los casos de gordon

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Los casos que marcaron a Gordon como general director de Carabineros. Desde la muerte de dos aspirantes a carabineros en Curacaví hasta denuncias de escuchas telefónicas debió enfrentar la alta autoridad policial.

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[Angélica Baeza Palavecino] Santiago, Chile. Desde el inicio de su período como general director de Carabineros, Eduardo Gordon, no estuvo libre de casos que enlodaron la imagen de la institución, y a los que debió hacerle frente ante los medios de comunicación y la comunidad.

Caso Kathya Rojas Mora
Se acusó a un capitán de Carabineros de la 28 Comisaría de Fuerzas Especiales, por su eventual responsabilidad en el baleo a la menor Kathya Rojas Mora (10), ocurrido en las manifestaciones del ‘Día del Joven Combatiente’ el 2008.
La menor recibió un disparo que le hizo perder la visión de su ojo derecho cuando se encontraba a pocos metros de su casa en el pasaje Laguna Salada en Pudahuel Sur.

Bautizo de Carabinero
Según consta en un video que grabó un carabinero el 22 de diciembre del 2009, un grupo de 28 efectivos se repone de los efectos causados por el chorro del vehículo antidisturbios mientras el comandante Manuel Letelier les indica que "no se toquen los ojos". Luego, cuando ya están formados, el oficial les señala que "es parte de la instrucción de Fuerzas Especiales bautizarse con un poco de agua".
Esto provocó que al cabo segundo Blas Herrera se le produjeran quemaduras en el cuello, espalda y glúteos.

Caso Juanito Mozo
En dependencias de la prefectura Cordillera, ubicada en la comuna de La Florida, representantes de la institución, encabezados por el coronel Rodrigo Soto, ofrecieron disculpas a Juan Alejandro Berríos ‘Juanito Mozo’ (30) y a su familia por las humillaciones que sufrió dentro de un furgón de Carabineros en La Legua, donde efectivos policiales amenazaron al sujeto con una pistola y un bate de béisbol y lo obligaron a cantar y bailar en diciembre del año pasado.

Muerte del Comunero Jaime Mendoza Collío
El cabo Miguel Jara asesinó al comunero mapuche Jaime Mendoza Collío, el 12 de agosto de 2009. Del informe del fiscal se desprendió que habría existido una manipulación de las pruebas para generar la apariencia de un intercambio de disparos que no sucedió.

Joven Asesinado en Cabrero
El Servicio Médico Legal estableció que fue un golpe en la cabeza que terminó con la vida de Francisco Coronado Cárdenas (19), el joven que falleció en junio del año pasado al interior de un furgón de Carabineros en la localidad de Cabrero, en la VIII Región.
El peritaje estableció que Coronado murió de un "traumatismo craneoencefálico complicado, por un golpe con o contra un objeto contundente".
Carabineros subió al joven al furgón policial y pocos minutos después bajaron a Coronado muerto.

Aspirantes Mueren en Curacaví
En febrero de este año dos aspirantes a oficial de Carabineros fallecieron mientras realizaban actividades de instrucción en un campamento de Curacaví, en la Región Metropolitana.
Los jóvenes fueron identificados como Sebastián Pinuer Barría, de 22 años, y Julio Ulloa Vargas (19), oriundos de Osorno y Chimbarongo, respectivamente.

Escuchas Telefónicas
El ex suboficial de Carabineros Esteban Infante, denunció que la institución realizó escuchas telefónicas a parlamentarios. El ex funcionario, que renunció tras ser vinculado a un caso de narcotraficantes, aseguró este hecho a la Comisión de DD.HH., indicando que desde la dirección de inteligencia de la policía uniformada se habían intervenido conversaciones de los diputados Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló y los senadores Alejandro Navarro y Alberto Espina.

Efectivos Infiltrados
En una de las movilizaciones nacionales convocadas por los estudiantes, específicamente en Valparaíso, un funcionario de civil de la policía uniformada se refugió en el Congreso Nacional en medio de la protesta. El sargento en cuestión tomó resguardo en la sede del Poder Legislativo, llegando a rostro cubierto, como cualquier encapuchado, mientras los manifestantes lo increpaban y acusaban de incitar a la violencia y haber lanzado piedras mientras universitarios y secundarios se expresaban de forma pacífica.
2 de septiembre de 2011
©la tercera

seminario sobre derechos humanos

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El próximo 9 de septiembre el académico norteamericano Steve Stern dictará una ponencia en el museo de Matucana como parte de una jornada, donde el tema de la memoria será revisado por investigadores nacionales e internacionales.

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Santiago, Chile. Con la participación especial del doctor en historia y académico norteamericano de la Universidad de Wisconsin, Steve Stern; el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos será el epicentro de una jornada, donde el tema de la memoria será revisado por investigadores nacionales e internacionales.
La ponencia ‘Memorias en construcción: Los retos del pasado presente en Chile, 1989-2011’,  de Stern dará  partida para el debate del Seminario. El especialista es autor de publicaciones como ‘Recordando el Chile de Pinochet’, ‘Luchando por el corazón y la mente: memoria de las luchas en el Chile de Pinochet, 1973-1988’ y  ‘Remembering Pinochet’s Chile: On the Eve of London 1998’ (Duke University Press, 2004). ‘Recordando el Chile de Pinochet: En la víspera de Londres 1998’.
Organizado por la Corporación Villa Grimaldi, la Universidad Alberto Hurtado, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM); y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; el Seminario Internacional Memorias en Construcción posee una estructura general que considera: una conferencia inaugural a cargo de Steve Stern y  dos paneles titulados ‘Archivo y Memoria’ y ‘Sobre Historia y Memoria’.
En estos últimos, participarán especialistas de diversas instituciones académicas y de Derechos Humanos, quienes expondrán diversas temáticas en torno a la investigación y a la preservación de la memoria en nuestro país.
La actividad se realizará el 9 de septiembre de 9 a 17.30 horas en el  auditorio del Museo de la Memoria ubicado en Matucana 501.
2 de septiembre de 2011
©la nación

pacos a juicio por asesinatos en lonquén

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El ministro Héctor Solís procesó a 11 carabineros (R) que en octubre de 1973 participaron en la ejecución de 17 campesinos en Lonquén y de 2 personas en la comuna de San Ramón. Los procesados quedaron en prisión preventiva en el Centro Transitorio de Detención Sucre de Carabineros de Chile.

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Santiago, Chile. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís dictó procesamientos  en dos casos de violaciones a los derechos humanos que investiga y que involucran a personal en retiro de Carabineros.
En la investigación del denominado "Episodio Lonquén" y dando cumplimiento a lo dictaminado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, el ministro procesó a Lautaro Eugenio Castro Mendoza, Juan José Villegas Navarro, Félix Héctor Sagredo Aravena, Jacinto Torres González, David Coliqueo Fuentealba, Justo Ignacio Romo Peralta.
El procesamiento es por la responsabilidad como autores del delito de homicidio calificado en las personas de Enrique René Astudillo Álvarez, Omar Enrique Astudillo Rojas, Ramón Osvaldo Astudillo Rojas, Miguel Ángel Arturo Brant Bustamante, Carlos Segundo Hernández Flores, Nelson Hernández Flores, José Manuel Herrera Villegas, Sergio Adrián Maureira Lillo, José Manuel, Rodolfo Antonio, Segundo Armando y Sergio Miguel Maureira Muñoz e Iván Gerardo Ordoñez Lama y del delito de secuestro en las personas de Óscar Nibaldo Hernández Flores y Manuel Jesús Navarro Salinas, perpetrados el 7 de octubre de 1973.
El ministro Solís, entregó la identidad de 13 de las 15 víctimas investigadas en esta causa; mientras quelos restos de las 2 víctimas aún no identificadas, se encuentran en estudios de ADN en el Laboratorio de la University of North Texas, Health Science Center, Estados Unidos.

Ejecución en San Ramón
En la investigación por los homicidios de Héctor Queglas Maturana y Luis Morales Muñoz, perpetrados el 4 de octubre de 1973 en la comuna de San Ramón se encausó a: Héctor Fernando Osses Yáñez, Aquiles Bustamante Oliva, Fernando Félix Rojas Véliz, Luis Alberto Baeza Sanhueza, Segundo Baldomero Llanos Amarilis.
De acuerdo a los antecedentes del proceso está acreditado que la noche del 4 de Octubre de 1973, personal de la subcomisaría San Gregorio detuvo a Héctor Queglas Maturana y Luis Morales Muñoz en un domicilio ubicado en calle La Granja de la comuna de San Ramón. Ambos fueron trasladados a la unidad policial, donde los ingresaron como detenidos y registraron sus nombres en los libros respectivos. Sin embargo, horas más tarde, fueron sacados del lugar, siendo ejecutados y abandonados sus restos en la intersección de las Avenidas Santa Rosa con Departamental.
Todos los procesados quedaron en prisión preventiva en el Centro Transitorio de Detención Sucre de Carabineros de Chile.
2 de septiembre de 2011
1 de septiembre de 2011
©la nación

ai pide juez civil por asesinato

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Amnistía pide que juez civil investigue muerte de Manuel Gutiérrez. La organización de DDHH, basada en Londres, dijo que esta medida garantizará "una investigación rigurosa e imparcial".

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Santiago, Chile. Amnistía Internacional instó el jueves a las autoridades chilenas a nombrar un juez civil para investigar las acusaciones de implicación policial en la muerte de un adolescente la semana pasada durante una protesta en Santiago.
El joven Manuel Gutiérrez, de 16 años, murió en la noche del 25 de agosto tras ser alcanzado por un disparo de un carabinero en el transcurso de un paro general de 48 horas convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
"Las autoridades chilenas deben llegar al fondo de los acontecimientos que condujeron a la muerte de este adolescente", dijo Guadalupe Marengo, subdirectora del programa América de la organización de defensa de los derechos humanos establecida en Londres.
"Pero para lograrlo, el caso debe ser transferido a un juez especial civil para garantizar una investigación rigurosa e imparcial, y un juicio justo. Las cortes militares no son apropiadas para investigar y procesar violaciones de los derechos humanos", agregó.
Según Amnistía, como el peritaje reveló que la bala extraída del cuerpo del menor fue disparada por un policía, el caso le corresponde automáticamente a la justicia militar, pero las autoridades pueden asignarle también un juez civil.
Amnistía urgió también a las autoridades de Chile a "reformar el sistema de justicia militar para que todas las acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad puedan ser investigados, procesados y juzgados por tribunales civiles".
2 de septiembre de 2011
1 de septiembre de 2011
©la nación

senadores aprueban restricción al lucro

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Comisión aprobó restricción al lucro. Sólo votó en contra ex vocera Ena von Baer. Afuera del Congreso se produjeron algunos disturbios de manifestantes.

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Valparaíso, Chile. Tras una intensa sesión de votación, la Comisión de Educación del Senado resolvió aprobar por cuatro votos a favor y uno en contra el proyecto de ley que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación. En la oportunidad estuvo presente el ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien explicó los alcances del Gobierno al proyecto, así como también miembros de la Confech, quienes presenciaron atentamente el debate previo.
De esta forma Carlos Cantero (Independiente), Ignacio Walker (DC), Alejandro Navarro (MAS) y Jaime Quintana (PPD), votaron a favor del proyecto, mientras que Ena von Baer (UDI), fue la única en entregar su voto en contra.
Dentro del debate, el ministro de Educación señaló que el Gobierno no está de acuerdo con el proyecto, ya que creen que "más que sacar a todos los colegios buenos y malos constituidos como sociedades comerciales, tenemos que sacar por independencia de grupo a todos los establecimientos malos y fomentar a todos los establecimientos buenos".
En tanto, en una de las posturas para justificar el voto, el senador Carlos Cantero señaló que "la educación pública no puede ser peor, y parece que el Estado ha estado promoviendo una educación de pésima calidad. Esto no puede continuar. A mí me importa poco que exista lucro siempre que esté bien transparentado, siempre que esté bien regulado".
Por su parte, la senadora Von Baer, quien fue la única en votar en contra, mostró sus aprensiones con el proyecto, que según sus estimaciones obligaría a cerrar cerca de 4 mil colegios. "Nosotros tenemos que pensar en las personas que se ven afectadas por este proyecto de ley. Le estamos diciendo a 1 millón 200 mil niños que ya no pueden elegir", y además agregó que "vamos a tomar la decisión de un plumazo de cerrar colegios buenos y colegios malos. Parece que a este Congreso le da lo mismo cerrar colegios buenos".
Dado el interés que suscitó en los demás senadores, que también querían entregar sus opiniones y hacer consultas al ministro Bulnes, la sesión continuó en otra sala del Senado, todo esto tras ser aprobado el proyecto que ahora debe ser discutido en la Cámara.
Un grupo de 20 estudiantes estuvo encadenado durante al menos 10 minutos ayer a las rejas del Congreso, generando desórdenes que fueron controlados por personal de Carabineros que trabaja en el edificio legislativo. Hasta el lugar llegaron cerca de 100 manifestantes, quienes bloquearon por momentos el tránsito en Avenida Pedro Montt.
2 de septiembre de 2011
31 de agosto de 2011
©la discusión

declararon hijos de raquel negro

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Declararon los hijos de Raquel Negro en el juicio a represores en Paraná. Sabrina ofreció un testimonio contundente y emotivo, y pidió a la sociedad paranaense colaboración para localizar a su hermano mellizo. Otro hermano, Sebastián, hizo hincapié en la desmemoria de los médicos que atendieron el parto de su madre.

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[Juan Cruz Varela] Paraná, Argentina. Fueron cuarenta minutos intensos, llenos de nerviosismo y con una profunda carga emotiva. Hasta una jueza y la esposa de uno de los imputados dejaron escapar alguna lágrima. Sabrina Gullino contó detalladamente cómo ha ido armando su historia y reconstruyendo su identidad desde que en diciembre de 2008 se enteró que es hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela y que nació en el Hospital Militar de Paraná.
Se la notaba nerviosa, a pesar de que se mostraba sonriente, pero eligió cada palabra. Por momentos el silencio se adueñó de la sala, pero su testimonio fue seguro y contundente. Y no dudó en hablarle directamente a los imputados: "Los reos, me dijeron que les puedo decir así y que eso no es un insulto, son los responsables del secuestro de mi mamá, mi papá y mi hermano Sebastián; intentaron destruir a mi familia. Pero quiero que quede claro que no pudieron. Yo estoy acá y hablo también en nombre de mi hermano mellizo, que está desaparecido", les dijo mirándolos a la cara. "Ojalá se atrevan a romper el pacto de silencio y decir dónde está mi hermano. A la condena la tendrán igual, pero quizá quieran participar de otra manera en la Historia", agregó. También declaró su hermano, Sebastián Alvarez, hijo de Raquel.
Las palabras de Sabrina sorprendieron y descolocaron a los imputados. Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Walter Salvador Dionisio Pagano, Marino Héctor González y Juan Antonio Zaccaría quedaron en silencio.

-¿Conoció usted a su madre biológica? -le preguntó el fiscal Candioti.

Sabrina lo miró a los ojos y le respondió con un silencio cargado de tensión que pareció interminable. Le sostuvo la mirada durante unos cuantos segundos hasta que el fiscal retomó la palabra.

-Yo le voy a hacer algunas preguntas que tal vez sean dolorosas pero es necesario para llegar a la verdad de lo que estamos investigando -insistió el fiscal.

-Debo haberla conocido, pero no me acuerdo. Era muy chiquita -respondió entonces Sabrina, ya con una sonrisa.

En otro tramo, la hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela reconoció también el aporte de las enfermeras que brindaron datos para la restitución de su identidad porque "se pusieron al hombro la verdad y expusieron lo que sabían ante la justicia", pero pidió que los médicos y a la sociedad paranaense colaboren para localizar a su hermano mellizo.
"Yo fui criada en una familia a la cual adoro; pero la verdad es que soy el resultado de dos imposibilidades: la primera es que yo debí haber crecido con mi mamá Raquel, mi papá Tucho y mis hermanos y quizás ni me llamaría Sabrina; y la segunda es que tendría que haberme criado con Sebastián, mis abuelos biológicos y mis tíos. Cómo cambia la vida", reflexionó sobre el final de su declaración.
Luego declaró Sebastián Alvarez, el hijo de Raquel Negro y hermano de Sabrina, que estuvo unos días en la Quinta de Funes cuando tenía un año y ocho meses. Su testimonio hizo hincapié en la desmemoria de los médicos que atendieron el parto de su madre. "Hay una clara diferencia entre las enfermeras que recuerdan el caso y los doctores que no recuerdan nada. A esto nos referimos cuando hablamos de las complicidades civiles con la dictadura. Hay un silencio sobre lo que pasó con los chicos", afirmó. Y en ese marco, aprovechó para reclamar a la sociedad paranaense que aporte todo cuanto sepa para tratar de localizar al mellizo varón. "Apelamos a la buena voluntad de la gente y a la memoria de los médicos y enfermeras porque necesitamos encontrar a nuestro hermano", sentenció.
En tanto, el represor Eduardo Costanzo no se presentó y en cambio envió una serie de certificados médicos en los que se consigna que padece un cuadro de diverticulitis aguda, por lo que su declaración será reprogramada para cuando esté en condiciones de hacerlo.
2 de septiembre de 2011
1 de septiembre de 2011
©página 12

aberrante e injustificada violencia policial

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columna de lísperguer

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La Tercera elogia manera en que Carabineros han hecho frente a disturbios sociales.

No se puede decir que "la policía ha enfrentado en forma prudente y mesurada la violencia desatada en muchos sectores de la capital, incluso con ataques armados" en los meses que vivimos de protestas estudiantiles. Ni tampoco se puede asumir, como pretende el autor del editorial de La Tercera, que los que han atacado a Carabineros incluso con armas de fuego hayan tenido algo que ver con las manifestaciones. Esa es una idea infame que La Tercera no puede probar.
No se puede decir que la policía haya sido prudente porque sólo haya asesinado a dos manifestantes y no a diez, por ejemplo. La manera en que Carabineros cree que se pueden resolver problemas de orden público de este tipo es aberrante y revela un fanatismo político, un clasismo fomentado por las autoridades políticas y una falta atroz de profesionalismo.
Con la represión injustificada y sin provocaciones, que ha sido la norma en los últimos meses, Carabineros pretende ocultar su incapacidad profesional y el gobierno mantiene la situación porque cree que le conviene que los ciudadanos asocien las protestas con vandalismo. Y esto viene ocurriendo desde hace muchos años.
Pero La Tercera olvida una larga lista de conductas policiales violentas inadmisibles: golpizas y torturas a estudiantes en buses policiales, de las que fue testigo presencial, y casi víctima, la directora del Instituto de Derechos Humanos; allanamientos ilegales (de una concejala de Santiago); infiltración policial de protestas para incitar y provocar disturbios y justificar la intervención policial; espionaje de parlamentarios y dirigentes sociales a cargo del servicio secreto de Carabineros. Ninguno de estos actos delictivos tiene nada que ver con el resguardo del orden público.
Muchos de los actos violentos que cometen Carabineros ocurren porque existe un marco en el que la policía considera a los manifestantes como enemigos a los que se ha de machacar, no como ciudadanos con derechos. Cuando un carabinero dispara con balas de guerra en un barrio pobre con construcciones de madera sabe que puede fallar el tiro, pero le da lo mismo, porque manifestantes, delincuentes y pobladores pobres son para él, como para la clase política y el gobierno, una sola y misma cosa. Su vida tiene poco valor. Son ciudadanos de segunda, desechables.
Esto lo que tiene que cambiar. Los efectivos implicados en estos actos de violencia deben ser excluidos todos del cuerpo de Carabineros y llevados a justicia. Los enclaves autoritarios deben ser destruidos: se debe hacer una purga profunda y definitiva de los elementos pinochetistas en las instituciones armadas. Pero más fundamentalmente lo que debe cambiar es la doctrina que orienta a Carabineros y otras instituciones.
lísperguer

el fin del lucro

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El principio constitucional es que las familias elijan la escuela y no que el sostenedor elija a la familia.

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[Ernesto Águila] Durante esta semana se anuncia una importante votación en la Comisión de Educación del Senado sobre la entrega o no de recursos públicos a instituciones educativas con fines de lucro. La eliminación del lucro constituye uno de los nudos centrales del actual conflicto y un aspecto insoslayable para visualizar un acuerdo. Quienes se oponen han esgrimido a lo menos tres tipos de argumentos sobre el impacto que esta decisión tendría en el sistema escolar particular subvencionado: se pondría en peligro la provisión mixta en educación, se afectaría la libertad de elegir de las familias y se perdería pluralidad en los proyectos educativos. Veamos.
Los estudiantes no han solicitado en ninguno de sus petitorios ni el fin de la educación particular pagada ni de la particular subvencionada. Por tanto, un sistema de provisión mixta no corre riesgo alguno en Chile. Lo que se pide es que la actual educación escolar particular subvencionada se organice a través de entidades sin fines de lucro, como, por lo demás, se exige a nivel de las universidades. Cabe tener presente que no existe ningún país Ocde en que un sostenedor privado reciba una subvención estatal y se permita  que éste margine una utilidad de dicho aporte público. Es anómalo que tratándose de una subvención que todos reconocen como insuficiente y que se propone doblar en los próximos años, no se destine íntegramente al desarrollo del proyecto educativo.
La segunda razón esgrimida es que el fin del lucro y la reinstalación de la gratuidad en el sistema escolar subvencionado -lo que implica el término del financiamiento compartido- afectaría la capacidad de elección de las familias. Más bien es exactamente lo contrario. La libre elección de las familias se encuentra hoy seriamente coartada por la existencia de una selección económica derivada del sistema de copago. El principio constitucional es que las familias elijan la escuela y no que el sostenedor elija a la familia.
La tercera razón que se ha argumentado es que la eliminación del lucro reduciría la pluralidad de ofertas, quedando en el sistema escolar sólo una educación estatal y otra confesional (particular subvencionada o particular pagada). Ello es desconocer la historia de la educación en Chile y en el mundo. Siempre han existido proyectos pedagógicos privados fundados en fuertes motivaciones educativas, sea de innovación pedagógica o de grupos de variada identidad no religiosa que persiguen difundir  sus proyectos y valores. Es probable que la eliminación del lucro provoque un desincentivo a entrar o permanecer en el sistema de aquellos sostenedores que no tienen una motivación primaria y sólidamente educativa. Pero ello es una buena noticia, que de paso permitiría al sistema particular subvencionado relegitimarse socialmente.
Chile ostenta el triste récord de estar entre los tres países con mayor segregación escolar entre los evaluados por la Ocde, lo que se explica fundamentalmente por los sistemas de selección y el financiamiento compartido. La gradual eliminación de este último contribuiría significativamente a disminuir la segregación existente. Sin ello, la escuela, lejos de romper las desigualdades, las seguirá reproduciendo, y en lugar de integrar socialmente, continuará segmentando y excluyendo.
1 de septiembre de 2011
31 de agosto de 2011
©la tercera