debate sobre legalización en colombia
"Colombia puede liderar una nueva política de drogas". Ethan Nadelmann, la figura más representativa del movimiento estadounidense para acabar con la guerra contra las drogas, habló con El Espectador.
[Daniel Pacheco] Al día siguiente de las declaraciones de Juan Manuel Santos, en las que afirmó de nuevo que la despenalización de las drogas es "una alternativa que podemos discutir" la organización más importante de Estados Unidos para promover opciones a la guerra contra las drogas, Drug Policy Alliance (DPA), difundió un comunicado público inusual. Ethan Nadelmann, director de DPA, afirmó que "junto con la reciente declaración pública del presidente Obama acerca de la legitimidad del debate de la legalización de las drogas," las palabras del presidente de Colombia sugieren "que se está abriendo un debate global, esencial y sin precedentes, para una reforma significativa en las políticas de drogas".
En Washington el tema de la legalización, normalmente marginado de la agenda de la Casa Blanca, había estado rondando hacía dos semanas. En la sesión anual de preguntas a Obama en Youtube, en la que los ciudadanos cuelgan sus inquietudes en la red y votan por las que quieren que el presidente responda, 198 de las 200 más votadas eran sobre política de drogas. La que más votos recibió, que respondió el presidente, fue de un ex policía que le preguntaba si no era momento ya de debatir la legalización y regulación de las drogas. Obama dijo, sentando un precedente inédito en la historia presidencial de EE.UU., que la legalización era "un tema totalmente legítimo de debate".
Acto seguido, sin embargo, en la misma línea que las declaraciones anteriores de Santos y el presidente de México, Felipe Calderón, Obama aclaró que no estaba de acuerdo con la legalización.
"¿Qué tan fructífero puede ser un debate en el que los actores principales llegan ya con una opinión tan prefigurada?", pregunté. Ethan Nadelmann, director de DPA, estaba al otro lado de la línea, en algún lugar de California. Por su corto silencio antes de contestar sentí que la pregunta lo irritaba un poco.
"La evolución del discurso actual es impresionante. Nosotros venimos plantando este debate hace más de 20 años, y hoy estamos en un punto en el que varios presidentes por fin nos toman en serio. Traer estas voces a la mesa es un paso indispensable para poder pensar en reformar la estructura fundamental de la prohibición. Ahora lo que importa es encarar ese debate a partir de hechos, de evaluaciones serias de las políticas, y de las consecuencias de las posibles alternativas".
Nadelmann es uno de los activistas más prominentes del mundo en el tema. Tiene un doctorado de Harvard y ha publicado artículos en revistas especializadas como Science y Foreign Affairs, además de ser fuente frecuente en diarios y programas de televisión. Fuera de encabezar DPA, Nadelmann es asesor de la nueva Comisión Global de Política de Drogas. Durante un momento, recién elegido Obama, cuando los progresistas estadounidenses creían que todo era posible, su nombre circuló informalmente como posible candidato a Zar Antidrogas. El momento no llegó, sin embargo Nadelmann asegura que hoy estamos en un "punto de quiebre."
"El movimiento de reforma está creciendo rápidamente. Actualmente hemos acumulado un nivel de masa crítica entre la opinión de EE.UU. sin precedentes. Las encuestas muestran niveles de aprobación mayoritaria a la marihuana medicinal, y bordean el 50% para la legalización y regulación de su uso recreativo. Catorce estados permiten la venta de cannabis con fórmula médica, y un número similar han despenalizado la posesión. En noviembre pasado el referendo de California lo perdimos por una diferencia de menos de 4 puntos, pero pusimos al país y a una parte del mundo a pensar en alternativas".
Precisamente cuando se acercaba el voto en California, Santos sorprendió con sus primeras declaraciones. Sin embargo, sólo hasta la semana pasada dejó implícito por primera vez como presidente que estaría dispuesto legalizar. "Si el mundo decide (legalizar) y cree que así se reducen la violencia y la criminalidad, yo podría acompañar eso", fueron sus palabras exactas, en una entrevista a la revista Semana.
"¿Ayudan las declaraciones de Santos para lo que ustedes hacen en Estados Unidos?", le pregunté a Nadelmann.
"Sí, ayudan mucho. Sobre todo porque vienen del aliado más cercano de Estados Unidos en la región. Santos fue ministro de Defensa de Uribe y conoce de primera mano las consecuencias y los costos de la guerra contra las drogas. Sus opiniones, y las de otros colombianos, ayudan a que aquí sea creíble la idea de un debate transnacional".
No obstante, fuera de los medios, fuera de las redes sociales, fuera de las muy ocasionales menciones presidenciales, el tema aún está lejos de los centros de poder de la política exterior de EE.UU. Esta semana hubo audiencias en los dos comités sobre la región, de Senado y Cámara, y en ninguna hubo menciones a cambios significativos en la estrategia para combatir el narcotráfico.
Una muestra de la persistencia del paradigma de 40 años fue la respuesta de Frank Mora, el subsecretario del Departamento de Defensa, ante las inquietudes del senador Robert Menéndez por la violencia en México. Con un candor que arrancó risas ahogadas a los periodistas presentes, Mora dijo que "la violencia en México es una señal de que la estrategia del gobierno de Calderón está teniendo éxito".
En política interna el asunto es distinto. Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interamericano, presentó a principios de este mes un reporte llamado "Repensando la Política de Drogas de E.U." en Washington. Asistieron tres representantes de la Cámara. El reporte revela una encuesta realizada con por la firma Zogby International, según la cual el 75% de los estadounidenses piensa que la lucha antidrogas es un fracaso. En sus declaraciones, el representante demócrata Jared Polis, sostuvo que "es cuestión de tiempo hasta que la opinión pública se sintonizara con los políticos electos".
Al respecto, le pregunté a Nadelmann cómo interpretaba la oposición abrumadora en las encuestas de los países latinoamericanos a cualquier alternativa distinta a la prohibición.
"En América Latina el debate está lleno de miedos y malentendidos. Cuando uno habla de legalizar, la gente piensa en cederle terreno a los carteles, cuando lo que se quiere con nuevas medidas es exactamente lo contrario: acabar con los mercados ilegales con los que se financian los grupos ilegales. Es un debate que todavía necesita desarrollarse.
De nuevo aquí el papel de Colombia ha sido muy importante. En la campaña presidencial del 2010, los dos candidatos principales tenían posiciones progresistas. Mockus, como miembro de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia –que también integra el expresidente César Gaviria–. Y Santos, quien en 1998 firmó una carta al Secretario de la ONU pidiendo reformas en la lucha contra las drogas. Colombia tiene una tradición de seriedad intelectual en este debate que la pone en la vanguardia de América Latina. Y en el futuro puede jugar un papel aún más poderoso para influenciar a la región. No olvide que Santos es el primer presiente en ejercicio en promover una discusión".
¿Y qué puede hacer Santos para poner su poder donde están sus palabras?
"Él puede legitimar aún más el debate. En su función puede tener conversaciones públicas y privadas con personas muy influyentes. Puede también convocar una cumbre con otros mandatarios para discutir las efectividad de las políticas actuales y la viabilidad de otras alternativas. Puede financiar estudios para debatir a partir de datos más sólidos.
Además, es posible avanzar mucho sin abandonar la prohibición. Con políticas de reducción del daño, despenalización del consumo, y una visión de salud pública. Nuestra insistencia en un debate es honesta. No estamos diciendo que es legalización o nada".
Nadelmann tiene que colgar. Es un tipo ocupado. Además de un informe sobre los daños causados por 40 años de prohibición en Estados Unidos, su organización está involucrada en los planes para volver a presentar referendos en Colorado y California en el 2012 para legalizar la marihuana. Pero incuso sobre este tema su optimismo da paso a la cautela, "las posibilidades son 50-50".
Recuerdo la metáfora que usó Peter Hakim, cuando hablamos en su oficina de Washington unos días después de presentar el reporte del Diálogo Interamericano. "Después de 40 años este debate está apenas gateando", dijo, con una sonrisa socarrona, como si a sus 69 años, fuera consciente de que tal vez no lo verá caminar.
Gaviria Aboga por la Legalización
El pasado 11 de febrero el expresidente César Gaviria volvió a criticar la política antidrogas estadounidense, a la que tildó de "fracasada", e hizo un llamado para que ese gobierno, junto con los de Colombia y México, revise y rediseñe la estrategia.
"Hay que exigir que en Estados Unidos haya un debate sobre las políticas antidrogas. Hay alternativas, muchas alternativas. Estados Unidos tiene que discutir este problema y Colombia y México tienen que pedírselo. Debemos ser capaces de ponernos de acuerdo con EE.UU. en cómo vamos a medir los éxitos de su política", sostuvo el ex mandatario.
Asimismo, afirmó que el rediseño del programa debe hacerse de acuerdo con las necesidades de los países productores para reducir las violencias y no reproducir las que genera el prohibicionismo. "Debemos aprender de los europeos y entender que buena parte de los muertos de Colombia tienen que ver con el narcotráfico".
21 de febrero de 2011
20 de febrero de 2011
©el espectador
[Sonia Tessa] Carlos Kruppa tenía 22 años el 16 de julio de 1976, cuando un "grupo de tareas" cortó la luz de su barrio, en Fray Luis Beltrán, y entró a su casa. "Estábamos durmiendo, yo tenía 18 años. Escuchamos voces, como a las 2 y media de la mañana, y entraron con pasamontañas y fusiles, eso fue lo único que alcancé a ver", contó su hermano, Miguel Ángel, la semana pasada, en la puerta de los Tribunales Federales de Rosario, donde se realiza el juicio oral de la causa Díaz Bessone. El joven fue secuestrado, y nunca más supieron de él. La familia recorrió todas las dependencias oficiales, incluso llegó a la cárcel de Coronda, pero no obtuvo una respuesta. Miguel Ángel fue propuesto la semana pasada como testigo en la causa, en la que se investiga el homicidio de su hermano.
Colombia. La sentencia contra Mario Uribe Escobar le pone punto final a una carrera política de más de 30 años en Antioquia. Atrás quedan sus gestas políticas que lo llevaron a convertirse en uno de los mayores caciques electorales del país. Hoy, con el sol a sus espaldas, vivirá su ocaso tras las rejas por disposición de la Corte Suprema de Justicia.
[Horacio Verbitsky] Argentina. La disputa por la fallida tentativa de una misión militar estadounidense de introducir de modo subrepticio en la Argentina armas, equipos de comunicaciones encriptadas y drogas se canalizará por carriles diplomáticos sin demasiado estrépito. El viernes, el máximo responsable del Pentágono para la región, Frank Mora, hijo de exiliados cubanos, ya no dijo que la devolución del material incautado debe ser inmediata, sino "lo más pronto posible". Esta fórmula tan laxa admite su cumplimiento dentro de dos días, de dos meses o de dos años. Ni la Argentina se apurará a enviarlo de vuelta ni el gobierno de Barack Obama pedirá disculpas, aunque la nota entregada por el Departamento de Estado incluye al menos algunas de las explicaciones que hasta ese momento Estados Unidos no había dado. Ninguno de los dos gobiernos tiene una actitud hostil ni se propone escalar un conflicto que refleja distintas concepciones culturales. Estados Unidos cumple su destino manifiesto de actuar como policía del mundo y se asombra cuando alguien pide documentos a sus hombres, les revisa el equipaje y aplica sus propias leyes. Pero afirmaciones como las del presidente venezolano Hugo Chávez de que Estados Unidos hará "todo lo posible para que Cristina no siga al frente del gobierno" no reflejan la línea oficial argentina.
[Horacio Verbitsky] Argentina. En 2004 pude debatir en el programa de televisión Oppenheimer presenta, que se transmite desde Miami para toda América Latina, con quienes eran jefe del Comando Sur y viceministro del Pentágono para América Latina, el general James T. Hill y Roger Pardo Maurer. Ambos agitaron el fantasma del populismo radical en América Latina e intentaron confundirlo con el terrorismo, el narcotráfico, la criminalidad organizada, el lavado de dinero y las pandillas urbanas, que "amenazan la seguridad de los Estados Unidos". Les pregunté qué estaba haciendo el Ejército de Estados Unidos dentro de Estados Unidos frente a esos problemas. Pardo Maurer enfureció. Dijo que era una pregunta tendenciosa, porque Estados Unidos tenía "un sistema legal muy establecido, en el cual hay tareas explícitas para las Fuerzas Armadas, muy definidas para la policía, muy esclarecidas, con sistemas de mando, de control, de responsabilidad política". Pero que en muchos países de Latinoamérica "existe una confusión total. Nadie sabe cuál es el papel del juez, el de la policía, el de las Fuerzas Armadas". Objeté que la única confusión surge de la presión del Comando Sur para que nuestros militares participen en tareas de seguridad interior y el entrenamiento que están brindando militares norteamericanos a policías de América Latina. También estaba presente Joy Olson, de WOLA, quien aseveró que el Comando Sur intentaba borronear la línea entre asuntos militares y policiales. "Hasta usamos las fuerzas militares especiales para entrenar policías civiles en América Latina. En el último año el Comando Sur ha hablado mucho de las pandillas en América Central, lo cual quiere decir que se reserva un papel. Estoy de acuerdo en que es un problema muy serio, pero es un problema social. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no deben promover en otros países roles que son ilegales aquí", dijo con sagacidad que los años transcurridos confirmaron. Hill terminó con una pregunta. "Si usted tiene unas Fuerzas Armadas de 100.000 hombres y sólo 15.000 policías pero la mayor amenaza es el crimen urbano, ¿necesita 100.000 militares o 75.000 policías? Como no puede mantener a ambos yo sugiero tomar algunos de esos militares y reentrenarlos para ser policías. Si la clave es la pobreza, como yo creo, los gobiernos no pueden continuar teniendo las Fuerzas Armadas y la policía actuales. Necesitan más policía". Más allá de la idea de que a la pobreza se responde con policía, la realidad argentina lo refuta: las Fuerzas Armadas tienen poco más de 50.000 efectivos, cuatro veces menos que las distintas fuerzas policiales y de seguridad, sin contar las privadas. Pese a ello los ecos de sus palabras se sienten siete años después en el Cono Sur, cuando los ex tupamaros José Mujica y Luis Rosadilla, presidente y ministro de Defensa del Uruguay, anuncian que mil militares pasarán a la policía. Su pretensión de que es posible quitarle a un hombre el uniforme verde, colocarle el uniforme azul y lanzarlo a la calle en una nueva función, omite que militares y policías participan de dos formaciones, culturas y misiones distintas, cosa que los norteamericanos tienen bien presente puertas adentro. Las consignas del Comando Sur también resuenan en los planteos del ministro de Seguridad bonaerense, alcaide mayor penitenciaro Ricardo Casal, a quien cada día le resulta más difícil distinguir entre los trabajadores cuentapropistas cartoneros del Gran Buenos Aires y la criminalidad organizada. El célebre psicólogo estadounidense Abraham Maslow sostenía que cuando la única herramienta que uno tiene es un martillo, tiende a ver cada problema como un clavo. El encadenamiento de irracionalidades lleva a que Casal, acosado por los asesinatos alevosos de pibes de las villas y los barrios, consecuencia de su política, arroje lastre y, a cambio de su permanencia, entregue a la cúpula policial, concentrando poder en una facción interna en detrimento de otra, lo cual no robustece el control civil sino el autogobierno policial.
[José Maggi] Argentina. El jefe de Destacamento de Inteligencia 121 durante el primer período de la dictadura militar fue citado a declarar por la justicia federal en el marco de la ex Causa Feced. Se trata de Alfredo Sotera, oficial superior del Ejército Argentino y Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario desde el 6 de diciembre de 1975 hasta el 15 de diciembre de 1976. Sotera es el autor de uno de los informes secretos del Ejército donde se señalaban los objetivos y la suerte corrida por los mismos. El documento fue entregado por otro miembro del espionaje militar, Adolfo Salzman, en la Causa Guerrieri. Se comienza a enmendar así un espacio de impunidad al avanzar sobre los responsables de la inteligencia en la implementación del plan sistemático de represión ilegal en esta región zona.
Argentina. Era plena tarde del viernes, en el barrio Santa Marta de la ciudad de Santa Fe, cuando el personal de la comisaría séptima llegó al taller de chapa y pintura de Ex Combatientes de Malvinas 6421. Allí pudieron encontrar a Micaela, de 15 años, desaparecida el 14 de febrero. Pero no fue tan fácil llegar hasta ella, porque el dueño del lugar, David Slaminsky, de 58 años, se resistió a la presencia policial. La policía revisó y en el fondo del comercio encontró dos habitaciones, donde había otras dos niñas, Micaela y Débora, las dos de 13 años. Con intervención del juez de instrucción Jorge Pegassano, el dueño de casa quedó detenido y le iniciaron actuaciones por privación ilegítima de la libertad y corrupción de menores. El caso se encuadra en el delito de trata de personas. Las más pequeñas habían sido captadas en uno de los barrios más pobres de Santa Fe, San Agustín, y permanecían en las habitaciones camufladas detrás del comercio, a la espera de los clientes.