orden de captura para iraníes
[Raúl Kollmann] Nueve iraníes con pedidos de captura por el ataque contra la AMIA. Un atentado que "fue de lesa humanidad".
El juez Rodolfo Canicoba Corral pidió la captura de nueve ex funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente de Irán Alí Rafsanjani. También solicitó el pedido de captura del ex embajador de Irán en Buenos Aires Hadi Soleimanpour. El fallo menciona la palabra "genocidio" y califica al atentado contra la AMIA como "crimen de lesa humanidad".
El juez Rodolfo Canicoba Corral libró ayer órdenes de captura contra nueve ex funcionarios iraníes. La lista la encabeza el ex presidente de Irán Alí Rafsanjani e incluye a los ex ministros de Inteligencia y Relaciones Exteriores. La novedad es que el magistrado resolvió ir más allá de lo que pedían los fiscales e incluir en el pedido de captura al ex embajador de Irán en Buenos Aires Hadi Soleimanpour. Si el régimen usó la embajada para cometer el atentado, el embajador no pudo ser ajeno a los hechos, razonó Canicoba Corral. El problema es que Soleimanpour estuvo detenido en Londres en 2002. En ese momento, un juez británico consideró endebles las pruebas enviadas desde Buenos Aires a la capital inglesa, absolvió a Soleimanpour y lo dejó en libertad. La otra novedad importante del juez es que menciona la palabra "genocidio" en referencia al atentado, aunque termina inclinándose por "crimen de lesa humanidad", ya que fue una acción "que tuvo por fin atentar contra una población civil, en el contexto de persecución de la religión judía y la utilización del poder el Estado –el de Irán– para fines tan altamente contrarios al bien común". Ante el fallo, Irán amenaza con romper relaciones.
La resolución de Canicoba Corral es breve, 24 páginas, si se tiene en cuenta las implicancias del texto: se pide la detención de un ex presidente y ministros de otro Estado, se envía un exhorto a Irán pidiendo la extradición de esos funcionarios y un oficio a Interpol para que se los capture si se los detecta en algún lugar del planeta.
El régimen de Teherán nunca aceptó colaborar con la Justicia argentina y es obvio que no lo hará ahora cuando el presidente iraní, Mohmoud Ahmadineyad, encarna una política aún más dura que la existía en 1994. Rafsanjani, de quien ahora se pide la captura, compitió en las últimas elecciones representando al sector moderado, mientras que Ahmadineyad ha profundizado la orientación teológica y reiteradamente aboga por la destrucción de Israel y el desconocimiento del Holocausto.
El texto de Canicoba convalida las 800 páginas del dictamen de los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos. Es más, buena parte del fallo consiste en citar fojas y legajos que a su vez fueron citados por los fiscales. Y el peso probatorio también es el mismo. Canicoba considera creíbles los seis testimonios de disidentes y opositores al régimen de Teherán que son los que mencionan una reunión en Pashad en agosto de 1993 donde, según ellos, se decidió el ataque contra la AMIA. Ninguno de los testigos estaba en Irán en el momento de esa cumbre del Comité de Asuntos Especiales, la mayoría ya había abandonado el país cuatro años antes, pero el juez, y antes los fiscales, afirman que se trata de testimonios coincidentes y sólidos. Quienes objetan esa mirada dicen que es como considerar válido el testimonio de seis exiliados cubanos de Miami que dicen que están seguros de que hubo una reunión, por ejemplo, entre Fidel Castro y Raúl Castro en la que se decidió algo delictivo.
El juez y los fiscales toman lo dicho por los disidentes como prueba fundamental, pero agregan que en tiempos del atentado hubo mayor entrada y salida de correos diplomáticos, el embajador iraní se ausentó del país, mientras que llegaban a la Argentina otros representantes de Irán a los que se evalúa como sospechosos. A ello suman informes de inteligencia que dicen que el atentado fue perpetrado por Irán. La debilidad de la acusación es que no hay una sola prueba que vincule directamente un domicilio con la camioneta que estalló en la AMIA, no se encontró ningún rastro de la llegada del supuesto suicida a la Argentina ni cuales fueron las casas seguras que usaron ni quienes acompañaron en varios vehículos a la camioneta en su camino a la calle Pasteur. De todas maneras, el juez dice que "para este estadio del proceso, que no es todavía un pedido de condena, hay suficientes elementos como para detener y llamar a declaración indagatoria a los imputados".
En las 800 páginas del dictamen que redactaron los fiscales se concluye que no hay pruebas suficientes contra el ex embajador Soleimanpour. Ello evidencia que no se juntaron más evidencias que cuando fue detenido y liberado en Londres hace cuatro años. Sin embargo, Canicoba se mueve con la lógica que indica que si actuó el Estado de Irán como Estado, el embajador era su representante en la Argentina y por lo tanto no pudo estar al margen. El problema es que ya fue sobreseído y liberado por el único juez supuestamente imparcial que vio las pruebas: el magistrado británico.
Respecto de la calificación de "crimen de lesa humanidad", Canicoba amaga con vincular el caso con un genocidio. Lo dice expresamente en el texto. Lo que sucede es que el genocidio se utiliza para calificar hechos de otra envergadura, sistemáticos, de eliminación de una comunidad o de gran parte de una comunidad. Al final, en el texto no queda claro si Canicoba se inclina o no por la calificación de genocidio, aunque sí dice claramente que se trata de un crimen de lesa humanidad por la participación de un Estado y por le hecho de que el ataque obedece a razones de raza o religión.
A partir de ahora, el gobierno nacional, a través de la Cancillería, cursará los pedidos de captura. Es obvio que Irán no va a colaborar. Es más, ya venía amenazando con una ruptura de relaciones porque considera que la investigación fue manipulada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y la Argentina. Pero habrá que ver qué actitud toma el Ejecutivo, en especial cuando pasen los meses. Allí se vendrán las presiones –de Washington, Jerusalén y los dirigentes de la comunidad judía– para que se produzca un gesto más duro de denuncia contra Irán. Y en ese momento, el Ejecutivo tendrá que evaluar lo que hace. Puede moverse con cautela considerando que –como lo admite el juez– los elementos no son suficientes para una condena o puede avanzar en un nuevo escalón de denuncias contra Irán, considerando que el régimen de Teherán no colabora ni colaboró nunca con la investigación.
El juez Rodolfo Canicoba Corral pidió la captura de nueve ex funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente de Irán Alí Rafsanjani. También solicitó el pedido de captura del ex embajador de Irán en Buenos Aires Hadi Soleimanpour. El fallo menciona la palabra "genocidio" y califica al atentado contra la AMIA como "crimen de lesa humanidad".El juez Rodolfo Canicoba Corral libró ayer órdenes de captura contra nueve ex funcionarios iraníes. La lista la encabeza el ex presidente de Irán Alí Rafsanjani e incluye a los ex ministros de Inteligencia y Relaciones Exteriores. La novedad es que el magistrado resolvió ir más allá de lo que pedían los fiscales e incluir en el pedido de captura al ex embajador de Irán en Buenos Aires Hadi Soleimanpour. Si el régimen usó la embajada para cometer el atentado, el embajador no pudo ser ajeno a los hechos, razonó Canicoba Corral. El problema es que Soleimanpour estuvo detenido en Londres en 2002. En ese momento, un juez británico consideró endebles las pruebas enviadas desde Buenos Aires a la capital inglesa, absolvió a Soleimanpour y lo dejó en libertad. La otra novedad importante del juez es que menciona la palabra "genocidio" en referencia al atentado, aunque termina inclinándose por "crimen de lesa humanidad", ya que fue una acción "que tuvo por fin atentar contra una población civil, en el contexto de persecución de la religión judía y la utilización del poder el Estado –el de Irán– para fines tan altamente contrarios al bien común". Ante el fallo, Irán amenaza con romper relaciones.
La resolución de Canicoba Corral es breve, 24 páginas, si se tiene en cuenta las implicancias del texto: se pide la detención de un ex presidente y ministros de otro Estado, se envía un exhorto a Irán pidiendo la extradición de esos funcionarios y un oficio a Interpol para que se los capture si se los detecta en algún lugar del planeta.
El régimen de Teherán nunca aceptó colaborar con la Justicia argentina y es obvio que no lo hará ahora cuando el presidente iraní, Mohmoud Ahmadineyad, encarna una política aún más dura que la existía en 1994. Rafsanjani, de quien ahora se pide la captura, compitió en las últimas elecciones representando al sector moderado, mientras que Ahmadineyad ha profundizado la orientación teológica y reiteradamente aboga por la destrucción de Israel y el desconocimiento del Holocausto.
El texto de Canicoba convalida las 800 páginas del dictamen de los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos. Es más, buena parte del fallo consiste en citar fojas y legajos que a su vez fueron citados por los fiscales. Y el peso probatorio también es el mismo. Canicoba considera creíbles los seis testimonios de disidentes y opositores al régimen de Teherán que son los que mencionan una reunión en Pashad en agosto de 1993 donde, según ellos, se decidió el ataque contra la AMIA. Ninguno de los testigos estaba en Irán en el momento de esa cumbre del Comité de Asuntos Especiales, la mayoría ya había abandonado el país cuatro años antes, pero el juez, y antes los fiscales, afirman que se trata de testimonios coincidentes y sólidos. Quienes objetan esa mirada dicen que es como considerar válido el testimonio de seis exiliados cubanos de Miami que dicen que están seguros de que hubo una reunión, por ejemplo, entre Fidel Castro y Raúl Castro en la que se decidió algo delictivo.
El juez y los fiscales toman lo dicho por los disidentes como prueba fundamental, pero agregan que en tiempos del atentado hubo mayor entrada y salida de correos diplomáticos, el embajador iraní se ausentó del país, mientras que llegaban a la Argentina otros representantes de Irán a los que se evalúa como sospechosos. A ello suman informes de inteligencia que dicen que el atentado fue perpetrado por Irán. La debilidad de la acusación es que no hay una sola prueba que vincule directamente un domicilio con la camioneta que estalló en la AMIA, no se encontró ningún rastro de la llegada del supuesto suicida a la Argentina ni cuales fueron las casas seguras que usaron ni quienes acompañaron en varios vehículos a la camioneta en su camino a la calle Pasteur. De todas maneras, el juez dice que "para este estadio del proceso, que no es todavía un pedido de condena, hay suficientes elementos como para detener y llamar a declaración indagatoria a los imputados".
En las 800 páginas del dictamen que redactaron los fiscales se concluye que no hay pruebas suficientes contra el ex embajador Soleimanpour. Ello evidencia que no se juntaron más evidencias que cuando fue detenido y liberado en Londres hace cuatro años. Sin embargo, Canicoba se mueve con la lógica que indica que si actuó el Estado de Irán como Estado, el embajador era su representante en la Argentina y por lo tanto no pudo estar al margen. El problema es que ya fue sobreseído y liberado por el único juez supuestamente imparcial que vio las pruebas: el magistrado británico.
Respecto de la calificación de "crimen de lesa humanidad", Canicoba amaga con vincular el caso con un genocidio. Lo dice expresamente en el texto. Lo que sucede es que el genocidio se utiliza para calificar hechos de otra envergadura, sistemáticos, de eliminación de una comunidad o de gran parte de una comunidad. Al final, en el texto no queda claro si Canicoba se inclina o no por la calificación de genocidio, aunque sí dice claramente que se trata de un crimen de lesa humanidad por la participación de un Estado y por le hecho de que el ataque obedece a razones de raza o religión.
A partir de ahora, el gobierno nacional, a través de la Cancillería, cursará los pedidos de captura. Es obvio que Irán no va a colaborar. Es más, ya venía amenazando con una ruptura de relaciones porque considera que la investigación fue manipulada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y la Argentina. Pero habrá que ver qué actitud toma el Ejecutivo, en especial cuando pasen los meses. Allí se vendrán las presiones –de Washington, Jerusalén y los dirigentes de la comunidad judía– para que se produzca un gesto más duro de denuncia contra Irán. Y en ese momento, el Ejecutivo tendrá que evaluar lo que hace. Puede moverse con cautela considerando que –como lo admite el juez– los elementos no son suficientes para una condena o puede avanzar en un nuevo escalón de denuncias contra Irán, considerando que el régimen de Teherán no colabora ni colaboró nunca con la investigación.
10 de noviembre de 2006
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Jackson, Mississippi, Estados Unidos. El ex Mago Imperial del Ku Klux Klan, Samuel H. Bowers, condenado hace ocho años por ordenar el asesinato de un líder por los derechos civiles en 1966, ha muerto. Tenía 82 años.
Washinton, Estados Unidos. La investigación de los mortíferos ataques de 2001 no avanza, pero la agencia pide paciencia. Cinco años después de que una serie de mortíferas cartas con carbunclo sacudieran al país, el FBI no ha ofrecido ninguna indicación de que esté próximo a resolver uno de los primeros incidentes de bioterrorismo en suelo norteamericano, llevando a algunos críticos a especular que la pesquisa se ha estancado y a cuestionar la capacidad de los agenes federales para hacer frente a futuros ataques.
Mientras el juez del caso AMIA estudia y prepara el dictado de las órdenes de captura de ex funcionarios iraníes para las próximas horas, tal como solicitó la Unidad Especial de fiscales, la Cancillería se mostró decidida a avalar la iniciativa. El canciller Jorge Taiana afirmó ayer que su cartera "se encuentra a plena disposición de las decisiones que adopte la Justicia", en relación con la causa por el ataque a la AMIA, perpetrado en 1994 y que causó la muerte de 85 personas. Respecto del anuncio del fiscal general de Irán que anticipó que ese país demandará a la Argentina ante un tribunal internacional por las acusaciones formuladas contra su ex presidente Akbar Rafsanyani y otros siete ex funcionarios iraníes por su presunta participación en el atentado, Taiana destacó que, "atento a la gravedad e importancia de las circunstancias investigadas, la Cancillería argentina espera que las autoridades de Irán, a diferencia de lo ocurrido hasta el presente, presten la colaboración que corresponda a la Justicia, en esta cuestión de enorme gravedad", para el país.
El libro de Wright está condenado a plantear la pregunta: ¿Qué importancia tiene todo esto frente a la amenaza a la que hace frente Estados Unidos hoy? Cualquiera sean las opiniones que tengamos sobre cómo se desarrolló al-Qaeda para decidir atacar a Estados Unidos, la próxima camada de yihadistas puede presentar peligros todavía peores. Desde que los kharijites asesinaran a Ali, el cuarto califa, en Iraq en el siglo siete, que no cesan de aparecer grupos disidentes en el islam que usualmente se forman de la misma forma general: líderes mesiánicos inspiran a jóvenes a que den sus vidas en nombre de una fe más auténtica. Durante el último medio siglo no han faltado ejemplos de esta tendencia, sea en las células clandestinas de la Hermandad Musulmana o entre los fanáticos armados que se apoderaron por la fuerza de la Gran Mezquita de la Meca en 1979. Según algunas versiones, al-Qaeda era uno de esos grupos, y ha sido seguido por muchos más. Ha matado a varios miles de personas en todo el mundo (pero no estamos incluyendo a los iraquíes asesinados por el grupo de Abu Musab al-Zarqawi, que se afilió a al-Qaeda a fines de 2004). El periodista británico Jason Burke, entre otros, ha argumentado que la supuesta predominancia de al-Qaeda en el mundo de la yihad, fue siempre un mito. Ahora la organización no existe, escribe Burke, y hacemos frente a lo que existía antes del breve apogeo de al-Qaeda: "un amplio y diverso movimiento de militantes musulmanes radicales".
Esas preguntas sobre al-Qaeda se han planteado a menudo, pero habitualmente desde una perspectiva norteamericana. Desde mediados de los años noventa, la unidad bin Laden de la CIA, llamada Alec Station, empezó a perseguir a bin Laden y otros cabecillas de al-Qaeda con el objetivo de capturarlos o matarlos. La CIA tuvo varias claras oportunidades de hacerlo, y las desperdició todas, cohibida por la diplomacia norteamericana, el temor a causar bajas civiles y las complejidades de la turbulenta relación de Estados Unidos con Pakistán, cuyos servicios de inteligencia tenían sus propios vínculos con bin Laden. La historia de esos fracasos han sido ampliamente reportada por Steve Coll en ‘Ghost Wars' (2004) y en el Informe de la Comisión sobre el 11/9 de 2001, y Wright los trata brevemente. Pero presenta sus propias ideas sobre cómo pudo haber ocurrido de otro modo, en una narrativa que presta mucho más énfasis a la dirección del FBI que de la CIA.
Bin Laden y Zawahiri son ahora tan familiares debido a sus apariciones en al-Yazira que es difícil imaginar que hubiera podido ser diferente. Pero a principios de los años noventa, bin Laden casi se apartó definitivamente del terrorismo. La mayoría de los autores occidentales interesado en la trama del 11 de septiembre de 2001, dedican poca atención a este período. Wright, sin embargo, localizó a mucha de la gente que vivió y trabajó con bin Laden en sus años en Sudán, antes de que al-Qaeda tomara la decisión de atacar a Estados Unidos. La versión de Wright revela un lado inesperadamente ambivalente del carácter de bin Laden, y describe una época en que su grupo recién formado pudo haber sido disuelto, o seguido otro camino que la yihad global.
En agosto, incluso antes del anuncio oficial de que unas dos docenas de candidatos a terroristas fueran arrestado en Londres, el presidente Bush y sus principales asesores entraron en acción. Su objetivo no era parar a los terroristas, que ya estaban a buen resguardo tras las rejas, sino utilizar el peligro para justificar la aparentemente interminable ‘guerra contra el terrorismo'.