SOLUCIONES PARA LOS MALTRATOS A PRISIONEROS
El editorial de hoy del Washington Post llama al gobierno de Bush a iniciar acciones correctivas en el ejército y a iniciar procesos judiciales contra los altos mandos implicados en los asesinatos y maltratos de la cárcel de Abu Ghraib. El único modo de contener los continuados daños que causa el escándalo de los maltratos a prisioneros, es que la administración de Bush documente e informe completa y públicamente sobre las decenas de casos de homicidios y maltratos físicos en Iraq y Afganistán, procesar a todos aquellos directamente responsables y exigir responsabilidades a altos cargos civiles y del ejército cuyas decisiones y medidas condujeron al clima de anarquía. Entretanto, el presidente Bush debería reformular las técnicas de interrogatorio de modo que se ajusten a las leyes nacionales e internacionales y debería hacer públicos los nuevos métodos para que los estadounidenses y el resto del mundo confirmen su corrección.
De momento, hay pocas razones para esperar acciones correctivas fundamentales como estas. Al contrario. Hay inquietantes evidencias de que altos mandos militares estadounidenses ignoraron y encubrieron agresiones graves contra prisioneros, incluyendo homicidios, hasta que la revelación de las espeluznantes fotografías de la prisión de Abu Ghraib los obligaron a actuar, y de que la intención del Pentágono ahora es limitar las acusaciones a un pequeño número de soldados en su mayoría de bajo rango y resistir que se investigue a altos mandos o se revisen las medidas que dieron origen a los maltratos. Bush, por su parte, continúa perdiendo su credibilidad y el prestigio global de Estados Unidos al insistir en que el problema no implica más que a un puñado de soldados de una sola cárcel de Iraq -aunque se ha informado de más de 100 casos de maltratos en Iraq y Afganistán- e ignorar la necesidad de corregir esos métodos.
El Pentágono alardea de que se está investigando una media docena de casos relacionados con los maltratos a prisioneros, además de las investigaciones judiciales. Pero esas pesquisas son cerradas, están socavadas por conflictos de intereses, y dejan grandes terreros sin tocar -particularmente la posible culpabilidad de altos funcionarios. Un oficial, el general de división George R. Fay, director de la inteligencia del ejército, ha sido encargado de investigar a los interrogadores en su propia línea de mando. Es probable que recomiende acciones legales contra dos oficiales del servicio secreto, aunque no está autorizado a analizar seriamente las decisiones y medidas impuestas por él mismo o sus superiores. Una revisión incluye cifras de fuera de la línea de mando militar, aunque el panel consultivo, en el que tienen asiento dos antiguos secretarios de Defensa, goza sólo de un mandato consultivo para asesorar al secretario de Defensa, Donald H. Rumsfeld sobre las brechas existentes entre las pesquisas actuales y los posibles cambios de política administrativa, y sólo tiene dos meses para presentar su informe.
El panel consultivo podría desempeñar una importante función si le indicara a Rumsfeld lo que ya está claro para expertos externos: Que se necesitan investigaciones independentes de alto nivel y creíbles tanto de los casos judiciales como de la línea de mando. En lo que se refiere a los casos de maltratos, esto podría adoptar la forma de una corte militar dirigida por un alto oficial de fuera de la inteligencia del ejército o del Alto Mando que supervisa las operaciones en Iraq. Este panel podría llevar a cabo una nueva y fresca revisión de los casos y determinar, por ejemplo, si era correcto concluir muchas de las investigaciones sin que se hayan formulado cargos. También podría saber por qué un número de casos de muerte permanecieron sin ser reportados (sin actas de defunción y en varios casos sin autopsia) hasta después de la revelación de las fotografía de Abu Ghraib.
Se necesita una investigación independiente para determinar en qué medida las modificaciones introducidas por el gobierno de Bush alteraron los métodos de interrogatorio del ejército después de 2001 y si las nuevas medidas y métodos ayudaron a crear un clima de anarquía que imperaba claramente en varios de los centros de detención en Iraq y Afganistán. También debe investigarse la conexión entre los interrogatorios de la CIA y otras operaciones secretas y los maltratos a detenidos extranjeros. Se necesitan expertos ajenos al asunto para determinar si las nuevas técnicas secretas de interrogatorio ahora aprobadas -que supuestamente incluyen cubrir la cabeza con capuchas, obligar a los detenidos a adoptar posturas corporales incómodas, privarles de sueño e intimidarles con perros- son o no legales en el marco de las Convenciones de Ginebra o de leyes relacionadas estadounidenses.
Como la administración no se muestra dispuesta a emprender semejante reajuste, es el congreso el llamado a intervenir. El Comité de Servicios Armados del senado, bajo la presidencia del senador John W. Warner (republicano, Virginia), ha comenzado a trabajar sobre el asunto y Wagner ha prometido más comparecencias públicas. Pero se necesitan medios para sacar conclusiones, exigir responsabilidades a los oficiales comprometidos e iniciar acciones correctivas -incluyendo la reformulación y publicación de las técnicas de interrogatorio. Incluso mientras continúa la investigación del comité, Warner y otros líderes parlamentarios deberían proponer medidas sobre cómo realizar esas tareas.
7 junio 2004
©washington post ©traducción mQh
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