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narcos infiltran fuerzas armadas


[Juan Forero] Oficiales colombianos proporcionaron informaciones secretas en naves de la armada norteamericana.
Bogotá, Colombia. Una investigación del ministerio de Defensa colombiano detectó que grupos de narcotraficantes y rebeldes del grupo guerrillero más importante del país infiltraron a los militares apoyados por Estados Unidos aquí, pagando a oficiales de alto rango a cambio de información clasificada que les permitió eludir la captura y seguir traficando cocaína.
La información obtenida por el poderoso cartel Norte del Valle incluía el posicionamiento secreto de buques de guerra y aviones norteamericanos en el Caribe a principios del año pasado, parte de una red cuidadosamente coordinada destinada a impedir que la cocaína llegara a Estados Unidos, de acuerdo a oficiales alto rango de las fuerzas armadas colombianas. El cartel es encabezado por Diego Montoya, que está en la lista de fugitivos más buscados del FBI.
Separadamente, rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC] obtuvieron informes sobre operaciones del ejército contra comandantes de la guerrilla en el extremo sur del país, dijeron oficiales. El general Freddy Padilla, jefe de las fuerzas armadas, dijo en una entrevista que la mayor parte de la información que se filtró era de 2003 o antes.
Los episodios, algunos de los cuales han sido descritos el mes pasado en la prensa colombiana, representan los casos más graves de infiltración aquí en los últimos años y un golpe para unas fuerzas armadas que dependen de fondos y adiestramiento estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos ha proporcionado a Colombia 5.4 billones de dólares, la mayor parte en ayuda militar esta década, convirtiendo al país en el mayor receptor de ayuda norteamericana fuera de Oriente Medio y Afganistán, y ayudando a hacer de las fuerzas armadas colombianas la segunda fuerza en América Latina.
En entrevistas, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y los comandantes de las fuerzas armadas dijeron que estas infracciones fueron descubiertas por operativos del contraespionaje militar y que las evidencias fueron entregadas al despacho del procurador general, que ha iniciado una serie de investigaciones. Mientras otros casos de infiltración han sido descubiertos en el pasado, los oficiales sugirieron que este tipo de casos a menudo no son investigados propiamente.
"Desde el principio dije que teníamos que ver lo infiltrados que estábamos", dijo Santos, un civil que ha dirigido el ministerio de Defensa en los últimos quince meses. "La situación es de penetración en algunos sectores de las fuerzas armadas, y es un pequeño porcentaje de las fuerzas. No podemos decir que se trate de algo generalizado".
Santos también dijo que ha despedido a unos 150 oficiales durante su mandato, muchos de ellos sospechosos de corrupción o de lazos con los narcotraficantes o con grupos armados ilegales. Dijo que los detectives continúan buscando topos en el ministerio.
De momento, se ha detenido a dos tenientes coroneles del ejército, así como a cuatro mayores y un suboficial. También renunciaron dos generales del ejército de la Tercera División del ejército en Cali, donde según los investigadores los narcotraficantes han forjado estrechos lazos con oficiales corruptos. En la armada, el contraalmirante Gabriel Arango ha sido despedido, dicen oficiales, y está siendo investigado junto a otros diez oficiales navales.
Adam Isacson, que estudia a los militares colombianos para el Centro de Relaciones Internacional de Washington [Center for International Policy], dijo que los militares deberían ser alabados por revelar la corrupción. Pero dijo que el escándalo probablemente daría más influencia a los demócratas en el Capitolio, que han estado demandando cortes en la ayuda militar a Colombia.
"Esta nueva racha de acusaciones de corrupción", dijo, "dará más combustible a la oposición en el Congreso aquí en Washington".
El caso de Arango, un prometedor comandante en el puerto caribeño de Cartagena, ha concentrado aquí la mayor parte de la atención. Cuando en enero de 2006 la guardia costera colombiana interceptó una lancha pesquera utilizada para transportar cocaína, en una región controlada por Arango, los detectives descubrieron a bordo cartas de navegación que indicaban no solamente la posición de los buques norteamericanos, sino además la de los buques de guerra de Gran Bretaña, Holanda y Colombia.
Los investigadores dijeron que parte de la información útil para los narcotraficantes fue entregada por un ex marino de la armada que sirvió de intermediario, Víctor Palmera, que fue detenido la semana pasada. Pero se dice que los lazos de Arango con los narcotraficantes eran estrechos. Los investigadores dijeron que descubrieron que Arango había entregado un recibo con su huella dactilar de un pago de 115 mil dólares que recibió de traficantes de Norte del Valle, un método habitual de cimentar lealtades en el hampa colombiana. También se reunió con narcotraficantes o hizo que otros asociados suyos se reunieran con ellos, han dicho testigos. Arango ha negado vehementemente haber colaborado con los traficantes.
Las autoridades colombianas han entregado sus hallazgos, especialmente las cartas de navegación, al Departamento de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration] y otras agencias norteamericanas. Las fuerzas armadas colombianas no controlan las coordenadas de los buques norteamericanos, holandeses o británicos que patrullan la zona, sugiriendo que hubo una filtración en la seguridad norteamericana.
La embajada norteamericana en Bogotá se negó a comentar el caso.
En el Comando Sur en Florida, la sede de las operaciones militares norteamericanas en América Latina, un portavoz dijo que las fuerzas armadas no tenían información sobre ninguna investigación de las acusaciones. El portavoz, José Ruiz, dijo que las medidas de seguridad eran estrictas en el destacamento antinarcóticos en Key West, Florida, que coordina la lucha antinarcóticos en el Caribe para Estados Unidos y sus aliados, incluyendo Colombia.
El Destacamento Conjunto Sur, o JIATF-S [Joint Interagency Task Force-South], depende del ministerio de Defensa. "El JIATF-S tiene medidas de seguridad muy rigurosas y efectivas", dijo Ruiz, "y hoy no tenemos motivo para creer que esas medidas de seguridad se han visto comprometidas".
Mientras los traficantes en la costa recibían informaciones detalladas, oficiales de alto rango en el sudoeste de Colombia estaban presuntamente en la planilla de pago del cartel de Montoya, según los fiscales. Entre esos oficiales se encuentra el teniente coronel Javier Escobar, que fue jefe de operaciones de la Tercera Brigada de la Tercera División en Cali, dicen funcionarios del ministerio de Defensa.
La investigación sobre las actividades de los oficiales renegados de la Tercera División ha arrojado luces sobre un turbio episodio en 2006 que indignó a personeros colombianos y planteó dudas entre los legisladores norteamericanos. El 22 de mayo un pelotón emboscó y mató a diez miembros de un equipo de elite de policías adiestrados por Estados Unidos que participaban en una operación antinarcóticos en la ciudad de Jamundi.
Ahora las autoridades dicen que el coronel de ejército Bayron Carvajal y varios soldados -que fueron todos arrestados el año pasado- estaban probablemente trabajando para el cartel de Norte del Valle. "Puedes dar por sentado que Jamundi está conectado a la infiltración de la Tercera Brigada", dijo Santos, "debido a dónde pasó, debido a los lazos con los narcotraficantes".
Los militares también descubrieron que un guerrillero que murió en combate en el estado de Meta al sur del país en julio había estado transportando discos duros portátiles que contenían mapas con descripciones de operaciones contra la guerrilla y otras informaciones sobre Omega, una operación destinada a capturar a comandantes de la guerrilla.
El Tiempo, el más influyente diario colombiano, dijo en un editorial que las revelaciones demostraban que la inteligencia y el contraespionaje se habían convertido en "el flanco más débil" en los esfuerzos de Colombia para luchar contra la guerrilla y los narcotraficantes.
Los oficiales reconocieron las preocupaciones, pero dijeron que la reestructuración del aparato militar de inteligencia todavía estaba en curso. "Empezamos hace más de nueve meses a reestructurar el contraespionaje y fue debido a que estábamos reestructurándolo, debido a que estábamos fortaleciendo al contraespionaje que pudimos descubrir todo esto", dijo Santos.

9 de septiembre de 2007
©washington post
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diablo disfrazado de obispo


Ambicioso y vinculado a grupos paramilitares colombianos, según algunos testimonios, el obispo Isaías Duarte, asesinado en 2002, podría convertirse en santo, si predominan las versiones que idealizan su trayectoria.
Isaías Duarte: ¿apostól de la paz, o diablo disfrazado? Era "un diablo disfrazado de obispo", un personaje "siniestro, enfermo por el poder, cosa que no podía esconder", sostienen personas que conocieron a Isaías Duarte, quien fuera prelado de Cali, donde fue asesinado por dos sicarios el 16 de marzo de 2002, y que podría ir camino a los altares si prospera el proyecto de grupos clericales y de fieles colombianos, que incluso ya le atribuyen milagros.
Por ahora, se le presenta como un "apóstol de la paz", que supuestamente luchó contra la violencia ejercida por la guerrilla, paramilitares y narcos, lo que lo llevó a ser asesinado al salir de una boda colectiva que ofició en el templo El Buen Pastor.
El 13 de abril del mismo año, al pronunciar la homilía en la misa en honor de Duarte, el cardenal Alfonso López Trujillo, también colombiano, presidente del Consejo Pontificio para la Familia, y considerado uno de los principales papables en Latinoamérica, dijo que con él lo "ligó durante lustros una honda amistad en la común tarea pastoral".
Enemigo del condón, del reconocimiento de derechos a los homosexuales y de dar la comunión a los divorciados, López Trujillo fue sin embargo buen amigo de narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria, y de cometer abusos contra sus feligreses, y hasta de contar con grupos armados o paramilitares a su servicio, según documentó el periodista Hernando Salazar Palacio en su libro ‘La guerra secreta del cardenal López Trujillo' (Temas de Hoy, Bogotá, 1996).
Monseñor Isaías Duarte Cancino nació en San Gil, Santander, el 15 de Febrero de 1939. Estudió en el Seminario de Pamplona y en Roma. Se ordenó en 1963; en 1985 fue nombrado obispo auxiliar de Bucaramanga y en 1988 fue designado primer obispo de la nueva diócesis de Apartadó, en el Urabá Antioqueño. En 95 fue designado Arzobispo de Cali.
Tanto un hospital como una fundación filantrópica llevan su nombre, y su tumba, que está en la Catedral de Cali, ha sido visitada por miles de feligreses, pero hay testimonios que cuestionan esa idealización del extinto personaje.
Diego Murillo, alias ‘Don Berna', un conocido ex jefe paramilitar colombiano ha asegurado ante las autoridades, para obtener rebaja de penas, que el asesinado arzobispo fue uno de los seis ideólogos que desde la clandestinidad orientaba el movimiento ultraderechista denominado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fundado en 1997 por Carlos Castaño, quien definió como sus "objetivos militares" no sólo a los guerrilleros armados, pero también los "guerrilleros de civil", entre los que incluía a los periodistas. Castaño fue acusado de haber ordenado el asesinato, en agosto de 1999, del famoso humorista y comentarista político Jaime Garzón.
Famoso por las atrocidades y masacres que cometió en algunas regiones de Colombia, ese grupo obedeció a los intereses de los terratenientes y otros sectores acaudalados, a la vez que reivindicó siempre ideas de corte religioso y conservador (ver la página www.colombialibre.org, de las desmovilizadas AUC).
El ex jefe paramilitar dijo que la relación de Duarte con las AUC comenzó en 1988 cuando fue nombrado Obispo de Apartadó, en la conflictiva región bananera de Urabá, cuyo control disputaron por años las AUC con las guerrillas izquierdistas y en la que el prelado permaneció durante siete años.
En un trabajo difundido el 20 de julio por Argenpress, Alberto Pinzón Sánchez resume en estos términos las confesiones de Don Berna: "…el confesor personal de Carlos Castaño, monseñor Isaías Duarte Cancino, muerto ajusticiado en un ajuste interno de cuentas Narco paramilitar (que instantáneamente fue achacado por los servicios de inteligencia militar a la guerrilla de las Farc); era uno de los 6 miembros de la junta directiva de los Paramilitares."
Desde luego, esas revelaciones fueron rechazadas con indignación por la jerarquía católica y por políticos afines a ella, pero no dicen lo mismo algunas personas que lo trataron personalmente durante años.
En su artículo ‘El Monseñor que yo conocí', difundido en la web por Tiempo, de Colombia, Diego L. Arias T. exhorta a "…evitar los extremos de dar por cierta, de entrada, la versión del jefe paramilitar, pero también los desagravios o absoluciones anticipadas".
Luego, hace la remembranza del prelado, sin escatimar elogios, pero criticando "…su omisión casi sistemática a condenar las masacres que, por la misma época y hasta su fallecimiento, ejecutaron las autodefensas en el Valle".
"En alguna ocasión, ante un auditorio reunido en la Cámara de Comercio de Cali, monseñor la emprendió con virulencia contra la guerrilla. Y así tenía que ser. Lo molesto e inadmisible fue que un día antes los paramilitares hubieran ejecutado una de sus más crueles acciones en el centro del Valle, y de monseñor no hubiera salido un solo comentario de repudio al crimen ni a los perpetradores; tampoco de solidaridad con las víctimas. Y así fue casi siempre, la verdad."
"En privado, le reclamaba por estas omisiones. Me escuchaba con respeto y asentía con un movimiento de cabeza como diciendo: '¡Tiene razón!' Sus silencios en casos como estos dolían y ofendían enormemente a las víctimas y a muchos que, como yo, en muchas jornadas, lo acompañamos promoviendo la reconciliación y el perdón. Nunca descifré el motivo de sus silencios…."
"En julio de 1999 llegaron las autodefensas al Valle del Cauca, en medio de la complacencia de muchos sectores y omisiones injustificables de las autoridades. Son conocidas al menos dos reuniones en Cali de Carlos Castaño con dirigentes nacionales (Horacio Serpa y Sergio Fajardo), a las que monseñor dio acogida. Su naturaleza humanitaria no está en discusión. Pero se habla también de otras gestiones, con Castaño y otros interlocutores, y yo creo que obraron en la misma dirección".
Asimismo, Pinzón Sánchez, en el artículo aludido, recuerda que en entrevista con la periodista Salud Hernández Mora, Carlos Castaño dijo abiertamente: '- Monseñor Isaías Duarte Cancino me invitó a Cali. En la época que a Carlos Castaño Gil lo buscaban las autoridades de todo el país. Decidí que asistiría como una de mis cinco salidas a la ciudad. Antes de viajar le dije a monseñor: Su excelencia, me manda el carro al sitio que acordemos y usted responde por mí, le recordé de manera amistosa y de la misma forma me contestó: No hay inconveniente Carlos, Usted duerme en mi casa.
Por demás severos son los juicios que hacen algunos militares y civiles que conocieron a Duarte Cancino, sea en Urabá o en Cali. De acuerdo con ellos, Duarte era "un diablo disfrazado de obispo", que hacía temblar al general Clavijo Ardila, jefe militar y civil de Urabá, cada vez que le hablaba en persona o por teléfono. "El pretendido "apóstol de la paz" no era ningún santo, sino un personaje "siniestro, enfermo por el poder, cosa que no podía esconder".
"Sus gestos eran crueles y su voz generaba conflicto y desconfianza a primera vista. Estaba seguro de que debía atemorizar a sus posibles rivales por el poder".
En Urabá se señala que Duarte estableció alianzas a su conveniencia, en diferentes períodos, sea con la guerrilla, en particular con la llamada EPL, Ejército Popular de Liberación, como con los paramilitares.
"El obispo hablaba con el presidente si era necesario, en cambio el general no podía darse ese lujo. Duarte era capaz de meter la mano por los bandidos como una vez que el ejército capturó en flagrancia a un alemán que trabajaba para la guerrilla por dinero, monitoreando las comunicaciones militares y facilitándoles equipos a los delincuentes. Cuando el alemán, marino jubilado y experto en guerra electrónica estaba listo para ser enviado preso a Bogotá, Duarte se apareció en las instalaciones de la jefatura civil y militar de Urabá y convenció a Clavijo para que desistiera de detención y así se cumplió. Al alemán le devolvieron todos los equipos que se le habían decomisado y dos días después moría asesinada la fiscal de Apartadó que realizó esa captura y decomiso".
Cuando los paramilitares expulsan a la guerrilla de esa zona, Duarte consideró, al parecer, que le convenía estar bien con los que detentaban el poder real en la zona, por lo que llegaría a hacerse más evidente su cercanía con sus católicos y anticomunistas aliados de las AUC.

9 de septiembre de 2007
14 de agosto de 2007
©kaos en la red
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saqueo en el cementerio


[Chris Kraul] Una espeluznante ola de crímenes en la capital venezolana nutre al culto de la magia negra, cuya popularidad se funda en la fe y la política.
Caracas, Venezuela. Merodeando a mitad de la noche por la apartada sección llena de maleza de Las Pavas, en el Cementerio Municipal en el sur de la ciudad, ladrones armados de palancas y martillos primero hicieron añicos la bóveda de concreto de la tumba y la lápida de granito que decía: "A mi querida esposa y madre en el cielo, María de la Cruz Agüero".
Luego levantaron la tapa del ataúd y robaron los huesos de las piernas y la calavera de una mujer que había muerto el 9 de septiembre de 1993. Vendieron los huesos en veinte dólares cada uno, y la calavera en trescientos, dijo el padre Atilio González, el sacerdote católico que reside en el cementerio.
A veces roban de las criptas de este cementerio de miles de venezolanos, incluyendo a tres ex presidentes, esqueletos enteros, especialmente de niños.
"Esta gente inescrupulosa están insultando a Dios y cometiendo un pecado mortal", dijo González. Dijo que las tumbas en los cementerios más grandes de la ciudad son robadas todas las noches, y se está poniendo peor. "Ellos tienen toda la libertad para profanar las tumbas porque el gobierno no hace nada para ponerle fin".
La profanación de la tumba de la mujer fue parte de una macabra ola de crímenes, incluyendo atracos, violaciones y tráfico de drogas, que ha transformado al cementerio en un lugar tan peligroso que los empleados de las funerarias dicen que llevan armas cuando tienen que ir allá. Partes del enorme cementerio, especialmente las apartadas colinas reservadas para los pobres, están en ruinas y cubiertas de maleza, ofreciendo un escondite perfecto para gamberros y vagabundos.
En el pasado, cuando se robaban tumbas, el objetivo principal era robar efectos personales, como joyas o empastes dentales de oro, dijo Odalys Caldera, detective de la policía judicial de la ciudad. Hoy, los ladrones están saqueando las tumbas por razones más siniestras.
Los compradores de los huesos son paleros, practicantes de un culto de magia negra relacionada con la santería, cuyo aumento en popularidad aquí es causado por una extraña pócima de fe y política.
"La santería, la brujería y la magia negra ahora son mucho más abiertas. Esa es la razón", dijo Caldera. "Por supuesto, el estado está consciente de los robos, pero no ha tomado los pasos necesarios para ponerle fin".
La santería, que combina el catolicismo con el espiritualismo africano e indígena, llegó al Nuevo Mundo de la mano de los esclavos de África hace siglos y que todavía florece, particularmente en Cuba, Haití, Brasil y, cada vez más, Venezuela. También es popular en regiones de Estados Unidos con fuertes comunidades de inmigrantes caribeños, tales como el sur de Florida, Washington y Los Angeles, donde se cree que la practican cientos de miles de personas.
Aunque la mayoría de los seguidores de la santería evitan el uso de restos humanos y el satanismo, los paleros la adoptaron. Usan los huesos en rituales de magia negra, en los que el objetivo es echar una maldición contra enemigos: inducir la mala suerte en una esposa infiel, un accidente de carretera para parientes políticos indeseados, una enfermedad grave para un competidor en los negocios, dijo González.
La policía, funcionarios de la iglesia e historiadores ofrecen una variedad de teorías sobre el surgimiento de la santería en general y de la magia negra en particular en Venezuela. Algunos, incluyendo al antropólogo Robert Strauss, señalan el vacío dejado por la iglesia católica que, como en muchos otros países latinoamericanos, ha perdido fieles en Venezuela en beneficio de los evangélicos y otras religiones protestantes. La iglesia tampoco logra despertar interés entre la gente más joven.
"Estamos viendo un nuevo sincretismo que reúne partes de diferentes religiones", dijo Strauss, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. "Es como la gente se facilitó las cosas a la hora de satisfacer necesidades espirituales".
González reconoció que el país está sufriendo una crisis de fe.
"La gente está perdiendo la fe", dijo. "En lugar de asumir la responsabilidad de hacer algo bueno, recurren a la brujería, que creen que es el camino más fácil".
Pero otros ven la mano de los políticos. El Padre Manuel Díaz es el párroco de El Hatillo, un suburbio de Caracas donde hace poco tres babalaos de santería, o chamanes, abrieron centros de operaciones. Dice que el gobierno del izquierdista presidente Hugo Chávez está estimulando el surgimiento de la santería para contrarrestar la autoridad de la iglesia católica, a la que Chávez percibiría como enemiga.
En una carta pastoral a sus parroquianos del mes pasado, Díaz dice que el gobierno "tiene planes concretos para minar la autoridad de la iglesia y alinear a los fieles con ciertas ideologías". En la carta, escribió que los líderes del movimiento para desacreditar a la iglesia provenían de un "país del Caribe" no mencionado, presumiblemente Cuba.
Aunque la santería y otras religiones espiritualistas han estado presentes en Venezuela desde los días de la Colonia española, el surgimiento de la magia negra, incluyendo la que es practicada por los paleros, es relativamente nuevo, dijo María García de Fleury, profesora de religiones comparativas en la Universidad de New Sparta, en Caracas.
"Siempre hemos tenido un poco de brujería, pero nada como lo que hemos visto hace poco", dijo De Fleury. "Esto no es venezolano".
Sin ofrecer evidencias sólidas, De Fleury y algunos funcionarios de la iglesia culpan de la creciente presencia de la santería a Cuba, de la que dice que está exportando babalaos junto con doctores, maestros y entrenadores en el marco de unas relaciones económicas más estrechas con Chávez.
"Se debe a que el gobierno está detrás de la santería, promoviéndola, dejando entrar a los babalaos cubanos que están haciendo proselitismo muy activamente", dijo De Fleury.
Aunque sin referirse a la santería, Chávez, en una transmisión de febrero de 2003 de su programa de televisión ‘Aló, Presidente', negó que él fuera un creyente de la magia negra. Se sabe que es algo místico, y algunos dicen que cree que es la reencarnación del líder venezolano del siglo diecinueve, Ezequiel Zamora.
"El presidente Chávez, que conoce la mentalidad de los venezolanos, saca ventaja de su imaginación mágico-religiosa para aumentar su popularidad y la de la revolución", dijo en un ensayo poco después de que Chávez asumiera el poder en 1999, la profesora universitaria Angelina Pollak-Eltz.
Yarlin Mejía, empleado de un hotel que es también un babalao en la barriada de Catia, Caracas, dijo que la mayoría de los creyentes en la santería evitaban la brujería. "Los paleros trabajan para el mal", dijo Mejía. "En mi caso es diferente. Yo trabajo con cosas positivas".
Los domingos llega una media docena de personas a casa de Mejía, donde sus ceremonias incluyen ‘magia blanca' -rituales para ayudar a los creyentes a alcanzar objetivos específicos, sea una casa nueva, un mejor trabajo o éxito en la escuela. Usualmente se sacrifica a un pollo. Mejía dice que está creciendo el interés y lo atribuye a la presencia de cubanos.
"Están en todas partes", dijo Mejía.
El Padre González, cuya parroquia incluye a los cientos de miles de difuntos que pueblan el Cementerio Municipal, hizo una aciaga inspección de los terrenos del cementerio para evaluar las pérdidas.
Media docena más de tumbas habían sido profanadas durante el fin de semana en otra sección del cementerio, un lugar con tumbas de pobres donde se han robado el setenta por ciento de las tumbas, dijo.
Dijo que la floja vigilancia policial ha convertido al cementerio, al que dio su corazón y su alma durante dieciocho años, en un escenario frecuente de crímenes. Tres o cuatro atracos a mano armada y varias violaciones al mes.
María Machado, que vino a visitar la tumba de su marido José, que murió en 2000, dijo que temía por su vida cada vez que venía de visita.
"Esto no era así antes, cuando había otro presidente", dijo Machado. La tumba de su marido estaba junto a varias tumbas saqueadas, y una de ellas tenía los restos de un pollo sacrificado en un rito de santería.
"Me preocupa venir un día y descubrir que mi marido ya no está", dijo Machado. Ella y sus dos nietos eran los únicos visitantes de la sección de Las Pavas del cementerio, que cuando fue fundado en 1867 estaba mucho más allá de las fronteras al sudoeste de la ciudad.
Un día hace poco, el cementerio fue el escenario de un macabro ritual que se ha convertido en algo familiar cuando se entierra a un miembro de una pandilla, dijo González. Dio otro ejemplo de la ausencia de la ley aquí.
Durante la procesión funeral de una víctima de un disparo de 25 años, los amigos repentinamente detuvieron al cortejo y sacaron al cuerpo del ataúd para darle una última vuelta por el cementerio en el asiento trasero de la moto de un amigo.
Como homenaje final antes de la sepultura, el difunto recibió el saludo de treinta armas -pistolas disparadas por sus camaradas. Una de las balas perforó el paraguas del Padre González, que oficiaba la sepultura.
"Ahora no solamente sufro por el dolor que sienten los familiares de los muertos", dijo, "sino también por la falta de respeto hacia este lugar sagrado".

chris.kraul@latimes.com

7 de septiembre de 2007
5 de septiembre de 2007
©los angeles times
©traducción mQh
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las latas de atún de chávez


[Pascual Serrano] La historia del enésimo montaje contra Venezuela.
Hemos asistido a un gran debate sobre la presencia de latas de atún en las zonas afectadas por el terremoto de Perú donadas por Venezuela, donde aparecían fotos del presidente Hugo Chávez y el opositor peruano Ollanta Humala con frases críticas contra el gobierno de Perú. La gran mayoría de los medios, y muy especialmente los españoles, han arremetido contra el gobierno venezolano al que han acusado de aprovecharse de una tragedia para hacer campaña. El asunto fue primera página de los diarios El País, El Mundo y La Razón el día 21 de agosto. Vale la pena estudiar con detenimiento el asunto.
Lo primero que llama la atención es que de la única fuente de donde se nutren todos los periódicos y agencias para afirmar la distribución de esas latas es el periódico de derechas peruano Expreso. En él aparece la noticia el día 20 sin firmar con una foto cuya autoría tampoco se cita. Resulta sorprendente que ningún otro periodista ni medio de comunicación presente en la zona -y había muchos- pudo encontrar las latas, a pesar de que el diario peruano decía que había "miles" "repartidas en zonas de desastre".
Al día siguiente El Mundo titula: "Chávez envía ayuda humanitaria a Perú etiquetada con propaganda bolivariana" . La crónica del enviado especial a Pisco, Ramy Wurgaft, comienza afirmando que "El Partido Nacionalista de Perú, (PNP), una formación con fuerte apoyo financiero y logístico desde Caracas, envió a la zona de la catástrofe 3.500 latas de atún en las que aparece la imagen de su líder Ollanta Humala, junto a la del presidente venezolano Hugo Chávez sobre un fondo rojo". A pesar de encontrarse el periodista en la zona la noticia la ilustra con la foto del diario peruano del día anterior, es decir, el enviado de El Mundo no ha fotografiado ni suponemos que ha visto las latas puesto que debe recurrir a una fotografía de hemeroteca. Sólo dentro del texto encontramos el desmentido de líder opositor peruano Ollanta Humala y del ministro de Información de Venezuela, William Lara.
Eso sí, recoge un testimonio que confirma la noticia, el de "Desiderio Vergara, empleado de la red de supermercados Wong", que "comentó a El Mundo que los nacionalistas pegaron unas etiquetas en las que se lee: «Frente al desastre natural que sacudió al Perú, el PNP se hace presente junto con la hermana República Bolivariana de Venezuela y su líder, Hugo Chávez»". Resulta sorprendente que si buscamos a esa persona en Internet no ha hecho declaraciones a ningún otro medio, sólo a El Mundo, pero también si entramos a la web de esa cadena de supermercados y vemos el listado de tiendas [1] comprobamos que todas están en Lima, no hay ninguna en la zona del terremoto, difícil será por tanto encontrar allí a empleados de la cadena. Para asegurarnos llamamos al servicio de atención al cliente de supermercados Wong y, efectivamente, nos confirman que no tienen comercios fuera de la capital de Perú.
La noticia le permite al diario español publicar un texto a modo de editorial titulado ‘La falta de escrúpulos de Chávez'.En él mezclan la compra de armamento, el encuentro de Maradona con Chávez y, como no, el asunto de las latas de atún señalando la "falta de escrúpulos para hacer proselitismo incluso aprovechando la peor de las tragedias. La ayuda humanitaria de Venezuela a los damnificados de Perú incluye conservas con su efigie y la de su protegido en el país andino, Ollanta Humala".
Al día siguiente, el 22 de agosto, su columnista David Torres volverá a cargar contra el presidente venezolano con un artículo titulado ‘El atún de Chávez'.
El derechista diario español La Razón también dedica página entera al asunto ese 21 agosto en una información desde Pisco del enviado especial Ángel Sastre, bajo el sensacionalista título de ‘Chávez envenena el rescate en Perú'. Como subtítulo: "El presidente venezolano envía ayuda humanitaria para paliar el seísmo etiquetado con su imagen y la del derrotado candidato a la Presidencia, su aliado populista Ollanta Humala". El periodista también cita como fuente el diario peruano y opta por no publicar foto alguna a pesar de que la información ocupa toda la página. Por supuesto el desmentido del embajador venezolano que recoge dentro del texto no le impide dar por hecho la existencia de las latas a pesar que no las ha visto y menos aún fotografiado.
También el diario ABC de este 21 de agosto se hace eco de la noticia, pero de forma breve y citando un cable de AFP, el cual a su vez cita al diario Expreso en aquella noticia que nunca se supo quien la escribió porque nadie la firmó.
Sin embargo, la versión digital de El Mundo del mismo día ya reconoce que el asunto no está muy claro con el titular ‘El misterio de las latas de atún con propaganda de Chávez', ahora ya procedente de un teletipo de Efe y no de su enviado que recoge testimonios en Pisco de empleados de empresas que están en Lima e informa de la presencia de latas de atún cuyas fotografías debe recogerlas de un periódico del día anterior. Es el mismo cable que publica ese día El País, también en portada, recogiendo en el subtítulo "El Gobierno de Venezuela ha negado que el alimento que ha donado tras el terremoto esté etiquetado con la fotografía del Presidente. -La oposición peruana tampoco se ha adjudicado la autoría".
Resulta curioso que si vemos con detalle los textos de los cables de las agencias, el envío a Perú de latas de atún con la esfinge de Chávez y Humala está siendo desmentida por el nuevo embajador de Venezuela en el país, José Armando Laguna; el ministro de Información de Venezuela, William Lara; el director del cuerpo nacional de socorristas de la Protección Civil de Venezuela, coronel Antonio Rivero, quien mostró a la prensa local las bolsas con alimentos que se han enviado a Perú para demostrar que son marcas comerciales locales y que no tienen fotos de Chávez o de Humala, y el ministro de exteriores venezolano, Nicolás Maduro. Este último afirmó sin dudas que se trataba de un "montaje" y una "lata podrida" con el fin de "manchar" la solidaridad del gobierno de Hugo Chávez con el pueblo de esa nación. Pocos días más tarde el propio Chávez también desmentiría su relación con esas latas.
Incluso, ni siquiera el presidente peruano Alán García confirmó el origen de los envases: "No creo que Chávez esté haciendo propaganda, porque él no es candidato aquí en el país. Habría que preguntarse quién entrega esas latas, que es de muy mal gusto". Extraño que haya camiones repartiendo miles de latas y que el presidente del país no sepa de donde proceden.
Mientras tanto, el catedrático de Comunicación español jubilado Vicente Romano, presente en esas fechas en Perú, ha señalado en el periódico Rebelión.org que "Todas las latas reunidas por el PNP (el partido de Ollanta Humala) son de marcas comerciales peruanas. Los envíos de Venezuela han permanecido almacenados (retenidos) en la base aérea de Ica. Ninguna autoridad fue a recibir la ayuda venezolana. La revisión de la carga no ha descubierto nada relacionado con las latas de marras. El presidente Alan García se ha disculpado a medias ante Chávez, pero deja abierta la calumnia para Ollanta". Romano también ha recordado que la línea editorial del diario Expreso ha sido de constante acoso y mentiras contra el opositor Humala.
Las conclusiones a las que podemos llegar están claras. La prensa mundial se ha lanzado de cabeza a criticar al presidente Chávez por aprovechar el terremoto de Perú para enviar una ayuda en forma de latas de atún con las que hace apología política, pero ni un solo enviado de esos medios ha visto las latas ni les ha hecho fotos, puesto que todos citan y reproducen las mismas imágenes del diario peruano donde no aparecen nunca más de tres latas, bien expuestas a la cámara a pesar de que dicen que hay miles. Una noticia de la que ningún periodista ni ningún fotógrafo del diario peruano se ha hecho responsable. El hecho fue desmentido desde Venezuela por dos ministros, un embajador, el presidente y el responsable de protección civil; y desde Perú por el líder del partido que decían aparecía en la etiqueta. Ninguno de esos desmentidos ha podido evitar que se siga afirmando o insinuando la presencia de esas latas. Tampoco ha aparecido ningún damnificado del terremoto que haya afirmado haber recibido ni consumido ninguna de esas conservas. El único testimonio es recogido en Pisco y procede de un empleado de unos supermercados que no existen en esa región. Tampoco existe ni se ha hecho público dato alguno sobre qué empresa -venezolana o peruana- las ha fabricado y distribuido, ni tampoco información sobre su registro sanitario o legal.
Por último, un detalle, el gobierno peruano que dice no saber nada del asunto ni haberlo investigado, parece muy eficaz etiquetando productos con motivo del terremoto. El día 23 se informaba que iba a regalar a los gobiernos que habían ayudado tras el seísmo botellas de pisco, un licor local, etiquetado como ‘Pisco 7,9', en alusión al grado de la escala Richter alcanzado por el terremoto.

[1]Vea aquí . 1 de septiembre de 2007
©pascual serrano
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perros colgados y hojas sagradas


El ex presidente Alberto Fujimori fue el hombre clave en la construcción de los carteles de la coca en Perú.
En 1961, la ciudad de Lima albergaba a 1,8 millones de habitantes. Sólo tres décadas después, en 1991, ya eran 6,5 millones, y más del 60% vivía en extrema pobreza. Ese mismo año, unas 200 mil familias estaban dedicadas a los cultivos de coca, en un mercado que movía unos 700 millones de dólares.
En 1968, el general Juan Velasco Alvarado encabezó un golpe de Estado reformista e inició una rápida reforma agraria en la costa y en los faldeos de los Andes peruanos. Parte de las nuevas tierras y la mano de obra barata fueron empleadas por los narcotraficantes colombianos que se preparaban para entrar al mercado norteamericano. Los nacientes carteles de Medellín y de Cali escogieron el valle del río Huallaga, en el noreste del Perú, como centro de producción, porque allí las variedades de la coca son muy ricas en alcaloides. Y mientras crecían las plantaciones, otro proceso germinaba entre los campesinos indígenas.
En 1964, el Partido Comunista Peruano se dividió entre prosoviéticos y prochinos. En 1967 se escindió de estos últimos una vertiente que formó Sendero Luminoso. Ese mismo año, los guerrilleros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) impulsaron una rebelión de corte castrista.
A comienzos de los años 70 existían en Perú 1.500 hectáreas de cultivos que producían unas 3.500 toneladas de hojas de coca, lo que bastaba para el consumo de la población indígena.
En agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez depuso a Velasco Alvarado y reimplantó el predominio de la elite más tradicional, mientras los amerindios, cholos, mulatos, mestizos y zambos, la enorme mayoría de la población, siguieron en la miseria.
En la Amazonía peruana, entre las localidades de Tingo María y Tarapoto, se agrupaban numerosos poblados que, al sentirse abandonados por el Estado, optaron por cultivar coca. Los colombianos instalados en el lugar reclamaban hoteles, restaurantes, automóviles, discotecas, prostíbulos y orquestas para amenizar sus fiestas y hacer más cómoda su estadía.
La lucha armada iniciada por Sendero Luminoso en mayo de 1980 (algunos años más tarde irrumpiría en Lima con el brutal gesto de colgar cientos de perros de los postes del alumbrado publico) buscó el control total de las actividades productivas, sociales y políticas. Los hombres de Abimael Guzmán, el Presidente Gonzalo , amenazaron a los habitantes, juzgaron a sus autoridades y designaron a sus reemplazantes. Se movilizaban en grupos fuertemente armados y dispuestos a enfrentarse con quien fuese. Desde abril de 1987, Sendero proclamó zonas liberadas, expulsó a la policía y obligó a los narcotraficantes a desarmarse.
Los productores de coca deseaban protección y más dinero. Sendero les ofreció defenderlos y extirpar el alcohol, la violencia y el relajo moral que habían impuesto los colombianos. Los guerrilleros obligaron a trabajar a todo el mundo, cerraron los garitos y burdeles, asesinaron a los homosexuales, desterraron a las prostitutas, y castigaron el adulterio de ambos sexos llegando a rapar a los hombres, a los que dejaban dos mechones en la frente a modo de cuernos.
Abimael Guzmán prohibió a los colombianos cambiar dólares en las agencias bancarias e instruyó a los campesinos sobre cómo y a quién vender su producción. El comercio de hojas de coca y de pasta base de cocaína (PBC) en la región generaba ingresos por unos 600 millones de dólares, de los que el 5% era para los senderistas.

Alto Rendimiento
En septiembre de 1989, una hectárea de tierra fértil producía mil kilos de coca, a tres dólares el kilo; una hectárea de café entregaba 400 kilos, a dos dólares el kilo; una de cacao, 500 kilos, a un dólar cada uno, y una hectárea de achiote (planta cuyo polvo es de uso farmacológico), 600 kilos a 90 centavos de dólar el kilo. La coca salía por vía aérea hacia Colombia; los productos agrícolas viajaban a la costa por malas carreteras.
La PBC era vendida en bolas de un kilo; cada una valía de 350 a 400 dólares en 1988; su precio bajó a 150 dólares en 1989 y a 50 en agosto de 1990. Y tres kilos de PBC rinden uno de pasta lavada, que en junio de 1989 valía 400 dólares.
A fines de los años 80, en el Alto Huallaga vivían 60 mil familias, cada una de las cuales poseía entre dos y cuatro hectáreas de cocales. Desde 1979 a 1989, Estados Unidos entregó ocho millones de dólares anuales para que las plantaciones de coca fueran arrancadas, pero los precios de los cultivos alternativos siguieron bajando. Expertos locales sugirieron a Washington que, para terminar con la coca, subieran en un 30% el precio de los productos sustitutos, y se les diera prioridad a su ingreso a los mercados estadounidenses. También recomendaron apoyar la creación de agroindustrias procesadoras de café y de chocolate. Ninguna iniciativa tuvo éxito.
En 1989, cuando la inflación superó el 2.000% anual y la economía peruana se despeñaba, surgió la candidatura de Alberto Fujimori, quien luego de romper todos los pronósticos, asumió la presidencia del país el 28 de julio de 1990. En los últimos diez años, la lucha en contra de la guerrilla y del narcotráfico había provocado más de 17 mil muertos y cerca de 15 mil millones de dólares en pérdidas materiales.
En 1991, la ciudad de Lima tenía 6,5 millones de habitantes. Sólo tres décadas antes, en 1961, albergaba a 1,8 millones. El 52% de las industrias era informal y más del 60% de la población vivía en extrema pobreza. Ese mismo año, unas 200 mil familias estaban dedicadas a los cultivos de coca, en un mercado que movía unos 700 millones de dólares. Los campesinos recibían un promedio de 700 dólares anuales por persona. En las selvas ya se estaba refinando la PBC y enviando la cocaína directamente a Estados Unidos y Europa, como resultado de la guerra del Estado colombiano con los carteles de Medellín y Cali.

Aparece Fujimori
El 5 de abril de 1992, Fujimori decidió dar un golpe de Estado, apoyado por los militares. Uno de los argumentos que usó para disolver el Congreso y arrogarse poderes casi dictatoriales fue que parlamentarios corruptos bloqueaban reformas destinadas a detener el cultivo y exportación de coca. Al mismo tiempo, los militares anunciaron que asumían el control de todas las pistas aéreas existentes en el Alto Huallaga.
El economista Hernando de Soto, autor del libro El otro sendero , afirmó que Fujimori guardó silencio cuando funcionarios estadounidenses le preguntaron por qué salían cargamentos de droga desde pistas de aviación controladas por los militares.
Hasta ese momento, el sueño de un alto oficial militar peruano era ser enviado a un cargo diplomático en Londres, París o Washington. Ahora se peleaban por lograr el mando en una unidad en el valle del Huallaga. Oficiales corruptos cobraban una especie de peaje a los aviones de los narcotraficantes, lo que les reportaba entre 20 mil y 50 mil dólares mensuales.
El senador Raúl Ferrero Costa estimó que el gobierno de Fujimori había interceptado 60 avionetas con droga durante un año. La cifra es ínfima si se calcula que hay 30 vuelos diarios de avionetas en el valle del Huallaga , agregó el senador, titular de la Comisión de Justicia del disuelto Congreso.
Fujimori dispuso, a partir de su autogolpe, que sería él quien decidiría el ascenso de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Uno de sus asesores era Vladimiro Montesinos, un ex capitán vinculado a la CIA y principal consejero del general Julio Salazar Monroe, director del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú (SIN). Montesinos había sido expulsado del Ejército en 1976 por vender secretos militares relativos al armamento soviético en manos de las Fuerzas Armadas. Tenía estudios de Derecho y se transformó en un abogado de traficantes de drogas colombianos y peruanos, a quienes ayudó a fugarse o a desaparecer los expedientes judiciales. Logró sacar del paso a un grupo de oficiales superiores de la policía que protegía al padrino mafioso Reynaldo Rodríguez López, detenido en 1985. Montesinos también hizo desaparecer, en 1989, unas actas procesales sobre operaciones de bienes raíces dudosas realizadas por Alberto Fujimori.
Ciertos observadores consideraban que el autogolpe de abril de 1992, en cuya preparación Montesinos desempeñó un papel importante, tuvo como objetivo principal borrar las pruebas de la complicidad militar en el tráfico de drogas y en las violaciones de los derechos humanos. Entre el 5 y el 10 de abril, comandos del Ejército habrían hecho desaparecer un tercio de los legajos concernientes a casos en curso desde el Palacio de Justicia y la Fiscalía General del Perú.
Corresponsales del hoy desaparecido Observatoire Geopolitique des Drogues, una de las instituciones más prestigiadas del mundo en el tema del narcotráfico, afirmaron que todo indicaba que Fujimori podía contar con la fidelidad absoluta del Ejército y que le bastaba con dejar que los oficiales se financiaran con el comercio de la PBC.

Inquietud en Chile
En agosto de 1992, oficiales de Carabineros advirtieron que la mayor amenaza para Chile provenía de una nueva organización criminal denominada el cartel de Lima, que había llegado a controlar gran parte de la venta de hojas de coca y que estaba incursionando en la refinación. Uno de los temores era la repetición en la frontera chileno-peruana de la alianza de ‘Las ratas de la costa', un acuerdo entre traficantes colombianos y venezolanos dedicados al lavado de dinero.
En septiembre de 1993, agentes de la Policía de Investigaciones consiguieron ubicar en Chile a los cabecillas de una importante conexión del cartel de Lima que desde hacía varios años enviaba grandes partidas de cocaína a Europa.
En una lujosa residencia de la Vía Roja, de Lo Curro, los detectives arrestaron al peruano Jorge Saer Becerra, de 41 años, quien se encontraba ilegalmente en Chile desde 1989 bajo la identidad de Jorge Antonio Sáez Rivero. Era buscado por Interpol en Inglaterra, Australia, Italia, España y Alemania. La policía alemana lo sindicaba como uno de los principales involucrados en la internación de 2.854 kilos de cocaína refinada. El Gobierno alemán pidió a Chile la extradición de Saer y policías de ese país viajaron para llevárselo a fines de 1993.
Un día antes de que la Corte Suprema aprobara su detención preventiva para ser deportado, logró obtener la libertad bajo fianza y salió de la ex Penitenciaría para huir al extranjero.
Saer Becerra, conocido en Perú y Colombia como El Coqui , era un importante miembro del cartel de Cali y había internado a Chile cerca de una tonelada de cocaína que fue almacenada en una bodega de Las Condes y posteriormente enviada al extranjero. Estaba vinculado a otro narcotraficante peruano que estuvo radicado en Chile, Juan Guillermo Cornejo Huallpa, que usaba el nombre falso de Jorge Acosta Vargas y que, tras conocerse la captura de Saer, huyó hacia Argentina abandonando un patrimonio de dos millones de dólares. Dejó su mansión en Lo Curro, su parcela en la zona central y sus empresas. Este peruano era muy cercano a Reynaldo Rodríguez López, el padrino que Montesinos había ayudado.
Durante las pesquisas, Investigaciones pidió la colaboración a las policías de Perú y Bolivia, sin conseguir mucho. Era evidente, incluso, que muchos de los antecedentes proporcionados a los policías peruanos les eran entregados a los propios delincuentes para que evitaran ser capturados.
El máximo jefe antinarcóticos de Investigaciones, el subprefecto José Sotomayor, no pudo contenerse: No tienen ninguna disposición efectiva para prevenir ni controlar el narcotráfico, dijo a la prensa, agregando que estamos permanentemente reclamando en forma diplomática y policial para comprometerlos en este trabajo. Añadió que de los 450 kilos de cocaína decomisados en Chile ese año, 350 correspondían a la zona norte, donde se había arrestado a 1.500 narcotraficantes.
Sotomayor indicó que si se analizaban las estadísticas de Perú y Bolivia se comprobaba que la información era casi nula y que al otro lado de las fronteras prácticamente no existían detenidos ni decomisos.
La diplomacia pudo más que la franqueza del subprefecto; 24 horas después, Sotomayor fue removido y abandonó el cuartel antidroga en medio del aplauso de sus compañeros. [Luego se descubriría que también estaba implicado en el tráfico de drogas].

Vaticano y LAN Chile
En marzo de 1994, el narcotráfico en Perú era controlado por ocho organizaciones. La DEA informó que tras la captura de Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano , el 14 de enero de ese año en Cali, otros narcos se aprestan a ocupar su lugar.
Vaticano era sindicado como el mayor narcotraficante peruano y se le atribuía el control anual de unos 60 mil kilos de PBC lavada, equivalentes a 900 millones de dólares. El mismo día de su arresto fue deportado a Perú y condenado a 30 años de cárcel. Algunos policías peruanos afirmaban que sería reemplazado por su hermano Elías, alias Lan Chile .
Vaticano tenía un competidor, el colombiano Waldo Vargas Arias, alias El Ministro , quien controlaba el despacho de unos 40 mil kilos de pasta lavada hacia Cali y había montado laboratorios para producir cocaína de alta pureza. Otros postulantes a dominar el negocio de la coca eran los hermanos Cachique Rivera, con bases en todo Perú. A la zaga se ubicaban otras seis organizaciones menos conocidas que operaban en Ayacucho, en las cercanías de Tacna y en Madre de Dios, en el límite con Bolivia y Brasil.
Un mes después, en abril de 1994, una comisión especial del Parlamento anunció que unos 100 oficiales de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional estaban involucrados en casos de narcotráfico, además de otro centenar de oficiales que ya habían sido sentenciados. Y en abril se informó que por primera vez un general peruano sería sometido a la justicia civil por un delito vinculado al tráfico de estupefacientes. Se trataba de Jaime Ríos Arayco, jefe del comando político militar de la zona del Alto Huallaga, quien sería procesado junto a otros 11 oficiales.
En ese instante, las mafias de la droga controlaban el 60% de la Amazonía peruana, donde 1,2 millones de personas se dedicaban al cultivo y a la refinación de coca que era movilizada a través de 300 pistas aéreas clandestinas: el mercado llegaba a los mil millones de dólares anuales.
Expertos advertían que el 80% de las mujeres recluidas en el país estaban purgando condenas por narcotráfico; la mayoría pertenecía a los estratos más pobres y había sido sorprendida vendiendo pasta base. Les seguían en número las mulas que transportaban droga al exterior: casi todas jóvenes hermosas, modelos o estudiantes universitarias.

El Avión Presidencial
El momento de mayor actividad de las organizaciones peruanas se localiza en la segunda mitad de los años 90, cuando se detectaron unas 25 firmas que operaban simultáneamente. Las más activas fueron las lideradas por José María Aguilar Ruiz (Shushupe), Waldo Simeón Vargas Arias (Ministro), Lizardo Macedo Santillán (Cristal), los hermanos Cachique Rivera, Lamber Rengifo Tello, Diego Vallejos Reyes (Albino) y Julio Daniel Augurto Lugo (Camello).
El 40% de los 23 millones de peruanos seguía siendo pobre, por lo que el rápido enriquecimiento que brindaba el narcotráfico se imponía como una forma eficaz y segura de abandonar la miseria. En este escenario, Fujimori volvió a imponerse en las urnas y asumió en julio de 1995 su segundo período de gobierno.
Tres meses después, 11 altos oficiales del Ejército peruano entre ellos dos generales fueron acusados por un fiscal por tráfico de drogas.
Eran David Jaime Sobrevilla, que en 1992 fue jefe político-militar de la zona del Mántaro, y MacDonald Pérez Silva, miembro de su Estado Mayor. Sobrevilla era llamado El Abuelo por los narcos, y fue acusado de colaborar con Abelardo Cachique Rivera (El Negro), condenado a cadena perpetua.
A la acusación se sumaban otras en contra de otros tres generales. Uno de ellos era Jaime Ríos Araico, ex jefe del frente de Huallaga, acusado de colaborar con Vaticano , quien tras ser detenido detalló a la justicia su relación con Vladimiro Montesinos.
Uno de los casos más sorprendentes fue el uso del avión presidencial para transportar cocaína. Miembros de la Fuerza Aérea Peruana cargaron 93 kilos en un viaje a Moscú, 15 kilos rumbo a las islas Canarias, 30 kilos en dos viajes a Miami y otros 174 kilos que iban a ser desembarcados en una gira de Fujimori a Europa, en mayo de 1996. Uno de los principales responsables de los cargamentos era el edecán aéreo del Mandatario.

20 de agosto de 2007
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silencio ante reformas de chávez


[Héctor Tobar y Chris Kraul] Algunos comentaristas ven en la propuesta del presidente venezolano un intento de fortalecer su autoridad un golpe a la democracia de la región.
El presidente de Venezuela estuvo en la primera plana de la mayoría de los diarios aquí el jueves, con titulares que expresaban asombro por su discurso de la noche anterior.
‘Hugo Chávez Para Siempre', declaró Excelsior, refiriéndose a su propuesta el miércoles de reformar la Constitución venezolana y eliminar los límites del mandato presidencial.
Pero en el despacho del presidente mexicano Felipe Calderón reinó el silencio. Una portavoz dijo que el presidente no haría comentarios sobre "asuntos de la soberanía nacional de Venezuela".
En toda América Latina los comentaristas expresaron preocupación de que el presidente más colorido y controvertido de la región estuviera socavando la democracia aquí. Pero los presidentes de Ciudad de México a Buenos prefirieron abstenerse de comentarios.
Chávez se ha convertido en el personaje más polarizador de América Latina. Sus partidarios en casa y en el extranjero lo aclaman como un osado líder que ha retado a la elite venezolana y a Estados Unidos.
Otros ven sus propuestas, explicadas el miércoles en un discurso de cinco horas en el que prometió hacer avanzar al país hacia un "socialismo del siglo 21", como una confirmación de que es un peligroso demagogo.
"Ha ido más allá incluso que Darth Vader", escribió el lector Enrique Martínez en un comentario en el blog del diario Reforma de Ciudad de México. "Estas cosas sólo se ven en películas. Está realmente loco".
En El Salvador, Ernesto Rivas Gallont, ex embajador ante Estados Unidos, dijo: "Lo que está haciendo Hugo Chávez es robar al pueblo venezolano del sagrado derecho a la democracia. Gracias al petróleo tiene millones de dólares... y lo está usando para comprar la voluntad del pueblo".
Entre las treinta y tres enmiendas constitucionales propuestas por Chávez se encuentra aumentar el mandato presidencial de seis a siete años y eliminar el límite del mandato de dos términos. También quiere instituir la jornada laboral de seis horas, eliminar la autonomía del banco central y ampliar su autoridad para expropiar propiedades y militarizar algunas regiones de Venezuela.
Chávez, al que la Asamblea Nacional le otorgó en enero la autoridad para gobernar por decreto, defendió sus propuestas como "una transferencia del poder al pueblo". Las reformas constitucionales deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional antes de ser presentadas a los votantes en un referéndum.
Las propuestas van a contramano de los mercados abiertos y de gobiernos no militares en otros países latinoamericanos, incluyendo Chile, Colombia y México. Pero el jueves, incluso esos gobiernos prefirieron no oponerse al presidente venezolano.
"México ha dejado claro que, habiendo salido recién del ring con Chávez, no quiere volver a subir a él", dijo Rafael Fernández de Castro, un analista político de Ciudad de México. Se estaba refiriendo a una serie de altercados en 2006 en los que Chávez criticó los estrechos lazos de México con Estados Unidos.
México tiene poco que ganar con más broncas con Chávez, que ha construido fuertes alianzas con Bolivia, Nicaragua, Ecuador y otros países utilizando el enorme golpe de fortuna del petróleo venezolano para subvencionar la venta de combustible y financiar programas de desarrollo.
La iniciativa PetroCaribe de Chávez proporciona petróleo a Jamaica, Dominica y otros países del Caribe en condiciones preferenciales.
"Esos países están ahorrando 450 millones de dólares al año gracias a PetroCaribe", dijo Óscar Vargas, sociólogo y politólogo en Nicaragua. "¿Cree usted que sus presidentes van a hablar contra las decisiones venezolanas?"
En Nicaragua, Chávez fue el invitado de honor en la inauguración del presidente Daniel Ortega en enero. Chávez ha prometido proporcionar a Nicaragua combustible barato y la construcción de nuevas plantas de electricidad allá.
Un barrio en la capital, Managua, fue bautizado como Chávez debido a que Venezuela pagó la instalación del servicio eléctrico allá.
"Chávez ha utilizado los beneficios del petróleo para mejorar la vida de la población", dijo Vargas. "Esa es la razón más importante por la que ha ganado tantas elecciones y no ha sido sacado del poder".
Alexei Paez, un experto en relaciones internacionales en Quito, Ecuador, dijo que la propuesta de Chávez de permanecer más tiempo en el cargo es parte de una tendencia reciente.
Los presidentes Alberto Fujimori, de Perú; Carlos Menem, de Argentina; y Álvaro Uribe, de Colombia, aprobaron cambios constitucionales para mantenerse en el poder más allá del tiempo prescrito por la ley.
Román Ortiz, un académico de un laboratorio ideológico en Bogotá, dijo que ha habido veces en que una democracia no quiere que el presidente abandone el escenario. Citó las cuatro elecciones que ganó el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, antes de que se introdujera el límite de dos mandatos.
"La gente a veces considera al presidente como esencial para salir de una emergencia o solucionar un problema estructural", dijo Ortiz. "No veo motivos para no permitir que ocurra en América Latina".

hector.tobar@latimes.com
chris.kraul@latimes.com

Tobar informó desde Ciudad de México y Kraul desde Caracas, Venezuela. María Antonieta Uribe en Ciudad de México, Andrés D'Alessandro de Buenos Aires y Alex Renderos en San Salvador contribuyeron a este artículo.

17 de agosto de 2007
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©traducción mQh
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chávez, por la jornada de seis horas


[Juan Francisco Alonso y Francisco Peregil] Como parte de su propuesta de modificación de la Carta Magna.
Caracas, Venezuela. El mandatario venezolano también planteó eliminar la autonomía del Banco Central y extender el mandato presidencial.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, abrió la brecha para que el gobierno pueda ocupar cualquier bien susceptible de expropiación, de manera preventiva y antes de que concluya el juicio en el que determinaría el monto que deberá pagarse a sus propietarios. Además anunció la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias y la eliminación de la autonomía que el Banco Central de Venezuela mantiene en la actualidad con respecto al gobierno. Estas son algunas de las 33 modificaciones que el mandatario abordará en la Constitución de 1999.
"En lo económico, nuestra Constitución no tiene rumbo preciso, es ambigua y es producto del momento, habrá que recordar que cuando la Revolución Bolivariana comenzó estábamos casi solos en el mundo, se decía que el socialismo había muerto, que ya lo que venía era el nuevo orden mundial, el consenso de Washington, el Fondo Monetario y el ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas)", justificó.
En el proyecto que en la noche del miércoles entregó a la Asamblea Nacional, Chávez sugiere continuar garantizando la propiedad privada a los venezolanos, al tiempo que incorpora nuevas figuras como la propiedad pública que, según explicó, "es aquella que pertenece a los entes del Estado"; la social, que "es la que pertenece al pueblo en su conjunto y las futuras generaciones y que podrá ser manejada por el Estado en nombre de la comunidad o no"; la colectiva que "es de los grupos sociales" y la mixta que "estará conformada por los privados, el Estado y/o las comunidades".
Durante su discurso, el cual se prolongó por casi cinco horas y fue transmitido por todos los canales de radio y televisión, Chávez defendió su decisión de mantener la propiedad privada, aun cuando reconoció que varios sectores de su administración han presionado para que fuera eliminada. "La pretensión de eliminar de un tajo las propiedades productivas pequeñas y medianas fue la razón por la que fracasaron experiencias socialistas como la Revolución Sandinista de Nicaragua o la Unión Soviética", dijo, a la vez que agregó: "Lo que tenemos que hacer, compatriotas, es convencer a esos pequeños y medianos productores para que vengan a hacer una alianza productiva para levantar la economía del país".
El presidente Chávez también propuso al Parlamento revisar el artículo 90 de la Constitución, el cual establece que la jornada laboral será de ocho horas diarias, para llevarla hasta seis. Negó que esta medida vaya a incentivar "la flojera"; por el contrario, auguró que impulsará la productividad, pues "los trabajadores tendrán más tiempo para estar con sus familias y para formarse".
También calculó que el desempleo podría reducirse, pues las empresas se verán obligadas a contratar un 25 por ciento más de personal para mantener sus operaciones a los niveles actuales. Asimismo planteó modificar el artículo 87, referido a la seguridad social, para garantizarles protección y cobertura a los trabajadores autónomos. Dijo que, de aprobarse su planteamiento, el gobierno creará un fondo que garantizará las pensiones, el desempleo y otros beneficios a esos sectores actualmente excluidos. Venezuela carece de un sistema de seguridad social eficiente y la administración de Chávez está en mora con la aprobación de las leyes que permitirían avanzar en ese aspecto.
El mandatario venezolano también propuso eliminarle autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV), organismo que se encarga de manejar la política monetaria y las reservas internacionales de la nación petrolera, las cuales ascienden en la actualidad a 22 mil millones de euros. El gobierno ya dispone a su antojo de esos recursos, pues a través de una modificación a la ley que regula a la entidad financiera la forzó a entregar parte de los ahorros en divisas que mantiene en sus arcas para financiar distintas iniciativas oficiales, tales como la adquisición de los aviones de combate rusos.
La propuesta de permitirle al jefe del Estado optar por su cargo tantas veces lo desee, por supuesto, figura en el proyecto de reforma constitucional que Chávez presentó el miércoles, pero además propuso incrementar de seis a siete años el mandato presidencial. "Propongo que el artículo 230 rece así: ‘El período presidencial es de siete años, el presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de inmediato para un nuevo período'. Así de sencillo", dijo, en medio de los aplausos de los 167 diputados, todos afectos a él, que conforman el Legislativo venezolano.
El capítulo referido a las fuerzas armadas también fue revisado por el mandatario, quien aspira que la reserva, cuerpo especial integrado por hombres y mujeres que en el caso de una guerra se deben complementar al ejército regular y que están bajo el mando directo del presidente, se convierta en una milicia popular. Por último propuso sustituir la frase que establece que los militares "no estarán al servicio de ninguna parcialidad política" por otra que diga que "son antiimperialistas y que jamás estarán al servicio de la oligarquía". Chávez califica a todo aquel que se le opone como oligarca. Sin embargo, las fuentes económicas consultadas creen que las reformas económicas previstas por el presidente no entrañan, en principio, ninguna amenaza para la inversión extranjera.

17 de agosto de 2007
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chávez propone reforma constitucional


[Simón Romero] Para remover límites a su mandato.
Caracas, Venezuela. El presidente Hugo Chávez dará a conocer el miércoles un proyecto para reformar la Constitución que se espera le permitirá ser reelegido indefinidamente, una medida que reforzará su autoridad para acelerar la transformación socialista de la sociedad venezolana.
La remoción de los límites del mandato para Chavez, que es el meollo de la propuesta, se espera que vaya acompañada de medidas para limitar la autoridad de los gobernadores y alcaldes elegidos, que no podrán permanecer indefinidamente en el poder, de acuerdo a versiones del proyecto filtradas en las últimas semanas.
Willian Lara, ministro de comunicaciones, dijo que Chávez anunciaría el proyecto ante la Asamblea Nacional, donde los 167 legisladores son seguidores del presidente. Los partidarios de Chávez, que fue reelegido el año pasado con más del sesenta por ciento de los votos, también controlan la Corte Suprema, toda la burocracia federal, las compañías petrolera y de infraestructura y todos los gobiernos de los estados, excepto dos.
El objetivo del cambio es "garantizar al pueblo la mayor felicidad posible", dijo Lara el martes en una rueda de prensa.
El proyecto ya ha provocado un furioso debate sobre los crecientes poderes de Chávez. Críticos en la iglesia católica han rechazado la propuesta de reelección de Chávez. Un cardenal, Rosalio José Castillo Lara, lo llamó un "dictador paranoico".
Las propuestas de Chávez consolidarían todavía más su control sobre las instituciones políticas, debilitando potencialmente a opositores como Manuel Rosales, el gobernador del estado de Zulia, que obtuvo casi el cuarenta por ciento de los votos en las elecciones presidenciales en diciembre, dijeron analistas. El mandato actual de Chávez termina en 2012.
"Estamos entrando en una nueva fase que implica un control más intenso del estado sobre la sociedad", dijo Steve Ellner, politólogo en la Universidad de Oriente en el este de Venezuela.
Mientras que la propuesta que anunciará Chávez puede contener sorpresas, dijo hace poco que "el pueblo venezolano debe tener el derecho a mantener al presidente en el poder todo el tiempo que quiera, sea cinco, doce o cuarenta años".
Desde la reelección de Chávez a un tercer mandato en diciembre, ha sorprendido a muchos por el alcance de los cambios de sus reformas políticas y económicas.
Ha nacionalizado las telecomunicaciones, las compañías de electricidad y petrolera; ha forjado un solo partido socialista; ha profundizado las alianzas con países como Cuba e Irán; y ha acelerado la distribución de miles de millones de dólares entre entidades de gobierno local llamadas consejos comunales.
Mientras Chávez, 53, se acerca a su noveno año en el poder, sus retratos son aquí imposibles de evitar. En vallas publicitarias, en carteles y murales, se lo ve acunando a niños, abrazando a ancianas, entonando lemas y colocando bombillas cubanas de ahorro energético.
Sin embargo, Chávez ha hecho frente a serios reveses en Venezuela y en el extranjero, aunque en casa sus índices de aprobación siguen siendo fuertes. Su decisión de no renovar el permiso de transmisión en la red pública de un canal de televisión provocó protestas estudiantiles en todo el país en mayo y junio.
Y los intentos de Chávez de crear un banco de desarrollo regional que rivalice con el Banco Mundial se ha encontrado con una discreta oposición de funcionarios en Brasil. También ha debido abandonar los planes de construir un oleoducto para transportar gas natural por América Latina después de chocar con la resistencia de grupos ecologistas.
Las ambiciones de Chávez de permanecer en el poder indefinidamente contradicen los cambios en democracias latinoamericanas desde la desaparición de los gobiernos militares en los años ochenta. Las constituciones en otros países de la región -con la importante excepción de Cuba, el principal aliado de Venezuela- impiden que los presidentes caigan en tentaciones.
Pero Chávez ha mostrado su anhelo de seguir siendo presidente al menos hasta 2021 como parte de un proyecto para redefinir las estructuras políticas de Venezuela. Un rasgo central de este plan son los consejos comunales del presidente.
Se espera que este año se creen unos veinte mil consejos, con autoridad sobre temas como la infraestructura y algunos proyectos sociales que les fueron transferidos desde los gobiernos municipales y de los estados. Los críticos de Chávez dicen que los consejos deben mostrar lealtad a su ideología política para recibir financiamiento.
El presidente dijo un domingo del mes pasado en su programa de televisión que la Constitución de 1999, por la que luchó después de su primera elección como presidente en 1998, se ha hecho vulnerable a la "contrarrevolución" y la "infiltración" de elementos reaccionarios.
Sin embargo, incluso algunos políticos de la coalición de Chávez han expresado temores de que sus propuestas puedan debilitar la autoridad de los gobiernos regionales.
Fanáticos de Chávez dicen que el proyecto será fácilmente aprobado para fines de año, aunque todavía tiene que ser sometido a un referéndum nacional o votación en la Asamblea Nacional.
Cilia Flores, presidente de la Asamblea Nacional, dijo el martes que habría dos a tres meses de debate antes de la votación, la que, si es realizada por los legisladores, debe ser aprobada por una "mayoría calificada".

17 de agosto de 2007
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