gobierno amenaza estado de derecho
[Rob Schoof y Michèle de Waard] El jurista André Klip habla sobre la lucha contra el terrorismo en el estado de derecho. El estado de derecho en Holanda se encuentra en serio peligro.
Maastricht, Holanda. Los políticos hacen, cada vez más frecuentemente, de jueces. Bajo la influencia de incidentes y de la prensa, los políticos anuncian al buen tuntún cambios en la legislación. Es un desarrollo indeseable. La introducción de la obligación de identificarse a partir del 1 de enero, o la anulación de la ciudadanía holandesa son medidas idiotas y no contribuyen en nada a una lucha seria contra el terrorismo.
Eso dice Andrés Klip, catedrático de derecho penal y derecho procesal en la Universidad de Maastricht. Klip se muestra escéptico sobre el modo en que los políticos creen que pueden luchar contra el terrorismo, en especial contra el extremismo musulmán. El ambiente está demasiado politizado. En su discurso inaugural a fines de abril de 2004, el catedrático criticó las crecientes incursiones de los políticos en el derecho penal -un desarrollo que no es solamente holandés y que se advierte también en algunos otros países de la Unión Europea.
Los políticos pisan terreno resbaloso con su creciente injerencia en el derecho penal, dice Klip en su oficina en el corazón de Maastricht. Opinó que era "una insensatez" que el vice-premier Gerrit Zalm felicitara el año pasado al presidente paquistaní en Holanda, cuando este ordenara la ejecución extrajudicial de un musulmán acusado de terrorismo. "Zalm felicitó a Musharraf en público. Eso no puede ser", dice Klip. "Es un juez independiente quien determina en nuestro estado de derecho si alguien es un terrorista o no, no un presidente ni un ministro de Finanzas". Encontró muy raro que el ministro no fuera llamado a dar explicaciones por la Cámara. Pero eso lo dice todo sobre el espíritu de esta época.
También el ministro Henk Kamp (de Defensa) se extralimitó, según el catedrático, al defender al militar holandés Erik O., que fue procesado por el ministerio fiscal por el asesinato de un iraquí en Iraq. Algunas declaraciones de Kamp, aun antes de que el ministerio redondeara sus pesquisas, son según Klip extremadamente nocivas. "Cuando nuestros chicos entran en acción en el extranjero, no es posible que el volver se los someta a procesos judiciales, dijo Kamp. Eso es absurdo. Eso no lo determina el ministro de Defensa, sino el juez de instrucción".
Kamp no debió, dice Klip, presentarse como el "padrino" de las tropas holandesas en Iraq. "Debió haber declarado que en un estado de derecho es al juez determinar si Erik O. era culpable o no". Según Klip, la Cámara Baja pide cambiar la legislación cada vez que hay un incidente. En esas ocasiones se asume como punto de partida que el derecho penal es por definición el medio adecuado para combatir la enfermedad. La utilidad del derecho penal como instrumento no se discute nunca, y eso es justamente lo que se necesita hacer, dijo el jurista.
Uno de los cambios que quiere introducir el ministro Donner es el uso en los tribunales de información recogida por las policías secretas. Es un desarrollo peligroso, opina Klip, sobre todo porque los datos del servicio secreto AIVD no se harán públicos si son, como quiere Donner, controlados por el juez de instrucción.
"En el debate en torno a Mohammed B. los políticos pidieron de inmediato: por qué no ha hecho nada el ministerio de Justicia. El hechor debió haber sido detenido porque el AIVD ya la había señalado en el círculo periférico de una red. Pero desde el punto de vista técnico, eso significa a lo más que ese señor se movía en círculos dudosos". El hecho de que alguien tenga convicciones religiosas no es un delito, dice Klip. Antes de detener a alguien, debes demostrar que ha cometido algún delito. La gente tiene derecho a pensar que Europa es pagana y que debe ser islamizada.
El New York Times escribió con escepticismo sobre el asesinato. "Su teléfono estaba interceptado, su apartamento era vigilado y una parte de sus amigos estaba tras las rejas, así que las autoridades holandesas no se sorprendieron cuando Mohammed B, fue acusado del asesinato a plena luz del día del cineasta Theo van Gogh. Sin embargo, no pudieron impedir el asesinato", escribió Craig Smith.
Analizó un problema al que se enfrenta la mayoría de los gobiernos europeos en lo que concierne al extremismo musulmán: ¿cómo detener a militantes sospechosos antes de que cometan un atentado, sin violar los derechos individuales? "No podemos detener a la gente porque llevan un tipo determinado de ropa", dijo Donner al periodista estadounidense.
Absolutamente correcto, opina Klip. "Debes mostrar pruebas, de otro modo te entregas a la intuición de la policía secreta". No quiere negar que la intuición de los funcionarios policiales puede ser correcta, pero nadie se puede dejar dirigir con suposiciones. Estados Unidos y Gran Bretaña ponen a algunas personas, en Bahía Guantánamo en Cuba y en la cárcel de Belmarsh en Londres, fuera de las protecciones de la Constitución y del estado de derecho. Klip: "Así se abandona el estado de derecho".
Bajo la presión del terrorismo se observa cada vez más la tendencia a castigar "el pensamiento". Los sistemas judiciales de Europa occidental penalizan la conducta, no el pensamiento. Por eso, opina Klip, debe mostrarse reticencia a la hora de utilizar informaciones recabadas por el servicio secreto como evidencias en casos judiciales. "A menudo no se puede revelar la fuente, por lo que esta información no es verificable ni por el juez ni por la defensa. Y mientras más secreta la información, más difícil es de controlar. De hecho, así se convierte en juez al servicio secreto mismo. Entonces ya has abandonado el terreno de lo permisible".
Klip señala que el método británico de detener en la cárcel de Belmarsh a los extranjeros sospechosos de actividades terroristas por tiempo indefinido, sin proceso, fue prohibido el año pasado por la Corte Suprema. "El gobierno de Blair ha ido claramente demasiado lejos y ha sido desautorizado. Si no Blair no acata al veredicto de la Corte y no libera a los prisioneros, Gran Bretaña ya no será un estado de derecho. En ese caso es el poder ejecutivo el que determina quién es un terrorista, no el juez. Y eso es lo que está ocurriendo".
En Holanda no se ha llegado todavía a ese punto. No se puede hablar de situaciones a la Guantánamo, opina Klip. "Pero si Donner decide aprobar esa ley que determina que datos recogidos por el servicio secreto pueden ser utilizados como pruebas en un juicio, entonces Holanda entrará decididamente en una senda equivocada". La ficción determinará cada vez más la realidad, teme el jurista. "Este es el gran peligro que representan las reacciones de los políticos sobre los sucesos. Los políticos tienen miedo de ser llamados a rendir cuentas cada vez que pasa algo, sin poder señalar las medidas que han tomado, como en el caso de van Gogh".
Pero en la mayoría de los casos, se trata de un "derecho penal simbólico". La obligación de identificarse procura una "seguridad aparente". Los secuestradores del 11 de septiembre de 2001 llevaban todos sus pasaportes. "Además, ¿hay menos delincuencia o menos terrorismo en países que conocen hace más tiempo esta obligación de identificación?"
Naturalmente es comprensible que los políticos hagan todo lo posible para prevenir los atentados, dice Klip. "Pero el derecho penal no es apropiado para combatir el terrorismo. Encarcelar a una persona que ha cometido un delito llevado por sus convicciones puede crear un mártir. Los políticos recurren al derecho penal por su incapacidad de solucionar problemas sociales".
Hay que solucionar las causas de los problemas de modo que los fanáticos no recurran a la violencia. Si acaso hay que procurar que se sientan en casa en Holanda. Pero los políticos no deben utilizar el derecho penal con la excusa de la lucha contra el terrorismo, es el mensaje que envía Klip a la clase política.
9 de enero de 2005
nrc-handelsblad
©traducción mQh
Maastricht, Holanda. Los políticos hacen, cada vez más frecuentemente, de jueces. Bajo la influencia de incidentes y de la prensa, los políticos anuncian al buen tuntún cambios en la legislación. Es un desarrollo indeseable. La introducción de la obligación de identificarse a partir del 1 de enero, o la anulación de la ciudadanía holandesa son medidas idiotas y no contribuyen en nada a una lucha seria contra el terrorismo.Eso dice Andrés Klip, catedrático de derecho penal y derecho procesal en la Universidad de Maastricht. Klip se muestra escéptico sobre el modo en que los políticos creen que pueden luchar contra el terrorismo, en especial contra el extremismo musulmán. El ambiente está demasiado politizado. En su discurso inaugural a fines de abril de 2004, el catedrático criticó las crecientes incursiones de los políticos en el derecho penal -un desarrollo que no es solamente holandés y que se advierte también en algunos otros países de la Unión Europea.
Los políticos pisan terreno resbaloso con su creciente injerencia en el derecho penal, dice Klip en su oficina en el corazón de Maastricht. Opinó que era "una insensatez" que el vice-premier Gerrit Zalm felicitara el año pasado al presidente paquistaní en Holanda, cuando este ordenara la ejecución extrajudicial de un musulmán acusado de terrorismo. "Zalm felicitó a Musharraf en público. Eso no puede ser", dice Klip. "Es un juez independiente quien determina en nuestro estado de derecho si alguien es un terrorista o no, no un presidente ni un ministro de Finanzas". Encontró muy raro que el ministro no fuera llamado a dar explicaciones por la Cámara. Pero eso lo dice todo sobre el espíritu de esta época.
También el ministro Henk Kamp (de Defensa) se extralimitó, según el catedrático, al defender al militar holandés Erik O., que fue procesado por el ministerio fiscal por el asesinato de un iraquí en Iraq. Algunas declaraciones de Kamp, aun antes de que el ministerio redondeara sus pesquisas, son según Klip extremadamente nocivas. "Cuando nuestros chicos entran en acción en el extranjero, no es posible que el volver se los someta a procesos judiciales, dijo Kamp. Eso es absurdo. Eso no lo determina el ministro de Defensa, sino el juez de instrucción".
Kamp no debió, dice Klip, presentarse como el "padrino" de las tropas holandesas en Iraq. "Debió haber declarado que en un estado de derecho es al juez determinar si Erik O. era culpable o no". Según Klip, la Cámara Baja pide cambiar la legislación cada vez que hay un incidente. En esas ocasiones se asume como punto de partida que el derecho penal es por definición el medio adecuado para combatir la enfermedad. La utilidad del derecho penal como instrumento no se discute nunca, y eso es justamente lo que se necesita hacer, dijo el jurista.
Uno de los cambios que quiere introducir el ministro Donner es el uso en los tribunales de información recogida por las policías secretas. Es un desarrollo peligroso, opina Klip, sobre todo porque los datos del servicio secreto AIVD no se harán públicos si son, como quiere Donner, controlados por el juez de instrucción.
"En el debate en torno a Mohammed B. los políticos pidieron de inmediato: por qué no ha hecho nada el ministerio de Justicia. El hechor debió haber sido detenido porque el AIVD ya la había señalado en el círculo periférico de una red. Pero desde el punto de vista técnico, eso significa a lo más que ese señor se movía en círculos dudosos". El hecho de que alguien tenga convicciones religiosas no es un delito, dice Klip. Antes de detener a alguien, debes demostrar que ha cometido algún delito. La gente tiene derecho a pensar que Europa es pagana y que debe ser islamizada.
El New York Times escribió con escepticismo sobre el asesinato. "Su teléfono estaba interceptado, su apartamento era vigilado y una parte de sus amigos estaba tras las rejas, así que las autoridades holandesas no se sorprendieron cuando Mohammed B, fue acusado del asesinato a plena luz del día del cineasta Theo van Gogh. Sin embargo, no pudieron impedir el asesinato", escribió Craig Smith.
Analizó un problema al que se enfrenta la mayoría de los gobiernos europeos en lo que concierne al extremismo musulmán: ¿cómo detener a militantes sospechosos antes de que cometan un atentado, sin violar los derechos individuales? "No podemos detener a la gente porque llevan un tipo determinado de ropa", dijo Donner al periodista estadounidense.
Absolutamente correcto, opina Klip. "Debes mostrar pruebas, de otro modo te entregas a la intuición de la policía secreta". No quiere negar que la intuición de los funcionarios policiales puede ser correcta, pero nadie se puede dejar dirigir con suposiciones. Estados Unidos y Gran Bretaña ponen a algunas personas, en Bahía Guantánamo en Cuba y en la cárcel de Belmarsh en Londres, fuera de las protecciones de la Constitución y del estado de derecho. Klip: "Así se abandona el estado de derecho".
Bajo la presión del terrorismo se observa cada vez más la tendencia a castigar "el pensamiento". Los sistemas judiciales de Europa occidental penalizan la conducta, no el pensamiento. Por eso, opina Klip, debe mostrarse reticencia a la hora de utilizar informaciones recabadas por el servicio secreto como evidencias en casos judiciales. "A menudo no se puede revelar la fuente, por lo que esta información no es verificable ni por el juez ni por la defensa. Y mientras más secreta la información, más difícil es de controlar. De hecho, así se convierte en juez al servicio secreto mismo. Entonces ya has abandonado el terreno de lo permisible".
Klip señala que el método británico de detener en la cárcel de Belmarsh a los extranjeros sospechosos de actividades terroristas por tiempo indefinido, sin proceso, fue prohibido el año pasado por la Corte Suprema. "El gobierno de Blair ha ido claramente demasiado lejos y ha sido desautorizado. Si no Blair no acata al veredicto de la Corte y no libera a los prisioneros, Gran Bretaña ya no será un estado de derecho. En ese caso es el poder ejecutivo el que determina quién es un terrorista, no el juez. Y eso es lo que está ocurriendo".
En Holanda no se ha llegado todavía a ese punto. No se puede hablar de situaciones a la Guantánamo, opina Klip. "Pero si Donner decide aprobar esa ley que determina que datos recogidos por el servicio secreto pueden ser utilizados como pruebas en un juicio, entonces Holanda entrará decididamente en una senda equivocada". La ficción determinará cada vez más la realidad, teme el jurista. "Este es el gran peligro que representan las reacciones de los políticos sobre los sucesos. Los políticos tienen miedo de ser llamados a rendir cuentas cada vez que pasa algo, sin poder señalar las medidas que han tomado, como en el caso de van Gogh".
Pero en la mayoría de los casos, se trata de un "derecho penal simbólico". La obligación de identificarse procura una "seguridad aparente". Los secuestradores del 11 de septiembre de 2001 llevaban todos sus pasaportes. "Además, ¿hay menos delincuencia o menos terrorismo en países que conocen hace más tiempo esta obligación de identificación?"
Naturalmente es comprensible que los políticos hagan todo lo posible para prevenir los atentados, dice Klip. "Pero el derecho penal no es apropiado para combatir el terrorismo. Encarcelar a una persona que ha cometido un delito llevado por sus convicciones puede crear un mártir. Los políticos recurren al derecho penal por su incapacidad de solucionar problemas sociales".
Hay que solucionar las causas de los problemas de modo que los fanáticos no recurran a la violencia. Si acaso hay que procurar que se sientan en casa en Holanda. Pero los políticos no deben utilizar el derecho penal con la excusa de la lucha contra el terrorismo, es el mensaje que envía Klip a la clase política.
9 de enero de 2005
nrc-handelsblad
©traducción mQh
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