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américa latina

américa latina contra europa


Llama cumbre a reforzar la integración de América Latina para enfrentar la crisis alimentaria mundial. Repudia el Mercado Común del Sur la ley migratoria de la Unión Europea.
Tucumán, Argentina. Con una fuerte crítica a la nueva ley migratoria europea y el llamado a reforzar la integración de los países latinoamericanos para hacer frente a la crisis mundial en el alza de precio de los alimentos mediante la defensa de los recursos nacionales, culminó este martes la 35 cumbre de jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur) en esta ciudad argentina.
El mecanismo regional está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto a los países asociados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, mientras Venezuela se encuentra en proceso de adhesión plena
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aseveró que la crisis internacional por el alza de los precios de los alimentos fue generada por la especulación, al señalar la simultaneidad con que ocurrieron el año pasado la disparada de los precios de los alimentos y la crisis en el sector financiero en materia hipotecaria.
"Cuando los bancos comienzan a hacer agua, cuando ningún banco es confiable, comienzan los movimientos especulativos en el sector de los alimentos. La especulación, que estaba circunscrita al ámbito financiero, comienza a trasladarse al mundo de los alimentos", declaró.
Su análisis fue compartido por sus colegas de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; Chile, Michelle Bachelet; y Uruguay, Tabaré Vázquez, quienes instaron a fortalecer la integración como recurso indispensable para posicionar al Mercosur como potencia exportadora de alimentos y energía.
"La independencia y el crecimiento de nuestra región está fuertemente atado al proceso de integración entre nosotros; si antes fue un desafío", ahora es una necesidad "estratégica y de defensa de nuestros recursos naturales".
A pedido de Venezuela, se conformará un grupo de alto nivel para debatir la seguridad alimentaria, instancia que según Lula "va a permitir al Mercosur y a la Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) hacer una discusión muy verdadera de las necesidades alimentarias de cada país y una discusión sobre la crisis alimentaria".
El presidente venezolano, Hugo Chávez, reiteró su propuesta de crear un fondo de 920 millones de dólares para un plan de emergencia alimentaria, que será financiado con el aporte de un dólar por cada barril de petróleo vendido por Venezuela mientras la cotización supere los 100 dólares.
El consenso político chocó con diferencias en el plano económico, relacionadas con el tema energético y las restricciones a las exportaciones implementadas por la Argentina, las cuales fueron centro de una dura crítica del presidente uruguayo por su unilateralidad y sus efectos en las economías de los socios. También Brasil cuestionó las restricciones argentinas a las exportaciones de trigo.
La negativa a la postura argentina de incluir la soberanía de cada país para establecer derechos de exportación en el código aduanero común fue una de las principales causas que trabaron la aprobación de este elemento clave en la unión aduanera del Mercosur. Tampoco se pudo avanzar en la eliminación del doble cobro del arancel externo común.
El bloque repudió, en cambio, la polémica Directiva de Retorno aprobada por el Parlamento Europeo, que establece que los inmigrantes indocumentados pueden ser retenidos hasta un periodo máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación.
Fernández tachó la ley de "inadmisible" y Chávez la comparó con el "muro de la vergüenza" que Estados Unidos construye en su frontera con México. En su declaración final, los mandatarios expresaron su "profundo rechazo" a las medidas y al intento de criminalizar a los indocumentados.
"Nos duele particularmente que se intente discriminar y no se respeten los derechos de los latinoamericanos que hoy tuvieron que ir a buscar en otras tierras lo que no encuentran en las suyas, como hicieron nuestros abuelos en su momento", dijo el uruguayo Vázquez, quien calificó la norma de "brote xenófobo".
Bachelet, aseguró que se debe "exigir a la Unión Europea un trato justo para los migrantes, especialmente a los latinoamericanos", por la historia de absorción de europeos que carga la región.
Además, los presidentes buscaron destacar el contraste entre la normativa europea y la decisión tomada por el Mercosur de eliminar el uso de pasaportes para permitir el libre tránsito de personas de Sudamérica en su territorio.
"Antes decían que el indio no tiene alma, ¿donde está el alma europea?", resaltó el presidente indígena boliviano Evo Morales, durante su presentación.
Chávez se preguntó las razones de Estados Unidos para relanzar su Cuarta Flota en aguas del Atlántico de América Latina, catalogándola de "amenaza", en el contexto de la cumbre del Mercosur este martes en Tucumán (norte de Argentina).
"¿Qué razón podría tener Estados Unidos para enviar una fuerza naval tan poderosa a una región en paz?", se preguntó Chávez.
El gobierno de Estados Unidos "nunca va a admitir que es por los recursos naturales" de la región, agregó. "El Mercosur político debería preguntarle a Estados Unidos: ‘¿Qué es eso?’ Yo no tengo dudas: es una amenaza", afirmó.
La marina de Estados Unidos anunció a finales de abril el restablecimiento de su Cuarta Flota, para dirigir una mayor presencia naval estadunidense en el Caribe y América Latina.
A partir del primero de julio, la flota de Estados Unidos tendrá la responsabilidad operacional sobre los barcos de la marina enviados a la región desde las flotas estadounidenses del Atlántico y el Pacífico, según la naval.
Al cierre de la reunión cumbre, Argentina traspasó a Brasil la presidencia rotatoria del Mercosur. "¿Dónde estaríamos sin el Mercosur, en medio de la crisis actual en los alimentos y en el petróleo?", cuestionó Lula.

2 de julio de 2008
©la jornada
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rechazan política de inmigración


Parlamento Andino pide a europeos revisar su política de inmigración.
Valparaíso, Chile. Los diputados Claudio Alvarado, Fernando Meza y Carlos Olivares, asistieron a las sesiones del Parlamento Andino en Colombia, donde se analizó la decisión del Parlamento Europeo de expulsar de su territorio a los inmigrantes indocumentados.
Entre el 23 y el 25 de junio, se efectuó en Bogotá el XXXll periodo ordinario del Parlamento Andino. La Mesa Directiva, donde participa el diputado Alvarado, ratificó la creación de la Comisión Especial de Integración Física y de Transportes.
Asimismo, la instancia dio a conocer el programa de sesiones del mes de octubre, cuyo tema central será la "Carta Social Andina", documento base para la elaboración de la Carta de la Democracia.
En la oportunidad también sesionó la Primera Comisión de Política Exterior y Relaciones Parlamentarias, donde el diputado Fernando Meza participó en el análisis del "Tratado Consultivo de la Naciones Suramericanas", punto en el cual se consideró pertinente fusionar el Parlamento Suramericano con el Parlamento Andino. Para lo anterior, se acordó invitar a la próxima reunión al Secretario General de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas).
En tanto, los diputados Claudio Alvarado y Carlos Olivares participaron en la Cuarta Comisión de Asuntos Económicos y Turismo y en la Quinta Comisión de Asuntos Sociales y Desarrollo Humano, respectivamente.

Trato a Inmigrantes Ilegales
La Comisión de Asuntos Económicos centró su trabajo en el documento "Directiva de Retorno", aprobada el 18 de junio en el Parlamento Europeo. El texto establece la expulsión, en los 27 Estados de la Unión Europea, de los inmigrantes indocumentados, quienes además podrán permanecer detenidos hasta 18 meses sin orden judicial.
Los legisladores andinos redactaron un Proyecto de Decisión, en el cual exhortan al Parlamento Europeo a la revisión de los mecanismos administrativos y judiciales dispuestos en el documento aprobado; recomiendan seguir con la ronda de negociaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, y solicitan de manera urgente a la Co-Presidencia Europea de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EUROLAT), una reunión extraordinaria de la Mesa Directiva Ampliada, para que se analice el tema de los inmigrantes de América Latina.
Finalmente, en la Comisión de Asuntos Sociales, se entregaron los informes sobre ‘Diagnóstico de la violencia intrafamiliar en la subregión andina’; ‘Migraciones en la Comunidad Andina’ y el eje temático del taller ‘Encuentros Nacionales, Avances y Perspectivas de la Carta Social Andina y la Carta Andina de Derechos Humanos’.

1 de julio de 2008
©cámara
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suprema tiene problemas con uribe


Presidente Álvaro Uribe quiere repetir votación de 2006.
[Simón Romero] Caracas, Venezuela. Enfrentado a un escándalo por corrupción cada vez más intenso sobre la reelección a su segundo mandato en 2006, el presidente Álvaro Uribe arrojó a la clase política de su país al caos el jueves noche pidiendo que se repita la elección.
La medida provocó acusaciones contra Uribe de que quiere prolongar su cargo más allá de 2010, cuando expira su mandato. Sus partidarios ya habían tratado, en los últimos meses, de reformar la Constitución para permitir que se postule a un tercer mandato.
Si la elección de 2006 se repitiera hoy, no hay duda de que Uribe ganaría. Su índice de aprobación supera al ochenta por ciento; los votantes valoran los golpes que ha propinado a las guerrillas y por haber llevado estabilidad económica a Colombia, que recibe seiscientos millones de dólares al año en ayuda norteamericana para campañas contrainsurgentes y de antinarcóticos.
Pero el llamado de Uribe a repetir la elección de 2006 lo expone a un rompimiento con la Corte Suprema de Colombia. El jueves el alto tribunal sentenció a una ex parlamentaria, Yidis Medina, a casi cuatro años de arresto domiciliario por aceptar favores a cambio de su apoyo a la reforma constitucional que permitió que Uribe postulara a un segundo término en 2006.
La corte también pidió a las autoridades constitucionales que determine la validez de la enmienda, poniendo en duda la legitimidad de la reelección de Uribe. El viernes, algunos de los críticos del presidente, incluyendo a Antanas Mockus, ex alcalde de Bogotá, llegaron incluso a pedirle que renunciara.
"El presidente Uribe está inaugurando un régimen que podría ser llamado una dictadura populista", dijo Carlos Gaviria, que terminó segundo en la elección presidencial de 2006.
Repetidas veces, Uribe ha imbuido su populismo conservador con una dura crítica de las autoridades judiciales colombianas que han acusado a prominentes funcionarios uribistas de tener vínculos con los escuadrones de la muerte paramilitares.
El viernes Uribe llegó incluso a pedir la formación de un comité parlamentario que investigue si la Corte Suprema ha sido infiltrada por organizaciones paramilitares.
Decenas de partidarios de Uribe en el Congreso están siendo investigados por sus vínculos con las milicias de extrema derecha. Eso ha permitido a sus opositores poner en duda que el Congreso pueda responder legítimamente a su petición de redactar una ley que permita sostener de nuevo la elección de 2006.
Tampoco está claro si la nueva elección iniciaría un nuevo término de Uribe o si solamente le permitiría completar su segundo.
"Debe reflexionar seriamente y reconsiderar su decisión", dijo Michael Shifter, vicepresidente de estrategias de Diálogo Interamericano de Washington, una organización de líderes empresariales, políticos y académicos que promueve principios democráticos, equidad social y cooperación económica regional.
"Ciertamente, a los ojos de la comunidad internacional, incluyendo a Washington, que ya presiente que Uribe tiene impulsos autoritarios, la medida no realzará sus credenciales democráticas".
En realidad, la guerra de Uribe contra la Corte Suprema se produce en momentos políticamente delicados. Mencionando preocupaciones sobre derechos humanos, los líderes demócratas en Washington han cancelado su apoyo del tratado comercial de Bush con Colombia, el principal aliado militar de Estados Unidos en América Latina.
El tratado comercial colombiano también ha emergido como un tema conflictivo en la campaña presidencial norteamericana. El senador Barack Obama, el candidato demócrata, se opone al tratado, mientras que el candidato republicano, el senador John McCain, visitará Colombia la próxima semana para mostrar su apoyo al gobierno de Uribe.

28 de junio de 2008
©new york times
cc traducción mQh
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américa latina tomará represalias


Europa se defiende y España quiere explicar, pero América Latina suma protestas. A la amenaza de Chávez de cortar relaciones comerciales, ayer se sumaron las críticas de Lugo y Alan García a la dura ley antiinmigratoria adoptada por la Unión Europea. El presidente español dijo que su canciller explicará la medida.
América Latina. La nueva ley antiinmigratoria europea sigue generando roces diplomáticos desde ambos lados del Atlántico. Para la Unión Europea (UE), la amenaza del presidente venezolano, Hugo Chávez, de suspender el envío de petróleo a los países que adopten la norma es una exageración. Desde el gobierno español, las reacciones de repudio latinoamericanas se deben a una falta de comprensión de la Directiva Retorno, y anunciaron que lanzarán una campaña de información. En Latinoamérica, la ola de rechazos a la norma sigue creciendo.
El encargado de fijar la postura de los 27 Estados fue Javier Solana, el alto representante de la UE para la política exterior. "Yo respeto lo que pueda decir el presidente Chávez, pero me parece que es una declaración, a mi juicio, totalmente desproporcionada", sostuvo desde la cumbre del bloque que finalizó ayer, en Bruselas. En el mismo sentido se expresó el primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, cuyo país detenta la presidencia rotativa de la Unión. "Las primeras reacciones son quizá exageradas, quizá vienen de no entender lo que esto significa. Alguien quizá leyó un artículo en los diarios y no entendió realmente qué tipo de amenaza puede o no ser esto", dijo.
El jueves a la noche, en una conferencia de prensa, el presidente Chávez se había mostrado indignado por la "directiva del bochorno" y había amenazado con cortar las exportaciones de crudo. "Al menos nuestro petróleo no debe llegar a esos países europeos", dijo, en referencia a los que apliquen las nuevas leyes migratorias. Sin embargo, en Europa relativizaron las declaraciones del mandatario bolivariano. "Como es bien sabido, se da la paradoja de que Venezuela abastece principalmente de petróleo a Estados Unidos, así que si deciden bloquearnos el suministro, no representaría un gran cambio para nosotros", señaló el ministro checo de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg. Según los últimos datos disponibles de la Comisión Europea, el crudo venezolano representa sólo el 0,9 por ciento de las importaciones de petróleo de la unión.
Pero entre sus advertencias, el presidente venezolano también había incluido las inversiones que la UE tiene en Venezuela. "Aquí no nos hacen falta. Vamos a revisar las inversiones que tiene aquí para aplicar nosotros también una directiva de retorno. ¡Retornen sus inversiones para allá!", enfatizó. Esta amenaza es particularmente sensible para España, que tiene una presencia importante de capitales en los sectores bancario, energético, hotelero, gestión del agua, eléctrico y editorial, según datos de la Oficina Económica y Comercial de España en Caracas.
Tras conocer las declaraciones de Chávez, no tardó en reaccionar. "Quizá lo que convenga es explicarle exactamente al presidente de Venezuela en qué consiste esa directiva", afirmó el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, desde Bruselas. "El ministro español de Asuntos Exteriores (Miguel Angel Moratinos) lo hará si es necesario, para que la relación de Europa con todos los países latinoamericanos siga siendo positiva", agregó. Al término de la cumbre, la vicepresidenta de su gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que España hará un "esfuerzo diplomático de información" con los países latinoamericanos, con el fin de explicar que la Directiva Retorno "no es aplicable" en su país. Actualmente, la ley del país ibérico permite una retención máxima de 40 días, que el gobierno socialista pretende ampliar a 60.
Las reacciones de repudio de los países latinoamericanos siguieron sumando adeptos. El presidente de Perú, Alan García, llamó ayer a organizar una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar la controvertida decisión del Parlamento europeo. "Creo que de allí podríamos tener una sola voz y, oportunamente, podríamos asistir los presidentes; yo estaría dispuesto a concurrir porque estamos hablando de un millón y medio de peruanos", sostuvo. Por su parte, el presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo, afirmó que la medida es injusta, y que si se aplica, Europa "se convertirá en una gran cárcel de inmigrantes de los otros continentes". Según explicó, actualmente residen en España unos 50 mil paraguayos.

21 de junio de 2008
©página 12
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frustran atentado contra evo morales


Dos sujetos, uno de ellos armado con un rifle de mira telescópica, fueron detenidos en las cercanías del aeropuerto de Santa Cruz poco antes que llegara el mandatario de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia. El gobierno boliviano denunció hoy un "intento de magnicidio" contra el presidente Evo Morales, tras la detención en Santa Cruz de dos hombres, uno de ellos armado con un rifle de mira telescópica, en las cercanías del aeropuerto poco antes de la llegada del mandatario a la ciudad.
La denuncia fue realizada por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, a las puertas del Palacio de Gobierno, tras acompañar a Morales a un acto con sindicatos de la minería en La Paz.
Morales viajó el jueves a Santa Cruz, "feudo" de la oposición regional, para participar en un acto en el municipio de Cotoca de entrega de maquinaria pesada y recursos para desarrollo regional.
"Pocos minutos antes de la llegada del presidente (al aeropuerto) se detuvo a dos miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, uno de ellos portando un fusil con mira telescópica y con 300 cartuchos para ese arma", reveló hoy a los periodistas el viceministro de Coordinación.
A su juicio, "la tentativa de homicidio" podría estar vinculada "a sectores que no descartan ninguna posibilidad para alcanzar sus objetivos, para alcanzar sus fines y en este caso ante clarísimos indicios de un magnicidio".
Sacha Llorenti dijo que esta situación constituye "un hecho muy serio", que debe ser "profundamente investigado" para determinar las intenciones de los detenidos y para establecer "quiénes están detrás de este atentado en contra de la seguridad del presidente".
La denuncia de magnicidio se produce después de que el pasado miércoles un grupo opositor bloqueara la salida del aeropuerto de la ciudad de Tarija, lo que provocó la suspensión de una visita que Morales tenía prevista a este departamento.
El incidente fue el tercero de la semana en la que Morales no pudo cumplir con su agenda de viajes por protestas similares que se produjeron en una zona rural del departamento de Santa Cruz y en la localidad de Villamontes, también situada en Tarija.
El fin de semana pasado, el gobierno se vio obligado a trasladar desde Villamontes a un recinto militar situado en la vecina Yacuiba un acto oficial para conmemorar, junto al mandatario de Paraguay, Nicanor Duarte, y el presidente electo de ese país, Fernando Lugo, el cese de hostilidades de la guerra del Chaco.
El mes pasado, el presidente izquierdista tampoco pudo reunirse con sus bases en la ciudad de Sucre, capital de Chuquisaca y del país, donde los opositores agredieron al Ejército que custodiaba un estadio donde debía hacer un mitin y humillaron a indígenas seguidores del mandatario.
Al respecto, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales afirmó que "estos casos no pueden quedar en la impunidad, en la anécdota, en la larga lista de ataques a ministros de Estado, al presidente de la República", porque en su opinión sería alimentar "lógicas de carácter violento".

20 de junio de 2008
©la nación
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en libertad ex jefe de policía de uribe


Justicia colombiana ordenó libertad del ex director del DAS vinculado con parapolítica. Noguera es acusado de permitir la infiltración de paramilitares en los organismos de inteligencia del Estado.
Bogotá, Colombia. La Corte Suprema de Justicia decidió liberar al ex jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, que está acusado de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de permitir la infiltración de este grupo en el organismo de inteligencia.
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la puesta en libertad del ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, a quien se le seguía un proceso por nexos con paramilitares.
Además de los delitos de concierto para delinquir, abuso de autoridad y utilización indebida de información privilegiada.
La decisión fue dada a conocer por la Sala Penal del Alto Tribunal durante una audiencia pública en la cual los magistrados reprocharon la forma como se llevó a cabo el proceso penal en contra de Noguera.
Los magistrados consideraron que la fiscalía "vulneró derechos" del ex funcionario por cuanto la investigación que lo afecta, dado su alto cargo, debió ser asumida por el propio fiscal general, Mario Iguarán, y no por un delegado.
El caso estaba siendo llevado por el fiscal delegado ante la Corte, Jesús Antonio Marín, porque la fiscalía consideró que el delito de concierto para delinquir atribuido a Noguera no tenía relación con su función como director del DAS.
La Sala Penal consideró que los actos expedidos por la fiscalía en el caso de Noguera son ilegítimos porque fueron adoptados por un funcionario que carecía de competencia distinto al juez natural.
Jorge Noguera se desempeñó como director del DAS entre 2002 y 2005, y también como cónsul de Colombia en la ciudad italiana de Milán.
Su ex jefe de informática, Rafael García, lo acusó de tener vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha) y de permitir la infiltración de este grupo en el organismo de inteligencia del Estado.
Las indagaciones lo vinculan con Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Hernán Giraldo, comandantes de esos escuadrones de la muerte en el norte del país.
Noguera fue director de la campaña electoral del presidente Álvaro Uribe en 2002 en el departamento norteño de Magdalena, en el que actuaban ‘Jorge 40’ y Giraldo, ambos extraditados el pasado 13 de mayo a Estados Unidos, junto a 13 paramilitares más.
El ex funcionario fue detenido el pasado 22 de febrero de 2007 cuando terminaba una de sus indagatorias en la fiscalía. No obstante, el 23 de marzo recobró su libertad a través de un recurso de hábeas corpus concedido por la magistrada del Consejo de la Judicatura Leonor Perdomo.
La magistrada aseguró que la Fiscalía había violado el debido proceso contra Noguera porque su caso no había sido llevado por el fiscal general. Fue en ese momento cuando Iguarán lo tomó y libró una nueva orden de captura el 6 de julio de 2007, y desde entonces permanecía detenido en la cárcel de La Picota.

Reiniciar el Proceso
Este miércoles, antes de concluir la audiencia, la fiscalía interpuso un recurso de apelación ante la Corte, pero el alto tribunal no encontró mérito y confirmó su decisión inicial.
Ahora, el fiscal Mario Iguarán deberá empezar prácticamente de nuevo a armar el expediente y decidir si lleva o no otra vez a Jorge Noguera a juicio ante la Corte Suprema. También decidirá si reitera la orden de captura en contra de su persona.
Al respecto, el representante de las víctimas, Alirio Uribe, del colectivo de abogados José Alvear, aseguró que el fiscal tiene todos los elementos probatorios para que Jorge Noguera sea nuevamente encarcelado.
Uribe aclaró que al país le debe quedar claro que el ex director del DAS no quedó libre por falta de pruebas sino porque el fiscal no ha querido asumir de manera directa la investigación.
"Habiéndose producido el habeas corpus y la libertad, el fiscal general optó por acumular investigaciones y seguir adelante sin subsanar las nulidades que se presentaban por el problema del fuero y la competencia", explicó Uribe.
Dijo que "la Corte Suprema tiene claro que hay que reiniciar el proceso de manera inmediata y que hay que volver a abrir una investigación. Volver a vincularlo, volverlo a llamar a indagatoria y volverle a imponer medida de aseguramiento".

13 de junio de 2008
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querían matar a correa


Tres colombianos y un ecuatoriano detenidos en Quito por planear ataque contra Correa.
Quito, Ecuador. La Policía Judicial de Ecuador detuvo a tres ciudadanos colombianos y un ecuatoriano sospechosos de preparar un atentado contra el presidente Rafael Correa, informó este jueves la fiscalía del país andino.
Los cuatro arrestados, según informó a periodistas el fiscal Patricio Navarrete, se encuentran en las dependencias de la Policía Judicial en Quito para investigación y uno de los ciudadanos colombianos dijo pertenecer al grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los detenidos son los ciudadanos colombianos Óscar Peña, Óscar Jiménez y Edgar González y el ecuatoriano Santos Camacho, sobre los que se dictó una orden de prisión preventiva, según la página de internet del diario El Comercio de Quito.
La operación en la que fueron detenidas las cuatro personas se produjo a las seis de la mañana, hora local, y dos de ellas fueron capturadas en la Plaza de la Independencia de Quito, donde se encuentra el Palacio Presidencial de Carondelet, y las otras dos en el sur de la ciudad.
A los detenidos se les incautaron abundantes fotografías del Palacio Presidencial ecuatoriano y un croquis de la zona de la Plaza de la Independencia.

13 de junio de 2008
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esclavos en el chaco boliviano


Guaraníes del Chaco boliviano. Por trabajos forzados de más de doce horas diarias, las mujeres ganan la mitad que los hombres, y los niños y los ancianos por lo general no ganan nada.
[Naimi Núñez] Bolivia. Más de mil familias viven esclavizadas en el Chaco, Bolivia. Los indígenas, entre ellos ancianos y niños, trabajan más de doce horas diarias sin recibir pago alguno. La situación es vista con preocupación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Históricamente a nivel mundial, la problemática de la esclavitud y la servidumbre, se supone, es un asunto resuelto hace varios siglos. Pero en Bolivia el problema está más vigente que nunca.
En el Chaco boliviano, que abarca los sureños departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, desde hace varias décadas, cientos de familias guaraníes que residen en esta región, viven bajo un sistema de servidumbre y semiesclavitud basado en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo familiar.
Estas personas, pertenecientes a las llamadas comunidades cautivas, realizan en haciendas trabajos forzados por más de doce horas diarias, sin pago alguno o acceso a derechos básicos como la educación, la sanidad, la libertad de movimiento y a la propiedad de la tierra.
La comunidad guaraní, la tercera más numerosa de los pueblos indígenas de Bolivia, actualmente cuenta con una población de 170 mil personas, de las cuales más de mil familias viven empadronadas en situación de esclavitud por hacendados de las provincias Luis Calvo y Hernando Siles, de Chuquisaca; Gran Chaco y O’Connor, de Tarija, y en la cordillera en el Alto Parapetí, en Santa Cruz.
"Es una vergüenza que en la Bolivia del siglo XXI siga existiendo la esclavitud", opina el Capitán Grande del Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca, Efraín Balderas, al lamentar que todavía existan comunidades cautivas de su pueblo en al menos cinco provincias de tres departamentos del país altiplánico y que en su conjunto abarcan a 15 municipios.
Balderas, alto y de tez morena, es un líder indígena que hasta su adolescencia trabajó como peón en una de las haciendas chuquisaqueñas bajo un régimen de explotación laboral. Pero que tuvo la suerte de estudiar y conseguir a través de la educación esa libertad que cientos de familias de su pueblo aún anhelan.
La situación de los guaraníes en el sur de Bolivia es vista con preocupación por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

La Realidad
La cifra concreta del número de guaraníes en el Chaco boliviano es diversa, y lo es más la de aquellos que están en situación de esclavitud. Lo cierto es que, sin duda, sus vidas son muy precarias y las relaciones laborales con los dueños de las haciendas en las que trabajan, aún en contra de su voluntad, son poco claras ya que los pagos en su mayoría se hacen en especie y no en dinero, con cuentas que se transmitían de generación en generación.
Estos indígenas y sus familias trabajan más de doce horas diarias sin recibir salario, sino retribuciones irregulares en especie.
Rogelio Molina, empleado de la hacienda Iguembito, ubicada en el municipio de Huacareta, en la provincia Hernando Siles del departamento de Chuquisaca, cuenta que tiene "treinta y tres años" trabajando "para Federico Reynaga (propietario), como mi padre trabajó para el padre del hacendado".
Con el tiempo el mundo de los niños es igual al de los adultos. Pero lo más asombroso, es que muchos terratenientes se llevan a las niñas a partir de 7 años a las ciudades y las hacen regresar a la propiedad con hijos para que también trabajen para ellos, según denunció Justo Molina, presidente del Consejo de Capitanes de Chuquisaca, quien defiende los derechos de los guaraníes.
En este tiempo, Rogelio comenzó ganando tres bolivianos (0,3 dólares) como vaquero o cuidador de ganado vacuno. Para mantener a sus 13 hijos lograba una renta de 200 ó 150 bolivianos (cerca de 20 dólares al mes): "Me descontaba lo que sacábamos arrocito, eso anotaba", dice, y recuerda que las labores domésticas realizadas por su esposa en la hacienda nunca merecieron reconocimiento alguno. "Ni un centavo, nunca le han pagado".
Los llamados ‘ajustes’ son el resultado de la suma en la que se consignan ítems como ‘adelantos’ o ‘pedidos’ de víveres para comer, que por lo general arrojan cifras rojas para los empleados guaraníes, por lo que terminan con deudas en lugar de ganancias.
Y es que los términos laborales que se conocen obedecen a ‘arreglos’ por un pago jornal incomprensiblemente saldado una vez al año. Situación que no sólo varía de acuerdo con la hacienda, sino de acuerdo con condiciones de género y etarias: las mujeres ganan la mitad que los hombres, y los niños y los ancianos la mayor parte de las veces no ganan nada.
Fortunato Silva y Victoria Méndez, padres de ocho hijos, por su parte reciben por sus faenas uno o dos kilos de arroz en la hacienda de Crispín Pérez, también ubicada en Huacareta.
En Chuquisaca, donde hay más casos de guaraníes esclavizados, asombrosamente se reproduce una situación que se creía desaparecida. Y es que hay reportes de que los trabajadores reciben latigazos si no cumplen con su tarea. Si bien esto no es generalizado, existen casos documentados con vídeos que sí ocurren.
Algunos cautivos, incluso, duermen en galpones y no pueden salir de la hacienda. "Los patrones prohíben que las familias que viven en sus haciendas se comuniquen con organismos y les coartan la educación o las condiciones sanitarias mínimas", denunció Justo Molina, presidente del Consejo de Capitanes de Chuquisaca , quien denunció la "violación de los derechos humanos" que viven numerosas personas de su comunidad y explicó que el 90 por ciento de esta población es analfabeta.
Precisamente, el analfabetismo es la principal causa del sometimiento de los hacendados sobre los indígenas guaraníes, ya que, al no saber leer ni escribir, no sólo están impedidos de acceder al conocimiento e información sobre sus derechos, sino que tampoco pueden ejercer ningún control sobre sus cuentas y libros de deudas que son llevados por los patrones.
Al analfabetismo se suma el desconocimiento de sus derechos que les asiste y no les permite deliberar con el patrón sus condiciones laborales, ni ninguna otra situación que les afecte.
Las condiciones precarias de trabajo y —por consiguiente— de vida de familias guaraníes sometidas a una situación laboral signada históricamente por el abuso y por la marca de la servidumbre y el patronazgo, que las ha hecho cautivas en su propia tierra, son prácticas aún vivas en el Chaco boliviano, como si el tiempo, y la modernidad, nunca hubiera pasado por esas tierras.

Esclavos desde la Infancia
La esclavitud en el Chaco también se extiende a los niños. Las niñas comienzan como domésticas en las haciendas y luego se quedan como cocineras, mientras que los varones inician como mozos de mano, es decir, realizan mandados menores para los hacendados y luego, de grandes, trabajan la tierra. En la mayoría de los casos, no reciben pagos por sus trabajos.
La crianza de los niños implica el inicio temprano de la faena en las haciendas, como Virginia Parare, hija de trabajadores de la propiedad Iguembito, en Chuquisaca, quien comenzó de niña como doméstica y a los 15 años se volvió cocinera.
Y es que la escuela está prohibida para estos infantes, así como salir de las haciendas.
La situación jurídica de los niños y menores de edad es incierta, pues muchos se encuentran sujetos a los patrones mediante inciertos nexos de padrinazgo.
En muchos casos, los guaraníes se dirigen al hacendado como "papi" o "mami", y muchos de ellos, según estudios ejecutados por el despacho de Justicia, llevan el apellido de los patrones.
"Yo les he criado, su papá y mamá han muerto, y se han quedado con nosotros", explica Humberto López, propietario de la hacienda El Vilcar, quien aseguró que ésa es la razón de que tenga una familia de guaraníes a su servicio.
Las relaciones de servidumbre se difuminan con las relaciones de parentesco: "Ya me he acostumbrado a ellos (a los patrones) como papá, como mamá, como abuelitos", comentó Eriberta Montes. "Aquí nomás me quedaré con los abuelitos hasta que se mueran", añadió resignada la guaraní que creció en la hacienda y que ahora tiene seis hijos, que tal vez sean otro eslabón más que perpetúe el trabajo de su madre y sus abuelos.
Sin embargo, la amabilidad del trato entre empleador y empleado tiene límites concretos, cuando se ve el lugar donde Eriberta y sus pequeños duermen: en un patio trasero de la hacienda donde los cueros de oveja les sirven de camas.
Con el tiempo el mundo de los niños es igual al de los adultos. Pero lo más asombroso, es que muchos terratenientes se llevan a las niñas a partir de 7 años a las ciudades y las hacen regresar a la propiedad con hijos para que también trabajen para ellos, según denunció Justo Molina.

11 de junio de 2008
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