recuerdan a desaparecidos

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Parque Los Andes recuerda a sus desaparecidos. Cuatro baldosones rojos homenajean desde hoy, en Corrientes y Dorrego, a María "Nicky" Beretta y Graciela Beretta, secuestradas el 28 de diciembre de 1976, a Roberto "Roby" Grunbaum, capturado el 16 de junio de 1977, y a Carlos Squeri, desaparecido desde el 11 de octubre de 1978.

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Argentina. Los cuatro militaban en la agrupación Las Vías, alineada en el peronismo revolucionario, y fueron homenajeados por numerosas organizaciones políticas y sociales de la Comuna 15. La agrupación tomó ese nombre porque se reunía en un local en Vera y Fitz Roy, contra las vías del ferrocarril San Martín, en el barrio de Chacarita. Desde ese local, "que se abrió entre los años 72 y 73, sobre el fin de la dictadura de Lanusse (de 1966-73), participamos en campañas de vacunación y de alfabetización", recordó la legisladora María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular), compañera de militancia de los homenajeados.
Cuando los secuestraron, Squeri tenía 24 años y María Beretta, 22. Trabajaban junto con Nadeo en la Parroquia Resurrección del Señor, sobre la avenida Dorrego, a un centenar de metros de la esquina donde hoy se colocaron los baldosones. "Llegamos a Marx por el Evangelio", resumió la legisladora.
Graciela Beretta, tenía 27 años cuando la secuestraron. Era abogada y trabajaba como administrativa en la Obra Social del Ejército, donde no pasó desapercibido su fuerte compromiso social. De hecho, la detuvieron frente a su trabajo, en Cerrito y Viamonte. Roberto Grunbaum, quien tenía 28 años, era ingeniero y participó del Operativo Dorrego, aquel donde la Juventud Peronista hizo trabajo social junto con las Fuerzas Armadas, "porque teníamos la esperanza de cambiarles las ideas golpistas", recordó Nadeo.
Del acto participaron Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; los diputados de la ciudad Raúl Puy y Aníbal Ibarra; el militante social Salomón Filmus -padre del senador Daniel Filmus- y Graciela Muñiz, defensora Adjunta del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros.
Los organizadores del homenaje fueron la Comisión de la Memoria, Espacio Memoria y oganizaciones sociales y políticas de la Comuna 15: Frente Progresista y Popular; Asamblea Juan B. Justo y Corrientes; La Cámpora; Buenos Aires Para Todos; Red por Buenos Aires; LEPOS; Nueva Comuna; Asociación Amigos Parque los Andes; PSOL en Nuevo Encuentro; Partido Humanista; La 15 Territorio de Participación; Juventud FPP; Corriente Política 17 de Agosto y Grupo de Compañeros Militantes.
5 de noviembre de 2011
©página 12

la hora de la venganza

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El camino de la reconciliación en Libia está sembrado de obstáculos prácticamente insuperables.

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[Adam Nossiter] Trípoli, Libia. El presente y el futuro son suficientemente desalentadores para las tambaleantes autoridades libias, aunque también hay que considerar el tormentoso pasado de cuatro décadas de crímenes de estado cuyas heridas exigen atención.
Con asesinatos masivos, desapariciones y ejecuciones públicas, las víctimas del Tribunal Popular, de la Agencia de Seguridad Interior y del Tribunal de Seguridad Interior del régimen de Gadafi se cuentan en decenas de miles, afirman activistas de derechos humanos libios y extranjeros. ¿Cómo harán los libios para ajustar cuentas con el pasado?
Las autoridades provisionales están estudiando opciones para exponer el largo catálogo de asesinatos y torturas, buscando modelos en Sudáfrica, Europa y América Latina. Los motiva la convicción, dicen, de que no se puede construir un nuevo país a menos que se arroje luz sobre los rincones más oscuros del antiguo.
Los detalles están siendo estudiados, como muchas otras cosas en un país que parece estar saliendo de una larga pesadilla. Pero el ministro interino de Justicia, un veterano de las justas con el gobierno de Gadafi desde dentro y fuera, dijo que existía un plan tentativo: investigación, audiencias públicas y juicios, con una pesquisa que deberá extenderse a los primeros días de la conquista del poder por el coronel Gadafi en 1969.
"Estamos estudiando Chile, Argentina, Sudáfrica", dijo el ministro interino de Justicia, Mohammed al-Alagi, refiriéndose al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de ese país, que enfatiza el recabamiento de datos y la responsabilidad antes que el castigo.
Más importante, sugirió Alagi en una entrevista en el vacío y resonante Ministerio de Justicia, era imperativo que los libios confrontaran los crímenes de la era de Gadafi en un país donde no había medios independientes para denunciarlos.
Esa prioridad debería estar por encima del juicio y castigo, dijo Alagi, ex presidente del colegio de abogados local que tuvo una importante función en una fundación de derechos humanos durante la era de Gadafi, de acuerdo a Human Rights Watch.
Un experto en Libia sugirió, sin embargo, que Alagi había fomentado la causa de los derechos humanos con peligro para su vida. "Muchos abogados recurrían a Alagi cuando necesitaban ayuda", dijo la experta Heba Fatma Morayef, investigador de Human Rights Watch. "Corría riesgos para entregarme información".
Alagi dijo en una entrevista esta semana que se formaría una comisión de investigación para "mostrar a la opinión pública lo que había ocurrido, la realidad".
"Luego", dijo, "todos tendrán un juicio justo".
No entregó más detalles sobre la comisión, limitándose a decir que había sido propuesta en el borrador de un proyecto de ley que estaba estudiando el gobierno interino -el Consejo Nacional de Transición.
Por supuesto, sin instituciones, con un poder judicial que debe ser reformado completamente y con milicias paramilitares todavía armadas en todo el país, un ajuste de cuentas con el pasado no es algo que vaya a ocurrir hoy. Además, también han habido instancias de asesinatos por venganza. Sin embargo, existen algunos indicios de que cuando llegue el momento, no se hará la vista gorda con los crímenes de Gadafi: los libios están indignados, incluso si no conocen todos los detalles, y funcionarios como Alagi han demostrado que también están pensando en el asunto.
"Para reconstruir la sociedad, es necesario que la gente sepa toda la verdad", dijo Alagi. "No te puedes imaginar lo que ha sufrido la gente en los últimos 42 años. Violaban a las mujeres en presencia de sus padres y hermanos".
Pero se mostró cauto al afirmar que el énfasis no estaría puesto en la represalia,  un indicio de los persistentes vínculos entre el nuevo y el viejo orden y el hecho de que algunos políticos en el consejo de transición desempeñaron funciones en el gobierno de Gadafi. En realidad, sus palabras delataron un cierto reconocimiento de que casi todos jugaron algún papel en facilitar el fin del antiguo régimen y esa catarsis, y no el castigo, es lo que importa.
"Esto no es castigo, no es venganza", dijo el ministro de Justicia. "¿Quiénes son responsables de esas violaciones? La gente debería saberlo. Después de eso vendrán los juicios".
Alagi agregó: "Quizás promulguemos una ley para perdonarlos".
Sin embargo, un asistente sentado a la larga mesa de conferencias ofreció un rápido desmentido. "Excepto a los que asesinaron y violaron", dijo el asistente, Nureddin M. Ejledi, director del departamento jurídico y tratados del Ministerio de Asuntos Exteriores, queriendo decir que sólo aquellos con sangre en sus manos serían castigados, una norma de culpabilidad que ha sido utilizada en otros países en procesos de reconciliación entre el pasado y el presente.
Alagi dijo que un objetivo central de los fiscales deberían ser, en su opinión, las varias decenas de funcionarios del régimen de Gadafi responsables de las peores violaciones, algunos de los cuales -pero se negó a decir cuántos- ya estaban en prisión.
"Para nosotros lo más importante son las personas que dirigieron estos crímenes", dijo. "No son más de veinte a veinticinco funcionarios".
A menos de dos semanas desde el asesinato del coronel Gadafi a manos de paramilitares que lo encontraron en su ciudad natal, Sirte, el gobierno interino ha tenido muchos problemas urgentes a los que hacer frente. Pero los funcionarios reconocieron la necesidad de "instalar un poder judicial" para evitar la sed de venganza.
"Durante meses, le hemos estado diciendo a la gente que tengan piedad, que no recurran a la venganza", dijo Alagi.
Hay cierta impaciencia con esta posición. El consejo de transición no ha discutido "lo suficiente" sobre estos crímenes en el pasado, dijo Jalal el-Gallal, portavoz del consejo.
"No refleja el ánimo de la gente", dijo Gallal. "La gente ha sufrido durante mucho tiempo. La mayoría de la gente que apoyó al régimen anterior está todavía libre, lo que es un indicio de tolerancia". Pero sugirió que en las calles existía un deseo más urgente de venganza.
Sin embargo, el consejo de transición ha dado en los últimos días señales de que las décadas de delitos cometidos en el régimen de Gadafi no han sido olvidadas.
A la defensiva, emitió una lista de esos crímenes después de que organizaciones internacionales expresaran su preocupación por lo que parecía haber sido la ejecución sumaria del coronel Gadafi a manos de los paramilitares que lo capturaron. El consejo de transición definió al coronel como un "tirano" y dijo que era responsable de una masacre de oficiales en 1977, del colgamiento público de estudiantes universitarios, de otros colgamientos durante el Ramadán en 1984 y del asesinato de más de mil doscientos prisioneros, muchos de ellos presos políticos, en un solo día en la cárcel de Abu Salim en 1996. El mensaje del consejo al mundo parece claro: cualquier maltrato que haya recibido el coronel Gadafi desaparece en la nada en comparación con sus crímenes.
Al mismo tiempo, quizás como un presagio de cómo ajustarán cuentas con el pasado las nuevas autoridades, ha habido un titubeante intento de iniciar un nuevo tipo de transparencia oficial. El domingo, los ministros interinos se reunieron en un podio en una universidad islámica casi en las afueras de la ciudad para responder preguntas de periodistas, en árabe, y dar cuenta de cómo pensaban dirigir sus ministerios, cuánto dinero se había gastado de momento y qué planes tenían.
Pareció una clara instancia de transparencia y rendición de cuentas oficial. También estuvo allá Alagi, para prometer, parpadeando detrás de sus gruesas gafas, una "corte humanitaria para resguardar los derechos humanos", y anunciar que se perseguirá a los miembros del séquito del coronel Gadafi que se han refugiado en el extranjero.
"Quiero que el mundo, la comunidad internacional, vea esos juicios", dijo Alagi.
5 de noviembre de 2011
3 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

encarcelan y torturan a opositores

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Denuncian maltratos a ex gadafistas detenidos en Libia.

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Trípoli, Libia. Docenas de familiares de partidarios de Moamar Gadafi que están presos protestaron el jueves frente a una prisión de Trípoli, para denunciar que los detenidos eran maltratados por los ex combatientes que ahora se encargan de la cárcel.
Un funcionario libio, Mahmud Shamam, dijo que la mayoría de las prisiones están todavía en control de grupos semiautónomos de combatientes y no del gobierno interino.
Grupos defensores de los derechos humanos han reportado maltrato de detenidos en centros de detención manejados por ex rebeldes, y Shamam, ministro de información, admitió que existen "muchos problemas en las prisiones".
Agregó que las denuncias más recientes subrayan la necesidad de acelerar el período de transición en Libia, después de la caída del régimen de Gadafi y la captura y muerte del dictador el 20 de octubre.
Según la agenda actual, debe elegirse una asamblea nacional en menos de ocho meses, preparar una nueva constitución y convocar a elecciones.
Shamam opinó que la asamblea nacional podría escogerse en seis meses para abreviar el período de incertidumbre. "El tiempo vuela, y tenemos que movernos más rápidamente de lo que estamos haciendo", dijo Shamam a la Associated Press.
El ministro agregó que se trataba de su opinión personal.
El líder interino libio, Mustafá Abdul-Yalil, titular del Consejo Nacional de Transición, también ha manifestado esperanzas de una transición más rápida. "Quizás podemos acortar este período para que los libios puedan elegir rápidamente su congreso nacional", dijo el miércoles.
El jueves, los indignados familiares de ex leales a Gadafi protestaron frente a una prisión en el suburbio de Trajoura exigiendo que los detenidos fuesen liberados para el festival musulmán de Eid al-Adha, que comienza este fin de semana. Según una lista de nombres expuesta frente a la entrada, allí hay más de 1.000 detenidos.
5 de noviembre de 2011
3 de noviembre de 2011
©univisión

ai denuncia abusos en libia

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Detenciones arbitrarias, ausencia de juicios, torturas, caracterizan a la nueva Libia.

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Londres, Inglaterra. Amnistía Internacional (AI) pidió hoy al Consejo Nacional de Transición (CNT) de Libia que ponga fin a "la detención arbitraria" de personas y al "abuso de detenidos", a menudo combatientes del expresidente Muamar al Gadafi.
En un informe titulado ‘Los abusos de detenidos manchan la nueva Libia’, la organización pro derechos humanos revela que el maltrato de prisioneros, como soldados gadafistas, personas presuntamente leales al antiguo régimen o supuestos mercenarios del oeste del país, son frecuentes.
Según la ONG, se producen numerosos casos de tortura para obtener confesiones o como castigo.
"Existe el riesgo de que, sin medidas firmes, se repitan las pautas de comportamiento del pasado", dijo la portavoz de AI para Oriente Medio y Norte de África, Hassiba Hadj Sahraoui, quien añadió que "el arresto arbitrario y la tortura eran marcas del régimen del coronel Gafadi".
Sahraoui pidió al CNT que actúe con rapidez, pese a "los muchos desafíos que afronta", para "romper con el pasado" ya que, de otra manera, se transmitirá el mensaje de que "tratar a los prisioneros así se tolera en la nueva Libia".
Amnistía Internacional denuncia que la mayoría de los detenidos son apresados sin las pertinentes órdenes de la fiscalía y no bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, sino de autoridades locales o militares sin competencias al respecto.
Los africanos subsaharianos sospechosos de ser mercenarios -aunque muchos suelen ser inmigrantes económicos- constituyen entre un tercio y la mitad de los detenidos, si bien algunos son liberados al no hallarse pruebas de su participación en combates.
También son particularmente vulnerables los libios de raza negra, sobre todo de la región de Tawargha, que fue la base de las tropas gadafistas en su esfuerzo por tomar Misrata, afirma AI.
Amnistía Internacional también denuncia que algunos niños han sido recluidos junto a adultos y que mujeres detenidas son vigiladas por guardias varones.
AI pide al CNT que garantice que todas las detenciones practicadas vayan acompañadas de una orden de la fiscalía y que el Ministerio de Justicia supervise el proceso, mientras que los detenidos deben poder cuestionar su arresto o, si no se les imputan cargos, ser liberados.
La organización explica que en septiembre mantuvo reuniones con representantes del Consejo que reconocieron la gravedad del asunto en cuanto a detenciones arbitrarias y tortura de detenidos, y se comprometieron a aumentar el control sobre las milicias y a garantizar la protección legal para los sospechosos.
Si no cumplen con su promesa, señala Amnistía, estos abusos mancharán "el historial de derechos humanos de la recién inaugurada nueva Libia".
5 de noviembre de 2011
13 de octubre de 2011
©abc

castigando la pobreza

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Ser pobre y necesitar ayuda pública no es un delito. Sin embargo, algunos estados y ciudades, incluyendo a Nueva York, están tomando medidas punitivas injustificadas contra los ciudadanos que solicitan ayuda del gobierno. Editorial NYT.

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El gobernador Rick Scott, de Florida, promulgó en mayo una nueva ley que exige que los solicitantes del programa de Asistencia Temporal a Familias en Necesidad entreguen una muestra de orina y den negativo en un test de drogas. La semana pasada, un juez federal de Orlando prohibió provisionalmente la implementación de esa política intrusiva argumentando que viola la prohibición de la Cuarta Enmienda contra registros irrazonables.
La juez Mary Scriven, nombrada por George W. Bush, falló correctamente que el estado no había demostrado tener una "necesidad especial" para hacer una excepción a la Cuarta Enmienda a fin de permitir que se someta a un test de drogas a los solicitantes de ayuda sin ninguna base para sustentar la sospecha. Observó que la legislatura de Florida, al aprobar la ley, ignoró su propio estudio que constató una tasa más baja de uso de drogas entre los solicitantes de ayuda que entre la población de Florida como un todo. También indicó que el estado no había logrado demostrar, dado los costes de administración del programa, que el test de drogas ahorrara dinero, y expresó su preocupación de que el test fuera una invasión importante de la privacidad, porque los resultados serían puestos a disposición de otras reparticiones del gobierno, incluyendo la policía.
El Ayuntamiento de de Nueva York también estigmatiza a los que solicitan cupones de alimentación. El gobierno de Bloomberg sigue insistiendo en la huella digital electrónica de todos los solicitantes de cupones de alimentación, pese a que el resto del estado de Nueva York dejó de hacerlo para la mayoría de los solicitantes en 2007. Aunque el valor de la huella digital en prevenir el fraude y ahorrar dinero es dudoso, no cabe ninguna duda de que disuade a los neoyorquinos en necesidad y respetuosos de la ley a la hora de solicitar la ayuda y priva al ayuntamiento de millones de dólares en ayuda alimentaria federal.
Hace poco California y Tejas suspendieron la exigencia de la huella digital, dejando a Nueva York y Arizona como las únicas jurisdicciones del país que continúan la práctica para todos los solicitantes. Christine Quinn, presidente del Concejo Municipal de Nueva York, que quiere poner fin a esa política, tiene razón en definirla como "innecesaria, costosa y punitiva".
5 de noviembre de 2011
1 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

para qué sirve la universidad privada

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columna de lísperguer

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Univesidad Santo Tomás (privada) condenada por ofrecer engañosamente carrera sin perspectivas profesionales.

Es imposible tener confianza en una universidad privada que funciona abierta o clandestinamente en función de la obtención de ganancias. El estado no debe de ninguna manera subsidiar a este tipo de empresas. Hay varias perversiones fundacionales en la universidad privada. La primera es que objetivo es generar ganancias, no la formación profesional de sus clientes -los estudiantes- que son descaradamente engañados y estafados. Lo que hizo la Universidad Santo Tomás es un ejemplo. Y no es el único.

A los estudiantes de las universidades privadas no se les exige el mismo puntaje de ingreso que en las públicas o tradicionales, que siguen siendo modelos de excelencia. La razón aparente es captar a la mayor cantidad posible de clientes. A la hora de entregar diplomas, tampoco son estrictas. Esta última perversión tiene dos motivos: como se considera que el alumno es un cliente, ciertamente no se le puede negar un documento por el que ha pagado millones de pesos. En segundo lugar, la universidad necesita siempre más estudiantes titulados, porque la titulación influye en las subvenciones que recibe del estado. El dinero extra que reciben no es invertido en educación en la propia universidad, sino que es destinado a otras operaciones de la universidad -como inversiones inmobiliarias o en especulaciones. El resultado es una formación deficiente desde todo punto de vista, incluyendo el moral. La universidad privada es una práctica garantía de mediocridad e incompetencia profesional.
En algunas buenas universidades privadas del mundo, como Harvard, las cosas parecen ser diferentes. En Estados Unidos se les exige mucho a los estudiantes que son nacionales estadounidenses, pero a los alumnos extranjeros no se les exige con el mismo rigor y son enviados a casa con flamantes diplomas que muchas veces no significan nada. Allá, un estudiante extranjero va a comprar un título, no a formarse profesionalmente. Se entiende que son hijos de familias adineradas y que en realidad el diploma es un coronamiento de una posición social que no necesita estudios. Los patrones no necesitan diplomas para dirigir sus empresas. Esa idea ha pervertido completamente la educación privada ofrecida a extranjeros y nacionales en Estados Unidos y otros países. ¿Cuántos doctores de Harvard, perdón, Jarvar, tenemos que son completamente inútiles, empezando con nuestras más altas autoridades?
Algunos creen que las privadas se pueden convertir en buenas universidades. Dejadas a su propio albedrío, eso no ocurrirá nunca. El estado debe intervenir fiscalizando, no subvencionando a empresas que sólo producen buenos resultados económicos y una espantosa formación académica. De este gobierno no se puede esperar ciertamente nada: el ex ministro Lavín, que lo fue de educación, se enriqueció en operaciones inmobiliarias relacionadas con una universidad privada -algo que prohíbe la Constitución. De momento, con nuestros ministros empresarios a la cabeza, vamos en camino a ser los reyes de la mediocridad en América Latina.
lísperguer

Recomiendo:
Tomás Moschiatti entrevista a Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado (CNN).

la inversión privada no ayuda al desarrollo

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columna de lísperguer

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Gobierno anuncia venta de activos -privatizaciones encubiertas- para financiar mejoras en la educación y otros proyectos.

La inversión privada no contribuye al desarrollo del país. Al contrario, es uno de los factores que contribuye a su estancamiento. Estas dos afirmaciones son polémicas. Ponen en duda los planes de muchos gobiernos para salir o evitar la recesión económica, que según ellos se puede lograr desviando fondos públicos hacia la inversión privada. Esto, en el mejor de los casos. En otros, a los economistas de derechas no se les ocurre otra cosa que reducir el gasto público -vale decir, despedir a los maestros y funcionarios, que son las víctimas habituales de los recortes presupuestarios. Nada puede contribuir mejor al estancamiento de un país, a corto y largo plazo.
Chile es un ejemplo. Desde los años setenta, con la dictadura, se desviaron masivamente fondos públicos a la inversión privada, incluyendo las privatizaciones. Del feroz periodo neo-liberal -que sin embargo no parece querer subsistir sin apropiarse de fondos públicos-, alentado igualmente por sucesivos gobiernos de la Concertación, el país, después de 32 años, no ha logrado nada en términos de desarrollo. Pese a los involuntarios sacrificios de los trabajadores, Chile logró ubicarse entre los países más desiguales del mundo y en uno de los más aberrantes en otros aspectos -por ejemplo, el abandono del estado de sus funciones naturales en educación, dejándola en manos de usureros incompetentes, lo que hoy se traduce en una clase profesional profusa e intensamente mediocre. O el abandono de sus funciones en salud, con parecidas consecuencias.  A largo plazo, es un desastre.
Cuando se desvían fondos públicos a la inversión privada, lo que suele ocurrir es que los empresarios no los utilizan para crear empleo, sino normalmente para hacerse de otras empresas más pequeñas o para usarlo en proyectos especulativos de alto riesgo. Eso introduce distorsiones en el mercado. La idea misma de que es bueno desviar fondos para que los empresarios funden nuevas empresas y creen empleos es sospechosa. El empleo no significa nada en términos de desarrollo. Lo único que significa es que habrá más personas asalariadas que, sin embargo, no pasarán demasiadas penurias y que, y esto interesa a políticos y empresarios, no harán ninguna presión sobre los programas sociales ni sobre la seguridad social. La creación de empleos no es sinónimo de desarrollo.
Los países se desarrollan cuando cuentan con un estado activo. En Chile, las grandes empresas del siglo pasado fueron prácticamente todas iniciativas públicas. Chile se desarrolló gracias a que el estado invirtió en su infraestructura, se hizo cargo de la educación y de salud y ejerció un control estricto sobre las empresas privadas -sin dejar de lado el apoyo permanente a empresas medianas y privadas, que hicieron de Chile un país de clase media que dejó de ser en prácticamente todos los ámbitos. Hoy, las clases patronales dominan y controlan todo.
El gobierno ha estado balbuceando que quiere privatizar empresas públicas -las que quedan- o vender activos del estado, aparentemente también para financiar mejoras, no reformas, en la educación.  Con esto no se contribuye al desarrollo. Como durante la dictadura, la privatización es simplemente despojo y se utilizó y se utiliza hoy como un modo de pagar favores políticos y recompensar a los leales. Eso ciertamente nada tiene que ver con el desarrollo. Además, lo que el gobierno llama mejoras es muy sospechoso. ¿Se mejora la educación financiando a las universidades privadas?
En los últimos treinta años, el estado ha financiado masivamente a la empresa privada, y el resultado es un desastre. Por ese rumbo no llegaremos a ninguna parte.
lísperguer

Recomiendo leer:
La inversión privada no sirve
James Livington

exhuman restos de ejecutados

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Temuco: Justicia ordena la exhumación de cuerpos para esclarecer ejecuciones durante la dictadura.

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Temuco, Chile. Ministro especial de la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la exhumación de cuerpos sepultados en cementerios de Carahue, Puerto Saavedra y en Kalof Bajo, buscando esclarecer ejecuciones de campesinos durante la dictadura militar.
El ministro especial para investigar violación de derechos humanos en La Araucanía, Álvaro Mesa, inició diligencias en la zona costera de la provincia de Cautín basado en las querellas interpuestas por familiares de detenidos y desaparecidos de Temuco.
La historia de la represión indica que personal de institutos armados se constituyeron en la zona costera de Cautín, donde existían centros de reforma agraria y asentamientos campesinos establecidos, allí se detuvo y ejecutó personas, señaló Víctor Maturana, Coordinador del Centro de Promoción de los Derechos Humanos (Cinprodh).
Participan en el proceso de exhumación además del ministro Álvaro Mesa, la unidad especializada de la PDI, peritos del Servicio Médico Legal, y profesionales del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior.
4 de noviembre de 2011
©radio biobío