cura condenado a perpetua por genocidio
Corte internacional condenó a cadena perpetua a cura católico que en 1994 colaboró en una matanza en el país africano.
Ruanda. Según la fiscalía del Tribunal Penal para Ruanda, el abate Atahane Seromba ordenó en la década de los noventa el derribo, con máquinas excavadoras, de su parroquia, que cobijaba a 1.500 refugiados.
La justicia tarda, pero llega para las víctimas del genocidio que vivió Ruanda en la década de los noventa. En una ejemplar determinación, el Tribunal Penal Internacional para ese país (TPIR) condenó ayer a cadena perpetua al abate Atahane Seromba, el primer cura católico juzgado en esa corte por su papel en los atroces crímenes perpetrados en ese país africano.
El religioso, que era vicario en la parroquia de Nyange (oeste) durante 1994, fue condenado por genocidio y crimen contra la humanidad (exterminio).
La condena, dictada en apelación, amplía una primera sentencia a 15 años de reclusión, dictada en diciembre de 2006, por "ayudar y alentar" a cometer los crímenes de genocidio y exterminio.
"La cámara de apelaciones del TPIR anula por unanimidad la sentencia a 15 años e impone por mayoría la sentencia de prisión por el resto de su vida", declaró el juez guyanés Mohammed Shahabuddeen.
Se trata de la tercera vez en la historia del TPIR que la cámara de apelaciones prolonga una pena pronunciada en primera instancia.
La apelación que Seromba había presentado contra su sentencia inicial fue rechazada por cuatro de los cinco jueces que componen la cámara de apelaciones del TPIR, que desestimaron todos los demás recursos del imputado.
La drástica condena que recibió el cura católica se remonta a la repudiable conducta que exhibió en 1994. Ese año, huyendo de las masacres étnicas, unas 1.500 personas, la mayoría de la comunidad tutsi, abarrotaron la iglesia de Seromba, que a partir del 15 de abril fue sometida a ataques regulares por parte de tropas del ejército y la milicia hutu.
Según la Fiscalía, el cura -perteneciente a la etnia hutu -ordenó el derribo de la parroquia con máquinas excavadoras, tras lo cual los pocos supervivientes fueron rematados por los soldados y milicianos.
"Seromba sabía que aproximadamente 1.500 refugiados se encontraban dentro de la iglesia", indicó la cámara de apelaciones, concluyendo que el abate "ha cometido el genocidio, así como el exterminio, como crímenes contra la humanidad en virtud de su papel en la destrucción de la iglesia", señaló la instancia judicial en su determinación.
Alrededor de 800.000 tutsis y miembros moderados de la etnia hutu fueron masacrados, principalmente con machetes y otras armas blancas, por las milicias extremistas, militares y la propia población civil durante el genocidio ruandés.
Refugio Religioso
Después del genocidio, el religioso se había refugiado brevemente en la entonces Zaire (actualmente la República Democrática del Congo), y después en Kenia, antes de ser recibido en Italia, en la diócesis de Florencia, que desde 1997 le permitió ejercer sus labores religiosas en una aldea de la región de Toscana.
Luego de presiones internacionales y de una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 2001 que Italia se negó a ejecutar, el sacerdote se presentó ante la corte en febrero de 2002, "para que la verdad se manifieste", según declaró en aquel entonces.
Polémico Rol
El papel de la Iglesia Católica en el genocidio ruandés sigue siendo polémico. Además del abate Athanase Seromba, otros dos curas ruandeses católicos, Emmanuel Rukundo y Hormisdas Nsengimana, son procesados ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Un cuarto religioso inculpado, Wenceslas Muyeshyaka, podría ser juzgado en Francia, pues el TPIR se había declarado incompetente en beneficio de la justicia francesa. Durante las persecuciones contra los tutsis de 1959 y de 1962 en Ruanda, los integrantes de la minoritaria comunidad tutsi que se refugiaron en las iglesias lograron salvarse.
Tres décadas después, decenas de miles de tutsis se escondieron en las iglesias para tratar de escapar a sus verdugos. Pero murieron allí, a menudo quemados vivos o aplastados por los bulldozers.
Ruanda. Según la fiscalía del Tribunal Penal para Ruanda, el abate Atahane Seromba ordenó en la década de los noventa el derribo, con máquinas excavadoras, de su parroquia, que cobijaba a 1.500 refugiados.La justicia tarda, pero llega para las víctimas del genocidio que vivió Ruanda en la década de los noventa. En una ejemplar determinación, el Tribunal Penal Internacional para ese país (TPIR) condenó ayer a cadena perpetua al abate Atahane Seromba, el primer cura católico juzgado en esa corte por su papel en los atroces crímenes perpetrados en ese país africano.
El religioso, que era vicario en la parroquia de Nyange (oeste) durante 1994, fue condenado por genocidio y crimen contra la humanidad (exterminio).
La condena, dictada en apelación, amplía una primera sentencia a 15 años de reclusión, dictada en diciembre de 2006, por "ayudar y alentar" a cometer los crímenes de genocidio y exterminio.
"La cámara de apelaciones del TPIR anula por unanimidad la sentencia a 15 años e impone por mayoría la sentencia de prisión por el resto de su vida", declaró el juez guyanés Mohammed Shahabuddeen.
Se trata de la tercera vez en la historia del TPIR que la cámara de apelaciones prolonga una pena pronunciada en primera instancia.
La apelación que Seromba había presentado contra su sentencia inicial fue rechazada por cuatro de los cinco jueces que componen la cámara de apelaciones del TPIR, que desestimaron todos los demás recursos del imputado.
La drástica condena que recibió el cura católica se remonta a la repudiable conducta que exhibió en 1994. Ese año, huyendo de las masacres étnicas, unas 1.500 personas, la mayoría de la comunidad tutsi, abarrotaron la iglesia de Seromba, que a partir del 15 de abril fue sometida a ataques regulares por parte de tropas del ejército y la milicia hutu.
Según la Fiscalía, el cura -perteneciente a la etnia hutu -ordenó el derribo de la parroquia con máquinas excavadoras, tras lo cual los pocos supervivientes fueron rematados por los soldados y milicianos.
"Seromba sabía que aproximadamente 1.500 refugiados se encontraban dentro de la iglesia", indicó la cámara de apelaciones, concluyendo que el abate "ha cometido el genocidio, así como el exterminio, como crímenes contra la humanidad en virtud de su papel en la destrucción de la iglesia", señaló la instancia judicial en su determinación.
Alrededor de 800.000 tutsis y miembros moderados de la etnia hutu fueron masacrados, principalmente con machetes y otras armas blancas, por las milicias extremistas, militares y la propia población civil durante el genocidio ruandés.
Refugio Religioso
Después del genocidio, el religioso se había refugiado brevemente en la entonces Zaire (actualmente la República Democrática del Congo), y después en Kenia, antes de ser recibido en Italia, en la diócesis de Florencia, que desde 1997 le permitió ejercer sus labores religiosas en una aldea de la región de Toscana.
Luego de presiones internacionales y de una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 2001 que Italia se negó a ejecutar, el sacerdote se presentó ante la corte en febrero de 2002, "para que la verdad se manifieste", según declaró en aquel entonces.
Polémico Rol
El papel de la Iglesia Católica en el genocidio ruandés sigue siendo polémico. Además del abate Athanase Seromba, otros dos curas ruandeses católicos, Emmanuel Rukundo y Hormisdas Nsengimana, son procesados ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Un cuarto religioso inculpado, Wenceslas Muyeshyaka, podría ser juzgado en Francia, pues el TPIR se había declarado incompetente en beneficio de la justicia francesa. Durante las persecuciones contra los tutsis de 1959 y de 1962 en Ruanda, los integrantes de la minoritaria comunidad tutsi que se refugiaron en las iglesias lograron salvarse.
Tres décadas después, decenas de miles de tutsis se escondieron en las iglesias para tratar de escapar a sus verdugos. Pero murieron allí, a menudo quemados vivos o aplastados por los bulldozers.
13 de marzo de 2008
©la nación 
Nairobi, Kenia. Los rivales presidenciales de Kenia accedieron el jueves a compartir el poder en un gobierno de coalición con el objetivo de poner fin al caos post-electoral que ha costado la vida a mil personas y llevado a este prometedor país del este de África al borde del colapso político y económico.
Othaya, Kenia. Sarah Wangoi pasó toda su vida -setenta años- en el Valle del Rift. Pero el mes pasado fue expulsada de su finca por una turba que la insultó gritándole que era una extranjera. Ahora duerme en el frío suelo de la casa de un desconocido, buscando refugio en una zona de Kenia donde su grupo étnico tiene una fuerte presencia. Se supone que es su tierra natal.
"¿Cómo podríamos, cuando fueron nuestros amigos quienes nos hicieron esto?", dijo Joseph Ndungu, tendero del Valle del Rift, que dijo que los hombres con los que acostumbraba a jugar fútbol son los que incendiaron su tienda.
Shikuku fue uno de los fundadores de un movimiento político de la época de la independencia que propagaba una filosofía llamada el ‘majimboismo' que se ha extendido en Kenia desde los años cincuenta. El majimboismo propone el federalismo o regionalismo en kiswahili, y defiende los derechos locales, especiales aquellos vinculados a la tierra. Pero en su posición extrema el majimboismo es sinónimo de un plan para reservar ciertas áreas del país a grupos étnicos específicos, nutriendo el tipo de limpieza étnica que ha asolado al país desde las elecciones.
La pequeña ciudad de Londiani en el Valle del Rift es sólo un ejemplo. Comerciantes kikuyu se asentaron aquí hace décadas. Algunos vecinos contaron que a principios de febrero cientos de saqueadores kalenjin invadieron la ciudad desde las montañas cercanas. Incluso el jardín de infancia Good Start fue reducido a cenizas. Al día siguiente, niños con copos de ceniza en sus cabellos revisaban entre los escombros, rescatando lo que podían -una espiral antimosquitos por aquí, una linterna por allá. Sin carros de bomberos, y con escasez de agua, todo lo que los vecinos de Londiani pudieron hacer fue correr hacia fuera y mirar quemarse la escuela.
Kisumu, Kenia. La avenida de Odinga Odinga, la principal arteria de la ciudad, es un testamento a la rabia. Decenas de tiendas ha sido saqueadas, incendiadas y destruidas por grupos de saqueadores y luego limpiadas por un ejército de niños de la calle adictos al pegamento que recogen todo lo que encuentran. El arrasado supermercado Ukwala parecía haber sido destruido por una bomba en su interior. Las puertas de Zamana Electronic están torcidas.
Addis Ababa, Etiopía. La enviada norteamericana dijo el miércoles que la violencia en el valle del Rift era "claramente limpieza étnica", con el objetivo de expulsar a la tribu kikuyu del presidente Mwai Kibaki en medio del caos desatado tras las reñidas elecciones presidenciales.
Limuru, Kenia. Cuando un grupo de hombres premunidos de machetes y hachas persiguieron a Paul Otieno desde su casa aquí, querían más que sus pertenencias. Querían cortarle el prepucio.
Marka, Somalia. Después de escapar del campo de batalla urbano de Mogadishu, de caminar durante veinte días en el abrasante calor, de dormir en la arena, de soñar con explosiones y de mirar cómo sus cuatro hijos se volvían cada vez más escuálidos, Asiya Ali llegó una tarde hace poco a esta desconocida ciudad costera.
Nandi Hills, Kenia. El camino de Eldoret a Kericho solía ser uno de los trayectos más bonitos de Kenia: una cinta de asfalto que cruzaba exuberantes granjas dedicadas al cultivo del té, tupidas plantaciones de caña de azúcar y jorobadas y verdes montañas. Ahora la recorren adolescentes blandiendo machetes, algunos de ellos mascando tallos de caña de azúcar, otros avanzando a tropezones, de borrachos.