atentan contra juez instructor

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Atentan contra juez a cargo de insurrección en Ecuador. Se mencionan sus delitos políticos (golpe de estado fallido), pero no el intento de magnicidio.

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Ecuador. Un grupo de desconocidos atentó contra la casa del juez Juan Pablo Hernández, quien trabaja en diferentes casos de la insurrección policial del pasado 30 de septiembre, entre ellos el del destituido director del Hospital policial César Carrión, informó hoy la prensa local.
Ayer por la tarde unos desconocidos quemaron el vehículo del juez y lo empotraron contra un muro al pie de la vivienda, un acto que no provocó heridos, toda vez que en ese momento no había nadie en el domicilio, informaron diferentes periódicos del país.
El ministro de justicia ecuatoriano, José Serrano, dijo que no se descarta que esta acción tenga relación con los procesos judiciales que tiene a cargo Hernández por la revuelta policial del pasado 30 de septiembre, que el ejecutivo ecuatoriano calificó como un intento de golpe de Estado.
Ese día los policías se manifestaron por reivindicaciones salariales, por lo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, acudió al regimiento de Quito para explicar una ley que modificaba los salarios de los uniformados.
En el lugar el mandatario fue agredido físicamente y atacado con gases lacrimógenos, por lo que se dirigió al Hospital Policial para que fuera atendido por la asfixia causada por los gases y de su pierna, de la cual había sido operado recientemente.
"No se trató de un robo, sino de un atentado para intimidar a los jueces que llevan los casos críticos", apuntó Serrano respecto de los hechos contra la vivienda del jurista.
El juez Hernández lleva los cargos contra el director Hospital de la Policía, César Carrión, quien Correa acusó de no dejarlo entrar en el centro sanitario.
Además, atiende los casos contra el agente Giovanny Chancusi, acusado de intentar retirar la máscara antigás a Correa, así como de Marco Tibán, miembro de la escolta legislativa y hermano de la asambleísta del partido indígena Pachakutik, Lourdes Tibán.
Serrano anunció que a raíz de lo sucedido se dará seguridad a los jueces que lleven casos de la insurrección policial.
Por su parte, un hermano del magistrado, Mario Hernández, indicó que están "en shock" por lo sucedido y que aún no saben si la familia presentará una denuncia particular.
7 de noviembre de 2010
6 de noviembre de 2010
©la nación

murió joseph stein

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Autor de ‘El violinista en el tejado’.

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[Anita Gates] Murió el domingo, en Manhattan, Joseph Stein, autor de ‘El violinista en el tejado’ [Fiddler on the Roof] y de más de una docena de musicales en Broadway. Tenía 98 años.
Según su hijo Harry, Stein falleció después de fracturarse el cráneo en una caída, agregando que su padre, un inveterado bromista, había sufrido numerosos achaques en los últimos años, incluyendo un cáncer a la próstata, y que los usó todos como material humorístico.
"Dijo que algunos de sus mejores chistes se los llevaba a la tumba", contó Harry Stein.
‘El violinista en el tejado’, basado en los cuentos de Sholem Aleichem sobre un repartidor de leche judío y su familia que hacen frente a horrorosos cambios en un pequeño pueblo ruso en 1905, se estrenó en Broadway en 1964. El libreto de Sheldon Harnick y la partitura de Jerry Bock cosecharon elogios, pero el libro de Stein pasó prácticamente desapercibido.
"Va más allá del color local y describe, en conmovedores trazos, el pesar de un pueblo", escribió Howard Taubman en su reseña en el New York Times, que también describió el libro como "maravillosamente correcto".
Entre memorables canciones como ‘Sunrise, Sunset’ y ‘If I Were a Rich Man’, los diálogos de Stein poseían su propia poesía. Cuando Hodel, la hija de Tevye, se prepara para unirse a su futuro marido en Siberia, le dice a su padre: "Sólo Dios sabe cuándo nos volveremos a ver". Él responde: "Entonces lo dejaremos en sus manos". Y justo antes del primer gran número del espectáculo, Tevye habla con Dios: "Por supuesto me doy cuenta de que ser pobre no es una vergüenza, pero tampoco es un gran honor".
En 1965, el musical ganó nueve premios Tony, incluyendo el premio al mejor musical y al mejor autor de un musical, Stein. Para 1971, cuando la producción se convirtió en el musical que más tiempo estuvo en tablas en la historia de Broadway (desde entonces, ese récord ha sido superado varias veces), ya se había representado en 32 países, en dieciséis idiomas. El espectáculo dejó de ser representado al año siguiente, pero desde entonces ha vuelto cuatro veces más a Broadway, más recientemente en 2004.
Stein era un veterano de Broadway cuando apareció ‘El violinista en el tejado’. Justo el año antes había recibido elogiosas reseñas por su guión ‘Enter Laughing’, una comedia basada en un libro de Carl Reiner, sobre un niño judío que sueña con llegar a ser actor.
También co-escribió de dos exitosos espectáculos. ‘Take Me Along’ (1959), escrito con Robert Russell, fue un musical basado en ‘Ah, Wilderness!’, de Eugene O’Neill, con Jackie Gleason, Robert Morse y otros. El musical ‘Plain and Fancy’, de 1955, que escribió con Will Glickman, era una ligera historia de romance y choques culturales entre neoyorquinos y menonitas.

Joseph Stein nació el 30 de mayo de 1912 en el Bronx, hijo de Charles Stein, fabricante de carteras, y Emma Rosenblum. Egresó del City College de Nueva York en 1934 y se licenció en trabajo social en la Universidad de Columbia en 1937.
Stein trabajó durante varios años como asistente social antes de que conociera al comediante Zero Mostel a través de un amigo mutuo. Mostel dijo al pasar que andaba buscando materiales para una comedia para la radio y Stein le sugirió una idea, por la que Mostel le pagó quince dólares. Así empezó su carrera en la literatura. (Mostel fue Tevye en la producción original de ‘El violinista en el tejado’ en Broadway).
En 1948, Stein debutó en Broadway, creando con Glickman un sketch para ‘Lend an Ear’, una revista musical con Carol Channing, coreografiada por Gower Champion. Y se convirtió en miembro del grupo de guionistas de la clásica serie de comedias de Sid Caesar en los años cincuenta, ‘Your Show of Shows’.
También escribió el guión de tres de sus musicales -‘El violinista en el tejado’, ‘Enter Laughing’ y ‘Mrs. Gibbons’ Boys’, de 1949, que fue un fracaso en Broadway- cuando fueron llevados al cine y escribió otros proyectos para la televisión, pero su principal carrera estuvo en el teatro.
Cuando ‘El violinista en el tejado’ todavía se representaba en el Broadway Theater, Stein escribió el guión ‘Zorba’ para el musical de Kander y Ebb, de 1968, basado en el libro ‘Zorba el griego’ [Zorba the Greek], que fue protagonizado por Herschel Bernardi como el apasionado, ansioso y meditabundo personaje del título, un hombre al que el crítico del New York Times, Clive Barnes, describió en su reseña como que "vivía como si se fuera a morir en cualquier momento". Un revival de ‘Zorba el griego’, con Antonio Banderas como protagonista, se espera en Broadway para 2012, dijo el productor del espectáculo, Barry Weissler, en una entrevista el lunes pasado.
En el curso de los años, varios de sus musicales fueron repuestos en Broadway, aunque también escribió los guiones de cuatro espectáculos más, tres de ellos musicales.
Su último, ‘Rags’, un musical de 1986 sobre una joven inmigrante (Teresa Stratas) en la era de las maquilas en el Lower East Side, se derrumbó después del peso de las reseñas negativas y cerró después de cuatro funciones. Sin embargo, le significó a Stein, entonces de 74 años, su última nominación a un Tony. El único trabajo reconocido que hizo en Broadway después de eso, fue escribir algunos textos adicionales para ‘Jerome Robbins’ Broadway’ (1989).
Sin embargo, siguió trabajando hasta después de cumplir los noventa. En 2007 la Westport Country Playhouse en Connecticut produjo ‘All About Us’, un musical de Kander y Ebb basado en ‘Skin of Our Teeth’, de Thornton Wilder, con guión de Stein.
El Times de Londres llamó a Stein "el último gran guionista de Broadway". Se siguieron representando incluso sus trabajos menos conocidos. En 2008 la serie  Encores! representó un revival del espectáculo de Stein, ‘Juno’, de 1959, basado en ‘Juno and the Paycock’, de Sean O’Casey, en el City Center, con Victoria Clark.
La primera esposa de Stein, Sadie Singer, murió en 1974. Se casó luego con la actriz Elisa Loti, en 1975, que le sobrevive, así como sus tres hijos de su primer matrimonio: Daniel, Harry y Joshua Stein; un hijastro, John Bader; una hijastra, Jenny Lyn Bader, una dramaturga con la que estaba trabajando en un nuevo musical, ‘Heaven Can Wait’, en la época de su muerte; y seis nietos.
Aunque ciertamente era conocido por ‘El violinista en el tejado’, contendía que era otro musical el que lo había afectado más profundamente.
"Yo creo en la filosofía de ‘Zorba’", dijo Stein al Hartford Courant en 2007, "de que la vida es lo que haces hasta el día de tu muerte, así que mejor usarla toda y enorgullecerte de lo que estás haciendo".
Después de su experiencia con el musical, decidió que nunca volvería a hacer nada simplemente porque fuera comercial.
"De cierto modo", dijo sobre ‘Zorba el griego’, "me cambió la vida".
[Bruce Weber contribuyó al reportaje].
7 de noviembre de 2010
25 de octubre de 2010
©new york times
cc traducción mQh

desertor condenado a 31 años

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Condenan a guerrillero que mató y cercenó mano de su comandante. Alias Rojas fue condenado a 31 años de cárcel por los delitos de secuestro y rebelión por el plagio de un finquero, hace nueve años.

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Colombia. Un juez condenó a 31 años de prisión por secuestro y rebelión al guerrillero Pedro Pablo Montoya, quien en marzo de 2008 se presentó en un batallón del Ejército con una mano que le cercenó a su comandante en las filas de las Farc y al que asesinó mientras dormía.
 Montoya, alias ‘Rojas’, fue condenado a 31 años de cárcel por el Juez Penal del Circuito de Manizales, por los delitos de secuestro y rebelión por el plagio de un finquero hace nueve años, informó RCN Radio.
El 15 de diciembre de 2001, alias ‘Rojas’ ordenó el secuestro del finquero de Pácora, en el departamento de Caldas, José Daniel Serna Suaza, quien fue liberado dos años después de cancelar una millonaria suma de dinero, de acuerdo con la versión radial.
El guerrillero, actualmente preso en una cárcel de Bogotá, también deberá pagar a su víctima alrededor de 170.000 dólares por perjuicios.
Montoya se entregó al Ejército luego de asesinar a alias ‘Iván Ríos’, el jefe del bloque guerrillero José María Córdova, de quien era responsable de seguridad.
‘Ríos’ era uno de los siete miembros del Secretariado de las FARC y tenía como área de operaciones varias regiones del noroeste del país.
Después de asesinarlo junto a su compañera sentimental, Montoya cortó la mano derecha del jefe insurgente y se apoderó de su computador portátil.
El gobierno colombiano ofreció pagarle a ‘Rojas’ más de 1,5 millones de dólares, suma que se corresponde con una parte de la recompensa que por ese entonces ofrecía por informes que permitieran detener o dar muerte a líderes guerrilleros.
6 de noviembre de 2010
©semana

comunero fue asesinado a sangre fría

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columna de lísperguer

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PDI revela montaje tras asesinato de ciudadano mapuche por un carabinero.http://www.lanacion.cl/eventual-montaje-en-muerte-de-mendoza-collio/noticias/2010-11-05/001712.html

Estos episodios de innecesaria crueldad y violencia ejercida por las fuerzas policiales contra ciudadanos mapuches: disparos por la espalda, sin provocación, vale decir, asesinatos premeditados y alevosos, allanamientos ilegales, destrucción de enseres, robo de ganado y bienes, detenciones arbitrarias, torturas y golpizas, humillaciones, violencia contra mujeres y niños- sólo son posibles porque las autoridades chilenas consideran las provincias mapuches como territorio extranjero. Los carabineros se conducen como tropas de ocupación y tratan a los mapuches como enemigos en un clima general de impunidad. Es loable la labor del fiscal militar, que descubrió el montaje. Pese a ello, el carabinero asesino debiese ser juzgado por tribunales civiles. La ciudadanía espera un castigo ejemplar, no menor a su prisión perpetua. Hay que terminar de raíz con la brutalidad policial.
lísperguer

mala nota para eua en derechos humanos

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El primer Examen Periódico Universal, instaurado en 2006 en reemplazo de la Comisión de Derechos Humanos, consignó el funcionamiento del centro de detención de Guantánamo, la vigencia de la pena de muerte en varios estados y la no ratificación de los tratados internacionales.

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Estados Unidos. La propia delegación estadounidense que participó del encuentro celebrado en Ginebra reconoció no estar satisfecha con la situación de su país. "No estamos satisfechos con el estatu quo. Continuaremos mejorando nuestras leyes", aseguró el secretario de Estado adjunto para los DDHH, Michael Posner, quien calificó como "saludable" el debate. Frente a las críticas por las violaciones a los derechos humanos cometidas en las guerras de Irak y Afganistán, el consejero jurídico del Departamento de Estado estadounidense, Harold Koh, respondió que "Estados Unidos no aplica la tortura y no la practicará. (...) La administración Obama dio vuelta la página apenas llegó al gobierno y se aseguró sin equívoco un trato humano a todos los individuos bajo custodia estadounidense en los conflictos armados", agregó.
El primer país de una lista de 87 oradores en criticar a Washington fue Cuba, que le pidió que pusiera fin al embargo contra la isla, calificado como "un genocidio", y que liberara a cinco militantes cubanos detenidos en Miami, considerados por La Habana como "prisioneros de guerra".
Irán, a su turno, estimó que "desgraciadamente Estados Unidos fue y continúa siendo uno de los países que violan más sistemáticamente los derechos humanos". Luego de que varios países árabes denunciaran su preocupación acerca de "la islamofobia" de Estados Unidos, Posner reconoció que las comunidades musulmanas estadounidenses han reportado situaciones "de intolerancia y de discriminación" hacia ellas.
Venezuela, por su parte, reclamó a Washington que ratificara las convenciones de la ONU aun no firmadas, que cerrara la base estadounidense de Guantánamo, que aboliera la pena de muerte y que disminuyera las emisiones de gases con efecto invernadero, entre otras críticas.
Mientras Brasil denunció las condiciones de los inmigrantes en Estados Unidos y pidió "estudiar alternativas" a las detenciones, Gran Bretaña y Australia pidieron la abolición de la pena de muerte, y Francia celebró "el compromiso del presidente Barak Obama de cerrar Guantánamo".
Al iniciar la sesión, la secretaria de Estado adjunta norteamericana ante los organismos internacionales, Esther Brimmer, aseguró que el Examen, que por primera vez pone a Estados Unidos frente a sus pares, "representa una etapa en nuestro largo compromiso para promover los derechos humanos".
Los representantes de unas 300 organizaciones no gubernamentales estadounidenses que viajaron a Ginebra para la ocasión ya calificaron el encuentro de un "fracaso total".
6 de noviembre de 2010
5 de noviembre de 2010
©página 12

paras paralizarán colaboración

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Paramilitares paralizan colaboración con la justicia colombiana. Varios ex jefes paramilitares aseguraron que no colaborarán más con la justicia colombiana mientras el gobierno no resuelva varias inquietudes sobre sus procesos, entre ellas la lentitud.

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Colombia.  La decisión de Raúl Hasbún, Freddy Rendón alias ‘el Alemán’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’, Arnubio Triana alias ‘Botalón’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ (excluido del proceso) de no colaborar con la justicia ordinaria y con Justicia y Paz, ha sido seguida por otros desmovilizados en varias regiones del país y tiene en vilo varios procesos judiciales en los que venían colaborando.
En una carta del 14 de octubre de 2010, los ex jefes paramilitares Raúl Hasbún, Freddy Rendón alias ‘El Alemán’, Rodrigo Pérez alias ‘Julián Bolívar’, Arnubio Triana alias ‘Botalón’ e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ (excluido del proceso), indican en siete puntos "los tropiezos" de la Ley. Entre ellos, que hay un limbo jurídico para quienes se desmovilizaron después del 25 de julio de 2005, que el proceso judicial es lento y que por eso "la pena alternativa (de 5 a 8 años de prisión) es una expectativa cada vez más improbable". Además rechazaron las condiciones de "reclusión, hacinamiento y seguridad de una gran mayoría de desmovilizados presos".
Desde que la carta fue emitida los cronogramas de Justicia y Paz se han ido alterando. Según Hernando Aníbal García, procurador nacional delegado para la Justicia y Paz, algunos ex paramilitares recluidos en las cárceles de Palmira, Ibagué, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cúcuta se han negado varias veces a participar de las diligencias judiciales.
El pasado 8 de octubre alias ’el Alemán’ había anunciado su decisión de no colaborar más con la justicia colombiana señalando entre sus razones que no había claridad jurídica, las condiciones carcelarias, las restricciones al trabajo de recopilación de hechos perpetrados durante las operaciones contrainsurgentes y las amenazas e intimidaciones lo llevaron a anunciar que él y los hombres no volverán a las versiones libres ante Justicia y Paz ni ante la justicia ordinaria.
"Hoy es a la última versión que estos hombres y yo venimos", le dijo alias ‘el Alemán’ al Fiscal Delegado 48 para la Justicia y la Paz durante una diligencia conjunta de versión libre realizada el miércoles 6 de octubre en Medellín, en la que participaron Juan Pablo López Quintero, alias ‘Gabriel’; Elkin Castañeda Naranjo, alias ‘Hermógenes Mazo’; Bernardo Díaz Alegre, alias ‘el Burro’; Libardo Alonso Calle Calle, alias ‘Cumbamba’; Javier Morales Estrada; Diego Vélez Trujillo, alias ‘el Tío’; y Javier Ocaris Correa Alzate, alias ‘Fredy’, quienes respaldaron la decisión de Rendón Herrera.
"Llevamos cuatro años y hemos hecho un trabajo durante este tiempo que muestra avances, pero hoy nos toca decir que hay que hacer un alto en el camino porque el Estado colombiano no nos está posibilitando nada e incumple todo lo acordado", afirmó alias ‘el Alemán’, quien anunció, además, que otros miembros de bloques paramilitares tomarán en próximos días la misma decisión.
Uno de los motivos de esta decisión fue la restricción impuesta al parecer por el Gobierno Nacional a determinadas visitas y encuentros con personas que les están ayudando a recopilar información de los doce años del Bloque Élmer Cárdenas en una vasta región del Urabá, tanto antioqueño como chocoano, así como en Cundinamarca.
El viceministro de Justicia Pablo Felipe Robledo, después de que el Ministerio del Interior y de Justicia fuera informado que varios ex paramilitares se han negado a participar de las versiones libres de Justicia y Paz, y a declarar en juicios contra políticos dijo que el Gobierno les responderá a los paramilitares inconformes. "Ya nos reunimos y tomamos la decisión de darle respuesta a sus inconformidades", dijo Robledo.
Mientras que Miguel Samper, director de Justicia Transicional, entidad dependiente del Ministerio de Justicia, indicó que crearon una mesa de concertación técnica, que buscará salidas jurídicas a las inquietudes planteadas por los ex paramilitares. "Estamos trabajando con la Alta Consejería para la Reinserción para darles una respuesta lo más pronto posible", dijo.
Por esta razón, su despacho radicó el pasado 4 de noviembre de 2010 un informe ante la Procuraduría General. "Si bien consideramos que se les debe escuchar y atender este tipo de debates, rechazamos que los postulados generen una especie de chantaje con el Gobierno porque su responsabilidad es con las víctimas, la sociedad y el Estado. Es una medida extrema que paralicen el proceso de Justicia y Paz", indicó el Procurador.
Verdad Abierta.com consultó sobre la situación al jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González, pero el funcionario afirmó que no podía pronunciarse hasta tanto no conocer la postura del fiscal General, Guillermo Mendoza Diago.

La Exclusión, una Posibilidad
Pese a la cancelación de varias versiones libres, algunos fiscales comentaron que el paro no es general, porque los postulados a la Ley de Justicia y Paz saben que pueden ser excluidos del proceso. Una de las causales para perder el beneficio de la pena alternativa, que es de 5 a 8 años de prisión, es precisamente no colaborar con la justicia en la reconstrucción de la verdad. Ese es el ejemplo de Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’ y Luis Arnulfo Tuberquia alias ‘Memín’, que ahora son juzgados por la justicia ordinaria que impone penas de hasta 40 años.
El 15 de septiembre de 2010, por ejemplo, 27 ex integrantes de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), a cargo del entonces jefe paramilitar Ramón Isaza, fueron citados a una audiencia en Bogotá para imputarles 555 crímenes. Al segundo día, menos de la mitad asistieron a la diligencia argumentando inconformidad "con los tratos del Inpec". Sin embargo, en la actualidad los postulados de este grupo paramilitar seguirán participando del proceso, según algunos de sus abogados.
"Estuve en La Picota hablando con algunos ex integrantes de las Acmm y sus apoderados, y los desmovilizados de este grupo no están solidarizados con el paro. Según lo que expresaron, ellos no quieren entorpecer el proceso porque ya están citadas las víctimas", dijo Omar Lemus, abogado de Wálter Ochoa Guisao alias ‘El Gurre’. Lo mismo aseguró Mario Díaz, abogado de Oliverio Isaza alias ‘Terror’. "Creo que la situación de las Acmm es diferente. El proceso va a avanzado. La nueva a audiencia de imputación parcial de cargos comenzará en ocho días", comentó Díaz.
Cosa muy distinta sucede con algunos ex jefes paramilitares como alias ‘Julián Bolívar’, del Bloque Central Bolívar, que según información publicada por El Espectador.com, expresaron que no declararán en el juicio contra Luis Alberto Gil Quintero, investigado por parapolítica. "Esto es grave porque puede afectar todo el cronograma de este juicio y de los procesos que se llevan contra políticos", dijo Ramón Ballesteros, abogado del ex senador y fundador del movimiento Convergencia Ciudadana.
Defensores de víctimas como Félix Orlando Vargas rechazaron la postura de los desmovilizados e hicieron un llamado de responsabilidad sobre el proceso de reconstrucción de la verdad. "Desde el punto de vista de las víctimas, los postulados a la Ley de Justicia y Paz no pueden estar exigiéndole nada al Gobierno. Si bien están cobijadas por una Ley, tiene una responsabilidad es con los colombianos", dijo el defensor.

Los Cuestionamientos
Para otros defensores víctimas y organizaciones de derechos humanos la carta elaborada por algunos ex jefes paramilitares es sólo un punto de la inconformidad que hay frente al proceso de Justicia y Paz. Según ellos, las víctimas también han expresado desesperanza frente a la puesta en marcha de la Ley, que ya cumplió 5 años.
"A veces pareciera que este proceso no es penal sino más administrativo. Para los defensores es cada más complicada nuestra situación con las víctimas, porque ellas cada vez son más apáticas al proceso. A la fecha no hay una condena en firme y muchas ni siquiera sienten que han conocido la verdad", comentó Álvaro Ballesteros, abogado de víctimas en los Llanos.
Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), indicó que a su juicio, lo anterior demuestra que "la Ley de Justicia y Paz no sólo fracasó sino que agotó la posibilidad de reivindicar la verdad y de hacer justicia. De los 31.600 paramilitares que se desmovilizaron, 28.000 quedaron por fuera del cualquier proceso y no sabemos qué pasó con ellos. Los otros 2.500 se sometieron a la Ley y varios de ellos están expresando todos estos problemas. Es una vergüenza que el gobierno presente ante la comunidad internacional una Ley, que no ha dado una sola sentencia en firme".
Otro de las preguntas que están por resolver es qué sucederá jurídicamente con los ex paramilitares que dentro de dos años cumple los ocho años de prisión. Algunos abogados aseguran que el tiempo de la pena cuenta desde el momento en que fueron recluidos en una cárcel, mientras otros consideran que ésta cuenta desde el momento en que comienza la etapa de imputación. La Corte Suprema de Justicia será la que tenga la última palabra en este tema.
Según Justicia Transicional, el Gobierno Nacional postuló a 4.205 ex paramilitares a la Ley de Justicia y Paz. A la fecha, sólo 2.800 de ellos están activos en el proceso, 434 de ellos renunciaron a los beneficios de la Ley de forma voluntaria y dos de ellos, alias ‘Ernesto Báez’ y alias ‘Memín’, fueron excluidos por seguir delinquiendo desde los sitios donde estaban presos.
6 de noviembre de 2010
5 de noviembre de 2010
©verdad abierta

impune tragedia del palacio de justicia

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La tragedia del Palacio de Justicia, un monumento a la impunidad. Después de 25 años, los hechos de la toma del Palacio siguen sin esclarecerse. La verdad ha llegado a medias y la justicia sigue en deuda.

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Colombia. "Que cese el fuego" fue la petición del magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, mientras las balas silbaban alrededor. Su clamor, sin embargo, no fue escuchado y hoy, 25 años después, todavía se escucha como un eco de la conciencia, como un reclamo de la verdad.
Entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 incursionaron en las instalaciones del Palacio de Justicia, en donde estaban todos los magistrados de las Altas Cortes. El asalto se conoce como la "Toma del Palacio", y lo que ocurrió después como el "Holocausto".
Durante la toma, el M-19 mantuvo retenidas cerca de 350 personas. El Ejército, por su parte, con tanquetas y metralla "recuperó" el edificio. En palabras de la Comisión de la Verdad, conformada por tres ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla Pinilla, dijo: "Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales".
La toma y la retoma duraron 28 horas, durante las que, pese al llamado al diálogo, no hubo quien escuchara.
El saldo fue de casi 100 personas muertas, entre ellas 11 magistrados, 11 personas desaparecidas, entre las que se encontraban siete empleados de la cafetería del edificio de la Justicia, tres visitantes y una sobrina de una magistrada que acostumbraba a guardar su carro en el parqueadero.
Sólo 54 cuerpos, de 68 que fueron identificados, fueron entregados a sus familiares, y 36 fueron a parar a una fosa común.
Acerca del número de guerrilleros muertos no hay una cifra exacta, según la Comisión de la Verdad. Se sabe que eran 41 los que iban a participar en la toma, pero al final sólo entraron 35 al Palacio, de los cuales salieron dos con vida: Irma Franco y Clara Helena Enciso, la primera fue desaparecida. La cifra sobre el total de muertos aún está por aclararse.
Durante 20 años, el proceso del Palacio de Justicia para hallar los responsables estuvo estancado. Sin embargo, tras el cumplimiento de los 20 años del holocausto, el Fiscal Mario Iguarán decidió desempolvarlo. Debido a que está comprobado, como lo han demostrado las instancias judiciales y como lo declaró en su momento el propio presidente, Belisario Betancur, que sí hubo desaparecidos, el caso no ha prescrito. En la diligencia, cuando le preguntaron si tenía conocimiento sobre la desaparición de los empleados de la cafetería, dijo: "No solamente de los empleados de la cafetería, sino que tuve conocimiento de que había numerosos desaparecidos".
Hasta ahora, sólo ha habido una sanción penal. El pasado 9 de junio la juez Stella Jara condenó al coronel retirado Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión por su responsabilidad en la operación de la "retoma".
No obstante, Plazas no ha sido trasladado a un centro de reclusión, como lo ordenó la juez, sino que permanece recluido en la Escuela de Infantería y está a "disposición del comandante de la unidad", lo cual, según los familiares de las víctimas, no es garantía del cumplimiento de la sentencia.
Plazas apeló la condena, que ahora deberá ser revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.
La fiscal Ángela Buitrago, quien tenía a su cargo el caso, entre otros de mucha importancia, fue depuesta de su cargo con el argumento de que tenía procesos atrasados. Sin embargo, para los familiares de los desaparecidos, ella e Iguarán han sido de las pocas personas comprometidas con el caso. La juez Jara tras denunciar amenazas contra su vida se fue del país.
A pesar de los esfuerzos de las víctimas por conocer la verdad, aún faltan muchas piezas de ese rompecabezas. Para ellos no basta con las condenas, si no se sabe dónde están los restos de sus muertos. Entre ellos ya hay personas fallecidas que no lograron enterrar a los suyos, ni tampoco sanar el más amargo recuerdo.
Al cumplirse 25 años del holocausto, Semana.com presenta un informe especial con los hechos y los protagonistas de uno de los capítulos más tristes y oscuros de la historia nacional.
6 de noviembre de 2010
4 de noviembre de 2010
©semana

cidh admite denuncia contra colombia

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Caso Aisalla, primera vez que CIDH admite una denuncia de un país a otro. Si la CIDH concluye que Colombia violó los derechos humanos del ciudadano ecuatoriano, presentará entonces en su informe de fondo recomendaciones que pueden variar entre la exigencia de investigaciones a fondo, sanciones a perpetradores, reparación pecuniaria o simbólica, oferta de disculpas o reformas legislativas.

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Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió este viernes una denuncia presentada por Ecuador contra Colombia por muerte de un ciudadano ecuatoriano durante el ataque transfronterizo de las Fuerzas Armadas de Colombia a un campamento de las Farc en 2008.
Ecuador alega que Colombia violó los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Franklin Guillermo Aisalla Molina por su presunta ejecución extrajudicial por parte de agentes de la fuerza pública colombiana el 1 de marzo del 2008 en territorio ecuatoriano.
Es la segunda demanda interestatal presentada por violación de derechos humanos y apenas la primera admitida por la CIDH, que en 2007 rechazó una demanda presentada el año anterior por Nicaragua contra Costa Rica. La CIDH anunció el viernes la decisión de admisibilidad, que fue adoptada el 21 de octubre durante el 140 periodo ordinario de sesiones celebrado hasta la semana pasada en la capital estadounidense.
Si la CIDH concluye que Colombia violó los derechos humanos del ciudadano ecuatoriano, presentará entonces en su informe de fondo recomendaciones que pueden variar entre la exigencia de investigaciones a fondo, sanciones a perpetradores, reparación pecuniaria o simbólica, oferta de disculpas o reformas legislativas. La comisión pasaría el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente si queda inconforme sobre el cumplimiento de esas recomendaciones.
"La decisión de admisibilidad no implica prejuzgamiento de fondo, establece que desde el punto de vista formal la petición interestatal presentada por Ecuador satisface el requerimiento de la convención (Americana de Derechos Humanos)", dijo en conferencia de prensa el presidente de la comisión, Felipe González. "No es una denuncia frívola, podría llegar a constituir violaciones a los derechos humanos si son debidamente acreditadas".
González explicó que al admitir la demanda, la CIDH decidió no esperar el agotamiento de los recursos internos tras evaluar el progreso de los procesos actualmente en curso en los tribunales colombianos. Agregó que ambos estados han reconocido la competencia de la jurisdicción de la CIDH para conocer de este caso.
"Es muy positivo que la CIDH pueda servir para esclarecer estas situaciones. No debe verse algo anormal que la CIDH decida admitir peticiones de esta naturaleza. Históricamente no se usaba, y el que se use ahora es un paso positivo de resolución pacífica" a manos de un organismo no político, agregó González.
El secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón señaló que los dos estados fueron notificados y tienen tres meses para responder en esta etapa inicial llamada "de fondo". La CIDH podría decidir la celebración de una audiencia de fondo para escuchar alegatos de ambas partes.
El primer caso en el que un Estado denunció a otro fue Nicaragua contra Costa Rica en el 2006, por xenofobia y discriminación contra inmigrantes nicaragüenses, pero la CIDH declaró la denuncia inadmisible un año después.
Ecuador presentó la denuncia en junio del 2009 específicamente por la muerte de Aisalla.
En una audiencia en Washington en marzo de este año ante la CIDH, el procurador general de Ecuador, Diego García, pidió a Colombia una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos, con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de la "ejecución extrajudicial" de la víctima.
Pidió, además, que Colombia dé reparaciones económicas a los familiares de la víctima y que garantice que no acometerá acciones militares similares.
El presidente  Juan Manuel Santos era ministro de Defensa cuando ocurrió el bombardeo y hay contra él un proceso abierto en un tribunal ecuatoriano por su papel en esa operación.
En su denuncia ante la CIDH, el gobierno de Ecuador mantiene que Aisalla falleció en "una ejecución sumaria en territorio ecuatoriano por parte de un Estado extranjero", y según su versión de los hechos, pereció por golpes repetidos en la parte posterior de la cabeza.
Por su parte, Colombia dice que el ecuatoriano murió por el bombardeo en sí, puesto que la autopsia indica, de acuerdo con su versión, que sufrió "lesiones por elementos explosivos y penetrantes que comprometieron el cráneo, las estructuras encefálicas y vísceras torácico-abdominales".
6 de noviembre de 2010
4 de noviembre de 2010
©semana