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avalancha de procesos criminales


[Robert F. Worth] Se preparan las fuerzas armadas estadounidenses en Iraq.
Desde 1961 que no se ejecuta a un militar estadounidense. Pero el mes pasado, nuevos casos en Iraq han conducido a la formulación de cargos contra 12 militares americanos que pueden ser condenados a muerte por el asesinato de civiles iraquíes. Algunos oficiales advierten contra la tentación de ver los casos como parte de un patrón más amplio, observando que los incidentes en cuestión son aislados y raros. Pero las nuevas acusaciones representan una extraordinaria avalancha en un conflicto que ha conocido hasta el momento pocos casos criminales serios.
Mientras los investigadores completan su trabajo, los oficiales dicen que el total de militares estadounidenses acusados de crímenes capitales en los nuevos casos podría crecer significativamente, quizás excediendo el total de al menos 16 otros marines y soldados acusados de asesinar a iraquíes durante los tres primeros años de la guerra.
Algunos oficiales y expertos dicen que la nueva cosecha de casos parece originarse en la confluencia de dos factores: una guerra cada vez más caótica y violenta sin un fin claro a la vista, y una nueva actitud vigilante entre los comandantes estadounidenses sobre las muertes de civiles.
Al menos cinco incidentes diferentes en los que se produjeron muertes de iraquíes están siendo investigados, provocando las protestas más grandes contra las acciones militares estadounidenses desde el escándalo de la prisión de Abu Ghraib. De lejos el caso mejor conocido es el de Haditha, donde los marines están siendo investigados por el asesinato de 24 civiles iraquíes, en noviembre pasado. No se han presentado cargos en el caso, pero algunos dicen que las noticias sobre el incidente pueden haber contribuido a sacar otros casos a luz.
"Actos criminales inusuales elevan el nivel de desasosiego, sea entre los militares o entre civiles, y con la mayor ansiedad aumentan también los informes", dijo Gary Solis, a ex marine que enseña derecho de guerra en la Universidad de Georgetown.
En abril el teniente general Peter W. Chiarelli, el segundo comandante estadounidense en Iraq, emitió una orden que especificaba por primera vez que las fuerzas americanas deben investigar todo uso de fuerza contra iraquíes que resulten en muertes, lesiones o daños a la propiedad mayores a diez mil dólares. El mayor Todd Breasseale, portavoz del comando estadounidense, dijo que no sabía que hubiera un vínculo claro entre la orden del general Chiarelli y las recientes investigaciones sobre los homicidios.
Pero el mayor Breasseale dijo que el general Chiarelli, que dirige las operaciones militares del día a día en Iraq desde enero, ha dejado claro a sus subordinados que él otorga una alta prioridad a evitar y/o informar escrupulosamente las bajas civiles. Los comandantes americanos en Iraq investigarán las bajas civiles más intensamente a medida que Estados Unidos se prepara para transferir la autoridad a los iraquíes, dijo el mayor Breasseale. Detalles sobre los cinco incidentes que están siendo investigados están todavía saliendo a superficie, y ninguno de los acusados ha comparecido ante una audiencia por el Artículo 32, el equivalente militar de un juicio con jurado.
Los incidentes están lejos de ser los únicos en que los fuerzas estadounidenses han matado a iraquíes. Pero cargos criminales serios en esos casos han sido raros, hasta ahora. En muchos casos anteriores, los asesinatos han sido declarados justificables, y los soldados o marines en cuestión han sido a menudo sancionados con procesos administrativos o no judiciales.
El último soldado ejecutado fue John A. Bennett, colgado en 1961 después de ser condenado por la violación e intento de asesinato de una niña austriaca de once años.
En la guerra de Iraq, cuando se ha acusado a soldados y marines, las condenas -y sentencia severas- han sido raras. De los 16 militares estadounidenses acusados anteriormente de asesinato, sólo seis fueron condenados o se declararon culpables, y ninguno fue condenado a la pena de muerte. En total, 14 militares han sido condenados de algún cargo en conexión con la muerte de iraquíes y han recibido sentencias tan variadas como cadena perpetua o licenciamiento de las fuerzas armadas.
Entre los nuevos incidentes, todos ocurrieron en Iraq central, en zonas donde la resistencia sunní está firmemente enraizada a pesar de años de intentos de sofocarla por fuerzas americanas e iraquíes. Para algunos, eso es lo único que los vincula.
"Esta es una guerra en la que soldados y civiles se mezclan constantemente y a menudo no se entienden unos a otros", dijo Loren B. Thompson, un analista militar del Instituto Lexington. "El enemigo tiene una estrategia destinada a desmoralizar a las fuerzas estadounidenses desorientándolas y confundiéndolas. En ese contexto, el número de presuntas atrocidades es bastante bajo, en comparación con otros conflictos en el pasado".
En Vietnam, un conflicto mucho más largo, fueron condenados 95 soldados y 27 marines estadounidenses por el asesinato de no combatientes.
Algunos de los hombres que están siendo investigados en Iraq han pasado por varios períodos en Iraq, y eso también ha jugado algún papel.
"Se hacen insensibles frente a la muerte", dice Charles W. Gittins, un ex marine y abogado que ha defendido a marines acusados de homicidios en Iraq. "Mientras más tiempo estás en la guerra, más quieres sobrevivirla. Y piensas más en preservar tu propia vida que en la corrección de lo que haces".
En muchos de los casos en los que tropas americanas han matado a civiles iraquíes, se determinó más tarde que habían actuado en conformidad con las reglas de combate. Algunos de estos casos se hicieron notorios, al menos en el mundo árabe.
En Faluya, en noviembre de 2004, por ejemplo, el periodista independiente Kevin Sites filmó a un cabo matando a un iraquí aparentemente herido y desarmado en una mezquita. El video generó un frenesí de publicidad negativa, pero en mayo de 2005 una revisión militar absolvió al cabo, diciendo que había actuado en conformidad con las reglas de combate.
La definición de asesinato puede ser todavía más elusiva en una zona de guerra que en la vida civil. En algunos casos criminales anteriores, soldados o marines han declarado que actuaron en defensa propia o que mataron por piedad.
El cabo Dustin M. Berg, de la Guardia Nacional de Indiana, que fue sentenciado a 18 meses de prisión por matar a su colega de la policía iraquí, dijo que había actuado porque temía que su colega le fuera a disparar.
En 2004 el sargento de segunda clase Johnny Horne dijo que había matado a un niño iraquí de 16 que estaba herido para terminar con su dolor, después de un enfrentamiento con militantes chiíes.
El sargento Horne se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciado a tres años de cárcel, que fueron reducidos a un año más tarde.
En la pena más severa impuesta en la guerra de Iraq, el sargento Michael P. Williams fue sentenciado a cadena perpetua tras haber sido condenado el año pasado por homicidio premeditado de dos civiles iraquíes en Bagdad. La sentencia fue reducida más tarde a 25 años.
"Creo que hay un reconocimiento de que estos son ambientes extraños", dijo Eugene R. Fidell, especialista en derecho militar. "El peligro es que si se lo lleva a un extremo, eso puede significar dejar de lado el sistema jurídico".
La avalancha de nuevos casos ha adquirido nueva relevancia en la prensa y en la discusiones públicas. Los obstáculos para lograr condenas, sin embargo, serán enormes. Recuperar evidencias creíbles en el caos de Iraq puede ser difícil y los testigos iraquíes pueden ser cuestionados.
"Habrá muy pocas evidencias forenses", dice Gittins. "Los miembros del jurado que han servido en Iraq saben que es bastante común que los iraquíes mientan a los estadounidenses. También, los militares pagan a los familiares de los civiles que mueren en esa circunstancias, así que tienen un motivo para mentir".
Es probable que algunos miembros de los jurados militares hayan servido en Iraq, y están familiarizados con el ambiente caótico que se vive en situaciones en que hay que tomar decisiones sobre el uso de la fuerza. "La presunción de inocencia seguirá reinando", dijo Gittins.

9 de julio de 2006
©new york times
©traducción mQh
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