murió gordon tootoosis

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Actor conocido por sus papeles como indio estadounidense. Fue vicepresidente de la Federación de Naciones Indias Saskatchewan.

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Murió el martes en un hospital de Saskatoon, Canadá, el actor canadiense Gordon Tootoosis, que a menudo representaba a indios estadounidenses en películas y en televisión, incluyendo One Stab en la película épica de vaqueros ‘Leyendas de pasión’ [Legends of the Fall], de 1994 -informó su agente MaryJane MacCallum. Tenía 69 años.
Como One Stab, Tootoosis representaba al venerable cree que vigila a Brad Pitt, Aidan Quinn y Henry Thomas, hijos del coronel Ludlow (Anthony Hopkins) en la pantalla. Tootoosis también se encargó de la narración de la película.
En televisión, tuvo roles en la adaptación de ‘Entierra mi corazón en Wounded Knee’ [Bury My Heart at Wounded Knee], de HBO, en 2007; en la película ‘La llamada de la selva’ [Call of the Wild], de CBS, de 1993, con Rick Schroder; y en las producciones canadienses ‘North of 60’, ‘Wapos Bay’ y ‘Blackstone’, entre otras.
Tootoosis también hizo teatro en Canadá y era miembro de la Compañía de Teatro Nativo Saskatchewan.

Tootoosis nació el 25 de octubre de 1941 en la reserva Poundmaker Cree Nation en la provincia canadiense de Saskatchewan. Recorrió el país con la Plains Intertribal Dance Troupe en los años sesenta y setenta y consiguió su primer papel en el cine en la película de vaqueros ‘Alien Thunder’, de 1974, con Donald Sutherland.
Activo en la política de las First Nations en Canadá, Tootoosis fue vicepresidente de la Federación de Naciones Indias Saskatchewan.
15 de julio de 2011
7 de julio de 2011
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cc traducción mQh

presbiterianos votan sobre ordenación gay

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Iglesia Presbiteriana vota para permitir la ordenación de homosexuales y lesbianas. Órganos regionales podrán decidir por sí mismos.

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[Mitchell Landsberg] Un debate que ha perdurado en la Iglesia Presbiteriana durante más de tres décadas culminó el martes con la ratificación de la decisión que permite la ordenación de ministros homosexuales y lesbianas, mientras entrega a los cuerpos regionales eclesiásticos la capacidad de decidir por sí mismos.
Con la votación voto de su organización regional en Minnesota, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos se convirtió en la cuarta iglesia protestante tradicional en permitir la ordenación de homosexuales, detrás de las iglesias episcopal y evangélica luterana y la Iglesia Unida de Cristo. La votación en Minnesota fue seguida de cerca por la de Los Angeles.
"Este es un momento importante para la comunidad cristiana", dijo Michael Adee, miembro del consejo eclesiástico presbiteriano que encabeza una organización que luchó por la ordenación de homosexuales. "Celebro que los presbiterianos se estén concentrando en lo más importante: la fe y el carácter, no el estatus marital de la persona, ni su orientación sexual."
El cambio en la constitución de la Iglesia Presbitariana fue aprobado el verano pasado por la Asamblea General de la iglesia, su consejo gobernante. Pero según las normas de la iglesia, esos cambios deben ser luego ratificados por una mayoría de las 173 organizaciones regionales conocidas como presbiterios.
A última hora del martes, en una reunión en St. Louis Park, un suburbio de Minneapolis, el Presbiterio de las Ciudades Gemelas sometió la decisión a votación, que fue aprobada por 205 contra 56 votos, convirtiéndose en el cuerpo regional número 87 en aprobar la ordenación gay. Cerca de noventa minutos después, el Presbiterio Pacífico, representando a partes de California del Sur y todo Hawai, agregó su voz, aprobando la ordenación gay con 102 contra 60 votos.
Fue la cuarta vez que la iglesia votaba sobre temas relacionados con la ordenación gay, y los votos reflejan un cambio de actitud al interior de la iglesia y en la sociedad estadounidense, a medida que actitudes públicas contra la homosexualidad se han suavizado. Desde la última vez que se votara, en 2008-09, diecinueve presbiterios cambiaron su voto de "no" a "sí", incluyendo a algunos en las partes relativamente más conservadoras del país, tales como el centro de Nebraska y el norte de Alabama.
Linda Fleming, del consejo eclesiástico y diácono de la Iglesia Presbiteriana Knox en Ladera Heights, que fue anfitriona de la reunión en el Presbiterio Pacífico, dijo que ella era una de las que había cambiado de opinión sobre el tema en los últimos años.
"Finalmente decidí, a los 63, que eso es inevitable", dijo. "Creo que es como dejar que la gente negra venga a las iglesias blancas, o permitir que las mujeres puedan ser ministros. Es inevitable."
Sin embargo, no pudo reprimir su sorpresa. "Para la Iglesia Presbiteriana, que es una iglesia tradicional, una iglesia envejecida, es una decisión difícil."
Los que votaron en la reunión de Know saludaron con mesura el resultado de la votación. No hubo vivas ni abrazos, al menos no inmediatamente, y no hubo recriminaciones de parte de los perdedores.
"Podemos seguir", dijo Brian Symonds, 29, que espera ser la primera persona gay en ser ordenada por el Presbiterio Pacífico. "Ahora el trabajo empieza a avanzar hacia lo que me pidieron que hiciera."
La enmienda ratificó el martes cambios en la redacción de la constitución presbiteriana en relación con las capacidades y requisitos de los ordenados, sea como clérigos o en posiciones seculares como miembros del consejo eclesiástico o diáconos. Desde 1997, la constitución exige de los futuros ordenados que vivan "en fidelidad con el pacto de matrimonio entre un hombre y una mujer, o que practiquen la castidad si son solteros." Ahora, sólo exigirá que "los funcionarios de la iglesia examinen la vocación, capacidad, preparación e idoneidad para las responsabilidades de la posición."
Eso da tanta flexibilidad que incluso los partidarios de la reforma dicen que es probable que signifique que los presbiterios más conservadores continuarán negándose a ordenar a homosexuales y lesbianas.
En los últimos años, algunos presbiterios han ordenado a clérigos homosexuales y lesbianas y líderes laicos según lo que algunos han descrito oficiosamente como la "política de no preguntar, no decir nada."
Personas a ambos lados del debate predicen que la ratificación de la enmienda conducirá a algunas iglesias a abandonar la denominación y otras a buscar presbiterios más compatibles. Ya hay varias que han pedido ser reasignadas a otras regiones.
El Reverendo Dan Chun, pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana de Honolulu, dijo que su iglesia pidió formalmente separarse del Presbiterio Pacífico, que está a favor de la ordenación de homosexuales, y agregarse al Presbiterio de San Diego, que no lo está. Hay otras razones, dijo, incluyendo las enormes poblaciones militares en ambos lugares, pero la ordenación homosexual era un importante factor.
Dijo que temía que la votación "siembre división en nuestra denominación, que, en los últimos cincuenta años, no hace más que perder miembros."
El Reverendo Mark Brewer, pastor del Presbiterio Bel Air y otro opositor de la ordenación homosexual, dijeron que no pensaban que la votación pudiera ocasionar una crisis inmediata en la iglesia. "Creo que esta es una placa tectónica que se está separando lentamente, más que un gran terremoto", dijo.
Idealmente, agregó, los presbiterianos encontrarán la manera de convivir de un modo que mantenga unida a la comunidad anglicana. La comunidad, de la que Iglesia Episcopal en la rama estadounidense, también está fuertemente dividida sobre el mismo tema.
"Creo que es probable que los presbiterianos terminen en el mismo buque, pero en diferentes cubiertas", dijo.
15 de julio de 2011
11 de mayo de 2011
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perpetua para jefes del vesubio

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El Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal condenó al ex general Héctor Gamen y al ex coronel Hugo Pascarelli por 156 crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención.

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Argentina. Cinco agentes penitenciarios recibieron penas de entre 18 y 22 años y serán investigados por seis casos de abuso sexual y violación. Por El Vesubio pasaron, entre muchos otros, el dibujante y creador de El Eternauta, Héctor Oesterheld, el cineasta Raymundo Gleyzer y el escritor Haroldo Conti.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y Pablo Bertuzzi ordenaron que Gamen y Pascarelli sean detenidos luego de la condena, ya que se encontraban en libertad. El arresto se concretó apenas terminó la audiencia, cuando fueron esposados por personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Gamen fue condenado por 22 homicidios calificados por haber sido cometidos con alevosía y por 76 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, en tanto Pascarelli recibió la pena por tres homicidios y 15 hechos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos.
Además, cinco ex agentes del SPF fueron condenados por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos: Ricardo Martínez fue encontrado culpable por 141 casos y Ramón Erlán por 140, a 20 años y seis meses; Diego Chemes por 140 casos, a 21 años y seis meses; José Maidana por 91 hechos, a 22 años y seis meses, y Roberto Zeolita por 141 casos, a 18 años. El tribunal ordenó que sean investigados por seis casos de abuso sexual y violación y 22 homicidios.
Un octavo imputado, el coronel Pedro Alberto Durán Sáenz -alias "Delta"-, que también fue jefe del centro, murió el pasado 6 de junio impune y en libertad pese a comprobarse que había torturado incluso a embarazadas.
El veredicto fue festejado por organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e HIJOS, que organizaron un festival en la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002.
"El Vesubio" funcionó entre abril de 1976 y septiembre de 1978 en un predio del SPF ubicado en Avenida Ricchieri y Camino de Cintura y se calcula que por ese lugar pasaron 1500 personas. Estaba bajo jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, a cargo del fallecido ex general Guillermo Suárez Mason. El centro comenzó a demolerse a fines de 1978, cuando se esperaba para principios de 1979 la llegada al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para investigar las denuncias por los delitos de lesa humanidad.
15 de julio de 2011
14 de julio de 2011
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guatemala, atrapada en su laberinto

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Rehén de las mafias, los narcos, las pandillas y de las estructuras paramilitares. En 2010 se produjeron 5960 casos de muerte violenta para una población de apenas 14 millones 361 mil 666 habitantes; una tasa de 41,5 homicidios cada 100 mil habitantes. El 85 por ciento de esas muertes fueron provocadas por armas de fuego.

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[Adrián Pérez] Guatemala. Una espiral de asesinatos y crímenes envuelve a Guatemala. El asesinato del cantante Facundo Cabral el sábado es sólo el más reciente ejemplo de la crisis de seguridad de un país colonizado por los carteles del narcotráfico, amenazado por formaciones paramilitares y asolado por pandillas de jóvenes expulsados de Estados Unidos.
"Del mismo modo que ante el vidrio con azogue podemos ver nuestra imagen personal con ojos de desconsuelo o con mirada optimista, lo que estas páginas nos ofrecen podemos leerlo con la lente del pesimismo, pero igual tenemos la opción de ver la dura realidad aquí reflejada como el desafío de cuánto aún debemos enmendar, de cuánto aún debemos construir", afirma el procurador Sergio Fernando Morales Alvarez, autor del último informe publicado por la Procuraduría de Derechos Humanos guatemalteca. El documento es lapidario y exige respuestas inmediatas. Desnuda la vulnerabilidad de los derechos humanos en ese país y se presenta como espejo de la violencia que se ensaña con los sectores más postergados. En 2010 se produjeron 5960 casos de muerte violenta para una población de apenas 14 millones 361 mil 666 habitantes; una tasa de 41,5 homicidios cada 100 mil habitantes. El 85 por ciento de esas muertes fueron provocadas por armas de fuego, dice el informe. Según ese estudio, las víctimas adultas se encuentran en un rango de edad que va de los 18 a los 25 años. Muertes jóvenes y evitables.
El informe –disponible en pdh.org.gt en su versión completa– aporta algunas claves. También desnuda la falta de políticas públicas. "Si el Estado no protege a sus ciudadanos no se puede evitar la violencia; si persisten la pobreza y la desatención de sectores vulnerables como mujeres, niñez y adolescencia, no se erradica la violencia."
Sin embargo, el país centroamericano no escapa a una historia marcada por la violencia paraestatal. Marco Tulio Alvarez, director de los Archivos de la Paz de la Secretaría de la Paz de la Nación, asegura que lo que ocurre no es totalmente ajeno a la guerra civil que desgarró a su país. Afirma, además, que en ese período se sentaron las bases para el accionar de los cuerpos paralelos o aparatos clandestinos de seguridad que asuelan a Guatemala.
Alvarez considera que, durante la contrainsurgencia, se articuló una infraestructura de recursos de inteligencia que formaron el capital de aquellos oficiales que actuaban en las instituciones armadas. "Con el final de la guerra se llegó a la hipótesis de que seguía funcionando una estructura paralela al Estado", analiza el titular de Archivos por la Paz. De alguna manera, no se descarta que esos ex militares participen en el armado de las nuevas organizaciones criminales. Alvarez estima que, en algunos casos, se observa que no son delincuentes comunes quienes llevan adelante determinadas operaciones criminales, sino que existe una aceitada organización detrás de esos delitos. "Eso implica la participación de una infraestructura de alto nivel", señala.
Desde un trabajo de recuperación de la memoria histórica, Alvarez afirma que en los análisis realizados sobre el modo de operar del aparato militar en tiempos de dictadura, pudo determinarse que se habían ejercido ciertas prácticas propias de una guerra contrasubversiva; acciones que pasaron por alto normas legales y garantías constitucionales. "De alguna manera, esas prácticas crearon un sistema y una forma de funcionar de esos aparatos paraestatales, influyendo e infiltrando al propio Estado", considera Alvarez, y evalúa que es probable que algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad colaboren con estos aparatos.
"Es bastante claro que en nuestro país funcionan este tipo de cuerpos. Esa es la razón de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). No sólo en el asesinato de Facundo Cabral sino en muchos otros casos estamos viendo una alta capacidad para operar donde las fuerzas estatales son limitadas en su accionar", agrega. El avance de estos hechos de violencia coincide, según Alvarez, con un deterioro cada vez mayor de la seguridad. "Lo que nos está faltando es poder ubicar a esos aparatos clandestinos favorecidos por el narcotráfico, la delincuencia y ex militares", dice y admite que no es fácil llegar hasta la médula del problema porque hay una estructura que disfraza la situación. Alvarez menciona el caso del general Héctor Mario López Fuentes, uno de los generales al frente del Estado Mayor en 1982. "Siento que estos oficiales participaron en prácticas muy duras, indudablemente cobraron cuotas y pasaron a formar parte de un grupo emergente que se enriqueció. A diferencia de los argentinos, nosotros todavía no hemos podido avanzar en el juzgamiento de estos criminales, eso está bloqueando la posibilidad de que tengamos nuestro nunca más."
El informe anual de la PDH guatemalteca fue presentado en enero. Entre sus 1200 páginas, Morales Alvarez lanza un interrogante que demanda una acción inmediata de las autoridades: "Lo hemos dicho de viva voz y ahora lo ponemos por escrito: frente al pesimismo generalizado debemos preguntarnos, si Guatemala ya tocó fondo, ¿vamos a seguir saltando en ese fondo para hundirnos más? Mi respuesta es ¡No!".
15 de julio de 2011
14 de julio de 2011
©página 12

hrw denuncia violencia rebelde

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Fuerzas de la oposición deberían proteger a civiles y hospitales.

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Zintan, Libia. Las fuerzas rebeldes en Lidia deberían proteger a los civiles y respetar la infraestructura civil en áreas bajo su control, declaró Human Rights Watch hoy. Las fuerzas rebeldes deberían detener a todo miembro de sus filas que sea responsable de saqueo, incendios provocados y violencia contra civiles en las ciudades capturadas recientemente al oeste de Libia, declaró Human Rights Watch.
En el último mes, en cuatro ciudades capturadas por los rebeldes en las Montañas Nafusa los combatientes rebeldes y sus partidarios han atacado propiedades, incendiado casas, saqueado hospitales, casas y tiendas, y golpeado a algunos ciudadanos acusados de haber apoyado a las fuerzas del gobierno, declaró Human Rights Watch.
Human Rights Watch presenció algunos de estos actos, entrevistó a testigos de otros, y habló con un comandante rebelde sobre los abusos.
"Los líderes de la oposición deberían terminar con los abusos de los rebeldes y castigar a los responsables", dijo Joe Stork, director de Oriente Medio y África del Norte en Human Rights Watch. "Las autoridades rebeldes tienen el deber de proteger a los civiles y sus propiedades, especialmente hospitales, y castigar a cualquiera que sea responsable de saqueos u otras formas de violencia."
Las fuerzas rebeldes ocuparon al-Awaniya, Rayayinah y Zawiyat al-Bagul a mediados de junio de 2011, expulsando a las fuerzas gubernamentales que habían utilizado las ciudades como base para lanzar ataques contra territorio ocupado por los rebeldes, algunos de ellos indiscriminados contra áreas habitadas por civiles. Las fuerzas rebeldes ocuparon al-Qawalish el 6 de julio.
En las cuatro ciudades algunos residentes se marcharon cuando empezaron a llegar las tropas del gobierno para combatir a los rebeldes en abril y mayo. En todas las ciudades, excepto Rayayinah, la mayor parte de los habitantes que se habían quedado, huyeron cuando se retiraron las tropas del gobierno, aparentemente por temor a las represalias de las fuerzas rebeldes.
Al-Awaniya y Zawiyat al-Bagul están en territorio de la tribu Mesheshiya, conocida por su lealtad al gobierno libio de Muamar Gadafi.
El comandante militar rebelde en las Montañas Nafusa, el coronel El-Moktar Firnana, reconoció que se habían cometido algunos abusos después de que los rebeldes capturaran las ciudades, pero que esos ataques violaban órdenes dadas a las tropas rebeldes de no atacar a civiles ni dañar instalaciones civiles. Dijo que algunas personas habían sido castigadas, pero no dijo cuántas ni por qué delitos.
"Si no hubiésemos dado esas órdenes, la gente habría arrasado e incendiado estas ciudades", dijo a Human Rights Watch.
En al-Qawalish , el 7 de julio, Human Rights Watch presenció a personas con sombreros y camisetas de los rebeldes, algunas de ellas armadas, cargando en camiones con distintivos rebeldes, artículos robados en tiendas. Cinco casas que Human Rights Watch había visto intactas el día anterior cuando se retiraron las fuerzas del gobierno, fueron incendiadas. Tres casas más y una tienda fueron incendiadas durante visitas el 10 y 11 de julio, y al menos otras seis casas parecen haber sido incendiadas recientemente.
Al-Awaniya y Zawiyat al-Bagul estaban desiertas en varias visitas que hizo Human Rights Watch entre el 2 y el 10 de julio. Casas en tres calles en al-Awaniya y en dos calles en Zawiyat al-Bagul, visitadas por Human Rights Watch, habían sido saqueadas. Las tiendas de las calles principales de las dos ciudades habían sido invadidas y saqueadas.
Vecinos dijeron a Human Rights Watch que el gobierno libio había llevado a miembros de la tribu Mesheshiya a al-Awaniya desde otras ciudades hace cerca de treinta años, un reasentamiento que todavía causa tensión entre ciudades vecinas.
En Rayayinah, un vecino que se quedó dijo que los rebeldes habían robado equipos médicos del policlínico después de ocupar la ciudad. Human Rights Watch visitó el hospital el 2 de julio y vio habitaciones saqueadas, ventanas y puertas rotas y evidencias de equipos médicos faltantes, incluyendo una máquina de rayos equis y posiblemente una máquina de electrocardiogramas.
El hospital de al-Awaniya visitado por Human Rights Watch el 3 de julio, estaba en condiciones similares, con equipos sustraídos, ventanas rotas y muebles estropeados.
Un médico que apoyaba a los rebeldes, contó a Human Rights Watch que él había participado en el saqueo del hospital de al-Awaniya después de que los rebeldes ocuparan la ciudad:

"El hospital de al-Awaniya estaba bien equipado, y básicamente nos llevamos todo. Estaba muy bien equipado para atender a las tropas de Gadafi. [Los rebeldes] dijeron que Zintan sería el hospital central para la región... Oí decir que el equipo del policlínico de Rayayinah también fue trasladado a Zintan."

Human Rights Watch visitó la clínica médica de Zawiyat al-Bagul el 3 de julio. Había sido atacada y saqueada por vándalos. La sustracción de equipos médicos y el daño causado a las instalaciones obstaculizará el retorno de la población civil a esas ciudades, declaró Human Rights Watch.
Residentes de Rayayinah dijeron a Human Rights Watch que entre trescientas y cuatrocientas personas se habían quedado en la ciudad cuando llegaron los rebeldes, incluyendo la parte occidental, que las fuerzas del gobierno habían utilizado para bombardear Zintan, en manos de los rebeldes. Uno de los residentes contó a Human Rights Watch que vio las lesiones de tres personas de la parte occidental de la ciudad que dijeron que habían sido golpeadas por los rebeldes, y una persona dijo que los rebeldes le habían disparado en el pie:

"Los habían amarrado por las muñecas con unos cables polvorientos y los habían golpeado. Vi tres casos, pero hay muchos más. Uno perdió dos dedos de un pie cuando un combatiente de Zintan le disparó en el pie. Vi un montón de moretones en la cara, manos, en todo el cuerpo. La mayoría de ellos ya se han marchado."

Parte de los daños en Rayayinah fueron causados por las fuerzas del gobierno durante su presencia en la ciudad. Mohamed el-Mizoughi, un residente, contó a Human Rights Watch que soldados del gobierno habían castigado a los partidarios de los rebeldes arrestándolos, quemando sus casas y saqueando sus tiendas.
El comandante rebelde, coronel Firnana, explicó las faltas rebeldes como consecuencia del presunto apoyo de las víctimas a las fuerzas de gobierno. "La gente que se quedó en las ciudades estaba trabajando con el ejército", dijo. "Las casas que fueron saqueadas e invadidas fueron las casas que usó el ejército, incluso para guardar municiones." Agregó: "Las personas golpeadas estaban trabajando para las brigadas de Gadafi."
Para los vecinos de las cuatro ciudades capturadas era difícil volver debido a la rabia en las ciudades ocupadas por los rebeldes que fueron atacadas por las tropas del gobierno, dijo el coronel Firnana.
"Las fuerzas de la oposición tienen la obligación de proteger a los civiles y sus propiedades en las áreas bajo su control, de modo que la gente pueda volver a casa y reconstruir sus vidas en seguridad", dijo Stork.
Otras dos ciudades en territorio rebelde en las Montañas Nasufa, el-Harabah y Tamzin, son conocidas por ser leales a Gadafi, pero se las han arreglado para mantener relaciones tanto con el gobierno libio como con los rebeldes. Estas ciudades no habían sido usadas por las fuerzas del gobierno desde que empezara la insurrección de febrero.
Los combatientes de la oposición en las Montañas Nafusa han detenido a cerca de doscientos combatientes del gobierno en el último mes. Human Rights Watch tuvo acceso ilimitado a los centros de detención en Zintan, Yafran y Kikla. Algunos detenidos se quejaron de malos tratos físicos en el momento de su captura, pero dijeron que desde entonces las condiciones habían sido adecuadas.
Human Rights Watch ha documentado repetidos ataques indiscriminados por fuerzas del gobierno contra áreas civiles en las Montañas Nafusa en los últimos dos meses, así como el uso de minas terrestres. En la ciudad de Yafran, las fuerzas del gobierno ocuparon ilegalmente un hospital durante seis semanas.
"Las fuerzas de la oposición dicen que respetan los derechos humanos, pero los saqueos, incendios y malos tratos a civiles en las ciudades ocupadas, son preocupantes," dijo Stork. "Esto aumenta la preocupación sobre cómo serán tratados los civiles si los rebeldes ocupan otras ciudades donde el gobierno cuente con apoyo."
14 de julio de 2011
13 de julio de 2011
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colombia debe investigar asesinatos

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Colombia debe investigar recientes asesinatos cometidos por grupos armados.

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Washington, Estados Unidos / Colombia. La masacre de siete personas en el sur de Colombia, presuntamente cometida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), evidencia las despiadadas tácticas que emplean los grupos armados de ese país, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno colombiano debe asegurar que se inicien investigaciones inmediatas y exhaustivas de estos hechos, que tuvieron lugar el 2 de julio de 2011, así como de los recientes asesinatos de miembros de comunidades indígenas en el norte de Colombia, presuntamente cometidos por grupos sucesores de los paramilitares, manifestó Human Rights Watch.
En el episodio del 2 de julio, un grupo de hombres armados ingresó en una finca del municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento sureño de Caquetá, y mató a seis miembros de una familia, incluyendo dos menores, y a un empleado. Miembros del Ejército y de la policía atribuyen la masacre a las FARC. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, las FARC han aumentado su presión sobre la población civil y mantienen una presencia activa en la zona donde se produjeron los asesinatos.
"Esta masacre sigue el patrón de abusos crueles cometidos por las FARC, quienes rutinariamente matan civiles sin el menor respeto por las leyes de la guerra", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
En otro episodio reciente, ocurrido el 25 de junio, ocho personas fueron asesinadas en el departamento sureño de Nariño. Al menos 10 hombres armados ingresaron en una sala de billar en el municipio de Colón-Génova y comenzaron a disparar. Según los informes de prensa, entre las ocho personas que perdieron la vida había un menor, y otras cuatro resultaron heridas. Un funcionario local le dijo a Human Rights Watch que en la zona operan grupos sucesores de los paramilitares, las FARC y el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Según estadísticas oficiales, entre enero y mayo ocurrieron 17 de estas masacres, las cuales dejaron un saldo de 76 muertes y representan un aumento del 21 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. El gobierno define masacre como el asesinato de cuatro o más personas al mismo tiempo. Los grupos sucesores de los paramilitares contribuyeron a que, en 2010, las masacres aumentaran en un 34 por ciento -  el total anual más alto que se ha registrado desde el año 2005.
Human Rights Watch también instó al gobierno colombiano a asegurar que se inicien investigaciones exhaustivas e inmediatas sobre una serie de asesinatos de líderes y miembros de comunidades indígenas que se produjeron recientemente en los departamentos de Antioquia y Córdoba, en el norte del país.
El 5 de julio, hombres armados asesinaron a balazos a una líder indígena Zenú, Mérida del Carmen Fuentes Hernández, en el municipio de Montelíbano, Córdoba, conforme a la información publicada por los medios y a un funcionario local que habló con Human Rights Watch. Los medios señalaron que las autoridades arrestaron a uno de los sospechosos del ataque armado, quien presuntamente pertenece a los "Urabeños", un grupo sucesor de los paramilitares que surgió del fallido proceso de desmovilización de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La prensa también señaló que un miembro del grupo indígena Embera Katío había sido asesinado el 1 de julio en el municipio de Montelíbano.
El 2 de julio, agresores no identificados asesinaron a balazos a Fernando Tequía, el gobernador de una comunidad indígena Embera Katío, en el municipio de Urrao, en Antioquía. De acuerdo con la Organización Indígena de Antioquía (OIA), Tequía había denunciado que en sus tierras se estaban desarrollando actividades de minería ilegal.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, cinco miembros de comunidades indígenas zenúes del norte de Antioquía fueron asesinados el 24, 25 y 26 de junio, presuntamente por un grupo sucesor de los paramilitares. Entre las presuntas víctimas se encuentran Jorge Mejía Estrada, el vicegobernador de una comunidad Zenú, y sus dos hijos - ambos menores -, quienes están desaparecidos desde el 25 de junio y se presume que han fallecido.
La Defensoría del Pueblo señaló que, supuestamente, los asesinos eran miembros de un grupo sucesor de los paramilitares denominados los "Rastrojos." En la región operan al menos otros tres grupos sucesores de los paramilitares, entre los cuales se encuentran los "Urabeños", las "Águilas Negras" y los "Paisas", según datos de la Defensoría del Pueblo.
La OIA informó a Human Rights Watch que, en lo que va del año, un total de 14 miembros de comunidades indígenas fueron asesinados en Antioquía, docenas de familias indígenas han sido desplazadas y muchos líderes han sido amenazados.
"Las comunidades indígenas sufren actos de extrema violencia cometidos por poderosos grupos armados de Colombia, que incluyen a los grupos sucesores de los paramilitares", expresó Vivanco. "Las autoridades colombianas deben tomar medidas urgentes para proteger a las comunidades indígenas de los violentos grupos armados que frecuentemente los matan, los amenazan y los desplazan de sus tierras por la fuerza".
13 de julio de 2011
8 de julio de 2011
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hrw condena torturas de bush

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La organización de derechos humanos exige una investigación penal al ex presidente de EE.UU. y otros funcionarios. El informe señala que durante la administración de George W. Bush se aplicó la técnica del submarino y se torturó en cárceles secretas de la CIA en países como Rumania, Polonia, Lituania, Tailandia y Afganistán.

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Washington, Estados Unidos. Human Rights Watch difundió ayer un informe que habla de contundente evidencia de torturas por parte del gobierno de George W. Bush. El documento de la organización no gubernamental con sede en Nueva York, titulado "Tortura impune: el gobierno de Bush y el maltrato a los detenidos", exige una investigación penal al ex presidente de Estados Unidos (1999-2008) y funcionarios de su gobierno como el vicepresidente Dick Cheney, el ex jefe del Pentágono Donald Rumsfeld y el ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) George Tenet. La tortura y los malos tratos a los detenidos alrededor del mundo son las principales causas por las que se los acusan.
De acuerdo con el documento de 107 páginas, el actual presidente Barack Obama incumplió las normas de la Convención de Ginebra contra la tortura a la que Estados Unidos suscribe y que le otorga status constitucional. Entre estas prácticas ilegales llevadas a cabo por la administración anterior se cuentan el submarino (un método interrogatorio de asfixia por inmersión), la utilización de prisiones secretas de la CIA y el traslado de detenidos a países en donde eran torturados. En diálogo con Página/12, el consejero político para Human Rights Watch en Bruselas, Reed Brody, explicó esos procedimientos ilegales. "Son casos a través de varios continentes. Estamos hablando de prácticas en prisiones secretas de la CIA, que han existido en Rumania, Polonia, Lituania, Tailandia y Afganistán. Pero también hablamos de ciertas prácticas utilizadas en Irak y Guantánamo y de los detenidos enviados por Estados Unidos a países como Egipto y Siria", dijo el asesor norteamericano de Human Rights Watch.
Según Brody, esos dos países fueron una suerte de enclaves para esas prácticas ilegales conducidas por la administración Bush. "Allí los detenidos fueron torturados de manera sistemática, como parte de un programa en donde ellos no eran devueltos a los países por extradición, sino que fueron enviados para ser interrogados en custodia de naciones que cometen torturas."
Según el consultor, aún resta conocer el grado de responsabilidad que tuvieron los países que funcionaron como prisiones satélite ilegales del gobierno de George W. Bush. "Evidentemente, un país podría haber albergado una prisión en donde algunas personas fueron torturadas. En todos los países, por lo menos europeos, ha habido investigaciones, pero no para ver qué grado exacto de complicidad existía. Todavía no sabemos quién autorizó en Polonia que traigan prisioneros", dijo Brody.
El director ejecutivo del observatorio, Kenneth Roth, dijo que si Estados Unidos no promueve una investigación penal seria contra los responsables de los crímenes, otras naciones deberían ser las encargadas de llevarlos a juicio. En febrero de este año, Bush debió cancelar un viaje a Suiza cuando un grupo de víctimas de torturas intentó elevar una demanda penal contra él. En sintonía con el pedido del director de Human Rights Watch, una investigación por tortura que implica a funcionarios norteamericanos se encuentra en marcha en España.
En agosto de 2009, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, designó al fiscal federal adjunto, John Durham, para que investigara el abuso de detenidos, pero limitó la indagación a los actos no autorizados. Como resultado, la investigación podría no examinar los actos de tortura como el submarino, y denominados por Estados Unidos como interrogatorios intensivos. Este y otros malos tratos autorizados por abogados del gobierno de Bush son contrarios al derecho interno e internacional.
Sin embargo, el pasado 30 de junio, Holder aceptó la recomendación de Durham de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre dos muertes bajo custodia de la CIA ocurridas en Irak y Afganistán.
El informe dice que sobre Dick Cheney recae la responsabilidad por las políticas de detención e interrogatorios. También habría presidido una reunión con la CIA para autorizar el submarino sobre el preso Abu Zubaydah en 2002. Rumsfeld aprobó el empleo de métodos ilegales durante los interrogatorios y siguió de cerca el caso de Mohamed al Qahtani, sometido a un régimen de seis semanas de interrogatorios coercitivos en Guantánamo.
Hasta ahora, el presidente Obama incumplió la promesa que hizo al asumir, en 2008, de cerrar el campo de concentración que Estados Unidos tiene en la isla de Cuba y donde se vienen realizando muchas de las prácticas ilegales que Human Rights Watch denuncia desde el inicio de la guerra contra el terrorismo en 2001. Para Brody, Guantánamo todavía existe más por incapacidad que por voluntad política. "Obama tiene una cantidad de capital limitado para gastar en temas como terrorismo. No cerró Guantánamo como prometió, y para perseguir a su predecesor el presidente requiere de una gran cantidad de capital político", dijo el analista.
Consultado acerca del tipo de reacción que provocará el informe a nivel doméstico, Brody no depositó muchas esperanzas en la opinión pública norteamericana. "Para ser honestos, esta información ha captado mayor atención fuera de los Estados Unidos. La gente que no vive en Norteamérica está más molesta con este tipo de políticas y posee un mejor entendimiento acerca de cómo las políticas de lucha contra el terrorismo repercuten en el resto del mundo. Es más fácil ver desde afuera de Estados Unidos cuán abominables pueden resultar ciertos poderes", señaló el consultor.
[Informe de Juan Nicenboim.]
13 de julio de 2011
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sospechas en caso noble herrera

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Las abuelas dicen que la ex directora del BNDG pudo llevarse información. En 2006, cuando dejó de dirigir el Banco Nacional de Datos Genéticos, Ana María Di Lonardo se llevó una computadora. Las Abuelas creen que allí pudo haber información sobre las muestras y que, de esa forma, el dato pudo llegar a los Noble Herrera.

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[Victoria Ginzberg] Argentina. El 5 de mayo de 2006, Ana María Di Lonardo dejó el Banco Nacional de Datos Genéticos, del que era directora. Se había resistido a su jubilación, que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había dispuesto, pero, finalmente, ese día se llevó sus cosas. Fue acompañada por un escribano y dejó constancia de que retiraba un par de aparadores, una biblioteca, las cortinas de su despacho y una computadora. Las Abuelas de Plaza de Mayo creen que existe la posibilidad de que en esa PC estuviera la información de los perfiles genéticos sacados en base a las muestras aportadas por los familiares de desaparecidos. Y que, de esa forma, los datos podrían haber llegado a Felipe y Marcela Noble Herrera, que hace un mes cambiaron la postura que tuvieron durante diez años y aceptaron aportar su sangre y saliva para que se determine si son o no hijos de desaparecidos.
"En este estado la requiriente requiere retirar sus elementos personales consistentes en un mueble aparador de dos hojas corredizas color marrón claro con tapa de vidrio de dos metros, uno similar color claro de 1,50 metro de largo, una biblioteca de cuatro estantes de 1,2 metro de largo. Las medidas son estimadas. La computadora Pentium 4, 2,8 ghz con 512 mram con disco rígido de 80 gb, grabadora de CD y lectora de DVD Zip de Internet y una impresora Epson Stylus color 880 y las cortinas del que fuera su despacho", dice el acta a la que Página/12 tuvo acceso.
"Consultamos con especialistas y es posible tener en una computadora de ese tipo la información de los perfiles genéticos. Si esto hubiera ocurrido sería muy grave que se robara la información del Banco Nacional de Datos Genéticos, pero de todas maneras lo importante es que se sepa la verdad y se están tomando medidas para verificar que no hubo alteraciones en los registros, por eso pedimos que los cruces se hagan manualmente", señaló Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.
"Existe un antecedente que nos llamó la atención –explicó Iud– en 2007 nos comunicamos con una joven de la que sospechábamos que era hija de desaparecidos. Ella se opuso a hacerse el análisis de ADN y se inició una causa judicial en La Plata, en el juzgado de Arnaldo Corazza. En 2008 la chica volvió a rechazar el ADN e incluso un abogado nos dijo que lo podía aceptar a cambio de que sus apropiadores quedaran impunes. Abuelas le respondió que no hacen ese tipo de negociaciones. Después apareció con Di Lonardo como perito de parte y accedió a hacerse el análisis, que dio negativo."
La sospecha de Abuelas no reside en que se cambie el resultado del ADN, sino en que a través de Di Lonardo los Noble Herrera hayan tenido acceso a la información y que por lo tanto conocieran por anticipado cómo saldrían los análisis. Es que el estudio jurídico del ex juez Gabriel Cavallo, defensor de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, también representa a Di Lonardo. Los abogados de la empresaria sostienen que la decisión de los jóvenes de someterse a los exámenes genéticos se vincula con una investigación que realizaron –asesorados por la ex directora del BNDG– en base al análisis de los expedientes de los casos denunciados por las Abuelas.
Desde 2006, cuando Di Lonardo dejó su lugar al frente del Banco, 66 nuevas familias dejaron sus muestras en el lugar porque descubrieron que sus hijas, hermanas o madres podrían haber estado embarazadas cuando las secuestraron. Cuatro de esas familias se incorporaron este año. El Banco está en este momento analizando si los hijos adoptivos de Herrera de Noble son hijos de desaparecidos cuyos familiares aportaron su sangre al organismo. Ayer, luego de que se conociera que los hermanos Noble Herrera no eran parte de las dos familias querellantes en la causa, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, reiteró que la organización que dirige denunció siempre que los jóvenes podían ser hijos de desaparecidos, no que lo fueran y que "lo importante es llegar a la verdad".
13 de julio de 2011
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