infiltrando los carteles de la droga

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Agencias antinarcóticos estadounidenses en México.

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[Ginger Thompson] Washington, Estados Unidos. Las agencias policiales estadounidenses han construido importantes redes de informantes mexicanos que les han permitido infiltrar algunas de las más poderosas y peligrosas organizaciones criminales del país, de acuerdo a funcionarios de seguridad a ambos lados de la frontera.
A medida que Estados Unidos habría nuevas avanzadas policiales y de inteligencia en todo México en los últimos años, las redes de informantes de Washington también han crecido allá, dijeron actuales y ex funcionarios. Han ayudado a las autoridades mexicanas a capturar o matar a más de veinte traficantes de drogas de niveles alto y medio, y a veces han dado a los agentes antinarcóticos norteamericanos acceso a importantes líderes de los carteles que están tratando de desmantelar.
Normalmente, dijeron los funcionarios, a México se le ocultan los contactos de Estados Unidos con sus informantes más secretos -incluyendo agentes de la policía mexicana, funcionarios elegidos y operativos de carteles- en parte debido a preocupaciones por la corrupción en la policía mexicana, y en parte debido a las leyes que prohíben que las fuerzas de seguridad estadounidenses operen en territorio mexicano.
"Los mexicanos ponen los ojos en blanco y dicen que saben lo que está pasando, pese a que no se supone que esté pasando", dijo Eric L. Olson, experto en asuntos de seguridad mexicana del Centro Woodrow Wilson.
"Eso es lo que lo hace tan difícil", dijo. "Estados Unidos está utilizando herramientas en un país donde los funcionarios no se sienten cómodos con esos métodos".
En los últimos años, las opiniones de los mexicanos sobre la intervención estadounidense en asuntos de seguridad nacional se han ablandado debido a que las olas de violencia relacionada con las drogas han causado ya cerca de cuarenta mil víctimas mortales. Y Estados Unidos, con la esperanza de reforzar la estabilidad de México e impedir que la violencia cruce la frontera, ha expandido su papel en modos que eran impensables hace cinco años, incluyendo aviones no tripulados que surcan los cielos mexicanos.
Los esfuerzos han logrado fragmentar a varios de los carteles mexicanos más grandes en pequeñas organizaciones criminales, que se supone son menos peligrosas. Pero la violencia continúa, lo mismo que el flujo de drogas ilegales hacia el norte.
Mientras que el uso de informantes sigue siendo un asunto en gran parte clandestino, varios casos recientes han arrojado luz sobre los tipos de investigaciones que han contribuido a este resquebrajamiento [de los carteles], incluyendo una conspiración este mes en la que Estados Unidos acusó a un vendedor de coches iraní-estadounidense de tratar de contratar a asesinos a sueldo a nombre de un cartel de la droga mexicano, conocido como Los Zetas, para asesinar al embajador saudí en Washington.
Funcionarios estadounidenses dijeron que agentes del Servicio de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration, DEA] con vínculos con los carteles ayudaron a las autoridades a localizar a varios sospechosos relacionados con el asesinato, en febrero, de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos [United States Immigration and Customs Enforcement], Jaime J. Zapata, que se supone fue asesinado a tiros por miembros de los Zetas en el centro de México.
Los tratos de la DEA con informantes y narcotraficantes -a veces, reconocieron funcionarios, son lo mismo- están en el centro de las audiencias en un tribunal federal en Chicago, donde uno de los líderes de más jerarquía del cartel de Sinaloa será enjuiciado el próximo año.
Y el mes pasado, un juez federal de El Paso sentenció a un líder de nivel medio del cartel de Sinaloa a prisión perpetua después de ser encontrado culpable de cargos relacionados con drogas y conspiración para delinquir. Fue acusado de ser una especie de agente doble, proporcionando al Servicio de Inmigración y Aduanas información sobre los movimientos de un cartel rival para desviar la atención de sus propias actividades relacionadas con el narcotráfico.
Por importantes que hayan sido los informantes, complejos temas éticos tienden a surgir cuando agentes de policía tienen tratos con delincuentes. Pocos informantes, dicen funcionarios policiales, deciden empezar a dar información al gobierno por altruismo; normalmente son capturados cometiendo un delito y quieren mitigar sus problemas legales, o esencialmente aceptan sobornos para dar informaciones sobre sus colegas.
Morris Panner, ex vicefiscal que es un importante asesor del Centro para la Justicia Penal Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, dijo que algunos casos recientes relacionados con informantes destacan esos problemas y demuestran que las amenazas que representan las redes mexicanas de narcóticos van mucho más allá del comercio de drogas.
"Las organizaciones criminales organizadas de México se han metamorfoseado, pasando de ser organizaciones dedicadas al narcotráfico a algo nuevo y mucho más peligroso", dijo Panner. "Ahora los Zetas son activos en extorsiones, trata de personas, lavado de activos y, cada vez más, cualquier cosa que pueda hacer una organización criminal para hacer dinero, sea en México, Guatemala o, tal como parece, en Estados Unidos".
Debido a la naturaleza clandestina de sus comunicaciones con informantes, y el potencial para estallidos diplomáticos entre Estados Unidos y México, funcionarios estadounidenses se muestran reluctantes a la hora de entregar detalles sobre el alcance de sus fuentes confidenciales al sur de la frontera.
En los últimos dos años, dijeron funcionarios, agentes de la DEA en Houston lograron hacerse con "varias fuentes confidenciales muy bien situadas con acceso directo" a importantes líderes del cartel del Golfo y de los Zetas. Esta red de informantes pagados es un elemento central en los intentos de la oficina de Houston por infiltrar los rangos de ‘mando y control’ de los dos grupos.
Uno de esos informantes pagados fue el hombre que, la primavera pasada, las autoridades dicen que fue abordado por un hombre acusado por la conspiración iraní para asesinar al embajador saudí. Documentos policiales dicen que el informantes contó a sus colegas que un iraní-estadounidense, Mansour J. Arbabsiar, se le había acercado a preguntar si los Zetas estarían dispuestos a montar atentados terroristas en Estados Unidos y otros países.
Las autoridades proporcionarían solo vagos detalles sobre el informante y sus contactos con los Zetas, diciendo que había sido acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con drogas y que esos cargos habían sido retirados debido a que había proporcionado previamente "informaciones fiables y corroboradas independientemente" a funcionarios policiales que habían hecho posible "numerosas confiscaciones de narcóticos".
El Ministerio de Justicia ha sido más comunicativo sobre el trabajo de la DEA con informantes en el caso contra Jesús Vicente Zambada-Niebla, conocido como Vicentillo. Los funcionarios describen a Zambada-Niebla como coordinador de logística del cartel de Sinaloa, considerado una de las organizaciones narcotraficantes más importantes del mundo. Sus abogados han alegado que era un informante del Servicio de Control de Drogas (DEA), que le había ofrecido inmunidad a cambio de su cooperación.
La DEA ha negado la imputación y el Ministerio de Justicia tomó la rara determinación de revelar los contactos de la agencia con él en documentos judiciales. El intermediario era Humberto Loya-Castro, que era a la vez un confidente del padrino del cartel, Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, e informate de la DEA.
Los documentos no dicen cuándo empezó la relación entre el servicio y Loya-Castro, pero indican que debido a su cooperación la DEA retiró en 2008 una acusación por concierto para delinquir que se remontaba a trece años.
En 2009, dicen los documentos, Loya-Castro organizó un encuentro entre dos agentes de la DEA y Zambada-Niebla, que estaba sopesando un ofrecimiento para llegar a algún acuerdo de cooperación. Pero el día de la reunión, los supervisores de los agentes la cancelaron, expresando su inquietud por el hecho de que "agentes estadounidenses se puedan reunir con un miembro de alto nivel del cartel como Zambada-Niebla".
Zambada-Niebla y Mr. Loya-Castro se aparecieron de todos modos por el hotel donde alojaban los agentes. Los agentes de la DEA despacharon a Zambada-Niebla sin hacer ninguna promesa, dicen los documentos. Pocas horas más tarde, Zambada-Niebla fue detenido por la policía mexicana y fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010.
Vanda Felbab-Brown, experta en crimen organizado de la Brookings Institution, dijo que mientras algunos habían criticado a la DEA por hacer "tratos con el diablo", ella consideraba el caso de Zambada como un importante golpe de inteligencia. Incluso en la era de la vigilancia de alta tecnología, dijo, no existen substitutos de las fuentes humanas que puedan entregar a las autoridades todo tipo de información sobre los traficantes en la mira, desde lo que comen hasta dónde duermen en la noche la mayoría de las veces.
Un ex funcionario de antinarcóticos se hizo eco de esa conclusión.
"El trabajo de un agente de la DEA, antes que nada, es infiltrarse en las organizaciones criminales que está investigando", dijo el ex funcionario, pidiendo no ser identificado porque trabaja ocasionalmente como consultor en México. "Nada proporciona esa visión microscópica mejor que un anfitrión que abre la puerta".
[Charlie Savage contribuyó al reportaje].
7 de noviembre de 2011
25 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

murió wyatt knight

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Actor estrella de las películas de ‘Porky’.

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Murió el 25 de octubre en Maui, por suicidio, el actor Wyatt Knight, mejor conocido por su retrato de Tommy Turner en las tres películas de ‘Porky’, informó Eileen O’Farrell, portavoz de la familia. Tenía 56 años.
La autopsia determinó que Knight murió tras dispararse, informó la Associated Press.
En 2003, Knight se sometió a un transplante de médula espinal para el linfoma no-Hodgkin que sufría y la radiación resultante lo dejó con daños físicos y emocionales, de acuerdo a una declaración de la familia.
"Estaba cansado del dolor y después de contemplarlo mucho, decidió poner fin a su vida en un lugar bello y sereno", dice la declaración. "Su familia y amigos están desolados".
Knight era un actor novato en 1981 cuando apareció en ‘Porky’s’, una picante comedia de bajo presupuesto sobre un grupo de lujuriosos y divertidos estudiantes de secundaria. Retomó el papel en las dos secuelas: ‘Porky’s 2: al día siguiente’ [Porky’s II: The Next Day] (1983) y ‘Porky’s 3: la venganza’ [Porky’s Revenge] (1985).
Más tarde trabajó fundamentalmente en televisión, a menudo con roles secundarios. Entre sus películas para la televisión se incluyen ‘Te prometí un milagro’ [Promised a Miracle] (1988), ‘Un hombre y un bebé’ [Those She Left Behind] (1989) y ‘Maniac Magee’ (2003).

El actor nació el 20 de enero de 1955, de acuerdo a archivos públicos. Vivía en Los Angeles, pero había estado residiendo en Kula, Hawai, durante varios meses.
Le sobreviven su esposa, Silvina, y dos hijos de un matrimonio previo.
7 de noviembre de 2011
5 de noviembre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

dónde juzgar a los terroristas

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Las cortes civiles deberían ser el lugar donde juzgar a los terroristas. El Congreso quiere prohibir que los tribunales civiles tengan algo que ver con esos procesos. Y el gobierno de Obama quiere decidir caso por caso. Ninguno de los dos tiene toda la razón. Editorial LAT.

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Se está gestando un conflicto -es de esperar- entre el gobierno de Obama y el Congreso sobre la competencia del Ministerio de Justicia para juzgar a personas acusadas de actividades terroristas en el sistema de justicia penal. Algunos en el Congreso están tratando de prohibir que se juzgue a terroristas en tribunales civiles; el gobierno quiere tener el derecho a elegir entre la justicia militar y la civil según sea el caso.
En nuestra opinión, el Congreso está equivocado y el gobierno no tiene toda la razón. Creemos que todos los sospechosos de actividades terroristas retenidos en Guantánamo y aquellos detenidos en Estados Unidos deberían ser juzgados en tribunales civiles. Pero incluso el enfoque selectivo del gobierno sería difícil de defender bajo las disposiciones de la Ley de Atribuciones de Defensa de 2012 aprobada por la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes.
La versión de la Cámara conservaría la exigencia en la ley actual de que no se usarán fondos del Ministerio de Defensa para trasladar a los detenidos desde Guantánamo a Estados Unidos, impidiendo de hecho los juicios civiles. La ley aprobada por la comisión del Senado dice que las fuerzas armadas están autorizadas para detener a personas capturadas según las leyes aprobadas por el Congreso después del 11 de septiembre de 2001 relativas al uso de la fuerza. No está claro si los acusados que fueron capturados en territorio estadounidense serán entregados a los militares para ser juzgados. Pero esa es claramente la preferencia de muchos en el Congreso.
La idea de que la justicia penal civil no puede encargarse de los casos de terrorismo es un rumor falso. Los defensores de la justicia civil recuerdan las declaraciones de culpabilidad de Umar Farouk Abdulmutallab, el "terrorista de los calzoncillos", y el conspirador del 11 de septiembre, Zacarías Moussaoui, dos de los numerosos sospechosos juzgados exitosamente en un tribunal civil.
Desgraciadamente, el presidente Obama no se ha mostrado tan decidido como el fiscal general Eric H. Holder Jr. a la hora de defender el compromiso del gobierno con los juicios civiles. Cediendo ante la oposición en el Congreso, el presidente abandonó los planes de juzgar al conspirador del 11 de septiembre, Khalid Shaikh Mohammed y sus cuatro cómplices en un tribunal civil, optando en su lugar por una comisión militar.
Pero los argumentos a favor de juicios civiles son fuertes. Garantizan más que las comisiones militares el debido proceso. En la medida en que la guerra contra el terrorismo es una guerra de opiniones y emociones, muestran al mundo que Estados Unidos está dispuesto a otorgar incluso a sus enemigos toda la gama de derechos garantizados por la Constitución. Lo más importante, finalmente, es que a través de uno y otro juicio, la justicia civil penal ha resistido demostrablemente los retos planteados por los casos de terrorismo, cualquiera sea su fuente, mientras que las comisiones militares no han conseguido nada parecido. Mientras el Congreso continúa elaborando el proyecto de Ley de Atribuciones de Defensa, el presidente debería defender lo que alguna vez fue su prioridad.
[La foto viene de The Boston Globe y muestra el juicio de Umar Farouk Abdulmutallab].
6 de noviembre de 2011
23 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

murió piri thomas

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Escritor latino.

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[Elaine Woo] Murió Piri Thomas, cuyo libro de memorias de 1967, ‘Por estas calles bravas’ [Down These Mean Streets],  contó su ruda infancia en El Barrio (el Harlem Español) y sus años como delincuente que le siguieron. Tenía 83 años.
Para Piri Thomas, como latino de piel oscura en los años treinta, Nueva York estaba lejos de ser el mejor de los mundos. Sus hermanos tenían la piel clara, como su madre portorriqueña, pero él salió a su padre, un negro cubano cuyos perturbados sentimientos sobre la raza dejó cicatrices en ambos. Thomas se hizo pandillero y se metió en el mundo de las drogas, disparó contra un agente de policía durante un asalto y terminó en prisión para cumplir una pena de siete años.
Emergió de prisión como escritor, cuyo viaje de auto-descubrimiento le reportó una permanente reputación como el autor de un clásico de la adolescencia, ‘Por estas calles bravas’. Las memorias de 1967, comparadas a menudo con ‘Los hombres de la tierra prometida’ [Manchild in the Promised Land] y ‘La autobiografía de Malcolm X’ [The Autobiography of Malcolm X], de Claude Brown, siguen siendo reeditadas y son ampliamente leídas en las escuelas como un logro estilístico y testamento del espíritu humano.
Thomas, que murió el lunes de neumonía en su casa en la Bay Area de El Cerrito, influyó en generaciones más jóvenes de escritores latinos, tales como el novelista dominicano-estadounidense Junot Díaz, cuya ‘La breve y maravillosa vida de Óscar Wao’ [The Brief Wondrous Life of Oscar Wao] ganó el Premio Pulitzer de narrativa de 2008.
"Thomas fue una de mis influencias más importantes", dijo Díaz al Times en un email. "Fue el primer escritor caribeño que conocí que incluía la experiencia latina en Estados Unidos en el encuentro con la cultura estadounidense que incluía tanto la supremacía blanca como la experiencia afroamericana.
"Era brillante como escritor de memorias, y pocos podían igualar su lirismo o su demoledora y transparente honestidad".
Thomas fue pionero de la literatura ‘nuyoricana’, la poesía y prosa producida tras la masiva inmigración de portorriqueños en Nueva York en los años cincuenta.
"Estaba a la vanguardia de los logros literarios portorriqueños en Estados Unidos, junto con Esmeralda Santiago, Miguel Algarin, Pedro Pietri y Jesús Colón", dijo Daniel Gallant, director ejecutivo del Nuyorican Poets Cafe, una organización de artistas de Nueva York que Thomas ayudó a fundar en 1973. "Su trabajo ayudó a abrir las puertas de los mundos editorial y académico a numerosos autores latinos, y ayudó a abrir los ojos de lectores estadounidenses a las a veces crudas realidades de la vida nuyoricana en los años sesenta y posteriores".
Aunque mejor conocido por sus memorias, Thomas era también un poeta que brindaba exuberantes lecturas de sus trabajos en ciudades universitarias y en cárceles, donde ayudaba en talleres literarios y compartía con los reos las duras lecciones que le había dado la vida.
Cuando ingresó en la cárcel de Sing Sing, "descubrí que la cárcel más cruel es tu propia mente", dijo Thomas al diario Alameda Times-Star en 2004. "Empecé a encontrar mi libertad a través de la escritura... Recogí los sonidos de las calles donde crecí, los sonidos de mi corazón, plasmándolas en las páginas".

Hijo primogénito de los siete hijos de Dolores Montánez y Juan Tomás de la Cruz, nació como Juan Pedro Tomas en East Harlem (el Harlem Español) el 30 de septiembre de 1928. Su nombre fue más tarde traducido al inglés como John Peter Thomas. Su madre lo llamaba Piri.
Durante su juventud vivió la Depresión y el racismo, que tuvo que sufrir no solamente en el mundo exterior, sino también en casa con su padre, que favorecía a sus hijos de piel más clara. Cuando la familia se mudó a Long Island, los tormentos de Thomas empeoraron. Sus hermanos pasaban por blancos, pero él era "un grano de café en un mar de leche".
Enrabiado y confundido, abandonó la escuela y volvió a Harlem, donde vivió en la calle. Tenía quince años cuando su madre murió de cáncer. A los dieciséis se enroló en la Marina Mercante. A los veinte se agarró a tiros con la policía durante un asalto y terminó en la cárcel de Sing Sing.
En ese solitario y desolado lugar, recordó la "sabiduría" de su madre, una mujer espiritual que lo había alentado a quererse a sí mismo y a hacer el bien en el mundo. "Mami decía que nosotros tenemos todos los poderes", recordó en la entrevista en el Alameda Times-Star. "Uno es oscuro, el otro luminoso, y debemos escoger".
Decidió mejorar su mente. Terminó la secundaria con un grado de equivalencia. Era un ávido lector -leyó la Biblia, el Corán, a Confucio, Nietszche, Edgar Allan Poe, Ralph Ellison. Y reflexionó sobre los traumas y tragedias de su vida.
Cuando recuperó su libertad en 1956, había terminado un manuscrito que no fue a ninguna parte durante el periodo en que luchó por rehabilitarse, trabajando en todo tipo de oficios y criando a una familia.
Casado tres veces, le sobreviven su esposa, Suzanne Dod Thomas, dos hijos, cuatro hijas, siete nietos y dos biznietos.
Finalmente tuvo éxito ayudando en la rehabilitación de drogadictos y ex presidiarios, lo que llamó la atención de un editor de Knopf. Corrió a casa a recuperar su manuscrito sólo para descubrir que había sido arrojado a la basura e incinerado.
Pasó los siguientes cinco años de su vida reconstruyendo su libro. En 1967, sus esfuerzos fueron recompensados con elogiosas reseñas. "Piri Thomas le grita al mundo que pasó sobre él", escribió el sociólogo Lewis Yablonsky en Los Angeles Times, "y los sonidos son claros, nítidos y vale la pena oírlos".
Thomas también escribió dos novelas, ‘Savior, Savior, Hold My Hand’ (1972) y ‘Seven Long Times’ (1974), y una antología de cuentos, ‘Stories from El Barrio’ (1980). Fue tópico de dos películas, incluyendo el documental de PBS, ‘Every Child Is Born a Poet’.
Tras mudarse a la Bay Area en 1983, Thomas siguió dictando charlas sobre sus poemas, a veces con acompañamiento musical.
En las escuelas, centros de detención de delincuentes juveniles y cárceles, pregonaba la creación para superar la violencia y la alienación. Las palabras, decía a menudo, "pueden ser mariposas o balas" y cuando recitaba sus textos, hacía revolotear sus dedos en el aire.
6 de noviembre de 2011
23 de octubre de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

conflicto en libia podría prolongarse

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Milicias paramilitares se niegan a entregar las armas. Paramilitares disputan por saqueo y se enfrentan a tiros, dejando tres muertos.

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[David D. Kirkpatrick] Trípoli, Libia. Muchos de los jefes de las milicias paramilitares locales que ayudaron a derrocar al coronel Moamar al-Gadafi se han retractado del juramento de dejar las armas y dicen ahora que quieren conservar su autonomía e influir en decisiones políticas como "guardianes de la rebelión".
El tema de las milicias es uno de los más urgentes a los que se enfrenta el nuevo gobierno provisional de Libia, el Consejo Nacional de Transición. Decenas de irresponsables brigadas de voluntarios armados surgieron en todo el país y a menudo sólo respondían a los consejos militares locales, los que se convirtieron en los gobiernos locales de facto en ciudades como Misurata y Zintan, así como en la capital, Trípoli.
El primer ministro saliente del gobierno provisional, Mahmoud Jibril, sugirió en una rueda de prensa el domingo noche que en lugar de esperar a que las milicias locales se desbanden, el Consejo Nacional de Transición debería tratar de incorporarlas -ampliándose, para incluir a sus representantes.
"Nadie quiere entregar las armas ahora, y muchas tribus y ciudades están acumulándolas ‘por si acaso’", dijo Mahmoud Shammam, portavoz del consejo ejecutivo.
Observando informes sobre esporádicos enfrentamientos entre milicias y asesinatos por venganza, muchos líderes civiles, y algunos paramilitares, dicen que el cambio de las milicias, que habían prometido entregar las armas, a exigir una participación política continua, representa un duro reto a la frágil autoridad del consejo.
"Esto podría conducir al caos, a conflictos entre los consejos", dijo Ramadan Zarmoh, 63, uno de los líderes del consejo militar de Misurata, que alegó que la milicia de la ciudad debería disolverse casi inmediatamente después del nombramiento de un nuevo ministro de Defensa. "Si queremos democracia, no podemos tolerar esto".
Sin embargo, su opinión sólo la comparte la minoría. Muchos miembros de los consejos paramilitares insisten en que necesitan permanecer armados hasta que se ratifique la nueva Constitución, porque no confían en que el débil gobierno provisional lleve solo a Libia a la democracia.
"Nosotros somos los que tenemos el poder aquí -los que tenemos gente en el terreno- y no vamos a entregarlo sino cuando tengamos un gobierno legítimo que debe emerger de elecciones libres y honestas", dijo Anwar Fekini, abogado libio-francés que es el líder de los paramilitares en las montañas al occidente del país y también cercano a los líderes del consejo de transición.
"Nos aseguraremos de dar al país un Constitución civil y un sistema democrático", agregó. "Y usaremos todos los medios a nuestra disposición -antes que nada nuestro poder en el terreno".
Líderes paramilitares ya han demostrado su determinación de participar en el proceso político. Antes de que el gobierno provisional nombrara a un nuevo primer ministro el lunes noche, líderes locales en Misurata -que hablaron a condición de conservar el anonimato para evitar un conflicto abierto con el consejo nacional- amenazaron con que, si este con nombraba un candidato que fuera aceptable para ellos, los consejos militares locales de ciudades al occidente de Libia podrían intervenir para decidir el asunto.
La decisión del primer ministro, Abdel Rahim el-Keeb, ingeniero y hombre de negocios de Trípoli, satisfizo a las ciudades occidentales y resolvió el conflicto pacíficamente. Pero los funcionarios del consejo nacional dicen que la amenaza de intervención misma pone en peligro la transición hacia una democracia civil, en la que las disputas se resuelven en las urnas o en tribunales, pero no con armas.
Shammam dijo que la intervención armada "sería un desastre" y que la adopción de una nueva Constitución debería tener lugar "bajo la protección de la ley" -comisarías de policía, jueces- antes que bajo el poder de los consejos paramilitares y la fuerza de las armas".
Él y otros en el consejo nacional dicen que esperan que cuando asuma el siguiente gobierno de transición y empiece a construir un ejército nacional, un objetivo que de momento sigue elusivo, los consejos paramilitares locales empezarán a ceder. Refiriéndose a las elecciones prometidas para elegir gobierno este año, agregó: "Si los consejos paramilitares empiezan a extenderse y expandirse, terminarán reemplazando a la asamblea nacional".
Algunos señalan al vecino Egipto, donde el consejo de los oficiales que asumió el poder tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak ha postergado el traspaso del poder a la sociedad civil. Otros dicen que existe en Libia el peligro de que pueda llegar a parecerse al caos que reina en Yemen o Siria porque hay varias milicias paramilitares semi-autónomas decididas a exigir un rol político -en Trípoli, en las ciudades en las montañas occidentales como Zintan y sus vecinos, en Misurata y en Bengasi, una ciudad al este del país.
Al este y en Trípoli, algunas de las brigadas más grandes y mejor equipadas están asociadas a organizaciones islámicas que están formando partidos políticos. "Mientras no formen parte del poder, mantendrán sus armas", predijo Shammam, un liberal.
Ya ha habido choques entre grupos armados. Hace dos semanas, paramilitares de Zintan y Misurata se enfrentaron brevemente en el aeropuerto internacional de Trípoli, dejando tres víctimas mortales, dijo Abed Rzag al-Bakesh, 40, líder paramilitar de Zintan. Dijo que la culpa la tenían leales a Gadafi disfrazados.
La semana pasada estalló una balacera entre dos grupos en la Plaza de los Mártires en el centro de la capital, que el consejo militar local ahora ha prohibido a los otros combatientes.
Después de la ocupación el mes pasado del último refugio del coronel Gadafi, en Sirte, paramilitares de Misurata y Bengasi se enfrentaron brevemente por el botín de los saqueos, dijo el comandante de Misurata, aunque aclaró que no hubo heridos.
El lunes temprano, un grupo de combatientes de Zintan atacó un hospital de Trípoli diciendo que buscaban a un gadafista que había buscado tratamiento ahí, de acuerdo a informes de una radio de Trípoli.
"El Consejo Nacional de Transición está impotente", dijo Abdurraham K. Shater, un respetado columnista del diario La Nación -uno de entre una decena de nuevos diarios-, sobre el consejo de transición, "como un marido engañado que no sabe qué está pasando a sus espaldas, o que lo sabe, pero hace la vista gorda".
El Consejo Nacional de Transición ha prometido en una "declaración constitucional" que dentro de ocho meses, después de la elección de un nuevo gobierno, convocará a elecciones de una asamblea nacional, la que supervisará la redacción de una nueva Constitución. (Jibril, en su rueda de prensa, sugirió dejar de lado la "declaración" sin armar escándalo, haciendo surgir interrogantes sobre su carácter vinculante).
Sin un pasado de democracia electoral, las autoridades provisionales de Libia deben definir distritos electorales y adoptar un régimen electoral -decisiones que tendrán inevitablemente ganadores y perdedores, política y geográficamente.
Durante la rebelión, funcionarios del Consejo Nacional de Transición juraron dar voto a todos los libios, con independencia de su ubicación o posición política.
Pero líderes en Misurata, un centro comercial que soportó un prolongado asedio para emerger como el arsenal de la revuelta libia, dicen que están presentando un conjunto de cuatro puntos como criterios de representación que aumentarían su poder a expensas de ciudades más pequeñas o de ciudades que permanecieron leales al coronel Gadaif: población, tamaño, rendimiento económico y "prioridad en la liberación".
Algunos en las zonas orientales en torno a Bengasi, desdeñadas durante el régimen del coronel Gadafi a favor del occidente, ahora están proponiendo que Libia vuelva a tener una estructura federal suelta que les proteja del dominio de Trípoli y Misurata.
Pero Azza Kamel Maghur, abogado de derechos humanos que dictó hace poco una charla en Misurata sobre el proceso de transición, dijo que estaba particularmente sorprendida por la abierta determinación de introducir armas en el proceso político. "Se alzaron y dijeron: ‘No vamos a entregar las armas mientras no tengamos Constitución’", dijo. "No se puede tener una sociedad civil democrática con armas -¿cómo podríamos hacer elecciones?"
6 de noviembre de 2011
1 de noviembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

la verdad manipulada

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columna de lísperguer

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Historiadora Patricia Arancibia Clavel entrevista a Federico Willoughby sobre su participación en el golpe militar de Pinochet.

Ayer (5 de noviembre de 2011) alcancé a ver una parte del programa ‘Cita con la historia’ en el canal de televisión del Senado chileno en la que la historiadora Patricia Arancibia Clavel entrevistó a Federico Willoughby, periodista, que fue el primer portavoz de la Junta Militar, hasta su rompimiento con la dictadura algunos años después. Un entrevistado muy interesante, pese a que la entrevistadora deja mucho que desear -interrupciones inoportunas en momentos importantes de las declaraciones del entrevistado, que en algunos casos no pudo terminar sus relatos y, sobre todo, insinuaciones e inferencias indebidas. Al final, me indignó la actitud de la entrevistadora.
Una de las lagunas más enervantes tiene que ver con el periodo previo a la investidura del presidente Allende, elegido el 4 de septiembre de 1970. Antes de su investidura el 4 de noviembre muchos políticos trataron de evitar que asumiera el poder, pese a la tradición chilena de respetar al candidato con la primera mayoría, que, en medio de terribles presiones, logró finalmente imponerse. Producto de esas presiones surgió la exigencia de la oposición de que Allende y los partidos de izquierda firmaran un pacto de garantías democráticas. Luego de abordar este tema, la historiadora pasa inmediatamente a una pregunta sobre las organizaciones de izquierda revolucionaria, que hasta entonces habían pregonado la lucha armada para la instauración de un régimen socialista, y de grupos terroristas justicialistas de izquierda.
Pero en ningún mencionó la historiadora Arancibia Clavel (hermana de un agente de la policía secreta de Pinochet) que la violencia política la iniciaron grupos de extrema derecha que actuaban en cooperación o bajo órdenes de la embajada estadounidense en Santiago. No estoy inventando nada. A estas conclusiones llegaron entonces los tribunales. En octubre de 1970, un mes después de la elección pero uno antes de la investidura, la organización Patria y Libertad (que entonces se pretendía neo-nazi con sus militantes armados y vestidos de uniformes negros y con un emblema que era una suástica alargada, que fue posteriormente el núcleo de donde surgió tanto la policía política como el partido Unión Democrática Independiente (UDI), que hoy se pretende democrático y católico) y un grupo de militares traidores (uno de ellos, CamiloValenzuela, se arrepintió y devolvió el dinero y las armas a la embajada norteamericana, según contó Willoughby y Arancibia Clavel en el programa ayer), asesinaron a tiros al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, con el plan, en el que debía intervenir el diario de la extrema derecha El Mercurio, de achacárselo a terroristas de izquierda para provocar y justificar una intervención militar que impidiese la investidura de Allende. Bien, sobre este episodio, la historiadora no dijo absolutamente nada.
Luego mencionó -la historiadora-, como al paso, la violencia de la extrema izquierda durante el periodo de Salvador Allende, sin aludir en ningún momento a la violencia de la extrema derecha. Esto es impresentable. La izquierda revolucionaria chilena había accedido a la petición de Allende de abandonar o suspender la lucha armada para darle una oportunidad a su proyecto de socialismo en libertad. Esa petición se convirtió en un acuerdo explícito y algunos miembros del MIR, por ejemplo, llegaron a formar parte del séquito de seguridad del presidente Allende. Las acciones armadas fueron suspendidas. Acusar a la izquierda revolucionaria de incitar a la violencia es pues enteramente injustificado.
En ese periodo, desde octubre de 1970, la extrema derecha se propuso desestabilizar al gobierno socialista y cometió literalmente miles de atentados terroristas contra instalaciones oficiales, puentes, acueductos, vías férreas, torres de alta tensión, etc., más incontables actos de sabotaje, huelgas pagadas por la embajada norteamericana (como la de los camioneros y la de las gasolineras) e incluso asesinatos de militantes de izquierda y, en julio de 1973, del edecán del presidente Allende, Araya Peeters.
En realidad, el acto de violencia más importante cometido por grupos de extrema izquierda en ese periodo fue el asesinato del ex ministro del Interior del presidente Eduardo Frei Montalva, en junio de 1971. Los militantes que asesinaron al ex ministro no habían aceptado el pacto con Salvador Allende y continuaron con su proyecto de asesinar al político por su responsabilidad en la masacre de Pampa Irigoin en marzo de 1969 (la policía atacó y dio muerte a un grupo de familias que habían ocupado un sitio eriazo en la ciudad de Puerto Montt). Tras el atentado, la policía capturó y ejecutó a los autores.
Comparar la violencia de la extrema derecha, organizada y financiada por Estados Unidos y las propias fuerzas armadas chilenas no es de ninguna manera comparable con la violencia de la izquierda entonces. Con esto no quiero desconocer el rol de la extrema izquierda en las ocupaciones de fábricas y predios agrícolas, pero no creo que esa violencia social se pueda comparar con la violencia de inspiración extranjera. Son actos que pertenecen a ámbitos diferentes. La escasa amenaza que representaban los grupos de extrema izquierda al estado de derecho entonces queda de manifiesto si se considera que muchos militantes estaban presos y estaban siendo juzgados por actos violentos o por la Ley de Seguridad Interior y que, para justificar el golpe de estado, la Junta Militar recurrió a la comprobada invención de un Plan Zeta, en el que se justificaba el golpe pretendiendo que Salvador Allende, los comunistas y extrema izquierda planeaban un golpe de estado. La historiadora justifica el golpe de estado recurriendo a una falsedad que la mera publicación del Plan Zeta desmiente. Si la violencia de extrema izquierda amenazaba al país, ¿para qué inventar un Plan Zeta imaginario?
Sobre esta intervención norteamericana en el derrocamiento de Allende, la historiadora trató de minimizar la traición diciendo que los soviéticos también intervenían en Chile, lo que es una afirmación que no tiene ningún fundamento y no ha sido nunca demostrada. No se sabe que los soviéticos hayan financiado ni atentados terroristas ni huelgas ni nada parecido. Que hubiesen tratado de influir de otros modos es ciertamente normal y era una práctica habitual entonces y hoy (almuerzos en la embajada norteamericana, lo mismo que almuerzos en la embajada soviética). La respuesta de Willoughby, muy honesta, le quitó viento a las insinuaciones de Arancibia Clavel, situando el tema en el ámbito del espionaje. Obviamente había espías soviéticos, dijo Willoughby. También había espías norteamericanos, cubanos y franceses, por decir algo. Pero ese espionaje no tiene nada que ver con la intervención descarada de Estados Unidos en Chile entonces, que tramó y financió, entre otras cosas, el asesinato del general René Schneider y la extensa e intensa campaña terrorista contra el gobierno del presidente Allende.
Esta entrevista de Arancibia Clavel es una decepción. Sólo la salva la claridad y honestidad con que respondió el entrevistado. Gracias a él nos enteramos de que las intenciones iniciales de muchos militares que participaron engañados en el golpe era convocar a elecciones en un plazo de no más de seis meses. Esto, como sabemos, cambió cuando Pinochet recibió la orden (de Nixon) de instaurar una dictadura que durara al menos diez años, lo que el general hizo. A partir de ese momento, Pinochet empezó una campaña de asesinato de los militares nacionalistas (entre ellos, el general Bachelet, padre de la ex presidenta Bachelet) y de exterminio de los opositores de izquierda. (Pese a que está claro que hubo militares traidores que acataban órdenes norteamericanas -como el general Contreras, hoy en prisión-, nunca se les ha juzgado por traición a la patria).
Es una lástima que la pasión política todavía induzca a algunos a mentir o a manipular la verdad. Sobre ese periodo deberíamos formar una comisión de la verdad histórica, cuyos resultados debiesen impedir que historiadores mediocres sigan propagando y defendiendo falsedades. Ese periodo es suficientemente complejo y doloroso como para seguir admitiendo que se lo manipule.

No hay enlace. En la página del Senado chileno no logré reencontrar ni el programa ‘Cita con la historia’ ni el nombre de Patricia Arancibia Clavel. En el sitio de la historiadora, la entrevista aún no ha sido subida.
lísperguer

chile explicado para extranjeros

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columna de lísperguer

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Políticos discuten sobre reformas al sistema binominal.

Muchos extranjeros, y algunos chilenos, suponen que Chile es una democracia. Así lo dicen y repiten sus propias autoridades e incluso algunos políticos de oposición. El presidente no se cansa de repetirlo majaderamente en cuanta ocasión se le presenta, especialmente durante sus viajes al exterior. Hay una sospechosa insistencia. ¿Es Chile una democracia? ¿La recuperaron los chilenos después del fin pactado de la dictadura de extrema derecha en 1990? ¿Es Chile realmente un país social y políticamente estable?

La respuesta a la primera pregunta es no: Chile no es una democracia. Veamos. En el país existen dos regímenes electorales: en las elecciones municipales –de alcaldes y concejales- y en las presidenciales se utiliza la representación proporcional. Como en las democracias normales, los ciudadanos eligen a todos sus representantes y opera el principio de un ciudadano un voto. En estos dos regímenes son elegidos los candidatos que obtienen las primeras mayorías. Pero en las elecciones parlamentarias –de senadores y diputados-, no rige el sistema proporcional ni rige el principio de un ciudadano un voto.
En Chile impera el llamado sistema electoral binominal para las elecciones de sus 38 senadores y 120 diputados. En las elecciones pueden participar sólo dos coaliciones de partidos (los independientes también pueden participar, pero tras un proceso engorroso y difícil cuyo fin es impedir su inscripción): la Alianza (una coalición de partidos de extrema derecha) y la Concertación (coalición de partidos de la centro-izquierda tradicional). Cada coalición debe presentar dos candidatos por circunscripción: 76 candidatos al Senado y 240 a la Cámara Baja. Cada circunscripción debe elegir a dos candidatos. Los senadores elegidos –pongamos por caso- serán los que obtengan la primera mayoría. Pero el segundo candidato elegido no es el que obtiene la segunda mayoría, como en las democracias, sino el que obtiene la primera mayoría de la segunda lista. Esto es, si la primera mayoría es un candidato de la Concertación, el segundo senador elegido será el que obtuvo la primera mayoría de la Alianza, con independencia de los votos emitidos por los ciudadanos.
En las primeras elecciones senatoriales después de la dictadura, los candidatos que se presentaron fueron Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar (por la Concertación) y Jaime Guzmán y Miguel Otero (por la Alianza). Lagos obtuvo el 36,62% de los votos, Zaldívar el 31,27% por ciento, Guzmán el 17,19% y Otero el 15,31%. Los elegidos fueron pues Lagos (primera mayoría de la lista de la Concertación) y Guzmán (pese a haber llegado en tercer lugar con apenas el 17%, fue elegido por ser la primera mayoría de la lista de la Alianza). En una democracia representativa normal, los elegidos habrían sido naturalmente Lagos y Zaldívar. Esto significa, obviamente, que aquí no rige el principio un ciudadano un voto, porque el sistema reduce el valor del voto a exactamente medio voto: los ciudadanos eligen casi directamente sólo a la mitad de los senadores, la otra mitad no la eligen ellos, sino que la impone el sistema. ¿Es esto democracia? No, evidentemente no.

El sistema sí permite, como ya ha ocurrido, que las coaliciones existentes admitan a otros partidos y reserven algunas circunscripciones. Es lo que ha hecho la Concertación y lo que explica   que haya algunos senadores y diputados comunistas en el Congreso.

Dije que los ciudadanos "eligen casi directamente sólo a la mitad de los senadores". Esto se explica porque el sistema no obliga a los partidos a que realicen primarias democráticas para determinar a sus candidatos, lo que implica que estos son nombrados por las directivas de los partidos sin ninguna forma de control por sus propios militantes. A nivel de partido tampoco hay democracia. El resultado evidente es que incluso en el caso de los candidatos al Senado o Cámara Baja elegidos en primera mayoría, tampoco se puede decir con propiedad que fueron elegidos, pues lo que destaca claramente es que en realidad es una elección ya cocinada en la que los ciudadanos sólo ratifican decisiones tomadas a sus espaldas en los cuartos traseros de las sedes de los partidos. Este sistema produce una inmovilidad casi absoluta, pues en el Senado cada coalición tiene exactamente la misma cantidad de senadores: 19, y en la Cámara Baja cada una 60 diputados. Las votaciones terminan en un impasse permanente. Sólo se puede gobernar si algún senador o diputado desobedece o traiciona a la coalición que representa. Y así es como funciona Chile: la traición o la desobediencia es lo único que permite avanzar en la legislación. Por eso no es nada raro que la aprobación de leyes llegue a demorar veinte o más años y que de los proyectos de ley originales no quede ni la sombra, pues en el debate y por la necesidad de hacer compromisos, los proyectos quedan totalmente ahuecados. Esto es un paripé de democracia que no sirve para nada, excepto para mantener los privilegios de la clase política.

Muchos políticos defienden el sistema binominal diciendo que produce estabilidad en el país. Evidentemente, se refieren al hecho de que como se puede avanzar en prácticamente nada, los gobiernos sólo se limitan a mantener el status quo que el país heredó de la dictadura. El sistema binominal lo impuso la dictadura y no es si ni siquiera un proyecto conjunto con la Concertación –que se limitó a lo que dicen que es un perfeccionamiento del sistema, cuando eliminó (el presidente Lagos) a los senadores designados- ni ha sido refrendado por la ciudadanía. Es por eso que no es exagerado definir al sistema chileno como una dictadura encubierta.
Pero la estabilidad no la produce el sistema. Esto ha quedado en evidencia en los últimos meses, durante el gobierno de extrema derecha del presidente Piñera. El país vive momentos convulsos por el masivo rechazo de la ciudadanía a proyectos aprobados de mala manera que afectan gravemente a los ecosistemas del país y por la negativa del gobierno a iniciar reformas de la educación, cuyos fundamentos basado en el lucro defiende a brazo partido contra la opinión de más del 80% de los chilenos. La presunta estabilidad no es más que opresión y terror. Los trabajadores apenas sí tienen derechos sindicales, pueden ser despedidos en cualquier momento sin motivo alguno y si protestan en las calles, la policía está autorizada a reprimir violentamente e incluso a disparar a matar. Desde que terminó la dictadura explícita de Pinochet en 1990, la fuerza pública ha asesinado -en un clima de casi absoluta impunidad- a más de sesenta manifestantes, entre trabajadores, estudiantes y miembros de la minoría mapuche. Todos los gobiernos han recurrido a la aplicación de la ley antiterrorista de la época de Pinochet, que priva de derechos a los detenidos y permite procedimientos aberrantes, como los testigos protegidos, cuyas declaraciones anónimas y no corroboradas pueden enviar a alguien de por vida a la cárcel. La policía sigue aplicando sistemáticamente la tortura de detenidos.  Chile está entre los diez países con la distribución del ingreso menos equitativa del mundo, con más del 80% de sus habitantes endeudados y con un estado permisivo con las clases patronales, a las que les permite todo tipo de abusos e incluso la usura.
Durante el gobierno de Piñera, como han podido ver todos en todo el planeta, y según la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la policía ha empleado métodos brutales de control de las manifestaciones, incluyendo golpizas y torturas e los niños y jóvenes detenidos, abuso sexual de niñas detenidas en los buses policiales, aplicación de tormentos como el submarino contra estudiantes, asesinato premeditado de un niño no participante en un barrio pobre que fue atacado por la policía, homicidio frustrado de otro vecino, niños quemados con químicos por la policía, espionaje a dirigentes sociales y políticos de izquierda y otras incontables y horrorosas  violencias. Aparte los manifestantes muertos y heridos, el gobierno ha detenido en los últimos meses a más de cinco mil manifestantes. En este contexto, el gobierno ha ejercido presión indebida contra los jueces, amenazándolos con estropear sus carreras en el poder judicial si no se ponen del lado del gobierno y aplican mano dura contra los detenidos  -mano dura  significa dictar prisión preventiva y aceptar de buenas a primeras las pruebas del ministerio público. Esta es quizás una de las más graves amenazas al estado de derecho.

Este régimen brutal, casi de excepción, es lo que explica la llamada estabilidad. Y algo más: ciertamente sin la colaboración de la izquierda tradicional esto no hubiese sido posible. Al final de la dictadura, la Concertación no sólo aceptó una Constitución aberrante (que, entre otras cosas, permite que la empresa privada se apropie y comercialice recursos naturales, como el agua) y un sistema electoral ridículo, sino además la ideología neo-liberal que necesita y predica todos estos abusos. La clase política chilena se ha convertido en una autocracia codiciosa, que sólo gobierna para proteger sus propios intereses y que ha llegado a intolerables extremos, como nombrar en el Senado o Cámara Baja a personas que nunca fueron ni siquiera candidatos (como una conocida senadora de ultraderecha a la que llamamos la Cerdita Nazi, o a un  senador de extrema derecha –Larraín, RN- que, como presidente de su partido, se nombró a sí mismo). Entre otras de las conocidas impudicias de la clase política (derecha e izquierda juntos) se encuentra esta: los senadores y diputados se han fijado a sí mismos los sueldos más altos del mundo. Recibe cada uno al mes unos 32 mil dólares, la mitad por concepto de dieta parlamentaria. En sus cuentas privadas, recibe cada uno pues  16 mil dólares (recuérdese que el salario mínimo chileno es de 300 dólares). Otra impudicia de la clase política es que se han fijado periodos bastante largos sin límites a la "re-elección". Así, hay senadores que lo han sido durante más de 20 años. El cargo de senador dura 8 años. Un senador recibe durante su cargo un millón 536 mil dólares (16 mil dólares por 96 meses), y por hacer exactamente nada.

Así, amigos y lectores extranjeros, juzguen ustedes si Chile es una democracia de verdad. La mayoría de los chilenos decimos que es una farsa. Chile es una dictadura encubierta, el país entero una práctica colonia penal. Y necesitamos que el resto de mundo se entere y nos ayude a recuperar la democracia que perdimos hace tantos años. Por favor, cuéntenlo, explíquenlo, difúndanlo. Chile no es una democracia.
lísperguer

dictadura y violencia sexual

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El fallo que condenó a 18 represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada fue histórico por más de un motivo: por lo emblemático de ese centro clandestino de detención, por la ominosa celebridad de los condenados y también porque se ordenó que se abra una investigación paralela para juzgar los delitos contra la integridad sexual de las personas que estuvieron cautivas en la ESMA.

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[Sonia Tessa] Argentina. Hay una historia detrás de esta posibilidad de empezar a entender y juzgar la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado como un delito de lesa humanidad y no como una forma más de la tortura. En esa historia se anotan los fallos de Tribunales Penales Internacionales en Ruanda y en la ex Yugoslavia, pero sobre todo la voz y la conciencia de las víctimas cuya palabra puede ser escuchada ahí donde tiene efecto contra la larga noche de la impunidad: frente a la Justicia.

Hay un momento en el testimonio de muchas mujeres sobrevivientes de centros clandestinos de detención en el que parece que el tiempo se hubiera detenido en sus cuerpos lastimados, obligados a lo que nunca hubieran querido. Fueron violadas, ellas y sus compañeras, también sus compañeros. Y ahora, ante los tribunales orales que, después de 35 años, juzgan los delitos que sufrieron, ellas lloran con lágrimas incontenibles cuando pronuncian esa parte del horror que las atraviesa en su intimidad. Algunas, como Stella Hernández, querellante de la causa Díaz Bessone, de Rosario, se lo pidieron con todas las letras al Tribunal: que la violencia de género tenga su castigo específico, que sea considerada un delito de lesa humanidad, que no quedara subsumida en las torturas. Ese pedido empieza a hacerse realidad, y así comienzan a encastrar las piezas del rompecabezas que armaron obstinadamente las sobrevivientes cuando decidieron ponerles palabras a las violaciones, los abusos sexuales de todo tipo, la esclavitud sexual y todas las formas que el terrorismo de Estado encontró para intentar aniquilarlas, para disciplinarlas en su doble rebeldía a los mandatos políticos y de género. El veredicto de la causa ESMA, leído el 26 de octubre, fue histórico por varias razones y una de ellas es el punto 51, en el que se ordena la extracción de la querella del CELS en lo relativo a violaciones y abusos sexuales para que un juez de instrucción investigue estos delitos de manera separada. Esa sentencia se convierte en una orden a la que el juez de instrucción Sergio Torres se adelantó en agosto, cuando decidió abrir la instrucción de la causa por los delitos sexuales sufridos por 18 ex detenidas en ese centro clandestino de detención.
El pedido lo había hecho la abogada Carolina Varsky, representante del CELS, al señalar en su alegato que "los delitos contra la integridad sexual configuraron una más de las prácticas aberrantes a las que fueron sometidos la gran mayoría de los detenidos y detenidas". El 2 de junio pasado, Varsky argumentó en la audiencia por qué fueron sistemáticas. La abogada puso palabras a las múltiples formas que tomó allí la violencia de género, basada en los testimonios que se escucharon en las audiencias. La esclavitud sexual, las violaciones sistemáticas, la obligación de mantener relaciones sexuales estables con los oficiales eran parte de un andamiaje que tuvo otras expresiones, menos brutales aunque igual de dañinas. "Siguiendo a Catherine McKinnon en ‘Are Women Human?’ podemos decir que la violencia sexual y su máxima expresión, la violación sexual sistemática, no sólo inflige un daño físico y mental severo sino que, por ser sistemática e impuesta como una condición de vida, es destructiva", dijo Varsky en el alegato que servirá como puntapié de la nueva investigación.
El alegato aclaraba que "llamativamente, no hay víctimas de este juicio que hayan denunciado ser sexualmente abusadas. No obstante, algunos sobrevivientes cuyo caso no es objeto de este debate relataron la comisión de estos delitos en su contra, o respecto de víctimas que hoy se encuentran desaparecidas". Pero eso no impidió que la profesional recogiera numerosos testimonios que dan cuenta de la sistematicidad de la violencia sexual. "Al respecto, Sara Solarz de Osatinsky declaró que en la oportunidad en la que Héctor Febres la llevó a Tucumán, éste la hizo pasear por la ciudad como si fuera un trofeo de guerra. Contó que una noche, al volver de un paseo, Febres la llevó al hotel y abusó de ella. ‘Era lo que tenía que pagar en ese momento, me tenía que continuar ensuciando’, relató la testigo", fue parte de su alegato. Una semana después de la sentencia, Varsky recuerda que su inquietud por el tema surgió en 2007, justamente en el juicio contra Febres, en el que una testigo relató que la habían violado, y lloró desconsoladamente. "Nadie supo qué hacer con eso, ninguno de los operadores judiciales, y yo pensé que debía hacerse algo al respecto", relató la abogada.
Varsky ponderó no sólo la decisión del Tribunal que integran Ricardo Farías, Daniel Obligado y Germán Castelli, sino también la disposición del juez Torres, que antes de la sentencia había decidido abrir la causa. "Es muy importante, sin perjuicio de destacar que Torres ya dispuso la investigación de los delitos de manera autónoma. Pero tiene el valor de ser una sentencia. Si Torres no lo hubiera hecho, se vería en la obligación de hacerlo", afirmó la abogada.
En la causa ESMA fue procesado Jorge Acosta por violación sexual contra Graciela García. Al tomar esa decisión, el juez Torres consideró: "Graciela Beatriz García no es la única víctima que ha manifestado haber sido víctima de abuso sexual. En el mismo sentido se ha pronunciado Sara Solarz de Osatinsky, y otras mujeres más relataron casos similares respecto de otras víctimas que permanecen desaparecidas o que sobrevivieron, que durante su cautiverio fueron violadas o sufrieron intentos de violación. Tal es el caso de Josefa Prada de Olivieri, o Josefina Villaflor. Debido a la reiteración con que estos hechos han sido expuestos a la instrucción, entiendo que no encuentro motivo alguno para dudar de la veracidad del relato de Graciela García, como así tampoco de la situación de intimidación bajo la que permanecía desde el momento mismo en que fue privada de su libertad".
El alegato de Varsky hizo foco en la sistematicidad, con palabras contundentes. "La violación sexual en el marco de la represión y destrucción sistemática de personas no es violación fuera de control, sino bajo el más completo control. Sucede por un propósito, no sólo lastimar a un detenido o una detenida, o tener sexo, sino para destruir a las personas en tanto miembros de un grupo que debe ser destruido. La destrucción de las personas no es una consecuencia de la violación, es su propósito", afirmó la abogada en junio, y el Tribunal lo retomó en su veredicto de la semana pasada.

Antecedentes
El camino para llegar a esta decisión ejemplar del Tribunal fue largo y sinuoso. Y lo más difícil, según cuenta la propia Varsky, es que los jueces y juezas, fiscales y demás operadores judiciales reconozcan el carácter específico de esta violencia. En el primer semestre del año pasado, el juez de San Martín Juan Yalj negó esa posibilidad a dos querellantes de la causa Riveros, que investiga el circuito represivo de Zárate-Campana, en la etapa de instrucción. Entonces, una de las mujeres se atrevió a enfrentar a los integrantes de la Cámara Penal para pedirles que incluyeran los delitos contra la integridad sexual. Lidia Biscarte, La China, les ofreció, incluso, mostrar las marcas físicas que 35 años después subsisten de aquellas violaciones. Las heridas psíquicas son inocultables, pero para eso hace falta que puedan escucharse, darles un lugar en los testimonios que constituyen pruebas en sí mismas para estos procesos.
Las denuncias siempre estuvieron, pero no fue sencillo que les hicieran lugar. Las víctimas, en los primeros años, hablaban en nombre de los que ya no estaban mucho más que en nombre propio, pero ya decían que la violencia sexual había sido sistemática. "Tanto en las declaraciones ante la Conadep como en el Juicio a las Juntas Militares en 1985, las mujeres denunciaron distintas formas de violencia sexual y en algunos casos expresaron haber sido violadas. Incluso puede estimarse que la cantidad de mujeres violadas fue muy superior a los casos denunciados. Hay que tener en cuenta que no se preguntó específicamente a las mujeres por las violaciones sexuales, las declaraciones fueron espontáneas", puntualizó María Sondereguer, investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y ex directora nacional de Formación en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en una entrevista publicada por Mariana Carbajal.
En aquel entonces, en los primeros años después de la dictadura, el objetivo de las y los sobrevivientes, sin embargo, estaba orientado a dar testimonio de los compañeros desaparecidos y a identificar a los represores. "Si me pongo a analizar desde los ’80 cómo se fue construyendo el testimonio, lo nuevo que aparece desde la reapertura de los juicios en 2003 es el contexto político y la justicia, que dan el marco para empezar a visibilizar la violencia de género. En los ’80, el relato se esmeraba en identificar a los compañeros desaparecidos", rememora Varsky, quien agrega que ahora se incorporó "un concepto más amplio de la tortura, eso hace que se empiecen a identificar estos aspectos que quizá les parecían menos trascendentes". Lo más destacado es el protagonismo de los y las sobrevivientes. "Estos juicios los ponen a ellos a relatar lo que padecieron y a entender que era importante", puntualizó.
Además, durante los años de impunidad no había tampoco herramientas jurídicas contundentes, que surgieron en la década del ’90 en el ámbito internacional. "La primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio se emitió el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda", documenta Susana Chiarotti en el libro ‘Grietas en el silencio’, una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, recientemente publicado por Cladem e Insgenar, y que se presentará el viernes próximo en el Museo de la Memoria de Rosario. La misma posición fue tomada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, "donde se juzga los casos de violencia sexual como crímenes autónomos perpetrados por los militares en el marco del conflicto armado y se establece claramente la responsabilidad mediata e inmediata", continúa Chiarotti.
La cuestión de la responsabilidad mediata es justamente uno de los puntos que discuten distintos operadores judiciales, aunque haya poco lugar para las dudas tras el caso Akayesu. La dificultad para establecer autorías personales –ya que la mayoría de las víctimas estaban vendadas, sin posibilidad de identificar a sus agresores– es uno de los argumentos esgrimidos para negarse a considerar la violencia sexual como delito de lesa humanidad. El amicus curiae –documento de organizaciones que tienen interés en una causa para brindar elementos a los magistrados– presentado por Cladem e Insgenar en marzo del año pasado en la causa Riveros establece la sistematicidad y la responsabilidad de quienes dirigían los Centros Clandestinos de Detención en esas violaciones.
La bisagra para la jurisprudencia argentina fue la sentencia contra Gregorio Molina, que en junio del año pasado produjo el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Molina es un ex suboficial de la Fuerza Aérea que fue condenado a prisión perpetua por diversos crímenes, entre los cuales se encuentran cinco violaciones agravadas y una tentativa del mismo delito, cuyas víctimas fueron dos detenidas. Durante el juicio, se probó que Molina fue autor directo del delito de violación sexual. El Tribunal sostuvo que "era habitual que las mujeres ilegalmente detenidas en los Centros Clandestinos de Detención fuesen sometidas sexualmente por sus captores o guardianes o sufrieran otro tipo de violencia sexual. Las violaciones perpetradas, como se dijo, no constituían hechos aislados ni ocasionales, sino que formaban parte de las prácticas ejecutadas dentro de un plan sistemático y generalizado de represión llevado a cabo por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar".
Varsky ponderó la sentencia de Mar del Plata como "más importante" que los precedentes de Ruanda y la ex Yugoslavia. "Nosotros lo identificamos como el momento de mayor avance. Esa sentencia tiene el valor de que ya lo dijo un tribunal, ya condenaron a una persona por violación, y eso permite avanzar", apuntó la abogada, que alegó para que se abriera una causa específica por violencia sexual en la ESMA.

Aporte de la Unidad Fiscal
La necesidad de contener y encauzar la demanda de atención específica a la violencia de género en el marco de los juicios en marcha puso a trabajar a la Unidad Fiscal Especial de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en un documento que difundieron en octubre pasado. Allí se establece con claridad que "los abusos sexuales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil son crímenes contra la humanidad. Que un acto de abuso sexual quede capturado por la categoría de los crímenes contra la humanidad no depende de la frecuencia, sistematicidad o generalidad con que hayan ocurrido actos de este tipo. La circunstancia dirimente para subsumir un acto determinado en la fórmula de los delitos de lesa humanidad es que haya formado parte del ataque que opera como contexto de acción en este tipo de crímenes".
Pero el punto nodal de ese documento, el que resulta operativo para los cientos de juicios que están en marcha en todo el país, está relacionado con el contexto que debe producirse para que las víctimas puedan relatar los delitos que sufrieron. Por ejemplo, plantea que no puede exigirse que el testimonio de las víctimas sea corroborado por terceros, al entender que esos delitos se realizan siempre en contextos de secreto, y más aún cuando fueron parte del terrorismo de Estado. También considera ese documento que resultan inadmisibles "aquellas alegaciones de la defensa orientadas a señalar que hubo consentimiento de la víctima cuando hubiera sido objeto –o hubiera temido serlo– de violencia, amenazas, detención o presiones psicológicas, o si razonablemente creyera que, si se negase, otros serían objeto de actos o presiones similares, especialmente cuando ello hubiera tenido lugar en un contexto o situación coercitivos".
Justamente, la violencia de género tiene distintas caras y una de ellas es la que siempre –como una regla– los represores acusados de violación tienen sus estrategias para echar un manto de sospecha sobre la víctima. Ocurrió, por ejemplo, en la causa que juzgó al ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa, donde cinco sobrevivientes pusieron palabras a la violencia sexual que habían sufrido, incluso Silvia Suppo –asesinada el 29 de marzo de 2010 en un crimen que la Justicia Federal debe investigar como político pero que no prospera– contó que el jefe del GIR, donde estaba detenida, Juan Calixto Perizotti, ordenó que se hiciera un aborto para "subsanar el error" del embarazo que le provocaron las violaciones. En ese proceso, uno de los represores, Eduardo Curro Ramos, superó todos los límites al hablar de las fantasías sexuales de una de las detenidas, como estrategia defensiva. La Unidad Fiscal subrayó que ese discurso debe ser desmontado siempre, porque constituye una revictimización.

En Tiempo Presente
La violencia sexual ha sido siempre uno de los delitos más difíciles de hacer visibles, incluso para las propias víctimas, que tienden a minimizarlo. Entre los testimonios presentados por Varsky en el alegato de la ESMA, está el de Mercedes Carazzo, quien dijo haber mantenido una "relación" con Antonio Pernías mientras se encontraba secuestrada. Al respecto, la sobreviviente expresó que "no fue una relación impuesta por violencia, pero que no se hubiera producido en otra circunstancia". Es decir, que sólo se produjo porque estaba secuestrada.
Que las mujeres privadas de su libertad en la ESMA fueran "sacadas" para cenar o ir a bailar por sus captores era también una forma de violencia de género, pero les llevó mucho tiempo comprenderlo, como queda claro en el libro Ese infierno, conversaciones de cinco sobrevivientes, en el que Miriam Lewin, Munú Actis, Elisa Tokar, Liliana Gardella y Cristina Aldini recrean las particularidades que sufrieron las mujeres secuestradas en la ESMA.
Desde el CELS, Varsky cree que hoy las dificultades más grandes no están en las testigos y sobrevivientes, que han hecho los esfuerzos necesarios para ponerle palabras a su horror, sino en quienes deben hacerse cargo desde el sistema judicial. "Hay una dificultad de escuchar estas denuncias, que es sobre lo que más tenemos que trabajar, el trabajo con las víctimas ya se viene haciendo, desde la apertura del proceso", apuntó.
La abogada de HIJOS, Ana Oberlin, también batalla para que se haga visible esta violencia específica, y subrayó el valor del veredicto en la causa ESMA. "Queda mucho por hacer, pero hemos andado un gran camino desde que comenzamos a plantear el tema. Al principio absolutamente todos los jueces, los operadores judiciales y fiscales, nos decían que no era posible avanzar en la investigación y sanción de estos delitos. Hoy, en varias jurisdicciones, lentamente vamos avanzando en que los jueces toman conciencia de que se trató de una violencia diferenciada y específica que debe ser sancionada, al igual que todas las atrocidades cometidas durante el terrorismo de Estado", apuntó Oberlin, quien agregó: "También creo que tiene otra dimensión: también sirve para que las víctimas se animen a denunciar lo que vivieron. Y más allá de que algunas decidan no denunciar penalmente estos delitos, pues afectan su intimidad y quizá no quieren o no están preparadas aún para afrontar públicamente haber sido víctimas de tantas aberraciones, creo que contiene la posibilidad de hablar, de contar, de poner en palabras lo ocurrido aunque sea con nosotras o con sus amigas, ex compañeras. Me parece que eso es lo más importante, porque es lo que en definitiva redunda en comenzar a reparar, aunque sea de forma lenta, tardía y fragmentaria, todo el dolor que estos hechos causaron".
Varsky plantea que desde su experiencia de trabajo con testigos, la declaración resulta liberadora. "Hay mucho escrito en relación a si estos testimonios revictimizan o humillan. Creo, por lo menos desde la experiencia que tengo en el sentido de haber hablado con las víctimas, de haberlas escuchado en el juicio, que para ellas es una especie de reparación. No necesariamente tienen que hablar de cómo fue el hecho en sí mismo, pero poder relatar que las manoseaban, que les decían ‘vestite de mujer’, que las llevaban a pasear, es importante. El contexto les permite hablar de violencia de género y por eso es importante que se genere una instancia para relatar todo lo vivido", apuntó la abogada del CELS.
Oberlin agrega algo más sobre el valor actual que adquiere esta sanción. "Esto tiene otra trascendencia que para mí no es menor: hablar de la violencia de género pasada, en el contexto de estos procesos que tienen tanta publicidad, implica también habilitar a hablar de la violencia que aún hoy sufrimos las mujeres. Considero que este también tiene que ser un objetivo de quienes llevamos adelante estos procesos: no sólo lograr el juicio y castigo de los crímenes de la dictadura, sino también trabajar con todo lo que como país nos resta todavía cambiar para mejorar este presente, que tiene demasiado de aquel pasado aún."
5 de noviembre de 2011
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