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masacre en cárcel egipcia


Comienzan a revelarse los crímenes del régimen de Mubarak. Aislado a 40 kilómetros de El Cairo, el penal de Al Qatta fue escenario de una carnicería. Los guardias abrieron fuego, mataron a decenas de presos y al comandante del servicio penitenciario, y luego cortaron la luz y el agua, abandonando a los sobrevivientes. El ejército ahora rodea el lugar.
[Donald Macintyre] Al Qatta, Egipto. Egipto acaba de abrir una investigación sobre un fusilamiento de detenidos que puede ser la peor atrocidad cometida por agentes del Estado durante las protestas que terminaron con el gobierno de Hosni Mubarak. Los guardias de la prisión de Al Qatta son acusados de abrir fuego contra decenas de prisioneros, abandonar a los heridos en medio de los cadáveres y negarse a alimentar a los sobrevivientes por días. Los cargos surgen del testimonio de detenidos y familiares de las víctimas, con un prisionero diciendo que los muertos fueron 153.
El fiscal de Giza del Norte, Mahmoud el Hefnawy, abrió la investigación por la denuncia de familiares de once presos, pero todavía no visitó el penal, 60 kilómetros al noroeste de El Cairo, por la falta de seguridad. La prisión está rodeada de tanques y blindados del ejército, con tres retenes en la ruta y seis tanques estacionados en el penal, que tiene 3500 prisioneros.
Las versiones que trascendieron surgen de llamadas realizadas por los presos con celulares entrados de contrabando y de testimonios recogidos por la ONG de derechos humanos Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales. La investigación puede ser la primera prueba para las promesas de transparencia de los militares que ahora gobiernan, y un signo de hasta dónde el país realmente podrá desarmar el aparato de seguridad creado tras sesenta años de autoritarismo.
En Al Qatta puede haber hasta cuatrocientos manifestantes todavía detenidos. Según organizaciones internacionales de derechos humanos, varios fueron torturados. En las manifestaciones de la victoria de este viernes, a una semana de la caída de Hosni Mubarak, se exigió que se liberara a todos los detenidos.
Al comenzar las manifestaciones contra el régimen, el 28 de enero, los presos de Al Qatta vieron por televisión las marchas, los casos de saqueo y las fugas de prisioneros en otros penales. Aparentemente, los detenidos se concentraron en el patio de la prisión y pidieron ser liberados ellos también. Yahya Mohammed Abdel Gabar, que tiene un hermano detenido en esa prisión, contó que "hubo una revolución ahí adentro, con los presos exigiendo ser liberados, especialmente luego de que los directores de Al Qatta se fueron y dejaron a los guardias solos".
Probablemente hubo hechos de violencia en ese momento, con los guardias refugiándose en las torres y murallas. Entonces llegó un inspector de prisiones, el general Mohammed el Batran, acompañado de un guardia de Al Qatta, Said Gelal, que tenía buen diálogo con los internos. Según algunos de los presos, el general prometió que serían liberados y que los guardias torturadores serían detenidos y castigados. Según prisioneros que hablaron con The Independent, los guardias mataron a balazos al general e hirieron a Gelal. Un preso, Mahmoud Hassan Mohammed, también fue asesinado al intentar ayudar a Gelal.
Según las autoridades carcelarias, fueron los presos quienes balearon al general, aunque la ONG de derechos humanos que investiga el caso considera "muy poco probable" que los detenidos tuvieran armas de fuego. Lo que sí está establecido es que los guardias abrieron fuego desde las torres de vigilancia, primero sobre el patio y, cuando los prisioneros se refugiaron dentro del edificio, contra las ventanas de las celdas. Los sobrevivientes dicen que las celdas están cribadas de balazos.
Los presos denunciaron que los guardias cortaron la luz y el agua del edificio y los dejaron adentro por una semana sin alimentos. Los cadáveres no fueron recogidos y los heridos no recibieron atención médica por cuatro días. Según un prisionero entrevistado por teléfono por The Independent –cuyo nombre se reserva para protegerlo– los presos escribieron una lista de 153 víctimas fatales del fusilamiento.
Mientras se espera que el fiscal visite Al Qatta y eventualmente reciba esta lista, el número oficial de víctimas fatales es de 23, cuyos cadáveres fueron enviados a una morgue local el 9 de febrero. El fiscal afirmó que vio estos cuerpos luego de que las familias los reclamaran. Un vocero del servicio penitenciario del Ministerio del Interior egipcio dijo que la cifra de 153 muertos era "un sinsentido", pero se negó a dar precisiones.
Según Mahmoud Eid al Sayed, su hijo de treinta años, Adil, lo llamó desde la prisión a las cuatro de la mañana del 30 de enero. Adil, que tiene tres hijos y lleva ocho años preso por tráfico de drogas, le dijo a su padre que "ya mataron a ochenta" y que habían cortado la luz y el agua. Sayed recibió otra llamada a las diez de la noche del mismo día. Esta vez era otro preso, que le dio "las condolencias" porque habían asesinado a su hijo frente a la mezquita de la prisión.
El 1º de febrero, Sayed fue a la prisión con otros dos hijos para tratar de recuperar el cuerpo de Adil, pero se encontró con "agentes de la seguridad estatal y militares" que los detuvieron con balazos al aire. Sayed se retiró porque "ya perdí a un hijo y no quería perder a otro más". Sólo el 9 de febrero se permitieron visitantes. Para ese momento ya se estaba distribuyendo pan y los heridos estaban en un centro médico militar. Los visitantes vieron que la clínica y el pabellón de visitas se habían incendiado. Los guardias terminaron atacando a las familias con balas de goma y gases lacrimógenos.
Al parecer, los tiros y la violencia en Al Qatta sólo cesaron el viernes 7 de febrero, cuando el vicepresidente Omar Suleiman anunció por televisión que Mubarak renunciaba. Los prisioneros comenzaron a gritar y festejar y los guardias abrieron fuego, matando a Ahmed Magdi Mousa e hiriendo a otro preso. El último episodio denunciado ocurrió horas después, cuando un grupo de guardias ordenó llevar el cuerpo de Mousa a la puerta principal. En camino, los cinco detenidos que llevaban el cuerpo se encontraron con un grupo de guardias que les ordenó detenerse, mientras otro les gritaba que siguieran. Finalmente, alguien abrió fuego y mató a otro detenido e hirió a dos.
21 de febrero de 2011
20 de febrero de 2011
©the independent
©página 12
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repudian a paco que mató a matías


Familiares de Matías Catrileo leerán declaración pública en Plaza de Armas. Una vez que se lea la declaración, iniciarán una marcha hacia la primera comisaría de carabineros de la ciudad de Coyhaique.
Chile. Para este lunes a partir de las 10:00 de la mañana, en la Plaza de Armas de Coyhaique, los familiares del estudiante mapuche Wichafe Matías Catrileo Quezada, quien sufriera la muerte a manos del cabo de carabinero, Walter Ramírez, el 3 de enero de 2008, realizarán un acto en la plaza de armas de Coyhaique, cuyo fin es repudiar la presencia del uniformado en Coyhaique y a su vez, exigir que la investigación del caso avance y encuentre a los culpables.
"Este acto, donde leeremos una declaración, es para repudiar al asesino de mi hermano y para que no haya impunidad, porque sabemos que se esconde en la ciudad de Coyhaique", dijo la hermana de Matías, Catalina Catrileo.
Una vez que se lea la declaración, iniciarán una marcha hacia la primera comisaría de carabineros de la ciudad de Coyhaique, donde trabaja Walter Ramírez, quien de acuerdo a diversas informaciones; se encontraría haciendo uso de una licencia médica.
Cabe mencionar que Catrileo fue víctima de una bala que lo atravesó por la espalda, durante un enfrentamiento en el Fundo Santa Margarita, en la zona de Vilcún.
21 de febrero de 2011
©diario de aysén
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cárcel común, sin amnistía ni prescripción


columna de lísperguer
Comparación con el proceso argentino de transición a la democracia.

Nuestro proceso de recuperación de la democracia, incluyendo el juzgamiento de los represores, no se parece en nada al argentino. Ese país tiene un régimen político democrático, el nuestro no -porque lo impide el binominal. Aparte eso, los represores condenados deben cumplir sus penas en cárcel común, sin ningún tipo de beneficio; no pueden gozar de amnistías, porque en materia de derechos humanos el derecho internacional y los tratados de derechos humanos lo prohíben y Argentina los respeta; los funcionarios de la dictadura implicados en violaciones a los derechos humanos están inhabilitados a perpetuidad para el ejercicio de cargos públicos; el poder judicial está todavía siendo depurado de los funcionarios que colaboraron con la dictadura (aquí Lagos introdujo infiltrados pinochetistas en la Corte Suprema, que entorpecen la transición); la función policial ha sido desmilitarizada (aquí, al revés). Ninguna calle ni escuela ni recinto militar puede llevar nombres de represores, de ayer u hoy.
lísperguer

uribe y la parapolítica en wikileaks


El Espectador comienza a revelar la información diplomática filtrada a wikileaks sobre Colombia. Este domingo, el surgimiento del escándalo de la parapolítica. El expresidente Álvaro Uribe se confesó sobre diversos temas con el entonces embajador de EE.UU. en Colombia, William B. Wood.
Colombia. El 29 de noviembre de 2006, el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William B. Wood, envió a Washington un largo reporte sobre el impacto que estaba sufriendo el gobierno Uribe y los políticos a raíz de las investigaciones de la parapolítica que apenas comenzaban. En el mismo cable incluyó las preocupaciones del alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, sobre la crisis del proceso de negociación con las autodefensas, dejando ver la misma preocupación que hoy viven las autoridades: el auge de nuevas organizaciones criminales.
Recogiendo comentarios de Luis Carlos Restrepo, el documento expresa que el gobierno Uribe apoya las investigaciones de la parapolítica, pero está pagando un elevado costo político e institucional, porque muchos de los congresistas investigados son miembros de la coalición de gobierno. Restrepo manifestó que el peligro era que la oposición explotara la parapolítica para sacar ventaja y dijo que le pidió a Uribe que tratara de llegar a un acuerdo con el Polo y el Partido Liberal para un manejo coordinado que evitara el daño institucional.
Para lograr ese acuerdo, insistió Restrepo, habría que darles ventajas concretas, es decir, puestos en el gobierno y "un compromiso de avanzar en las investigaciones sin importar hasta dónde puedan llegar". Pero Restrepo admitió en la embajada de Estados Unidos en Colombia que el hecho de no haber podido capturar a Vicente Castaño —en ese momento disidente del proceso de paz—, la impotencia del gobierno para prevenir el surgimiento de nuevos grupos criminales y la lenta implementación de la Ley de Justicia y Paz en la Fiscalía, exacerbaban el problema.
En concreto, Restrepo comentó que los líderes paramilitares en La Ceja se sentían atrapados y no se podían poner de acuerdo en una estrategia común. Pero el grupo de La Ceja estaba buscando el liderazgo de Vicente Castaño, al punto de que su carta acusando al gobierno de violar los acuerdos de paz fue consultada con los demás detenidos. El alto comisionado agregó que se negó a reunirse con Vicente Castaño y que es difícil capturarlo porque está muy bien financiado y protegido. Recalcó que Jorge 40 y Macaco estaban perdiendo el control y, como los demás, temían a los nuevos grupos emergentes.
En general, el año 2006, además de los debates electorales para renovar el Congreso y escoger presidente, con reelección a bordo, se vio cruzado por la crisis creciente del proceso de paz con las autodefensas y los cíclicos rumores de investigaciones judiciales por nexos entre la política y el paramilitarismo. Eso explica el reporte enviado por el embajador Wood a Washington en el mes de febrero, en el que explica una curiosa coincidencia de tres líderes políticos preocupados por el mismo tema: la posibilidad de que fueran revocadas sus visas.
Los tres personajes fueron el entonces senador Mario Uribe, el dirigente conservador Carlos Holguín y el hoy gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. La revista Cambio había publicado un artículo donde se decía que a varios políticos les serían revocadas sus visas si no removían de sus listas a candidatos parapolíticos. El cable dice que Mario Uribe era el más preocupado de los tres y que le presentó al embajador una lista con 11 de sus candidatos preguntándole a quién debía sacar y que lo haría con todos sobre los que Estados Unidos tuviera alguna duda.
El reporte del embajador explica cuál era el afán de Mario Uribe: necesitaba su visa porque tenía tres hijos viviendo en Estados Unidos. Por eso ofreció renunciar al Senado y a su carrera política si esa era la única manera de mantener su visa. El cable advierte que los tres políticos pidieron cita al embajador por separado. Holguín se limitó a explicar los procedimientos que estaban siguiendo para cumplir con la exigencia, pero Luis Alfredo Ramos fue más allá, y de entrada resaltó la posición de su partido pro Estados Unidos y sus nexos con el sector privado.
Aclaró que no tenían fundamento las informaciones, según las cuales al general Rito Alejo del Río, a quien se le había cancelado la visa por sospecha de actividades de narcotráfico, iba a entrar a su partido. Y para diferenciarse, comentó que Mario Uribe sí había dejado una tronera por ser demasiado abierto para recibir a cualquiera. El cable agrega que el embajador les dijo que Estados Unidos no estaba revisando las listas de candidatos, que eso era responsabilidad de los líderes de los partidos y que los procedimientos de visados seguían su curso normal sin relación con las elecciones colombianas, pero que no podía ofrecerles garantías.
De principio a fin, 2006 fue un año de decisiones trascendentales. Una prueba suficiente: el examen de constitucionalidad de la Ley de Justicia y Paz, que en el mes de mayo tumbó la columna vertebral del proceso de paz entre el gobierno Uribe y las autodefensas. En la antesala, el entonces procurador general de la Nación, Edgardo Maya, visitó la embajada de Estados Unidos y dejó sus impresiones sobre lo que estaba pasando en el país. El embajador Wood transformó sus comentarios en un reporte con interpretaciones políticas.
Maya anticipó en la embajada que pensaba enviar un concepto negativo a la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, pero que la Corte la iba a aprobar por razones políticas. Y añadió que si ya había aprobado la reelección presidencial, no tenía otra opción que aceptar la Ley de Justicia y Paz, porque era un pilar de la presidencia de Álvaro Uribe. Acto seguido la emprendió contra el jefe del Estado, de quien dijo estaba rompiendo todas las reglas electorales, en particular el uso de bienes estatales y la transmisión por televisión de sus consejos comunales.
Luego explicó por qué el presidente Uribe obraba en esa forma: para provocar el rechazo de la oposición y luego jugar la carta de victimizarse. Sin embargo, Maya añadió que sería la primera y última reelección, porque pronto el público iba a cansarse de la mano dura de Uribe. El reporte del embajador describió a Maya como enemigo político de Uribe y portavoz constante de los pesos pesados del campo antiuribista. Por eso Wood advirtió que sus comentarios debían ponerse en ese contexto, pero también tomar nota sobre sus observaciones sobre Justicia y Paz.
La columna vertebral de la Ley de Justicia y Paz, es decir, el camino expedito de las autodefensas al Congreso, se cayó en mayo. La crisis en el proceso de paz con el paramilitarismo, con sus disidencias, crímenes, nexos con el narcotráfico y rifirrafe con el gobierno, se volvió protagónica. El escándalo de la parapolítica se veía venir. Finalmente estalló entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. Las informaciones de la embajada de Estados Unidos en Colombia de esos días dejan ver cómo se vivió ese momento tenso de la historia reciente de Colombia.
En noviembre de 2006, por ejemplo, la embajada envió un cable con comentarios diversos. El exsecretario del Partido Liberal, José Noé Ríos, admitió que él y sus copartidarios esperaban que algunos de su colectividad cayeran. A su vez, el entonces senador Jaime Dussán aceptó que no le extrañaría que al menos uno del Polo apareciera. Pero sin duda los más afectados eran los partidos de la coalición de gobierno. En concreto, Óscar Iván Zuluaga expresó que el Partido de la U estaba viviendo una crisis existencial y podía desplomarse.
Ya para diciembre, el tema estaba al rojo vivo y el dilema político era la presencia de la canciller María Consuelo Araújo en el gobierno, mientras se daba por hecho que su hermano, el entonces senador Álvaro Araújo, iba a ser vinculado a las investigaciones de la Corte. Por eso, en diciembre de 2006, la embajada envió un detallado informe sobre el caso, documentando los detalles del debate en el Congreso donde pidieron su renuncia y ella se defendió manifestando que tenía el respaldo del presidente Uribe.
El cable indica que muchos aliados del gobierno defendieron a la canciller, pero que después admitieron que seguramente tendría que irse, y que lo haría en uno o dos meses como parte de una recomposición del gabinete para aminorar los efectos políticos. El reporte incluyó la postura del senador Luis Guillermo Vélez, quien después de obrar como uno de los principales defensores de la canciller en el debate del Congreso, le comentó a la embajada que María Consuelo Araújo tendría que renunciar muy pronto. Y estuvieron de acuerdo Marta Lucía Ramírez, Germán Vargas y Efraín Cepeda.
En medio de las discrepancias políticas, la embajada de Estados Unidos en Colombia dejó consignado qué pensaban en ese momento tres de los altos funcionarios de la justicia, los organismos de seguridad y la Policía sobre el caso Araújo. El fiscal Mario Iguarán, por ejemplo, confirmó que Sergio y Ana María Araújo estaban siendo investigados por posibles nexos con Jorge 40 , pero el general Óscar Naranjo y el entonces director del DAS, Andrés Peñate, dejaron claro ante la embajada que no tenían evidencias de nexos de Álvaro Araújo con actos criminales.
Y mientras la parapolítica daba de qué hablar en Estados Unidos, el malogrado proceso de paz con las autodefensas ocupaba la máxima atención de Washington. Una prueba fue un cable remitido en diciembre de 2006 con los comentarios de primera mano del jefe de la misión de apoyo de la OEA para este proceso, Sergio Caramagna, quien le dijo textualmente al embajador Wood que nunca se hubiera imaginado ver a los líderes paramilitares tras las rejas, pero que entonces más que nunca, con el gobierno sobre ellos, eran más vulnerables.
En su reporte a Washington, basado en las observaciones de Caramagna, el embajador Wood detalló uno de los aspectos que la sociedad colombiana intuyó, pero no supo en detalle: la división de los jefes ‘paras’. Un grupo moderado liderado por Ramón Isaza y Salvatore Mancuso, y otro radical y mucho más grande orientado por Ernesto Báez  y alias Macaco. Con un comentario adicional de Caramagna: Macaco era el jefe con mayores seguidores y repartía vales con valor monetario por fuera de la cárcel. "Si se queda seis meses en Itagüí terminará controlando el penal", aseguró.
En contraste, Caramagna describió a Mancuso como un hombre solo que temía por su vida. Así quedó escrito en el cable de la Embajada a Washington, con otros detalles. Que actuaba fuerte frente a los demás, pero que cuando estaba a solas parecía un niño asustado, siempre al borde de un colapso nervioso y con ganas de confesarlo todo, pero con miedo. Caramagna lo comparó con Carlos Castaño, a quien mataron sus compañeros cuando sospecharon que iba a contar la verdad sobre el grupo de las autodefensas en Estados Unidos.
En otro reporte del mismo diciembre, Caramagna contó a la embajada, y ésta lo transmitió a Washington, que los jefes paramilitares habían admitido que aún podía contralor a sus excomandantes de medio nivel, pero que se sentían solos y resentidos. De todos modos, la misión de la OEA mantuvo informada a la embajada sobre la emergencia que significaban 22 nuevos grupos criminales, especialmente integrados por excombatientes del bloque Norte, con sus estructuras intactas y, en ciertas regiones, con cooperación de las fuerzas de seguridad.
El año terminó con paranoia absoluta. La prueba es un reporte de 2006, en el cual la embajada de Estados Unidos advierte que políticos de distintas tendencias han coincidido en la preocupación de que los exparamilitares pudieran lanzar una campaña de asesinatos de alto nivel para bajar la presión del castigo por sus crímenes. El general Óscar Naranjo comentó que los asesores presidenciales Fabio Valencia y Bernardo Moreno habían comentado su preocupación de que asesinaran a alguna figura pública, como la entonces senadora Piedad Córdoba o Gustavo Petro.
Otros manifestaron que los promotores de las acciones violentas podrían ser miembros de la Fuerza Pública para prevenir que sus miembros fueran ligados a los paramilitares. En particular, el entonces senador del Polo Democrático Gustavo Petro comentó que temía por un magnicidio que podría tener como objetivo o él o el presidente Uribe. Con un detalle en su comentario, que esa acción podía ser provocada por miembros de la Policía o del Ejército que estaban en riesgo de ser expuestos en sus nexos con los grupos paramilitares.
En medio de las especulaciones, el presidente Uribe se reunió con Wood, y de ese encuentro el diplomático envió un reporte en el que observó cómo Uribe se comparaba con sus antecesores y, respecto al expresidente Gaviria y su ministro Pardo dijo que criticaban su proceso con las autodefensas, pero habían hecho poco contra esos grupos. Además agregó que si probaba que los presos de La Ceja habían ordenado asesinatos, los iba a remover de Justicia y Paz, transferir a cárceles y extraditarlos. Y pidió acelerar los pedidos de extradición para él presionar a los ‘paras’.
En general, 2006 fue un año de revelaciones y desenlaces. Los errores del proceso de paz con las autodefensas y la laxitud de la Ley de Justicia y Paz terminaron por pasarles la cuenta de cobro a los políticos. Y ese reajuste se vivió cuando el expresidente Uribe hacía tránsito entre su primer y segundo mandato. El saldo, aún vigente, fue la parapolítica. La letra menuda de este doloroso proceso quedó consignado en los reportes que la Embajada de Estados Unidos hizo a Washington, y ahora se conocen gracias al aporte del portal Wikileaks.

Cronología
Entre el primero y segundo gobierno Uribe


Enero 2006
Una comisión del gobierno Uribe, creada para constatar la situación anómala de la entidad estatal, admitió que el DAS fue vulnerable a extrañas infiltraciones. Tres meses atrás habían salido del organismo el director Jorge Noguera Cotes y el subdirector José Miguel Narváez.

Enero
La corporación Nuevo Arco Iris publicó un estudio sobre las elecciones parlamentarias de 2002 y demostró que hubo situaciones atípicas, como candidatos únicos y raros cambios en tendencia política. Meses después, fue clave para las investigaciones de la parapolítica.

Enero
Se desmoviliza jefe paramilitar Hernán Giraldo. Oficialmente se dice que ya van 21.300 desmovilizados, en un proceso que empezó en noviembre de 2003, con la entrega de alias ‘Don Berna’. En ese momento faltaban ‘El Alemán’, Ramón Isaza, ‘Jorge 40’, ‘Jorge Pirata’, entre otros.

Febrero
La empresaria del chance en los departamentos de Bolívar, Sucre y Magdalena, Enilse López, más conocida como ‘La Gata’, fue capturada. La mujer fue acusada de nexos con los grupos paramilitares en la Costa Atlántica. Fue condenada por concierto para delinquir en 2011.

Abril
Estalla escándalo por las revelaciones del exjefe de Informática del DAS, Rafael García, quien acusó a Jorge Noguera de haber convertido el organismo en apoyo del paramilitarismo. García ratifica que existieron distritos electorales para posicionar candidaturas al Congreso.

Mayo
La Corte Constitucional tumbó artículos claves de la Ley de Justicia y Paz, creada en el proceso de paz con las autodefensas. En especial, cayó la posibilidad de que desmovilizados fueran calificados como sediciosos, lo cual les hubiera permitido llegar al Congreso.

Junio
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió a la Procuraduría un aumento de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de personal del Ejército. Meses después fue el comienzo del escándalo de los  falsos positivos.

Junio
Caída de la columna vertebral de la Ley de Justicia y Paz desató crisis en el proceso de paz con las autodefensas. Varios desmovilizados volvieron a las armas y los principales jefes tuvieron que ser recluidos en un mismo lugar. El gobierno Uribe buscó salida jurídica a la crisis con el paramilitarismo.

Agosto
Álvaro Uribe asumió su segundo mandato con un Congreso de mayorías uribistas. Lo posesionó el presidente del Senado, Luis Alfredo Ramos, el máximo elector. La Cámara quedó presidida por William Vélez. Hoy, ambos son investigados por la Corte Suprema.

Septiembre
El jefe paramilitar Vicente Castaño anunció que sólo vuelve a entregarse cuando el escenario del proceso de paz con el gobierno Uribe vuelva a lo que existía antes del fallo contra la Ley de Justicia y Paz. Se desató, además, guerra entre los propios jefes desmovilizados.

Octubre
La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que investigue a varios congresistas por supuestos nexos con el líder paramilitar ‘Jorge 40’. Son Zulema Jattin, Álvaro García, Dieb Maloof y Vicente Blel. A su vez, el senador Gustavo Petro avanzó en sus debates sobre la parapolítica.

Octubre
Un carro bomba estalló en un parqueadero de la Universidad Militar Nueva Granada. El presidente Uribe revocó autorización para buscar con las Farc un acuerdo humanitario y pidió a la Fuerza Pública lucha frontal contra los paramilitares que no quisieron entregarse.

Noviembre
Corte emprendió investigación contra cinco congresistas de la costa. Dieb Maloof, José Gamarra, Alfonso Campo, Salomón Saad y Jorge Luis Caballero. Arrancó el escándalo de la parapolítica. Se anunciaron pesquisas contra otros parlamentarios de la misma región.

Noviembre
Empezaron a proliferar testigos alrededor de los procesos de la parapolítica. El más sonado fue Jairo Antonio Castillo Peralta, conocido como ‘Pitirri’. Inicialmente, señaló a los excongresistas de Sucre, pero meses después lo hizo contra el exsenador antioqueño Mario Uribe Escobar.

Noviembre
El presidente Álvaro Uribe rompió su silencio ante la crisis y formuló un llamado a los congresistas para que por su propia iniciativa acudieran a la justicia a contar la verdad. La clase política en revuelo por cuenta del escándalo y la oposición alentando las pesquisas de la justicia.

Diciembre
Encrucijada de la canciller María Consuelo Araújo ante la decisión de la Corte de indagar la conducta de su hermano, el entonces senador Álvaro Araújo. El congresista se defendió manifestando que habló con ‘Jorge 40’ porque quería preservar su vida de la amenaza paramilitar.

Diciembre
Tras su detención en Italia, bajo cargos de narcotráfico, el empresario Giorgio Sale se convirtió en un incómodo personaje. Se conocieron sus relaciones de amistad con altos miembros del poder judicial y, con el paso de las semanas, sus nexos con jefes paramilitares.

Diciembre
El año 2006 concluyó con el rumor de más investigados por la parapolítica, la guerra desatada entre jefes de las autodefensas, la crisis en el proceso de paz con los grupos paramilitares y el desprestigio del DAS por las revelaciones de nexos con los grupos de autodefensa.
20 de febrero de 2011
©el espectador
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rumsfeld no se arrepiente


En sus memorias, sigue convencido de su verdad.
[Bradley Graham] Donald Rumsfeld, el ex ministro de Defensa, ese maestro de los comentarios ácidos, ahora admite que, en algunos casos, fue demasiado lejos. El funcionario, que más que cualquier otro en el gobierno de Bush, era la bravuconería y la arrogancia personificadas, ha llegado a lamentar su expresión "esas cosas pasan" sobre los primeros saqueos en el Iraq de posguerra. Admite que la ocurrencia de decir "la vieja Europa" -refiriéndose a Alemania y Francia- por no apoyar el uso de la fuerza en Iraq, no fue una demostración de una diplomacia hábil.
En cuanto a su declaración, durante los primeros días de la invasión de Iraq: "Ahora sabemos dónde están", refiriéndose a los presuntos arsenales de armas de destrucción masiva -bueno, Rumsfeld quiere que la olvidemos.
Pero Rumsfeld todavía no puede resistir -en sus memorias, que serán publicadas la semana entrante- la tentación de lanzar algunos tortazos contra los ex ministros Colin L. Powell y Condoleezza Rice, así como contra algunos legisladores y periodistas. Llega incluso a describir al ex presidente Bush como presidiendo un proceso de seguridad nacional marcado por decisiones incoherentes y políticas inconsistentes que habrían dañado enormemente la guerra en Iraq.
Gran parte de la retrospectiva de Rumsfeld refuerza las primeras versiones sobre un Consejo de Seguridad Nacional disfuncional y lleno de tensiones entre el Pentágono y el Departamento de Estado, lo que muchos críticos dentro y fuera de la administración le atribuyeron a él mismo. Hablando por primera vez desde que dejara el cargo hace cuatro años, el ex personero del Pentágono ofrece una vigorosa explicación de sus propios pensamientos y acciones y ha puesto a disposición del público en su página web (www.rumsfeld.com) muchos documentos previamente privados o confidenciales.
Mostrándose  rudo y desafiante como siempre en su autobiografía de ochocientas páginas, ‘Known and Unknown’, Rumsfeld sigue en gran parte convencido de haber tomado decisiones correctas en el conflicto de Iraq y concluye que la guerra valió la pena. Si Saddam Hussein hubiera seguido gobernando, dice, Oriente Medio sería ahora "mucho más peligroso de lo que es hoy".
Respondiendo a la acusación de que no proporcionó tropas suficientes para la guerra, admite que, "en retrospectiva, hubo muchos momentos en que una mayor cantidad de tropas nos habría ayudado". Pero insiste en que si los altos oficiales militares tuvieron reservas sobre el contingente de las fuerzas invasoras, nadie se lo dijo nunca. Y a medida que el conflicto avanzaba, dice, los comandantes, incluso presionados repetidas veces para que dieran su opinión, no le pidieron más tropas ni expresaron desacuerdo con su estrategia.
Gran parte de su explicación de porqué algunas cosas salieron mal durante el crucial primer año de la ocupación de Iraq se deriva de la incapacidad, durante la preguerra, para decidir cómo controlar la transición política de posguerra. Antes de la guerra se debatieron dos aproximaciones diferentes: la visión del Pentágono de que el poder debía ser entregado rápidamente a un gobierno iraquí provisional compuesto por varios exiliados iraquíes, y la visión del Departamento de Estado que favorecía una transición más lenta que permitiera que emergieran nuevos líderes desde dentro del país.
"Esas diferencias clave no fueron nunca ni clara ni firmemente resueltas en el Consejo de Seguridad Nacional", escribe Rumsfeld. "Sólo el presidente podía hacer eso".
Rumsfeld responsabiliza a L. Paul Bremer III, que dirigió el primer año de la ocupación, de implementar un plan grandioso más en línea con la visión del Departamento de Estado que con la del Pentágono. Aunque Bremer ha dicho que mantuvo siempre completamente informado a los funcionarios del Pentágono, Rumsfeld, que era nominalmente jefe de Bremer, ahora se describe a sí mismo como lento a la hora de interpretar las intenciones de Bremer.
Rumsfeld afirma que Bush empeoró el asunto permitiendo confusión en la cadena de mando y dejando que Bremer decidiera con qué altos funcionarios de Washington quería tratar. Rumsfeld cita un memorándum que se escribió a sí mismo cuando se anunció el nombramiento de Bremer en mayo de 2003, criticando discretamente a Bush por haber tenido que almorzar con el nuevo enviado. "No debería haberlo hecho", dice el memorándum. El presidente "lo vinculó con la Casa Blanca, no con" el Pentágono o el Departamento de Estado.
"Había demasiados capitanes dirigiendo el buque, lo que, en mi opinión, era una fórmula para empujarlo hacia el abismo", escribe Rumsfeld en su libro.
Criticando agudamente a algunos de sus antiguos colegas, Rumsfeld retrata a Powell como reinando sobre un Departamento de Estado que se mostraba reticente a aceptar la dirección política de Bush y empecinado en agarrar a tortazos anónimos al Pentágono utilizando la prensa. Regaña a Rice en su papel inicial como asesora de seguridad nacional por escribir largos ensayos sobre las diferencias, en lugar de presentar a Bush opciones claras en los casos en que el Pentágono y el Departamento de Estado no estaban de acuerdo.
Más tarde, después de que Rice sucediera a Powell como secretario de Estado, Rumsfeld argumenta que ella empujó al presidente paquistaní Pervez Musharraf con demasiado entusiasmo hacia prácticas más democráticas, colocando erróneamente los derechos humanos por encima de los intereses de seguridad más importantes para Estados Unidos en Uzbekistán, y prosiguió infructuosamente una política de acercamiento diplomático con Siria, Irán y Corea del Norte.
Aunque cuidadoso a la hora de describir a Bush como persona en términos elogiosos, Rumsfeld sugiere que el ex presidente no fue capaz de superar los desacuerdos entre sus asesores más cercanos. Bush "no recibió siempre, y puede no haber insistido en ello, una presentación oportuna de sus opciones antes de tomar una decisión, ni tampoco fueron sus decisiones implementadas de manera efectiva", escribe Rumsfeld.
Esas críticas contrastan con la conocida aversión de Rumsfeld a publicitar sus a veces despectivas opiniones sobre sus colegas o a discutir asuntos internos del gobierno. Sin embargo, sus mordaces observaciones se acercan mucho a ataques ad hominem, y el tomo de memorias, incluso con sus destellos de persistente resentimiento, mantiene un tono mesurado.
En algunos lugares, Rumsfeld, ahora de 78 años, deja ver un lado más vulnerable que el que mostró en el cargo. Habla con ternura sobre los intentos de sus tres hijos -Nick, y su hija Marcy- para superar su adicción a las drogas. Relata un emotivo momento quince días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 cuando Bush le preguntó sobre la reciente decisión de Nick de ingresar en un centro de rehabilitación. Rumsfeld se describe a sí mismo como destrozado.
El libro, un ejemplar del cual fue obtenido por el Washington Post antes de la fecha de lanzamiento del 8 de febrero, cubre toda la vida de Rumsfeld, incluyendo sus periodos en el gobierno y su larga carrera como hombre de negocios. Pero más del sesenta por ciento del libro gira sobre sus polémicos años como ministro de Defensa de Bush.
En un largo capítulo sobre el trato que daba el gobierno a los detenidos en tiempos de guerra, Rumsfeld lamenta no haber renunciado a su puesto en mayo de 2004, después de las revelaciones que provocaron el escándalo de la cárcel Abu Ghraib. En esos momentos, Bush rechazó sus dos cartas de renuncia, con cinco días de diferencia. Pasaron otros dos años y medio antes de que Bush, obligado por la derrota de los republicanos en el Congreso, decidiera dejarlo marchar.
"Retrospectivamente, veo que hay cosas que el gobierno pudo haber hecho de otro modo y mejor con respecto a los detenidos en tiempos de guerra", reconoce Rumsfeld.
Rumsfeld argumenta que el gobierno se equivocó en concentrarse tanto en la mantención de las atribuciones presidenciales que inicialmente evitó negociar con el Congreso sobre cómo tratar a los prisioneros. Un importante proponente de esta estrategia, observa Rumsfeld, fue el ex vicepresidente Dick Cheney, un amigo de toda la vida. Rumsfeld dice que habría sido mejor ganar el apoyo del Congreso pidiéndole intervenir en la redacción de una ley sobre los prisioneros.
Incluso así, Rumsfeld duda que las prácticas resultantes hubieran diferido mucho. Sigue convencido de que en general el Pentágono llevó bien los interrogatorios de los prisioneros, y de que fue una decisión correcta su propia aprobación de técnicas de interrogatorio que eran mucho más severas que las que aparecen en el Manual de Campo del Ejército, el control de la prisión de Bahía Guantánamo y la creación de las comisiones militares. Y observa que incluso el gobierno de Obama no ha tenido más alternativa que mantener la cárcel de Guantánamo y continuar la detención de presos acusados de terrorismo sin reconocer que son prisioneros de guerra.
20 de febrero de 2011
2 de febrero de 2011
©washington post
cc traducción mQh
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servidumbre en campo chileno


Municipios rurales denuncian violación a derechos de temporeros. Alcalde de Melipilla dijo que se han encontrado con casos de "trabajadores que tienen turnos de 24 horas seguidas, con sueldos miserables que no superan los 7 mil pesos".
Chile. El vicepresidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y alcalde de Melipilla, Mario Gebauer, denunció este sábado la supuesta "violación sistemática" de los derechos laborales de temporeros, por parte de contratistas y empresarios.
Junto a la presidenta de los temporeros de dicha comuna, Luz Marina Miranda, el alcalde comentó que se ha encontrado con situaciones propias de la "época de la esclavitud", como "trabajadores que tienen turnos de 24 horas seguidas, con sueldos miserables que no superan los 7 mil pesos y transportados en camionetas abiertas, antiguas, sin un mínimo respeto por la vida".
En tanto, la dirigente acusó que "muchos de nuestros colegas tienen miedo a denunciar estos abusos, ya que los contratistas los amenazan con la pérdida de sus fuentes laborales y de conseguir que les cierren las puertas a otras empresas del rubro".
A su vez, Gebauer solicitó al Ministerio del Trabajo que "aumente su fiscalización a los predios, parcelas y packing de las zonas agrícolas, con una mayor rigurosidad".
20 de febrero de 2011
19 de febrero de 2011
©la nación
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presidio mayor por canicidio


columna de lísperguer
Amenazan de muerte a asesino de perros en España.

En Chile la ley de protección animal no establece ninguna escala en cuanto a los tipos de agresiones a las que son sometidos los animales, pese a que es evidente que debiese incluir al menos una distinción entre maltrato simple y maltrato agravado. Las penas que se imponen a los autores de maltratos son demasiado leves y no tienen ningún efecto disuasivo. Todavía peor es que los jueces no entienden la gravedad de estos delitos y son reacios a dictar penas de prisión. No se entiende porqué una persona que mata a un perro pueda ser condenada a una multa, y la que mata a otro humano a penas que van hasta los 20 años y perpetua. En realidad, el castigo por asesinar a una mascota debiese ser igual a la pena por homicidio. En el caso de un asesino de perros serial, y/o autores de masacres, el castigo debiese ser tan severo como al que se somete a autores de crímenes contra humanos.
lísperguer

obama veta condena contra asentamientos


Doble discurso permanente. Obama vetó una condena de la ONU a los asentamientos israelíes.
Estados Unidos. Estados Unidos vetó la resolución del Consejo de Seguridad que considera ilegales los asentamientos judíos en territorio palestino, y con su voto volvió a entorpecer las negociaciones de paz en la región. La embajadora Susan Rice manifestó que "no hay que malinterpretar" la decisión de la Casa Blanca y advirtió que la condena de la ONU podía "endurecer las posturas de las partes en conflicto".
Aunque Rice agregó que Estados Unidos "rechaza la legitimidad de los asentamientos, que durante más de cuatro décadas minan la seguridad de Israel y las esperanzas para la paz y estabilidad en la región", argumentó que el conflicto debe ser resuelto entre Israel y Palestina, sin la intervención de terceros: "La única vía es que se negocie entre las dos partes".
La resolución, propuesta por los países árabes, contaba con el apoyo de más de 130 países y consideraba que los asentamientos son "ilegales y constituyen un gran obstáculo para lograr una paz justa, duradera e integral".
20 de febrero de 2011
18 de febrero de 2011
©página 12
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