presidente piñera se está asilvestrando
columna de lísperguer
Presidente Piñera retoma y reitera amenazas de ministro Ribera contra poder judicial.
Es penoso e irritante que el presidente vuelva a amenazar a los jueces con una acción tan grave como truncar las carreras de los jueces si no adoptan el punto de vista del gobierno en casos de detenidos por desorden público. El presidente no logra entender que el estado que acusa a los detenidos es sólo una parte en el litigio y no puede ser parte y juez a la vez. Ese modo de pensar demuestra que no entiende el propósito de la justicia y, lo peor, que está dispuesto a violentar el estado de derecho para salirse con la suya.
Las declaraciones del presidente refuerzan las amenazas del ministro Ribera y hacen urgente e inevitable una acusación constitucional. Si los parlamentarios deciden no hacerlo, pondrán en grave peligro la independencia del poder judicial, cuyos miembros presumiblemente ya se sienten amenazados y necesitan saber que el Congreso y la ciudadanía rechazan categóricamente los intentos del gobierno de poner los tribunales a su servicio. Lo que quiere el presidente se llama derechamente tiranía.
Es conocido que los gobiernos autoritarios recurren a figuras como estas -detención por desorden público, por resistirse a la detención, por sospechas- para intimidar y oprimir, y es justamente la razón por la que los jueces no deben aceptar sin más los cargos del gobierno. La figura del desorden público -turbar "gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado"- es frecuentemente utilizado de manera abusiva por la fuerza pública y abogados de derechos civiles vienen denunciando esta práctica desde hace muchos años. Abogados, organizaciones sociales y de derechos humanos y la prensa han constatado que la gran mayoría de las detenciones por desorden público son arbitrarias, y la propia policía ha enfatizado lo difícil que les ha sido detener a los verdaderos vándalos en las manifestaciones. La inmensa mayoría de los detenidos no estaban cometiendo ningún desorden ni alterando la tranquilidad pública cuando fueron detenidos, y es la razón por la que los jueces se niegan a dictar prisión preventiva. Además, el ministerio público no demuestra casi nunca la veracidad de las acusaciones. Insistir en una interpretación autoritaria y bruta de la ley amenaza el estado de derecho.
Por otro lado, frente a hechos realmente graves el presidente ha adoptado una actitud de complicidad con los excesos de la fuerza pública. No vi al presidente indignado por la violencia policial. Cuando el carabinero Millacura asesinó a sangre fría al niño Manuel Gutiérrez no le oí llamar a endurecer las leyes contra los carabineros parias ni ha enviado ningún proyecto de ley para castigar con más rigor a ese tipo de criminales, ni siquiera ha sugerido ni prometido impedir que ese carabinero sea juzgado por sus superiores en las farsas que monta la justicia militar. Ni menos se le ha oído insinuar que eliminará la aberrante justicia militar. No le he visto pedir la expulsión del poder judicial de jueces prevaricadores -como Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros y otros fanáticos de extrema derecha- que protegen a los criminales pinochetistas torciendo el sentido de las leyes y aplicando artículos que contravienen los tratados de derechos humanos suscritos por Chile, especialmente los que declaran ilegal el otorgamiento de amnistía o la aplicación de prescripción penal a delitos de lesa humanidad. Ni le he visto lamentar ni tratar de reparar el hecho de que los peores criminales de la historia Chile se encuentren en libertad, con grave peligro para la ciudadanía, o en cárceles especiales que no merecen, ni le he visto prometer que serán enviados a cárceles comunes, como debiese ser. En buen castellano, eso se llama hipocresía.
lísperguer
[Adam Nagourney] Los Angeles, California, Estados Unidos. El viernes noche un grupo de personas se agolpó frente a un escaparate sin rótulos apenas iluminado en la Avenida Fairfax en una calle de Los Angeles que atiende a judíos ortodoxos y hambrientos comensales. Al poco rato llegó otro grupo a protestar.
[Patrick J. McDonnell] Trípoli, Libia. El alcaide no dejó lugar a dudas: pasara lo que pasara fuera de las murallas de la prisión donde las balaceras y explosiones de la creciente insurgencia destrozaban regularmente la tranquilidad de la noche, la libertad no era una opción.
Uruguay. La nieta recuperada del poeta argentino Juan Gelman afirmó que conocer su identidad le permitió sentirse "más completa". "Puedo decir que entendí muchas cosas que antes no entendía y vacíos que no sabía de dónde salían", reflexionó Macarena al final de la videoconferencia desde la sede del MERCOSUR, en Montevideo.
[Santiago O’Donnell] La muerte de Khadafi no fue linda ni prolija. El murió con dignidad, peleando hasta el final en su ciudad natal contra fuerzas muy superiores. Pero ellos, los de la OTAN, lo cazaron como un pajarito y se lo sirvieron en bandeja a la turba enardecida para que lo asesinen, para que lo apaleen hasta desfigurarlo. No fue lindo ni marca un buen comienzo para la nueva era que empieza en Libia. Ninguna guerra es prolija, pero vamos, primero Bin Laden, ahora Khadafi ¿Qué clase de sistema legal permite que los villanos de turno sean sistemáticamente eliminados, sin juicio ni verdad? Los que entregaron a Khadafi, los que reparten órdenes y armamento, los que recibieron a los líderes rebeldes en sus palacios occidentales, ¿cómo permiten semejante salvajismo? Los que bombardearon sin piedad hasta dar vuelta la guerra civil ahora prometen ser garantes de la reconstrucción de la infraestructura y el tejido social que ha sido destruido. Pues bien, hay que empezar por el principio. En el caso de Khadafi es especialmente pertinente que se conozca la verdad sobre la represión del ejército libio a los manifestantes de la Primavera de Trípoli. Es que ése fue el antecedente que invocaron las potencias occidentales para meterse en Libia, armar a los rebeldes y producir el derrocamiento del viejo caudillo. El pretexto para invadir Libia fue el de evitar que Khadafi repita la masacre de Trípoli con los rebeldes que había sitiado en Benghazi. ¿Fue así? ¿Hubo masacre en Trípoli? En un país que no permitía prensa crítica ni corresponsales extranjeros, difícil saber. Pero la Corte Penal Internacional de La Haya, la organización de derechos humanos Human Rights Watch y varios gobiernos, incluyendo el de Rusia, acusaron a Khadafi de abrir fuego en contra de su propia población. También deben investigarse las denuncias de Amnesty International sobre las masacres y linchamientos de soldados leales a Khadafi a manos de los llamados rebeldes (foto). Pero sobre todo debe ser investigada la brutal e inhumana muerte del líder libio, como ha pedido Naciones Unidas. No vaya a ser que esta muerte tan oportuna para Occidente cierre la posibilidad de esclarecer estas cuestiones. No es que las acusaciones no sean plausibles. Khadafi tiene un largo currículum de violaciones a los derechos humanos, incluyendo el haber admitido la responsabilidad de su gobierno en el derribo de un avión de línea repleto de pasajeros. Los rebeldes han demostrado que tampoco son carmelitas descalzas y la OTAN, que impidó la huida de Khadafi, fue al menos permisiva con la turba que lo ejecutó. El problema es que Libia le vende casi todo su petróleo a Europa, tiene casi todo su dinero depositado en bancos europeos y le compra gran parte de su armamento a Estados Unidos. O sea, un Khadafi vivo, sentado en el banquillo de los acusados, hubiera podido prender el ventilador contra sus respetados cómplices del otro lado del Mediterráneo y más allá del Atlántico. Por eso es tan importante conocer la verdad, porque nada puede renacer a partir de la mentira.
[Nicenboim Juan] Venezuela. Antes de que Hugo Chávez asumiera la presidencia de Venezuela en 1999, durante el período conocido como la IV República, los sucesivos gobiernos cometieron crímenes de lesa humanidad. La Asamblea Nacional de ese país aprobó esta semana la creación de la Ley Contra el Olvido, que investigará las atrocidades cometidas durante las dictaduras civiles.