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murió ken russell


Director de ‘Tommy’ y ‘Lisztomania’. Director de ‘Mujeres enamoradas’, Ken Russell fue descrito como un enfant terrible del cine británico, especializado en películas sobre músicos y música, especialmente ‘Tommy’, de The Who.
[Dennis McLellan] Murió Ken Russell, el a menudo controvertido director británico conocido por su exuberante estilo visual en películas como ‘Los demonios’ [The Devils], ‘Estados alterados’ [Altered States] y la ópera rock de The Who, ‘Tommy’. Tenía 84 años.
Russell, que vivía en Lymington en el sur de Inglaterra, falleció el domingo en un hospital después de una serie de derrames, informó su hijo, Alex Verney-Elliott, a la Associated Press en Londres.
Director de documentales para la televisión conocido por sus irreverentes biografías de la BBC de importantes personajes del mundo de las artes, Russell entró a las ligas mayores como un director de largometrajes con ‘Mujeres enamoradas’ [Women in Love], una película basada en la novela de D.H. Lawrence.
La película, que incluyó una famosa escena de una lucha al desnudo entre Oliver Reed y Alan Bates, le significó a Russell su única nominación al Oscar como mejor director.
Glenda Jackson, que obtuvo un Oscar a la mejor actriz por ‘Mujeres enamoradas’, definió a Russell como un "increíble genio visual".
"Es una tremenda vergüenza que la industria del cine británico lo haya ignorado", dijo a la Associated Press. "Es una terrible desgracia... Rompió las barreras para tanta gente".
El llamado enfant terrible del cine británico dirigió películas como ‘Los demonios’, una película de categoría X de 1971 sobre un sacerdote y unas monjas reprimidas sexualmente en la Francia del siglo diecisiete, con Vanessa Redgrave y Oliver Reed; ‘El novio’ [The Boy Friend], un musical de 1971 con la supermodelo Twiggy; ‘Tommy’, repleta de estrellas en 1975; y la película de ciencia ficción de 1980, ‘Estados alterados’, con William Hurt.
Russell era también conocido por sus extravagantes biografías de compositores en los años setenta, tales como Tchaikovsky (‘La pasión de vivir’ [The Music Lovers]), Gustav Mahler (‘Mahler’) y Franz Liszt (‘Lisztomania’).
"Lo que lo distinguía de los otros directores británicos, incluyendo a algunos famosos como Carol Reed y David Lean, era que él tenía un tremendo don para el esplendor y la fantasía, rico en auto-indulgencia y un montón de imaginación afiebrada", dijo Peter Rainer, crítico de cine del Christian Science Monitor.
Rainer dijo que "las fantasías de Russell eran a menudo sexualmente repugnantes, como en ‘Los demonios’, y él usaba las vidas de artistas famosos como Tchaikovsky, Liszt y Mahler como trampolines para sus propias extravagantes fantasías sexuales".
El crítico de cine y ex redactor del Times, Kevin Thomas, dijo que Russell era muy arriesgado como director.
"Evoca en ti el sentimiento de que ha ido hasta el borde, y luego puede ser grandioso, como ‘La pasión de vivir’, que yo pensé que era maravillosa", dijo Thomas. "En otras películas, se pasaba de rosca, y te perdía".
En realidad, los críticos amaban y odiaban a Russell.
El crítico de cine británico Mark Kermode lo describió como "alguien que demostró que el cine británico no tenía que girar sobre el realismo de fregadero" y la crítico del New Yorker, Pauline llamó a Russell una vez: "El corruptor jefe de celebridades del presente y del pasado".
Durante los días de apogeo de Russell a fines de los años sesenta hasta principios de los ochenta, dijo Rainer, "su tipo de extravagancia tocó una cuerda sensible del público de la contracultura y de audiencias que buscaban experiencias al límite, tanto visual como sexualmente".
E, inversamente, dijo: "Cuando esa era pasó, su estrella cayó".
"Creo que la gente creía, para bien o para mal, que Russell como que había agotado su don; su don era como noticia vieja y las película se movían en una era más mansa".

Hijo del dueño de una zapatería, nació como Henry Kenneth Alfred Russell el 3 de julio de 1927, en Southampton, Inglaterra, donde desarrolló su temprana pasión por las películas.
En Londres, después de servir en la Marina Mercante y en la Real Fuerza Aérea, Russell estudió ballet y actuó en algunas ocasiones antes de convertirse en fotógrafo independiente y cineasta.
Tras incorporarse a la BBC en 1959, produjo numerosos documentales sobre artes, incluyendo uno sobre el compositor Debussy, el pintor Henri Rousseau y la bailarina Isadora Duncan.
Lanzó su carrera como director de largometrajes con la comedia de 1964, ‘French Dressing’ y dirigió a Michael Caine en la película de espías ‘El cerebro de un millón de dólares’ [Billion Dollar Brain] de 1967.
El iconoclasta director tuvo pronto en su carrera un feudo con el crítico de cine del diario London Evening Standard, Alexander Walker.
Durante una aparición en la BBC con Walker en los años setenta, Walker ridiculizó ‘Los demonios’, de Russell, por su "monstruosa indecencia, ingenuidad e insistencia en lo físico".
Russell respondió llamando a Walker "cascarrabias, criticona e histérica". Luego sacó su ejemplar del Standard con la reseña de Walker y lo golpeó en la cabeza.
Russell se casó cuatro veces. Entre sus sobrevivientes se encuentran su esposa, Elise Tribble, y sus hijos.
5 de diciembre de 2011
29 de noviembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

toque de queda para jóvenes


Algunos condados han impuesto un toque de queda para los jóvenes menores de dieciocho años si no se encuentran acompañados por padres o tutores. Editorial de The Washington Post.
Contrariamente a la hipérbole que ha marcado el debate en el condado de Montgomery sobre la declaración de un toque de queda para los jóvenes, la propuesta no es una limitación draconiana de los derechos de los adolescentes ni una cura milagrosa para la delincuencia juvenil. Es simplemente un enfoque dictado por el sentido común que la policía cree que puede ser útil a la hora de proteger la seguridad pública. Es mucho menos problemático que la legislación anti-ocio que ha sido sugerida como una alternativa. Si se aprueba, ayudará a proteger a los jóvenes.
El Concejo Municipal todavía tiene que decidir sobre un proyecto enviado por el Ejecutivo del Condado, Isiah Leggett, demócrata, que impondría un toque de queda -de medianoche hasta las cinco de la mañana los viernes y sábados, de once de la noche a cinco de la mañana las otras noches- para jóvenes menores de dieciocho años. Leggett propuso la idea en julio, tras el incidente con una pandilla en Silver Spring que subrayó la creciente atracción de Montgomery, particularmente su centro urbano, como un punto de encuentro después de medianoche de chicos problemáticos. Las jurisdicciones aledañas del Distrito y del condado de Prince George han impuesto un toque de queda.
La oposición al toque de queda ha sido feroz y la dirige el concejal Phil Andrews (demócrata de Gaithersburg-Rockville) como director del comité de seguridad pública. Andrews es un legislador dedicado que hace bien sus deberes. Ve la propuesta de implantar un toque de queda como una sobre-reacción frente a lo que llama un incidente aislado en Silver Spring que dice que ha sido solucionado correctamente con una mayor presencia policial. Pero su argumento de que el toque de queda no es necesario se ve debilitado por su desatinada propuesta de implementar una ley anti-ocio que en lo esencial convertiría en un delito que alguien se comportara -sólo a los ojos de los policías- sospechosamente. Es una receta para una implementación arbitraria que, como predijeron el fiscal del condado, Marc Hansen y otros, sería declarada inconstitucional.
La propuesta de toque de queda de Leggett no es onerosa. Restringe a los jóvenes su derecho a reunirse y permanecer en lugares públicos durante las horas indicadas. Los jóvenes acompañados por alguno de sus padres o un tutor, que están asistiendo a una actividad religiosa, o vuelven del trabajo, o están en su propiedad, en camino a casa desde el teatro, no violarían la ordenanza. Incluso los que la contravengan no serán probablemente detenidos, sólo recomendados de que se marchen a casa -lo que, francamente, es donde debe estar alguien de menos de dieciocho años a las once de la noche un día de semana.
5 de diciembre de 2011
24 de noviembre de 2011
©washington post
cc traducción c. lísperguer

abuso sexual en cárceles para inmigrantes


Informe sobre inmigrantes ilegales en prisión revela alarmante cifra de abusos sexuales cometidos contra los detenidos por autoridades penitenciarias. Editorial NYT.
En 2009, después de informes sobre malos tratos crónicos -detenidos golpeados y muertos por la falta de cuidados de lesiones y enfermedades no tratadas-, el gobierno de Obama juró cambiar el sistema de detención de las autoridades de inmigración del país, el enorme mosaico de prisiones e instituciones parecidas que confinan a casi cuatrocientas mil personas al año mientras esperan su deportación o el asilo.
"El paradigma estaba equivocado", dijo la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, reconociendo que los centros de detención operaban mucho menos como instituciones correccionales y que la mayoría de los detenidos no están siendo detenidos por haber cometido delitos y no representan ningún peligro. Prometió hacer menos penal el sistema, con mayor libertad y dignidad para los que se encuentran en él.
Pese a ese juramento, los últimos dos años han visto sólo magros progresos hacia la reforma. Los detenidos no están siendo castigados por sus delitos, pero de acuerdo a un reciente informe de Human Rights First, la mitad de ellos están retenidos en cárceles, la misma proporción que en 2009. El resto permanece en un mundo de uniformes de prisión y alambre de púa. Las nuevas normas para orientar a los funcionarios en cuanto a las reformas, todavía no han sido elaboradas.
Muchos críticos también han observado la deplorable ausencia de protecciones legales y la transparencia en el sistema, que se encarga de los trámites de los detenidos a través de tribunales de inmigración sobrecargados, a menudo sin representación.
Un reciente informe de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU; American Civil Liberties Union), basado en documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, reveló casi doscientas acusaciones de abuso sexual de inmigrantes detenidas. La ACLU ha instado al Ministerio de Justicia a abandonar una regla propuesta que eximiría a los centros de detención de inmigrantes de la Ley para Eliminar la Violación en las Cárceles, una ley federal que define normas para detectar y prevenir el abuso sexual de personas privadas de libertad.
El gobierno federal debe cumplir con sus promesas de reformar sus centros de detención y hacer mayor uso de alternativas para personas que no representan un peligro para la sociedad. Los detenidos deberían tener más acceso a tribunales para impugnar su detención, y las leyes rígidas que exigen la detención automática u obligatoria deberían ser revisadas. Es el paradigma equivocado. El sistema está peligrosamente roto.
5 de diciembre de 2011
4 de diciembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

nos vamos a someter


"Nos vamos a someter": alias ’Caracho’. SEMANA entrevistó en exclusiva a José López, alias Caracho, el hombre que quedó al frente del ejército criminal de Cuchillo, una de las bandas más grandes y violentas del país. Dice que ya está todo decidido para la entrega.
Colombia. El nombre de José Eberto López Montero no le dice nada a la mayoría de los colombianos. Algunos pocos tal vez lo conocen por su alias, ’Caracho’. De lo que no hay duda es que muchos sí han oído hablar de la organización criminal que comanda: el llamado Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia (Erpac), una de las más grandes bandas criminales (bacrim) que hay en el país, que actúa en Guaviare, Vichada y una pequeña parte del sur del Meta.
El Erpac se hizo tristemente célebre gracias a Pedro Oliverio Guerrero, alias ’Cuchillo’, conocido por las autoridades como "el asesino de asesinos", quien por años comandó este grupo. Cuchillo fue un paramilitar especial: no solo ordenó asesinar a otro de los jefes de las AUC (a Miguel Arroyave, en una salida que hizo de Santa Fe de Ralito a los Llanos), sino que a pesar de que se desmovilizó en 2006 con el bloque Guaviare no acató la orden de reclusión y escapó. Para ese momento ya había formado el Erpac.
En diciembre de 2010, ’Cuchillo’ murió tras una operación de la Policía y así ’Caracho’ quedó al frente de este grupo que, según las autoridades, había dejado una estela de más de 1.200 asesinatos en tres departamentos.
’Caracho’ es un hombre de 40 años, de origen campesino y con más de la mitad de su vida en la guerra. Prestó servicio militar y durante un par de años fue soldado profesional. De allí saltó a las filas de los paramilitares. Fornido, con la piel quemada por el sol, es un hombre de muy pocas palabras al frente de cerca de medio millar de combatientes.
Las autoridades le pusieron precio a su cabeza a comienzo de este año: 1.750 millones de pesos. Al fin y al cabo, maneja una de las zonas más estratégicas en el oriente del país, en donde están sembradas miles de hectáreas de hoja de coca, se procesan toneladas del alcaloide y salen de allí mismo al exterior.
En el primer semestre de este año, monseñor Julio César Vidal anunció que grupos de bacrim como Los Rastrojos, Los Paisas, Los Urabeños y Las Águilas Negras estaban en plan de desmovilizarse. A finales de agosto se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para explicar el tema, y el mandatario dijo: "La Iglesia, al igual que el Estado, continúa explorando vías y caminos para la paz. Y tengan la seguridad de que cuando veamos que las circunstancias sean propicias, los llamaremos para que nos ayuden a conseguir ese anhelado objetivo".
Tras múltiples especulaciones, los anuncios de entrega se congelaron ante la falta de claridad jurídica, especialmente. Con el paso del tiempo algunos capos y jefes de esos grupos optaron por buscar una vía alterna y varios de ellos empezaron hace algunos meses acercamientos con Estados Unidos para entregarse a las autoridades de ese país.
SEMANA habló en exclusiva con ’Caracho’. Es la primera vez que pone la cara, pues ni las autoridades conocían su rostro. Él y su grupo han sido los únicos que han continuado con la intención de entregarse al gobierno. Aunque tiene varias órdenes de captura en el país no está solicitado en extradición, a diferencia de la mayoría de los jefes de bacrim. En la entrevista confirmó que está listo para someterse en las próximas semanas. Se trataría de la primera entrega masiva de esta nueva generación de paramilitares.

¿Por qué pone la cara en este momento?
Porque quiero acabar con el Erpac, porque me cansé de la guerra y porque me di cuenta de que este es un conflicto que no tiene vencedores ni vencidos.

¿Cuándo tomó la decisión?
El 28 de diciembre se conoció la muerte de ’Cuchillo’. Hubo una reunión de todos los comandantes y me designaron como jefe. Y en esa misma reunión se tomó la decisión de someternos.

¿Y por qué en ese momento y no antes?
Porque yo no era el jefe. El jefe era ’Cuchillo’.

¿O será que usted se va a someter porque las operaciones policiales los tienen corriendo y acorralados y saben que en cualquier enfrentamiento pueden caer?
Al Estado se le reconoce que ha sido exitoso operacionalmente. Yo tomé las armas para enfrentar a la guerrilla. Nunca me ha pasado por la mente usar las armas contra el Estado porque yo, cuando presté servicio, hice parte de él. Esto va en serio y de eso pueden dar fe las mismas comunidades que ya están notificadas.

¿Cómo así?
Por intermedio de las juntas de acción comunal, ya se les informó del retiro de nosotros de las zonas. En el momento en que la Fiscalía nos notifique la fecha de entrega, esas regiones serán responsabilidad del Estado.

¿Cuánto lleva usted en la guerra?
Siendo menor de edad, tuve que coger una escopeta para defenderme de la guerrilla. Cuando fui mayor de edad, presté servicio y combatí a la guerrilla con las armas del Estado. Y viendo las necesidades de mi familia y que el Estado no hacía presencia, volví a tomar las armas.

¿Y no será que lo de ahora es igual a cuando ’Cuchillo’ se ’desmovilizó’ en Ralito y que resultó siendo una trampa porque en un abrir y cerrar de ojos creó el Erpac?
Vuelvo y le digo, el jefe en ese entonces era ’Cuchillo’ y las órdenes se cumplían o uno se atenía a las consecuencias.

¿Cómo qué consecuencias?
Como la muerte.

¿Por qué hay que creerle a usted?
Porque yo creo que con el gobierno del presidente Santos y la actual Fiscalía y Procuraduría hay garantías para un proceso de sometimiento.

Con el gobierno de Álvaro Uribe también tuvieron muchas garantías y todo el proceso de desmovilización terminó en un engaño y en el nacimiento de las bacrim.
En ese entonces ofrecieron muchas cosas y no cumplieron. El presidente Santos ha dado muestras de que tiene voluntad de paz y no creo que nos vaya a poner conejo.

Pero si usted habla de ’poner conejo’, esto al fin qué es: ¿una negociación o un sometimiento?
Esto no es ni negociación ni desmovilización. Es sometimiento. Esto es un sometimiento sujeto a la normatividad vigente. Estamos dispuestos a pagar por lo que hemos hecho pero no por lo que no hicimos.

¿Eso implica que está dispuesto a delatar a sus socios?
Primero, no tengo socios. Y segundo, mi gente y yo vamos a pagar por nuestras malas acciones según lo que diga la justicia. Yo no voy de sapo.

¿Va a negar que los laboratorios de coca que las autoridades han encontrado en la zona donde opera su grupo sean de ustedes?
Eso es totalmente falso. Yo sí quiero que la Fiscalía investigue realmente de quién son los laboratorios, porque nosotros como Erpac no tenemos ni manejamos laboratorios.

¿Va a negar que tienen negocios de narcotráfico?
Nosotros nos financiamos del gramaje, lo que para nadie es un secreto, y de un impuesto a los insumos.

¿También va a negar entonces que el Erpac tiene negocios con narcos reconocidos como Daniel ’el Loco’ Barrera?
No tengo ningún tipo de negocio con él y personalmente no lo conozco. Como ya le dije, yo acepto que se paga un gramaje, pero lo único que me importa es que me paguen y no me importa quién es el que paga.

Pero está probado que él tenía negocios con ’Cuchillo’ y el Erpac…
Otra vez le insisto: yo no soy ’Cuchillo’.

El Erpac tiene negocios de narcotráfico con guerrilleros de las Farc como Jhon 40, del frente 43, y con los frentes 16, 39 y 44 de esa guerrilla…
La única relación con ellos es darles plomo, y hasta el día de mi sometimiento así será.

Cuando usted dice pagar, ¿también incluye reparar víctimas?
Lo mío es un sometimiento. Y la reparación de las víctimas del Erpac quedó truncada con la muerte de ’Cuchillo’.

Usted niega todo. ¿También va a negar que el Erpac está involucrado en asesinatos, masacres y desplazamientos?
Yo respondo desde el momento que asumí el mando. Pueden investigar por donde sea, y el único muerto que me han atribuido es Germán Ramírez, Vaca Fiada, y usted mismo lo está viendo ahí, vivito y coleando. Como ese ’muerto’, me han querido atribuir muchos más.

¿En concreto, entonces, qué implica el sometimiento del Erpac?
La entrega de mis hombres y de las armas.

¿Cuántos serían?
Podrían llegar a ser alrededor de 500 hombres con sus armas.

Pero las cifras oficiales dicen que el ’sometimiento’ es otra vez una estrategia para esconder gente y montar otra banda criminal.
Vuelvo y le digo: yo no soy ’Cuchillo’. El sometimiento es totalmente transparente y pedimos que ese proceso tenga verificación nacional e internacional para que compruebe que no quedará nada del Erpac.

Pero paramilitares como ’Don Berna’ también tuvieron verificación y eso no evitó que la desmovilización de su gente fuera una farsa…
No sé qué fue lo que pasó con ’Don Berna’, y esto es una cosa totalmente diferente.

¿Cómo garantiza que sus hombres no regresen a las armas y creen mañana otro nuevo Erpac u otra nueva bacrim?
Eso es responsabilidad del Estado.

¿Han tenido contactos con la Fiscalía?
Sí, por intermedio de mis abogados.

¿Y qué le ha pedido a la Fiscalía?
Que coordine con el Ejército la seguridad para la entrega y la de las áreas que quedan desprotegidas, y que coordine también con los organismos del Estado pertinentes la logística que eso implica.

¿Con qué otras entidades han tenido contacto o cuáles más saben de su sometimiento?
Con la Cruz Roja, con la Iglesia, con la Defensoría y con la ONU.

Hace algunos meses, monseñor Julio César Vidal dijo que varios grupos, entre ellos Rastrojos y los Urabeños, estaban en planes de desmovilizarse. ¿El Erpac hacía parte de esa negociación?
Me enteré de eso, pero nunca he hablado con monseñor.

El Erpac -de acuerdo con los organigramas de inteligencia- está conformado por los bloques Meta, Vichada, Guaviare, Guainía y Casanare. ¿Todos van a someterse?
Quiero dejarle en claro una cosa sobre el Erpac que los organismos de inteligencia no conocen. Desde su desmovilización, el bloque Meta ha sido totalmente independiente y nada tiene que ver con el Erpac. Los demás sí y hacen parte del sometimiento.

¿Cómo dice que el bloque Meta no tiene nada que ver con ustedes si este año la fuerza pública ha capturado jefes del Erpac en zonas del Meta?
Los organismos del Estado y los medios de comunicación los han presentado como integrantes del Erpac, pero no tienen que ver. El único municipio de ese departamento donde tenemos presencia es Mapiripán.

¿Este sometimiento no es una estrategia para ganar tiempo y ’vender’ el bloque a Los Rastrojos por 40 millones de dólares, como han dicho?
Ese es un comentario malintencionado que salió en un medio de comunicación con la intención de torpedear este proceso de sometimiento. Eso es absurdo e ilógico.

Pero no es tan absurdo. Muchos jefes paramilitares hicieron eso y vendieron su franquicia a narcos…
Los tiempos han cambiado y el mismo Estado sabe que hoy no es posible hacerlo.

¿Pero usted conoce y tiene negocios con Los Rastrojos?
No los conozco.

Usted le echa toda la responsabilidad a su exjefe ’Cuchillo’. ¿Se lava las manos con un muerto? ¿Ahora resulta que usted es ’san Caracho’?
No soy ’san Caracho’, pero al frente de la organización llevo diez meses. Y el resto de años, el comandante fue ’Cuchillo’.

¿Qué piensa hacer cuando se someta?
A partir de mi sometimiento, quedo a disposición de los organismos del Estado, y ojalá eso se dé lo más pronto posible.
5 de diciembre de 2011
19 de noviembre de 2011
©semana
vía verdad abierta
 

por qué corresponde perpetua


El fiscal y la querella pidieron la pena máxima para José María González. El primer gobernador de la última dictadura está acusado, en el juicio oral cuyo veredicto se anunciará el miércoles, por el secuestro y asesinato del militante Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de Ana María Cavadini, en 1975.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El miércoles, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe anunciará su veredicto en el juicio al primer gobernador de la dictadura y ex jefe del Area 212, coronel José María González, a quien la Fiscalía y la querella le pidieron prisión perpetua por el secuestro y asesinato del militante peronista, Mario Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana María Cavadini, en diciembre de 1975. Es la primera vez que la acusación coincide en solicitar la pena máxima a un imputado por delitos de lesa humanidad. "Era el perfecto ejecutor", lo calificó el fiscal Martín Suárez Faisal al subrayar el poder absoluto -militar y político- que había concentrado González y su "comunión ideológica" con el terrorismo de estado. "El motivo que lo llevó a delinquir fue la criminal convicción de que la llamada ’lucha contra la subversión’ debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley", dijo el fiscal. Y consideró que González "se valió de los resultados de sus delitos para adquirir ’prestigio’ entre los altos mandos militares y eso lo llevó a convertirse en el primer gobernador de facto de esta provincia en la última dictadura", agregó. La defensa insistió con la inocencia de su cliente y pidió el sobreseimiento.
Marini, su esposa y el bebé de ambos, Germán, de un mes y medio fueron secuestrados el 9 de diciembre de 1975, en su propia casa, en las cercanías de la cancha de Colón, por un grupo de tareas del Área 212 -a cargo González-. La vivienda fue saqueada. El operativo quedó acreditado en un acta del Ejército, que desliza que Marini se escapó media hora después de su caída. "Una versión inverosímil", la definió la Fiscalía. Cavadini dijo en el juicio que un policía de la comisaría 2ª, donde estuvo secuestrada, le confirmó que su esposo había sido asesinado en la comisaría 4ª.
En su alegato, los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné plantearon la necesidad de cambiar la calificación legal que pesa sobre González. En la primera etapa de la causa, la desaparición de Marini se consideró un "homicidio simple", que fijaría un límite de 25 años de cárcel por todos los hechos que se le imputan. Pero en el juicio, Puyol y Munné explicaron que había pruebas suficientes para considerarlo "homicidio agravado" y pidieron la única condena para este tipo de delitos: prisión perpetua. La fiscalía coincidió con el planteo de la querella y solicitó la misma pena.
El fiscal Patricio Longo acusó a González por el "allanamiento ilegal de domicilio" de los Marini, la "privación ilegal de la libertad" del matrimonio y el "homicidio doblemente calificado" de Marini. "Se ha probado que el secuestro fue llevado a cabo por un grupo de tareas, integrado por seis personas, que actuaron bajo el control operacional del Area 212", dijo el fiscal. "Fue la última vez que Cavadini vio con vida a su esposo".
Longo mencionó dos pruebas que agravaron la situación de González. Una, es el acta del secuestro de Marini, el 9 de diciembre de 1975, alrededor de las 21 y su supuesta fuga, media hora después. "Una versión inverosímil", dijo el fiscal. La otra, es un habeas corpus: el juez federal Elvio Cano le pide a González informes sobre el destino de Marini y el coronel le contesta. O mejor dicho, no le contesta porque se trata de "aspectos vinculados con el servicio, en los que se hallan en juego cuestiones que hacen a la defensa nacional" (sic). "Esto nos da la pauta que González sabía perfectamente quién era Marini y que había sido víctima del proceder de su tropa", agregó Longo.
"Se ha probado que González es el responsable penal de la muerte de Marini, conocía los medios que se utilizaron para cometer el homicidio y quiso y aceptó ese resultado porque ese fatal desenlace fue la consecuencia directa de su detención en la vivienda de calle Jujuy 3618", dijo el fiscal. "El secuestro y posterior desaparición de Marini no fue aleatorio (...) ni un hecho aislado o sorpresivo, porque ese mismo 9 de diciembre de 1975 a la mañana, también fue secuestrado" otro militante peronista, José Antonio Manfredi, aún desaparecido. "Se ha demostrado que González conocía perfectamente lo que estaba pasando, quiénes eran Marini y Cavadini, y sin su determinación, el allanamiento ilegal, los secuestros y el homicidio que se probaron en este juicio, no hubieran sucedido", agregó.
El fiscal Suárez Faisal planteó que González tenía un poder absoluto. Era jefe del Comando de Artillería 121, jefe de la Guarnición Santa Fe y jefe del Area 212. Y el 24 de marzo de 1976 comandó el golpe de estado en la provincia y asumió como interventor. "Siempre tuvo absoluto conocimiento y control sobre todos los procedimientos que se realizaron en la ciudad de Santa Fe durante su mandato militar".
"Sin temor a equivocarme, entiendo que el motivo que lo llevó a delinquir fue la criminal convicción que tenía acerca de que la llamada ’lucha contra la subversión’ debía llevarse a cabo por cualquier medio, por atroz que fuere, y aún fuera de la ley. En esa comunión ideológica con el plan sistemático trazado por los altos mandos militares, González fue el perfecto ejecutor de ese macabro programa. Se valió de los resultados de sus delitos para adquirir ’prestigio’ entre los altos mandos militares y eso lo llevó a convertirse en el primer gobernador de facto de esta provincia en la última dictadura", concluyó el fiscal.
5 de diciembre de 2011
©página 12

nariño convulsiona


Las comunidades indígenas en Nariño tienen limitaciones para moverse en su territorio, donde sobreviven entre grupos armados y minas antipersonales.
¿Y ustedes por qué no pidieron permiso?, pregunta el guerrillero.
Porque este es nuestro territorio y tenemos nuestra propia autoridad, le responde el indígena.

La escena ocurrió sobre el Mira, un río que bordea la frontera colombo-ecuatoriana, delimitado por una selva espesa, que luego se junta con el río San Juan. Cinco horas en canoa sobre su cauce es el camino más rápido para llegar a Hojal La Turbia, uno de los 41 resguardos del pueblo indígena Awá que habita en Nariño. Caminando y con suerte, alguien puede tardar más de 15 horas para llegar hasta este poblado de 300 familias.
Ese día, en la mañana del sábado 26 de noviembre de 2011, diez guerrilleros de la compañía Daniel Aldana, del Bloque Conjunto Occidental de las Farc, detuvieron las canoas en las que se movilizaban la guardia indígena Awá y un grupo de periodistas que seguían el río para llegar al resguardo. "No pueden pasar. Lo hacen bajo su riesgo", dijo el jefe guerrillero, un hombre de tez negra, alto y delgado, que al igual que sus subalternos portaba camuflado y fusiles nuevos.
Aunque desde 20 años la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, asegura que perdieron la tranquilidad por la presencia de los grupos armados ilegales, desde hace dos la situación se recrudeció. Entre 2009 y 2011, 80 indígenas de esta etnia han sido asesinados, 750 desplazados, nueve han sido víctimas de minas antipersonal, cinco están desaparecidos, cinco niños fueron reclutados y las organizaciones indígenas han recibido seis amenazas. Así lo advirtió Acnur, la agencia de la ONU para los Refugiados, en un informe presentado al Consejo de Estado.
La tragedia del pueblo Awá llegó en 2009 a oídos de los magistrados, que el 26 de enero de ese año concluyeron que esta comunidad estaba en riesgo de extinción y ordenó al Gobierno crear un Plan de Salvaguarda Indígena.
Las denuncias llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que en abril de 2010 emitió medidas de protección para esta comunidad. En agosto de 2011 el Consejo de Estado se volvió a pronunciar y le dio un ultimátum de seis meses al Ministerio del Interior y de Justicia para que cumpla con proteger a los Awá.
Mientras el gobierno volcaba la mirada al suroccidente del país, en 2008 ocurrieron los primeros asesinatos en el resguardo Ñambí Piedra Verde, comunidad El Gualte, ubicado en vía que de Junín comunica con Barbacoas. Por miedo los indígenas se desplazaron y en mayo de 2009, con el pueblo casi fantasma, la escuela cerró también por falta de profesores.
Pese a las alertas de riesgo que emitió la Defensoría Regional, vinieron las masacres. El 4 de febrero de 2009 la columna Mariscal Sucre, de las Farc, llegó hasta el resguardo Tortugaña- Telembí, ubicado entre los municipios de Barbacoas y Samaniego. Acusándolos de ser colaboradores del Ejército, los guerrilleros desaparecieron a tres Awá y a asesinaron con machetes y cuchillos a otros ocho indígenas, entre ellos, dos mujeres que estaban por dar a luz.
Seis meses después ocurrió la otra masacre, esta vez, en el resguardo Gran Rosario, en jurisdicción del municipio de Tumaco. A las cinco de la mañana del 26 de agosto de 2009, un grupo de hombres armados entró a las viviendas y asesinó a 12 Awá mientras dormían, la mitad de ellos menores de edad, y dejó heridos a otros tres indígenas.

Fuego Cruzado
En Nariño el pueblo Awá está integrado por 41 resguardos, de los cuales cinco están todavía en proceso de constitución, con 30 mil indígenas en esta región. Del total, 30 resguardos corresponden a la Unipa y 11 al Cabildo Mayor Awá de Ricaurte, conocido como Camawari.
Desde hace dos décadas esta etnia perdió la tranquilidad con la presencia de los grupos armados.
Awá significa "gente de la montaña" y desde entonces no pueden transitar libremente por su territorio, con restricciones para navegar los ríos, que son sitios clave para curar el "chinú" o enfermedad, o realizar los ritos para enterrar a sus muertos, interrumpidos porque los armados no les permiten llegar hasta los sitios para recuperar los cuerpos. Esto porque muchos ya no mueren de forma natural sino por minas antipersona o por balas de fusil.
"No podemos ejercer nuestro propio gobierno y por la violencia muchos Awá han salido desplazados, buscando refugio en las ciudades", dijo Álex Guanga, presidente de la Unipa.
La Oficina de Paz de la Gobernación de Nariño y organismos internacionales como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Wola, advirtieron que el conflicto se recrudeció con la coca.
"Hay un aumento visible de los cultivos de uso ilícito llegando a 50 mil hectáreas sembradas actualmente, 25% del total de sembradas en el país", dijo la Oficina de Paz.
Tumaco es una de las tres zonas del Plan de Consolidación, como se conocía antes al Plan Colombia, un programa estadounidense que da recursos económicos y apoyo militar para combatir las zonas cultivadas con coca y retornar la seguridad a estos lugares. Los otros sitios son La Macarena, en Meta, y los Montes de María, una región entre Sucre y Bolívar.
Pero pese a los recursos, en Tumaco, este puerto del Pacífico que tiene 180 mil habitantes, según Wola se disputa durante los últimos años el primer y segundo lugar del municipio con mayor área sembrada de coca y unas de las tasas de homicidios más altas del país, con 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, además de una fuerte presencia de grupos armados ilegales.
La explicación de la llegada de la coca a esta esquina del país ocurrió después de 2000, cuando el Plan Colombia invirtió 1.300 millones de dólares, dinero con el que fumigó a Putumayo, entonces el mayor productor de coca. Los cultivadores se movieron al occidente pasándose al vecino departamento, a tal punto que Llorente, cerca de Tumaco, es conocido localmente como Putumayito por la cantidad de habitantes que viven allí procedentes de la otra región.
Desde 2007, cuando llegó el Plan de Consolidación, Nariño pasó de tener un batallón a contar con dos brigadas y seis batallones aumentando de 6 mil a 14 mil la cantidad de miembros de la fuerza pública, y proyectando un aumento en 40 mil hombres de las fuerzas militares en cinco años.
Pese al aumento de pie de fuerza, la producción de cocaína es una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales, que cobran ‘impuestos’ al gramaje y controlan las rutas del narcotráfico principalmente en su salida hacia el Océano Pacífico.
En informes la Vicepresidencia de la República y la Oficina de Paz de la Gobernación de Nariño señalaron que en el departamento delinquen las Farc, el Eln y después de la desmovilización de los paramilitares, las llamadas bandas emergentes como Águilas Negras, Nueva Generación y Rastrojos.
Según la Oficina de Paz en el departamento delinquen por los menos 1.500 guerrilleros con el Frente 29 de las Farc, que tiene dos columnas en esta región. La Mariscal Sucre que está en el occidente de Nariño y la vía al mar principalmente en los municipios de Samaniego, Santa Cruz-Guachavés, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán, El Charco y Santa Bárbara de Iscuandé. Mientras la columna Daniel Aldana lo hace en la frontera con Ecuador en Tumaco, Ricaurte, Cuaspud Carlosama, Cumbal e Ipiales.
De las bandas emergentes, el gobierno calcula que la región delinquen por lo menos 2.500 personas. "En el departamento hay presencia de los denominados Nueva Generación en la cordillera norte y la parte noroccidental de la costa pacífica nariñense; Los Rastrojos quienes en alianza con el Eln y sectores del Ejército, vienen desde el Cauca en un proceso de exterminación de la Nueva Generación y Águilas Negras, pretendiendo monopolizar el negocio de narcotráfico y dominar los corredores de armas y coca en Barbacoas, la cordillera norte y todo el litoral del pacífico", señaló e informe de la Gobernación.
Por los enfrentamientos entre los grupos armados, el gobierno local denunció que desde 2003 a la fecha Nariño tiene por lo menos 150 mil víctimas de desplazamiento, 400 víctimas por minas antipersonales desde 2001, 20 desaparecidos en los últimos de dos años, 30 líderes sociales y políticos asesinados en los últimos cuatro años, 25 secuestros en 2008, 18 ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ en 2008, y una pobreza de 90% en varios municipios de la Costa Pacífica.
Solo en el caso de Los Awá, por ejemplo, tras las masacres ocurridas en febrero y agosto de 2009 por lo menos 500 indígenas de los resguardos Tortugaña- Telembí y Gran Rosario, de forma respectiva, salieron huyendo y buscaron refugio en la vereda La Guayacana. En octubre de 2009, mientras asistían al velorio de otro indígena asesinado, un grupo de hombres armados asesinó en este lugar a otros tres Awá.
Según el Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre 1990 y 2010 en Nariño 522 personas han sido víctimas de minas antipersonal. Los Awá están dentro de ese grupo y de forma reciente cuando el 31 de enero de 2011 en el resguardo Hojal La Turbia un niño de 14 años pisó una mina y murió por las heridas. Su padre, de 51 años, quedó herido.
La historia se repitió en menos de 15 días, el 7 de febrero, en el mismo resguardo cuando una mina causó heridas a otros tres indígenas. Luego, e l 20 de febrero, en el resguardo Tortugaña-Telembí otra mina le quitó la vida a un joven indígena de 25 años y dejó herida a una mujer.

La Fiebre del Oro
La economía de Nariño se basa principalmente en el monocultivo de la palma africana, para la producción de biocombustibles, y la minería con la explotación de oro, níquel, platino y materiales de construcción. Sin embargo, un informe de la Secretaría de Gobierno señaló que 60% de las 30 mil hectáreas que abarcaba el cultivo en la región estaba afectado por la pudrición del cogollo.
"Mucha gente que trabajaba en las plantaciones recogiendo el fruto quedó con los brazos cruzados. La gente es muy pobre", dijo una persona que vive en la zona, y que prefiere reservar su nombre por razones de seguridad. A lado y lado de la carretera, en una vía que de Tumaco conduce al río Mira, se ven los chamizos de las plantas secas donde solo están en pie los troncos.
Así la minería cobró el primer lugar de la economía y la fiebre empezó a sentirse en el territorio. El Observatorio Pacífico y Territorio, financiado por organismos internacionales, señaló que de los 64 municipios de Nariño, 52 están siendo solicitados para la exploración y la explotación minera.
El Observatorio de Gran Minería, de la Universidad de Nariño, integrado por economistas y sociólogos, advirtió que de los 1.890 títulos de explotación minera que el gobierno otorgó en el país durante los últimos seis años, 169 títulos están activos en Nariño, principalmente de oro.
Del 18 al 20 de julio de 2010 en el departamento se realizó el Foro del Agua y la Minería y 500 delegados de comunidades campesinas, negras e indígenas concluyeron que "la gran minería se da conjuntamente con la presencia de actores armados que traen atropellos, violación de derechos humanos, amenazas a líderes, despojo de tierras, muerte y desplazamiento".
Un documento de la Procuraduría señaló que según el Catastro Minero Colombiano, en Nariño existen títulos mineros vigentes en Tumaco, Magüí, Barbacoas, La Llanada, Los Andes, Samaniego, Santa Bárbara, El Charco, Linares, Pasto, Buesaco, Chachagüí, San Lorenzo, Arboleda, Aldana, San Bernardo, Córdoba, Puerres, Santacruz, Mallama, Sapuyes, Ospina y Sandoná.
Según la Subsecretaría de Minas de la Gobernación de Nariño, el departamento se rige por distritos mineros: el del Pacífico Sur, integrado por Barbacoas, Magüí, Roberto Payán, Santa Bárbara de Iscuandé; y el distrito de Cordillera de Los Andes compuesto por Cumbitara, Los Andes, La Llanada, Samaniego, Santa Cruz, Mallama y parte de Ricaurte.
"Prácticamente los más afectados son los municipios de la costa pacífica porque se ha determinado que en esta zona las reservas auríferas son muy altas, ya probadas por empresas internacionales que la exploraron en su tiempo…. Además la zona está llena de grupos al margen de la Ley. Lo que hacen los explotadores es entrar a negociar con estos grupos armados para que les brinden protección…", señaló la Subsecretaría en un informe.
Quizá el caso más crítico es el del municipio de Magüí. Según el registro más actualizado de Ingeominas, el de 2009, ese año la mayoría de las concesiones para la explotación de oro fueron otorgadas para ese municipio. Aunque el Registro Único de Población Desplazada, Rupd, de Acción Social, registró la expulsión 3.401 personas entre 1997 y agosto de 2010, el Observatorio de Gran Minería de la Universidad de Nariño cree que los datos están errados.
"En este momento Magüí es el municipio con el mayor desplazamiento del departamento, 83% de las personas expulsadas provienen de esa zona. La mayoría de la gente no ha podido retornar", señaló un funcionario del Observatorio de la Universidad de Nariño, quien explicó que durante el trabajo de campo los grupos armados ilegales han solicitado los carné de la Universidad, tratando de identificar quiénes hacen investigación sobre el conflicto armado y la minería en la zona.
Un documento de la Procuraduría concluyó que "la ubicación de los megaproyectos auríferos y palmíferos en la zona de la costa, coincide con cuadros de desplazamiento forzado de la población". Así revisando los registros de desplazamiento de Acción Social, los municipios más críticos son Tumaco con 38.741 personas expulsadas desde 1997 a agosto de 2010; El Charco, con 25.683 expulsiones; Barbacoas con 13.929 casos y Policarpa con 10.088 víctimas.
El pueblo Awá tampoco es ajeno a esta situación. Este año sin consultarles siquiera, un minero llegó hasta el resguardo Hojal La Turbia y con diez máquinas abrió camino para explotar una reserva de oro. "La mina está dentro del resguardo y trabajan ahí como 100 personas ajenas a nuestro territorio. Le preguntamos que por qué hacía eso y nos dijo que a cambio nos iba a limpiar unos caminos y a construir una escuela… Pero nada compensa el daño a nuestra tierra que es sagrada", dijo el líder Álex Guanga, presidente de la Unipa.
Según la guardia indígena, el río está siendo afectado con los químicos. "La mina saca agua para lavar y secar el metal precioso y la devuelve al río, que está cambiando de color", contó Guanga.
Pero las preocupaciones de los Awá van aumentando. Primero las masacres, luego las minas antipersonal, ahora una mina que saca oro de uno de los resguardos. Es una etnia recolectora y ya no pueden salir a cazar conejos, armadillos ni perezosos porque los grupos armados que rondan por la zona les prohíben andar libremente por el territorio y caminar a ciertas horas.
El ejemplo más claro ocurrió hace un par de días, cuando 10 guerrilleros de la columna móvil Daniel Aldana de las Farc les impidieron el paso en canoa. Qué más que no poder ir a su casa.
"A los actores armados y al gobierno nacional les pedimos que respeten la vida y la integridad de las personas que vivimos en los resguardos. Que nos dejen ejercer nuestro gobierno y caminar libre en nuestro territorio", dijo Guanga, haciendo eco de la convulsión que vive Nariño en un departamento donde, según datos de la Gobernación, la inversión local anual por asignación nacional no supera los $25 mil millones de pesos, y donde 27% de la población vive en la miseria y 57% en la pobreza, según datos de Fundesuma.
5 de diciembre de 2011
cc verdad abierta

en las pavas sí hay víctimas


Varios conocedores del caso de Las Pavas aseguran que, contrario a la versión de la Fiscalía, sí hubo intimidación armada a campesinos que cultivaban esas tierras. Aparentemente se intenta manipular a los testigos para restarle legitimidad a su reclamo
Colombia. Una fiscal de Cartagena, Myriam Martínez Palomino, es la autora de una inusitada versión del caso de la finca Las Pavas, ubicada en San Martín de Loba en el Sur de Bolívar. Los nuevos argumentos de la fiscal ponen en entredicho la decisión de la Corte Constitucional en la que ya se había dictaminado que se debía reabrir la investigación para extinguir el dominio y titular  la tierra a 123 familias víctimas del conflicto.
Como primera medida, la fiscal Martínez estudió la denuncia de desplazamiento sobre hechos ocurridos el 14 de julio de 2009, cuando los palmeros con el apoyo de un inspector de policía de El Peñón, Bolívar, intentaron desalojar a los campesinos de las tierras que reclamaban como suyas.
La fiscal no analizó las denuncias de desplazamiento hechas por los labriegos en 2003 y 2006 cuando fueron desplazados por paramilitares del Bloque Central Bolívar y decidió precluir la investigación sobre el desplazamiento de estas personas.
La funcionaria asegura que, analizando solo el caso de 2009, en esa zona ningún campesino fue desplazado y que por ende no hay víctimas.
Lo insólito de esta decisión es que se tomó contando a penas con la declaración de un campesino que se retractó de su versión original del desplazamiento y con la versión de un intermediario entre la empresa palmera que hoy tiene la propiedad de las tierras y Jesús Emilio Escobar, dueño original de los predios. La fiscal llegó a la apresurada conclusión de que no hubo desplazamiento, que los campesinos reclamantes deben ser investigados por guerrilleros, y los más inaudito, que es necesario esclarecer quién es un intelectual "llamado  ‘Francisco’ o ‘Pacho’". No sabía la señora fiscal que el ‘Pacho’ que nombra en las versiones el intermediario de la empresa, es el hoy líder de los Jesuitas, Francisco de Roux.
La decisión de la fiscal Martínez terminó volviéndose un escándalo nacional porque fue respaldada públicamente por la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales. Sin embargo, la controversia nace porque el dictamen se basa en un solo testimonio, el del campesino Pedro Moreno, miembro de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, Asocab, quien en 2009 había denunciado el desplazamiento de esas familias pero que ahora, dos años después, se retracta afirmando que todo hacía parte de un montaje.  
Lo sospechoso es que Moreno, quien hoy trabaja para una palmicultora, no se echó para atrás cuando lo indagó la fiscal, sino que por voluntad propia acudió a la notaría única del municipio de El Peñón, en el centro de Bolívar, y a través de una declaración testificó lo siguiente: "Me siento arrepentido de haber denunciado a esas 131 (sic) familias como desplazadas de la finca Las Pavas, cuando eso era una farsa, guardé silencio durante muchos años, pero no resistí el temor y la mentira, pidiendo perdón porque incurrí en un falso testimonio, que nunca hubo ese desplazamiento como tampoco hubo ese asentamiento en la finca".
La fiscal de Cartagena también le da credibilidad a Rafael de Jesús Cárcamo García, quien fue intermediario de la venta de Las Pavas al grupo Daabon, dueño de una empresa palmicultura. Cárcamo señaló a varios campesinos y al mismo padre Francisco de Roux de guerrilleros. Por eso la funcionaria ordenó abrir investigaciones por el delito de rebelión contra ellos.
Además, según informó la abogada del Programa de Desarrollo y Paz, Jiseth Estrada, es que cuando los campesinos y ella misma intentaron participar de la investigación judicial, la fiscal les negó ese derecho y solo tuvo en cuenta la versión de otros tres labriegos a quienes descalificó en el proceso.
"Dentro de las presentes diligencias encontramos memorial suscrito por la doctora Estrada obrando como apoderada de Asocab para que a sus miembros se les tenga como víctimas dentro de esta encuesta criminal, pero es el caso que es improcedente su petición si tenemos en cuenta que nos encontramos ante la etapa de indagación y solo se ejerce dicha postulación ante el juez de conocimiento".
Por otra parte, lo que afirmó Cárcamo y que fue apoyado por las fiscales, va en contravía de años de denuncias e investigaciones sobre este caso del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y de la Clínica de Juristas de la Universidad Javeriana.
Martínez intenta desmentir el hecho documentado y comprobado por los mismos testimonios de los paramilitares que afirman que el Bloque Central Bolívar nació en Sur de Bolívar e intimidó con armas a los campesinos que tenían sus cultivos en Las Pavas en dos ocasiones en 2003 y en 2006. Hay más de cien campesinos que así lo atestiguan.
Dice la fiscal: "Se le investigará por su relación y vínculos con las guerrillas colombianas en especial al señor Etni Torres Moreno quien en sus reuniones asistía vestido de uniforme camuflado… de la misma manera se indagará quien es ese (sic) intelectual llamado Francisco conocido dentro de los miembros de Asocab como ‘Pacho’ según informaciones de Cárcamo García, en el mismo sentido al profesor Eliud (sic) Alvear Cumplido si tenemos en cuenta que existen señalamientos de sus vínculos con la guerrilla".
Además asegura que "ninguna de las familias del corregimiento de Buenos Aires han sido objeto de actos violentos como producto del conflicto armado en esta zona, que haya permitido el trasteo o desplazamiento de sus respectivas residencias".
La fiscal Martínez concluye, después de entrevistar a una decena de personas, que los campesinos nunca han tenido la calidad de desplazados, "como tampoco han recibido ayudas humanitarias de las que han recibido los directivos de Asocab" y para coronar su argumento asegura que la finca Las Pavas "nunca quedó abandonada por su antiguo dueño Jesús Emilio Escobar Fernández porque cuando la guerrilla le robó mil quinientas cabezas de ganado ... lo que hizo fue dejar a su administrador y demás trabajadores."
Esta parte de la decisión de la Fiscal lo que pretende demostrar es que los campesinos invadieron una tierra que no estaba abandonada, principal argumento que dio la Corte Constitucional para ordenar al Incoder iniciar de nuevo el proceso de extinción de domino por abandono. Además que nunca habitaron las tierras como insiste el campesino que se retractó.
Con todos estos antecedentes, la Fiscal general salió a defender públicamente la decisión de su funcionaria y decretar tajantemente que en Las Pavas no hubo víctimas de desplazamiento ni del conflicto armado, afirmación paradójica si se tiene en cuenta que esta finca se encuentra en una de las zonas más violentas del país como lo es el Magdalena Medio.
Estas afirmaciones provocaron la reacción las organizaciones nacionales e internacionales que han acompañado las solicitudes de los campesinos que reclamaban la titulación de Las Pavas, tierra que habían trabajado durante años.
El director del Incoder, Juan Manuel Ospina, le dijo a VerdadAbierta.com que, independiente de este ruido que se ha creado alrededor de si hubo o no desplazamiento en Las Pavas ellos seguirán con el proceso de extinción de dominio del predio y la titulación a los campesinos que piden la propiedad sobre la finca.

Las Víctimas
Pero contrario a lo que sostiene la Fiscalía, 122 familias campesinas y las organizaciones sociales que las han acompañado, incluyendo el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, y abogados de la Clínica de Juristas de la Universidad Javeriana, aseguran que en Las Pavas sí hay familias víctimas de la violencia, que el desplazamiento fue real y que por tanto, los predios deben ser adjudicados a las familias que los reclaman y que tienen un litigio con empresas palmeras por la titularidad de esas tierras.
Para las organizaciones las afirmaciones de la Fiscalía contradicen a lo que se ha documentado que en esta zona delinquió el Bloque Central Bolívar, el grupo paramilitar de Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’ y que precisamente fue allí donde crearon sus primeras bases de autodefensas en el sur de de este departamento.
Los abogados de las víctimas aseguran que en el corregimiento de Papayal, en San Martín de Loba, donde está la finca de las Pavas, los paramilitares instalaron una base.
El abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana y apoderado de las víctimas de Las Pavas, Roberto Vidal, le dijo a VerdadAbierta.com que la retractación del campesino Moreno "puede ser una estrategia para frenar las restituciones de tierras a las víctimas de la violencia".
"No se puede afirmar que no hubo presencia de paramilitares en la zona, lo cual contradice todo el trabajo que ha hecho Justicia y Paz hasta el momento… Tenemos información que certifica que hubo un hecho de desplazamiento conocido públicamente por toda la región del sur de Bolívar. Los ex jefes paramilitares han confesado hasta el cansancio que tenían un completo control de la zona", agregó Vidal.
José Augusto Páez, asesor regional de paz del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, dijo que es insólito que la Fiscalía diga que no hubo conflicto en esta región del país. "Cuando hicimos trabajo comunitario en la zona, fuimos testigos de cómo los grupos armados ilegales quemaron caseríos enteros. Nosotros no lo leímos en informes, sino que lo vivimos", dijo Páez.
Mientras la Fiscalía insiste en que el caso de Las Pavas es un montaje y el ministro del Interior, Germán Vargas, asegura a la radio "que se están prefabricando víctimas del desplazamiento para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones al Estado", las organizaciones de víctimas y organismos internacionales expresaron preocupación por la postura del Gobierno.
El abogado Vidal dijo que las declaraciones de la Fiscal General ponen en duda la actuación y la credibilidad de las organizaciones más importantes del país.
"Se equivocaron entonces todas las autoridades del Ejecutivo y del legislativo: la Corte Constitucional, la Procuraduría, el Incoder, la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, el Plan de Desarrollo del Magdalena Medio, las Embajadas Británica y Suiza y las ong extranjeras. Según la fiscal, creamos una enorme maquinación para engañar y defraudar a todo el Estado. Eso nos produce mucha preocupación",  agregó Vidal.
Los campesinos, que reclaman más de mil hectáreas de tierras, aseguran que detrás de esta revelación hay un interés de deslegitimar los reclamos de los campesinos que han explotado esas tierras durante más de 15 años.
Una persona que trabaja en la región le dijo a VerdadAbierta.com que las empresas palmeras han ido contratado en sus cultivos a varias de las víctimas de Las Pavas y que con esta investigación que abrió la Fiscalía nadie se va a atrever a reclamar tierras en el país porque los pueden acusar de estar inventando los hechos que padecieron.
Mauricio Valiente, diputado de la Asamblea de Madrid e Integrante de Justicia por Colombia, dijo que el problema real en Colombia en realidad es el de la impunidad y el desplazamiento forzado. "Este caso no debe ser manipulado para estigmatizar a las organizaciones y a las víctimas y deslegitimar el proceso que se ha realizado hasta el momento", dijo Valiente.
En un comunicado, el sacerdote jesuita Francisco de Roux dijo que en 2009 se firmó un convenio gratuito entre la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio - una obra de la Compañía de Jesús- para realizar un análisis académico, técnico y objetivo sobre la situación jurídica de las tierras en esta región.
"La Compañía de Jesús y la Clínica Jurídica se declaran respetuosos de las actuaciones de la Fiscalía y en general de las instituciones públicas porque defendemos la democracia y el estado social de derecho. No obstante, no puede admitirse que la Compañía de Jesús y la Universidad Javeriana actuaron en este asunto de mala fe o promovidos por intereses ilegítimos. Muy por el contrario comprometidos por los más elevados y genuinos valores y principios éticos", dijo de Roux.

¿Cuál Es la Historia de Las Pavas?
En 1983 Jesús Emilio Escobar compró varios terrenos que el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agrararia, Incora, hoy Incoder, les había adjudicado a campesinos. Se trataba de los predios Si Dios Quiere, No te canses, Las Pavas y Peñaloza, ubicados en los corregimientos Playitas y Papayal, del municipio de San Martín de Loba, en el sur de Bolívar.
En 1997, Escobar abandonó los predios y 123 familias que vivían en la vereda Buenos Aires empezaron a asentarse en estas tierras, explotándolas con cultivos agrícolas. Se organizaron y se agruparon en la Asociación de Campesinos de Buenos Aries, Asocab.
Según denunciaron a las autoridades, en 2003 un grupo de paramilitares que tenía una base en el corregimiento de Papayal amenazó a las 123 familias campesinas que no tuvieron otra opción que salir de las tierras y abandonar los cultivos. Cuando los ‘paras’ salieron de la zona, las familias retornaron a Las Pavas.  
En 2006, los campesinos le solicitaron al Incoder la extinción de dominio de Las Pavas por abandono. En junio de ese mismo año el Incoder confirmó que esa tierra era explotada desde hacía seis años por 116 campesinos por lo cual dio inicio al proceso solicitado por los campesinos.
Sin embargo, según los campesinos, en el momento en el que Escobar se enteró del proceso, decidió retornar al predio junto a un grupo armado que por segunda vez los amenazó y los expulsó de las tierras.
Luego de lograr el desalojo, en marzo de 2007, Escobar fue hasta la Notaría 9 de Barranquilla y allí registró una compraventa de estas tierras a C.I. Tequendama S.A. y a Aportes San Isidro S.A., la primera filial del polémico grupo Daabon, de propiedad de la familia Dávila Abondano, y la segunda de propiedad de José Macías, quien al final le compró 50% a Daabon. La tierra sumó 1.717 hectáreas y fue negociada por mil millones de pesos.
En 2008 los campesinos denunciaron el desplazamiento forzado y ese mismo año el Incoder dictó una resolución para reabrir el proceso de extinción de dominio. Las empresas presentaron una querella por ocupación y la policía ordenó el desalojo de los campesinos. Pese a la tutela que interpusieron las familias, en 2009 la empresa logró que las familias no permanecieran allí. Es decir, que fueron desalojadas a la fuerza por la Policía.
En 2010 el Incoder reabrió la investigación  y en una inspección el Incoder encontró cultivos de palma. Desde ese momento, el Incoder comenzó una investigación contra los empresarios por violación a las normas ambientales porque supuestamente secaron los ríos por los sembradíos. Después de hacer una visita, en mayo de 2011 el Ministerio de Ambiente emitió un concepto sobre el uso ambiental del predio Las Pavas y encontró que: "el desarrollo de cultivos extensivos de palma de aceite en el predio ha generado impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, tanto en el área directa como en el área de influencia, y por lo tanto un deterioro a los ecosistemas", informó el Incoder en un boletín.
Ese mismo mes la Corte Constitucional ordenó reabrir la extinción de dominio que se adelantaba contra el predio Las Pavas por abandono.
De esta forma, la historia documentada de la zona y del caso de Las Pavas contradice las versiones de la fiscal de cartagena que han sido respaldadas por la Fiscal General. Las incoherencias y las acusaciones apresuradas podrían generar un perjuicio irreparable para el proceso adelantado con las víctimas.
5 de diciembre de 2011
1 de diciembre de 2011
cc verdad abierta

vuelven los escuadrones de la muerte


Los militantes vuelven a los escuadrones de la muerte en Afganistán.
[Ray Rivera, Sharifullah Sahak y Eric Schmitt] Sabari, Afganistán. Mientras los asesinatos colectivos han aumentado fuertemente en Afganistán, funcionarios estadounidenses y afganos creen que muchos son el trabajo de unidades de contraespionaje de la red militante Haqqani y al Qaeda, encargados del asesinato de sospechosos de ser informantes y de aterrorizar a la población de ambos lados de la frontera afgano-paquistaní.
Funcionarios de la inteligencia militar dicen que las unidades actúan esencialmente como escuadrones de la muerte y que uno de ellos, una organización conocida como Khurasan que opera sobre todo en las áreas tribales de Pakistán, es responsable de al menos doscientos cincuenta asesinatos y ejecuciones públicas.
Otra organización, cuyo nombre se desconoce, trabaja fundamentalmente en Afganistán y puede ser responsable de al menos veinte asesinatos en la provincia de Khost solamente durante el verano, incluyendo una decapitación masiva que salió a la luz sólo después de que se encontrara un video en posesión de un insurgente capturado. El video muestra diez cuerpos decapitados dejados a intervalos regulares en un camino pavimentado, mientras sus cabezas han sido puestas formando un círculo, con sus caras claramente visibles.
Es otro indicio de que los Haqqanis, una organización con sede en Pakistán, sigue siendo la parte más peligrosa de una insurgencia que hace pleno uso de una porosa y a menudo mal definida frontera, como mostró el bombardeo de la OTAN que mató a veinticuatro soldados paquistaníes durante el fin de semana.
Aunque las circunstancias del bombardeo siguen siendo turbias, ha empeorado las relaciones entre Pakistán y Estados Unidos, pese a que demuestra una vez más que refugios en Pakistán siguieron siendo una parte crítica de la estrategia insurgente.
Los estadounidenses han ordenado su ofensiva en torno al desangramiento de los insurgentes a medida que entran a Afganistán. Pero la nueva ola de asesinatos muestra que pese a que la OTAN describe a los insurgentes como una fuerza debilitada, los Haqqani todavía ejercen influencia, no sólo con atentados con bomba que ocupan las primeras planas, sino también a través de la intimidación y del control de las percepciones.
Un espeluznante caso atribuido al segundo escuadrón de la muerte se dio a conocer después de que fuerzas estadounidenses capturaran al líder de los Haqqani en Afganistán, Hajji Mali Khan, y mataran a su principal delegado este verano. Unos días después, los cuerpos de dos hombres acusados de colaborar con los estadounidenses aparecieron cerca del pueblo donde Khan fue capturado. A uno lo habían quemado con una vara de hierro candente. Una víctima había sido destripada y ambas recibieron tiros en la cabeza y habían sido aplastados con piedras. El miedo se apoderó de todo el pueblo.
"Apenas se les podía reconocer", dijo un testigo que vio los cuerpos.
En Afganistán, los asesinatos han aumentado en un 61 por ciento, con 131 homicidios registrados durante los primeros nueve meses de este año, en comparación con el mismo periodo de 2010, de acuerdo a estadísticas de la OTAN. Funcionarios de Naciones Unidas dicen que empezaron a observar un fuerte incremento en 2010, con 462 homicidios, de acuerdo a sus archivos, el doble del año anterior. Las cifras pueden no incluir muchos asesinatos en zonas remotas, como la decapitación masiva, debido a que los campesinos aterrorizados nunca los denunciaron.
Funcionarios de la inteligencia estadounidense dicen que la organización con sede en Afganistán y Khurasam parecen operar de la misma manera. Khurasan se formó a principios de 2009 en la zona de Waziristán del borte de Pakistán, el territorio de los Haqqani, en respuesta a los intensificados ataques con aviones no tripulados de Estados Unidos. La organización lleva ropa negra con brazaletes verdes con su nombre completo, Itihad al-Mujahedeen Khurasan, y trabaja estrechamente con al Qaeda en la región. Se calcula que sus miembros varían de cien a dos mil.
Durante su interrogatorio, Khan sugirió que en la guerra por la influencia se empleaban también otras armas. De acuerdo a cuatro funcionarios familiarizados con el interrogatorio, el líder haqqani contó a sus interrogadores que el Talibán había aproximado al gobierno afgano y a oficiales militares durante el verano, convenciéndolos de firmar un documento de cinco páginas en el que juran lealtad al líder talibán. Khan se fanfarroneó de que él mismo reclutó a veinte oficiales personalmente.
"Díganle a los oficiales que el Talibán volverá al poder dentro de veinte días después de la retirada de la OTAN, así que si quieren vivir, tienen que firmar", dijo uno de los oficiales estadounidenses, que habló a condición de conservar el anonimato para comentar los interrogatorios clasificados. Los oficiales dicen que no encontraron nada que confirmara esos juramentos.
En lugares como Sabari, un distrito rural en Khost a una decena de kilómetros de la frontera paquistaní, los asesinatos selectivos están produciendo su efecto. Después de una ejecución a plena luz del día de tres hombres en un mercadillo en el pueblo de Maktab hace unos cuatro meses, los tenderos quedaron tan traumatizados que nunca informaron sobre los asesinatos a las autoridades.
A menudo las víctimas pueden no tener más que efímeros encuentros con las fuerzas de la coalición, o ningún encuentro en absoluto, de acuerdo a funcionarios, testigos y amigos y familiares de las víctimas.
Funcionarios estadounidenses y afganos se enteraron de los asesinatos sólo más tarde cuando se encontró un video del episodio en el celular de un insurgente capturado. Incluso entonces los oficiales estadounidenses que mostraron el video a un periodista del New York Times podían mencionar el lugar donde ocurrieron las decapitaciones y pensaban que habían ocurrido en octubre, unos tres meses después de lo que dicen los testigos que ocurrió el incidente.
El video muestra a varios hombres armados matando a balazos a dos hombres mientras los tenderos buscan refugio. Los militantes matan luego a un tercer hombre que estaba sentado en una silla de plástico blanco frente a su tienda. Cuando el hombre cayó hacia atrás, uno de los pistoleros le disparó diez veces más en la cara y el pecho.
"Todos los que ayudan a los estadounidenses y a los espías sufrirán esto", gritó uno de los hombres después de los asesinatos, de acuerdo a un testigo, Ahmadullah, 25, un tendero que como muchos afganos sólo tiene nombre de pila.
Ahmadullah dijo que nadie se atrevía a denunciarlo, ni siquiera los hombres de la familia, que se llevaron los cuerpos. "Tuvimos que mirar y quedarnos tranquilos y mirar lo que le hacían a estas pobres personas", dijo.
"Yo los conocía", agregó. "Uno era un tendero, los otros dos eran jornaleros. Eran inocentes".
Un oficial militar estadounidense que vio el video dijo que no le sorprendía que los campesinos de la localidad no denunciaran el episodio.
"La gente de Sabari vive en un abyecto terror, veinticuatro horas al día", dijo, hablando a condición de conservar el anonimato debido a que no está autorizado para comentar en público sobre los escuadrones de la muerte. "Cuando hacemos un allanamiento de un líder haqqani", dijo, "un grupo de unos quince miembros de los escuadrones de la muerte "salen y masacran gente".
El mes pasado, los insurgentes asesinaron a otro hombre en un mercadillo, dos días después de un allanamiento en la aldea realizado por tropas afganas y estadounidenses. Esta vez la víctima era un comerciante de visita de Khost llamado Nasib, que fue sacado a empellones de su coche mientras su hijo de cinco años miraba desde el asiento de pasajeros. Sus secuestradores lo arrastraron hasta el mercadillo donde fue asesinado a plena luz del día.
Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los asesinatos, el gobernador del distrito y el jefe de policía local en Sabari dijeron que no sabían nada. "Niego totalmente esos informes", dijo Dawlat Khan Qayoumi, el gobernador del distrito. "Le puedo decir que en los últimos cinco meses no han ocurrido incidentes semejantes".
También hay interrogantes sobre las decapitaciones filmadas en video. Muhammad Zarin, comandante de una unidad encubierta especial de la policía ha estado investigando los escuadrones de la muerte, sólo dijo que los hombres provenían de Khost y fueron asesinados hace tres meses en la zona de Mangal en el montañoso distrito de Musa Khel de la provincia donde Khan era activo. Ni la OTAN ni Naciones Unidas, que estudian ambas los casos de homicidios, tenía información sobre las decapitaciones masivas; tampoco sobre los asesinatos en el mercadillo Maktab ni de los dos hombres asesinados después de la captura de Khan, lo que refleja el intenso secreto con el que los campesinos tratan estas muertes.
Después de que un allanamiento anterior que fracasó en cuanto a capturar a Khan en la zona de Musa Khel, las fuerzas de la coalición recibieron un informe de que tres viejos y tres adolescentes de la aldea habían sido decapitados. "Cuando llegamos a investigar, no pudimos encontrar los cuerpos ni ninguna prueba de nada", dijo el coronel Christopher R. Toner, comandante del Equipo de Combate de la Tercera Brigada de la Primera División de Infantería, con sede en las provincias de Khost y Paktia. "Pero estaban pasando muchas cosas, así que sospecho que era verdad".
Funcionarios de la salud público dicen igualmente que han oído sobre decenas de ese tipo de asesinatos, pero que rara vez los pueden confirmar. "La gente no trae los cuerpos al hospital por miedo al Talibán", dijo el doctor Fazal Mohammad Mangal, del hospital provincial de Khost.
Zabit Amen Jan, antiguo vecino de Musa Khel, perdió cuatro hermanos a manos de los insurgentes, incluyendo dos estudiantes en sus veinte cuyos cuerpos acribillados fueron encontrados en junio. Una carta manuscrita encontrada en uno de los cuerpos decía que los hombres habían ignorado advertencias de que no trabajaran con las fuerzas de la coalición. "No había otro modo de impedirlo", dice la carta.
Jan dijo que sus hermanos menores no tenía ninguna relación con la coalición y que fueron asesinados sólo porque él y otro hermano habían participado en política.
"La gente acostumbraba venir a nuestro distrito para hacer picnics porque nuestra zona está llena de montañas cubiertas de pinos y nogales", dijo. "Ahora la gente está huyendo Khost o de Kabul o Pakistán porque hay demasiados asesinatos y saben que el gobierno no puede protegerlos".
[Ray Rivera informó desde Sabari; Sharifullah Sahak desde Kabul, Afganistán; y Eric Schmitt desde Washington.]
5 de diciembre de 2011
28 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer