corte limita poder de presidente
[Charles Lane] Está en duda la legitimidad de los tribunales militares.
Capturado por tropas estadounidenses en Afganistán y encarcelado en Bahía Guantánamo, Cuba, el antiguo chofer de Osama bin Laden está tratando de ganar al presidente Bush en un nuevo campo de batalla: la Corte Suprema.
En los alegatos orales del martes, el abogado de Salim Ahmed Hamdan pedirá a los jueces que declaren inconstitucional la comisión militar estadounidense que cuenta con juzgarlo por conspirar con su antiguo patrón para cometer atentados terroristas.
Aunque la demanda es importante, su impacto potencial es mucho más amplio, convirtiendo el caso de Hamdan en el más importante de la presidencia de Bush. Es un reto a la visión amplia del poder presidencial que Bush ha reclamado desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sin rodeos, el escrito de Hamdan llama a la corte para terminar con "esta arrogación de poderes sin precedentes". Igual de urgentemente, el escrito del gobierno insta a la corte a no desconfiar de las decisiones del comandante en jefe mientras "persista el conflicto armado contra al Qaeda".
El caso puede no producir un choque frontal entre el poder judicial y el ejecutivo -si la corte decide que una ley federal aprobada recientemente sobre las comisiones militares, la priva de fundamentos para resolver en el caso de Hamdan. Sin embargo, otra posibilidad es que la corte llegue a un veredicto no conclusivo de 4 contra 4, debido a que el juez John G. Roberts Jr. había juzgado en el caso mientras era revisado por una corte federal de apelaciones y ahora debe continuar.
Pero si la corte teme pisar terreno demasiado difícil, no ha dado ninguna señal de ello. Ha rechazado la propuesta del gobierno de desechar el caso por incompetencia antes de oír los alegatos y, quizás más importante, ya se ha negado a considerar los deseos del presidente en dos casos previos relacionados con terrorismo.
"El caso tiene muchas facetas -si la Constitución o algún reglamento autorizaba al presidente a instalar las comisiones- y algunas llegan al asunto mismo de ver cómo se ajusta este tipo de guerra a las leyes de guerra existentes", dice Richard Lazarus, profesor de leyes de la Universidad de Georgetown, especializado en litigios de la Corte Suprema. "La mayoría de los casos tienen dos o tres o cuatro asuntos. Este tiene diez o doce, lo que convierte en muy difícil".
Se trate de designar a un ciudadano americano "enemigo combatiente" sujeto a confinamiento militar, negar las protecciones de las Convenciones de Ginebra a los detenidos en Bahía Guantánamo, o utilizar la Agencia de Seguridad Nacional para interceptar comunicaciones en el país, Bush ha dicho que la Constitución y una resolución parlamentaria redactada ampliamente y aprobada tres días después del 11 de septiembre de 2001, lo autorizan a librar guerra contra los terroristas, sin los inconvenientes de revisiones judiciales, supervisión parlamentaria y las leyes internacionales.
Esas reclamaciones surgieron del Bando Militar Nº1, del 13 de noviembre de 2001, que estableció las comisiones e inició el primer debate político en Estados Unidos sobre el terrorismo dos meses después de relativa unidad después de los atentados.
El gobierno quería una alternativa más dura del sistema de tribunales civiles que había usado el gobierno de Clinton contra los terroristas. Sin embargo, el rápido y cierto castigo que esperaban los partidarios de las comisiones no se ha materializado. Aunque diez de los 490 sospechosos de terrorismo retenidos actualmente en la prisión estadounidense de Guantánamo Bay han serán remitidos a tribunales para ser juzgados, no se ha resuelto sobre ningún caso.
Desde el principio las comisiones han estado plagadas de preguntas sobre su viabilidad y corrección. Los críticos han argumentado que las comisiones son defectuosas porque, como lo dice el escrito de Hamdan, escrita por Neal K. Katyal, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, tratarían a los acusados "por delitos solamente definidos por el presidente, con procedimientos que carecen de las garantías mínimas, antes ‘jueces’ que son elegidos por él y están subordinados a él".
Después de largos debates internos, el gobierno ha modificado a las comisiones, exigiendo que los juicios sean públicos y que los acusados sean considerados inocentes hasta que se pruebe, más de toda duda razonables, su culpabilidad.
Pero eso no persuadió a los críticos que señalaban que el poder ejecutivo todavía sería él único en decidir, en primer lugar, quién es un "enemigo combatiente ilegal" susceptible de ser enjuiciado.
Los críticos también dicen que las Convenciones de Ginebra exigen que cada detenido tenga vistas individuales, con acceso a tribunales federales a través de habeas corpus.
Históricamente, los tribunales se han mostrado reluctantes a atacar a los presidentes en tiempos de guerra. Como resultado, dijo Lazarus, los partidarios de Hamdan "tienen que dejar en claro que hay una razón para no confiar" en un Bush con poderes ilimitados. Esa razón, observó Lazarus, puede provenir de las acusaciones de torturas en Bahía Guantánamo y en la cárcel de Abu Ghraib en Iraq, que surgieron en 2004 y son discutidas extensamente en el escrito de Hamdan.
Varios miembros de la corte son especialmente sensibles a la opinión pública internacional, que en general ha considerado Guantánamo como un símbolo de los excesos de Estados Unidos en la guerra contra al Qaeda. El tribunal ha sido bombardeado por escritos de Amigos del Tribunal instándolo a pensar sobre el impacto que puede tener el caso de Hamdan sobre la imagen de Estados Unidos en el extranjero.
Hace dos años, la Corte Suprema resolvió 6 contra 3 que la ley federal otorgaba a los tribunales estadounidenses el poder de oír las impugnaciones de los prisioneros de su detención en Bahía Guantánamo. En un caso separado sobre un ciudadano americano retenido allí, varios jueces observaron que la corte no daría al presidente "un cheque en blanco" sobre cuestiones de seguridad nacional.
Eso desencadenó una avalancha de peticiones de habeas corpus, incluyendo la de Hamdan, de abogados que representan a cientos de prisioneros de Bahía Guantánamo.
Los abogados de Hamdan dicen que ni la amplia resolución de la Cámara y el Senado, del 14 de septiembre de 2001, que autorizaba el uso de la fuerza contra al Qaeda, ni otras leyes anteriores, dan a Bush la clara aprobación parlamentaria que necesita para establecer las comisiones. También dicen que las comisiones violan las Convenciones de Ginebra, que, dicen, deben ser aplicadas por tribunales estadounidenses y garantizan a Hamdan el mismo tipo de juicio que tendría un soldado estadounidense en una corte marcial.
Las reglas de los tribunales, que permiten evidencias que "tendría valor de prueba para una persona razonable" no otorgan garantías contra el uso de evidencias obtenidas mediante torturas, dicen los defensores de Hamdan.
En respuesta, el gobierno de Bush observa que las comisiones militares tienen una larga historia en las guerras y que estaban contempladas en la resolución del 14 de septiembre de 2001.
Pero el escrito del gobierno, escrito por el Procurador General Paul D. Clement, también dice que "incluso si el apoyo del Congreso al Bando Militar Nº1 del presidente no era tan claro, el presidente tiene la autoridad inherente para convocar comisiones militares para juzgar y castigar a combatientes enemigos capturados en tiempos de guerra -incluso en la ausencia de toda autorización estatutaria".
En cuanto a las Convenciones de Ginebra, no son estas aplicables por tribunales estadounidenses y no se aplican a Hamdan debido a que al Qaeda es una red terrorista que no ha firmado las convenciones y las viola regularmente, dice el gobierno.
De momento, el gobierno ha prevalecido. El año pasado, una comisión de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito del Circuito de Columbia, uno de cuyos miembros era Roberts, mantuvo la posición del gobierno, revocando una decisión en favor de Hamdan del Tribunal del Distrito de Washington.
Después de que la Corte Suprema accediera a oír la apelación de Hamdan de la resolución del Tribual del Circuito, el Congreso decidió intervenir.
La Ley de Tratamiento de los Detenidos LTD, aprobada en diciembre, refuerza la autoridad del presidente bajo la resolución del 14 de septiembre, dice el gobierno. Al modificar las reglas relacionadas con las comisiones, la medida acepta implícitamente su legitimidad, dice el gobierno.
La LTD despojó a los tribunales federales de jurisdicción sobre peticiones de habeas corpus de los detenidos en Bahía Guantánamo "durante o después" de la fecha de su implementación -y proporciona procesos militares alternativos para revisar el status de sus combatientes enemigos, que deben ser seguidos por apelaciones al tribunal de distrito. Según la ley, el tribunal es la instancia exclusiva de apelaciones de los veredictos de las comisiones militares.
El 12 de enero, el gobierno pidió a la Corte Suprema que desechara el caso de Hamdan, alegando que estaba cubierto por la frase "durante o después". El gobierno alegó que la oportunidad apropiada para ver sus fundamentos constitucionales es después de su juicio.
Pero los abogados de Hamdan dicen que la LTD fue un compromiso que debía aplicarse solamente a los nuevos casos, no a los que ya habían sido presentados. Como mínimo, no entrega una declaración suficientemente clara de la intención del Congreso de negar a Hamdan y otros un día en los tribunales, dijeron.
Se espera para julio una resolución del caso Hamdan contra Rumsfeld, Nº. 05-184.
Capturado por tropas estadounidenses en Afganistán y encarcelado en Bahía Guantánamo, Cuba, el antiguo chofer de Osama bin Laden está tratando de ganar al presidente Bush en un nuevo campo de batalla: la Corte Suprema.En los alegatos orales del martes, el abogado de Salim Ahmed Hamdan pedirá a los jueces que declaren inconstitucional la comisión militar estadounidense que cuenta con juzgarlo por conspirar con su antiguo patrón para cometer atentados terroristas.
Aunque la demanda es importante, su impacto potencial es mucho más amplio, convirtiendo el caso de Hamdan en el más importante de la presidencia de Bush. Es un reto a la visión amplia del poder presidencial que Bush ha reclamado desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sin rodeos, el escrito de Hamdan llama a la corte para terminar con "esta arrogación de poderes sin precedentes". Igual de urgentemente, el escrito del gobierno insta a la corte a no desconfiar de las decisiones del comandante en jefe mientras "persista el conflicto armado contra al Qaeda".
El caso puede no producir un choque frontal entre el poder judicial y el ejecutivo -si la corte decide que una ley federal aprobada recientemente sobre las comisiones militares, la priva de fundamentos para resolver en el caso de Hamdan. Sin embargo, otra posibilidad es que la corte llegue a un veredicto no conclusivo de 4 contra 4, debido a que el juez John G. Roberts Jr. había juzgado en el caso mientras era revisado por una corte federal de apelaciones y ahora debe continuar.
Pero si la corte teme pisar terreno demasiado difícil, no ha dado ninguna señal de ello. Ha rechazado la propuesta del gobierno de desechar el caso por incompetencia antes de oír los alegatos y, quizás más importante, ya se ha negado a considerar los deseos del presidente en dos casos previos relacionados con terrorismo.
"El caso tiene muchas facetas -si la Constitución o algún reglamento autorizaba al presidente a instalar las comisiones- y algunas llegan al asunto mismo de ver cómo se ajusta este tipo de guerra a las leyes de guerra existentes", dice Richard Lazarus, profesor de leyes de la Universidad de Georgetown, especializado en litigios de la Corte Suprema. "La mayoría de los casos tienen dos o tres o cuatro asuntos. Este tiene diez o doce, lo que convierte en muy difícil".
Se trate de designar a un ciudadano americano "enemigo combatiente" sujeto a confinamiento militar, negar las protecciones de las Convenciones de Ginebra a los detenidos en Bahía Guantánamo, o utilizar la Agencia de Seguridad Nacional para interceptar comunicaciones en el país, Bush ha dicho que la Constitución y una resolución parlamentaria redactada ampliamente y aprobada tres días después del 11 de septiembre de 2001, lo autorizan a librar guerra contra los terroristas, sin los inconvenientes de revisiones judiciales, supervisión parlamentaria y las leyes internacionales.
Esas reclamaciones surgieron del Bando Militar Nº1, del 13 de noviembre de 2001, que estableció las comisiones e inició el primer debate político en Estados Unidos sobre el terrorismo dos meses después de relativa unidad después de los atentados.
El gobierno quería una alternativa más dura del sistema de tribunales civiles que había usado el gobierno de Clinton contra los terroristas. Sin embargo, el rápido y cierto castigo que esperaban los partidarios de las comisiones no se ha materializado. Aunque diez de los 490 sospechosos de terrorismo retenidos actualmente en la prisión estadounidense de Guantánamo Bay han serán remitidos a tribunales para ser juzgados, no se ha resuelto sobre ningún caso.
Desde el principio las comisiones han estado plagadas de preguntas sobre su viabilidad y corrección. Los críticos han argumentado que las comisiones son defectuosas porque, como lo dice el escrito de Hamdan, escrita por Neal K. Katyal, profesor de derecho en la Universidad de Georgetown, tratarían a los acusados "por delitos solamente definidos por el presidente, con procedimientos que carecen de las garantías mínimas, antes ‘jueces’ que son elegidos por él y están subordinados a él".
Después de largos debates internos, el gobierno ha modificado a las comisiones, exigiendo que los juicios sean públicos y que los acusados sean considerados inocentes hasta que se pruebe, más de toda duda razonables, su culpabilidad.
Pero eso no persuadió a los críticos que señalaban que el poder ejecutivo todavía sería él único en decidir, en primer lugar, quién es un "enemigo combatiente ilegal" susceptible de ser enjuiciado.
Los críticos también dicen que las Convenciones de Ginebra exigen que cada detenido tenga vistas individuales, con acceso a tribunales federales a través de habeas corpus.
Históricamente, los tribunales se han mostrado reluctantes a atacar a los presidentes en tiempos de guerra. Como resultado, dijo Lazarus, los partidarios de Hamdan "tienen que dejar en claro que hay una razón para no confiar" en un Bush con poderes ilimitados. Esa razón, observó Lazarus, puede provenir de las acusaciones de torturas en Bahía Guantánamo y en la cárcel de Abu Ghraib en Iraq, que surgieron en 2004 y son discutidas extensamente en el escrito de Hamdan.
Varios miembros de la corte son especialmente sensibles a la opinión pública internacional, que en general ha considerado Guantánamo como un símbolo de los excesos de Estados Unidos en la guerra contra al Qaeda. El tribunal ha sido bombardeado por escritos de Amigos del Tribunal instándolo a pensar sobre el impacto que puede tener el caso de Hamdan sobre la imagen de Estados Unidos en el extranjero.
Hace dos años, la Corte Suprema resolvió 6 contra 3 que la ley federal otorgaba a los tribunales estadounidenses el poder de oír las impugnaciones de los prisioneros de su detención en Bahía Guantánamo. En un caso separado sobre un ciudadano americano retenido allí, varios jueces observaron que la corte no daría al presidente "un cheque en blanco" sobre cuestiones de seguridad nacional.
Eso desencadenó una avalancha de peticiones de habeas corpus, incluyendo la de Hamdan, de abogados que representan a cientos de prisioneros de Bahía Guantánamo.
Los abogados de Hamdan dicen que ni la amplia resolución de la Cámara y el Senado, del 14 de septiembre de 2001, que autorizaba el uso de la fuerza contra al Qaeda, ni otras leyes anteriores, dan a Bush la clara aprobación parlamentaria que necesita para establecer las comisiones. También dicen que las comisiones violan las Convenciones de Ginebra, que, dicen, deben ser aplicadas por tribunales estadounidenses y garantizan a Hamdan el mismo tipo de juicio que tendría un soldado estadounidense en una corte marcial.
Las reglas de los tribunales, que permiten evidencias que "tendría valor de prueba para una persona razonable" no otorgan garantías contra el uso de evidencias obtenidas mediante torturas, dicen los defensores de Hamdan.
En respuesta, el gobierno de Bush observa que las comisiones militares tienen una larga historia en las guerras y que estaban contempladas en la resolución del 14 de septiembre de 2001.
Pero el escrito del gobierno, escrito por el Procurador General Paul D. Clement, también dice que "incluso si el apoyo del Congreso al Bando Militar Nº1 del presidente no era tan claro, el presidente tiene la autoridad inherente para convocar comisiones militares para juzgar y castigar a combatientes enemigos capturados en tiempos de guerra -incluso en la ausencia de toda autorización estatutaria".
En cuanto a las Convenciones de Ginebra, no son estas aplicables por tribunales estadounidenses y no se aplican a Hamdan debido a que al Qaeda es una red terrorista que no ha firmado las convenciones y las viola regularmente, dice el gobierno.
De momento, el gobierno ha prevalecido. El año pasado, una comisión de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito del Circuito de Columbia, uno de cuyos miembros era Roberts, mantuvo la posición del gobierno, revocando una decisión en favor de Hamdan del Tribunal del Distrito de Washington.
Después de que la Corte Suprema accediera a oír la apelación de Hamdan de la resolución del Tribual del Circuito, el Congreso decidió intervenir.
La Ley de Tratamiento de los Detenidos LTD, aprobada en diciembre, refuerza la autoridad del presidente bajo la resolución del 14 de septiembre, dice el gobierno. Al modificar las reglas relacionadas con las comisiones, la medida acepta implícitamente su legitimidad, dice el gobierno.
La LTD despojó a los tribunales federales de jurisdicción sobre peticiones de habeas corpus de los detenidos en Bahía Guantánamo "durante o después" de la fecha de su implementación -y proporciona procesos militares alternativos para revisar el status de sus combatientes enemigos, que deben ser seguidos por apelaciones al tribunal de distrito. Según la ley, el tribunal es la instancia exclusiva de apelaciones de los veredictos de las comisiones militares.
El 12 de enero, el gobierno pidió a la Corte Suprema que desechara el caso de Hamdan, alegando que estaba cubierto por la frase "durante o después". El gobierno alegó que la oportunidad apropiada para ver sus fundamentos constitucionales es después de su juicio.
Pero los abogados de Hamdan dicen que la LTD fue un compromiso que debía aplicarse solamente a los nuevos casos, no a los que ya habían sido presentados. Como mínimo, no entrega una declaración suficientemente clara de la intención del Congreso de negar a Hamdan y otros un día en los tribunales, dijeron.
Se espera para julio una resolución del caso Hamdan contra Rumsfeld, Nº. 05-184.
26 de marzo de 2006
©washington post
©traducción mQh
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