afganas tras el volante
[N.C. Aizenman] Mujeres afganas se preparan para andar sobre ruedas. Nuevas conductoras todavía hacen frente a obstáculos culturales.
Herat, Afganistán. Sima Kazemi sonrió orgullosamente cuando pensó si aprobaría el primer examen de conducción que era ofrecido a las mujeres en esta ciudad al oeste del país. Seguramente aprobaría, pensó; sin ninguna duda.
Pero la confianza desapareció de la voz de la estudiante universitaria de 20 años cuando reconoció el acoso al que sería probablemente sometida como conductora en Afganistán.
"En realidad, he decidido esperar al menos un año antes de conducir", dijo, con un suspiro de resignación. "Quizás entonces las cosas marchen mejor. Pero el ambiente ahora mismo no me lo permite".
Un nuevo proyecto en Herat para enseñar a conducir a las mujeres y darles licencias es la vez un símbolo de los derechos oficiales que las mujeres en Afganistán siguen ganando, y un recordatorio de las dificultades a las que todavía se enfrentan para ejercer esas libertades.
Inaugurado hace algunas semanas, el programa de conducción hace parte de un florecimiento de libertades aquí después de que el gobierno central despidiera en septiembre al gobernador provincial, Ismail Khan, un caudillo religioso conservador que resultó ser tan represivo hacia las mujeres como la milicia talibán a la que había remplazado.
Ahora, por primera vez en la historia, las tiendas en Herat están contratando a mujeres para vender sus productos. Los gimnasios de mujeres están surgiendo a lo largo de las frondosas avenidas de la ciudad. Y cada vez más mujeres están cambiando sus burqas, la túnica que cubre a las mujeres de pies a cabeza cuando están en público, por el pañuelo de estilo iraní, o chador, que cubre el pelo y el cuerpo, pero no la cara.
Sin embargo, no está claro qué uso podrán hacer las nuevas conductoras -una combinación de estudiantes universitarias y maestras de edad mediana- de sus licencias y cómo las tratará la sociedad cuando estén en el camino.
Para empezar, la mayoría de las casi 50 participantes en el programa todavía van a clases con burqas.
"Ahora nos damos cuenta de que para conducir tenemos que quitárnoslas", dijo Farashte Sadat, 23, estudiante de inglés en la Universidad de Herat, riéndose ante la idea de tratar de mirar el tráfico a través de la gruesa cortina de su burqa. "Pero estamos acostumbradas y nuestras familias no quieren que dejemos de usarlas".
Shaghe Karimi, 29, estudiante de derecho, dijo que condujo sola por primera vez hace unas semanas después de suplicar a su cuñado que le prestara su coche durante un picnic de la familia.
"Te sientes como si no dependieras de nadie", dijo, entusiasmada. "¡Como si pudieras ir a cualquier parte!"
Pero su júbilo terminó la segunda vez que hizo un paseo similar, dijo, cuando se aventuró fuera de la vista de su familia y pasó ante un grupo de hombres que lavaban su coche junto a un arroyo.
"¿Cuándo te dieron permiso?", se mofaron, dijo, y empezaron a perseguirla.
Hirviendo de humillación, volvió a toda prisa hacia su familia y se unió al picnic sin decir una palabra sobre lo que había ocurrido.
Para animar a sus estudiantes, el instructor del departamento de tráfico, Asadullah Afzali, se ha dedicado a intercalar sus clases sobre reglas de conducción con frases asertivas.
"Les digo que no tengan miedo", dijo Afzali. "Que son ellas las que deben tomar la delantera o sino las cosas no cambiarán nunca".
Afzali, un áspero hombre de 48 años que se pavonea enfrente de la clase con charreteras y botas negras como si fuera un sargento instructor, no parece un defensor de la liberación femenina.
Como muchos habitantes de Herat, Afzali buscó refugio del gobierno talibán en el vecino Irán, donde las mujeres, aunque todavía con restricciones, gozan de más libertades que las permitidas por las costumbres dominantes hoy en Herat.
Cuando estaba en el exilio, la hija adolescente de Afzali, Homaira, obtuvo su licencia de conducir.
Poco después de la derrota de los talibanes por tropas norteamericanas a fines de 2001, Afazali y su familia volvieron a Herat. Él pensaba que era natural que las mujeres en Herat pudieran recibir un permiso.
Técnicamente ninguna ley prohíbe que las mujeres conduzcan en Afganistán. Pero además de aprobar una prueba práctica, todos los solicitantes de permiso en Herat deben seguir un curso de dos semanas sobre regulaciones del tráfico. Aquí enseñar a hombres junto con mujeres es impensable y no existía una clase separada para las mujeres.
Afzali dijo que su primera propuesta para ofrecer un curso fue expeditamente rechazada por Khan, el gobernador.
"Llamó a reunión... a un consejo de líderes religiosos y les preguntó: ¿Está bien esto?'", dijo Afzali. "Dijeron que... causaría problemas".
Pero después de que Khan fuera retirado del puesto, Afzali se vio repentinamente inundado con peticiones de mujeres que querían sacar su licencia, dijo.
Algunas dijeron que querían simplemente ser capaces de llegar a un doctor en casos de emergencia. Otras, que la necesitaban para trasladarse a clases en la universidad o al trabajo.
Sadat, la estudiante de inglés, dijo que estaba tratando de recuperar algo de cordura en su matrimonio. "Ahora, tengo que llamar a mi marido cuatro veces al día para que me traslade", dijo.
Hace un mes, Afzali volvió a presentar su proyecto de clases. El nuevo gobernador, un antiguo asesor urbano del presidente Hamid Karzai, no lo objetó.
El curso para las mujeres, en un cavernoso vestíbulos, cubre los temas habituales de la seguridad al conducir, aunque con unos giros afganos.
"Este letrero significa que hay peligro de que se cruce un camello", gritó Afzali una tarde reciente, tocando la ilustración en cuestión con un largo puntero de madera.
Las estudiantes estaban sentadas frente a él en hileras de sillas de plástico, susurrando a veces unas a otras a pesar de las advertencias de Afzali: "¡Esta es una escuela, no una boda!"
Las mujeres llevaban el pelo cubierto de coloridos pañuelos. Pero sus burqas y chadores estaban doblados sobre las sillas, revelando estilosos vaqueros y zapatos de plataforma.
Luego terminó la clase y se dirigieron a un campo de prácticas lleno de matorrales en las afueras de la ciudad en una caravana de coches prestados y taxis alquilados.
Karimi, la estudiante de leyes, llevaba un austero pañuelo de cabeza y las uñas pintadas de rojo y se sentó debajo de un árbol mientras esperaba su turno. Una compañera de curso pasaba dando tumbos en un todoterreno.
Dijo que su hermano le había prometido comprarle un coche si aprobaba el examen. Está agradecida, agregó, pero insegura sobre lo que significa. "Si hago un viaje de larga distancia, necesitaré a un hombre a mi lado, o sino la gente me dirá cosas", dijo.
Rahime Alokozai, una estudiante que estaba cerca, rechazó su posición. "Si una persona te dice sinsentidos, es problema de ella", dijo Alokozai, 39. "Deberíamos ignorarla, y poco a poco, cuando todas las mujeres podamos conducir, esas cosas desaparecerán".
Luego Alokozai se puso su burqa y se subió al asiento de pasajeros de un taxi para volver a casa.
11 de abril de 2005
©washington post
©traducción mQh
Herat, Afganistán. Sima Kazemi sonrió orgullosamente cuando pensó si aprobaría el primer examen de conducción que era ofrecido a las mujeres en esta ciudad al oeste del país. Seguramente aprobaría, pensó; sin ninguna duda.Pero la confianza desapareció de la voz de la estudiante universitaria de 20 años cuando reconoció el acoso al que sería probablemente sometida como conductora en Afganistán.
"En realidad, he decidido esperar al menos un año antes de conducir", dijo, con un suspiro de resignación. "Quizás entonces las cosas marchen mejor. Pero el ambiente ahora mismo no me lo permite".
Un nuevo proyecto en Herat para enseñar a conducir a las mujeres y darles licencias es la vez un símbolo de los derechos oficiales que las mujeres en Afganistán siguen ganando, y un recordatorio de las dificultades a las que todavía se enfrentan para ejercer esas libertades.
Inaugurado hace algunas semanas, el programa de conducción hace parte de un florecimiento de libertades aquí después de que el gobierno central despidiera en septiembre al gobernador provincial, Ismail Khan, un caudillo religioso conservador que resultó ser tan represivo hacia las mujeres como la milicia talibán a la que había remplazado.
Ahora, por primera vez en la historia, las tiendas en Herat están contratando a mujeres para vender sus productos. Los gimnasios de mujeres están surgiendo a lo largo de las frondosas avenidas de la ciudad. Y cada vez más mujeres están cambiando sus burqas, la túnica que cubre a las mujeres de pies a cabeza cuando están en público, por el pañuelo de estilo iraní, o chador, que cubre el pelo y el cuerpo, pero no la cara.
Sin embargo, no está claro qué uso podrán hacer las nuevas conductoras -una combinación de estudiantes universitarias y maestras de edad mediana- de sus licencias y cómo las tratará la sociedad cuando estén en el camino.
Para empezar, la mayoría de las casi 50 participantes en el programa todavía van a clases con burqas.
"Ahora nos damos cuenta de que para conducir tenemos que quitárnoslas", dijo Farashte Sadat, 23, estudiante de inglés en la Universidad de Herat, riéndose ante la idea de tratar de mirar el tráfico a través de la gruesa cortina de su burqa. "Pero estamos acostumbradas y nuestras familias no quieren que dejemos de usarlas".
Shaghe Karimi, 29, estudiante de derecho, dijo que condujo sola por primera vez hace unas semanas después de suplicar a su cuñado que le prestara su coche durante un picnic de la familia.
"Te sientes como si no dependieras de nadie", dijo, entusiasmada. "¡Como si pudieras ir a cualquier parte!"
Pero su júbilo terminó la segunda vez que hizo un paseo similar, dijo, cuando se aventuró fuera de la vista de su familia y pasó ante un grupo de hombres que lavaban su coche junto a un arroyo.
"¿Cuándo te dieron permiso?", se mofaron, dijo, y empezaron a perseguirla.
Hirviendo de humillación, volvió a toda prisa hacia su familia y se unió al picnic sin decir una palabra sobre lo que había ocurrido.
Para animar a sus estudiantes, el instructor del departamento de tráfico, Asadullah Afzali, se ha dedicado a intercalar sus clases sobre reglas de conducción con frases asertivas.
"Les digo que no tengan miedo", dijo Afzali. "Que son ellas las que deben tomar la delantera o sino las cosas no cambiarán nunca".
Afzali, un áspero hombre de 48 años que se pavonea enfrente de la clase con charreteras y botas negras como si fuera un sargento instructor, no parece un defensor de la liberación femenina.
Como muchos habitantes de Herat, Afzali buscó refugio del gobierno talibán en el vecino Irán, donde las mujeres, aunque todavía con restricciones, gozan de más libertades que las permitidas por las costumbres dominantes hoy en Herat.
Cuando estaba en el exilio, la hija adolescente de Afzali, Homaira, obtuvo su licencia de conducir.
Poco después de la derrota de los talibanes por tropas norteamericanas a fines de 2001, Afazali y su familia volvieron a Herat. Él pensaba que era natural que las mujeres en Herat pudieran recibir un permiso.
Técnicamente ninguna ley prohíbe que las mujeres conduzcan en Afganistán. Pero además de aprobar una prueba práctica, todos los solicitantes de permiso en Herat deben seguir un curso de dos semanas sobre regulaciones del tráfico. Aquí enseñar a hombres junto con mujeres es impensable y no existía una clase separada para las mujeres.
Afzali dijo que su primera propuesta para ofrecer un curso fue expeditamente rechazada por Khan, el gobernador.
"Llamó a reunión... a un consejo de líderes religiosos y les preguntó: ¿Está bien esto?'", dijo Afzali. "Dijeron que... causaría problemas".
Pero después de que Khan fuera retirado del puesto, Afzali se vio repentinamente inundado con peticiones de mujeres que querían sacar su licencia, dijo.
Algunas dijeron que querían simplemente ser capaces de llegar a un doctor en casos de emergencia. Otras, que la necesitaban para trasladarse a clases en la universidad o al trabajo.
Sadat, la estudiante de inglés, dijo que estaba tratando de recuperar algo de cordura en su matrimonio. "Ahora, tengo que llamar a mi marido cuatro veces al día para que me traslade", dijo.
Hace un mes, Afzali volvió a presentar su proyecto de clases. El nuevo gobernador, un antiguo asesor urbano del presidente Hamid Karzai, no lo objetó.
El curso para las mujeres, en un cavernoso vestíbulos, cubre los temas habituales de la seguridad al conducir, aunque con unos giros afganos.
"Este letrero significa que hay peligro de que se cruce un camello", gritó Afzali una tarde reciente, tocando la ilustración en cuestión con un largo puntero de madera.
Las estudiantes estaban sentadas frente a él en hileras de sillas de plástico, susurrando a veces unas a otras a pesar de las advertencias de Afzali: "¡Esta es una escuela, no una boda!"
Las mujeres llevaban el pelo cubierto de coloridos pañuelos. Pero sus burqas y chadores estaban doblados sobre las sillas, revelando estilosos vaqueros y zapatos de plataforma.
Luego terminó la clase y se dirigieron a un campo de prácticas lleno de matorrales en las afueras de la ciudad en una caravana de coches prestados y taxis alquilados.
Karimi, la estudiante de leyes, llevaba un austero pañuelo de cabeza y las uñas pintadas de rojo y se sentó debajo de un árbol mientras esperaba su turno. Una compañera de curso pasaba dando tumbos en un todoterreno.
Dijo que su hermano le había prometido comprarle un coche si aprobaba el examen. Está agradecida, agregó, pero insegura sobre lo que significa. "Si hago un viaje de larga distancia, necesitaré a un hombre a mi lado, o sino la gente me dirá cosas", dijo.
Rahime Alokozai, una estudiante que estaba cerca, rechazó su posición. "Si una persona te dice sinsentidos, es problema de ella", dijo Alokozai, 39. "Deberíamos ignorarla, y poco a poco, cuando todas las mujeres podamos conducir, esas cosas desaparecerán".
Luego Alokozai se puso su burqa y se subió al asiento de pasajeros de un taxi para volver a casa.
11 de abril de 2005
©washington post
©traducción mQh
prisioneros fantasmas
Documentos del Ejército arrojan luz sobre sobre fantasmas de la CIA'. Sistemático ocultamiento de detenidos.
Importantes funcionarios del ministerio de Defensa describieron la práctica de la CIA de ocultar a detenidos no inscritos en la cárcel de Abu Ghraib como ad hoc y no autorizada, pero una revisión de documentos del Ejército muestra que el programa de prisioneros fantasmas' de la agencia era sistemático y era conocido por tres altos funcionarios de la inteligencia en Iraq.
Investigaciones del Ejército y del Pentágono han reconocido un número limitado de prisioneros fantasmas, pero más de una docena de documentos y declaraciones en la investigación obtenidas por el Washington Post muestran que detenidos no inscritos de la CIA fueron llevados varias veces a la semana a Abu Ghraib a fines de 2003 y que eran ocultados en un pabellón especial de celdas. Soldados de la policía militar idearon un rudimentario sistema para trazar a esos detenidos con un solo dígito de identificación, mientras otros eran apartados sin nombre, sin registrarlos y sin que nadie se hiciera responsable.
Los documentos muestran que el general de más alto rango en Iraq en la época reconoció que su más importante agente de inteligencia estaba al tanto de que la CIA estaba usando las celdas de Abu Ghraib, una política que el general paró abruptamente cuando surgieron preguntas.
Operativos de la CIA empezaron a buscar un lugar central donde colocar a los detenidos capturados durante las misiones secretas en Iraq a mediados de 2003, y una temprana opción fue el Campo Cropper, de máxima seguridad, cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, donde los agentes de la CIA esperaban depositar a algunos de sus prisioneros sin registrar sus nombres. El teniente coronel Ronald G. Chew, el comandante de la policía militar aquí, dijo más tarde a investigadores que él "se opuso a la práctica" y despidió a los operativos.
En lugar de eso, según los documentos, la CIA optó rápidamente por Abu Ghraib, entonces un recinto polvoriento y destartalado en las afueras de Bagdad, que estaba programado para transformarse en el centro central de detención de Estados Unidos durante la guerra.
De acuerdos a testimonios recogidos por los investigadores de soldados y agentes que trabajaron en la cárcel, una corriente de prisioneros fantasmas empezó a llegar en septiembre de 2003, después de que agentes de la inteligencia militar y la CIA llegaran a un acuerdo que impediría que el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias se enteraran de que existían esos detenidos. Los documentos de la pesquisa muestran que el coronel Thomas M. Pappas y el teniente coronel Steven L. Jordan, los dos más importantes agentes de la inteligencia militar en la cárcel, participaron en reuniones con la CIA sobre cómo manejar a los detenidos de la agencia.
Pappas y Jordan están todavía siendo investigados, y oficiales del Ejército dijeron que creen que una decisión sobre cómo castigarlos se tomará a fines de mes.
La mantención de prisioneros fantasmas fue severamente criticada por investigadores del Ejército que examinaron los abusos en la cárcel, y grupos de derechos humanos condenaron la práctica. La Cruz Roja inspecciona regularmente las cárceles y se supone que tiene acceso a todos los reclusos para cerciorarse de que se protegen sus derechos.
La más reciente revisión del Pentágono sobre los abusos a los detenidos fue dada a conocer este mes por el vice-almirante Albert T. Church, que dijo a los reporteros que su pesquisa encontró 30 casos en que los detenidos fueran mantenidos fuera de los libros, incluyendo a uno que fue detenido en secreto durante 45 días.
De acuerdo a declaraciones de la investigación de algunos soldados, esos detenidos eran dejados en celdas de aislamiento durante semanas sin ser interrogados, eran a veces inscritos bajo nombres falsos y esencialmente hechos desaparecer, y las reglas que se aplicaban a miles de otros detenidos, no se aplicaban a ellos.
El teniente general Ricardo S. Sánchez, el oficial del Ejército de mayor rango en Iraq en esa época, dijo al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en la primavera pasada que no existía un sistema para mantener a esos detenidos en Abu Ghraib, pero más tarde reconoció dos casos en que eso había ocurrido, incluyendo uno en el que un detenido murió durante su detención y otro que fue mantenido sin ser inscrito a petición del ministro de Defensa Donald H. Rumsfeld.
En una declaración del 1 de septiembre de 2004, sin embargo, Sánchez dijo que se había enterado después del juicio de que había un "acuerdo entre oficiales del mando" que permitía a los prisioneros fantasmas de "otra agencia del gobierno" OGA, un código para la CIA. Dijo en la declaración que el general de brigada Barbara Fast, su más importante oficial de inteligencia en Iraq, "había sido informada de las celdas asignadas para uso de la "otra agencia del gobierno". "Fast ha sido exculpada de mala conducta en las investigaciones de Abu Ghraib y la última semana asumió el mando del Centro de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos en Fort Huachuca, Arizona".
"Ahora sé que no había ningún procedimiento para tratar propiamente y asignar a esos individuos un ISN [número serial de detenidos]", dijo Sánchez, de acuerdo a una transcripción de la declaración obtenida por el Post. "Y cuando nos dimos cuenta, lo solucionamos".
Uno de los incidentes más altamente publicitados en Abu Ghraib fue la muerte de un detenido no registrado de la CIA en una ducha, en noviembre de 2003. Otro caso que, se dice, también llamó la atención de Sánchez, es el de tres saudíes que la CIA introdujo en Abu Ghraib bajo nombres falsos.
En uno de las varias pesquisas del Pentágono sobre los maltratos a prisioneros, el general de división del Ejército, George Fay, informó en agosto pasado que tres empleados de un hospital habían sido detenidos por la CIA. El gobierno saudí pidió a Estados Unidos si tenía a esos empleados en la cárcel, pero le dijeron que no debido a que no habían sido registrados con sus nombres verdaderos.
Una declaración de los investigadores proporcionó más detalles. Darius Khaghani, jefe de las operaciones de interrogatorio bajo el mando de Sánchez, dijo que se había transformado en una "situación muy política". Semanas después, dijo, las peticiones para ubicar a ciudadanos saudíes provinieron de L. Paul Bremer, el embajador de Estados Unidos en Riyad y luego del despacho del ministro de Asuntos Exteriores, Colin L. Powell.
Finalmente, los soldados "sugirieron interrogar a los tres detenidos" que habían sido llevados a la prisión por la CIA, "incluso aunque habían sido ingresados bajo otros nombres", dijo Khaghani. "En poco tiempo, los tres fueron liberados y trasladados a Arabia Saudí en un avión de la CIA y más tarde oí que el jefe de estación fue relevado por este asunto y llamado de vuelta a Washington".
La semana pasada un funcionario de inteligencia rechazó la acusación de que el jefe de estación hubiera sido relevado por esa razón, y dijo que el cambio fue hecho para incorporar a una persona con más experiencia.
Nail Jubeir, portavoz de la embajada saudí en Washington, dijo que cuando los funcionarios saudíes hacían infructuosas peticiones para localizar a los tres hombres, enfatizaron que se trataba de trabajadores humanitarios que estaban ayudando a la coalición. "Es siempre preocupante que se detenga a ciudadanos bajo nombres falsos", dijo Jubeir. "Tomó tiempo obtener su liberación".
Los documentos de la investigación mostraron que varios soldados y contratistas civiles informaron haber visto a prisioneros fantasmas y que estaban confundidos acerca de su condición y las reglas que debían aplicárseles.
Luke Olander, un analista civil de la inteligencia, dijo: "Teníamos informes de inteligencia sobre un detenido en particular y el informe mostraba que no lo teníamos en nuestra instalación, pero estaba ahí". El especialista John Harold Ketzer, un interrogador, dijo que los fantasmas eran "prohibidos a los interrogadores del Ejército", y que "algunos detenidos OGA han esperado meses antes de que los interrogadores del OGA los interrogaran, violando el límite de aislamiento de 30 días".
El capitán Carolyn Wood, agente militar de inteligencia a cargo de los interrogatorios en Abu Ghraub, dijo a los investigadores que ella fue uno de los pocos que objetó que la CIA usara su instalación para "hacer pasar la noche" a prisioneros no ingresados y que había mostrado su "desaprobación" a Pappas y Jordan. "Pero no se me tomó en cuenta", dijo, y los prisioneros fantasmas continuaron llegando hasta su partida el 4 de diciembre de 2003.
El jefe oficial técnico John D. Graham, miembro del 519 Batallón de Inteligencia Militar, dijo a los investigadores que "la OGA [CIA] tenía lo que llamamos detenidos fantasmas que estaban escondidos' u ocultos en nuestra instalación", y agregó que él también se opuso a la práctica.
Jordan, en su declaración ante los investigadores, dijo que había un memorándum de entendimiento entre su unidad y la OGA' para organizar la retención de detenidos llevados por la CIA y el Destacamento Especial 1-21, una unidad secreta de Operaciones Especiales. Dijo que ellos "dejaban encargado a un detenido dos o tres veces a la semana".
Pappas dijo a los investigadores que él inicialmente "tenía preocupaciones sobre el acuerdo" y preguntó al coronel Steven Boltz, entonces el segundo oficial de inteligencia militar en rango en Iraq, si continuarían recibiendo a prisioneros fantasmas. "Nos traían prisioneros sin notificarnos".
24 de marzo de 2005
29 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
"
Importantes funcionarios del ministerio de Defensa describieron la práctica de la CIA de ocultar a detenidos no inscritos en la cárcel de Abu Ghraib como ad hoc y no autorizada, pero una revisión de documentos del Ejército muestra que el programa de prisioneros fantasmas' de la agencia era sistemático y era conocido por tres altos funcionarios de la inteligencia en Iraq.Investigaciones del Ejército y del Pentágono han reconocido un número limitado de prisioneros fantasmas, pero más de una docena de documentos y declaraciones en la investigación obtenidas por el Washington Post muestran que detenidos no inscritos de la CIA fueron llevados varias veces a la semana a Abu Ghraib a fines de 2003 y que eran ocultados en un pabellón especial de celdas. Soldados de la policía militar idearon un rudimentario sistema para trazar a esos detenidos con un solo dígito de identificación, mientras otros eran apartados sin nombre, sin registrarlos y sin que nadie se hiciera responsable.
Los documentos muestran que el general de más alto rango en Iraq en la época reconoció que su más importante agente de inteligencia estaba al tanto de que la CIA estaba usando las celdas de Abu Ghraib, una política que el general paró abruptamente cuando surgieron preguntas.
Operativos de la CIA empezaron a buscar un lugar central donde colocar a los detenidos capturados durante las misiones secretas en Iraq a mediados de 2003, y una temprana opción fue el Campo Cropper, de máxima seguridad, cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, donde los agentes de la CIA esperaban depositar a algunos de sus prisioneros sin registrar sus nombres. El teniente coronel Ronald G. Chew, el comandante de la policía militar aquí, dijo más tarde a investigadores que él "se opuso a la práctica" y despidió a los operativos.
En lugar de eso, según los documentos, la CIA optó rápidamente por Abu Ghraib, entonces un recinto polvoriento y destartalado en las afueras de Bagdad, que estaba programado para transformarse en el centro central de detención de Estados Unidos durante la guerra.
De acuerdos a testimonios recogidos por los investigadores de soldados y agentes que trabajaron en la cárcel, una corriente de prisioneros fantasmas empezó a llegar en septiembre de 2003, después de que agentes de la inteligencia militar y la CIA llegaran a un acuerdo que impediría que el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias se enteraran de que existían esos detenidos. Los documentos de la pesquisa muestran que el coronel Thomas M. Pappas y el teniente coronel Steven L. Jordan, los dos más importantes agentes de la inteligencia militar en la cárcel, participaron en reuniones con la CIA sobre cómo manejar a los detenidos de la agencia.
Pappas y Jordan están todavía siendo investigados, y oficiales del Ejército dijeron que creen que una decisión sobre cómo castigarlos se tomará a fines de mes.
La mantención de prisioneros fantasmas fue severamente criticada por investigadores del Ejército que examinaron los abusos en la cárcel, y grupos de derechos humanos condenaron la práctica. La Cruz Roja inspecciona regularmente las cárceles y se supone que tiene acceso a todos los reclusos para cerciorarse de que se protegen sus derechos.
La más reciente revisión del Pentágono sobre los abusos a los detenidos fue dada a conocer este mes por el vice-almirante Albert T. Church, que dijo a los reporteros que su pesquisa encontró 30 casos en que los detenidos fueran mantenidos fuera de los libros, incluyendo a uno que fue detenido en secreto durante 45 días.
De acuerdo a declaraciones de la investigación de algunos soldados, esos detenidos eran dejados en celdas de aislamiento durante semanas sin ser interrogados, eran a veces inscritos bajo nombres falsos y esencialmente hechos desaparecer, y las reglas que se aplicaban a miles de otros detenidos, no se aplicaban a ellos.
El teniente general Ricardo S. Sánchez, el oficial del Ejército de mayor rango en Iraq en esa época, dijo al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en la primavera pasada que no existía un sistema para mantener a esos detenidos en Abu Ghraib, pero más tarde reconoció dos casos en que eso había ocurrido, incluyendo uno en el que un detenido murió durante su detención y otro que fue mantenido sin ser inscrito a petición del ministro de Defensa Donald H. Rumsfeld.
En una declaración del 1 de septiembre de 2004, sin embargo, Sánchez dijo que se había enterado después del juicio de que había un "acuerdo entre oficiales del mando" que permitía a los prisioneros fantasmas de "otra agencia del gobierno" OGA, un código para la CIA. Dijo en la declaración que el general de brigada Barbara Fast, su más importante oficial de inteligencia en Iraq, "había sido informada de las celdas asignadas para uso de la "otra agencia del gobierno". "Fast ha sido exculpada de mala conducta en las investigaciones de Abu Ghraib y la última semana asumió el mando del Centro de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos en Fort Huachuca, Arizona".
"Ahora sé que no había ningún procedimiento para tratar propiamente y asignar a esos individuos un ISN [número serial de detenidos]", dijo Sánchez, de acuerdo a una transcripción de la declaración obtenida por el Post. "Y cuando nos dimos cuenta, lo solucionamos".
Uno de los incidentes más altamente publicitados en Abu Ghraib fue la muerte de un detenido no registrado de la CIA en una ducha, en noviembre de 2003. Otro caso que, se dice, también llamó la atención de Sánchez, es el de tres saudíes que la CIA introdujo en Abu Ghraib bajo nombres falsos.
En uno de las varias pesquisas del Pentágono sobre los maltratos a prisioneros, el general de división del Ejército, George Fay, informó en agosto pasado que tres empleados de un hospital habían sido detenidos por la CIA. El gobierno saudí pidió a Estados Unidos si tenía a esos empleados en la cárcel, pero le dijeron que no debido a que no habían sido registrados con sus nombres verdaderos.
Una declaración de los investigadores proporcionó más detalles. Darius Khaghani, jefe de las operaciones de interrogatorio bajo el mando de Sánchez, dijo que se había transformado en una "situación muy política". Semanas después, dijo, las peticiones para ubicar a ciudadanos saudíes provinieron de L. Paul Bremer, el embajador de Estados Unidos en Riyad y luego del despacho del ministro de Asuntos Exteriores, Colin L. Powell.
Finalmente, los soldados "sugirieron interrogar a los tres detenidos" que habían sido llevados a la prisión por la CIA, "incluso aunque habían sido ingresados bajo otros nombres", dijo Khaghani. "En poco tiempo, los tres fueron liberados y trasladados a Arabia Saudí en un avión de la CIA y más tarde oí que el jefe de estación fue relevado por este asunto y llamado de vuelta a Washington".
La semana pasada un funcionario de inteligencia rechazó la acusación de que el jefe de estación hubiera sido relevado por esa razón, y dijo que el cambio fue hecho para incorporar a una persona con más experiencia.
Nail Jubeir, portavoz de la embajada saudí en Washington, dijo que cuando los funcionarios saudíes hacían infructuosas peticiones para localizar a los tres hombres, enfatizaron que se trataba de trabajadores humanitarios que estaban ayudando a la coalición. "Es siempre preocupante que se detenga a ciudadanos bajo nombres falsos", dijo Jubeir. "Tomó tiempo obtener su liberación".
Los documentos de la investigación mostraron que varios soldados y contratistas civiles informaron haber visto a prisioneros fantasmas y que estaban confundidos acerca de su condición y las reglas que debían aplicárseles.
Luke Olander, un analista civil de la inteligencia, dijo: "Teníamos informes de inteligencia sobre un detenido en particular y el informe mostraba que no lo teníamos en nuestra instalación, pero estaba ahí". El especialista John Harold Ketzer, un interrogador, dijo que los fantasmas eran "prohibidos a los interrogadores del Ejército", y que "algunos detenidos OGA han esperado meses antes de que los interrogadores del OGA los interrogaran, violando el límite de aislamiento de 30 días".
El capitán Carolyn Wood, agente militar de inteligencia a cargo de los interrogatorios en Abu Ghraub, dijo a los investigadores que ella fue uno de los pocos que objetó que la CIA usara su instalación para "hacer pasar la noche" a prisioneros no ingresados y que había mostrado su "desaprobación" a Pappas y Jordan. "Pero no se me tomó en cuenta", dijo, y los prisioneros fantasmas continuaron llegando hasta su partida el 4 de diciembre de 2003.
El jefe oficial técnico John D. Graham, miembro del 519 Batallón de Inteligencia Militar, dijo a los investigadores que "la OGA [CIA] tenía lo que llamamos detenidos fantasmas que estaban escondidos' u ocultos en nuestra instalación", y agregó que él también se opuso a la práctica.
Jordan, en su declaración ante los investigadores, dijo que había un memorándum de entendimiento entre su unidad y la OGA' para organizar la retención de detenidos llevados por la CIA y el Destacamento Especial 1-21, una unidad secreta de Operaciones Especiales. Dijo que ellos "dejaban encargado a un detenido dos o tres veces a la semana".
Pappas dijo a los investigadores que él inicialmente "tenía preocupaciones sobre el acuerdo" y preguntó al coronel Steven Boltz, entonces el segundo oficial de inteligencia militar en rango en Iraq, si continuarían recibiendo a prisioneros fantasmas. "Nos traían prisioneros sin notificarnos".
24 de marzo de 2005
29 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
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uniones forzadas de niñas afganas
[Matthew Pennington] Continúa tradición de vender a niñas como novias de hombres más ricos y viejos.
Kabul, Afganistán. Bibi, de 14, no ha visto nunca al padre que quiere venderla para que se case con un desconocido.
Se escondió cuando él, hace un mes, envió a la policía a su pueblo natal en el norte de Afganistán. Su hermano mayor, Kareem, se negó a entregarla y fue encarcelado. Pero Bibi encontró refugio en una pariente compasiva en Kabul, donde vive ahora temiendo que su padre la encuentre algún día.
El pariente, Shahnoz, dijo que el padre de la niña no tiene interés en buscar una pareja conveniente para su hija y sólo quiere poner sus manos sobre la dote que recibiría.
"Como si ella fuera un cheque", dijo Shahnoz, cuyo marido es un primo de la madre de Bibi. "Es guapa y él la quiere vender en matrimonio".
La historia de Bibi está lejos de ser única. A pesar de la re-emergencia de la democracia y los derechos de la mujer en Afganistán, funcionarios de derechos humanos dicen que en un 60 a 80 por ciento de los matrimonios en el país las mujeres son obligadas a la unión.
En áreas rurales "la tradición es tan poderosa que las mujeres creen que son realmente propiedad de sus parientes masculinos. Les obedecen digan lo que digan", dijo Sima Samar, presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, el grupo observador de derechos humanos más importante del país.
Niñas y mujeres son a menudo casadas por motivos económicos o para solucionar conflictos entre familias, incluso aunque ambas prácticas son contrarias a las leyes civiles e islámicas. Mientras los matrimonios convenidos por las familias son la norma en este conservador país musulmán, se supone que debe contar con el consentimiento de la novia y novio.
En el caso de Bibi el novio es un hombre mayor, rico, que busca una segunda esposa. Sus parientes calculan que está dispuesto a pagar unos 7.000 dólares por ella -una pequeña fortuna en uno de los países más pobres del mundo.
"Mi padre no se preocupa de mi vida", dijo Bibi en una entrevista, balbuciendo en su pañuelo de algodón blanco. "Nunca me compró ropa o comida. Mi familia es mi madre y Kareem".
Bibi, Shahnoz y Kareem -que salió hace poco de la cárcel- accedieron a hablar con la Associated Press con la esperanza de que la publicidad en torno al caso de la niña pueda impedir que su desconocido padre la obligue a casarse. El padre, Rafur, no pudo ser localizado para ser entrevistado.
Como muchos afganos, sólo tiene un nombre.
Shahnoz dice que no quiere que Bibi sufra el mismo destino que la madre de la niña, obligada violentamente a una unión sin amor. Después de que muriera su primer marido, fue obligada a casarse con Rafur, su cuñado, que la golpeó cuando ella se resistió. El matrimonio -un arreglo tradicional para una viuda afgana- se rompió dos años después.
Rafur sólo volvió a sus vidas cuando Bibi cumplió 14 y él consideró que estaba lista para casarse -aunque tiene todavía dos años menos que la edad legal para las mujeres.
La caída de los talibanes inauguró nuevas oportunidades para las mujeres afganas. Millones de niñas han vuelto a la escuela tres años después de que las fuerzas encabezadas por Estados Unidos sacaran al represivo régimen islámico. También han vuelto muchas a trabajar, especialmente en las ciudades.
La nueva constitución consagra los derechos de la mujer, y las mujeres pueden votar en elecciones democráticas. También tienen protección legal -al menos en teoría.
Fawzia Amini, subdirectora del departamento de leyes y derechos del ministerio de Asuntos de la Mujer, dijo que su departamento investiga al año unos 500 casos de abusos contra las mujeres -habitualmente maridos que golpean a sus esposas.
Dijo que las víctimas pueden buscar ayuda jurídica para divorciarse, pero ese paso es tan perjudicial socialmente para una mujer que normalmente es mejor tratar de obligar al marido a colaborar con las autoridades y rescatar el matrimonio. Dijo que el año pasado hubo sólo 10 o 15 divorcios en el tribunal familiar de Kabul, una ciudad de unos 4 millones de habitantes.
"Nuestra cultura no permite el divorcio. Las mujeres divorciadas llevan una vida difícil. Nadie se ocupa de ellas", dijo Amini. "No hay protección legal de las mujeres divorciadas. En general, pierden su parte de la dote y pierden a sus hijos".
Una mujer de 24 decidió hacerlo esta semana. Entró cojeando a la oficina en Kabul de la comisión de derechos humanos una brillante mañana de primavera, con su cara cubierta por una burqa azul, pidiendo su ayuda para divorciarse.
Su marido, ahora en la cárcel, la había golpeado salvajemente con una vara después de que su madre la acusara de robar carne de la cacerola. Las fotografías proporcionadas por la comisión muestran a la mujer con el pie derecho y el brazo izquierdo escayolados. Los verdugones que le dejó la paliza cubrían su espalda.
Shamsullah Ahmadzai, de la unidad de supervisión e investigación, dijo que las represivas tradiciones y confusión moral de 25 años de guerra han dejado un violento legado en Afganistán y que esas palizas son cosas habituales.
Dijo que la continuada influencia de los señores de la guerra -algunos en posiciones de poder en el gobierno- socavan el alcance de la ley, empeorando la situación.
Shahnoz dijo que Bibi, que es analfabeta, no está lista para casarse. Como muchas niñas y mujeres pashtún, sale rara vez de su casa y no sabe siquiera cómo se ve su padre, aunque vive en la misma aldea en la norteña provincia de Takhar de Afganistán.
"Si fuera a la escuela, aprendería quizás sobre el mundo y tendría más confianza en sí misma. Tal como es, si un hombre la habla, su corazón se pone a latir violentamente. Ni siquiera puede decir hola", dijo Shahnoz.
14 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Kabul, Afganistán. Bibi, de 14, no ha visto nunca al padre que quiere venderla para que se case con un desconocido.Se escondió cuando él, hace un mes, envió a la policía a su pueblo natal en el norte de Afganistán. Su hermano mayor, Kareem, se negó a entregarla y fue encarcelado. Pero Bibi encontró refugio en una pariente compasiva en Kabul, donde vive ahora temiendo que su padre la encuentre algún día.
El pariente, Shahnoz, dijo que el padre de la niña no tiene interés en buscar una pareja conveniente para su hija y sólo quiere poner sus manos sobre la dote que recibiría.
"Como si ella fuera un cheque", dijo Shahnoz, cuyo marido es un primo de la madre de Bibi. "Es guapa y él la quiere vender en matrimonio".
La historia de Bibi está lejos de ser única. A pesar de la re-emergencia de la democracia y los derechos de la mujer en Afganistán, funcionarios de derechos humanos dicen que en un 60 a 80 por ciento de los matrimonios en el país las mujeres son obligadas a la unión.
En áreas rurales "la tradición es tan poderosa que las mujeres creen que son realmente propiedad de sus parientes masculinos. Les obedecen digan lo que digan", dijo Sima Samar, presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, el grupo observador de derechos humanos más importante del país.
Niñas y mujeres son a menudo casadas por motivos económicos o para solucionar conflictos entre familias, incluso aunque ambas prácticas son contrarias a las leyes civiles e islámicas. Mientras los matrimonios convenidos por las familias son la norma en este conservador país musulmán, se supone que debe contar con el consentimiento de la novia y novio.
En el caso de Bibi el novio es un hombre mayor, rico, que busca una segunda esposa. Sus parientes calculan que está dispuesto a pagar unos 7.000 dólares por ella -una pequeña fortuna en uno de los países más pobres del mundo.
"Mi padre no se preocupa de mi vida", dijo Bibi en una entrevista, balbuciendo en su pañuelo de algodón blanco. "Nunca me compró ropa o comida. Mi familia es mi madre y Kareem".
Bibi, Shahnoz y Kareem -que salió hace poco de la cárcel- accedieron a hablar con la Associated Press con la esperanza de que la publicidad en torno al caso de la niña pueda impedir que su desconocido padre la obligue a casarse. El padre, Rafur, no pudo ser localizado para ser entrevistado.
Como muchos afganos, sólo tiene un nombre.
Shahnoz dice que no quiere que Bibi sufra el mismo destino que la madre de la niña, obligada violentamente a una unión sin amor. Después de que muriera su primer marido, fue obligada a casarse con Rafur, su cuñado, que la golpeó cuando ella se resistió. El matrimonio -un arreglo tradicional para una viuda afgana- se rompió dos años después.
Rafur sólo volvió a sus vidas cuando Bibi cumplió 14 y él consideró que estaba lista para casarse -aunque tiene todavía dos años menos que la edad legal para las mujeres.
La caída de los talibanes inauguró nuevas oportunidades para las mujeres afganas. Millones de niñas han vuelto a la escuela tres años después de que las fuerzas encabezadas por Estados Unidos sacaran al represivo régimen islámico. También han vuelto muchas a trabajar, especialmente en las ciudades.
La nueva constitución consagra los derechos de la mujer, y las mujeres pueden votar en elecciones democráticas. También tienen protección legal -al menos en teoría.
Fawzia Amini, subdirectora del departamento de leyes y derechos del ministerio de Asuntos de la Mujer, dijo que su departamento investiga al año unos 500 casos de abusos contra las mujeres -habitualmente maridos que golpean a sus esposas.
Dijo que las víctimas pueden buscar ayuda jurídica para divorciarse, pero ese paso es tan perjudicial socialmente para una mujer que normalmente es mejor tratar de obligar al marido a colaborar con las autoridades y rescatar el matrimonio. Dijo que el año pasado hubo sólo 10 o 15 divorcios en el tribunal familiar de Kabul, una ciudad de unos 4 millones de habitantes.
"Nuestra cultura no permite el divorcio. Las mujeres divorciadas llevan una vida difícil. Nadie se ocupa de ellas", dijo Amini. "No hay protección legal de las mujeres divorciadas. En general, pierden su parte de la dote y pierden a sus hijos".
Una mujer de 24 decidió hacerlo esta semana. Entró cojeando a la oficina en Kabul de la comisión de derechos humanos una brillante mañana de primavera, con su cara cubierta por una burqa azul, pidiendo su ayuda para divorciarse.
Su marido, ahora en la cárcel, la había golpeado salvajemente con una vara después de que su madre la acusara de robar carne de la cacerola. Las fotografías proporcionadas por la comisión muestran a la mujer con el pie derecho y el brazo izquierdo escayolados. Los verdugones que le dejó la paliza cubrían su espalda.
Shamsullah Ahmadzai, de la unidad de supervisión e investigación, dijo que las represivas tradiciones y confusión moral de 25 años de guerra han dejado un violento legado en Afganistán y que esas palizas son cosas habituales.
Dijo que la continuada influencia de los señores de la guerra -algunos en posiciones de poder en el gobierno- socavan el alcance de la ley, empeorando la situación.
Shahnoz dijo que Bibi, que es analfabeta, no está lista para casarse. Como muchas niñas y mujeres pashtún, sale rara vez de su casa y no sabe siquiera cómo se ve su padre, aunque vive en la misma aldea en la norteña provincia de Takhar de Afganistán.
"Si fuera a la escuela, aprendería quizás sobre el mundo y tendría más confianza en sí misma. Tal como es, si un hombre la habla, su corazón se pone a latir violentamente. Ni siquiera puede decir hola", dijo Shahnoz.
14 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
muertes en cárceles afganas
[Douglas Jehl] El Ejército norteamericano entrega detalles sobre torturas a prisioneros en una cárcel afgana.
Washington, Estados Unidos. Dos prisioneros afganos que murieron bajo detención norteamericana en Afganistán en diciembre de 2002 fueron encadenados al cielo raso, pateados y golpeados por soldados estadounidenses durante repetidas agresiones que causaron sus muertes, de acuerdo a informes de la investigación criminal del Ejército que todavía no son hechos públicos.
Un soldado, Willie V. Brand, fue acusado el mes pasado de homicidio involuntario en un juicio a puertas cerradas en Texas en conexión con una de las muertes, indica otro documento del ejército. El soldado Brand, que reconoció haber golpeado 37 veces al detenido llamado Dilawar, fue acusado de haberlo golpeado y matado en un período de cinco días, "destruyendo los tejidos musculares de su pierna con repetidos golpes ilegales de rodilla".
Las agresiones contra Dilawar fueron tan severas que "incluso si hubiera quedado con vida, habría debido amputársele las dos piernas", dice el informe del Ejército, que cita a un médico forense.
Los informes, obtenidos por Human Rights Watch, proporcionan la primera versión oficial de los sucesos que llevaron a la muerte de los detenidos Mullah Habibullah y Dilawar, en el Punto de Contro Bagram, a unos 64 kilómetros al norte de Kabul. Las muertes tomaron lugar casi un año antes de las torturas en la prisión de Abu Ghraib en Iraq.
Entre los implicados en los asesinatos en Bagram se encuentran miembros de la Compañía A del Batallón 519 de Inteligencia Militar, de Fort Bragg, Carolina del Norte. El batallón marchó a Iraq, donde algunos miembros establecieron la unidad de interrogatorios de Abu Ghraib y han estado implicados en algunas de las torturas allí.
Los informes, de Comando de Investigaciones Criminales del Ejército, también dejan en claro que las torturas en Bagram fueron mucho más allá de estos dos asesinatos. Entre los señalados para ser enjuiciados hay un interrogador militar del Ejército del Batallón 519 del que se dice que "colocó su pene sobre la cara" de un detenido afgano y más tarde "simuló sodomizarlo (sobre su ropa)".
El informe del ejército menciona "informaciones fiables" de que cuatro interrogadores militares agredieron a Dilawar y a otro prisionero afgano con "patadas a la ingle y pierna, empujándole o aplastándole contra las paredes y mesa, obligando al detenido a soportar dolorosas y contorsionadas posturas corporales durante el interrogatorio y metiéndole agua en su boca hasta que no podía respirar".
Oficiales norteamericanos en Afganistán dijeron inicialmente que las muertes de Habibullah en una celda de aislamiento el 4 de diciembre de 2002, y de Dilawar, en otra celda semejantes seis días más tarde, se debieron a causas naturales. El teniente general Daniel K. McNeill, comandante americano de las fuerzas aliadas en Afganistán, negó entonces que los prisioneros hubieran sido encadenados al cielo raso o que las condiciones en Bagram pusieran en peligro la vida de los prisioneros.
Pero después de una investigación del New York Times, el Ejército reconoció que las muertes fueron homicidios. En otoño pasado, investigadores del Ejército implicaron a 28 soldados y reservistas y aconsejaron su enjuiciamiento por causas penales, incluyendo homicidio involuntario.
Pero de momento sólo el soldado Brand, un policía militar de la Compañía de Policía Militar 377, una unidad de la Reserva del Ejército de Cincinnati, y el sargento James P. Boland, de la misma unidad, han sido acusados formalmente.
Los cargos contra el sargento Boland por agresión y otros delitos fueron anunciados en el verano pasado, y los cargos contra el soldado Brand fueron detallados en documentos de la acusación del Ejército de los juicios del 3 y 4 de febrero en Fort Bliss, Texas.
Los nombres de otros oficiales y soldados que pueden ser acusados penalmente no eran conocidos previamente.
Pero entre los mencionados en los nuevos informes se encuentra la capitana Carolyn A. Wood, jefe de la inteligencia militar en Bagram. Los informes concluyen que la capitana Wood mintió a los investigadores diciendo que poner grilletes a los prisioneros en posturas de pie tenía por objeto proteger de agresiones a los interrogadores. De hecho, dice el informe, la táctica era usado para causar dolor y privar del sueño a los prisioneros.
Un informe del Ejército datado el 1 de junio de 2004 sobre la muerte de Habibullah identifica al capitán Christopher Beiring de la Compañía de Policía Militar 377 como habiendo sido "culpablemente ineficiente en el desempeño de sus funciones, que permitió que varios de sus soldados maltrataran a los detenidos, lo que llevó finalmente a la muerte de Habibullah, cometiendo así homicidio involuntario".
La capitana Wood, que dirigía la Compañía A en Afganistán, colaboró más tarde en establecer el centro de interrogatorios e información en Abu Ghraib. Dos informes del ministerio de Defensa han indicado que una lista de métodos de interrogatorio que redactó ella misma allí, que iban más allá de lo aprobado por comandantes del Ejército, puede haber contribuido a los abusos en Abu Ghraib.
Intentos pasados de contactar a la capitana Wood, el capitán Beiring y el sargento Boland, que fueron mencionados al pasar en informes anteriores, y de conocer la identidad de sus abogados, han sido fallidos. Todos han sido mencionados en informes previos del Pentágono y en nuevos informes sobre los incidentes en Afganistán; ninguno ha hecho declaraciones públicas. El nombre del abogado del soldado Brand no aparece en las actas de la acusación del Ejército, y oficiales dijeron que ni el soldado ni el abogado harían probablemente comentarios.
John Sifton, investigador de Human Rights Watch, dijo que los documentos fundamentaban las propias investigaciones del grupo que revelan que las golpizas y posiciones difíciles eran ampliamente usadas y que "lejos de ser casos aislados, los maltratos en sitios en Afganistán eran comunes en 2002, la regla antes que la excepción".
"Human Rights Watch ha documentado previamente, a través de entrevistas con antiguos detenidos, que cientos de otros detenidos fueron golpeados en bases en Bagram y en Kandahar desde principios de 2002 en adelante", dijo Sifton en un e-mail.
En su propio informe, hecho público esta semana, el vice-almirante Albert T. Church III, mencionó las muertes de Habibullah y Dilawar como ejemplos de abusos que han ocurrido durante interrogatorios. El almirante Church dijo que su revisión de la investigación del Ejército había concluido que los abusos "no estaban relacionados con métodos aprobados de interrogatorio"
Pero el almirante Church también dijo que había indicios en ambos casos "de que el personal médico puede haber intentado mentir sobre las circunstancias de la muerte, posiblemente en un intento de ocultar los abusos a los detenidos" de esos casos y otro caso.
La descripción previa más específica de la causa de las muertes de los dos hombres provino de funcionarios del Pentágono, que dijeron en el otoño pasado que los dos habían sufrido "lesiones en las piernas" y que los investigadores habían determinado que habían sido golpeados por "varios soldados", los que, en su mayor parte, habían usado sus rodillas. Funcionarios del Pentágono dijeron entonces que era probable que las golpizas se hubieran limitado a las piernas de los detenidos de modo que las lesiones no fueran visibles.
Ambos hombres habían sido encadenados al cielo raso, uno por la cintura y el otro por las muñecas. Ambos habían sido capturados por fuerzas afganas y entregados a los militares norteamericanos para ser interrogados.
Habibullah, hermano de un antiguo comandante talibán, murió de embolia pulmonar causada aparentemente por coágulos de sangre que se formaron en sus piernas tras las palizas, de acuerdo al informe del 1 de junio de 2004. Dilawar, que sufría de problemas cardíacos, es descrito en un informe del Ejército datado al 6 de julio de 2004, como habiendo muerto de "severas lesiones de las extremidades inferiores que complicaron su afección arterial coronaria".
12 de marzo de 2005
©new york times
©traducción mQh
Washington, Estados Unidos. Dos prisioneros afganos que murieron bajo detención norteamericana en Afganistán en diciembre de 2002 fueron encadenados al cielo raso, pateados y golpeados por soldados estadounidenses durante repetidas agresiones que causaron sus muertes, de acuerdo a informes de la investigación criminal del Ejército que todavía no son hechos públicos.Un soldado, Willie V. Brand, fue acusado el mes pasado de homicidio involuntario en un juicio a puertas cerradas en Texas en conexión con una de las muertes, indica otro documento del ejército. El soldado Brand, que reconoció haber golpeado 37 veces al detenido llamado Dilawar, fue acusado de haberlo golpeado y matado en un período de cinco días, "destruyendo los tejidos musculares de su pierna con repetidos golpes ilegales de rodilla".
Las agresiones contra Dilawar fueron tan severas que "incluso si hubiera quedado con vida, habría debido amputársele las dos piernas", dice el informe del Ejército, que cita a un médico forense.
Los informes, obtenidos por Human Rights Watch, proporcionan la primera versión oficial de los sucesos que llevaron a la muerte de los detenidos Mullah Habibullah y Dilawar, en el Punto de Contro Bagram, a unos 64 kilómetros al norte de Kabul. Las muertes tomaron lugar casi un año antes de las torturas en la prisión de Abu Ghraib en Iraq.
Entre los implicados en los asesinatos en Bagram se encuentran miembros de la Compañía A del Batallón 519 de Inteligencia Militar, de Fort Bragg, Carolina del Norte. El batallón marchó a Iraq, donde algunos miembros establecieron la unidad de interrogatorios de Abu Ghraib y han estado implicados en algunas de las torturas allí.
Los informes, de Comando de Investigaciones Criminales del Ejército, también dejan en claro que las torturas en Bagram fueron mucho más allá de estos dos asesinatos. Entre los señalados para ser enjuiciados hay un interrogador militar del Ejército del Batallón 519 del que se dice que "colocó su pene sobre la cara" de un detenido afgano y más tarde "simuló sodomizarlo (sobre su ropa)".
El informe del ejército menciona "informaciones fiables" de que cuatro interrogadores militares agredieron a Dilawar y a otro prisionero afgano con "patadas a la ingle y pierna, empujándole o aplastándole contra las paredes y mesa, obligando al detenido a soportar dolorosas y contorsionadas posturas corporales durante el interrogatorio y metiéndole agua en su boca hasta que no podía respirar".
Oficiales norteamericanos en Afganistán dijeron inicialmente que las muertes de Habibullah en una celda de aislamiento el 4 de diciembre de 2002, y de Dilawar, en otra celda semejantes seis días más tarde, se debieron a causas naturales. El teniente general Daniel K. McNeill, comandante americano de las fuerzas aliadas en Afganistán, negó entonces que los prisioneros hubieran sido encadenados al cielo raso o que las condiciones en Bagram pusieran en peligro la vida de los prisioneros.
Pero después de una investigación del New York Times, el Ejército reconoció que las muertes fueron homicidios. En otoño pasado, investigadores del Ejército implicaron a 28 soldados y reservistas y aconsejaron su enjuiciamiento por causas penales, incluyendo homicidio involuntario.
Pero de momento sólo el soldado Brand, un policía militar de la Compañía de Policía Militar 377, una unidad de la Reserva del Ejército de Cincinnati, y el sargento James P. Boland, de la misma unidad, han sido acusados formalmente.
Los cargos contra el sargento Boland por agresión y otros delitos fueron anunciados en el verano pasado, y los cargos contra el soldado Brand fueron detallados en documentos de la acusación del Ejército de los juicios del 3 y 4 de febrero en Fort Bliss, Texas.
Los nombres de otros oficiales y soldados que pueden ser acusados penalmente no eran conocidos previamente.
Pero entre los mencionados en los nuevos informes se encuentra la capitana Carolyn A. Wood, jefe de la inteligencia militar en Bagram. Los informes concluyen que la capitana Wood mintió a los investigadores diciendo que poner grilletes a los prisioneros en posturas de pie tenía por objeto proteger de agresiones a los interrogadores. De hecho, dice el informe, la táctica era usado para causar dolor y privar del sueño a los prisioneros.
Un informe del Ejército datado el 1 de junio de 2004 sobre la muerte de Habibullah identifica al capitán Christopher Beiring de la Compañía de Policía Militar 377 como habiendo sido "culpablemente ineficiente en el desempeño de sus funciones, que permitió que varios de sus soldados maltrataran a los detenidos, lo que llevó finalmente a la muerte de Habibullah, cometiendo así homicidio involuntario".
La capitana Wood, que dirigía la Compañía A en Afganistán, colaboró más tarde en establecer el centro de interrogatorios e información en Abu Ghraib. Dos informes del ministerio de Defensa han indicado que una lista de métodos de interrogatorio que redactó ella misma allí, que iban más allá de lo aprobado por comandantes del Ejército, puede haber contribuido a los abusos en Abu Ghraib.
Intentos pasados de contactar a la capitana Wood, el capitán Beiring y el sargento Boland, que fueron mencionados al pasar en informes anteriores, y de conocer la identidad de sus abogados, han sido fallidos. Todos han sido mencionados en informes previos del Pentágono y en nuevos informes sobre los incidentes en Afganistán; ninguno ha hecho declaraciones públicas. El nombre del abogado del soldado Brand no aparece en las actas de la acusación del Ejército, y oficiales dijeron que ni el soldado ni el abogado harían probablemente comentarios.
John Sifton, investigador de Human Rights Watch, dijo que los documentos fundamentaban las propias investigaciones del grupo que revelan que las golpizas y posiciones difíciles eran ampliamente usadas y que "lejos de ser casos aislados, los maltratos en sitios en Afganistán eran comunes en 2002, la regla antes que la excepción".
"Human Rights Watch ha documentado previamente, a través de entrevistas con antiguos detenidos, que cientos de otros detenidos fueron golpeados en bases en Bagram y en Kandahar desde principios de 2002 en adelante", dijo Sifton en un e-mail.
En su propio informe, hecho público esta semana, el vice-almirante Albert T. Church III, mencionó las muertes de Habibullah y Dilawar como ejemplos de abusos que han ocurrido durante interrogatorios. El almirante Church dijo que su revisión de la investigación del Ejército había concluido que los abusos "no estaban relacionados con métodos aprobados de interrogatorio"
Pero el almirante Church también dijo que había indicios en ambos casos "de que el personal médico puede haber intentado mentir sobre las circunstancias de la muerte, posiblemente en un intento de ocultar los abusos a los detenidos" de esos casos y otro caso.
La descripción previa más específica de la causa de las muertes de los dos hombres provino de funcionarios del Pentágono, que dijeron en el otoño pasado que los dos habían sufrido "lesiones en las piernas" y que los investigadores habían determinado que habían sido golpeados por "varios soldados", los que, en su mayor parte, habían usado sus rodillas. Funcionarios del Pentágono dijeron entonces que era probable que las golpizas se hubieran limitado a las piernas de los detenidos de modo que las lesiones no fueran visibles.
Ambos hombres habían sido encadenados al cielo raso, uno por la cintura y el otro por las muñecas. Ambos habían sido capturados por fuerzas afganas y entregados a los militares norteamericanos para ser interrogados.
Habibullah, hermano de un antiguo comandante talibán, murió de embolia pulmonar causada aparentemente por coágulos de sangre que se formaron en sus piernas tras las palizas, de acuerdo al informe del 1 de junio de 2004. Dilawar, que sufría de problemas cardíacos, es descrito en un informe del Ejército datado al 6 de julio de 2004, como habiendo muerto de "severas lesiones de las extremidades inferiores que complicaron su afección arterial coronaria".
12 de marzo de 2005
©new york times
©traducción mQh
muerte en cárcel afgana de la CIA
[Dana Priest] La muerte de un detenido provoca una pesquisa.
Washington, Estados Unidos. En noviembre de 2002, un nuevo agente de enlace de la CIA a cargo de una prisión secreta justo al norte de Kabul ordenó a los guardias desnudar a un detenido afgano poco cooperativo, encadenarlo al piso de cemento y dejarlo a la intemperie durante la noche, sin mantas, de acuerdo a cuatro funcionarios de gobierno que han sabido del caso.
Los guardias afganos, pagados por la CIA y operando bajo supervisión de la CIA en una bodega abandonada llamada en clave el Pozo de Sal [Salt Pit], arrastraron al cautivo por el suelo de cemento, magullando y raspando su piel, antes de devolverlo a su celda, dijeron dos funcionarios a condición de conservar el anonimato.
A la llegada de la noche, bajó la temperatura. Por la mañana, el afgano había muerto congelado.
Después de una rápida autopsia por un médico de la CIA -se apuntó "hipotermia" como causa de la muerte-, los guardias enterraron al hombre, que estaba en sus veinte, en un cementerio sin lápidas y secreto usado por las fuerzas afganas, dijeron funcionarios. Las familias de los detenidos no han sido nunca notificadas; sus restos no han sido nunca entregados para su sepultura.
Los detenidos no son inscritos, ni siquiera como presos fantasmas', el término para los detenidos de la CIA en cárceles militares pero no inscritos en los libros, dijeron.
"Simplemente desapareció de la faz de la tierra", dijo un funcionario de gobierno norteamericano informado sobre el caso.
Entretanto, el agente de enlace de la CIA ha sido ascendido, dijeron dos de los funcionarios, que como otros entrevistados para este artículo hablaron a condición de mantener el anonimato debido a que no están autorizados para referirse a la materia. El caso está siendo investigado por la oficina del inspector general de la CIA.
El hecho de que el caso del Pozo de Sal haya permanecido secreto durante más de dos años refleja lo poco que se sabe sobre el tratamiento que da la CIA a los detenidos y su manejo de las acusaciones de maltratos.
La discusión pública de las torturas de Abu Ghraib llevaron al Pentágono a escribir y publicar acerbos informes sobre la conducta del personal militar, revisar las reglas de tratamiento de los prisioneros, y procesar a los soldados acusados de mala conducta. No ha habido un escrutinio público comparable de la CIA, cuyas operaciones e informes ante el Congreso son consideradas como secretos por el gobierno.
Treinta y tres empleados militares han sido sometidos a corte marcial y otros 55 han sido reprendidos por sus maltratos a los detenidos, de acuerdo al ministerio de Defensa. Un contratista de la CIA, David A. Passaro, ha sido acusado de un delito relacionado con las acusaciones de abuso de detenidos. Passaro está siendo juzgado en el tribunal federal de Carolina del Norte, acusado de cuatro agresiones en relación con la muerte de Abdul Wali, un prisionero que murió en una base norteamericana en junio de 2003.
La CIA está investigando al menos media docena de acusaciones de graves maltratos en Iraq y Afganistán, incluyendo dos muertes conocidas previamente en Iraq, una en Afganistán y la muerte en el Pozo de Sal, dijeron funcionarios de la CIA.
Un portavoz de la CIA dijo la semana pasada que la agencia investiga activamente las acusaciones de mala conducta. Otros funcionarios norteamericanos dijeron que los casos de la CIA pueden tomar más tiempo en ser resueltos porque, a diferencia de los militares, la agencia debe apoyarse en el ministerio de Justicia para realizar sus propias revisiones y llevarlas a tribunales cuando sea necesario.
"La agencia tiene una oficina del inspector general que es agresiva y fuerte, con autoridad para revisar cualquier programa u operación de la CIA en cualquier parte", dijo un representante de la CIAA. "El inspector general lo ha hecho así". El portavoz se negó a hacer comentarios sobre el caso.
El Pozo de Sal fue el nombre secreto de una fábrica de ladrillos abandonada, una bodega justo al norte del barrio comercial de Kabul. La planta de 4 hectáreas incluía un edificio de tres pisos, usado finalmente por los militares norteamericanos para adiestrar en contraterrorismo a fuerzas afganas, y varios edificios pequeños, que eran prohibidos para todos, excepto para la CIA y un puñado de guardias afganos y cocineros, dijeron varios actuales y antiguos militares y agentes de inteligencia.
La CIA quería que el Pozo de Sal fue una "planta de la nación anfitriona", una cárcel afgana con guardias afganos. Su designación como una instalación afgana tenía por intención proporcionar al personal de Estados Unidos alguna distancia de medidas tomadas por guardias afganos.
Sin embargo, la CIA pagó todos los costes de mantención de la instalación. La CIA también decidió quiénes serían detenidos en la cárcel, incluyendo a algunos "objetivos de alto valor", importantes líderes de Al Qaeda en tránsito hacia otras prisiones secretas más seguras de la CIA.
En la primavera de 2004, cuando la CIA refirió primero el caso del Pozo de Sal al ministerio de Justicia para un posible proceso, el ministerio mencionó la condición de la prisión como una instalación extranjera, fuera de la jurisdicción del gobierno norteamericano, como una de las razones para no hacerlo, dijeron funcionarios del gobierno norteamericano que siguen el caso.
El agente encargado del Pozo de Sal cumplía su primera misión. Descrito por sus colegas como "brillante y ansioso", era el tipo de persona que necesitaba la agencia para un trabajo miserable. Se desconoce el nombre del agente.
8 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Washington, Estados Unidos. En noviembre de 2002, un nuevo agente de enlace de la CIA a cargo de una prisión secreta justo al norte de Kabul ordenó a los guardias desnudar a un detenido afgano poco cooperativo, encadenarlo al piso de cemento y dejarlo a la intemperie durante la noche, sin mantas, de acuerdo a cuatro funcionarios de gobierno que han sabido del caso.Los guardias afganos, pagados por la CIA y operando bajo supervisión de la CIA en una bodega abandonada llamada en clave el Pozo de Sal [Salt Pit], arrastraron al cautivo por el suelo de cemento, magullando y raspando su piel, antes de devolverlo a su celda, dijeron dos funcionarios a condición de conservar el anonimato.
A la llegada de la noche, bajó la temperatura. Por la mañana, el afgano había muerto congelado.
Después de una rápida autopsia por un médico de la CIA -se apuntó "hipotermia" como causa de la muerte-, los guardias enterraron al hombre, que estaba en sus veinte, en un cementerio sin lápidas y secreto usado por las fuerzas afganas, dijeron funcionarios. Las familias de los detenidos no han sido nunca notificadas; sus restos no han sido nunca entregados para su sepultura.
Los detenidos no son inscritos, ni siquiera como presos fantasmas', el término para los detenidos de la CIA en cárceles militares pero no inscritos en los libros, dijeron.
"Simplemente desapareció de la faz de la tierra", dijo un funcionario de gobierno norteamericano informado sobre el caso.
Entretanto, el agente de enlace de la CIA ha sido ascendido, dijeron dos de los funcionarios, que como otros entrevistados para este artículo hablaron a condición de mantener el anonimato debido a que no están autorizados para referirse a la materia. El caso está siendo investigado por la oficina del inspector general de la CIA.
El hecho de que el caso del Pozo de Sal haya permanecido secreto durante más de dos años refleja lo poco que se sabe sobre el tratamiento que da la CIA a los detenidos y su manejo de las acusaciones de maltratos.
La discusión pública de las torturas de Abu Ghraib llevaron al Pentágono a escribir y publicar acerbos informes sobre la conducta del personal militar, revisar las reglas de tratamiento de los prisioneros, y procesar a los soldados acusados de mala conducta. No ha habido un escrutinio público comparable de la CIA, cuyas operaciones e informes ante el Congreso son consideradas como secretos por el gobierno.
Treinta y tres empleados militares han sido sometidos a corte marcial y otros 55 han sido reprendidos por sus maltratos a los detenidos, de acuerdo al ministerio de Defensa. Un contratista de la CIA, David A. Passaro, ha sido acusado de un delito relacionado con las acusaciones de abuso de detenidos. Passaro está siendo juzgado en el tribunal federal de Carolina del Norte, acusado de cuatro agresiones en relación con la muerte de Abdul Wali, un prisionero que murió en una base norteamericana en junio de 2003.
La CIA está investigando al menos media docena de acusaciones de graves maltratos en Iraq y Afganistán, incluyendo dos muertes conocidas previamente en Iraq, una en Afganistán y la muerte en el Pozo de Sal, dijeron funcionarios de la CIA.
Un portavoz de la CIA dijo la semana pasada que la agencia investiga activamente las acusaciones de mala conducta. Otros funcionarios norteamericanos dijeron que los casos de la CIA pueden tomar más tiempo en ser resueltos porque, a diferencia de los militares, la agencia debe apoyarse en el ministerio de Justicia para realizar sus propias revisiones y llevarlas a tribunales cuando sea necesario.
"La agencia tiene una oficina del inspector general que es agresiva y fuerte, con autoridad para revisar cualquier programa u operación de la CIA en cualquier parte", dijo un representante de la CIAA. "El inspector general lo ha hecho así". El portavoz se negó a hacer comentarios sobre el caso.
El Pozo de Sal fue el nombre secreto de una fábrica de ladrillos abandonada, una bodega justo al norte del barrio comercial de Kabul. La planta de 4 hectáreas incluía un edificio de tres pisos, usado finalmente por los militares norteamericanos para adiestrar en contraterrorismo a fuerzas afganas, y varios edificios pequeños, que eran prohibidos para todos, excepto para la CIA y un puñado de guardias afganos y cocineros, dijeron varios actuales y antiguos militares y agentes de inteligencia.
La CIA quería que el Pozo de Sal fue una "planta de la nación anfitriona", una cárcel afgana con guardias afganos. Su designación como una instalación afgana tenía por intención proporcionar al personal de Estados Unidos alguna distancia de medidas tomadas por guardias afganos.
Sin embargo, la CIA pagó todos los costes de mantención de la instalación. La CIA también decidió quiénes serían detenidos en la cárcel, incluyendo a algunos "objetivos de alto valor", importantes líderes de Al Qaeda en tránsito hacia otras prisiones secretas más seguras de la CIA.
En la primavera de 2004, cuando la CIA refirió primero el caso del Pozo de Sal al ministerio de Justicia para un posible proceso, el ministerio mencionó la condición de la prisión como una instalación extranjera, fuera de la jurisdicción del gobierno norteamericano, como una de las razones para no hacerlo, dijeron funcionarios del gobierno norteamericano que siguen el caso.
El agente encargado del Pozo de Sal cumplía su primera misión. Descrito por sus colegas como "brillante y ansioso", era el tipo de persona que necesitaba la agencia para un trabajo miserable. Se desconoce el nombre del agente.
8 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
imperio afgano de las drogas
[Arshad Mohammed] Informe estadounidense advierte sobre peligro de un estado de drogas.
La producción de heroína en Afganistán representa "una gran amenaza para la estabilidad del mundo" y el país está "al borde de transformarse en un estado de drogas", dice el ministerio de Asuntos Exteriores en un informe emitido ayer.
A pesar de las medidas del gobierno afgano y de los países donantes, el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos norteamericano dice que la "situación en torno a los narcóticos" en Afganistán "continúa empeorando" más de tres años después de que tropas encabezadas por Estados Unidos derrocaran al gobierno talibán.
El informe dice que Colombia ha hecho "impresionantes progresos" contra el tráfico de drogas pero sigue siendo un importante productor, y los traficantes continúan transportando drogas a través de Perú -el segundo más grande productor de cocaína del mundo, después de Colombia.
Las conclusiones más dramáticas del informe, un sondeo anual del tráfico mundial de drogas, giraron sobre Afganistán, donde se elogian los esfuerzos del presidente Hamid Karzai, pero dice que el año pasado el cultivo de amapolas en Afganistán se triplicó. "La producción ilegal afgana de opio y heroína puede ser vista, para todo propósito práctico, como el equivalente general de la producción ilegal de heroína del mundo, y representa una gran amenaza a la estabilidad del mundo", dijo.
El área dedicada al cultivo de amapolas en Afganistán aumentó a 206.000 hectáreas el año pasado de 60.000 hectáreas en 2003. Citando cálculos del Fondo Monetario Internacional de que las drogas representan entre un 40 y 60 por ciento de la economía afgana, el informe añadió: "Afganistán está al borde de convertirse en un país dedicado a la producción de drogas".
El informe dice que las condiciones políticas afganas mejoraron el año pasado, pero que "financistas criminales y traficantes de narcóticos dentro y fuera de Afganistán sacan ventaja de la continuada inestabilidad".
El informe proporciona el telón de fondo en el que el gobierno norteamericano decidirá en septiembre qué países pertenecen a la lista estadounidense de países "importantes" en el tráfico y la producción de drogas.
El gobierno de Bush también decidirá entonces qué países "han fallado en hacer esfuerzos substanciales" durante los años previos para respetar acuerdos internacionales y las exigencias legales norteamericanas contra las drogas, pudiendo perder la ayuda estadounidense.
6 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
La producción de heroína en Afganistán representa "una gran amenaza para la estabilidad del mundo" y el país está "al borde de transformarse en un estado de drogas", dice el ministerio de Asuntos Exteriores en un informe emitido ayer.A pesar de las medidas del gobierno afgano y de los países donantes, el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos norteamericano dice que la "situación en torno a los narcóticos" en Afganistán "continúa empeorando" más de tres años después de que tropas encabezadas por Estados Unidos derrocaran al gobierno talibán.
El informe dice que Colombia ha hecho "impresionantes progresos" contra el tráfico de drogas pero sigue siendo un importante productor, y los traficantes continúan transportando drogas a través de Perú -el segundo más grande productor de cocaína del mundo, después de Colombia.
Las conclusiones más dramáticas del informe, un sondeo anual del tráfico mundial de drogas, giraron sobre Afganistán, donde se elogian los esfuerzos del presidente Hamid Karzai, pero dice que el año pasado el cultivo de amapolas en Afganistán se triplicó. "La producción ilegal afgana de opio y heroína puede ser vista, para todo propósito práctico, como el equivalente general de la producción ilegal de heroína del mundo, y representa una gran amenaza a la estabilidad del mundo", dijo.
El área dedicada al cultivo de amapolas en Afganistán aumentó a 206.000 hectáreas el año pasado de 60.000 hectáreas en 2003. Citando cálculos del Fondo Monetario Internacional de que las drogas representan entre un 40 y 60 por ciento de la economía afgana, el informe añadió: "Afganistán está al borde de convertirse en un país dedicado a la producción de drogas".
El informe dice que las condiciones políticas afganas mejoraron el año pasado, pero que "financistas criminales y traficantes de narcóticos dentro y fuera de Afganistán sacan ventaja de la continuada inestabilidad".
El informe proporciona el telón de fondo en el que el gobierno norteamericano decidirá en septiembre qué países pertenecen a la lista estadounidense de países "importantes" en el tráfico y la producción de drogas.
El gobierno de Bush también decidirá entonces qué países "han fallado en hacer esfuerzos substanciales" durante los años previos para respetar acuerdos internacionales y las exigencias legales norteamericanas contra las drogas, pudiendo perder la ayuda estadounidense.
6 de marzo de 2005
©washington post
©traducción mQh
justicia en afganistán
[Victoria Burnett] Los abusos deben ser castigados, dicen los afganos a sus líderes. Kabul considera arriesgado juzgar a los señores de la guerra.
Kabul, Estados Unidos. La voz de S.M. Saidi se rompió cuando recordó las seis semanas que fue prisionero del servicio de inteligencia de los talibanes. El hombre elegante con corbata y pantalones bien planchados, bajó la vista y dejó escapar un largo y estremecedor suspiro.
"De sólo pensar en ello me siento ansioso y con miedo", dijo, moviendo nerviosamente una pierna. "No lo olvidaré nunca".
Mientras Afganistán sale de la sombra de 23 años de guerra, el país está dando sus primeros pasos para enfrentarse a su espantoso pasado. En un sondeo dado a conocer el mes pasado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos afgana preguntó a 6.000 afganos cómo debería enfrentar el país su oscura historia, explorando medios como tribunales, comisiones de la verdad, compensaciones y amnistía.
El informe refleja un ansia de justicia entre afganos corrientes e insta al gobierno a nombrar un fiscal especial dentro de dos años y a formar un tribunal que se ocupe de juicios de guerra dentro de cuatro. Pero no está claro que el gobierno del presidente Hamid Karzai esté dispuesto a tomar medidas de riesgo político al enfrentarse a los horrores de la guerra y a los que los cometieron.
Hombres como Saidi son demasiado comunes en Afganistán. Un piloto de aerolíneas de 59 años, Saidi fue arrestado por agentes de inteligencia en 2000 y acusado de espiar para la Alianza del Norte, una fuerza militar que luchaba contra los talibanes en el extremo norte del país.
Fue detenido en el cuartel general del servicio secreto en Kabul central. Allá fue agarrado en el suelo mientras unos hombres lo apretaban con sus rodillas en el cuello y fue azotado con un grueso cable.
Pero todavía peor que sus propias palizas, dijo, era mirar a los guardias azotar a otros y escuchar sus gritos.
"Todavía me duele el cuerpo. En mis brazos y piernas", dijo. "Me deprimo y no puedo dormir".
Más de dos décadas de guerra, regímenes sucesivos y facciones haciéndose la guerra mataron, mutilaron, encarcelaron y torturaron a millones de civiles afganos. De acuerdo a un estudio de la comisión de derechos, el 69 por ciento de los entrevistados dijo que ellos, o algún familiar directo, habían sido víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Durante los años de la ocupación soviética y el régimen comunista respaldado por los soviéticos, entre 1978 y 1992 miles de activistas políticas fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes. Durante los siguientes cuatro años, los grupos muyahedines que derrocaron el régimen comunista se pelearon unos a otros por el poder, reduciendo áreas de la capital, Kabul, a un yermo.
Fue en ese vacío caótico que aparecieron los talibanes en 1996, con un régimen despótico que escenificaba ejecuciones y amputaciones en áreas deportivas y prohibía mostrarse en público, que los niños elevaran cometas y que los hombres se cortaran las barbas.
Defensores de derechos humanos locales e internacionales saludaron el informe de la comisión como un avance importante hacia el establecimiento de un sistema judicial de transición y llamaron al gobierno a atender el llamado de los afganos a la acción.
"La gente de Afganistán han dicho muy claramente... que nadie está por encima de la ley. Esperan un gobierno que respete esa posición. Esperan que la comunidad internacional apoye esa posición", dijo Louise Arbour, la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que visitó Kabul el mes pasado para la presentación del sondeo.
La mayoría de los encuestados querían que los violadores de derechos humanos fueran juzgados, mientras un 90 por ciento apoyaba la idea de que un proceso más amplio debería incluir una comisión honesta de la verdad, reparaciones y procedimientos de aprobación de los candidatos que postulan a cargos políticos.
Casi la mitad de los entrevistados quería que los juicios por crímenes de guerra se realizaran de inmediato.
A pesar de la sensación de urgencia de los afganos, hay diferencias de opinión entre los consejeros sobre si el país está preparado para enfrentarse a su pasado. El presidente Hamid Karzai adoptó una postura conciliatoria durante sus tres años en el cargo, permitiendo a los llamados señores de la guerra ocupar importantes posiciones de gobierno y fomentando un proceso de reconciliación con los talibanes.
Muchos de los señores de la guerra que pudieran estar implicados en procesos judiciales mantienen poderosas milicias y algunos funcionarios internacionales dicen que esos señores de la guerra tratarán de descarrilar al gobierno y resistirán los intentos de Naciones Unidas de desarmarlos.
El mes pasado Naciones Unidas retrasó la publicación de un informe que traza los abusos de derechos humanos durante la guerra, compilados con materiales que son del dominio público. El informe de 350 páginas fue presentado privadamente a Karzai durante la visita de Arbour.
La movida decepcionó a algunos activistas de derechos humanos, que dijeron que Naciones Unidas había preferido la estabilidad a la necesidad de justicia y dado al gobierno espacio de maniobra para ignorar el informe.
Richard Bennett, jefe de la oficina de derechos humanos para la Misión de Ayuda de Afganistán de Naciones Unidas, dijo que el documento quería colaborar con el proceso de justicia transicional y apoyaba el trabajo de la comisión de derechos, y no "para dar nombres y desprestigiar".
Pero especialistas en derechos humanos y diplomáticos al tanto de los debates sobre medidas de Naciones Unidas dijeron que algunos en Naciones Unidas estaban preocupados de que el documento fuera adoptado como una base para confirmar a los candidatos en las inminentes elecciones parlamentarias. Dijeron que las preocupaciones por la estabilidad y seguridad del personal de Naciones Unidas luego del secuestro de tres empleados en octubre, estuvieron entre los factores.
Barnett Rubin, director de estudios del Centro sobre Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York y especialista en temas sobre derechos humanos en Afganistán, dijo que la principal prioridad debía ser desarmar a los comandantes abusadores. Rubin dijo que el estado afgano no era todavía suficientemente fuerte como para enfrentarse directamente a ellos.
"La sociedad afgana no está realmente preparada para tratar este problema en este momento. No tiene las instituciones", dijo.
Para muchos afganos, la estabilidad no será posibles sino hasta que los que cometieron abusos sean castigados. El primer paso hacia una confrontación con los crímenes del pasado es parar los crímenes del presente, dijeron.
"Mientras haya criminales en el gobierno, no habrá justicia", dijo Abdul Wahid, que presentó su caso en las oficinas de la comisión de derechos en Kabul Oeste hace unas mañanas.
Wahid tenía 14 años cuando un grupo de funcionarios del servicio secreto comunista llegó a su casa y se llevó a su padre. Pasó más de un año antes de que se enterara que su padre había sido asesinado en la cárcel de Pul-I-Charki, al norte de Kabul, donde la comisión calcula que han muerto 12.000 personas. "No sé quién exactamente mató a mi padre. Pero hay un montón de gente en este país que sí lo saben", dijo. "Si los procesan no me ayudará, pero terminará con la impunidad".
Saidi dijo que no tenía ninguna esperanza de que cazaran al hombre que lo encarceló, al que identificó como el antiguo vice-ministro de Defensa talibán, Noor Ali.
"Este gobierno es muy débil. Eso lo entiendo", dijo, amargamente. "Si lo encuentro, le mostraré qué es un tratamiento realmente inhumano".
22 de febrero de 2005
3 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Kabul, Estados Unidos. La voz de S.M. Saidi se rompió cuando recordó las seis semanas que fue prisionero del servicio de inteligencia de los talibanes. El hombre elegante con corbata y pantalones bien planchados, bajó la vista y dejó escapar un largo y estremecedor suspiro."De sólo pensar en ello me siento ansioso y con miedo", dijo, moviendo nerviosamente una pierna. "No lo olvidaré nunca".
Mientras Afganistán sale de la sombra de 23 años de guerra, el país está dando sus primeros pasos para enfrentarse a su espantoso pasado. En un sondeo dado a conocer el mes pasado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos afgana preguntó a 6.000 afganos cómo debería enfrentar el país su oscura historia, explorando medios como tribunales, comisiones de la verdad, compensaciones y amnistía.
El informe refleja un ansia de justicia entre afganos corrientes e insta al gobierno a nombrar un fiscal especial dentro de dos años y a formar un tribunal que se ocupe de juicios de guerra dentro de cuatro. Pero no está claro que el gobierno del presidente Hamid Karzai esté dispuesto a tomar medidas de riesgo político al enfrentarse a los horrores de la guerra y a los que los cometieron.
Hombres como Saidi son demasiado comunes en Afganistán. Un piloto de aerolíneas de 59 años, Saidi fue arrestado por agentes de inteligencia en 2000 y acusado de espiar para la Alianza del Norte, una fuerza militar que luchaba contra los talibanes en el extremo norte del país.
Fue detenido en el cuartel general del servicio secreto en Kabul central. Allá fue agarrado en el suelo mientras unos hombres lo apretaban con sus rodillas en el cuello y fue azotado con un grueso cable.
Pero todavía peor que sus propias palizas, dijo, era mirar a los guardias azotar a otros y escuchar sus gritos.
"Todavía me duele el cuerpo. En mis brazos y piernas", dijo. "Me deprimo y no puedo dormir".
Más de dos décadas de guerra, regímenes sucesivos y facciones haciéndose la guerra mataron, mutilaron, encarcelaron y torturaron a millones de civiles afganos. De acuerdo a un estudio de la comisión de derechos, el 69 por ciento de los entrevistados dijo que ellos, o algún familiar directo, habían sido víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Durante los años de la ocupación soviética y el régimen comunista respaldado por los soviéticos, entre 1978 y 1992 miles de activistas políticas fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes. Durante los siguientes cuatro años, los grupos muyahedines que derrocaron el régimen comunista se pelearon unos a otros por el poder, reduciendo áreas de la capital, Kabul, a un yermo.
Fue en ese vacío caótico que aparecieron los talibanes en 1996, con un régimen despótico que escenificaba ejecuciones y amputaciones en áreas deportivas y prohibía mostrarse en público, que los niños elevaran cometas y que los hombres se cortaran las barbas.
Defensores de derechos humanos locales e internacionales saludaron el informe de la comisión como un avance importante hacia el establecimiento de un sistema judicial de transición y llamaron al gobierno a atender el llamado de los afganos a la acción.
"La gente de Afganistán han dicho muy claramente... que nadie está por encima de la ley. Esperan un gobierno que respete esa posición. Esperan que la comunidad internacional apoye esa posición", dijo Louise Arbour, la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que visitó Kabul el mes pasado para la presentación del sondeo.
La mayoría de los encuestados querían que los violadores de derechos humanos fueran juzgados, mientras un 90 por ciento apoyaba la idea de que un proceso más amplio debería incluir una comisión honesta de la verdad, reparaciones y procedimientos de aprobación de los candidatos que postulan a cargos políticos.
Casi la mitad de los entrevistados quería que los juicios por crímenes de guerra se realizaran de inmediato.
A pesar de la sensación de urgencia de los afganos, hay diferencias de opinión entre los consejeros sobre si el país está preparado para enfrentarse a su pasado. El presidente Hamid Karzai adoptó una postura conciliatoria durante sus tres años en el cargo, permitiendo a los llamados señores de la guerra ocupar importantes posiciones de gobierno y fomentando un proceso de reconciliación con los talibanes.
Muchos de los señores de la guerra que pudieran estar implicados en procesos judiciales mantienen poderosas milicias y algunos funcionarios internacionales dicen que esos señores de la guerra tratarán de descarrilar al gobierno y resistirán los intentos de Naciones Unidas de desarmarlos.
El mes pasado Naciones Unidas retrasó la publicación de un informe que traza los abusos de derechos humanos durante la guerra, compilados con materiales que son del dominio público. El informe de 350 páginas fue presentado privadamente a Karzai durante la visita de Arbour.
La movida decepcionó a algunos activistas de derechos humanos, que dijeron que Naciones Unidas había preferido la estabilidad a la necesidad de justicia y dado al gobierno espacio de maniobra para ignorar el informe.
Richard Bennett, jefe de la oficina de derechos humanos para la Misión de Ayuda de Afganistán de Naciones Unidas, dijo que el documento quería colaborar con el proceso de justicia transicional y apoyaba el trabajo de la comisión de derechos, y no "para dar nombres y desprestigiar".
Pero especialistas en derechos humanos y diplomáticos al tanto de los debates sobre medidas de Naciones Unidas dijeron que algunos en Naciones Unidas estaban preocupados de que el documento fuera adoptado como una base para confirmar a los candidatos en las inminentes elecciones parlamentarias. Dijeron que las preocupaciones por la estabilidad y seguridad del personal de Naciones Unidas luego del secuestro de tres empleados en octubre, estuvieron entre los factores.
Barnett Rubin, director de estudios del Centro sobre Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York y especialista en temas sobre derechos humanos en Afganistán, dijo que la principal prioridad debía ser desarmar a los comandantes abusadores. Rubin dijo que el estado afgano no era todavía suficientemente fuerte como para enfrentarse directamente a ellos.
"La sociedad afgana no está realmente preparada para tratar este problema en este momento. No tiene las instituciones", dijo.
Para muchos afganos, la estabilidad no será posibles sino hasta que los que cometieron abusos sean castigados. El primer paso hacia una confrontación con los crímenes del pasado es parar los crímenes del presente, dijeron.
"Mientras haya criminales en el gobierno, no habrá justicia", dijo Abdul Wahid, que presentó su caso en las oficinas de la comisión de derechos en Kabul Oeste hace unas mañanas.
Wahid tenía 14 años cuando un grupo de funcionarios del servicio secreto comunista llegó a su casa y se llevó a su padre. Pasó más de un año antes de que se enterara que su padre había sido asesinado en la cárcel de Pul-I-Charki, al norte de Kabul, donde la comisión calcula que han muerto 12.000 personas. "No sé quién exactamente mató a mi padre. Pero hay un montón de gente en este país que sí lo saben", dijo. "Si los procesan no me ayudará, pero terminará con la impunidad".
Saidi dijo que no tenía ninguna esperanza de que cazaran al hombre que lo encarceló, al que identificó como el antiguo vice-ministro de Defensa talibán, Noor Ali.
"Este gobierno es muy débil. Eso lo entiendo", dijo, amargamente. "Si lo encuentro, le mostraré qué es un tratamiento realmente inhumano".
22 de febrero de 2005
3 de marzo de 2005
©boston globe
©traducción mQh
afganistán al borde de la anarquía
[Carlotta Gall] Tres años después de que Estados Unidos expulsara a los talibanes de Afganistán y jurara reconstruir, el país devastado por la guerra se ubicó en la posición 173, de 178 países en el Índica de Desarrollo Humano de Naciones Unidas para 2004, según un nuevo informe de la ONU.
Andahar, Afganistán. En el índice fue seguido sólo por unos pocos países del África sub-sahariana: Burundi, Mali, Burkina Faso, Nigeria y Sierra Leona.
El sondeo, Informe nacional sobre desarrollo humano: Seguridad con un rostro humano', publicado el lunes en Kabul, es el primer análisis comprehensivo del estado del desarrollo en Afganistán en 30 años. Además de ubicar a Afganistán por primera vez en el índice de desarrollo, el informe advirtió que Afganistán podría volver a caer en la anarquía si no se daba solución a su espantosa pobreza, pobres cuidados sanitarios e inseguridad.
"Este frágil país podría caer fácilmente en el caos", concluyeron los autores del estudio, dirigidos por Shahrbanou Tadjbakhsh, editor jefe del informe. "Se deben satisfacer las necesidades humanas básicas y las genuinas quejas de la gente, la falta de trabajo, de salud, de educación, de ingresos, de dignidad y de oportunidades de participación".
A pesar de los problemas, Afganistán ha mostrado un notable progreso en los tres años que han pasado desde la guerra dirigida por Estados Unidos en 2001, dijo el informe.
Más del 54 por ciento de los niños en edad escolar están matriculados, incluyendo a cuatro millones de alumnos secundarios. La economía hace grandes avances, con un crecimiento del 16 por ciento en el producto interno bruto no relacionado con las drogas en 2003 y un desarrollo calculado de entre 10 a 12 por ciento al año durante la próxima década.
Mientras que han habido progresos rápidos, dijo Zphirin Diabr, administrador asociado del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el país debe todavía recorrer un largo camino antes de llegar adonde estaba hace 20 años. Las cifras, dice el presidente Hamid Karzai en la introducción del informe, presentan una sombría perspectiva.
La esperanza de vida promedio de los 28.5 millones de afganos es de 44.5 años, al menos 20 años más baja que los países vecinos, dijo el informe. El embajador Christopher Alexander, de Canadá, cuyo gobierno colaboró en el financiamiento del informe, dijo que ilustraba la situación de posguerra de Afganistán y el predominio de la pobreza.
Uno de cada dos afganos pueden ser clasificados como pobres y el 20.4 por ciento de la población rural no tiene suficiente para comer, con menos del punto de referencia de 2.070 calorías al día. Más de la mitad de la población ha sufrido los efectos de una sequía prolongada, dijo el informe.
Un cuarto de la población ha buscado en algún momento refugio fuera del país, y 3.6 millones siguen siendo refugiados o desplazados.
Son más patentes las desigualdades que afectan a mujeres y niños, todavía algunos de los peores indicadores sociales en el mundo, dijo Alistair McKechnie, director de países del Banco Mundial, que financió el informe junto con los canadienses y Naciones Unidas. Muere una mujer por causas relacionadas con el embarazo cada 30 minutos, y la tasa de mortalidad maternal es 60 veces más alta que en los países industrializados, según el informe.
Un quinto de los niños muere antes de alcanzar los 5 años, 80 por cientos de ellos por enfermedades evitables, una de las peores tasas del mundo. Sólo el 25 por ciento de la población tiene acceso a agua potable, y uno de cada ocho niños muere por falta de ella.
Afganistán tiene ahora el peor sistema educacional del mundo, concluyó el informe, y una de las tasas de alfabetización adulta más bajas, con un 28.7 por ciento. El ingreso per cápita anual fue de 190 dólares, y la tasa de desempleo de un 25 por ciento, dijo Hanif Atmar, ministro de reconstrucción y desarrollo rural.
"Obviamente, esto es un aviso", comentó el ministro el informe. "Muestra por qué somos pobres, y cómo y qué debemos hacer para solucionarlo".
El éxito de Afganistán depende de una mejor seguridad, reformas políticas, un desarrollo económico amplio y la gradual eliminación de la producción de amapola, dijo McKechnie, agregando que un fracaso en cualquiera de esas áreas pondría en peligro la reconstrucción del país y las condiciones de vida de la gente.
El informe y sus donantes enfatizaron que se debe prestar atención a la gente más pobre del país si se quiere rescatar a Afganistán de su espantosa pobreza y persistente inestabilidad.
22 de febrero de 2005
26 de febrero de 2005
©new york times
©traducción mQh
Andahar, Afganistán. En el índice fue seguido sólo por unos pocos países del África sub-sahariana: Burundi, Mali, Burkina Faso, Nigeria y Sierra Leona.El sondeo, Informe nacional sobre desarrollo humano: Seguridad con un rostro humano', publicado el lunes en Kabul, es el primer análisis comprehensivo del estado del desarrollo en Afganistán en 30 años. Además de ubicar a Afganistán por primera vez en el índice de desarrollo, el informe advirtió que Afganistán podría volver a caer en la anarquía si no se daba solución a su espantosa pobreza, pobres cuidados sanitarios e inseguridad.
"Este frágil país podría caer fácilmente en el caos", concluyeron los autores del estudio, dirigidos por Shahrbanou Tadjbakhsh, editor jefe del informe. "Se deben satisfacer las necesidades humanas básicas y las genuinas quejas de la gente, la falta de trabajo, de salud, de educación, de ingresos, de dignidad y de oportunidades de participación".
A pesar de los problemas, Afganistán ha mostrado un notable progreso en los tres años que han pasado desde la guerra dirigida por Estados Unidos en 2001, dijo el informe.
Más del 54 por ciento de los niños en edad escolar están matriculados, incluyendo a cuatro millones de alumnos secundarios. La economía hace grandes avances, con un crecimiento del 16 por ciento en el producto interno bruto no relacionado con las drogas en 2003 y un desarrollo calculado de entre 10 a 12 por ciento al año durante la próxima década.
Mientras que han habido progresos rápidos, dijo Zphirin Diabr, administrador asociado del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el país debe todavía recorrer un largo camino antes de llegar adonde estaba hace 20 años. Las cifras, dice el presidente Hamid Karzai en la introducción del informe, presentan una sombría perspectiva.
La esperanza de vida promedio de los 28.5 millones de afganos es de 44.5 años, al menos 20 años más baja que los países vecinos, dijo el informe. El embajador Christopher Alexander, de Canadá, cuyo gobierno colaboró en el financiamiento del informe, dijo que ilustraba la situación de posguerra de Afganistán y el predominio de la pobreza.
Uno de cada dos afganos pueden ser clasificados como pobres y el 20.4 por ciento de la población rural no tiene suficiente para comer, con menos del punto de referencia de 2.070 calorías al día. Más de la mitad de la población ha sufrido los efectos de una sequía prolongada, dijo el informe.
Un cuarto de la población ha buscado en algún momento refugio fuera del país, y 3.6 millones siguen siendo refugiados o desplazados.
Son más patentes las desigualdades que afectan a mujeres y niños, todavía algunos de los peores indicadores sociales en el mundo, dijo Alistair McKechnie, director de países del Banco Mundial, que financió el informe junto con los canadienses y Naciones Unidas. Muere una mujer por causas relacionadas con el embarazo cada 30 minutos, y la tasa de mortalidad maternal es 60 veces más alta que en los países industrializados, según el informe.
Un quinto de los niños muere antes de alcanzar los 5 años, 80 por cientos de ellos por enfermedades evitables, una de las peores tasas del mundo. Sólo el 25 por ciento de la población tiene acceso a agua potable, y uno de cada ocho niños muere por falta de ella.
Afganistán tiene ahora el peor sistema educacional del mundo, concluyó el informe, y una de las tasas de alfabetización adulta más bajas, con un 28.7 por ciento. El ingreso per cápita anual fue de 190 dólares, y la tasa de desempleo de un 25 por ciento, dijo Hanif Atmar, ministro de reconstrucción y desarrollo rural.
"Obviamente, esto es un aviso", comentó el ministro el informe. "Muestra por qué somos pobres, y cómo y qué debemos hacer para solucionarlo".
El éxito de Afganistán depende de una mejor seguridad, reformas políticas, un desarrollo económico amplio y la gradual eliminación de la producción de amapola, dijo McKechnie, agregando que un fracaso en cualquiera de esas áreas pondría en peligro la reconstrucción del país y las condiciones de vida de la gente.
El informe y sus donantes enfatizaron que se debe prestar atención a la gente más pobre del país si se quiere rescatar a Afganistán de su espantosa pobreza y persistente inestabilidad.
22 de febrero de 2005
26 de febrero de 2005
©new york times
©traducción mQh