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condenan a chacal de la dina


Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), otra vez fue sentenciado por la Corte Suprema por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Santiago, Chile. El general ( r ) fue sancionado con 5 años y un día de presidio -sin beneficios- por el secuestro calificado de Sergio Riffo Ramos que llevó a cabo en conjunto con Marcelo Moren Brito, Pedro Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchentko en febrero de 1974.
Contreras y Moren Brito además tendrán que cancelar la suma de 20 millones de pesos a la querellante Blanca Ramos Aranda por daño moral.
Los ministros en visita que votaron en forma unánime en este caso fueron Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller.
La Corte Suprema además sentenció a Aquiles González Cortés y a Claudia Sanhueza Sanhueza por el homicidio de Fernando Iribarren González ocurrido el 7 de febrero de 1983 en Santiago. Las condenas son de 5 años de presidio con el beneficio de libertad vigilada. El fallo se acogió con la oposición de los ministros Nibaldo Seguea y Rubén Ballesteros.
22 de diciembre de 2010
©la nación
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políticos quieren más represión


columna de lísperguer
Diputados endurecen penas y régimen de cumplimiento de delitos contra policías.

Es derechamente inverosímil que en momentos en que la ciudadanía descubre con creciente horror los espantosos abusos a que someten carabineros y detectives a los detenidos, que incluyen torturas físicas y psicológicas, amenazas de muerte y simulacros de ejecución, robos, allanamientos ilegales, destrucción de enseres e incluso asaltos a mano armada y narcotráfico en una seguidilla de casos que no son más que la punta del iceberg, los diputados se reúnan para aprobar una ley que "crea nuevas figuras penales para otorgar protección a las policías, facilita la persecución de los delitos en contra de los funcionarios policiales y endurece el régimen de cumplimiento de penas para los autores de estos delitos". El reciente proyecto solo destaca una vez más la completa ilegitimidad de una clase política que se elige a sí misma y la urgente necesidad de terminar con este sistema político y recuperar la democracia para Chile.

lísperguer

diputados condenan a farc


Cámara de Diputados declara a las FARC como "organización terrorista". Diputados manejan cifras absurdas y un razonamiento más torcido que culebra.
Valparaíso, Chile. Con 39 votos a favor y 2 en contra la Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Acuerdo que declara a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una "organización terrorista" y expresa su repudio a los nexos que ella tenga con partidos o grupos sociales de cualquier naturaleza que existan en nuestro país.
El Proyecto de Acuerdo 187 fue presentado por los diputados Mónica Zalaquett (UDI), José Manuel Edwards (RN), Pedro Browne (RN), Leopoldo Pérez (RN) y Alejandro Santana (RN) y, junto con hacer llegar al gobierno de Colombia su respaldo en los esfuerzos por mantener el orden constitucional y democrático en ese país, le desea además pleno éxito en la erradicación del terrorismo organizado.
"Las FARC han sembrado el terror en Colombia durante décadas, asesinando, secuestrando y violentando a personas y comunidades enteras. Sólo en 2009 se calcula que las FARC asesinaron a cerca de 17 mil personas y, en los últimos 10 años, ha secuestrado a más de 300 personas, privándolas de sus derechos más esenciales", sostiene el Proyecfo de Acuerdo.
Los patrocinantes enfatizan además que "el método central de las FARC es el terror, una realidad que ha impulsado a 33 estados a declararlas como una organización terrorista". Esto, agregan, conduce a que "Chile no quede al margen de esta grave situación que traspasa fronteras y atenta contra la dignidad y la seguridad de América Latina, como comunidad regional".
La iniciativa de los parlamentarios de la Alianza surgió luego que la Fiscalía colombiana -en junio de este año- enviara un dossier a su par chilena donde supuestamente se confirmaba la presencia de activistas de la Araucanía en campamentos de la guerrilla colombiana, lo que llevó a la detención y solicitud de extradición del chileno Manuel Olate.
Por esta razón, los diputados hicieron un llamado a sus pares a "no cerrar los ojos frente a la amenaza que constituye esta organización para nuestro país".
En su argumentación,los autores de la iniciativa precisaron que "tanto nuestra Constitución Política, como los tratados internacionales que hemos ratificado, así como organizaciones de derechos humanos -como Human Rights Watch y Amnistía Internacional- han reconocido explícitamente que las FARC se fundan en la violación de los derechos humanos y en la violencia contra civiles".
"En el futuro, quienes participaren con las FARC lo tendrán que pensar dos veces, ya que dicha organización será considerada como lisa y llanamente terrorista", finalizaron.
22 de diciembre de 2010
21 de diciembre de 2010
©diario de la cámara
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la obsesión contra los perros


Ante la inminencia de la aprobación en Chile de una ley que prohíba el asesinato de perros, los defensores de la muerte no cejan en sus intentos de implantar el terror. El siguiente texto responde a la infame campaña lanzada por un profesor de la Universidad Católica.]
En una carta enviada a algunos de los senadores de la Comisión de Salud, un señor Bonacic defiende furiosamente el exterminio de los perros que sean hallados en las calles, pero sin ofrecer razones válidas ni fundamentos para esta medida. Bonacic refiere en primer lugar a la organización PETA, la que promueve y practica activamente el retiro y asesinato de los perros en situación de calle. Pese a los desmentidos de algunos de sus seguidores, este grupo ha tenido encuentros con la justicia de su país por matanzas ilegales1 y por engañar al público que deja a su cuidado sus mascotas con la esperanza de encontrarles nuevos hogares adoptivos, para terminar sacrificadas por sus funcionarios apenas los tutores les dan la espalda. Se trata de una organización de corte criminal, que explota la buena fe de unos, y la lascivia de otros muchos, pues basa sus campañas en la exhibición de actrices pornográficas y modelos en tetas. No creo que esta organización merezca respeto alguno -no por el oficio de muchas de sus partidarias, sino por la flagrante inmoralidad de su postura.

La descripción de la situación de los perros en situación de calle que hace el señor Bonacic es completamente falsa, y no ofrece ni cifras ni estudios que avalen sus escandalosas afirmaciones. Los perros en las calles, llamados vagos o abandonados, son en su gran mayoría perros extraviados, y la inmensa mayoría de ellos son cuidados por madrinas y padrinos que los vacunan, alimentan y cuidan. Recuérdese, como ejemplo, la matanza (por razones de ornato) de los perros de la Plaza de Constitución cuando asumió la señora Bachelet en 2006. Todos los perros retirados, que fueron sacrificados, a excepción de los que pudieron ser protegidos y escondidos por vecinos del barrio y carabineros del sector, gozaban de buena salud y tenían todos sus tarjetas médicas al día. Esta situación se repite también en los barrios.

En realidad, es excepcional, aunque no infrecuente, encontrar perros callejeros en mal estado, y es muy raro que alguno de estos no sean auxiliados por madrinas o padrinos. Evidentemente, a veces llegan tarde. Aun así, los perros en malas condiciones sanitarias son muchas veces recuperables, y encontrarlos enfermos no es un argumento a favor de su asesinato. Al contrario, lo imperativo es socorrerles, proporcionarles ayuda médica y asistirlos mientras se les busca una familia adoptiva. Esto es lo que hacen miles y miles de ciudadanos en todo el país todos los días del año.

Los perros en situación de calle necesitan familias humanas adoptivas, evidentemente. Por lo mismo, de esta constatación no puede colegirse que deban ser eliminados. La conclusión es arbitraria. No sé si la referencia a la RSPCA de Australia tenga algún valor. Esta es una de esas protectoras que fomenta la venta de pavos navideños, los que evidentemente deben ser primero criados y sacrificados antes de ser ofrecidos para consumo humano. No se puede pretender que esta es una organización dedicada a la protección animal. Tampoco lo son las numerosas perreras en Estados Unidos, que retiran perros y gatos de la calle para sacrificarlos y vender sus cadáveres a plantas de alimentos para mascotas (véase las valiosas contribuciones de Susan Thixton, Ann Martin, Gabriela Romer).

Que esta protectora u otras fomenten el sacrificio de mascotas sanas solo porque no encontraron familias adoptivas o porque no se les hizo espacio en los caniles, no quiere decir nada. No es una opción ética. No es razonable tomar en serio a organizaciones o personas que, por ejemplo, piden dar un buen trato y una buena muerte a los animales de granja, pero solo guiados por la creencia de que si los animales son tratados bien y se les provoca una muerte indolora o si no se enteran de su fin inminente (un objetivo por lo demás imposible de alcanzar), su carne sabrá mejor. Estas organizaciones tienen intereses creados en el culto de la muerte. Invitarlos a opinar sobre la situación de los animales es tan insensato como pedir a un verdugo su opinión sobre la pena de muerte. Los veterinarios que engordan sus bolsillos con servicios de eutanasia seguramente serán firmes partidarios de la muerte, la que encubrirán con hipócritas consideraciones humanitaristas. Y quizás, como en el caso de Estados Unidos, haya algún negocio turbio en el fomento del sacrificio. En Estados Unidos, los fabricantes de pellet son ávidos compradores de cadáveres.

Como quiera que sea, hay cada vez más protectoras que están adoptando los principios del movimiento Sacrificio Cero (No Kill, en inglés), que rechaza el asesinato de mascotas y promueve la adopción, la esterilización y la tenencia responsable como solución al descontrol de la población canina.

Hay párrafos y frases del alegato de Bonacic, que son derechamente irracionales y sólo reflejan un estado mental perturbado. Primero argumenta que es cruel que los perros mueran atropellados o abandonados, pero que los perros cometen también crueles asesinatos cuando atacan a otras especies protegidas por la ley. Aparentemente, los señores perros no son muy buenos lectores y no se han enterado todavía de que toda ley que publica el Diario Oficial tiene carácter legal y debe ser acatada. Quizás su destreza a la hora de ladrar y levantar su pata contra el movimiento animalista, pueda ayudarnos a establecer relaciones diplomáticas con los perros anarquistas.

La cifra de las personas mordidas al año provienen de José Segura, jefe del Departamento de Zoonosis de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que las ofreció a la prensa en la primera semana de noviembre. Según sus cifras, en 2009 hubo 25 mil ataques de perros en todo el país, 18 mil de estos en la Región Metropolitana. Segura informa que la inmensa mayoría de los ataques ocurren "o dentro de los domicilios o cerca de éstos", que "en general los perros no son agresivos", que es "muy raro que ataquen a transeúntes" y que solo el uno por ciento de los ataques o mordeduras terminan con una intervención quirúrgica.

La constatación del jefe de Zoonosis no provoca ninguna reflexión en Bonacic. Que los ataques ocurran en los domicilios y en las inmediaciones de estos solo pueden significar que se trata de perros de casa o guardianes o con funciones de guardianes y que, evidentemente, ha habido algún problema con el adiestramiento. Usualmente los perros (con dueño) atacan cuando creen invadido su territorio. Poner en duda las cifras y reflexiones de Segura porque "los perros en la calle sin dueño no son habidos en una denuncia" es francamente estúpido. Las cifras sobre ataques y mordeduras provienen de dos fuentes principales: los partes médicos y los partes policiales. Que los perros autores de los ataques sean habidos o no, no implica que no se sepa quiénes han sido los autores de los ataques. El razonamiento es absurdo e irracional. Y si los perros fuesen habidos, seguramente correspondería también interrogarlos, ¿no? Pues tampoco su captura serviría para probar nada.

Que las mordeduras y ataques dejan secuelas físicas y psicológicas de por vida es algo que sabemos todos, pero el autor no ofrece ninguna solución racional, excepto matar a los perros de la calle, que son justamente los que menos daños provocan y los que menos peligro representan. ¿Por qué se niega a admitir lo que sabe todo el mundo, que los autores de ataques que causan daño permanente o incluso la muerte son perros con dueño? Esto lo muestran todas las estadísticas disponibles y la solución, evidentemente, no es matar a los perros que no tienen nada que ver, sino obligar a los dueños a dejar al adiestramiento de sus perros de guardia en manos de profesionales, que pueden adiestrarlos para que en su defensa del territorio no ataquen de modo tal a los intrusos que terminen con su muerte. Aun si se tratase de perros sin funciones de guardia, siempre convendría que al momento de adoptar una mascota, la familia adoptiva consultase con algún experto o se informase sobre el mejor modo de fundar una relación con ella.

Entretanto, la hipocresía y doblez de Bonacic son más que evidentes, pues pretende primero que los perros de la calle sufren y andan todos enfermos y hambrientos y que sería piadoso asesinarlos, y luego llama a preocuparse más de las víctimas de los ataques (de perros de casa o guardianes o de razas peligrosas), y de las especies protegidas, en un simulacro de alegato que más parece la descarga de odio de un beodo.2

Su mención de que un señor de apellido Copano también es partidario del asesinato de perros es tan patético e irrelevante como su recurso a las señoras de PETA. La encuesta de opinión de Radio Cooperativa, en la que aparece que un 78,7% de los encuestados favorece el sacrificio de mascotas, no tiene el menor valor científico y, como declara él mismo, solo gira sobre los perros que hubiesen atacado a personas.

Es de esperar que los senadores no presten atención a este panfleto tendencioso, incoherente y estéril. Considero un misterio que este señor, un reluciente dechado de ignorancia y mediocridad, esté encargado de la formación de futuros profesionales. Es incomprensible. Inadmisible. Aberrante.

Notas
1 Funcionarios de PETA fueron procesados en 2005 por matanzas ilegales y disposición ilegal de cadáveres. La historia es escalofriante. Los empleados de PETA fueron arrestados después de ser investigados durante varios meses por la policía. Se les acusó de engañar al público ofreciendo buscar hogares adoptivos, cuando en realidad eran inmediatamente sacrificados. Retiraban perros de un canil del condado de Bertie, Virginia, pretendiendo que les buscarían hogares adoptivos en Norfolk, pero en realidad los sacrificaban apenas recogidos. Los dos empleados fueron detenidos cuando arrojaban bolsas con decenas de cadáveres de perros en un contenedor público. La fundadora de PETA, Ingrid Newkirk, defendió a sus empleados diciendo que los animales no habían sufrido al ser sacrificados. Reconoció que su organización se dedica a matar mascotas, y dijo que el único error de sus empleados era haber arrojado los cadáveres a un contenedor público. Sin embargo, la investigación policial confirmó que los empleados de PETA decían en los refugios donde recogían las mascotas, que su intención era buscarles hogares adoptivos. "Nunca hemos ocultado", dijo Newkirk, "que la mayor parte de los animales que recogemos son sacrificados".

Pese a que habitualmente los funcionarios de PETA aseguran que solo sacrifican a animales enfermos o gravemente heridos, la verdad es que la inmensa mayoría de los animales que recogen son sanos y su eliminación no obedece a ningún criterio ético. PETA nunca ha ocultado que un principio básico de su filosofía es matar animales, llevada por la creencia de que en este mundo están mejor muertos que vivos -un aberrante razonamiento muy cercano a la filosofía nazi sobre los minusválidos. Aunque sus funcionarios recogen animales, o aceptan animales con la pretensión de buscarles un nuevo hogar, la verdad se encuentra en las cifras recopiladas por el Departamento de Agricultura de Virginia: aunque en años pasados la organización llegó a poner en adopción a cientos de mascotas (703 en 2001, un 26,18%), la búsqueda de nuevos hogares ha sido reducida a niveles escandalosos: en 2006 encontró hogar para solo 12 de 3061 mascotas recibidas; en 2007 para 17 de 1997; en 2008 para 7 de 2216; y en 2009 para 8 de 2366. En 2009, la tasa de sacrificio llegó al 97,3%. Desde 1998, PETA ha asesinado a 23.640 animales de compañía.
PETA pretende que en Estados Unidos no hay interés en la adopción de animales, lo que es una falsedad tan grande como una montaña. Hay muchas organizaciones pequeñas, y ciertamente sin los más de 30 millones de dólares del presupuesto de PETA, que encuentran hogares de adopción para cientos y miles de mascotas. PETA dice que nadie quiso adoptar más que ocho animales en 2009. La organización EDRA (Equipo de Defensa y Rescate Animal), de Santiago, entre mayo y diciembre de 2009 encontró hogares adoptivos para 350 perros. Igualmente entre octubre de 2009 y hoy, el Centro de Rescate Canino de Ñuñoa, que implementa una activa política de adopciones, ha logrado encontrar hogares adoptivos para más de 500 animales y ciertamente sin los recursos de PETA.

Frecuentemente los defensores de PETA argumentan que quienes atacan la organización son partidarios o agentes de la industria peletera. Aunque es verdad que los peleteros ciertamente tienen intereses creados en el desprestigio de la organización, las cifras sobre el sacrifico en los caniles de PETA provienen del Departamento de Agricultura del estado de Virginia y son absolutamente fiables. Que los peleteros utilicen estas cifras no implica que sean falsas.

La propia fundadora nunca ha ocultado que su intención es eliminar mascotas. Antes de fundar la organización, en los años setenta Newkirk trabajaba en perreras como recogedora de perros (o perrera; dogcatcher) y eliminadora de perros (dogkiller) y ha llegado incluso a jactarse de la cantidad de animales que ha asesinado con sus propias manos. Para eludir las prácticas inhumanas de sus colegas, que mataban a los animales de las formas más crueles, Newkirk cuenta que se levantaba temprano "para llegar allá [a la perrera] antes que nadie y mataba a los animales yo misma, porque no podía soportar que los mataran de esa manera [algunos colegas los metían vivos en congeladores]. Maté a miles de mascotas, a veces varias docenas al día".

Newkirk cree que matar es bueno y que la muerte es una liberación del sufrimiento. Hasta tal punto llega su culto de la muerte que en algunas ocasiones ha dirigido a sus funcionarios para rescatar animales solo para matarlos ella misma en su cuartel en Virginia. En 1991 PETA sacrificó a los dieciocho conejos que había rescatado de un laboratorio. Ciertamente les salvó de una muerte cruel a manos de humanos que aspiran a convertirse en algo que llaman académicos, pero ¿no habría sido más humano haberles buscado hogares adoptivos?

¿Qué mérito se podría reconocer, por lo demás, a una organización que ha premiado a una notoria diseñadora de mataderos?
Pese a todo, la organización cuenta con un incomprensible prestigio. Muchos encuentran en estas causas torcidas la oportunidad de concluir sus ritos de pasaje, donde las ganas de mostrarse al mundo se combinan maravillosamente con la ansiedad de sátiros de todo pelaje. Esta organización se está introduciendo en el mundo hispano, y recientemente en Chile a través de grupos subalternos como Anima Naturalis. Es imperativo salirles al paso. Su presencia fortalecerá el campo de los enemigos de la vida.

2 En otro lugar, sostiene que "la ley de tenencia responsable no es acerca del bienestar de los perros y mascotas sino que de la protección de las personas que son víctimas de mordeduras", una idea absurda. La ley de protección animal 291 bis castiga a quien "cometiere actos de maltrato o crueldad con animales". En el incoherente raciocinio de Bonacic, deberíamos entender que la ley debiese condenar a los perros que cometieran actos de crueldad contra humanos. Vaya con el docto en filosofía.

condenan a dieciséis represores


Dieciséis represores fueron declarados culpables y uno fue absuelto en el juicio por los crímenes de los centros clandestinos Atlético, El Banco y El Olimpo. Hubo doce cadenas perpetuas y cuatro represores recibieron 25 años. El juicio abarcó a 183 víctimas.
[Alejandra Dandan] Argentina. Era uno de los dioses del Olimpo. Uno de los torturadores más feroces y una de las figuras más emblemáticas del terrorismo de Estado. Mientras Jorge Alberto Tassara le leía letra por letra la sentencia que las víctimas y sus familiares esperaron durante más de treinta años, se levantó de la silla para salir de la sala porque justo en ese momento necesitaba ir al baño. Poco después, con un cuarto intermedio mediante y mientras escondía la cara revolcándose en la silla el presidente del Tribunal Oral Federal 2 terminaba con la lectura de los cargos: Julio Simón alias El Turco Julián recibió una condena a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua como autor de cinco homicidios calificados por alevosía en concurso con privación ilegal de la libertad y tormentos; por 74 hechos de privación ilegal y tormentos agravados y 89 delitos de tormentos y privación ilegal con el agravante de que las víctimas permanecieron más de un mes prisioneras. Hubo un único y efusivo aplauso en la sala durante las dos horas de lectura del veredicto: fue en ese momento.
La histórica sentencia por los crímenes del circuito integrando por los centros clandestinos del Banco-Atlético-Olimpo finalmente llegó. A las siete de la tarde, el presidente del TOF 2 leyó las condenas para 16 de los 17 represores acusados en el marco –como especificó– de delitos de lesa humanidad por 183 casos. Detrás del Turco Julián recibieron la máxima condena otros once represores, entre ellos, el apropiador Samuel Miara y el policía Oscar Augusto Rolón que entró en la sala con las manos en alto, saludando con entusiasmo a sus familiares y a la parentela de otros acusados que tiraban besos desde el piso de arriba. Otros cuatro represores fueron condenados a 25 años de prisión con inhabilitación absoluta perpetua, entre ellos Raúl Guglielminetti. Juan Carlos Falcón alias ‘Kung Fu’ quedó absuelto de cargos y se ordenó su libertad.
Después de la lectura del veredicto cuando finalmente acabó el juicio oral que empezó el 24 de noviembre del año pasado, entre las víctimas y testigos había una sensación de llegada, de haber alcanzado un piso de justicia. En la sala de audiencias se escuchó "presentes, ahora y siempre".
"Se hizo justicia", dijo para poner las cosas en su lugar y antes de cualquier otra cosa Ana María Careaga, una de las sobrevivientes del circuito y pilar en los avatares del juicio. "Son muchos los que fueron condenados a cadena perpetua, responsables de estos delitos aberrantes, pero también está la desazón porque nosotros tuvimos que padecer adentro a este represor con el seudónimo de Kung Fu, pero todo lo que hemos vivido se contradice con los parámetros de la justicia, que consideró que no es real que esta persona actuaba ahí."
Pese al pedido de la fiscalía encabezada por Alejandro Alagia que pidió para todos la acusación por el delito por genocidio, el TOF 2 dictó una sentencia que las querellas consideraron correcta técnicamente. El Tribunal optó por la fórmula de "crímenes de lesa humanidad" para situar y legitimar las condenas.
Para dictar las cadenas perpetuas el tribunal consideró probado el delito de homicidio agravado por alevosía. Ese delito se pudo incorporar en el trascurso del juicio oral porque cinco cuerpos de víctimas que habían pasado por los campos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2007.
En esa acusación entró el apropiador Samuel Miara que fue jefe de la guardia de los tres centros clandestinos, represor y acusado por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa. Como lo viene haciendo en las últimas audiencias, Mira siguió la audiencia a través de una pantalla conectada al hospital policial Churruca. El Tribunal lo condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por los homicidios. Además, lo condenaron por 58 hechos de privación ilegal de la libertad agravada y por tormentos y por otros 81 casos en los que a los agravantes se sumó la característica de haber mantenido a las víctimas durante más de un mes privadas de la libertad. Ese mismo tipo de cargos se repitió con la mayor parte de los represores.
El caso de Guglielminetti fue distinto. Recibió una pena menor de la que se esperaba. El Tribunal lo condenó a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor de tormentos en un caso; y partícipe secundario en 22 hechos de privación ilegal agravado y tormentos y como partícipe secundario en otros 46 donde la acción incluyó como agravante el secuestro de más de un mes de cautiverio. Las razones por las que el TOF 2 lo condenó de ese modo se conocerán el 22 de marzo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia. Las querellas y la fiscalía ayer hacían algunas hipótesis, entre ellas que el Tribunal evaluó al ex agente de inteligencia del Batallón 601 como alguien que no estaba asignado permanentemente al campo.
Otro de los que no recibió perpetua sino una condena a 25 años de prisión pero está acusado por los cinco homicidios es Ricardo Taddei. El represor fue extraditado desde España y según el convenio con ese país, Argentina se compromete a no condenar a perpetua.
Otro de los casos particulares fue el del teniente coronel (r) Enrique José del Pino jefe del Grupo de Tareas GT2, condenado a perpetua por los casos ya enumerados de homicidios y por los asesinatos de Carlos Fassano y Lucía Révora de De Pedro. Con del Pino fueron condenados por estos mismos crímenes a 25 años de prisión Carlos Alberto Teppedino –sobre quien el Tribunal ordenó la detención urgente– y Mario Gómez Arena.
La decisión de liberar a Falcón será apelada. Pese a eso, anoche entre los consultados por Página/12 se evaluaban algunas explicaciones. Una era que los jueces habían dado por válida una de las coartada del llamado "Kung Fu" adentro del centro que logró acreditar en el debate que durante ese período estaba asignado a la custodia personal de Albano Harguindeguy. Pese a eso, existen testigos que lo ubican dentro de los centros y quienes podrían argüir, como lo hacían anoche, si esa misma cercanía al ex ministro del Interior no lo habilitaba para participar de las torturas.
La condena dejó varias preguntas en el aire. Entre otras, por qué el tribunal no castigó con la pena máxima a las desapariciones aún sin la presencia de los cuerpos.
Ana María se levantaba de la silla contenta, buscando la salida donde se iban reuniendo una marea de militantes, sobrevivientes y familiares. Arriba, entre los familiares de los represores se escuchaban los vivas las patrias, aplausos y hasta algunas estrofas del Himno Nacional. Abajo, una madre de Plaza de Mayo ya muy anciana se abría paso con su pañuelo, y se atajaba contra el cuerpo de Ana María Careaga. "Finalmente hemos llegado", susurró.
22 de diciembre de 2010
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carabineros no deben portar armas


columna de lísperguer
En Argentina prohíben que policías porten armas de fuego para la contención de manifestaciones sociales.

Una excelente decisión, que debiésemos introducir acá. Es realmente impresentable que carabineros porten y utilicen armas de fuego para disolver manifestaciones sociales, y es igualmente impresentable que los altos mandos permitan que los agentes usen armas no institucionales. Se pone en peligro la vida de los manifestantes y la de los propios agentes (existen fundadas sospechas de que el cabo Vera fue asesinado por uno de sus colegas). Existen métodos más racionales y fríos para contener manifestaciones, que no ponen en riesgo la vida de nadie -como en algunos países asiáticos- y es preciso revisar los criterios según los cuales una manifestación debe ser contenida. Es también urgente instalar una cultura de respeto de los derechos humanos en la policía. Apesadumbra, no obstante, el silencio que guarda el gobierno y Carabineros sobre las salvajes torturas y vejámenes a que fueron sometidos dirigentes sindicales en Santiago.
lísperguer


refuerzan penas contra civiles


En momentos en que se descubren los sistemáticos abusos de carabineros contra civiles, incluyendo montajes, torturas, asaltos y narcotráfico, Cámara aprueba proyecto que refuerza las penas en delitos contra efectivos policiales. ¿Quién dijo que Chile se parecía al planeta de los simios?
Valparaíso, Chile. Con 80 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó en general la iniciativa legal, que establece normas especiales sobre publicidad y reserva de las actuaciones procesales tratándose de ciertos delitos y refuerza las sanciones en materia de delitos contra los miembros de las policías.
La iniciativa legal (boletín 7217) se originó en un mensaje del Ejecutivo que busca establecer normas especiales sobre publicidad y reserva en las causas que serán traspasadas desde la justicia militar a la civil y, por otra parte, hacer más estrictas las sanciones para los delitos cometidos en contra de las policías.
Este proyecto fue desglosado de la propuesta legal que presentó en su oportunidad el Gobierno para sustraer a los civiles de la jurisdicción militar, respondiendo a una de las demandas de comuneros mapuches procesados que se encontraban en huelga de hambre.
En las Comisiones Unidas de Constitución y de Defensa se desglosó dicha iniciativa y se tramitó sólo lo relativo a la delimitación de la competencia castrense -texto ya despachado por el Congreso Nacional y pronto a su promulgación-, dejando pendiente las normas sobre reserva y confidencialidad en la investigación de ciertos delitos militares cometidos por civiles y las que dicen relación con el reforzamiento de las sanciones a los ilícitos cometidos en contra de las policías.
El fundamento de ello es que algunos delitos militares cometidos por civiles que se entregarán al conocimiento de la justicia penal ordinaria, significaría ventilar materias que podrían afectar la seguridad nacional, por lo que se decidió legislar para preservar la reserva de la información.
A ese respecto, el proyecto establece ciertas causales específicas de reserva o secreto que fundamentan las restricciones de información, conocimiento o publicidad en el proceso penal. En ese contexto se regula el requerimiento de información de antecedentes secretos o reservados; el registro especial para antecedentes o documentos secretos; la custodia y conservación de especies de igual naturaleza; la entrada y registro en recintos militares en que existan antecedentes reservados; la incautación de objetos, documentos y correspondencia; la restricción de la publicidad de la audiencia en el juicio oral, y la lectura o exhibición de documentos, objetos y otros medios, todo ello con el debido control judicial.
La iniciativa deroga, asimismo, el delito de desacato en el Código de Justicia Militar, siguiendo con ello la tendencia nacional e internacional a suprimir el delito de ofensas a la autoridad, entre las que se encuentran las militares y las policiales, por contravenir el derecho a la libertad de expresión. Sin perjuicio de ello se mantienen figuras calificadas de amenazas en contra de las Fuerzas Armadas y de Orden.
El proyecto consagra además un Estatuto de Protección de las Policías, reuniendo en un solo texto las diversas normas relacionadas. En ese plano, crea nuevas figuras penales para otorgar protección a las policías, facilita la persecución de los delitos en contra de los funcionarios policiales y endurece el régimen de cumplimiento de penas para los autores de estos delitos.
En el debate en la Sala, parlamentarios de gobierno valoraron la iniciativa planteando que el paso de miles de causas de la justicia militar a la civil obliga a tomar resguardos para que en el proceso penal ordinario no se difundan cuestiones sensibles para la seguridad nacional, a la vez que defendieron la necesidad de reforzar la protección legal de los policías cuando son objeto de agresiones y amenazas en el ejercicio de su labor.
Parlamentarios opositores, en cambio, expresaron algunas dudas sobre la materia opinando que no es necesario un reforzamiento de la protección legal a los efectivos policiales porque ello inhibiría la libertad de las personas para manifestarse y movilizarse sin exponerse a ser reprimidas. Celebraron además el traspaso de causas de la jurisdicción militar a la civil y destacaron las ventajas de mayores garantías y transparencia que ello con llevará.
La iniciativa legal quedó pendiente de despacho debido a que en una próxima sesión deberá votarse un artículo que registró dos empates sucesivos.
22 de diciembre de 2010
21 de diciembre de 2010
©diario de la cámara
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obama tortura al soldado manning


El joven militar que habría filtrado los archivos de EUA. Desde hace siete meses, el soldado está preso en una cárcel de máxima seguridad: no puede dormir con almohadas ni sábanas, no puede hablar con otros presos y está bajo una estricta vigilancia de los guardias.
[Kim Sengupta] Estados Unidos. Las duras condiciones de detención soportadas por Bradley Manning se han conocido. Manning es el soldado estadounidense que supuestamente le suministró documentos clasificados del gobierno a Wikileaks y fue detenido en mayo, acusado de filtrar un video sobre Irak. Durante los últimos siete meses, Manning –de 23 años– ha estado encerrado en una celda de 1,80 metro de ancho y 3,60 de largo, en confinamiento solitario en una prisión de máxima seguridad en Quantico, Virginia.
El teniente coronel David Coombes, su abogado defensor, señaló que su cliente, que se enfrenta a una sentencia de 52 años si es condenado, todavía está siendo mantenido bajo las condiciones de "vigilancia para prevenir daño" usada generalmente para aquellos que puedan estar en riesgo de autodañarse.
Los amigos de Manning dicen que esto se ha convertido en un medio por parte de las autoridades para presionarlo para que dé evidencia contra Julian Assange, el fundador de Wikileaks.
Un día típico para Manning comienza cuando es despertado a las 5 de la mañana en la celda, que tiene un lavatorio y un inodoro. Luego se le permite ponerse la ropa, que debió entregar al ir a la cama la noche anterior. Bajo las reglas, a Manning no se le permite dormir en ningún momento entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche; si lo hace, los guardias lo obligan a sentarse o pararse. Le está permitido hacer una hora de ejercicios al día, pero no al aire libre sino en una habitación vacía, donde puede caminar haciendo figuras de ochos. Cualquier intento de mantenerse ocupado, por ejemplo, haciendo abdominales o lagartijas, le está vedado.
No se le permite relacionarse con los otros internos y nunca los ha visto, aunque ocasionalmente escucha sus voces. Se le permite mirar los canales locales de televisión hasta tres horas durante los días de semana y un poco más durante los fines de semana. Pero no tiene acceso a más cobertura de noticias. Se le permite un libro y una revista por vez, de la lista aprobada de 15, y se le permiten visitas aprobadas en tiempos fijados de antemano. El teniente Coobes dijo que los guardias en todo momento se han comportado correctamente con Manning. Pero, bajo las reglas, sus conversaciones con él deben ser mínimas.
Los guardias deben chequear cada cinco minutos que Manning esté bien, y él debe confirmar verbalmente que lo está. Los mismos chequeos continúan durante la noche y si los uniformados no pueden ver a Manning porque se ha tapado la cabeza con una frazada (se le permiten frazadas, pero no sábanas ni almohadas), entonces lo deben despertar.
Cuando Assange fue liberado bajo fianza la semana pasada, esperando la extradición a Suecia para responder a acusaciones sobre abuso sexual, prometió continuar filtrando documentos clasificados en Wikileaks.
[De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12. Traducción de Celita Doyhambéhère.]
22 de diciembre de 2010
21 de diciembre de 2010
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