Blogia

mQh

cidh protege a indios toba


La CIDH reclamó protección oficial para la comunidad toba.
Argentina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió información sobre las medidas adoptadas para proteger a los integrantes de la comunidad qom La Primavera de Formosa, reprimidos el 23 de noviembre pasado, "los que continúan hostigados y amenazados por las fuerzas de seguridad provincial".
El organismo internacional pidió "en particular" explicaciones acerca del dirigente Félix Díaz y su familia, los mecanismos para proteger a la comunidad toba, y sobre los avances de los compromisos asumidos por el Estado nacional en la reunión del 30 de diciembre.
La CIDH intervino ante un pedido de la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismos que reclamaron medidas cautelares a favor de la comunidad toba, tras "el violento desalojo de la ruta nacional 86 que provocó dos muertes, decenas de heridos y detenciones arbitrarias a ancianos, mujeres embarazadas y niños pequeños".
Desde hace casi dos meses Díaz y otros miembros de la comunidad, entre los que hay mujeres y niños, acampan en la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, en el centro porteño, a la espera de que se adopten las medidas que garanticen su integridad y que aparezcan los responsables de la represión en Formosa.
"El Gobierno nacional debe responder la próxima semana, luego de lo cual la CIDH decidirá si emite o no las medidas cautelares solicitadas", indica finalmente el comunicado de la Defensoría General.
20 de febrero de 2011
18 de febrero de 2011
©página 12
rss

suspenden capacitación policial


La ministra de Seguridad suspendió los cursos de capacitación de las fuerzas de seguridad en el exterior. El entredicho con los Estados Unidos a raíz del material no declarado por los militares que venían a capacitar a policías federales decidió al Ejecutivo a revisar todos los convenios firmados y suspender, en consecuencia, su aplicación.
[Raúl Kollmann] Argentina. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenó ayer la suspensión de todos los viajes al exterior de fuerzas de seguridad para hacer cursos de capacitación hasta tanto sean revisados sus contenidos, los países y organismos que los dan y todos los detalles sobre el financiamiento. Garré les dio una semana a la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que presenten el plan de cursos y está decidido que el ministerio suspenderá la participación argentina en cualquier capacitación en materia de seguridad en que los profesores sean militares. La medida de Garré está directamente relacionada con lo ocurrido con el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que traía a militares norteamericanos para instruir a integrantes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) en casos de secuestros y toma de rehenes. El concepto del Poder Ejecutivo –y así está explicitado en las leyes– es que las actividades militares son muy distintas a las de seguridad, por lo cual no corresponde que las policías sean formadas por militares.
Como se sabe, el gigantesco C17 Boeing Globemaster III que aterrizó hace diez días en Ezeiza venía a un curso de capacitación que en su momento fue convenido por el ministro de Justicia, Julio Alak, y que por esa razón fue autorizado en enero por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, hubo una discrepancia entre los materiales declarados por los militares de Estados Unidos y los que realmente trajeron en el avión, lo que determinó la suspensión del curso, el regreso del gigantesco aparato a Estados Unidos y un expediente judicial por las irregularidades. A esto se suma la polémica decisión de la Policía Metropolitana de enviar a sus efectivos a cursos en la International Law Enforcement Academy (ILEA) en El Salvador, una especie de nueva Escuela de las Américas, célebre por haber formado a los militares golpistas de todo el continente. Costa Rica ya había negado el permiso a la ILEA para instalarse porque requería, entre otras cosas, el otorgamiento de inmunidad a los militares norteamericanos que son instructores de los cursos.
Garré decidió tomar las riendas de todo lo que tiene que ver con la capacitación de las fuerzas de seguridad en la Argentina y en el exterior y por lo pronto suspendió hasta tener analizados al detalle los cursos en los que pretenden participar los efectivos argentinos. La Policía Federal intervino en 112 cursos o congresos en el exterior durante 2010, la Prefectura en 360, la Gendarmería en 82 y la PSA en 33. Una desmesurada proporción de los seminarios de formación se hacen en Estados Unidos, aunque en los últimos años empieza a pesar el intercambio con Brasil.
El primer paso resuelto por el Ministerio de Seguridad es elaborar lo que se llama el PACE, Plan Anual de Comisiones al Exterior. Significa que Garré dio la orden de frenar cualquier participación en cursos, seminarios o formaciones en el exterior hasta tanto ella y su equipo analicen las características de esos eventos.
Algunos de los elementos determinantes del análisis y que llevarán a decidir si se aprueba la participación de efectivos de las fuerzas de seguridad argentinas en los cursos serán los siguientes:

- Que los instructores no sean militares. El Poder Ejecutivo rechaza en forma tajante la mezcla entre actividades de seguridad y actividades de defensa. La distinción será categórica y no concurrirán policías, gendarmes o prefectos argentinos a cursos dados por militares.

- Se buscará un nítido compromiso de las entidades que organizan esos cursos con el concepto de democratización y transparencia de la seguridad, además de respeto a los derechos de los ciudadanos.

- Tiene que haber cierta ecuanimidad en las proporciones de los destinos, esto es Estados Unidos, Europa y, desde ya, los países del Mercosur. En el Ministerio de Seguridad consideran vital la coordinación de los países del Mercosur en los temas de seguridad, en especial la trata de personas, el narcotráfico y el delito que, de hecho, más muertes produce: el robo de autos.

La idea de Garré no es limitar la concurrencia de los cuadros de las fuerzas de seguridad a los cursos y seminarios del exterior, sino más bien lo contrario. Uno de los acentos está puesto, justamente, en la profesionalización, en lograr bases teóricas y científicas para las tareas investigativas. Pero el punto clave es quién da los cursos, dónde y, sobre todo, cuál será el contenido. Como informó en este diario Horacio Verbitsky, el curso sobre crisis y toma de rehenes, en cuyo marco se produjo el incidente del avión norteamericano, iba a ser dado por doce expertos militares. Eso llevaba, casi en forma automática, a reforzar la idea de una militarización de la seguridad interior.
Desde hace años, se viene produciendo una fuerte presión de Estados Unidos para que las fuerzas militares intervengan en la lucha contra el narcotráfico. Tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner rechazaron esa concepción y hubo reclamos de fuerzas de la derecha argentina para que se convoque a militares, por ejemplo, para que patrullen el Gran Buenos Aires. Los distintos papeles de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad quedaron establecidos en la Ley de Defensa de la época de Raúl Alfonsín, la Ley de Seguridad Interior, del gobierno de Menem, y la Ley de Inteligencia promulgada por De la Rúa. La orden taxativa de Garré será respetar esa distinción y ello lleva a que los efectivos no participen en los cursos dados por militares.
Cuando el lunes 28, las cuatro fuerzas de seguridad entreguen sus respectivas propuestas de comisiones al exterior, habrá una evaluación de cada uno de los cursos, congresos y seminarios, y recién después de ese paso la ministra emitirá las autorizaciones que correspondan.
20 de febrero de 2011
19 de febrero de 2011
©página 12
rss

intención dolosa es imperdonable


columna de lísperguer
Presidente Piñera acusa a oposición de quebrantar unidad para superar secuelas de terremoto.

Pero es el propio presidente Piñera el que rompe la unidad los chilenos en su intento de superar las secuelas del terremoto del 27 de febrero cuando tolera casos como en el de la intendenta Van Rysselberghe. Piñera decidió exculpar a la política de extrema derecha sobre el curioso criterio de que no había alcanzado a cometer ningún delito. El mensaje que todos entendemos es que los funcionarios pueden hacer cualquiera cosa provisto que no sean sorprendidos. No parece que ese sea un buen principio para gobernar. ¿Qué unidad puede haber cuando tolera que algunos intenten desviar fondos para sus seguidores, al mismo tiempo que otros no reciben subsidios de ningún tipo, pese a ser víctimas del terremoto? Existe la casi absoluta unanimidad en la ciudadanía de que estas cosas son inadmisibles y que no se puede confiar en el presidente mientras no enmiende camino y pida a la intendenta perentoriamente su renuncia.
lísperguer

la piedad y la causa animalista


columna de mérici
Una señora de Valdivia (Chile) se quejaba hace poco de que el servicio de salud de la municipalidad local la había multado1 tras haberla sorprendido alimentando a unos perros de la calle. Esta municipalidad, como otras muchas en Chile, ha publicado una ordenanza en la que prohíbe que se alimente a mascotas de la calle –perros extraviados, perros abandonados, perros escapados. Se pregunta ella, muy razonablemente, si negar la alimentación a mascotas famélicas, en evidente estado de desnutrición, enfermedad, abandono y deterioro, no es en sí mismo un caso de maltrato animal que sanciona la ley. Pienso como ella, y lo que me intriga es que los ediles crean que pueden prohibir conductas que se encuentran garantizadas por la Constitución Política, que sus ordenanzas están por encima de las leyes de la república. Pero es más que eso.

La señora Camila Manríquez pertenece a ese enorme grupo de personas que se dedican a cuidar, alimentar, brindar compañía  y proveer de cuidados médicos a los perros de la calle, habitualmente en los alrededores de sus domicilios, que son llamadas popularmente madrinas y padrinos, tutores y, también, viejas locas. Es muy frecuente que estos tutores tengan otras mascotas en sus casas, y no adopten más perros o gatos por falta de espacio o de recursos. Los perros de la calle cuidados por ellos están generalmente bien alimentados y cuentan con sus libretas médicas y vacunas al día, como quedó demostrado cuando la intendencia de Santiago, con ocasión de la investidura de la presidenta Michelle Bachelet, ordenó el retiro y sacrificio de los perros de Plaza de la Constitución, argumentando problemas de salud pública y ornato. Esos perros, algunos de los cuales salvaron la vida gracias a vecinos y carabineros que presenciaron la acción de los funcionarios municipales y los pusieron a resguardo (incluso ocultando a algunos en un furgón policial), eran todos sanos y contaban todos ellos con tutores reconocidos.

En los barrios, los vecinos de muchas calles y pasajes adoptan a perros vagos (extraviados y abandonados)2 colectivamente, proveyéndoles de los cuidados mencionados y una caseta. Día y noche custodian y protegen al vecindario de presencias indeseadas. Se los llama perros comunitarios (como en Playa Ancha). Muy frecuentemente, estos vecinos se organizan en asociaciones de carácter religioso, particularmente católicas, y obedecen las doctrinas de San Francisco de Asís. Ciertamente, la solidaridad con las mascotas en situación de calle no es exclusiva de los católicos.

Muchos ciudadanos rechazan los intentos de las autoridades de poner trabas al ejercicio de la piedad, que consideran una negación de derechos garantizados por la Constitución Política de Chile: el derecho a la integridad psíquica, que también debe interpretarse como el derecho a vivir según las propias convicciones, dentro de los límites de la ley y el sentido común, el derecho a expresar tu identidad moral, i.e. el derecho a la práctica de tus creencias religiosas si no ofenden, como especifica la Constitución, ni la moral, ni las buenas costumbres ni el orden público).

Considerando la relevancia de la figura de San Francisco de Asís en la organización de grupos de ayuda a los perros de la calle en los barrios en todo el país, no se puede enfatizar más la importancia de la piedad en la filosofía católica. La piedad (compasión, caridad, solidaridad, empatía), que explica el fenómeno de los tutores y la formación de grupos de ayuda a los perros de la calle, inspirados en San Francisco de Asís, es un principio central de su práctica religiosa. La piedad, tanto en su acepción de devoción piadosa (el culto a los santos y a la Virgen, y a los ancestros) como en tanto que solidaridad con los más débiles y desprotegidos, humanos o animales, es considerada por los católicos como uno de los siete dones o virtudes con que el Espíritu Santo puede dotar a una persona. En la filosofía católica, el "Espíritu Santo puede acercarse al alma y transmitirle ciertas disposiciones que la perfecciona". Es un don de Dios, una virtud recibida irrenunciable. Para muchos católicos, es la principal virtud teologal, la base del pensamiento católico. Recibido el don de la piedad, su ejercicio es imperativo, porque su actualización redime y acerca al católico a su salvación espiritual. La piedad es una virtud, y con ella se gana, o se pierde, el favor o el perdón de Dios.
Prohibir, pues, a un católico, que renuncie a este imperativo moral y desdeñe su camino hacia la redención, es un atentado grave contra su identidad (o integridad) moral y contra la práctica de su credo religioso. Es una prohibición que ataca directamente al alma del catolicismo, porque no se puede ser católico si no se puede responder al llamado de la virtud ni realizar el don de la piedad.
Por eso es grave que las autoridades intenten una y otra vez prohibir que se alimente o ayude a perros de la calle, y es más grave que algunas de estas autoridades, que se consideran católicas, olvidados los fundamentos de la fe, pretendan que la obediencia es un bien mayor que la piedad.3

En todo caso, la iglesia debe intervenir, señalar a esas autoridades (concejales y alcaldes) la impiedad de sus ordenanzas y proteger a los fieles contra políticos desalmados que ven en la piedad, en lugar de un principio fundamental del catolicismo, un atentado contra el orden público o una violación del ornato urbano público.

[La imagen es un óleo de Federico Castillo, ‘La Virgen del Gato’.
19 de febrero de 2011
cc mérici

Notas
1 El texto es el siguiente: "Me  dirijo a Uds. para consultarles si está vigente la ley que prohíbe darle de comer  y beber a los peros callejeros, ya que el servicio de salud de Valdivia me ha multado por darle de comer a los perros vagos. Si puedo exigir que me entreguen el nombre de la persona denunciante, ya que esto fue a través de una denuncia de una persona que no le gustan los animales. A mi parecer el Servicio de Salud está cometiendo un maltrato animal al prohibir esta práctica, ya que los animales van ha morir en forma paulatina.
"No creo que esta sea la solución del problema, nuestro país tiene una cultura  baja a pesar de la educación que tenemos. Aquí da lo mismo botar un papel, un animal, un hijo a la calle para que otros solucionen el problema. Que pena que exista tanta pérdida de valores en estos últimos años y más encima la ley castigue  a los que tratan de alguna manera remediar el daño causado, pero el domingo están todas las iglesias llenas de gente golpeándose el pecho con una piedra y de qué sirve, si salimos de ahí y hacemos todo lo contrario. Parece que el terremoto no fue suficiente ".

2 Contrariamente a una opinión que se encuentra frecuentemente en la prensa y en informes académicos, pareciera que una gran parte, si no la mayoría de los perros encontrados en la calle, no son perros abandonados. La insistencia de muchos de que se trata de perros abandonados solo tiene el propósito de justificar, a sus ojos, su asesinato, acusando a los antiguos dueños de ser los verdaderos autores de esos crímenes. (Es la argumentación de PETA, esa tenebrosa organización que Lísperguer llama de "putas neonazis"). Con el asesinato de mascotas, sus perpetradores buscan además castigar a los que suponen dueños irresponsables. Los datos disponibles ponen en duda esta interpretación del fenómeno de los perros de la calle. En Chile no contamos con investigaciones sobre este fenómeno, donde la categoría misma (perro extraviado) aparece rara vez en los informes e investigaciones sobre el tema, pero en países como Estados Unidos e Inglaterra, la inmensa mayoría de los perros encontrados en la calle son perros que se han extraviado.

3 Por lo mismo, es derechamente una aberración, de ser verídicas las informaciones aparecidas en la prensa, que la provincial de la Congregación de la Divina Providencia, de Antofagasta, haya ordenado el exterminio, o quizás, abandono, de unos cincuenta gatos que la hermana Orietta Copmman ha ido recogiendo en los últimos diez años. Es una aberración desde el punto de vista de la fe católica, y es una violación espantosa de la ley de maltrato animal y de la jurisprudencia administrativa, que prohíbe el sacrificio de mascotas sanas, con sanciones que pueden llegar hasta los tres años de cárcel.

subir penas contra maltratos sistemáticos


columna de lísperguer
El maltrato sistemático es frecuente en algunas formas de explotación animal.

El Partido Antitaurino contra el Maltrato Animal (PACMA, España) nos recordaba, con ocasión del asesinato de un cachorro cometido por un sádico llamado Knino hace unos días, los maltratos sistemáticos a que son sometidos los perros y otros animales. En el caso de los perros, se desconoce el alcance de un tipo de maltrato sistemático a que son sometidos con un propósito ulterior. Muchos perros viven encadenados durante el día, y solo se les deja libres en las noches para que cuiden la propiedad o el negocio o la casa o el taller. Algunos dueños, en la creencia de que así reforzarán su bravura, los encierran o les privan de alimento o les hacen golpear o les privan de la compañía de otros perros. Muchos otros perros viven permanentemente confinados, cuidando propiedades. Estos perros hambrientos y estresados serían mejores guardianes que los animales que no son sometidos a estas violencias. En realidad, las penas por maltrato animal debiesen ser similares a las que se imponen a humanos por delitos equivalentes, como lesiones, torturas y asesinatos.
lísperguer

piden perpetua para ex general


Piden extensas condenas para ex jefes de la Operación Cóndor: perpetua para el ex general Eduardo Cabanillas y 23 años para otros tres jefes de la cárcel secreta Automotores Orletti.
Argentina. La Secretaría Argentina de Derechos Humanos pidió este viernes prisión perpetua para el ex general Eduardo Cabanillas y 25 años de cárcel para otros tres jefes de Automotores Orletti, una cárcel clandestina utilizada por la última dictadura para detenidos en la Operación Cóndor.
La solicitud contra el oficial del Ejército y los ex agentes de inteligencia Honorio Martínez Ruiz, Raúl Guglielminetti y Eduardo Ruffo, fue hecho durante el alegato del organismo oficial en el juicio oral que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal 1 de Buenos Aires.
A los cuatro acusados se le atribuye el delito de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y homicidio calificado en perjuicio de 65 víctimas.
El quinto acusado era el ex militar argentino Rubén Visuara, quien murió a comienzos de este mes en una clínica de las afueras de Buenos Aires.
El abogado Gonzalo Romano, representante de los uruguayos que sobrevivieron a su cautiverio, reclamó a comienzos de esta semana prisión perpetua para los cuatro acusados.
"Automotores Orletti" está considerada una pieza clave de la "Operación", la represión coordinada en el Cono Sur durante la década de los 70 por las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú.
La cárcel ilegal funcionó entre mayo y noviembre de 1976 bajo la fachada de un taller mecánico en el barrio de Flores y en ella estuvieron cautivos cientos de detenidos de manera ilegal, en su mayoría uruguayos, aunque también pasaron por allí argentinos, chilenos, cubanos, bolivianos y paraguayos.
Entre las 200 personas que permanecieron detenidas en el centro estuvieron Marcelo Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, el hijo y la nuera del poeta argentino Juan Gelman, quien en 2000 recuperó a su nieta, Macarena, nacida en cautiverio en Uruguay y una de las testigos del juicio.
Se espera que los jueces dicten sentencia a mediados de marzo próximo.
18 de febrero de 2011
©la nación
rss

murió tura satana


Actriz de culto.
[Dave Itzkoff] Murió el viernes noche, en Reno, Nevada, Tura Satana, una actriz cuya despótica presencia, exótica apariencia y abultado pecho llamó la atención de los espectadores de la película de culto ‘Faster, Pussycat! Kill! Kill!’ (1965), de Russ Meyer.
Su deceso fue anunciado por su agente de toda la vida, Siouxzan Perry, que informó que se creía que la causa de su muerte fue una deficiencia cardiaca. Perry dijo que Satana tenía 72 años, aunque otras fuentes creen que nació en 1935.

Nacida un 10 de julio como Tura Luna Pascual Yamaguchi, en Hokkaido, Japan, de un padre filipino de origen japonés-filipino y una madre que era parte india cheyenne, parte escocesa-irlandesa, Satana pasó parte de su niñez en el campo de internamiento Manzanar, cerca de Independencia, California, antes de que su familia se estableciera en Chicago. Su aspecto y cultura asiática y el hecho de que madurara precozmente se tradujo en frecuentes acosos y abusos, y vivió de manera itinerante como bailarina exótica y modelo de desnudo. Incluso posó para las fotografías eróticas de Harold Lloyd, el ex comediante del cine mudo, que le sugirió que se dedicara al cine.
El rol que la hizo despegar lo tuvo en ‘Faster, Pussycat! Kill! Kill!’, un filme de explotación de Meyer que, en fuerte contraste con los trabajos posteriores del director, no incluía escenas de desnudos. En esa película, Satana era Varla, cabecilla de un banda de bailarinas a gogó que secuestran a una pareja, asesinan al novio y obligan a la chica a seguirlas en otras aventuras fuera de la ley.
La caracterización que hizo Satana de Varla como una femenina y violenta mujer que reprende frecuentemente a los hombres que se atreven a mirarla, la hizo tan popular que su fama como actriz de culto la persiguió hasta mucho después de la época del drive-in. En las últimas décadas, la influencia de la actitud profesional de Satana se podía observar en artefactos de la cultura pop que iban desde ‘Xena, la princesa guerrera’ [Xena, Warrior Princess] hasta las películas de la serie ‘Kill Bill’, de Quentin Tarantino.
La sobreviven dos hijas, Kalani y Jade, y dos hermanas, Pamela y Kim.
18 de febrero de 2011
5 de febrero de 2011
©new york times
cc traducción mQh
rss

obediencia debida y órdenes ilegales


columna de lísperguer
Para implementar las leyes contra el maltrato animal, se debe primero proteger a los funcionarios que deben obedecer órdenes ilegales.

Ninguna ley de protección de las mascotas contra el maltrato impedirá que estas sigan siendo víctimas de abusos y violencias de parte de las autoridades, sobre todo a nivel municipal, donde, pese a la legislación vigente, insisten en realizar campañas de exterminio, o que matan indiscriminada, arbitraria e ilegalmente, si no se protege al mismo tiempo a los funcionarios subalternos, que deben obedecer órdenes ilegales so pena de ser despedidos. De hecho, muchas de las denuncias de matanzas y maltratos provienen de funcionarios que prefieren quedar en el anonimato por temor a las represalias. La ley debe garantizar a los funcionarios denunciantes que no serán despedidos ni sufrirán merma alguna en sus condiciones laborales y que, al contrario, se perseguirá judicialmente a los superiores (jefes administrativos, jefes de servicios) que den órdenes ilegales. Al mismo tiempo, debe también sancionarse la obediencia de órdenes claramente ilegales.
El Libro Segundo del Código Penal, al contrario, castiga con inhabilitación perpetua al "empleado público que se negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores", sin considerar que esas órdenes pueden implicar la comisión de un delito. De hecho, este artículo 252 da carta blanca a esos superiores parias. Es por eso urgente aprobar una ley que proteja a los funcionarios contra órdenes ilegales e indebidas e incluso recompense a los que denuncien las intenciones o actos ilegales de sus jefes.
lísperguer