el para-estado del urabá

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Los paramilitares infiltraron la política del Urabá a todo nivel. Crearon una máquina desde las comunidades para elegir alcaldes, gobernadores y congresistas. La Fiscalía 17 de Justicia y Paz investigó cómo la Casa Castaño diseñó y ejecutó este plan.

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Colombia. Cuando las autoridades allanaron la finca Andalucía, en Necoclí (Antioquia), se encontraron todo un ‘botín’ de información. Hallaron una compilación de 72 archivos, entre documentos, audios y videos, que ayudarían a esclarecer el escándalo de la parapolítica en el Urabá, una vasta y rica región que abarca varios municipios de Antioquia, Chocó y Córdoba.
Andalucía era la finca de Jorge Pinzón Arango, el hombre que, según la Fiscalía, fue el enlace clave entre los paramilitares y las comunidades del Urabá, y el coordinador general del proyecto político diseñado por la Casa Castaño para llevar a hombres de su confianza a diversos cargos de elección popular posibles, tanto a nivel local, como regional y nacional.
Fue con los archivos encontrados en esta finca y con las versiones rendidas por los exjefes paramilitares Ever Veloza alias ‘H.H.’, del Bloque Bananeros, y Fredy Rendón alias ‘El Alemán’, del Bloque Élmer Cárdenas, que la Fiscalía 17 de Justicia y Paz confirmó los pactos entre políticos y paramilitares. Sólo en el Urabá antioqueño determinó que 35 políticos tuvieron nexos con las Auc.
En una audiencia que busca legalizar varios delitos al extraditado alias ‘H.H.’, la Fiscalía le contó a un magistrado de Justicia y Paz cómo se tejió la parapolítica en esta zona.

Armas y ‘Política’
En 1997 la Casa Castaño diseñó una estrategia para promover pactos con politicos comprometidos con su causa contrainsurgente y apoyarlos en las elecciones, todo ello paralelo al entrenamiento de comandos armados en varias fincas de Córdoba para ‘exportarlos’ a otros departamentos y a la reunificación de los distintos grupos paramilitares del país bajo la sigla Auc (Autodefensas Unidas de Colombia).
Según la Fiscalía, la orden de consolidar alianzas políticas y apoyarlas se la dio Vicente Castaño a alias ’El Alemán’ durante una reunión realizada en la finca conocida como La 21, una de las bases en Córdoba de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Para empezar con un modelo que luego replicarían en la región, los Castaño decidieron primero ganarse a la comunidad y para ello impulsaron en 1998 el movimiento Clamor Campesino del Caribe (Ccc) así como la Asociación Comunitaria de Urabá y Córdoba (Asocomún).
Este proyecto social estuvo bajo la responsabilidad de un hombre inicialmente conocido como ‘Germán Monsalve’ o ‘Carrancho’, quien posteriormente fue identificado como Jairo Rendón Herrera, hermano de alias ’El Alemán’. Fue el encargado de reclutar simpatizantes para Asocomún, así como para Familias Guardagolfos, un programa que implementaron en San Pedro de Urabá, municipio donde los Castaño también instalaron escuelas de instrucción militar, donde se enseñó a los combatientes a descuartizar y a desaparecer los cuerpos en fosas comunes. Según la Fiscalía, alias ’Germán Monsalve’  se entregó a la justicia de Estados Unidos y hoy es investigado por una corte federal de ese país por delitos asociados al tráfico de estupefacientes.
Por una nueva orden de Vicente Castaño la Ccc pasó a llamarse Poder Popular Campesino (Ppc) y a partir de 2000 fue llamado Proyecto Político Regional del Urabá, cuando Castaño le ordenó a ‘El Alemán’ llevar el experimento a los municipios del Urabá en Córdoba, Chocó y Antioquia.
"Fue así como el Proyecto se subdividió en tres de acuerdo con las regiones: Proyecto Político Marizco Urabá Cordobés, Proyecto Político Regional Darién Chocoano y Proyecto Político Regional Grande, Unido y en Paz", explicó un investigador de la Fiscalía. El último correspondió al pacto entre paramilitares y políticos del Urabá antioqueño.

El Carrusel de los ‘Cuatrillizos’
Para cumplir la orden de Castaño en el Urabá antioqueño, alias ‘El Alemán’ coordinó la idea con Ever Veloza alias ‘H.H.’ y Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, jefes de los Frentes Turbo y Árlex Hurtado del Bloque Bananero, que operaban en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá. Al proyecto le sumaron las zonas dominadas por el Bloque Elmer Cárdenas, concentradas en el norte de Urabá, tanto de Antioquia como de Chocó y Córdoba.
En una versión libre del 16 de junio de 2009, alias ‘El Alemán’ contó que el proyecto fue planeado y pactado en Necoclí, en la finca Andalucía de Jorge Pinzón Arango. "El proyecto buscaba llevar representantes del Urabá a la Asamblea, la Cámara y el Senado. Se hicieron varias reuniones en Necoclí. Yo hice la primera en la que le presenté a la gente la propuesta y luego designé a Jorge Pinzón para que coordinara todo e hiciera reuniones individuales".
La región del Urabá comprende municipios de Antioquia, Córdoba y Chocó. Es considerada como una de las zonas con las tierras más fértiles del país.
Tanto alias ’H.H.’ como ’Pedro Bonito’ dispusieron de hombres de su confianza para acompañar a Pinzón Arango. Alias ‘H.H.’ designó a su financiero alias ‘Megateo’ y alias ‘Pedro Bonito’ nombró a su subcomandante alias ‘Cepillo’. Por su parte, ‘El Alemán’ dispuso, además, de su comisario político, alias ‘Negro Asprilla’.
El investigador judicial explicó que los subalternos de los jefes paramilitares se encargaron de hacer campaña en la zona de cada bloque y frente, mientras el coordinador general montó una veeduría, un comité financiero y creó una organización llamada Desarrollo para el Urabá Grande, que se convirtió en el músculo financiero de la campaña. Según la Fiscalía, utilizaron esta figura para evadir impuestos ya que según los libros contables hallados en la finca, las sumas de dinero que entraban al proyecto eran cuantiosas.
"El dinero de la campaña provenía de las múltiples subastas que realizaba ‘El Alemán’ en Virgen del Cobre, una finca en Necoclí que fue propiedad del narcotraficante José Antonio Ocampo alias ‘Pelusa’, y a la que acudían ganaderos de la región para regalar o comprar las mejores reses", explicó la Fiscalía.
Con esta maquinaria y el terreno abonado con la comunidad, ‘El Alemán’ contó que pactaron el "carrusel de los cuatrillizos", una estrategia para llevar a la Cámara de Representantes a cuatro representantes en un mismo período. El asunto consistió en rotarse la curul una vez por año, presentando la renuncia y dándole paso al siguiente renglón. Fue así como entre 2002 y 2006 Manuel Darío Ávila, Jesús Doval, Estanislao Ortiz y César Andrade pasaron por el Congreso.
Según ‘El Alemán’, los ‘cuatrillizos’ hicieron llave con el candidato al Senado Rubén Darío Quintero Villada, quien también resultó elegido y fue avalado por el partido Cambio Radical.
"De esta forma fue que los paramilitares promovieron los candidatos por los pueblos. Comenzaron por las juntas de acción comunal, pasaron por los concejos, las alcaldías  y la Asamblea hasta llegar al Congreso", dijo el investigador de la Fiscalía. Durante la audiencia, fue reproducido uno de los videos hallados en la finca Andalucía que mostró cómo un alcalde de la región firmó un documento con membrete del Bloque Élmer Cárdenas aceptando una alianza con ellos.
A partir de los documentos encontrados y de las investigaciones, la Fiscalía concluyó que 10 políticos de algo rango, entre congresistas y gobernadores, han sido condenados o son investigados por nexos con los bloques Bananero y Élmer Cárdenas.
El ex senador Ramón Antonio Valencia fue condenado a 3 años y nueve meses de prisión; Rubén Darío Quintero Villada a siete años y seis meses de prisión; Humberto de Jesús Builes a 90 meses de prisión, y Juan Carlos Martínez Sinisterra afronta un juicio por ‘parapolítica’ ante la Corte Suprema de Justicia. Los ‘cuatrillizos’ fueron capturados en septiembre de 2010, mientras el exgobernador del Guaviare Óscar de Jesús Cadavid López fue condenado a 90 meses de prisión y el exgobernador y exembajador en República Dominicana, Juan José Cháux, fue llamado a juicio.
Según el informe presentando durante la audiencia, la Fiscalía capturó el 12 de marzo de 2010 a 25 funcionarios públicos del Urabá investigados por nexos con los paramilitares. El 5 de marzo de 2011 el organismo profirió resolución de acusación, es decir formuló cargos y acusó ante un juez competente, a otros 14 funcionarios públicos de la región. En total, en el Urabá antioqueño son investigados 35 funcionarios entre ex alcaldes, excandidatos a cargos de elección popular y hasta exjefes de prensa de los municipios de Arboletes, Apartadó y San Juan de Urabá.
La Fiscalía aclaró que el caso en el Urabá antioqueño es apenas la punta de lanza de una investigación que avanza sobre pactos similares en Córdoba y Chocó. "Señor magistrado sobre estos dos proyectos políticos no podemos dar muchos detalles porque están en etapa de reserva sumarial", dijo el investigador.
Para el organismo investigador, el proyecto político paramilitar no sólo tuvo como trasfondo la cooptación del Estado para incidir en las decisiones de poder. Estuvo relacionada con el despojo masivo de cientos de hectáreas en el Urabá, donde Vicente Castaño proyectó quedarse con las tierras más ricas para explotarlas con negocios lucrativos como la palma y la ganadería extensiva. En el Urabá, como en otras zonas del país, los líderes campesinos que reclaman estas tierras han sido amenazados y algunos de ellos asesinados.
"Tener un metro cuadrado en el Urabá es mejor que tener una mina, me dijo Vicente Castaño", recordó alias ‘H.H.’.
21 de mayo de 2011
25 de marzo de 2011
©verdad abierta

chile reelegido en cddhh

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Chile fue reelecto en Consejo de Derechos Humanos ONU. En la votación realizada esta mañana, el país obtuvo la primera mayoría regional, al obtener 159 de los 191 votos de la instancia. Superó a Costa Rica y Perú.

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Nueva York, Estados Unidos. La decisión fue adoptada durante la Asamblea General del organismo multilateral que se realizó esta mañana en Nueva York y que permitirá a Chile participar en la máxima instancia de la ONU para la promoción y protección de los derechos fundamentales.
Durante la votación, Chile obtuvo la primera mayoría regional con 159 votos de un total de 191, por sobre Costa Rica (138 votos) y Perú (136 votos).
El respaldo a la opción nacional revela un reconocimiento al compromiso del gobierno y la sociedad chilena con los Derechos Humanos.
Para el nuevo período, Chile apuntará a reforzar los procedimientos de alerta temprana para dar una respuesta eficaz y oportuna a las situaciones de violaciones masivas de los Derechos Humanos.
Tras conocer la decisión, el canciller Alfredo Moreno expresó que "nuestro país seguirá trabajando para profundizar el sistema de protección, aportando con su experiencia para un accionar más eficiente de este órgano, de modo de dejar al Consejo en posición de proteger efectivamente a las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos, en la tarea incansable de hacer de éste un mundo más justo, libre y democrático".
20 de mayo de 2011
©la nación

murió rené emilio ponce

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General salvadoreño que ordenó el asesinato de sacerdotes jesuitas. Publicamos la necrológica de esta hiena humana sólo porque se demuestra en el artículo la profunda responsabilidad de Estados Unidos en los crímenes cometidos por este militar fascista.

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[William Grimes] Murió el lunes en un hospital militar de El Salvador el líder militar salvadoreño René Emilio Ponce, que fue acusado de ordenar la comisión de una de las atrocidades más espantosas de la guerra civil salvadoreña: el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989. Tenía 64 años.
En una declaración el ministro de Defensa de El Salvador dijo que había sido internado en el hospital la semana pasada en un estado cardiaco crítico.
El coronel Ponce era comandante del estado mayor conjunto el 15 de noviembre de 1989 cuando presidió una reunión de altos mandos militares que decidieron actuar contra las fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que había iniciado una ofensiva sorprendentemente fuerte cuatro días antes.
El objetivo era el reverendo Ignacio Ellacuría, el rector de la Universidad José Simeón Cañas de San Salvador. El Padre Ellacuría, nativo de España, prominente teólogo e intelectual, era despreciado por elementos de extrema derecha por su simpatía hacia los rebeldes, a muchos de los cuales había enseñado, y por tratar de negociar un acuerdo de paz entre las fuerzas rebeldes y el gobierno.
Se dice que el coronel Ponce ordenó al coronel Guillermo Benavides, director de la academia militar de El Salvador, que utilizara tropas especiales para cometer el asesinato, encomendándolo no dejar testigos.
Al día siguiente, antes del alba, el coronel Benavides y sus hombres entraron en el Centro Pastoral de la universidad, donde vivían el Padre Ellacuría y otros cinco profesores jesuitas, junto con su ama de llaves y su hija de dieciséis años.
Fueron llevados todos a un patio trasero, obligados a tenderse en el suelo bocabajo y ejecutados. Antes de marcharse, los soldados dispararon con sus ametralladoras contra la fachada de la residencia y dejaron un pedazo de cartón con un mensaje manuscrito con la intención de implicar a los revolucionarios: "El FMLN ejecuta a los informantes. Victoria o muerte, FMLN".
Las sospechas recayeron en los militares salvadoreños casi de inmediato. Bajo intensa presión de grupos eclesiásticos y organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos, aunque partidario incondicional del gobierno en su lucha contra los rebeldes, exigió conocer la verdad.
El general Maxwell R. Thurman, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, fue enviado por el Departamento de Estado para que entregara el siguiente mensaje al alto mando de las fuerzas armadas de El Salvador: "Hay sólo una solución. Si en el asesinato están implicados miembros de las fuerzas armadas, deben ser entregados".
El coronel Ponce, que llegaría a ser general y ministro de Defensa en 1990, logró escabullirse, protegido por el presidente Alfredo Cristiani, incluso después de haber accedido a purgar las fuerzas armadas como parte de un acuerdo de paz entre el FMLN y el gobierno.
Sin embargo, en 1992 Naciones Unidas encargó una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil de El Salvador. El informe, ‘De la locura a la esperanza: La guerra de los doce años en El Salvador’ [From Madness to Hope: The 12-Year War in El Salvador], fue publicado en marzo de 1993 e identificó al general Ponce como el hombre que aprobó el asesinato. También concluyó que él proporcionó las tropas, destruyó evidencias y presionó a oficiales para que guardaran silencio sobre la participación de los altos mandos.
Apenas unos días antes de la publicación del informe, el general Ponce renunció como ministro de Defensa, pero negó responsabilidad por los asesinatos. En un desafiante discurso por televisión, rodeado de otros oficiales, calificó el informe y propuestas de Naciones Unidas para purgar a las fuerzas armadas salvadoreñas como "injustas, incompletas e ilegales".
Cinco días después de la publicación del informe de Naciones Unidas, en medio de rumores de un inminente golpe de estado, el Parlamento salvadoreño aprobó una ley de amnistía general para todos los crímenes cometidos durante la guerra civil. En 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, declaró esa ley en contravención del derecho internacional.
Sin embargo, el general Ponce no fue nunca acusado de ningún delito y los dos hombres condenados por los asesinatos, el coronel Benavides y uno de sus lugartenientes, fueron dejados en libertad.

René Emilio Ponce nació en 1947 en Sensuntepeque en el centro de El Salvador. Estudió en la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios, graduándose en 1966.
Después de su nombramiento como agregado militar en México, estudió en la Escuela de las Américas en Estados Unidos.
Como comandante de la Policía Fiscal y de la Tercera Brigada de San Miguel, estuvo asociado a varias atrocidades cometidas contra civiles. En 1988 fue nombrado jefe del estado mayor conjunto.
Después de verse obligado a retirarse, el general Ponce fue presidente de la Asociación de Militares Veteranos.

En 2008, abogados de derechos humanos, siguiendo el precedente establecido cuando España acusó al chileno Augusto Pinochet por violaciones a los derechos humanos en 1998, presentaron una querella contra Cristiani y otros catorce miembros de las fuerzas armadas salvadoreñas por los asesinatos de 1989 y su encubrimiento ante el Tribunal Supremo español.
El general Ponce y sus oficiales fueron acusados de crímenes contra la humanidad, asesinatos y terrorismo de estado. En enero de 2009, el juez Eloy Velasco accedió a procesar a los catorce oficiales. Aún no se formulan cargos contra ellos.
20 de mayo de 2011
3 de mayo de 2011
©new york times

mercanchifles de la wspa vienen a matar

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columna de lísperguer

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La WSPA se introduce en Chile para fomentar el sacrificio de mascotas extraviadas o encontradas en la calle.

Realmente hay que leer cuidadosamente lo que dice esta organización. En el pasado se ha destacado por su defensa de la política de sacrificar animales sanos como un método de control de la población de mascotas (gatos y perros), llegando incluso a describir técnicas para provocar su muerte. Esto es totalmente innegable. Ahora pareciera que toman distancia de esa estrategia. ¿Pero se trata de un cambio sincero? La descripción que ofrece de los perros de la calle no se aplica a Chile. No es que los perros callejeros no se peleen, por ejemplo, por la comida que hallan en la basura, pero la verdad es que la mayoría de ellos cuenta con la protección de padrinos y madrinas -como bien sabemos todos en Chile, porque las llamamos cariñosamente viejas locas. La afirmación de que en los países en desarrollo el 75% de los perros de la calle muere por enfermedades como la rabia, acá no se aplica de ninguna manera, porque la rabia está erradicada. La afirmación de que la mayoría de los perros en la calle han sido abandonados por sus tutores humanos ciertamente no se puede generalizar y no se aplica ni en Estados Unidos ni en Inglaterra, donde se ha demostrado que la mayoría son perros extraviados. Indicios preliminares dicen que en Chile este es también el caso.

Pero si se lee con atención este texto de WSPA, se advierte que usan un lenguaje falaz, y que no han abandonado su creencia en el sacrificio como método de control. Aparentemente, lo único que reprochan es que a los perros se les mate de manera no humanitaria, pero no les reconocen el derecho a la vida ni incluyen en su estrategia, por ejemplo, las campañas de adopción que deben formar parte fija de todo programa de protección animal, ni enfatizan la necesidad de crear programas y puntos de reencuentro entre mascotas perdidas y familias humanas. Dicen, por ejemplo, que su propuesta es utilizar métodos de control de la población callejera "sin crueldad"; que los métodos usados son "tremendamente crueles -el envenenamiento, la electrocución y los disparos"; que en algunos lugares "matan perros al azar"; y que promueven la legislación "a favor de métodos humanitarios de manejo de poblaciones callejeras". Lo que quieren decir, y no lo dicen, es que promueven el sacrificio de animales sanos como método de control de la población canina y que no reconocen su derecho a la vida.

Cualquiera que visite las páginas web de esta organización, podrá leer documentos sorprendentes en los que tratan abiertamente cómo eliminar mascotas, sugiriendo, por ejemplo, asesinar a los recién nacidos con un golpe en la nuca. En documentos más recientes, de 2007, siguen recomendando la cámara de gas como método humanitario de muerte "aceptable bajo ciertas condiciones". En un documento reciente (de 2010) vuelven a fomentar el sacrificio como método de control de población. Esta estrategia la incluye la organización en lo que llama tenencia responsable de mascotas. Pero ¿se puede creer en una tenencia responsable que empieza con el asesinato de animales sanos considerados sobrantes? ¿Queremos vivir en una sociedad donde la muerte de otros animales es un asunto pueril? ¿Queremos que nuestra cultura se caracterice por negar el derecho a la vida de los animales? Esto es exactamente lo mismo que promueven algunas de nuestras autoridades y contra las que viene luchando el movimiento animalista desde el principio. Entre la WSPA y muchos alcaldes criminales no hay pues ninguna diferencia.

¿Para qué viene WSPA a Chile? ¿A enseñar a matar perros y gatos? ¿A tratar de convencernos con sus experiencias en otros países, cuyas enseñanzas no se aplican acá? Para asesinos de perros tenemos más que suficientes en el país. Aquí la WSPA sobra. Los asesinos de perros sobran. Los alcaldes asesinos también.

El proyecto de ley sobre tenencia responsable, que se discute ahora en el Senado, excluye el sacrificio como método de control de población y, en realidad, lo convierte en delito de maltrato. Esta es una tenencia responsable entendida correctamente. ¿Qué dirá ahora la WSPA? ¿Que se equivocan los senadores? ¿Que respetar la vida animal es malo? ¿Seguirán insistiendo en que tenemos que matarlos? La WSPA sobra. Y lo mejor que podemos hacer es ayudarles a marcharse a casa, para que no vuelvan nunca más. Son demasiado primitivos. Así que, si los veis en los barrios, recibidles como recibíamos antes a los funcionarios de la perrera.
lísperguer

para quién trabaja moreno ocampo

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columna de lísperguer

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Fiscal Ocampo Moreno, del TPI, pide a rebeldes que detengan a presidente Gadafi.

El fiscal Moreno Ocampo fija el inicio de su acusación a mediados de febrero de 2011. No es por nada. El coronel Gadafi no ha cometido grandes violaciones a los derechos humanos. Si buscamos en la red, es difícil encontrar casos específicos. El más espantoso es una masacre de presos comunes en los años noventa, tras un motín carcelario. Los otros delitos graves los cometió en su colaboración en la lucha contra el terrorismo fundamentalista con Estados Unidos: torturas, detenciones arbitrarias, cárceles secretas, entrega ilegal de prisioneros y probablemente ejecuciones extrajudiciales. Pero fueron delitos cometidos por encargo y/o en colaboración con Estados Unidos. Si se decide juzgar estos delitos, habría que llevar al banquillo también a los gobernantes de países como España, Alemania, Italia, Jordania, Egipto, Jordania, Arabia Saudí y otros.
La presunta masacre desde el aire de cerca de mil manifestantes, según los rebeldes, no ocurrió nunca. Así lo concluyó la comisión parlamentaria de la UE que visitó Libia al día siguiente. Pero este informe no fue tomado en cuenta por Estados Unidos ni la OTAN.
Pero los delitos cometidos por la OTAN son todavía peores, si se quiere: desde hace semanas vienen atacando objetivos civiles con la intención de presionar a Gadafi para que renuncie. Y han atacado las residencias familiares de Gadafi, masacrando a parte de su familia, incluyendo sus nietos. Estos son los crímenes de lesa humanidad que debiese investigar el TPI. Los presuntos crímenes de Gadafi, así como los de los rebeldes, deberán ser investigados obviamente después del conflicto, porque las partes en conflicto no son fuentes de información ni objetivas ni creíbles. Lo que menos se puede decir sobre el fiscal Moreno Ocampo es que su conducta es sospechosa y que se acerca peligrosamente a lo que llamamos prevaricación, vale decir, la administración a sabiendas de criterios de manifiesta injusticia.
lísperguer

despojo silencioso en casanare

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‘Los Buitrago’ robaron cientos de hectáreas en uno de los departamentos más ricos del país. Aguazul, Paz de Ariporo, Hato Corozal y Maní son los municipios más críticos.

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Colombia. En Casanare nadie había denunciado el robo de tierras. Hasta hace poco veinticinco campesinos viajaron hasta Yopal para hacerlo ante el Ministerio del Interior y de Justicia, después de 25 años de haber sido víctimas de homicidios, desapariciones y despojos.
Sus denuncias aparecen en una región donde Acción Social registra 11.881 desplazamientos entre 1997 y agosto de 2010, y donde según las víctimas, detrás de muchos de esos destierros vino un despojo sistemático de sus fincas por parte de los paramilitares.
Cada uno alzaba la mano para pedir la palabra. Todos querían contar su tragedia, después de que los funcionarios del Ministerio anunciaron que instalarían allí la Segunda Mesa de Justicia Transicional del país, un mecanismo para atender de forma integral a las víctimas. "Doctor, estamos alegres que nos hayan venido escuchar. Las sabanas de Casanare claman justicia. El problema es el miedo y el silencio". Las palabras de la líder comunitaria resumieron el clamor de los campesinos de la región.
Y es que por Casanare aún ronda la sombra de Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, el exjefe paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc) que dejó por lo menos 10.000 víctimas en la región y hoy se encuentra prófugo de la justicia. Las Acc o ‘Los Buitragueños’, como se les conocieron popularmente,  fueron el único grupo paramilitar de los Llanos Orientales que no se desmovilizó. Por eso los campesinos tienen miedo de denunciar, "porque aquí se convive con ellos", dicen en la región.
Fue en este escenario propiciado por el Ministerio del Interior y de Justicia que los campesinos se atrevieron a denunciar cómo ‘Los Buitragueños’ los despojaron de sus fincas. En Casanare, el departamento con mayor número de desaparecidos por habitante -alrededor de 6.000-, empezaron a aparecer las primeras pistas de cómo fueron los despojos sistemáticos.
 VerdadAbierta.com viajó a la zona, habló con las víctimas y a través de sus historias se pudo conocer la magnitud del robo de tierras.

El Despojo en el Hato y la Paz
El río Ariporo es la principal fuente hídrica de dos municipios vecinos: Hato Corozal y Paz de Ariporo. Ambos están ubicados en el norte del departamento y sus fincas son consideradas de vega, es decir, tierras fértiles para los cultivos de pancoger.
Los campesinos calculan que los despojos allí superaron los 600 predios por orden de Orlando Mesa Melo, alias ‘Diego’, exjefe financiero de ‘Los Buitragueños’, quien  ha  solicitado que sea postulado a los beneficios de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz.
Según los relatos de los campesinos, alias ‘Diego’ los amenazó y los desplazó para quedarse con las mejores tierras. En su estrategia, envió emisarios que los obligaron a firmar ‘cartas-venta’, un documento que no tiene validez jurídica, pero con el cual el paramilitar les ‘compró’ la tierra a precios irrisorios a nombre de familiares que le sirvieron de testaferros.
"El 10 de agosto de 2001 tuve que salir de Hato Corozal. Un grupo de 500 paramilitares a cargo de alias ‘Diego’ se instaló en mi hacienda. El 25 de ese mes citaron a mi esposa y le dijeron que no fuera a decir nada, que aceptara $30 millones de pesos por la finca o si no nos mataban. Me robaron todos los animales, incluyendo 450 reses", dijo un afectado que, como los demás campesinos de la región, hablaron bajo reserva de identidad por razones de seguridad.
Este es uno de los 10 casos de robo de tierras que ha ido documentando la Fiscalía 16 de Justicia y Paz.
Según la investigación, en esa finca los paramilitares instalaron una base de entrenamiento entre otras razones por la cercanía al río Ariporo y su navegabilidad, lo que les ofrecía mayor movilidad por la región a través de este afluente.
El campesino contó que después de ser desplazado, familiares de alias ‘Diego’ lo amenazaron para hacerlo firmar una ‘carta-venta’ por $15 millones a nombre de una cuñada del jefe paramilitar, contó el mismo campesino al que le habían ofrecido $30 millones por la hacienda.  
"Mi finca es de 700 hectáreas. Eso fue una venta forzada por un precio irrisorio. Esto no hubiera sucedido si el Gobierno me hubiera titulado a tiempo", dijo. El cartapacio que lleva consigo indica que su solicitud data de septiembre de 1994 y que el Incora le informó que lo visitaría el 17 de octubre de 1996. El trámite quedó ahí hasta que los paramilitares lo despojaron.
La tragedia de sus vecinos fue similar. Otro campesino de Hato Corozal denunció que en octubre de 2002, ‘Los Buitragueños’ le mandaron a decir que alias ‘Diego’ le compraba las 240 hectáreas de su finca por $100 millones y que de no hacerlo, se llevaría a sus hijos.
 "Me dieron $15 millones y me hicieron firmar una ‘carta-venta’ a nombre de una señora, que luego supimos que era la suegra de alias ‘Diego’. Cuando traté de volver a mirar qué había pasado con mi finca, me llevé la sorpresa que le habían cambiado el nombre", advirtió el labriego.
Cruzando el río, en las veredas de Paz de Ariporo vivieron el mismo viacrucis. "Mi finca es pequeña, pero bonita. Tiene 20 hectáreas y allá tenía ganado y cultivos de plátano, maíz y yuca. En 2000, el paramilitar ‘Diego’ me mandó razón que tenía que vender la finca, que me daba un mes para irme. Me dijo que me daba $15 millones y terminó dándome $4 millones. Lo peor fue que no solo se conformó con lo mío. ‘Diego’ le quitó las fincas a otras 17 familias", dijo un campesino.
En Paz de Ariporo las 17 familias compartían lo que ellos llamaban la sabana, una extensión comunitaria sembrada con pastos para alimentar a las bestias. "Los paramilitares se quedaron con la sabana y con las 17 fincas. En menos de un año nos sacaron  a todos matando a varios de nuestros seres queridos. Quemaron todo: los cultivos de plátano, yuca y maíz, incluyendo la escuela. No pudimos volver. Ahora esos predios están destinados a la ganadería", denunció una víctima.
Ninguno de los los afectados tiene copia de las ‘carta-venta’, menos de un título de propiedad, porque allí la tenencia de la tierra es informal. Casanare fue creado jurídicamente en 1991 y en la mayoría de los casos, los campesinos cuentan que heredaron las fincas de sus  padres, colonos todos ellos que llegaron allí hace varias décadas a explotar los terrenos baldíos.  Según Magdalena Peñuela, directora regional del Incoder, en sus oficinas hay 10.000 solicitudes de titulación, una cifra que da cuenta de la dimensión del problema de la tierra en este departamento.

El Robo en Aguazul y Maní
De Yopal hacia el sur están ubicados Aguazul y Maní, dos municipios donde los campesinos denunciaron despojos masivos de tierra. Aguazul fue el sitio donde José Reinaldo Cárdenas Vargas alias ‘Coplero’, el único desmovilizado de ‘Los Buitragueños’, instaló una oficina de sicariato, según lo ha confesado  en versiones libres ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.
En la reunión ante el Ministerio del Interior y de Justicia, un campesino que representa a las nueve veredas de ese municipio contó cómo ‘Los Buitrago’ les robaron las tierras: "En octubre de 2001, seis paramilitares llegaron y mataron a mi hermano. Por miedo a que nos pasara lo mismo nos desplazamos. El que hizo todo eso fue alias ‘HK’".
Según la Fiscalía, alias ‘HK’ era Luis Eduardo Linares Vargas y fue el segundo de alias ‘Martín Llanos’. En una versión libre realizada en agosto de 2010, alias ‘Coplero’ contó que ‘HK’ elaboraba los listados de las personas que luego fueron asesinadas tras ser señaladas de colaborar con la guerrilla o con el Bloque Centauros, grupo paramilitar con el que se declararon la guerra.
"La finca tenía 150 hectáreas y era una sucesión. No tenía títulos porque todo ocurrió cuando estaba haciendo el trámite. Además de los cultivos y las 50 reses, perdí una empresita familiar que tenía. Nosotros, a diferencia de muchos, sí pudimos volver", dijo.
El campesino asegura que en Aguazul ‘Los Buitragueños’ no se quedaron con las tierras, sino que las usurparon provisionalmente para instalar bases. Cosa muy distinta, aseguran los campesinos del municipio de Maní, ocurrió con sus fincas. Allí los habitantes calculan que los paramilitares de ‘Martín Llanos’ se robaron 10.000 hectáreas que ahora están sembradas con palma aceitera.
"Solo en una vereda éramos 40 familias y a todas nos sacaron corriendo. Los paramilitares nos amenazaron y nos trajeron a una notaría de acá de Yopal, en la que autorizábamos la venta de las fincas. La mía, que era pequeña, costaba $20 millones y me dieron $8 millones. Luego tratamos de averiguar y nos dimos cuenta que todo había cambiado".
Según el campesino, las fincas de las 40 familias "pasaron por varios dueños" y luego fueron englobadas en un solo predio de 3.000 hectáreas. "Desde hace tres años sembraron palma. Antes, ahí los paramilitares instalaron un laboratorio de coca y un helipuerto clandestino que lo ocultaban con ganado y luego lo reabrían con una retroexcavadora", contó un campesino.
En otra vereda de Maní, una familia sufrió el despojo de 2.500 hectáreas a manos de los paramilitares, después de que el Incora no les quiso titular porque en la zona había petróleo. "No teníamos títulos porque era una sucesión de 120 años, de una posesión que tenía mi tatarabuelo. Los de ‘Martín Llanos’ nos quitaron la tierra y mi hijo, que andaba reclamando, fue asesinado. Sin embargo, nosotros seguimos pagando impuestos con la esperanza de que algún día nos devuelvan la tierra con escrituras", contó una campesina de la zona.  
En Casanare ninguna de las víctimas quiere que aparezca su nombre ni el de su finca. Nada que dé pistas que los ponga en riesgo. Por eso le solicitaron al Ministerio del Interior y de Justicia que busque una fórmula jurídica para que los 120 paramilitares de las Acc que están presos, puedan ser incluidos en Justicia y Paz.
"Las víctimas del Casanare no hemos recibido la verdad. Pedimos que los paramilitares sean incluidos en esa ley para que confiesen dónde están nuestros desaparecidos y cómo se robaron nuestras tierras", dijo un campesino durante la reunión.
Mientras eso sucede, el Ministerio de Agricultura se comprometió a estudiar la historia de los bienes, y la Fiscalía creó una sub-unidad especializada para investigar el robo de tierras. El Incoder dijo que, a través de un convenio firmado con la Gobernación de Casanare, adelantaría las primeras 400 mediciones de terrenos para luego seguir con los procesos de titulación.
Según estadísticas de Acción Social, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Aguazul y Maní están precisamente entre los municipios más expulsores, es decir, de donde han salido más familias desplazadas entre 1997 y agosto de 2010. Entre los cuatro municipios, en ese lapso de tiempo, han sido desplazadas 4.303 familias (ver datos), con una mayor intensidad en 2002, cuando los ‘Buitragueños’ empezaron una guerra con ‘Los Centauros’, de Miguel Arroyave, alias ‘El Arcángel’.
Para la Fiscalía 16 de Justicia y Paz y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, fue en 2002 donde aumentó el despojo sistemático en este departamento. "El robo de tierras hizo parte de la estrategia de control militar de esos bandos. En la financiación de esa guerra, los paramilitares cobraron impuestos ilegales por hectárea cultivada, por cabeza de ganado y hasta por gallina. Todo eso implicó despojos", dijo un investigador de la Cnrr.
Mientras ‘Los Centauros’ delinquieron de Yopal hacia el norte, en los municipios de Pore, Nunchía, Támara, Hato Corozal, Paz de Ariporo, San Luis, Trinidad y Orocué; los ‘Buitragueños’ lo hicieron hacia el sur, en Aguazul, Maní, Tauramena, Monterrey, Villanueva, Recetor y Chámeza. En medio de esa confrontación, las organizaciones de víctimas creen que durante los últimos 10 años fueron desplazadas 300.000 personas dentro del territorio, la misma población que tiene censada el departamento, según el Dane.
Los campesinos aseguran que persistirán en sus reclamaciones. "Yo creo que mañana será mi último cumpleaños. Cumplo 54. Creo que por andar reclamando en cualquier momento me matan. Pero yo insisto, sigo luchando por una tierra que le pertenece a mis hijos y no a unos bandidos", dijo un campesino.
20 de mayo de 2011
19 de mayo de 2011
©verdad abierta

propuestas de la primavera española

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columna de lísperguer

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Prensa informa sobre la primavera española. ¿Pero, cuáles son sus intenciones?

Son ocho las propuestas de los manifestantes http://democraciarealya.es/?page_id=234. La primera es la eliminación de los privilegios de la clase política, incluyendo la equiparación del salario de los representantes (que hoy ganan 12 mil euros al mes, muy similar a los 15 mil dólares de los chilenos) con el salario medio español, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la imprescriptibilidad del delito de corrupción. Proponen el reparto del trabajo, la reducción de la jornada laboral y la jubilación a los 65 (y no a los 67). Exigen control de los bancos, la prohibición de invertir en paraísos fiscales y del rescate bancario. Mayor fiscalización del fraude fiscal, referendos obligatorios en temas importantes, reforma del sistema electoral que favorece el binominalismo en detrimento de la representatividad democrática, mayor democracia interna en los partidos y reducción del gasto militar. Empezando con la exigencia de democracia, ¿no parecen formuladas pensando en Chile?
lísperguer

el travestismo de obama

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Obama, mustio guerrero desbordado. Engañó a todo el mundo. Incluso le dieron el Nobel de la Paz. Y resultó un presidente sanguinario e hipócrita.

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[Juan Gabriel Tokatlian] A esta altura de su mandato ya quedan pocas dudas: el presidente Barack Obama se ha transfigurado en un guerrero y Estados Unidos ha decidido no modificar su estrategia de primacía global, a pesar de sus serios problemas domésticos y materiales. Como tantos líderes de su país desde la Guerra Fría, Obama se siente tentado a resolver problemas político-estratégicos de alta complejidad con el rápido expediente de lanzar operaciones militares. Como su antecesor, George W. Bush, presume que el despliegue del músculo bélico le brinda más dividendos internos y mayor credibilidad externa. Sin embargo, lo primero es algo apenas eventual y lo segundo no será así. Obama, como otros republicanos y demócratas, ha depositado demasiada confianza en el valor del recurso a la fuerza en la política exterior de Washington.
Los hechos son elocuentes. La anunciada "retirada" de Irak no ha impedido concederles a las fuerzas armadas su deseo de estacionar 17.000 soldados en las múltiples bases iraquíes bajo control del Pentágono. Obama amplió y profundizó la guerra en Afganistán añadiendo a Pakistán como objetivo permanente de ataques misilísticos desde aviones no tripulados (los llamados drones) que han dado de baja tanto a presuntos militantes (del Talibán y de Al Qaida) como a población civil de-sarmada. Decidió el ataque a Libia sin la necesaria autorización legislativa y avaló, de facto, la táctica de "decapitación de líderes" con los bombardeos de la OTAN que, a su vez, tergiversan la resolución de la ONU sobre la "zona de exclusión aérea" en el caso libio. Asimismo, aprobó la ejecución extrajudicial de Osma bin Laden en territorio paquistaní bajo el dudoso principio de que así se "hace justicia". Simultáneamente, no cumplió con su promesa de desmantelar el aparato de violación de derechos humanos que ha significado Guantánamo.
A su vez, según la nueva postura nuclear autorizada durante su gestión Estados Unidos se reserva la posibilidad de lanzar armas nucleares contra Irán; país que no posee hoy armas de destrucción masiva. El presupuesto de defensa que solicitó Obama para el año fiscal 2012 es de U$S 553 billones de dólares (4 billones de dólares más que para 2011 y 20 millones más que para 2010), al tiempo que los gastos totales en defensa pedidos para ese año ascienden a 881 billones de dólares. Lo anterior confirma una tendencia que ha estado presente desde 2004 en adelante: Estados Unidos gasta en materia militar la suma de lo que gastan los otros 191 países con asiento en Naciones Unidas.
Ahora bien, en el marco de ese debate presupuestario ha surgido un elemento aún más inquietante. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU según su sigla en inglés) ha denunciado que en la nueva legislación sobre el desembolso de los recursos para los conflictos en Irak y Afganistán se le estaría otorgando al presidente (a Obama y a los que le sigan) poderes amplios para usar la fuerza dentro y fuera de Estados Unidos, transfiriendo, de hecho, al Ejecutivo el poder del Legislativo para declarar la guerra. La alarma es tal que la organización estadounidense defensora de derechos y libertades reclama un debate profundo y urgente sobre un asunto que, en la práctica, derivará en una suerte de presidencia imperial sin control alguno del Congreso para utilizar a los militares en todo tipo de misiones. Esto sería, ni más ni menos, en palabras de la ACLU, la "autorización para guerras mundiales sin fin".
Por convicción o por conveniencia, por motivos electorales o por motivos estratégicos, para no aparecer débil políticamente o diplomáticamente, Obama se ha transformado, con tristeza y con exceso, en un guerrero más. Un guerrero que se podrá fortalecer coyunturalmente en lo interno, pero se eclipsa cada día más en el mundo.
[El autor es profesor de Relaciones Internacionales. Universidad Di Tella.]
20 de mayo de 2011
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