[Simón Romero] Bogotá, Colombia. Lucy Gómez todavía tiembla cuando habla sobre el asesinato de su hermano Leónidas, dirigente sindical y empleado bancario que, el mes pasado, fue golpeado y apuñalado hasta la muerte aquí en la capital. Su asesinato forma parte de una reciente ola de asesinatos de dirigentes sindicales y miembros de sindicatos en Colombia, que este año ya suman diecisiete.
"Quiero que paguen por el crimen que cometieron", dice la señorita Gómez, 37, costurera, apretando una desvanecida fotografía de su hermano, empleado de la unidad colombiana del Citigroup, que tenía 42 años. "Pero yo misma corro peligro", dijo. "Este no es un país donde uno pueda expresar un deseo sin temer que te asesinen, como a mi hermano".
El miedo de Gómez y temores similares expresados por sindicalistas y sus familias han sido elementos permanentes de las organizaciones sindicales durante la guerra civil de cuatro décadas de este país. Desde 1985 en Colombia han sido asesinados más de dos mil quinientos sindicalistas, aunque se han dictado sentencias apenas en menos de cien casos, de acuerdo a la Escuela Nacional Sindical, un centro de investigación laboral de Medellín.
Ahora esos asesinatos están emergiendo como un urgente problema en Washington cuando demócratas y republicanos disputan sobre el tratado de libre comercio con Colombia, el principal aliado de Bush en América Latina.
El gobierno de Colombia ya está esforzándose para recuperarse del último salvo en este debate, la votación de los demócratas de la Cámara Baja el jueves que rechazó la urgencia del presidente Bush y postergó indefinidamente la votación sobre el acuerdo.
Desde que el conservador gobierno del presidente Álvaro Uribe asumiera el cargo en 2002 ha habido una marcada disminución de los asesinatos de sindicalistas. Este desarrollo ha sido acompañado por una reducción general de los asesinatos y secuestros a medida que la guerra civil, que opone a rebeldes de izquierdas, por un lado, contra tropas del gobierno y grupos paramilitares de extrema derecha, por el otro, se ha ido mitigando desde su momento más álgido en los años noventa.
Sin embargo, desde 2002 han sido asesinados más de cuatrocientos sindicalistas, y decenas de partidarios de Uribe en el Congreso y su ex jefe de inteligencia están siendo investigados por sus vínculos con escuadrones de la muerte paramilitares, que son clasificados como terroristas por Estados Unidos, y que son responsables de parte de los asesinatos.
Los sindicatos fueron a menudo empujados a intervenir en la guerra de Colombia cuando fueron atacados por paramilitares que sospechaban que sus filas habían sido infiltradas por simpatizantes de las guerrillas. A veces los sindicalistas fueron atacados simplemente porque se opusieron a las brutales acciones de los paramilitares para controlar grandes extensiones del territorio colombiano.
En las últimas semanas ha estallado una nueva sola de amenazas, proferidas por grupos que se identifican como una nueva generación de ejércitos privados, contra activistas de derechos humanos y sindicalistas. Muchos de esos activistas se oponen al tratado de libre comercio, provocando temores de una nueva ola de violencias contra los sindicalistas.
Este año los sindicalistas asesinados se elevan a diecisiete, una cifra que sugiere un substancial aumento de la violencia antisindical cuando se la compara con los diez asesinatos de sindicalistas durante el mismo período el año pasado. Varios asesinatos ocurrieron en días que vieron inusuales protestas contra las fuerzas paramilitares aquí el mes pasado.
Para complicar más el asunto, las guerrillas, que han tratado de derrocar al gobierno colombiano en una larga guerra, también han atacado a sindicalistas. Sindicalistas que están a favor del tratado comercial, en gran parte de las industrias orientadas hacia la exportación, han sugerido que algunos asesinatos recientes pueden haber sido cometidos por grupos que se oponen a lazos comerciales más estrechos con Estados Unidos.
Algunos partidarios del acuerdo se apresuran a señalar que es estadísticamente más probable que se asesine a gente corriente que a sindicalistas. Pero ignoran factores geográficos y socioeconómicos -los habitantes de zonas rurales pobres en las zonas de guerra del país corren riesgos desproporcionados de ser víctimas de violencias- y está claro que los dirigente sindicales siguen siendo blancos específicos de violencia e intimidación.
El caso de Leónidas Gómez, el hermano de la señorita Gómez, es uno de varios ejemplos de sindicalistas asesinados en las últimas semanas que participaron en la organización de las raras marchas de protesta contra los paramilitares el mes pasado. Investigadores del gobierno dijeron que estaban investigando todos los asesinatos más recientes, pero todavía no habían identificado a los autores.
Carlos Burbano era vicepresidente del sindicato de trabajadores hospitalarios de la municipalidad de San Vicente del Caguán en el sur de Colombia cuando desapareció el 9 de marzo. Su cuerpo fue encontrado cuatro días después en un vertedero en territorio de los grupos paramilitares. Burbano, que ya había recibido amenazas de los paramilitares, fue quemado con ácido y apuñalado múltiples veces.
Como Burbano, Gómez, miembro de la Unión Nacional de Empleados Bancarios de Bogotá, era un declarado crítico de los paramilitares. También recorrió Colombia denunciando el tratado de libre comercio, que pensaba que subiría los salarios de los ejecutivos del Citigroup y erosionaría los beneficios para los empleados, dijo Luis Humberto Ortiz, funcionario sindical y empleado del Citigroup.
Gómez, que fue visto por última vez con políticos de izquierdas la noche del 4 de marzo, fue encontrado muerto en su apartamento el 8 de marzo, con heridas de arma blanca y sus manos atadas a la espalda. Según su hermana, de su apartamento desaparecieron su ordenador portátil, memorias U.S.B., y el dinero que llevaba en los bolsillos.
La familia de Gómez y sus colegas de la Unión Nacional de Empleados Bancarios dijeron que estaban convencidos de que había sido asesinado por sus actividades sindicales. Pero María Isabel Nieto, vice-ministro de Justicia, dijo en una entrevista que no se podía descartar que se tratase de un "crimen pasional".
Ese tipo de incertidumbres rodea el asesinato aquí de muchos sindicalistas, y críticos de los sindicatos insisten en que algunos de los crímenes son simplemente casos criminales antes que motivados políticamente. Los sindicalistas dicen que pese al reciente aumento de condenas en casos de asesinatos de sindicalistas, todavía hay muy pocas sentencias y las penas de prisión han sido muy leves.
"Colombia tiene un terrible historial en lo que se refiere a llevar a justicia a los responsables de esos crímenes", dijo José Miguel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch.
Algunos de los asesinatos tienen que ver con los lazos comerciales con Estados Unidos, el más importante socio comercial de Colombia. Los paramilitares, por ejemplo, asesinaron en 2001 a tres dirigentes sindicales que eran empleados por la Drummond Company, una productora de carbón con operaciones en el norte de Colombia. Un jurado de Birmingham, Alabama, absolvió a Drummond el año pasado de ser responsable de esos asesinatos.
Nadie niega que los asesinatos de sindicalistas se han reducido significativamente desde los años noventa, los peores años de la guerra de Colombia, cuando se reportaban más de doscientos de ese tipo de asesinatos al año.
En 2007 los asesinatos de sindicalistas bajaron a 39, de 72 el año anterior, según la Escuela Nacional Sindical de Medellín. Se esperaba que siguiera esa tendencia a la baja este año, hasta que empezó la reciente ola de nuevos asesinatos. (Las cifras del gobierno colombiano son más bajas debido a los métodos que utiliza, que impiden incluir casos con motivos poco claros; hasta el momento, el gobierno ha contado quince asesinatos de sindicalistas, en comparación con los diecisiete casos documentados por organizaciones sindicales).
"Tenemos que recordar que estos asesinatos no son una política de estado", dijo en una entrevista en marzo el vicepresidente Francisco Santos. "Al contrario, nosotros rechazamos esos actos y estamos haciendo todo lo posible para reducir lo más posible esas cifras", dijo, mencionando un aumento sin precedentes en los casos de asesinatos de sindicalistas llevados a justicia.
Para el 2008 el gobierno destinó 45.7 millones de dólares para proteger a personas que han recibido amenazas de muerte, de las cuales casi un tercio son sindicalistas. Con el programa, más de doscientos sindicalistas se trasladan en coches blindados o con guardaespaldas, y más de 170 edificios de sindicatos y casas de sindicalistas han sido protegidos con materiales a prueba de balas.
Sin embargo, las recientes revelaciones de lazos entre las milicias privadas y algunos de los partidarios más influyentes de Uribe torpedean las campañas oficiales para reducir esos crímenes. Jorge Noguera, por ejemplo, ex jefe de inteligencia de Uribe, está siendo investigado por entregar a grupos paramilitares listas de sindicalistas y otras figuras de izquierda que debían ser asesinadas.
Todavía persiste en la sociedad colombiana una extendida ambivalencia, y a veces una franca hostilidad, sobre el papel de los sindicatos. Muchos colombianos todavía consideran a los sindicados como reductos de privilegio para sindicalistas en una época en que el sector privado está empujando un auge económico a través de las exportaciones de productos legales, como el carbón, y de mercaderías ilegales, como la cocaína.
"Los demócratas deberían preocuparse de los productos chinos que les quitan trabajo a los norteamericanos o sobre tratados con países donde se cometen terribles violaciones de los derechos humanos", dijo Rafael Jordán Rueda, 54, consultor de administración. "Estoy completamente convencido de que Colombia se ha convertido en víctima de la lucha por el poder en las elecciones presidenciales en Estados Unidos".
Enfrentados al retraso en Washington, altos funcionarios de gobierno aquí se han mostrado más cautos a la hora de expresar su consternación con la posibilidad de que se rechace el pacto comercial con Colombia. "Si Estados Unidos nos da la espalda, quedaremos como imbéciles, en el país y en la región", dijo el ministro de defensa Juan Manuel Santos en una entrevista.
El Espectador, un influyente semanario bogotano, dijo en su editorial del domingo que esa decisión podría ser un error. "Bloquear una herramienta como el tratado de libre comercio, que busca el fomento del desarrollo, no parece ser el mejor mecanismo para defender a los sindicalistas colombianos", dice el editorial. En lugar de eso, la revista sugiere redirigir la ayuda americana y fortalecer al poder judicial colombiano para la investigación de violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, dirigentes sindicales como Rafael Boada, que están viviendo bajo amenaza, el interés en la violencia política es un tema que debe ser discutido en el marco del pacto comercial. Boada, empleado de banco en Bucaramanga al nordeste de Colombia, escapó apenas de la muerte el 7 de marzo después de que dos hombres en motocicleta le dispararan, impactando las balas en el parabrisas de su coche.
"Somos un grupo estigmatizado", dijo Boada, explicando su papel en la organización de la marcha del mes pasado contra los paramilitares. "Estoy seguro de que esto ocurrió debido a mis actividades sindicales".
Jenny Carolina Gonzalez contribuyó al reportaje.
14 de abril de 2008
©new york times
cc traducción mQh
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