de las sonrisas


La esclavitud está lejos de ser un asunto confinado a los libro de historia. La lucha por su abolición debe ser continuada por el gobierno norteamericano.
[Nicholas D. Kristof] Phnom Penh, Camboya. Los hombres occidentales que visitan los barrios rojos de países pobres se ven a menudo rodeados por coquetas chicas adolescentes que los empujan sonrientes hacia los burdeles. Los hombres asumen que las niñas están allá voluntariamente, y en algunos casos no se equivocan.
Pero cualquiera inclinado a tomar las sonrisas de las niñas prima facie, debería hablar con Sina Vann, que en el pasado fue una de esas chicas sonrientes.
Sina es una niña vietnamita que fue secuestrada a los trece y llevada a Camboya, donde la drogaron. Dijo que despertó desnuda y ensangrentada en una cama con un hombre blanco -no sabe su nacionalidad- que había comprado su virginidad.
Después de eso, la encerraron en la planta superior de un bonito hotel y la ofrecieron a hombres occidentales y camboyanos ricos. Dijo que la golpeaban ferozmente para obligarla a sonreír y actuar de manera seductora.
"Mi primera frase en khmer" -el idioma camboyano- fue ‘Quiero dormir contigo’", dijo. "Mi primera frase en inglés fue..." -bueno, no se puede publicar.
En general, Sina obedecía las órdenes y sonreía seductoramente a los hombres porque habría sido golpeada si los hombres no la elegían a ella. Pero a veces tenía tanto dolor que se resistía. Entonces la arrastraban abajo hacia la cámara de torturas en el sótano.
"Muchos de los burdeles tienen cámaras de tortura", dijo. "Son subterráneas para ahogar los gritos de las niñas".
Como en muchos burdeles, la tortura preferida eran las descargas eléctricas. Sina era amarrada, mojada con agua y luego pinchada con alambres conectados al enchufe de 220 voltios. La sacudida causa un intenso dolor, a veces la evacuación de la vejiga y del intestino, e incluso la pérdida de conciencia.
Las descargas se corresponden bien con el modelo de negocios de los burdeles porque causan un atroz dolor y aterrorizan a las niñas sin dañar su apariencia ni perjudicar su valor de mercado.
Después de las golpizas y descargas, Sina dijo que la encerraban desnuda en un ataúd de madera lleno de hormigas mordedoras. El ataúd era oscuro, sofocante y tan apretado que no podía mover sus manos para apartarlas hormigas de su cara. Sus lágrimas alejaban a las hormigas de sus ojos.
Permanecía encerrada en el ataúd durante uno o dos días cada vez, y dijo que eso había ocurrido muchas veces.
Finalmente, Sina fue liberada en un allanamiento policial y pudo por primera vez ver la luz del día en años. El allanamiento fue organizado por Somaly Mam, una camboyana que había sido vendida a los burdeles y había logrado escapar, educarse y ahora dirigía una fundación para luchar contra la prostitución forzada.
Después de ser liberada, Sina empezó a estudiar y finalmente se convirtió en una de las leales lugartenientes de Somaly. Ahora trabajan juntas, ignorando las amenazas de muerte de los dueños de los burdeles, para liberar a otras niñas. Para llegar a Somaly, los dueños secuestraron y torturaron a su hija de catorce. Y hace seis meses, la hija de otra activista contra el tráfico de blancas (que fue mi intérprete cuando visité a Sina) desapareció.
Había oído hablar sobre las cámaras de tortura debajo de los burdeles, pero nunca había visto uno, así que hace unos días Sina me llevó al barrio rojo aquí donde estuvo secuestrada. Habían demolido un burdel, que había revelado todo un laberinto de calabozos subterráneos.
"Yo estuve en un cuarto como esos", dijo, apuntando. "Deben haber muerto muchas niñas en esos cuartos". Empezó a entristecerse y agregó: "Tengo frío y miedo. Esta noche no podré dormir".
"Fotografía esto rápido", agregó, y apuntó a los burdeles en la calle. "No es seguro estar aquí durante mucho tiempo".
Sine y Somaly se mantienen con un malvado sentido del humor. Se molestan una a otra sin piedad. Sina, que es soltera, pretende burlarse de Somaly: "Por lo menos tuve montones de hombres antes de que llegaras y me rescataras".
El tráfico sexual es en realidad la versión de la esclavitud en el siglo 21. Una de las diferencias con la esclavitud del siglo 19 es que muchas de estas esclavas modernas morirán de SIDA antes de llegar a los treinta.
Siempre que informo sobre el tráfico sexual, termino menos deprimido por las atrocidades que inspirado por el coraje de abolicionistas modernas como Somaly y Sina. Arriesgan sus vidas para ayudar a otras que todavía viven encerradas en burdeles, y tienen credibilidad y experiencia para dirigir esta lucha. En mi próxima columna introduciré a una niña que está siendo ayudada por Sina a recuperarse de embrutecedoras torturas en un burdel -y la propia historia de Sina da esperanzas a la niña de un modo que no lo podría hacer ni un ejército de psicólogos.
Espero que Barack Obama y Hillary Clinton declaren que la esclavitud es un asunto que todavía no ha terminado en la agenda de política exterior. La causa abolicionista simplemente no puede ser considerada terminada mientras estas chicas de catorce sean torturadas con descargas eléctricas -ahora mismo, cuando usted lee esta columna- para que sonrían ante turistas inconscientes.

17 de enero de 2009
31 de diciembre de 2008
©new york times 
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¿se puede llevar a bush a juicio?


¿Es el gobierno de Bush judicialmente responsable por sus ilegalidades? La culpabilidad por ignorar las convenciones nacionales e internacionales contra la tortura y el espionaje es compartida.
Cualquiera sean sus otros legados, el gobierno de Bush será recordado por su despreciable desdén por la ley en la guerra contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Desde la interceptación electrónica de ciudadanos estadounidenses sin contar con una orden judicial hasta la asfixia por inmersión como tortura aplicada contra sospechosos de terrorismo y el rechazo a respetar las exigencias de la Convención de Ginebra, muchas de las políticas del gobierno pueden ser descritas simplemente como ilegales.
Pero ¿son también criminales los funcionarios de gobierno? ¿Deberían personeros como el vicepresidente Dick Cheney y el ex ministro de Defensa Donald H. Rumsfeld ser llevados a juicio, sea en un tribunal o en un foro como el de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Suráfrica? A medida que el gobierno de Bush se acerca a su fin, los llamados a una rendición de cuentas provienen de defensores de los derechos civiles y algunos partidarios del presidente electo Barack Obama. Incluso algunos argumentan que el propio presidente Bush debería ser acusado.
Esta página editorial ha sido inflexible en sus críticas contra el gobierno de Bush por ignorar el derecho internacional y la legislación nacional. El gobierno cometió un error en sus intentos por evadir los tribunales para espiar sin ninguna orden judicial a ciudadanos americanos, se equivocó al inaugurar el centro de detención de Bahía Guantánamo, se mostró abyecto en su aceptación de la tortura. Pero no nos fiamos ni de un proceso judicial contra funcionarios del gobierno ni de un proceso al estilo sudafricano.
El primer modelo nos hace evocar el escándalo de Watergate, en el que varios funcionarios -incluyendo al presidente Nixon- quebrantaron leyes criminales identificables al obstruir la investigación de un allanamiento ilegal ordenado por motivos políticos. Desde ahí, por cierto, Watergate se expandió en una red de violaciones criminales, desde allanamientos ilegales hasta el uso del Servicio de Impuestos Internos para hostigar a los enemigos políticos de la Casa Blanca de Nixon. Es imaginable que algunos individuos en el gobierno de Bush hayan violado leyes criminales. Pero si lo hicieron como parte de la respuesta al terrorismo después del 11 de septiembre de 2001, podría ser imposible juzgarlos con alguna posibilidad de condenarlos.
Además, el escándalo del gobierno de Bush no fue un asunto individual de violaciones de la ley motivadas políticamente. En realidad, fue la incapacidad sistemática de tomar en serio tanto el espíritu como la letra del compromiso de este país con el tratamiento humano acordado a prisioneros o el derecho a la privacidad garantizado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera [Foreign Intelligence Surveillance Act], FISA.
Ese es un error en el que el Congreso debe compartir culpabilidad con el gobierno. Fue el gobierno el que, con la ayuda de un consejero legal complaciente, racionalizó el uso de técnicas de interrogatorio ‘avanzadas’, como la asfixia por inmersión o submarino, privación del sueño, humillación y el uso de perros para intimidar a los prisioneros de guerra y sospechosos de terrorismo. Pero, tal como alegó el vicepresidente hace poco, al principio el Congreso consintió u ofreció apagadas objeciones a las políticas de la administración. Que los errores fueran colectivos antes que individuales no los hace menos atroces, pero sí sugiere que un proceso judicial no los remediará.
Del mismo modo, fue el gobierno el que se arrogó el poder de crear un sistema judicial improvisado para juzgar a los detenidos en Bahía Guantánamo, Cuba -una política que afortunadamente fue anulada por la Corte Suprema. Pero fue el Congreso el que, una vez que aceptó la responsabilidad de la creación de procedimientos para las comisiones militares, votó para despojar a los detenidos del derecho a impugnar su encarcelamiento recurriendo el antiguo mandato judicial de habeas corpus. También aquí se dejó en manos de la Corte Suprema la defensa de principios jurídicos intemporales.
Esos lapsos, sin embargo, sólo cuentan una parte de la historia. El sistema de equilibrio de poderes en este país -que definimos ampliamente para incluir en él a la prensa- respondió, aunque tardíamente, a algunos de los excesos del gobierno. Esto explica por qué la analogía con el régimen del apartheid en Suráfrica es fatalmente errónea.
Al promulgar las disposiciones contra la tortura en la Ley sobre el Trato de Detenidos de 2005, el Congreso aparentemente terminó con la técnica de tortura del submarino, pero en realidad perpetuó injustamente un doble standard mediante el cual permitió que la CIA utilizara métodos de interrogatorio más severos que las fuerzas armadas. Después de que el New York Times revelara el programa secreto de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, el Congreso aprobó una nueva versión de la FISA, que, aunque imperfecta, le puso freno al espionaje de estadounidenses y aumentó la supervisión judicial. Esas acciones pueden no haber ido demasiado lejos, pero sugieren un sistema de rendición de cuentas, por más imperfecto que parezca.
Incluso dentro del gobierno de Bush, algunos funcionarios nombrados políticamente, como el ex ministro de Justicia, John Ashcroft y el director del FBI, Robert S. Mueller III, se opusieron a los intentos más descarados del gobierno de eludir la ley. El apoyo del estado de derecho provino también de algunos resueltos abogados del ministerio de Justicia, como Jack Goldsmith, que rescindió una opinión legal favorable a la tortura ofrecida por su predecesor.
Los actos ilícitos del gobierno de Bush exigen un ajuste de cuentas serio, que ya ha empezado con un mordaz informe del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado sobre el papel jugado por Rumsfeld y otros funcionarios en la implementación de técnicas de interrogatorio abusivas. Eso es bienvenido, y es lo apropiado, y es una reivindicación de las instituciones estadounidenses diseñadas para investigar las ilegalidades de los funcionarios públicos. También se necesita una pesquisa parlamentaria del programa de espionaje del gobierno. Pero por atractiva que pueda ser la idea de poner a Rumsfeld o Cheney en el banquillo de los acusados, ni un proceso con fines propagandísticos ni una comisión de la verdad es el modo correcto para expurgar o expiar los abusos de este gobierno. Felizmente los que los aprobaron serán pronto historia.

25 de diciembre de 2008
©los angeles times
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justicia lenta y poco majestuosa


Derecho internacional permite prisión preventiva prolongada en casos de delitos contra la humanidad.
[Mario Wainfeld] El fallo que ordena la liberación de una horda de represores, con el Tigre Acosta y Alfredo Astiz a la cabeza, pone en llaga la excesiva prolongación de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El juez Carlos Fayt hizo una verónica respecto de la responsabilidad del poder judicial, cargando toda la falta en la mochila del Congreso. Suena chocante al sentido común que la dilación de trámites en tribunales no involucre al Poder Judicial... si se analiza el tema con detalle, esa intuición se confirma.
Fayt reitera una costumbre de los cortesanos en los últimos tiempos: justificar sus errores o su desidia reclamando tareas hercúleas a otros poderes del Estado. La jueza Carmen Argibay justificó un fallo del Tribunal que avala la detención de menores inocentes so pretexto de protección (prohibida por la Constitución) haciendo profecías sobre su suerte futura si se acataba la Carta Magna. El propio Fayt supeditó la posibilidad de fallos acordes a la supresión de la pobreza.
Ese pensamiento, antipolítico si se raspa un poco, es un factor de unidad al interior de la Corte. También en sus extramuros, entre jueces de distintas vertientes ideológicas. El Judicial es el único poder del Estado cuyos cargos son, en principio, vitalicios y no están sujetos al voto ni a ningún otro mecanismo de participación popular. Elitista por su modo de unción y nobiliaria por una cultura largamente implantada (hasta se los nombra como "Su Señoría"), la corporación judicial se autorranquea por encima de los otros estamentos estatales. La Corte actual, señera en otros tantos aspectos, poco ha hecho en este carril. Entre lo omitido está bregar para que cese la inmunidad fiscal de los magistrados y que paguen impuestos como los demás mortales.
Tampoco ha actuado como cabeza del Poder Judicial para garantizar el servicio de justicia en los pleitos que venimos mencionando, lo que es mucho más grave.

Casadores de utopías: La Cámara de Casación, que fue un retén formidable para los juicios, estableció anteayer que vencieron todos los plazos admisibles de prisión preventiva de los genocidas. Fue una decisión dividida, los dos jueces que hicieron mayoría son subrogantes, ocupan sus cargos de modo transitorio.
Mayoría y minoría desarrollaron fundamentos extensos, con buenas citas de derecho, lo que comprueba una vieja verdad: las sentencias no son un silogismo del que la ley sería la premisa mayor y el caso la menor sino que contienen ingredientes de voluntad. Por algo se elige una mitad de la consabida biblioteca. Sin ir más lejos: uno de los subrogantes que pasará a la historia por su interinato, Guillermo Yacobucci, es miembro del Opus Dei y profesor de la correlativa Universidad Austral. Es presumible que la liberación le haya caído simpática en su fuero interno. Pudo prolongar la tradición del fascista casador Bisordi que cajoneó expedientes a lo loco, renunció a su cargo y se sinceró, saltando al otro lado del mostrador, para defender represores. Pudo hacerlo simbólicamente gratis, sin recibir un mínimo reproche de sus ex colegas, tan puntillosos cuando hacen de telebeam de funcionarios o legisladores.
Claro que las responsabilidades son múltiples e interpelan al Ejecutivo y al Legislativo. Eso no dispensa al Judicial de las que le son propias ni lo faculta a postergarlas.

Rompecabezas: Las peripecias históricas de la lucha por la verdad y justicia transformaron en una madeja los juicios ahora reabiertos. No arrancan desde cero, como sucedió a partir de 1983. Primero se puso en el banquillo a las Juntas Militares, luego se habilitaron procedimientos contra otros represores. Después se obturó el paso con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos. La coraza de impunidad se fue horadando merced a la tenacidad de las víctimas sobrevivientes, de los organismos de derechos humanos y de abogados tan valientes como creativos. También hubo dirigentes políticos a la altura. La frontera de las excepciones a la regla de impunidad se fue corriendo: a la persecución a los apropiadores de bebés, se sumaron los juicios por la verdad, algunas inconstitucionalidades. Cuando se repuso la justicia a pleno, coexistieron cientos de situaciones particulares, intrincadas, difíciles de regular de un plumazo.
Trajinar ese rompecabezas es una proeza democrática que impone condignos esfuerzos. Muchos jueces no cooperan, por obvias razones ideológicas. El 29 de agosto de 2007 este diario informó acerca de un informe de la Unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos, dependiente de la Procuración General, que se elevó a la Corte. Era un minucioso (aunque parcial) inventario de las trabas impuestas por los tribunales al progreso de los juicios. Exceso de formalismo, las más livianas. Excusaciones sin basamento legal, alguna de las más graves. Cajoneo liso y llano, en múltiples casos. Impotencia por falta de recursos técnicos o humanos.
La Corte Suprema podía, entonces, no disponer de ese cúmulo de información, porque el Judicial no es un poder verticalizado. Pero lo recibió hace más de un año y no obró en consecuencia.
El Tribunal es la cabeza del Poder Judicial y le cabe garantizar el normal servicio de Justicia. La justicia tardía no es justicia, se reconoce siempre, pero no se cargan las pilas necesarias para evitar esa frustración. Una oficina ad-hoc se ha abierto, la dirige un letrado reconocido por sus calidades personales y técnicas, no tiene dotación de personal ni de recursos para cumplir con su cometido.
La facultad de Superintendencia es bien mirada, un deber. A la Corte le concierne un monitoreo del estado de los trámites, de la dedicación de los jueces. Y también podría aplicarse a pensar una ingeniería judicial que evitara el dispendio de trámites, su superposición y el calvario de testigos-víctimas que deben declarar "n" veces en cada caso y peregrinar por cien tribunales donde no abundan baños decorosos ni sillas para quienes no sean magistrados ni funcionarios.
Algún cortesano, por ejemplo Argibay, opina informalmente que esas acciones serían una injerencia indebida en las incumbencias de los jueces de rango inferior. No hay tal: la Corte incurriría en excesos si quisiera incidir en el contenido de las sentencias. Pero no si cumple con su obligación: garantizar que las causas concluyan en plazos sensatos.

Bien arriba: La libertad de Astiz y Acosta conmociona a la sociedad. Son criminales poderosos, con redes sociales que los bancan. Es altamente factible que, sueltos, puedan entorpecer el avance de las causas o profugarse. Esas razones, las sospechas fundadas de que cometieron los delitos por lo que están acusados habilitan, según la jurisprudencia internacional más avanzada, a prolongar la prisión preventiva durante el proceso. La gravedad institucional fuerza a que sea la Corte Suprema la que dirima el entuerto.
Dos fiscales interpusieron sendos recursos extraordinarios en los expedientes que, en consonancia con lo que se viene diciendo, son un desperdigado montón. El Tribunal, que ha dictado fallos encomiables ampliando los márgenes de su competencia convencional (jubilaciones, Riachuelo, delegados gremiales) afronta un doble desafío: el primero es sentenciar con serena justicia los casos. El segundo, sólo por orden de enumeración, es encarnar su rol de autoridad del Estado, conducción de uno de sus poderes. Ser tan exigente puertas adentro como lo es con el Ejecutivo y el Parlamento. Poner manos a la obra, en vez de señalar para otro lado cuando de privación de justicia (por vía de dilación negligente o dolosa) se trata.

20 de diciembre de 2008
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senderos de la democracia argentina


La democracia nació no de un impulso libertario y rebelde de nuestro pueblo sino de una doble ignominia: la de una culpa impagable y la de esa otra herida nunca confesada que tuvo que ver con la complicidad de Malvinas.
[Ricardo Forster] ¿Desde dónde intentar pensar estos 25 años de democracia? ¿Cómo interrogar por una época argentina que viniendo de la noche más oscura de nuestra historia no dejó de entrar en un nuevo laberinto? ¿Qué decir de estas décadas tan cambiantes en las que nada ha quedado intocado por las inclemencias de un tiempo cultural, tecnológico y económico que vino a modificar de cuajo lo establecido y lo conocido? Preguntas que surgen al tratar de indagar más allá de la lógica simplista y autoindulgente de las efemérides; interrogaciones que intentan desocultar la trama misma de la experiencia democrática, de sus giros sorprendentes y de sus imposibilidades, pero cuestionamientos que no pueden dejar de formularse desde un determinado presente que, suerte de improvisada atalaya, nos hace ver lo acontecido a nuestras espaldas a partir de ciertas experiencias que marcan a fuego nuestra interpretación. Quiero decir que no es lo mismo mirar retrospectivamente los años de la democracia posdictatorial desde las vicisitudes inauguradas por el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003 que, por ejemplo, tratar de hacer el esfuerzo de valorar esos años instalados en la década menemista. Tal vez la diferencia sea precisamente la que está señalando que en los últimos años –y eso más allá de aciertos y errores– la política ha regresado a tallar en el interior de la vida cotidiana reintegrándola al espacio público en donde efectivamente se dirime lo democrático; mientras que el tiempo menemista se caracterizó no sólo por una brutal caída en las virtudes gubernamentales sino, fundamentalmente, por un vaciamiento generalizado de la política en nombre del discurso hegemónico de la época articulado alrededor de la lógica neoliberal. Una profunda grieta se abrió entre la democracia y la demanda social, entre la acción legítima y la justicia social.
La democracia –esto hay que decirlo en el inicio mismo de lo que escribo– no es algo natural, un orden que subyace y que se despliega más allá de sus giros y contradicciones; la democracia es un espacio de querellas atravesada por las más diversas luchas por dominar la gramática de su decir, por convertirse en árbitro de su sentido. La democracia, si la pensamos por fuera de una lógica esencialista, es, como diría Claude Lefort, una "invención continua", ya que "en democracia [...] nadie posee la fórmula y es tanto más profundamente ella misma –continúa Lefort– cuanto más democracia salvaje es", es decir, cuanto menos la atrapamos en una definición última, cuanto menos intentamos fosilizarla o cristalizarla como si fuera un continuum que, al modo de una sustancia intocable, sigue su marcha incontaminada. No, la democracia es contaminación, inacabamiento, experimentación, contramarchas, deudas impagas con la parte de los incontables en el interior de un orden que sigue siendo determinado por la desigualdad, pero en el que los muchos plantean un litigio continuo por la igualdad. Mirándola desde esta perspectiva, es posible intentar preguntar por lo acontecido entre nosotros desde un ya lejano diciembre de 1983 cuando Alfonsín asumió la presidencia en una Argentina que intentaba sin saberlo muy bien salir de la dictadura, del horror y de los muertos insepultos. Tal vez por eso no puedo dejar de recorrer las heridas profundas que persistieron a lo largo de estos años.
La primera de esas heridas, la que más a fuego nos ha marcado y sobre la que todavía seguimos girando, es la de esa violencia homicida que atravesó de lado a lado la sociedad, pero que particularmente se cebó sobre los cuerpos de aquellos que buscaron otro horizonte político, que se expresaron a través de los sueños de la revolución. Los desaparecidos no son apenas la marca de lo intolerable, el recuerdo de esa otra época argentina en la que dominó la muerte, son, a su vez, el testimonio de una clausura, el fin de una historia que concluyó en tragedia y que dejó las señales del miedo en amplios mundos sociales, dejando huellas indelebles en la travesía democrática por venir; horadando, quizá y desde su comienzo, la capacidad de insistir en los lenguajes de la emancipación como núcleo perturbador de lo genuinamente democrático, allí donde las marcas de las ausencias recordaban, desde el silencio de lo no dicho, que la lógica del miedo condicionaba la construcción de una democracia socialmente justa e igualitaria. Tal vez por eso no debemos dejar de aclarar que el retorno de la democracia nació no de un impulso libertario y rebelde de nuestro pueblo sino de una doble ignominia: la de una culpa impagable y la de esa otra herida nunca confesada que tuvo que ver con la complicidad de Malvinas. La retirada de la dictadura dejó, sin embargo, heridas no curadas, marcas indelebles en el cuerpo social que irían recordando, en distintas circunstancias posteriores, que aquello que no se repara adecuadamente siempre persiste en el daño.
La otra herida significativa es de otro orden, pero sigue persistiendo con su ponzoña entre nosotros. Es la herida abierta por la hiperinflación que, desatada por el poder económico, destituyó hasta desbancarlo al gobierno de Raúl Alfonsín. Fue una herida que dejó un miedo profundo al abismo, a la catástrofe social, a la pérdida de lo cotidiano en medio de un desbarajuste general de conciencias y tejidos comunitarios. Una bomba desestructuradora que dejó una huella indeleble en el alma de los argentinos; suerte de amenaza continua que el poder económico, que las corporaciones suelen esgrimir para condicionar cualquier proyecto democrático que intente ir más allá de la mera forma. La democracia recién recuperada entró en su laberinto, en esa suerte de empantanamiento fijado por los chantajes del mercado y por una época de la historia, la del cierre de los ’80 y la década de los ’90, dominada por la brutal hegemonía del Consenso de Washington que, entre nosotros, significó la renuncia a inyectarle a nuestra democracia justicia social y terminar la tarea de destrucción del aparato productivo iniciada por Martínez de Hoz. Después de la hecatombe hiperinflacionaria quedó el campo libre para el gigantesco desguace menemista sustentado en aquella terrible frase esgrimida amenazadoramente por quien sería amo y señor de la economía a lo largo de esa década: "cuanto peor, mejor".
La democracia entró en un tiempo de formalidad hueca en el que la gramática del poder logró expropiar su honda relación con los ensoñamientos igualitarios para transformarla en el ritual de reproducción de un sistema afirmado en el desfondamiento de la política y de las búsquedas de un horizonte no dominado por la hegemonía clausurante del mercado y de sus dispositivos hundidos en lo más profundo de las conciencias hasta que amplias mayorías de la población aceptaron como naturales y eternos los valores implementados por la ideología neoliberal. Todavía no hemos salido de este triunfo cultural desplegado por el menemismo; algunos de los acontecimientos decisivos del 2008 sólo pueden entenderse a la luz de este giro cultural político de los ’90.
De todos modos, y más allá del estrepitoso fracaso del gobierno de la Alianza, un proyecto nacido de la reducción de la vida política a los set televisivos y de la pura homologación de política y moral, lo que queda por destacar es la significación de estos años atravesados por la democracia, años vertiginosos, contradictorios y que no dejaron de ofrecer una imagen de país arduo, complejo y muchas veces indescifrable que, con enormes dificultades, parece querer instalarse en la democracia sin que ésta sea entendida apenas como una forma abstracta. Años en los que la vida cotidiana se transformó alcanzada por un giro colosal de la propia historia mundial que, aunque ya casi parece una lejanía, contuvo dentro suyo la caída del Muro de Berlín, el fin del mundo bipolar, la expansión aparentemente ilimitada del imperio americano, el auge de las políticas neoliberales, el atentado del 11 de septiembre de 2001, la catástrofe social, política, económica y cultural que asoló al país al final de ese mismo año, el gobierno de Duhalde desplegado entre la devaluación, el asesinato de Kosteki y Santillán y el imprevisto triunfo de un desconocido Néstor Kirchner que, con su discurso inaugural del 25 de mayo de 2003, impregnaría a la joven democracia argentina de nuevos aires; hasta llegar, en estos días quemantes, a la mayor crisis del sistema capitalista mundial desde la lejana década del ’30, crisis que no sólo amenaza con llevarnos hacia un horizonte de recesión, hacia la multiplicación de una época de oscuridades y penurias sino, tal vez, a abrir una inesperada oportunidad para desvelar los velos de un sistema que parecía intocable y eterno.
Años de vértigo y también de zonas grises, tiempo de esperanzas y de frustraciones; época de promesas incumplidas y de demandas insatisfechas entramadas con sueños de mayor justicia y de mayor equidad, como si resultase inimaginable un país que queriéndose democrático no pudiera, al mismo tiempo, construir una vida mejor para los más débiles, aquellos que, en el conflicto recreador de la vida democrática, serán, siempre, los exponentes de lo que falta, la búsqueda de la reparación y de la igualdad en un país que supo conocer épocas mejores.
La democracia en estos 25 años ha sido permanentemente puesta a prueba, ha sido debilitada por los poderes económicos concentrados y por la mayoría de la clase política que no supo estar a las alturas de las circunstancias favoreciendo, durante gran parte de su desarrollo, la ampliación de las injusticias y de la desigualdad asociadas a prácticas cuya sede última acabó siendo los tribunales y los lenguajes jurídicos. Por eso, hoy seguimos discutiendo qué país queremos, qué Estado y para qué, pensando, siempre, que la democracia no es un regalo del cielo ni un producto de la naturaleza, sino una invención y una responsabilidad permanente de los seres humanos. Cuidarla, defenderla es abandonar las lógicas de la resignación y de la obsecuencia para introducir de lleno en nuestra vida pública los lenguajes de la crítica y de la emancipación que son, ayer como hoy, los núcleos insustituibles de la democracia.

El autor es Doctor en Filosofía, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

10 de diciembre de 2008
©página 12
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después de la era de la tortura


Es difícil decir qué es más espantoso, la tortura misma o las racionalizaciones leguleyas de la tortura que se chuparon del dedo los abogados del gobierno de Bush para ‘justificar’ la adopción de la barbarie como la política oficial de Estados Unidos.
[Eugene Robinson] "He dicho repetidas veces que tengo la intención de cerrar Guantánamo y lo haré. He dicho repetidas veces que Estados Unidos no necesita la tortura, y me voy a asegurar de que no torturemos. Esas son partes fundamentales de un intento de recuperación de la estatura moral de Estados Unidos en el mundo".
Ese inequívoco pasaje de la primera entrevista extensa del presidente electo Barack Obama transmitida por ‘60 Minutes’ el domingo noche, fue un gran paso hacia la curación del daño que ha causado el gobierno de Bush no solamente a nuestra imagen como país, sino a nuestra alma.
En medio de la excitación de la elección y la urgencia de la crisis económica, ha sido fácil perder de vista los ‘temas’ relacionados con el terrorismo que definieron la presidencia de George W. Bush y despojó a Estados Unidos de su honor, estatura y buena voluntad.
Pongo la palabra ‘temas’ en comillas porque la tortura no puede ser nunca un tema de discusión. Sin embargo, el gobierno de Bush trató de adormecer a los estadounidenses en cuanto a lo que ha sido visto tradicionalmente como un claro imperativo moral y legal: la exigencia de que los individuos detenidos por nuestro gobierno sean tratados con justicia y humanamente.
Esto no quiere decir que tratemos con guante blanco a los ‘malhechores’ homicidas y nihilistas. Quiere decir cerciorarse todo lo posible de que la gente que detenemos sean en realidad terroristas de verdad o candidatos a serlo, y no transeúntes desafortunados; y tratar a los detenidos en conformidad con el derecho internacional, como esperamos que sean tratados los militares estadounidenses capturados.
En Guantánamo, en Abu Ghraib y en un pequeño gulag de cárceles secretas de la CIA en el extranjero, el gobierno de Bush no estuvo a la altura de estas responsabilidades básicas y eso nos manchó a todos.
Cuando recordemos los años de Bush, encontraremos increíble y vergonzoso que los individuos fueran capturados en batalla o ‘comprados’ a señores de la guerra tribales interesados y que fueran trasladados a Guantánamo y clasificados como ‘enemigos combatientes’ pero sin concederles los derechos que esa condición debería haberles concedido, detenidos durante años sin oír ninguna acusación -y negándoseles el derecho a demostrar que son víctimas en un caso de confusión de identidad y no deberían haber sido detenidos nunca.
Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, basado en entrevistas con 62 hombres que estuvieron detenidos durante un periodo promedio de tres años en Guantánamo antes de su liberación sin ser acusados de ningún delito, constató que un tercio de ellos dijeron que habían sido entregados a sus captores estadounidenses por señores de la guerra a cambio de una recompensa. Los que denunciaron maltratos físicos dijeron que estos habían ocurrido en su mayoría en la base aérea norteamericana de Bagram en Afganistán, donde casi la mitad de los hombres fueron detenidos inicialmente antes de ser trasladados a Guantánamo.
Dos tercios de los ex detenidos mencionaron sufrir problemas psicológicos desde su liberación, y muchos de ellos son ahora indigentes, evitados por sus familias y aldeas. Ninguno ha recibido ninguna compensación por sus infortunios, según el informe titulado ‘Guantánamo y sus secuelas’ [Guantánamo and Its Aftermath].
En el futuro ver esas fotografías de prisioneros desnudos siendo humillados y abusados en Abu Ghraib nos horrorizará, y nos dará vergüenza haber tenido un gobierno en Estados Unidos que castigaba por su sadismo a soldados y reclutas pero exoneraba a sus superiores que hicieron posible ese sadismo.
En el futuro sabremos toda la verdad sobre las cárceles secretas de la CIA, donde los sospechosos de terrorismo de ‘alto valor’ eran interrogados con técnicas, entre ellas la del submarino, que tanto las normas civilizadas como el derecho internacional han definido hace mucho como tortura. Con lo que ya sabemos, es difícil decir qué es más espantoso, la tortura misma o las racionalizaciones jurídicas de la tortura que los abogados del gobierno de Bush se sacaron de la manga para ‘justificar’ la adopción de la barbarie como la política oficial del gobierno de Estados Unidos.
La claridad de Obama sobre los problemas de Guantánamo y la tortura contrasta con su obligada vaguedad sobre cómo superar la crisis económica. La tortura es mala hoy y lo será mañana, mientras que la panacea económica de hoy puede ser la penuria de mañana. ¿Quién iba a pensar que estos problemas de la ‘guerra contra el terror’ serían la parte fácil para el nuevo presidente?
No obstante, no es tan fácil. Aparecerán más informes como el de la Universidad de California en Berkeley, pero esta no es una tarea que se deba dejar exclusivamente en manos de investigadores universitarios. El nuevo gobierno de Obama tiene el deber de realizar su propia investigación y decirnos qué exactamente se hizo en nuestro nombre. Con toda verosimilitud, algunos hechos tendrán que ser editados. Probablemente algunos funcionarios que debiesen hacer frente a cargos criminales, no sufrirán ninguna consecuencia. Pero para restaurar nuestro honor nacional y curar nuestra alma nacional, tenemos que saber.

28 de noviembre de 2008
18 de noviembre de 2008
©washington post
cc traducción mQh
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