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murió belva plain


Escribió más de veinte novelas de gran éxito.
Murió Belva Plain, que escribió más de veinte exitosas novelas en el curso de una carrera literaria que se extendió durante varias décadas. Tenía 95 años.
Plain falleció durmiendo el martes pasado en su casa en Nueva Jersey, informó su hija Barbara. No mencionó la causa de su muerte.
Plain, conocida por sus épicas novelas familiares, nunca tuvo un ordenador y escribía normalmente en un bloc de notas amarillo. Había escrito algunos cuentos breves para revistas de mujeres, pero empezó recién a escribir novelas cuando se convirtió en abuela.
"El asunto es que entiendes lo que es la vida a medio camino", le contó al Times en 1978. "Miras a tus nietos, recuerdas a tus abuelos, y entiendes que hay una continuidad general de la familia. Es una experiencia muy conmovedora".
Su primera novela, ‘Siempre verde’ [Evergreen], fue publicada en 1978. Gira sobre la saga de una niña que cambia la desesperada miseria del campo polaco por los populosos bajos fondos de Nueva York, donde se debate entre el amor y las ambiciones de dos hombres. Fue convertida en mini-serie y proyectada por NBC en 1985.
"Mis abuelos llegaron de Alemania en 1875. ‘Siempre verde’ está ambientada en el siglo diecinueve por dos razones: era más dramático -Alemania era relativamente tranquila en los años setenta del siglo diecinueve", contó al Washington Post en 1980. "Y, además, yo quería que mi heroína viviera en el presente, y 1875 era demasiado remoto.
"De modo que no se trata de mi familia, aunque tuvo relevancia para ella y para toda la experiencia americana... Es siempre la misma historia de la gente que se marcha a la tierra prometida".
Poco antes de su muerte, Plain redondeó la continuación de ‘Siempre verde’, que será publicada en febrero. Previamente, Plain había revisado algunos de los personajes de ‘Siempre verde’ para otras tres novelas: ‘La copa dorada’ [The Golden Cup], ‘El tapiz rasgado’ [Tapestry] y ‘La cosecha’ [Harvest].
Se han imprimido más de 28 millones de ejemplares de los libros de Plain.

Plain nació el 9 de octubre de 1915 en Nueva York. Era hija única, escribía poesía durante su adolescencia y se licenció en Historia en el Barnard College.
En un banquete algunos años más tarde conoció a Irving Plain, que se convirtió en un prominente oftalmólogo de Newark. Se casaron en 1939. Él murió en 1982.
"Las historias de Belva conquistaron el corazón y la vida de millones de lectores durante décadas", dijo Shauna Summers, editora de Ballantine Bantam Dell, Random House, que publicaba a Plain.
La sobreviven tres hijos, seis nietos y tres biznietos.
2 de noviembre de 2010
18 de octubre de 2010
©los angeles times
cc traducción mQh
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en georgetown denuncian a uribe


Uribe fue denunciado ante la justicia de EE.UU. por estudiantes de Georgetown. Según los universitarios, durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe "se cometieron miles de asesinatos extrajudiciales a manos de paramilitares".
Estados Unidos / Colombia. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Georgetown dijo que ha "alertado" al Departamento de Justicia de EE.UU. sobre las violaciones de derechos humanos del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que esta semana regresa a dar charlas a esa universidad.
Según la ‘Coalición Adiós Uribe’, durante los ocho años de gobierno de Uribe (2002-2010) salieron a la luz "miles de casos documentados" de asesinatos extrajudiciales a manos de fuerzas militares y paramilitares.
Además, Uribe "ha sido vinculado con escuchas electrónicas ilegales, narcotráfico y amenazas de muerte y ataques contra sus opositores políticos", argumentó el grupo en un comunicado.
Los estudiantes decidieron presentar sus denuncias al enterarse de que una división del Departamento de Justicia estaba solicitando información sobre violadores de los derechos humanos que hayan ingresado a Estados Unidos.
"Uribe debe ser llevado ante la Justicia... en vez de que se le dé una plataforma para promover una versión distorsionada" de su presidencia, dijo Charity Ryerson, estudiante de Derecho de la Universidad de Georgetown.
"Las víctimas de sus políticas merecen algo mejor", agregó Ryerson.
En su contacto con el Departamento de Justicia, el grupo dijo que destacó varias de las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante el mandato de Uribe, incluyendo los "falsos positivos", en los que se hacían pasar por guerrilleros de las Farc a civiles muertos en el conflicto.
También mencionaron la ‘Operación Genésis’, que produjo el desplazamiento de miles de afrocolombianos y la "usurpación de sus tierras", dijo el comunicado.
La coalición tiene previsto instalar mesas de información en el recinto universitario este miércoles para "educar a la comunidad" sobre las "atrocidades de Uribe" en Colombia. El encuentro contará con la participación de abogados, estudiantes, profesores y activistas colombianos.
A finales de septiembre pasado, un grupo de unos 80 profesores de prestigiosas universidades de EE.UU. reclamó a la Universidad de Georgetown que retire a Uribe su cargo de "académico distinguido" por considerarlo "una afrenta a los académicos y a su misión educativa" en la institución.
El grupo envió una carta al rector de la universidad, John J. DeGioia, en la que destacaron los problemas registrados en el área de derechos humanos durante el mandato de Uribe.
Los académicos salieron así a respaldar una carta abierta emitida a principios de septiembre por el jesuita colombiano Javier Giraldo, investigador y activista de derechos humanos, para protestar porque Uribe esté dando clases en Georgetown, una universidad católica regida por la Compañía de Jesús.
El ex mandatario colombiano presentó su primera conferencia en esa universidad el pasado 9 de septiembre, y regresa este lunes al recinto académico para una estancia hasta el próximo día 12.
1 de noviembre de 2010
©el espectador
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la puja por los negocios de jorge 40


Después de desmovilizarse, ‘Jorge 40’, y Hernán Giraldo, le vendieron una franquicia sobre sus negocios ilícitos a ‘Los Mellizos’. No tardaron en darse cuenta que no habían comprado la exclusividad sobre el bajo mundo del Caribe colombiano, pues varios grupos armados vinieron pronto a arrebatársela a tiros.
Colombia. A mediados de 2006, varios meses después de la desmovilización  de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, Norte y Resistencia Tayrona, la Fiscalía inició una investigación para establecer si era cierto que los antiguos militantes de los grupos paramilitares habían seguido delinquiendo en los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre. Los dos grupos habían desmovilizado seis mil hombres entre el 3 de febrero y 7 de marzo de 2006.
Los indicios que tenían las autoridades señalaban que los mandos medios se estaban rearmando. Además,  el grupo llamado Resistencia Wayuu, que delinquía en la Guajira, bajo el mando de alias ‘Pablo’, no se había desmovilizado y estaba pasando contrabando de gasolina y de drogas ilícitas, y seguía extorsionando, cometiendo homicidios e intentando controlar lo que sucedía en la parte alta de la península.
En Magdalena y Atlántico, hombres afines a ‘Jorge 40’, ex jefes del Bloque Norte, como Miguel Villarreal Archila, alias ‘Salomón’ o ‘Sandra’, estaban controlando el negocio del narcotráfico desde la zona norte de Cartagena hasta Ciénaga, Magdalena, por toda la línea costera. Alias ‘Salomón’, se había desmovilizado en La Mesa, Cesar, y había sido procesado en calidad de reo ausente por la devolución que hicieron varios policías de un cargamento de cocaína, incautada a narcotraficantes en 2003. Como miembro del Bloque Norte antes de la desmovilización, se movía por los municipios costeros del Atlántico.
Con base en esos indicios, la Fiscal Quinta de Derechos Humanos y DIH, ordenó la interceptación de unos abonados telefónicos y al cruzar algunos hechos criminales con las conversaciones grabadas a varios miembros de presuntas bandas criminales, encontró que efectivamente muchos ex ‘paras’ se habían reagrupado.  En Barranquilla había sido asesinado alias ‘Capulina’, quien obedecía órdenes de alias don ‘Berna’. Lo que hizo presumir que la guerra estaba declarada, pues la presencia de este desmovilizado en Barranquilla era para disputarle la extorsión financiera y el territorio a los subalternos de ‘Jorge 40’.  
En Santa Marta y La Sierra Nevada, miembros del desmovilizado grupo Resistencia Tayrona, se unieron con la denominada Oficina de Envigado, mientras que alias ‘Salomón’, desde Barranquilla, dirigía ‘La Banda de los 40’, los herederos de ‘Jorge 40’. Unos y otros estaban dedicados al cobro de cuentas del narcotráfico.
Con el paso de los meses, a finales de 2006 y comienzos de 2007, se supo que los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, ‘los Mellizos’, quienes se habían evadido de la concentración paramilitar en Santa Fe de Ralito durante las negociaciones con el gobierno de Uribe, ya habían llegado a la zona para disputarse las rutas de cocaína y otros negocios ilegales. Comenzaba a hablarse ya a comienzos de 2007 de ‘La Banda de los Nevados’, y en las conversaciones entre los militantes, interceptadas por policía judicial, se decía que en la zona se encontraban "los igualitos" y se hablaba de ellos con reverencia y temor, pues se presumía que tenían gran poder económico y militar.
La llegada de los hermanos Mejía Múnera se dio como consecuencia de la compra de la ‘franquicia’ que hicieron del territorio que había controlado Hernán Giraldo en la Sierra Nevada y en Santa Marta, y en Atlántico a ‘Jorge 40’. Miguel Ángel, conocido con los alías de ‘Pablo Arauca’ o ‘El Loco’, buscaba dominar el próspero bajo mundo del Atlántico; y Víctor Manuel (Q.E.P.D.), conocido con los alias de ‘Sebastián’, ‘El Papá’ y ‘El Señor’, quería apoderarse de los negocios turbios del Magdalena.
A pesar de haber pagado su franquicia, ‘Los Mellizos’  tuvieron que entrar a disputarse el territorio con ‘La Banda de los 40’, herederos originales de ‘Jorge 40’, durante gran parte de 2006, 2007 y 2008, con múltiples bajas de lado y lado.  A la cabeza de ‘Los 40’ estaban hombres que habían sido del grupo de ‘Jorge 40’: Miguel Villarreal Arcila, alias ‘Salomón’, Yuri Frecid Rodríguez Saab alias ‘Walter la Araña’, Ignacio ‘El Cabo Guerrero’, Edgardo Rosemberg Contreras, conocido como ‘El Chino’; y Javier Acosta Maestre, alias ‘Baltazar’.
Este imperio criminal también era pretendido por la denominada ‘Oficina de Cobros de Envigado’. Llegaron a la disputa nuevos grupos originados en el narcotráfico antioqueño, como ‘Los Paisas’ y ‘Los Urabeños’. También en puja aparecieron ‘Los Rastrojos’, un grupo armado que se formó a la sombra de alias ‘Don Diego’, un narcotraficante del Norte del Valle.
‘La Banda de los 40’ comenzó a perder negocios en Sucre, donde eran más débiles, después Bolívar y en especial Cartagena a manos de ‘Los Paisas’ encabezados para ese entonces por alias ‘Rogelio’. En 2007 la Banda iba siendo diezmada y los que quedaban vivos eran presionados para que se pasaran a las nuevas estructuras criminales.
En Magdalena y Atlántico, ´Los Mellizos’ intentaban mantener el control y le dieron un ultimátum a los cabecillas de ‘Los 40’, diciéndoles que ellos eran los que mandaban, además de exigirles que no siguieran cobrando y que quien lo hiciera "lo recogerían", un eufemismo de asesinato, común entre los delincuentes.
Eso, en efecto, ocurrió con varios, a tal punto que en una agónica conversación de alias ‘Salomón’ con uno de sus hombres, les dio la orden de esconderse, de no frecuentar los sitios que antes frecuentaban advirtiéndoles que los habían traicionado algunos de sus compañeros de mafia. "Ya ni la policía nos puede proteger’, llegó a decir en una de las conversaciones interceptadas.
El mismo ‘Salomón’ terminó renegociando el territorio con ‘Los Mellizos’ y se fue para Venezuela, pues allí no se sintió seguro. Igual camino tomaron varios de los integrantes de la banda. A mediados de 2007, el grupo de los ‘40’ habían sido absorbido parcialmente por ‘Los Mellizos’ en Atlántico y Magdalena, mientras que en Sucre y Córdoba, ‘Los Paisas’ y la ‘Oficina de cobros de Envigado’ habían asumido el control.
En Magdalena y Atlántico, el control de ‘Los Mellizos’ sobre el territorio adquirido a Hernán Giraldo y a ‘Jorge 40’ duró poco, pues no habría tregua entre las diferentes bandas y la posibilidad de maniobra fue muy estrecha. En Magdalena un grupo de  desmovilizados hizo alianza con la ‘Oficina de Envigado’, y comenzaron a denominarse ‘Águilas Negras’. Este grupo se había tomado Santa Marta y una parte de la Sierra Nevada con un grupo de sicarios y hombres con armas automáticas.
Con base en testimonios de desmovilizados, se supo que éste nuevo grupo tenía aliados en el Ejército. A tal punto era la relación que informes de inteligencia y versiones de testigos amenazados reportadas por el Sistema de Alertas Tempranas, informaron que el Batallón Córdoba en Santa Marta les suministraba material de intendencia y los apoyaba logísticamente. También tenían respaldo de algunos miembros del DAS, de fiscales y miembros de la Sijin. Denunciar era también muy peligroso, por ello los allanamientos se hacían con unidades de otras regiones y se creó una fuerza de tarea del Magdalena para combatir a los grupos ilegales, hasta que al fin fueron capturados algunos mandos de las Aguilas Negras.
Para camuflarse, cambiaron de nombre y comenzaron a llamarse ‘Bloque Arhuaco’ y su jefe era alias ‘Caucasia’, quien fue capturado a finales de 2007, lo mismo sus otros aliados conocidos con los alias de ‘55’ (Norberto Quiroga, extraditado), ‘57’, ‘101’ y ‘Macondo’. Su jefe, Villarreal Archila, alias ‘Salomón’, también fue capturado en Bucaramanga en abril de 2007 (y extraditado a Estados Unidos). Así mismo fueron enviado a prisión los hermanos Adán y José Gregorio Rojas, hijos del ‘Negro’ Adán, quien se encontraba preso desde hacía varios años en compañía de su hijo mayor Rigoberto, conocido con el alias de ‘Rigo’ o ‘El Escorpión’. También capturaron a varios sicarios, siendo desmantelada la estructura.
Al ser desmantelada esta estructura, comenzó el control de ´Los Mellizos’, aliados con un grupo de ‘Los Paisas’, y  mandos medios del Resistencia Tayrona, como alias ‘Chaparro’.
Pero la batalla no terminó ahí. A comienzos de 2008,  alias ‘Valenciano’, quien venía de la temible ‘Oficina’ se unió con parte de la familia de los Giraldo y con los pocos que quedaron de las Águilas, con el propósito de sacar a ‘Los Nevados’ de la región y se estableció en Barranquilla. ‘Los Rastrojos’, que seguían buscando su espacio, armaron su propia alianza con gente de la ‘Oficina de Envigado’ y de ‘Don Mario’, hermano del ex jefe paramilitar alias ‘El Alemán’, que había hecho un emporio del narcotráfico en los Llanos Orientales. A los seguidores de ‘Don Mario’, se les llamaban ‘Gaitanistas’.
En Magdalena coincidían todas las bandas de narcotraficantes nacionales en alianza con grupos locales. La disputa por el control territorial desató una cruenta guerra entre ellos. Entraban a una ciudad volteando con dinero a algunos, mataban a los que podían y negociaban con los que quedaban. Ese es el ciclo que se repitió cada vez en Magdalena. Eso ocurrió con los hermanos Mejía Múnera, quienes bautizaron su banda como  ‘Bloque Norte de los Nevados’, intentando aparecer tan poderosos como sus antecesores ‘Jorge 40’ y el Bloque Norte. Ellos, en un intento desesperado por mantener su poder del territorio, se aliaron con ‘los Rastrojos’, pero Víctor Manuel murió el 29 de abril de 2008 y Miguel Ángel capturado el 2 de mayo en Honda, Tolima, y después extraditado a Estados Unidos.
1 de noviembre de 2010
26 de octubre de 2010
©semana
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colombia desconoce cidh


Según el magistrado Sigifredo Espinosa, el gobierno no ha cumplido con la adopción de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó para su protección y la de su familia.
Colombia. El gobierno colombiano no ha cumplido con la adopción de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó en favor del magistrado Sigifredo Espinosa y su familia, advirtió en Bogotá este letrado de la Corte Suprema de Justicia.
Espinosa señaló en una declaración pública que el Ejecutivo dejó correr el lapso de 20 días con los que contaba para informarlo de dichas medidas urgentes, que la CIDH le concedió el 13 de septiembre pasado.
Por una petición del magistrado, que hace parte de la Sala Penal de la CSJ, el órgano de derechos humanos de la OEA dispuso la adopción de medidas de protección para Espinosa y su familia.
El letrado recordó que él está entre los miembros de la CSJ que fueron sometidos a escuchas y seguimientos ilegales por parte del DAS, central de inteligencia del Estado que también espió a políticos de oposición, periodistas, diplomáticos y defensores de derechos humanos.
"Ante los graves atropellos y riesgos a que fuera sometido por parte de agentes del Estado (...) y de otros funcionarios estatales, me vi en la imperiosa necesidad de acudir a organismos internacionales (...) para solicitarles protección para mi vida y mi integridad personal y la de los miembros de mi familia", precisó.
"He sido objeto de interceptaciones ilegales, seguimientos indebidos e ilegales, intento de asesinato a mí y a mi familia, amenazas, espionaje por parte de mi esquema de seguridad, monitoreo de todo lo que constituye mi vida pública y privada y toda suerte de oprobios que hacían presagiar la inminencia de un desenlace fatal", añadió.
Espinosa agregó que esta situación lo puso en la necesidad de acudir a organismos internacionales que, como la CIDH, analizó su caso y tras constatar el peligro en el que lo tenían los organismos del Estado, concedió en su favor medidas cautelares.
En ellas le notifica al gobierno la "adopción de medidas urgentes" en favor de él y su familia, agregó el magistrado, que indicó que la CIDH también instó al Ejecutivo a que las concertara de manera conjunta e informara en 20 días al organismo de los resultados de ello.
A pesar del plazo, "no he sido enterado por parte del gobierno nacional de que dichas medidas fueran concedidas en mi favor, lo cual me lleva a deducir, como así se lo informé a dicho organismo internacional, que no existe interés por parte de Colombia en atender dichas medidas", sostuvo el magistrado.
En la declaración, Espinosa no descartó recurrir a otros organismos en procura de que la vida y la integridad personal de él y de su familia sean protegidas.
Antes que a Espinosa, la CIDH dictó medidas de la misma naturaleza en favor de Yesid Ramírez, César Julio Valencia Copete, María del Rosario González e Iván Velásquez, igualmente magistrados de la CSJ.
1 de noviembre de 2010
29 de octubre de 2010
©semana
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uribe, sospechoso de asesinatos


columna de lísperguer
Ex presidente Uribe mencionado en conspiración para asesinar a paramilitar.

Son asombrosas las cosas de las que nos hemos ido enterando sobre el ex presidente Uribe. Lo persigue una atroz reputación. Se hizo reelegir comprando literalmente los votos de los senadores que hacían falta, con dinero y prebendas. Ordenó una campaña de espionaje ilegal de opositores políticos, jueces y activistas. Su hermano es sospechoso de haber dirigido un escuadrón de la muerte cuyos robos de tierras ampliaron la hacienda familiar. Alba Luz Flórez, ex detective del DAS, contó que llegó a vivir en la calle, disfrazada de indigente, para eludir a los que la amenazaron de muerte si llegaba a declarar. La CSJ investiga el asesinato de un paramilitar, aparentemente ordenado por Uribe. Noguera, ex jefe del DAS, está preso por homicidios. ¿Los ordenó Uribe? Con Uribe, un verdadero Al Capone, cualquier cosa es posible. Y nuestro presidente dice que lo admira.
lísperguer

militares masacran a niños en arauca


Barbarie en Arauca. Al horroroso hecho de que tres niños hayan sido cruelmente asesinados en Arauca se suman los preocupantes indicios de que algunos militares podrían estar involucrados en el crimen.
Colombia. "Pánico y tristeza. Nada más", es lo que sienten los 22 niños de la escuela Alto Caño Martín, en la vereda Carraos, de Tame, Arauca, según el profesor de esta remota institución rural donde estudiaban los hermanitos Torres Jaimes, cuya muerte tiene conmocionado al país.
El profesor explica que la escuela estuvo abandonada varios días y que los menores apenas están empezando a retornar. Antes, ellos iban y regresaban solos de la escuela, en recorridos de más de una hora en burro o bicicleta. Ahora lo hacen acompañados de sus padres, pues cuando los niños ven al Ejército simplemente se niegan a salir de sus casas por físico miedo.
En estas veredas todos sospechan que las tropas están involucradas en el espeluznante asesinato, ocurrido en la tarde del pasado 14 de octubre. Ese día, José Álvaro Torres, un humilde campesino, separado, que apenas alcanzó el segundo grado de primaria, salió de su rancho en la vereda El Temblador a trabajar como jornalero en una finca relativamente cercana. En la casa, hecha con tablas de madera y paja, quedaron sus tres hijos, solos, como tantas otras veces.
Yenny, de 14 años, era la mayor y responsable de cocinar para sus hermanitos menores: Yimmy Ferney, de 9, y Jeferson Jovany, de 6. Al medio día, José llegó al rancho, almorzó con sus hijos y luego salió a trabajar de nuevo. Un poco después, le pidió a un vecino que fuera al rancho a recoger un repuesto, y este regresó con la noticia de que los niños no estaban. Sin embargo, no se alertó, pues pensó que estarían jugando en los alrededores. Pero al final del día, cuando se dio cuenta de que no regresaban, empezó su tragedia. Recorrió toda la zona preguntando por sus hijos pero nadie le dio razón.
Al siguiente día, con la colaboración de varios campesinos, emprendió una búsqueda rigurosa. En vista de que no los encontraron, José se fue para Tame a alertar a las autoridades, mientras sus vecinos seguían rastreando en el terreno. Al día siguiente, sábado, empezaron a buscar ya no solo por los caminos, sino entre los matorrales. Para entonces, una preocupación fatal rondaba el ambiente.
Efectivamente, en una zona escarpada encontraron una hojarasca que cubría dos pedazos de tierra removida. José estaba en la Sijín de Tame cuando recibió una llamada: sus vecinos le pedían que regresara cuanto antes. Al final de la tarde, cuando era claro que se trataba de una fosa con cuerpos humanos, los campesinos informaron a todas las autoridades judiciales. Sin embargo, dada la hora, ninguna acudió para hacer el levantamiento. No obstante, un grupo de la Cruz Roja Colombiana, por petición de la Fiscalía de Arauca, hizo la exhumación esa misma noche.
La escena que encontraron era tétrica: en una fosa estaban los cadáveres de los dos niños y de otro, el de Yenny, con rastros de haber sido violada. Los tres cuerpos estaban a medio vestir y tenían heridas mortales de arma cortopunzante en distintas regiones: cuello, espalda, cabeza. Esa misma madrugada los transportaron a Medicina Legal de Arauca.
El domingo, una comisión interinstitucional, transportada en helicópteros del Ejército, arribó a la zona e inspeccionó todo el sector; tomó testimonios y registró minuciosamente el terreno. Desde entonces, dos unidades de la Brigada Móvil 5 de la Octava División están bajo sospecha. Se trata de unos 60 uniformados que por esos días acamparon y patrullaron el sector.
Varios indicios han hecho que los investigadores consideren que algunos uniformados podrían estar involucrados en este crimen. Ni en la humilde vivienda ni en sus alrededores hay rastros de sangre o de violencia. Únicamente los hay en la fosa, distante a 232 metros de la casa. Ello indicaría que en ese mismo lugar fueron agredidos, asesinados y sepultados. Lo que está por explicarse es cómo pudo ocurrir esto a 254 metros del campamento militar, dado que matar a los niños y cavar los huecos requiere tiempo y control del área. No obstante, un testigo asegura que la víspera del crimen los militares habían abandonado el campamento. Pero en todo caso, continuaban en los alrededores.
Uno de los indicios más preocupantes es que varios campesinos dicen que los soldados solían ir a sus casas para intercambiar víveres. Los niños asesinados fueron visitados en dos ocasiones por uniformados, cuando su padre no estaba. Un oficial del Ejército que sigue de cerca el caso le confirmó a SEMANA que esas dos visitas efectivamente ocurrieron y que "estas de por sí son irregulares".
La proximidad del Ejército a la casa ha sido verificada también con una serie de elementos que los militares dejaron desperdigados cuando levantaron los campamentos y continuaron su marcha. Se trata de empaques de víveres y pertrechos rotulados como de la Compañía Buitres 2, perteneciente a la Brigada Móvil 5. Cerca de la fosa se encontraron las cenizas de una hoguera reciente.
A ese conjunto de elementos en el terreno se han ido sumando otros. Los soldados bajo sospecha, que están aislados y concentrados en Arauca, han incurrido en inconsistencias en las entrevistas hechas por el propio Ejército, que son evaluadas por la Fiscalía. También se vienen adelantado pruebas técnicas, cuyos resultados preliminares no son halagüeños.
Un informe interno de la Fiscalía, conocido por esta revista, señala que los equipos de campaña de varios militares bajo sospecha fueron sometidos a una prueba conocida como Bluestar. Se trata de una solución química que reacciona ante rastros de sangre. De 11 equipos sometidos a examen siete arrojaron positivo. Ello no quiere decir nada distinto a que hubo algún contacto con sangre, no necesariamente reciente. Los siete equipos fueron remitidos a laboratorios para establecer "si hay fluidos, si los mismos son de origen humano y, de ser positiva la respuesta, se extraiga el ADN, para un futuro cotejo con el de las víctimas", según se lee en el informe.
Tras practicar la necropsia a los tres niños, el Instituto de Medicina Legal de Arauca tomó varias muestras que envió a Bogotá para establecer su ADN. Lo propio se hizo con los militares en cuestión y con José Álvaro, el papá de los niños, quien fue la última persona que los vio con vida. El cotejo del ADN será la prueba reina.
Mientras la investigación avanza se han conocido otros hechos que podrían complicar más la situación de los uniformados. En la Sijín de Tame existe la denuncia de una campesina que asegura que su hija de 13 años fue violada el 2 de octubre en otra vereda.
Según la denuncia, ese día la menor estaba en su casa, sola, cuando fue sacada a la fuerza bajo la lluvia por un uniformado que portaba un arma larga y que la llevó hasta una maraña donde la ultrajó. Tras el acto, el sujeto la obligó a lavarse la vagina y la amenazó de muerte si decía algo.
Existe otro antecedente ocurrido en la capital de Arauca el 5 de abril pasado. Ese día la Policía detuvo en flagrancia al soldado Duverney Pava Henao cuando huía entre la maleza tras violar a una colegial de 14 años en inmediaciones de la Brigada 18.
El crimen de los niños Torres Jaimes tiene en alerta al gobierno. Tanto el Ministro de Defensa como el alto mando militar han advertido que serán implacables con los responsables, incluso si son militares. El vicepresidente Angelino Garzón advirtió que se trata de un crimen de lesa humanidad. La Fiscalía decidió trasladar al búnker de Bogotá el expediente, mientras que organizaciones de derechos humanos empezaron a divulgar el suceso en influyentes esferas internacionales.
Mientras tanto, José Álvaro Torres, el padre de los menores, permanece refugiado donde unos amigos tan pobres como él y asegura que nunca volverá a su casa. "¿A qué?", se pregunta. Cuando ve las noticias sobre el caso dice que teme por su vida. Él fue el primero en señalar de sospechoso al Ejército y exige castigo para los responsables. Lo exige, temblando, con desespero y a la vez con vehemencia. Igual que lo haría cualquier padre si sus hijos son asesinados de esta manera tan brutal.
1 de noviembre de 2010
30 de octubre de 2010
©semana
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viaje al infierno


María Jimena Duzán habla sobre su nuevo libro, ’Mi viaje al infierno’, de Editorial Norma, en el cual relata los detalles sobre la masacre de Cimitarra, en 1990, en la que los paramilitares asesinaron a su hermana Silvia, que también era periodista.
Colombia. SEMANA: ¿Por qué decidió hacer un libro sobre el asesinato de su hermana después de 20 años?
María Jimena Duzán: Porque me tomó 20 años hacer el proceso de reflexión y duelo sobre lo que había pasado. Solo ahora tuve la fortaleza para indagar por qué la habían matado, cómo había quedado y quiénes habían sido.

SEMANA: ¿Por qué le costaba trabajo abordar el tema?
M.J.D.: Uno queda en una situación de fragilidad y temor. A mí me amenazaron, me tocó salirme del país y vivir tres años por fuera. Cuando regresé, escribí de todo menos de eso. Fue una decisión de supervivencia, creo yo, por temor a que pasara algo conmigo o a mi familia. Y creo que lo mismo les pasa a la mayoría de las víctimas en Colombia, se quedan atemorizadas y esa inmovilidad es lo que permite que los perpetradores avancen.

¿Temor o negación?
Las dos cosas. Yo terminé haciendo lo mismo que hizo la sociedad colombiana, que hasta ahora empieza a aceptar parcialmente los horrores que sucedieron. Yo me atemoricé y decidí no ir ante la justicia, porque el general Maza me dijo: "No se meta en eso porque yo voy a hacer las cosas como Estado". Resulta que el Estado no hizo nada.

¿Qué la hizo cambiar?
Que vi a Ramón Isaza en televisión diciendo que no se acordaba de nada. Me indignó la forma como borraba de un tajo el asesinato de mi hermana.

En el libro usted cuenta muchas cosas de su vida privada. ¿Por qué?
Porque creo que era la única manera de contar la historia.

¿Como una necesidad personal o porque era la única forma para que lo que dice fuera creíble?
Era la manera de explicarme a mí misma de dónde venía el dolor que yo tenía aprisionado por tanto tiempo. Pero también el libro fue escrito para que mis hijas supieran quién era su tía y cómo sus sueños fueron aniquilados por la manera injusta en que murió.

¿Entonces decide afrontar el tema y descubre algo distinto?
Sí. Yo pensaba que a Silvia la habían matado los narcoparamilitares del Magdalena Medio. Pero no sabía que había una presencia tan real de agentes del Estado. Descubrí que en la masacre participaron por lo menos tres agentes de Policía, el comandante de la Policía de Cimitarra y el comandante del Ejército del Batallón Rafael Reyes.

¿Se comprobó la participación de ellos?
El expediente se perdió por diez años, y yo creo que detrás de esa desaparición hubo una mano secreta. Hoy estoy convencida de que lo que querían era mantener en el olvido el fallo en el que se declararon libres de toda culpa a los acusados, incluidos los agentes del Estado. Es como si la masacre no hubiera existido. Como si mi hermana y los tres líderes campesinos se hubieran suicidado.

¿Hubo testigos?
Sí, todo el pueblo. La masacre fue hecha al frente del batallón, en un bar La Tata, que estaba lleno de gente en un viernes de fiesta. Todo el mundo supo quién disparó y quiénes fueron los que protegieron a los asesinos en su huida.

¿Quiénes eran los otros?
Silvia estaba acompañada por tres líderes campesinos: Josué Vargas, Miguel Ángel Barajas y Saúl Castañeda. Los tres murieron al instante; la única que sobrevivió fue mi hermana. Descubrí que ella murió desangrada a las 3 horas, sin que nadie la ayudara. Los campesinos eran el objeto de un documental que estaba haciendo Silvia para el Canal 4 de Inglaterra.

¿Cuál era la razón para matar a Silvia?
Yo creo que la mataron porque el documental que estaba haciendo iba a reflejar la magnitud del proyecto narcoparamilitar que se estaba montando en el país. Descubrí que la venían siguiendo desde el Batallón Rafael Reyes mucho antes de que la mataran.

La historia de cómo estaban operando los grupos paramilitares en el Magdalena Medio...
Ahí comenzó todo lo que hoy estamos padeciendo. La historia de cómo, desde el Magdalena Medio, se tomaron las elecciones y la política en las regiones y se despojó a los campesinos de sus tierras comenzó hace 20 años allí, en Puerto Boyacá.

¿Las tres personas que estaban con Silvia tenían alguna militancia en la izquierda?
M.J.D.: Una semana antes, Báez los acusa a ellos de ser colaboradores de la guerrilla, pero ahora él ya no se acuerda de esas declaraciones. Sin embargo, cuando uno conoce la historia de estos campesinos, se da cuenta de que ellos fueron ante todo víctimas de las atrocidades de las Farc.

Si uno mira el trabajo periodístico que estaba haciendo Silvia y lo compara con la visión que tenemos hoy del paramilitarismo, ¿hay diferencias?
Claro. En esa época Silvia y yo pensábamos que el paramilitarismo no era tolerado. Hoy veo que ese pequeño monstruo que comenzó en el Magdalena Medio como una insurrección dentro del propio Estado fue adquiriendo una aceptación social que le permitió convertirse en un proyecto político en estos 20 años. Afortunadamente los medios y la Corte Suprema reaccionaron y destaparon la parapolítica. Pero eso solo es la punta del iceberg.

Esa realidad no necesariamente es la misma que existe después de la desmovilización...
En esa zona del Magdalena Medio la guerrilla fue desterrada. Y desde entonces hay una especie de aceptación de ese nuevo régimen político que instauró el narcoparamilitarismo.

Hace 20 años ya existían versiones sobre lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué pudo prosperar el paramilitarismo?
Esa es una de las cosas que más me han impactado en los expedientes: todo se sabía. La manera como descuartizaban a las personas, las masacres, los despojos a los campesinos. Hay muchísimas personas que se fueron al DAS a dar declaraciones y a informar. Lo poco que han revelado los paras desmovilizados en Justicia y Paz se sabía ya hace 20 años. Pero la sociedad no se inmutó ni entonces ni ahora.

Y entonces, ¿qué pasó con los procesos?
La justicia no les dio credibilidad. Y en el caso de la masacre de Cimitarra exculpó a los asesinos, aun con pruebas y que el pueblo entero había sido testigo. Hay testimonios de miembros de la fuerza pública que se volvieron informantes del DAS o que fueron a la Procuraduría, desesperados, a hablar. Esas indagatorias están ahí, apolillándose.

O sea que la negación de la que usted nos hablaba al principio también afectó a la sociedad. Las cosas se sabían, pero no se aceptaban…
Solo ahora hay intentos por recuperar esa memoria trágica con el trabajo que está haciendo el grupo académico que lidera Iván Orozco, pero en materia de justicia, el peso de la impunidad sigue siendo implacable. No creo que la sociedad colombiana esté lista para enfrentar esa verdad. Además, yo siento que estos ’temas’ interesan muy poco.

¿Hay alguna posibilidad de que la masacre de Cimitarra se retome?
No, porque es cosa juzgada. Lo único que queda es la instancia internacional, como ha sucedido con otras masacres, la de La Rochela y la de Segovia.

¿Usted es capaz de perdonar a quienes mataron a Silvia?
Más que perdón, yo pediría sinceridad. Me molesta que no haya respuestas y que quienes saben la verdad se nieguen a revelarla. Ninguno de los jefes paras desmovilizados supo de la masacre de Cimitarra.

¿Cree que la publicación del libro sirva para eso?
En un país que no reconoce la gravedad del conflicto que ha vivido, ser víctima no es nada fácil. La sociedad colombiana todavía no sabe qué hacer con nosotros. Ojalá este libro sirva para mostrar que las víctimas en Colombia somos de carne y hueso y que a pesar del dolor y de la impunidad, tenemos una voz que no pueden acallar por más que nos invisibilicen o nos intenten estigmatizar. A este Estado y a esta sociedad hay que sacudirlos para que lo vean a uno y no solo determinen al asesino que mató al ser querido.
31 de octubre de 2010
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legalización inevitable


El referendo de California abrió el debate. Pase o no pase, la despenalización en el mundo es una realidad y la legalización está cada vez más cerca.
Colombia. El referendo del próximo 2 de noviembre en California para legalizar el consumo de la marihuana puede que no pase, según el veredicto de las últimas encuestas. Sin embargo, ya cumplió con parte de su cometido: que se volviera a hablar de un tema tabú en Estados Unidos y que saliera a flote el sentimiento colectivo de que se ha fracasado en el intento mundial de controlar las drogas con la represión.
Nunca antes, como en los últimos años, la derrota de la ’Guerra contra las drogas’ había sido tan clara. El 76 por ciento de los norteamericanos considera que fracasó. La crisis de México, que al finalizar este año sumará 30.000 muertos, es la prueba de que la violencia que produce el narcotráfico es una epidemia para la cual aún no se ha descubierto la cura. Y la ONU hace cuatro meses lanzó un SOS advirtiéndole al mundo que las mafias están poniendo en serio peligro a los Estados.
Es cierto que otras veces en la historia se ha ondeado la bandera de la legalización. La diferencia ahora es que ya no son unos extremistas libertarios, casi hippies, o unos visionarios incomprendidos, como Milton Friedman y Álvaro Gómez, los que la llevan al hombro. Se ha comenzado a masificar de tal manera esa convicción que no es nada estrambótico pronosticar que en unos años el mundo estará siendo testigo de esta revolución.
En las ciudades de todo el mundo se está dando una dinámica contundente para legalizar la marihuana. Sin embargo, por ahora, y por prudencia, los líderes políticos solo hablan a favor de despenalizar su consumo. Lo que piensan en privado, sin embargo, no corresponde necesariamente a lo que dicen en público, por temor a un suicidio político. De ahí que la mayoría de los jefes de Estado que comienzan con intenciones de legalizar recurren siempre al libreto de que esta solo será posible cuando sea decisión global y no unilateral de uno o varios países. Pero lo cierto es que la despenalización es prácticamente ya una realidad. Y despenalizar sin legalizar es como estar un poquito preñado. Y eso es muy difícil. Por eso, más temprano que tarde se llegará a la legalización.
Uno de los argumentos más fuertes a favor de esta iniciativa es que ya está probado que la cárcel le hace más daño a un consumidor de marihuana que fumar la yerba misma. Pero el problema para pasar de la despenalización a la legalización es que así como es posible equiparar el fenómeno de la marihuana con el del alcohol, no ocurre lo mismo con la cocaína. Y legalizar la producción y el consumo de cocaína es visto como una aventura más riesgosa que la de la marihuana. De no ser porque el libre mercado de la una pareciera abrir la puerta a la otra, ya hace rato se habría legalizado la primera.
Ya ni siquiera sorprende o escandaliza que un personaje salga del clóset en contra de la prohibición. El pronunciamiento más reciente fue de George Soros, el multimillonario que además sacó de su bolsillo un millón de dólares para la campaña en favor de la legalización. En una columna publicada el jueves pasado en The Wall Street Journal, habla bellezas de lo útiles que serían los 1,4 billones que California recibiría en materia de impuestos si se legalizara la marihuana.
La paradoja de lo que se dice en público y lo que se hace en privado ha quedado reflejada en las últimas encuestas en California. A pesar de que hay unos 400.000 consumidores de marihuana medicinal y 700 dispensarios legales en donde se consigue la yerba, las encuestas dicen que el 51 por ciento está en contra de legalizarla. Sin embargo, al principio del mes los sondeos decían lo contrario. En todo caso, si el referendo llegara a pasar en California se abrirían inmediatamente las compuertas para que los países productores, comenzando por los de América Latina, le exijan a los Estados Unidos una política coherente. Como el propio presidente Juan Manuel Santos manifestó, es muy difícil explicarle a un campesino colombiano que puede ir a la cárcel por sembrar marihuana, cuando en el estado más rico de los Estados Unidos se puede producir, vender y consumir libremente.
Ese riesgo de abrir la compuerta de la rebelión de los países productores ha hecho que los cruzados de la prohibición blandan sus espadas para ponerles coto a las tendencias liberacionistas. Hasta centros de pensamiento, como la Rand Corporation, patrocinada por el Pentágono, publicaron informes para disuadir a los latinos de votar por el ’Sí’. La tesis central del estudio es que la legalización en California no tiene ningún efecto sobre la violencia en México. Eso puede ser así, pero lo que es indiscutible es que la legalización a nivel mundial erradicaría la violencia que han generado las mafias que surgen por la ilegalidad.
Para los abanderados de la legalización, perder el referendo no significa perder la guerra. Ya se están preparando para la próxima batalla, que tendrá lugar en Davos, el foro de la élite económica del mundo, en enero. Para entonces, la comisión que lideran los ex presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo, y que está a favor de eliminar la prohibición de la marihuana, se va a ampliar con otras figuras de talla mundial como el ex secretario de Defensa de Estados Unidos William Perry y el ex secretario del Consejo de la Unión Europea Javier Solana. Que el futuro de la política sobre las drogas llegue al corazón de un foro de esa importancia y deje de ser dominio exclusivo de los agentes de las tres letras (el FBI, la CIA y la DEA) puede cambiar por completo el manejo que se le da a ese problema.

La Crónica del Fracaso
No se necesita ser muy inteligente para concluir que 40 años después de que Richard Nixon declaró de manera oficial la "Guerra contra las drogas", esta ha fracasado. Las cifras son elocuentes. La coca se extendió a más países -de 44 en 1980 a 130 hoy- y el consumo en el mundo es impresionante -cerca de 250 millones de personas usan drogas ilícitas al menos una vez al año-. La traba azota por igual a ricos y a pobres. En Estados Unidos, hace 30 años los detenidos por delitos relacionados con la droga no llegaban a 50.000. Hoy, al año, arrestan cerca de 1,6 millones de personas, de las cuales 700.000 resultan condenadas. En Europa, los números también son escandalosos: el gobierno británico informó que la abundancia de cocaína es tal en su país que es tan fácil de obtener como una cerveza o una copa de vino.
Lo peor es que no son solo ciudadanos de a pie los que han terminado involucrados en este mundo de la ilegalidad. Es de conocimiento público que los últimos tres presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, Bill Clinton y George Bush, consumieron drogas. Clinton, para protegerse, aclaró que fumó marihuana pero que no la inhaló, con lo cual hizo un oso mundial. Barack Obama, según sus propias palabras, no solamente la probó sino que la inhaló "frecuentemente, porque de eso se trataba". Bush se negó a contestar preguntas sobre el tema pero todos sus compañeros de clase dicen que consumían con él. ¿Por qué no fueron encarcelados estos tres presidentes? (por no hablar de los candidatos de la reciente contienda presidencial en Colombia, cuatro de los cuales admitieron haber fumado marihuana, incluyendo al hoy presidente, Juan Manuel Santos).
En el mundo pobre o en desarrollo la guerra ha sido aún más devastadora. Ese próspero mercado ilegal les da sentido a las mafias, que no solo producen aterradoras estadísticas de sangre, sino que carcomen las instituciones de un país. Se ha demostrado que en mayor o menor grado corrompen a la justicia, a los partidos políticos, al Congreso, a los organismos de seguridad, a los gobiernos y hasta a las guerrillas, como ocurrió en Colombia.
The Economist plantea que "la guerra contra las drogas ha sido un desastre pues ha producido estados fallidos en el mundo en desarrollo". Y los ejemplos pululan. Al presidente de Guinea Bisseau lo mataron por un lío que tenía con uno de los carteles. Y en Afganistán, el mercado de la amapola es una tercera parte del producto interno bruto. El general James Jones, ex comandante de la Otan, antes de ser asesor de seguridad de Obama dijo que la situación en Afganistán se deterioró "por el tráfico de drogas, que es sin duda alguna la fuerza económica que nutre el resurgimiento de los talibanes".
En América Latina la situación no es mejor. El tráfico en Guatemala, Honduras y El Salvador está aumentando vertiginosamente. El primo del presidente panameño ha sido detenido por lavado de dólares. Y México está aún peor que Colombia. Se han visto los peores horrores de esta guerra, masacres de 72 personas y cuerpos sin cabeza colgando de puentes. La semana pasada fue calificada como una de las más violentas, con seis matanzas, la mayoría de ellas contra mujeres y jóvenes, y la última de ellas, una emboscada el viernes en la que murieron nueve policías en Jalisco. El miedo es tal que en Tamaulipas les pidieron a los adultos que no se disfrazaran en la Noche de las Brujas. Así como alguna vez le tocó a un antiguo paraíso como Medellín verse convertido en un infierno como el Chicago en los tiempos de Al Capone, ahora el turno es para las ciudades mexicanas.
La situación es tan grave en el país azteca que el ex zar antidrogas de los Estados Unidos Barry McCaffrey dijo que México estaba en riesgo de convertirse en un Estado fallido y lo tildó de "narcoestado". La lección es muy clara: el negocio no se acaba sino que se trasforma. En Colombia se ha presentado una transformación del mismo por cuenta del bloqueo al tráfico por el Caribe, el cual hizo que el principal destino de las drogas colombianas no sea ya Estados Unidos sino México. De ahí, los mexicanos inundan a los gringos.
Pero ese cambio geográfico no ha disminuido los costos para el país. Colombia tuvo que triplicar su fuerza pública hasta convertirla en una de las más grandes de la región por número de habitantes, y por ende su mantenimiento amarra las finanzas del Estado. Los resultados, aunque buenos apenas en los dos últimos años, están lejos de ser óptimos. Cuando empezó el Plan Colombia había coca en ocho departamentos, hoy hay en 24. La producción sigue siendo la más alta del mundo y el narcohuracán dejó a su paso una dañina estela de corrupción.
Los generales más consagrados de la guerra contra las drogas tienen su propio arsenal de argumentos para mantener el statu quo. Esgrimen los datos más recientes que muestran una caída mundial en el cultivo de coca -13 por ciento de 2007 a 2009- y en el consumo en Estados Unidos -de 10,5 millones de consumidores en los 80 a 5,3 en 2008-. El problema es que esas mejoras que se han visto sobre todo en los dos últimos años no garantizan que sean definitivas, pues también se ha visto en otros periodos una caída de los indicadores seguida de un alza.
Lo único que de verdad ha sido constante es la teoría de que el mercado de la droga es como un globo al que si se le aprieta por un lado se expande por el otro. Así como baja el consumo en Estados, Unidos crece en Europa. Así como baja el cultivo en Colombia 58 por ciento, crece de nuevo en Bolivia 110 por ciento, y en Perú, 38 por ciento. Las anfetaminas, con 30 millones de consumidores, tienden a superar a los usuarios de la coca. Y, según los expertos, solo falta que se logre diseñar una droga de laboratorio que sea compatible con el alcohol para que la coca pase a la historia.
Tras estos 40 años de sangre, sudor y lágrimas no solo está claro que la guerra se ha perdido, sino también que leyes severas en materia de drogas no producen automáticamente una reducción de su uso. Para la muestra están países como Estados Unidos y Gran Bretaña, que siendo los más estrictos en la prohibición, son también los que padecen más el consumo.

Huele a Legalización
A pesar de todas esas evidencias, a la hora de tomar las decisiones políticas se produce un extraño efecto y a todos los presidentes en ejercicio les da miedo reconocer que el paradigma de la prohibición fracasó. El caso más dramático es el del propio Barack Obama, quien cuando hacía campaña para el Senado, en 2004, dijo que "la guerra contra las drogas es un fracaso completo", y ahora como presidente ha tenido que mantener la caña de la prohibición. Sin embargo, con tacto, ha dado pasos. Primero, en mayo del año pasado, su zar antidrogas, Gil Kerlikowske, advirtió que el gobierno no iba a utilizar la expresión "Guerra contra las drogas" porque era "contraproducente". Y en octubre, el fiscal general, Eric Holder, anunció que no perseguirán la venta de marihuana en los estados donde esté permitido su uso medicinal.
Muchos, en ese momento, se preguntaron si eso significaba que la marihuana había sido legalizada por la puerta de atrás. Pero lo cierto es que se trata de un fenómeno que sin mayor escándalo está recorriendo el mundo. En Suramérica y Europa -con excepción de Suecia-, en la década que terminó, prácticamente todos los países despenalizaron, en mayor o menor grado el consumo. Ecuador, incluso, decidió indultar por Constitución a las llamadas ’mulas’. Y en Estados Unidos, a los 13 estados en los que se puede comprar legalmente la yerba se les van a sumar probablemente unos 15 más en el futuro cercano. Eso quiere decir que, en pocos años, más de la mitad de los estados de la Unión habrían legalizado la marihuana.
A esa corriente libertaria la ayuda el hecho de que en países como Holanda, donde la venta de cannabis es abierta, el consumo no es mayor que en países vecinos como Alemania y Bélgica, y es más bajo que en Inglaterra, Francia o España.
Pero hoy existe un elemento nuevo a favor del cambio, que la revista Fortune definió así: "Estamos sumidos en la peor situación económica desde la Gran Depresión, lo que hace que la perspectiva de recaudar impuestos por la venta de marihuana sea tan atractivo para los políticos contemporáneos como lo fueron los impuestos de la cerveza, el vino y el licor para el presidente Roosevelt cuando asumió el cargo en 1933, año en que la prohibición fue derogada". Que el tema se vaya a discutir en el foro de Davos no es solo una mera coincidencia. Ni tampoco es coincidencia que George Soros diga en su columna lo productivo que sería para su país legalizar la marihuana no solo por la cantidad de dinero que se ahorraría -13.500 millones de dólares que se gasta en reprimir el consumo, según un estudio de Harvard-, sino también por los impuestos que esta industria generaría -en el mundo mueve 106.000 millones de dólares según el último informe de la ONU-. En países como México podría convertirse en una multinacional que generaría cientos de miles de empleos y 20.000 millones de dólares en ventas.
Es decir, los gánsteres quedarían a un lado para darles paso a los empresarios legítimos y a las arcas del Estado. Sin duda, la legalización puede llevar a un aumento en el mercado de las drogas. Pero el problema dejaría de ser de mafias que amenazan a los gobiernos, para pasar a ser un asunto de educación y salud pública. En cambio, sobre lo que sí existe un amplio consenso es en que estar atrapado en el sistema de justicia penal hace más daño a los jóvenes que la marihuana en sí misma.
En la historia se ha cometido el error de insistir en guerras perdidas. Ese fue el caso de Vietnam, hace 30 años, o el de Afganistán e Irak en la actualidad. Ojalá no se prolongue indefinidamente ese error en la guerra contra las drogas.
31 de octubre de 2010
30 de octubre de 2010
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