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firmas republicanas en iraq


[Christian Miller] Se acusa de fraude a una compañía estadounidense y amenazas contra un empleado y su hijo. Cada vez se revelan más detalles sobre cuantiosos fraudes que cometen empresas en Iraq de propiedad de republicanos vinculados al gobierno estadounidense.
Washington, Estados Unidos. Una de las compañías de seguridad más conocidas que opera en Iraq, ha sido suspendida de sus tratos con el gobierno estadounidense después de ser acusada de sobrecargar millones de dólares a través de una serie de firmas no existentes.
Custer Battles, una empresa de seguridad de Virginia, enviaba facturas falsAs a la Autoridad Provisional de la Coalición APC encabezada por Estados Unidos que gobernó Iraq durante la ocupación estadounidense, de acuerdo a un memorándum de la Fuerza Área obtenido por Times.
La empresa, que se encargaba de toda la seguridad del aeropuerto de Bagdad, ha sido también demandada el viernes. Se acusa a sus empleados de defraudar sistemáticamente a los contribuyentes norteamericanos y de amenazar a punta de pistola a un empleado y a su hijo de 14 años.
La firma, uno de cuyos directores es un antiguo candidato republicano al Congreso, es la última de una serie de compañías vinculadas a los republicanos que han sido acusadas de actividades delictivas en Iraq.
Se cree que la suspensión es la primera en ser ordenada por el gobierno federal contra una compañía por problemas con sus operaciones en Iraq, dijeron expertos.
La firma están también siendo investigada por el FBU y el inspector general del Departamento de Investigaciones Criminales de la Defensa, del Pentágono, se lee en el memorándum. La información no pudo ser corroborada el viernes, ya que las investigaciones aún no terminan.
Richard Sauber, un abogado que representa a Custer Battles, negó las acusaciones. Acusó a una firma de la competencia y a un antiguo empleado disgustado de hacer acusaciones falsas.
"Creemos que las acusaciones carecen de base", dijo Sauber. "Creemos que podemos demostrar que las acusaciones no se sostienen".
Varios antiguos funcionarios republicanos han sido investigados en conexión con contratos en Iraq. El inspector general del Pentágono ha pedido al FBI que investigue a un subsecretario de Defensa en conexión con un contrato de radios policiales. Un antiguo alto funcionario republicano del Departamento de Transporte fue investigado en conexión con un contrato para el aeropuerto, dijeron funcionarios estadounidenses.
Mike Bartles, uno de los propietarios de la compañía, fue candidato (no elegido) para la Cámara de Representantes por el partido Republicano en Rhode Island en 2002. También contribuyó a causas republicanas y recibió contribuciones a la campaña de importantes funcionarios republicanos del país.
El caso de Custer Battles "es el peor caso de corrupción", dijo Alan Grayson, un abogado que presentó una demanda el viernes, que es diferente a la demanda de suspensión. "La cometen compinches de Bush, y son protegidos por el gobierno de Bush".
Custer Battles era una compañía novata y sin experiencia en la industria de la seguridad cuando en la primavera de 2003 recibió un contrato de 16 millones de dólares para proteger el aeropuerto de Bagdad después del derrocamiento de Saddam Hussein.
La compañía empleó a gurkas nepaleses para completar su limitada plantilla y se expandió rápidamente. En agosto de 2003 ganó un contrato para proporcionar apoyo logístico para una masiva campaña de cambio de divisas en la que los iraquíes cambiaron miles de millones de viejos dinares por la nueva moneda del país.
Ese contrato comprometió a la APC a pagar todos los costes de la compañía por la instalación de los centros de cambio, más un 25 por ciento por concepto de costes indirectos y beneficios, de acuerdo a un memorándum de la Fuerza Área firmado por el consejero jurídico general Steven A. Shaw.
Custer Battles entonces compró camiones, maquinarias y unidades de vivienda para implementar el contrato. Creó una serie de ‘empresas fraudulentas' inscritas en las Islas Caimán y el Líbano, según el memorándum.
Las compañías fueron luego usadas para emitir facturas falsas para que apareciera que estaban alquilando los camiones y otras maquinarias a Custer Battles. Según el memorándum, la trama infló el 25 por ciento permitido por el contrato.
En octubre de 2003, los representantes de la compañía olvidaron una hoja de cálculo después de una reunión, que fue más tarde descubierta por empleados de la APC. La hoja de cálculo mostraba que la operación de cambio de divisas le había costado a la compañía 3.738.592 dólares, y que la a APC se le había cobrado 9.801.500 - unos beneficios de 162 por ciento.
En otro caso, un empleado de Custer Battles escribió en un informe que 2.7 millones de dólares de la facturación se basaban en "licencias falsificadas, facturas infladas y duplicaciones", se lee en el memorándum de la Fuerza Aérea. En todavía otro caso mencionado en el memorándum, Custer Battles cargó al gobierno 157.000 dólares para construir una plataforma para helicópteros que costaba 95.000 dólares.
La suspensión significa que ninguna agencia de gobierno puede firmar contratos con Custer Battles, que había crecido de un puñado de empleados a más de 700 durante sus operaciones en Iraq.
Sin embargo, la compañía puede continuar cumpliendo sus contratos restantes. Recientemente paralizó sus operaciones en el aeropuerto tras decidir no presentarse a un concurso para un nuevo contrato de seguridad.
En la demanda, conocida como demanda por reclamaciones fraudulentas, el antiguo empleado William Baldwin y un subcontratista de Custer Battles llamado Robert Isakson repitieron algunas de las acusaciones mencionadas en el memorándum de la Fuerza Aérea. La demanda por reclamaciones fraudulentas permite a los ciudadanos demandar a contratistas a nombre del gobierno federal para exigir indemnizaciones por fraude.
La demanda por reclamaciones fraudulentas dice que después de que Isakson se quejara de las prácticas de Custer Battles, él y su hijo de 14 años fueron retenidos a punta de pistola por empleados de la compañía. Los empleados luego lo sacaron a él y a su hijo a patadas de la base del aeropuerto, por lo que debió tomar un taxi para cruzar la conflictiva zona de Faluya para volver a Jordania.
Sauber observó que el ministerio de Justicia se había negado a participar en la acusación. El ministerio a menudo decide no participar en casos cuando cree que son débiles o que carecen de base.
Grayson, el abogado de los dos denunciantes, dijo que funcionarios del ministerio de Justicia le dijeron que fueron problemas de competencia, no una falta de evidencias, lo que les impidió hacerse partes de la acusación. El ministerio de Justicia no reaccionó a nuestra petición de comentario.

9 de octubre de 2004
17 de octubre de 2004
©la times©traducción mQh

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