américa latina

chiquita pagaba a paramilitares

mqh - 04 de agosto de 2007 - 02:26 - américa latina

[Carol D. Leonnig] En caso de terrorismo, Chiquita apunta a Estados Unidos. Compañía dice que ministerio de Justicia no respondió.

El 24 de abril de 2003, un miembro del directorio de Chiquita International Brands reveló a un alto funcionario del ministerio de Justicia que el rey del negocio de las bananas estaba evidentemente quebrantando las leyes antiterroristas del país.
Roderick M. Hills, que había pedido la reunión con el ex colega de bufete Michael Cherloff, explicó que Chiquita estaba pagando ‘protección' a un grupo paramilitar colombiano que está en el listado de organizaciones terroristas del gobierno norteamericano. Hills dijo que sabía que esos pagos eran ilegales, de acuerdo a fuentes y actas judiciales, pero dijo que necesitaba la asesoría de Chertoff.
Chiquita, dijo Hills, se habría retirado del país si no hubiese podido seguir pagando al violento grupo de extrema derecha para asegurar las plantaciones de banano. Chertoff, entonces vice-ministro de Justicia y ahora secretario de Seguridad Interior, afirmó que los pagos eran ilegales, pero dijo que esperaron mientras medían las reacciones, de acuerdo a cinco fuentes familiarizadas con la reunión.
Funcionarios de Justicia han reconocido en actas judiciales que un funcionario en la reunión dijo que ellos entendían que la situación de Chiquita era "complicada" y tres de las fuentes identificaron a ese funcionario como Chertoff. Dijeron que él prometió volver a contactarse con la compañía después de consultar con asesores de seguridad nacional y el ministerio de Relaciones Exteriores sobre las ramificaciones más amplias para los intereses estadounidenses si la gigante empresa se retirara de un día para otro.
Fuentes cercanas a Chiquita dicen que Chertoff nunca volvió a ponerse en contacto con la compañía ni con sus abogados. Tampoco lo hizo Larry D. Thompson, el vice-ministro, al que los empleados de Chiquita acudieron después de que Chertoff dejara su puesto tras ser nombrado juez federal en junio de 2003. Y Chiquita siguió pagando durante casi un año más.
Lo que se discutió en la reunión del ministerio de Justicia, es ahora un tema central en una pesquisa criminal. De acuerdo a la versión de estas fuentes, el gobierno de Bush se orientaba en direcciones contradictorias, debido quizás a que su deseo de evitar problemas a un gobierno colombiano amistoso recién elegido, contradecía sus frecuentes declaraciones públicas de que apoyar a un grupo terrorista en cualquier parte del mundo constituía un delito grave y un error de política exterior.
Los ejecutivos de Chiquita dejaron la reunión convencidos de que el gobierno no había exigido claramente que suspendiera los pagos. Los fiscales federales, sin embargo, están ahora considerando si acusar a Hills; Robert Olson, que era entonces abogado general de Chiquita; ex presidente de Chiquita, Cyrus Friedheim; y otros ex empleados de la compañía por aprobar esos pagos ilegales, de acuerdo a archivos y fuentes próximas a la pesquisa.
La compañía ya se ha declarado culpable de pagar 1.7 millones de dólares en pagos a las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia (AUC) y accedió a pagar 25 millones de dólares de multa. Pero la semana pasada, los abogados de los ex ejecutivos de Chiquita enviaron cartas al ministerio de Justicia, diciendo que sus defendidos no rompieron la ley intencionalmente sino que creían que estaban esperando una respuesta de los más altos niveles del gobierno de Bush.
Los fiscales han dicho en actas judiciales que Chertoff y sus delegados en el ministerio de Justicia dejaron en claro en la reunión de abril de 2003 que Chiquita estaba violando la ley y que "los pagos... no podían continuar". Fuentes de gobierno dicen que los abogados en la sede de Justicia y en el despacho del fiscal general en Washington estaban encolerizados por lo que consideraban una flagrante continuación de esos pagos, pese a las advertencias.
El abogado de Chiquita International en este caso, Eric H. Holder Jr., dijo que está preocupado de que los ejecutivos de la compañía que decidieron dar el difícil paso de revelar las actividades ilegales de la compañía a los fiscales, ahora corren el riesgo de ser procesados.
"Si lo que quieres hacer es estimular las revelaciones voluntarias, ¿qué mensaje envía esto a las otras compañías?", se preguntó Holder, viceministro de Justicia en el gobierno de Clinton. "Aquí hay una compañía que revela voluntariamente lo que hizo en un contexto de seguridad nacional, y la compañía es tratada de manera bastante severa y, encima, persigues a individuos que tomaron una decisión muy difícil".
Chertoff, a través del portavoz Russ Knocke, se negó a discutir el asunto. "No voy a hacer ningún comentario, porque hay una investigación en curso", dijo Knocke.
El portavoz del ministerio de Justicia, Dean Boyd, tampoco quiso hacer comentarios sobre los detalles, mencionando la pesquisa criminal pendiente. Pero enfatizó que toda compañía tiene la responsabilidad de acatar la ley.
"Si una compañía sólo puede hacer negocios en algún país si los hace ilegalmente, entonces la compañía no debería estar negocios allá", dijo Boyd.
Pero fuentes jurídicas de ambos lados dicen que hubo un genuino debate al interior del ministerio de Justicia sobre la gravedad del delito de pagar a las AUC. Para algunos funcionarios de alto nivel del gobierno, los pagos de Chiquita no contribuían a la lucha contra peligros evidentes, como al Qaeda; en lugar de eso, el dinero se canalizaba hacia un violento grupo sudamericano que ayudaba a una importante compañía estadounidense a mantener una estabilizadora presencia en Colombia.
La fiscalía se concentró primero solamente en Chiquita de Cincinnati, el productor de bananas más grande del mundo y una de sus compañías de distribución de alimentos. Tiene operaciones en setenta países y 25 mil empleados y ha estado en Colombia durante más de un siglo, remontándose a los días de cuando la compañía se llamaba United Fruit.
A partir de 1997, de acuerdo a actas judiciales, la filial de Chiquita en Colombia, Banadex, empezó a hacer pagos en contante a las AUC. Los pagos fueron sugeridos por el cabecilla de las AUC, Carlos Castaño, que dijo que pensaba expulsar de la región noroeste de Urabá a las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo a esos documentos.
En septiembre de 2000, los ejecutivos de Chiquita se enteraron de los pagos en una auditoría interna, pero dejaron que continuaran, de acuerdo a un documento de la fiscalía que no ha sido rechazado por la compañía. En el convenio entre las partes, empleados de Chiquita dijeron que ellos sabían que a las AUC se las acusaba de numerosos secuestros y asesinatos en la región, pero no tenían otra alternativa si querían proteger la vida de sus trabajadores y asegurar sus operaciones en una época en que las guerrillas de las FARC estaban haciendo volar las vías férreas utilizadas por las compañías norteamericanas y secuestrando a extranjeros para pedir rescate.
El 10 de septiembre de 2001, el Departamento de Estado declaró que las AUC eran una organización terrorista internacional, prohibiendo que compañías estadounidenses tengan tratos con ella. Los fiscales dicen que altos empleados de la compañía estaban conscientes de la clasificación en 2002, y archivos internos de Chiquita muestran que la asesoría jurídica externa de la compañía les había advertido en febrero de 2003 "detener los pagos".
"Lo esencial: No Se Puede Hacer el Pago", aconsejó el bufete de abogados de Chiquita, de acuerdo a actas judiciales y fuentes.
El 3 de abril de 2003, la directiva de Chiquita decidió revelar los pagos a Justicia. En esa misma época, el abogado de Chiquita, Olson, contó a otros que él y Hills pensaron que la compañía tenía una sólida defensa y que debería dejar que el ministerio "nos demande, nos persiga" si no llegaban a un acuerdo, de acuerdo a fuentes y actas judiciales.
Entonces, el 24 de abril, los ejecutivos de la compañía se reunieron con funcionarios del ministerio de Justicia, incluyendo a Chertoff. Revelaron los pagos y los funcionarios del ministerio dijeron que estaban fuera de la ley. Hills dijo que lo aceptaba, pero enfatizó que Chiquita habría tenido que retirarse del país si no pagaba a las AUC, y observó que eso podría afectar los intereses de seguridad de Estados Unidos en esa región.
Es entonces cuando, según las cinco fuentes, Chertoff reconoció que el asunto era complicado, y dijo que les llamaría después de consultarlo con otros funcionarios de gobierno.
Una semana más tarde, Hills y Olson dijeron al comité de auditoría de la directiva de la compañía que el ministerio de Justicia les había dicho que no tendrían "responsabilidad por conductas en el pasado" y que no habían llegado a ninguna conclusión en cuanto a la "continuidad de los pagos", de acuerdo a un sumario del caso presentado por la fiscalía. La compañía autorizó nuevos pagos a las AUC a partir del 5 de mayo.
Después de que los empleados de Chiquita no recibieran respuesta de Chertoff, se reunieron con Thompson, que los aduló por "hacer lo correcto" al revelar los pagos, y, dijo también se pondría nuevamente en contacto para discutir cómo proceder, dijeron fuentes del ministerio de Defensa. Thompson, ahora abogado general de Pepsi-Cola, no respondió hasta ayer una petición de comentario.
El abogado de Hills, Reid H. Weingarten, dijo que su cliente alertó al gobierno sobre el problema, luego esperaron hasta que el gobierno preguntó qué querían hacer. Hills renunció al directorio en junio.
"Tan pronto como Rod Hills se enteró de que se estaba pagando a una organización terrorista, puso inmediatamente al corriente al ministerio de Justicia", dijo Weingarten. "Dijo que tenía una base razonable para creer que el ministerio de Justicia quería mantener el status quo mientras determinaban los temas difíciles".
Robert S. Litt, abogado de Olson, se negó a elaborar sobre el caso, pero dijo: "Bob Olson actuó correctamente al ayudar a Chiquita en una situación muy difícil, y tengo confianza en que el ministerio de Justicia estará de acuerdo".
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, y otros funcionarios colombianos han desechado las declaraciones de Chiquita de que fue víctima de extorsión y pagó a las AUC para proteger a sus trabajadores. Un informe de la Organización de Estados Americano de 2003 decía que Chiquita participó en el contrabando de miles de armas para los paramilitares en la región del norte de Urabá, utilizando muelles operados por la compañía para la descarga de rifles de asalto y municiones centroamericanas.
Iguarán, cuyo despacho ha estado investigando las operaciones de Chiquita, dijo que la compañía sabía que las AUC estaban utilizando pagos y armas para financiar operaciones contra los campesinos, sindicalistas y rivales. En la época de los pagos, las AUC estaban transformándose en un poderoso ejército y se estaban expandiendo en gran parte de Colombia, y, de acuerdo al gobierno colombiano, sus soldados mataron a miles de personas antes de la desmovilización.
El juez de distrito Royce C. Lambert, que debe decidir si acepta el acuerdo de la compañía Chiquita, advierte privadamente a las dos partes el mes pasado que quiere saber más sobre el papel jugado por los ejecutivos de Chiquita en la aprobación de los desembolsos, de acuerdo a fuentes familiarizadas con sus observaciones, hechas en una reunión cerrada en su despacho.
Lamberth dijo específicamente que quería saber qué empleados de la compañía tomaban las decisiones importantes y si serían acusados. Una vista sobre la proposición de convenio fue fijada para el lunes.

Spencer S. Hsu y Juan Forero contribuyeron a este reportaje.

3 de agosto de 2007
2 de agosto de 2007
©washington post
©traducción mQh

0 comentarios

defendiendo las tribus ocultas

mqh - 30 de julio de 2007 - 04:35 - américa latina

[Monte Reel] En la Amazonía.

Colier, Brasil. Al principio, pocos creyeron la historia que dos hermanos contaron sobre cuatro indios desconocidos que aparecieron repentinamente una tarde en los alrededores de su poblado.
Como la mayoría de los indios kayapó, los hermanos -llamados Bepro y Beprytire- viven en una reserva demarcada por el gobierno, usan ropa moderna y obtienen su energía de generadores impulsados por energía solar. Pero los cuatro visitantes desnudos eran otro tipo de kayapó.
Hablaban una lengua antigua que parece ser la precursora del idioma hablado en el pueblo, ubicado en la Reserva India Capoto-Jarina en Brasil Central. Los cuatro provenían de una tribu que se había quedado en la selva, dijeron los hermanos, sin saber nada del mundo moderno.
En los siguientes siete días, la duda expresada por los aldeanos se evaporaron cuando vieron emerger de la selva a más de sesenta indios, que durmieron en chozas en los alrededores del pueblo.
Entonces, tan rápidamente como habían llegado, los indios desaparecieron. No han sido vistos desde entonces.
La breve aparición de los indios esta primavera fue suficiente para colocarlos en el centro de un debate que está cada vez más poniendo a prueba a los gobiernos en toda la región amazónica: ¿Cómo proteger los derechos y territorios de poblaciones aisladas cuando la localización de estos grupos siguen siendo desconocida?
En los últimos meses, Brasil y Perú han deslindado áreas protegidas para los llamados grupos no contactados, con los que no ha habido nunca contacto y que han sido rara vez vistos. Se cree que Brasil tiene más tribus sin contacto que cualquier otro país en el mundo, y este año el gobierno anunció que unas 67 tribus podrían estar viviendo en completo aislamiento, considerablemente más que las cuarenta consideradas anteriormente.
Se han descubierto con cierta regularidad tribus con las no que no existían contactos previos desde que empezara la exploración del Amazonas a fines de 1800. En los años setenta, por ejemplo, fueron encontrados los de la tribu panará cuando las cuadrillas de construcción abrían caminos en la selva y otras tribus pequeñas han sido descubiertas periódicamente en las décadas posteriores.
Hoy, debido a que la región amazónica se está encogiendo en miles de hectáreas cuadradas al año, crecen las posibilidades de encuentros no intencionados con esos grupos. El tema se ha convertido en un importante punto de atención de la Funai, la organización oficial que supervisa a los grupos indígenas.
Defensores de derechos indígenas han publicado llamados a proteger las áreas en gran parte sin explorar de la selva contra la minería y la explotación forestal. Pero el renovado interés en los grupos no contactados también ha encendido las sospechas entre los escépticos, que creen que los grupos podrían ser más míticos que reales, y sospechan que las cifras son exageradas por grupos con intereses especiales para bloquear proyectos de exploración.
"Es como el monstruo de Loch Ness", dijo Cecilia Quiroz, abogado de Perupetro, la agencia estatal peruana encargada de distribuir los derechos de prospección a compañías de energía ansiosas de explorar el vasto interior del país. "Todos parecen haber visto u oído a esas tribus no contactadas, pero no tenemos pruebas".

Por Qué Ahora, Por Qué Allá
Megaron Txucarramae creció en la aldea donde los indios no contactados se acercaron a los dos hermanos a fines de mayo. Tenía dos años cuando los antropólogos hicieron los primeros contactos con su propio grupo de la tribu kayapó en los años cincuenta. A menudo oía hablar a los más viejos sobre la historia de una parte de la tribu, que huyeron ante los avances de los antropólogos para irse a vivir solos a la selva y que no volvieron a ver.
Ahora Megaron es el representante regional de la Funai en Colider, la ciudad más cercana a Capoto y a dos reservas cercanas. La tierra, apartada para los indios y protegida contra el desarrollo, es una enorme expansión verde de densa selva. Juntas, las tres reservas kayapó en la zona son gruesamente del tamaño de la República Checa.
Cuando se enteró de la reciente reaparición de la tribu aislada, Megaron viajó rápidamente a la aldea de Kapot para recoger pruebas. Llevó consigo una grabadora en miniatura, que dio a uno de los hermanos para que la metiera en un bolsillo de su pantalón cuando hablara con los indios. Tomar fotos, concluyó, sería imposible.
"Nadie tenía cámara, y si hubiésemos tenido una habría sido inútil, porque tienen miedo a las máquinas", explicó Megaron más tarde. "Si alguien les apuntara una cámara, se habría podido producir una situación muy peligrosa".
El grupo tenía grandes sospechas de los aldeanos, accediendo a hablar solamente con los dos hermanos a los que se habían acercado inicialmente. Aceptaron las bananas y la mandioca que les ofrecieron los hermanos, pero rechazaron el arroz, que no forma parte de su dieta tradicional, dijo Megaron. Uno de los viejos del grupo tenía una cicatriz a un costado, una herida que los aldeanos atribuyeron a un encuentro con leñadores clandestinos que de vez en vez se han visto implicados en sangrientos enfrentamientos con los indios en la región en los años noventa.
"El hombre le contó a Beprytire que había sido alcanzado por un ‘fuerte estruendo'", dijo Megaron. "Así que suponemos que fue impactado por una bala".
La mayoría de los indios iban desnudos, aunque algunos de ellos llevaban un estuche peniano y la mayoría estaban parcialmente cubiertos con pintura corporal. Algunos de los hombres tenían también placas en sus labios inferiores, creando una de las protuberancias decorativas que se ven entre otras tribus amazónicas.
Megaron cerró la aldea a los visitantes -un encierro que todavía está siendo implementado. Los funcionarios tenían miedo de que los indios no contactados pudieran enfermar. Como se ha demostrado en el pasado cuando se introduce a tribus no contactadas a otras poblaciones, y a los microbios que acarrean, enfermedades tan corrientes como el resfrío pueden ser mortíferas. En los años setenta, 185 miembros de la tribu panará murieron dentro de los dos primeros años después de contraer enfermedades como la gripe y varicela, dejando sólo 69 sobrevivientes.
Antonio Sergio Iole, director de los servicios sanitarios de la Funai en Colider, reunió rápidamente a un equipo de doctores y de ayudantes kayapó dispuestos a viajar la aldea al menor aviso. El equipo se dio cuenta de inmediato de las difíciles preguntas que provocó entre las autoridades la aparición de la tribu.
"Se complican hasta las cosas más simples", dijo Iole, que dijo que su equipo se mantiene preparado para viajar a la aldea en cuanto vuelva a aparecer la tribu. "¿Cómo debemos actuar cuando nos acercamos a ellos la primera vez? ¿Aceptarán ser vacunados? ¿Nos dejarán que les examinemos las bocas? ¿Cómo reaccionarán físicamente al tratamiento? Algunas vacunas tienen efectos secundarios: ¿cómo interpretarán la fiebre? ¿Y cómo reaccionarían si tuviésemos que llevarnos a algunos, aunque fuese por su propio bien?"
Después de que la tribu se marchara de la aldea, Iole -todavía en Colider- empezó a observar que otra gente en el pueblo hacía preguntas diferentes: ¿Por qué no tomó nadie una foto? ¿Cómo podía una tribu no haber tenido contactos hasta el siglo 21? ¿No será esta historia una invención hecha con algún propósito personal o político?
"No lo creo -esta es una zona con montones de leñadores y campesinos que entran y salen a la selva, haciendo estudios", dijo Albeni de Souza, 22, un estudiante universitario que trabaja en un hotel en Colider. "Incluso los indios de las tribus en las reservas entran y salen de la selva todo el tiempo. Alguien los habría visto".
Ese tipo de dudas se extiende rápidamente en ciudades como Colider, donde las compañías madereras y los campesinos han talado la mayor parte de los terrenos circundantes y pequeñas avionetas sobrevuelan regularmente la zona. Desde el aire, la tierra se ve como el Oeste Medio Americano: un mosaico de granjas. El panorama es muy diferente en Kapot, a menos de 400 kilómetros, inaccesible por coche o lancha, al borde una selva del Amazonas que es casi tan grande como Estados Unidos continental.
Pero incluso algunos funcionarios han expresado dudas. En Perú, los representantes de Perupetro han cuestionado la oportunidad de la aparición, que se produce algunas semanas antes de que el país subaste diecinueve permisos de exploración de gas y petróleo. Algunas de las concesiones se ubican cerca de la frontera con Brasil, donde algunas organizaciones no-gubernamentales argumentan que todavía se encuentran ahí tribus no contactadas.
El mes pasado, el gobierno peruano rechazó los planes de exploración de petróleo de Barrett Resources, una compañía estadounidense, y Repsol YPF, de España, en parte por preocupaciones por las tribus no contactadas.
Aunque no niega la existencia de algunos grupos aislados, Quiroz -la abogado de Perupetro- se muestra escéptico sobre la reciente visita de la tribu kayapó.
"En esta época de globalización", dijo Quiroz, "hay que preguntarse por qué ahora y por qué allá".

Desapareciendo sin Decir Palabra
Hace algunos años, el gobierno de Brasil modificó su política con respecto a las tribus aisladas: En lugar de tomar la iniciativa para tratar de contactarlos, ahora sólo quiere protegerlos. Se establece contacto sólo si los indios mismos lo inician o si la tribu está en inminente peligro.
Funcionarios de la Funai planean volar sobre la selva en las próximas semanas en un intento por localizar el área donde vive la tribu, dijo Megaron. Después se construirá una pequeña base en la selva -no para contactarlos, sino para proteger el área e impedir que se acerquen leñadores y campesinos.
Ese plan, por supuesto, sería innecesario si los indios prefirieran volver a hacer contacto, una posibilidad que muchos de los kayapó del lugar esperan que ocurra.
"Todo el mundo quiere verlos, porque nos gusta compararnos con ellos", dijo Bepko, 26, un kayapó que vive en la aldea de Kubenkokre en una reserva cercana. "Queremos oír conocer su pasado y saber cómo eran sus vidas".
De acuerdo a la grabación a hurtadillas hecha por los hermanos, hay evidencia de que al menos a algunos de la tribu les gustaría volver.
Megaron dijo que era capaz de entender suficientemente esas lenguas como para saber que un joven de la tribu estaba tratando de convencer a los adultos de que el contacto era bueno.
"El hijo le dijo al padre que no tuviera miedo, que se protegerían entre sí", contó Megaron. "Entonces habló con su madre y le dijo que todo estaba bien y que el otro grupo de kayapó eran familiares suyos".
Fue más tarde, dijo la Funai, que un jefe de la tribu emergió de la selva y convenció a todo el resto de abandonar la aldea.
"Pueden haberse asustado con el sonido de los aviones", dijo Luis Sampaio, un biólogo que lleva doce años trabajando con los kayapó de la reserva, que posee una pequeña lista de aterrizaje. "O se pueden haber asustado por la ropa que lleva la gente..., no estamos seguros".
Megaron dijo que se marcharon sin dar explicaciones ni avisar.
"Los indios no contactados", dijo, "no dicen adiós cuando se marchan".

Lucien Chauvin en Lima, Perú, contribuyó a este reportaje.

29 de julio de 2007
8 de julio de 2007
©washington post
©traducción mQh

0 comentarios

criminal escribe sus memorias

mqh - 29 de julio de 2007 - 02:42 - américa latina

[Simón Romero] En la cárcel, el señor de la guerra colombiano reflexiona sobre los largos años de conflicto.

Itagüí, Colombia. En su celda de la cárcel en las afueras de Medellín, Salvatore Mancuso lee a Gandhi y manuales. Envía notas a sus abogados con un BlackBerry. Mira las fotos de su esposa de diecinueve y su hijo de ocho meses. Escucha vallenatos en su iPod.
Y medita sobre la significación de la guerra.
"En la guerra no hay hombres buenos o malos", dijo Mancuso, 42, el señor de la guerra paramilitar colombiano, en una larga y sinuosa entrevista. "Hay objetivos, y el objetivo de la guerra es ganar combatiendo al enemigo, y al enemigo no se lo combate con flores, oraciones o canciones. Al enemigo se lo combate con las armas en la mano, y eso produce hombres muertos".
Como comandante y primer estratega de los escuadrones de la muerte que cometieron algunos de los crímenes más atroces en la larga guerra civil del país, Mancuso sabe un montón sobre cómo cometer asesinatos. Él puso en marcha planes que transformaron a las milicias paramilitares, que eran fuerzas antiguerrilleras, en importantes traficantes de cocaína y aliados -algunos dicen patrones- de altos funcionarios en todo el gobierno colombiano.
Con ese capítulo de la guerra cediendo ante un conflicto más reducido, Mancuso pasa ahora sus días en la cárcel junto a otros cabecillas paramilitares como parte de un acuerdo para que confiese sus crímenes y pague reparaciones a sus víctimas. Este acuerdo le permitirá pasar sólo ocho años en prisión, y quizás menos, antes de volver a la sociedad.
Sus confesiones han alimentado un lento escándalo sobre revelaciones de lazos entre los paramilitares y toda una red de importantes políticos, generales del ejército y espías, casi todos ellos partidarios del presidente Álvaro Uribe. En un país cansado de la guerra, Mancuso se ha convertido en un incómodo recordatorio de cómo el conflicto impregnó tantas áreas de la vida.
"Éramos la niebla, la cortina de humo, detrás de la cual se ocultaba todo", dijo Mancuso, vestido informalmente con sandalias y una camisa negra de rayas y sentado en una silla ergonómica en su celda, sobre los paramilitares.

Hijo de padres acomodados, Mancuso se crió cerca de la costa caribeña de Montería, con su padre italiano, un próspero comerciante, y una madre que había sido ‘Reina de Feria Ganadera' en un torneo regional de belleza. Después de la secundaria, sus padres lo enviaron a estudiar inglés a la Universidad de Pittsburgh, en una interrupción de sus estudios de ingeniería civil.
Volvió de Estados Unidos a un país deformado por la subversión guerrillera, secuestros y el surgimiento de los carteles de la droga. Como poderoso ganadero a mediados de los años noventa, Mancuso formó una organización paramilitar con el propósito declarado de proteger las vidas y propiedad de su clase social.
Su propia senda de guerra le permitió extender su poder mucho más allá de Montería hacia la nebulosa región fronteriza con Venezuela, donde la policía de la ciudad fronteriza de Cúcuta todavía reconoce la autoridad de Mancuso, de acuerdo a Human Rights Watch, que ha trazado sus actividades en los últimos diez años.
Mancuso lo niega, diciendo que lleva en la cárcel una vida tranquila. Pero dice que entiende los motivos que llevan a algunos de los 30 mil combatientes paramilitares desmovilizados a formar tenebrosas organizaciones nuevas que todavía realizan asesinatos selectivos y exportan cocaína, describiéndolos como "trabajadores calificados".
Cuando su estrella alcanzó la cúspide durante los años más sangrientos de la guerra, coordinó los asesinatos de al menos 86 personas, de acuerdo al despacho del fiscal general en Bogotá. Esa cifra corresponde a las propias confesiones de Mancuso en los últimos meses. En una de esas sesiones, sollozó cuando pedía perdón por sus crímenes.
Grupos de víctimas, que afirman que Mancuso supervisó cientos de asesinatos, ven en esa demostración emocional solamente lágrimas de cocodrilo. "Contradice la realidad que personas como Mancuso se vean a sí mismas como héroes o mártires", dijo Iván Cepeda, líder de un grupo de víctimas cuyo padre, un senador, fue asesinado por los paramilitares. "Este proceso de paz es un simulacro".
El proceso de desmovilización también está en peligro de derrumbarse. Otros cabecillas paramilitares dijeron que pondrían fin a las confesiones esta semana después de una resolución de la Corte Suprema definiendo a los milicianos como delincuentes comunes, negando su condición de políticos. La resolución podría poner en peligro las esperanzas de los cabecillas de la milicia de reintegrarse en la sociedad colombiana después de revelar detalles de sus crímenes antes fiscales y víctimas.
Pocas cosas son tan elásticas como la verdad a medida que Colombia lucha con las secuelas de su guerra, pero Mancuso dice que está preparado para contar la verdad escribiendo un libro sobre lo que ocurrió durante el conflicto. Poca gente habla con tanta claridad sobre los obstáculos que impiden que Colombia supere el punto muerto en el proceso de paz.
La guerra, quiere Mancuso hacer creer a Colombia, empuja a sus actores a opciones desagradables. Lo mismo que ocurre hoy, cuando la realidad pasa por una apariencia de estabilidad, dice, señalando los cinco billones de dólares que Washington ha canalizado a Colombia esta década para combatir el tráfico de drogas y los rebeldes, sólo para comprobar que las exportaciones de cocaína continúan constantes.
Las autoridades colombianas, dijo Mancuso, "no quieren erradicar la cocaína porque el conflicto genera mucho apoyo internacional que pone dinero sobre la mesa, y permite que ese dinero desaparezca debajo de la mesa".
Analizando el tratamiento que da Colombia a los cabecillas paramilitares encarcelados, activistas de derechos humanos temen que Mancuso tratará de evitar pagar por sus crímenes.
Bajo las blandas reglas colombianas, Mancuso podría pasar menos de ocho años en la cárcel donde en su celda ya tiene acceso a comodidades como televisión por satélite, guardaespaldas, visitas semanales de su esposa Margarita y su hijo Salvatore, y un ordenador portátil con acceso a internet, dijo José Miguel Vivanco, director de la sección Américas de Human Rights Watch.
"Este es el regalo de Uribe a los cabecillas de los paramilitares', dijo Vivanco, refiriéndose a las críticas que suscitan las políticas del presidente Uribe en relación con las milicias.
Mancuso ignora esas declaraciones, diciendo que el cambio que ha sufrido en la cárcel es "radical". Pero la inocencia y la culpa parecen conceptos maleables para alguien que habla como un refinado ejecutivo defendiendo su decisión de usar el tráfico de drogas para financiar sus actividades, explicando que no tenía otra opción que imitar los métodos de las guerrillas.
"No podía perder la guerra", dijo Mancuso.
"Tenemos una economía narco", agregó, como si Colombia quisiera ser recordada de esa maldición. "Somos una sociedad narco".

Jenny Carolina González contribuyó al reportaje.

28 de julio de 2007
©new york times
©traducción mQh

0 comentarios

torciendo las reglas en colombia

mqh - 28 de julio de 2007 - 09:53 - américa latina

[Josh Meyer] Varios legisladores dicen que las multinacionales que ayudan a grupos violentos a cambio de protección no están siendo perseguidas.

Washington, Estados Unidos. Durante más de una década, guerrillas de izquierda y grupos paramilitares de derecha en Colombia, han secuestrado o matado a centenas de civiles, líderes sindicales, agentes de policía y soldados y prosperado con el transporte de cocaína y heroína hacia Estados Unidos.
En ese tiempo, varias corporaciones multinacionales estadounidenses han sido acusadas, en lo esencial, de endorsar esas actividades criminales -violando las leyes norteamericanas- proporcionándoles dinero, vehículos y prestando otro tipo de ayuda económica como una póliza de seguro contra atentados contra sus empleados e instalaciones en el país sudamericano.
Pero sólo una de esas compañías -Chiquita Brands International Inc.,- ha sido acusada criminalmente en Estados Unidos. Ahora se avecina un enfrentamiento que opone a algunos miembros del Congreso contra el ministerio de Justicia y las multinacionales-, incluyendo una compañía minera del carbón y embotelladores de Coca-Cola.
Los legisladores dicen que en los casos de las corporaciones norteamericanas en Colombia, el ministerio de Justicia no ha aplicado de modo adecuado las leyes estadounidenses que convierten en delito el proporcionar ayuda material o recursos a sabiendas a alguna organización terrorista extranjera- y han iniciado sus propias investigaciones.
El representante Bill Delahunt (demócrata de Massachusetts), que dirige la iniciativa, ha puesto en duda que el gobierno de Bush ponga los intereses de las multinacionales norteamericanas por encima de su programa antiterrorista.
Incluso el acuerdo cerrado con Chiquita en marzo -en el que reconoce haber efectuado pagos ilegales- ha sido criticado por muchos expertos externos y algunos fiscales del ministerio de Justicia, por ser demasiado leniente.
"Creo que se han librado de las sanciones apropiadas", dijo Delahunt en una entrevista la semana pasada.
"Analizaremos bien cómo operan en el mundo las multinacionales norteamericanas, que utilizan a Colombia como modelo", dijo Delahunt, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara sobre Organizaciones, Derechos Humanos y Vigilancia. "Realmente se requiere un esfuerzo exhaustivo para estudiar dónde necesitamos más leyes y si hay brechas en nuestro código criminal que permiten que empresas estadounidenses ayuden o instiguen a la violencia en otros países, erosionando nuestra credibilidad y prestigio moral en el mundo".
El gobierno de Bush ha declarado que una característica de su política antiterrorista es perseguir a los financistas del terrorismo con la misma agresividad que a los terroristas mismos -en cualquier parte del mundo. Pero la situación en Colombia subraya la dificultad de perseguir esos objetivos cuando choca con los intereses económicos norteamericanos y las relaciones comerciales con países amigos. Para hacerlo todavía más sensible, Estados Unidos está justamente negociando un acuerdo de libre comercio con Colombia y envía billones de dólares al año en ayuda militar y otra.
"¿Superen nuestros intereses económicos la guerra contra el terrorismo? ¿Estamos haciendo acuerdos?", preguntó Delahunt. "Si es así, lo menos que podría ocurrir es que el público lo supiera".
Lance Compa, especialista en comercio internacional de la Escuela de Relaciones Laborales e Industriales de la Universidad de Cornell, reconoció que había muchas prioridades contrapuestas en Colombia.
"Pero la proposición general que salvajes violaciones a los derechos humanos se puedan compensar en política comercial y relaciones internacionales, es errónea", dijo Compa. "Los paramilitares se han infiltrado hasta en los niveles más altos del gobierno colombiano, y el gobierno de Bush está haciendo la vista gorda.
"Lo hace todavía más urgente que los estrategas norteamericanos pongan fin a los acuerdos entre las corporaciones y los escuadrones de la muerte paramilitares".

Acuerdos Ilegales
Las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia, AUC, empezaron inicialmente como una fuerza de seguridad en respuesta a atrocidades cometidas por izquierdistas, pero se convirtió rápidamente en una de las organizaciones más violentas de los años noventa, con lazos con las fuerzas armadas colombianas, y la clase política y el mundo de los negocios. El Departamento de Estado designó a la AUC como organización terrorista en 2001, convirtiendo en crimen dar ayuda económica o apoyo al grupo.
Los acuerdos económicos con los paramilitares también fueron puestos fuera de la ley en una ley federal contra los barones de la droga, porque se cree que esos grupos proporcionan el noventa por ciento de la cocaína y el cincuenta por ciento de la heroína consumida en Estados Unidos.
Durante más de cuatro años, los legisladores han estado pidiendo información al ministerio de Justicia sobre si está investigando las "creíbles acusaciones" contra algunas empresas estadounidenses, incluyendo algunas que fueron mencionadas en detallada demandas civiles y presentadas a fiscales, de acuerdo a cartas enviadas al fiscal general Alberto R. Gonzales y su predecesor, John Aschfroft.
Los legisladores están particularmente inquietos por las acusaciones de que las operaciones de la minera del carbón Drummond Co., pagó a los paramilitares de las AUC para matar a tres dirigentes sindicales que estaban tratando de organizar a los trabajadores en las minas del carbón en 2001. Drummond fue acusado en una demanda civil entablada en 2002 por usar a las AUC como una fuerza de seguridad de facto para impedir que se sindicalizaran y exigieran mayores salarios.
Drummond ha negado fervorosamente las acusaciones y las está defendiendo en un juicio civil que empezó este mes.
En una carta a Ashcroft del 25 de junio de 2003, cuatro legisladores de los comités de inspección de asuntos exteriores de la Cámara instaron a investigaciones más exhaustivas del caso de Drummond y las acusaciones contra los firmas embotelladoras de propiedad de Coca-Cola de Estados Unidos que también han sido acusadas en demandas de complicidad con los paramilitares. Los embotelladores, que son independientes del gigante del refresco con sede en Atlanta, han negado haber cometido algún delito.
Casi un año después, el general William E. Moschella envió una respuesta de cuatro párrafos que decía: "Podemos asegurarle que este tema está siendo revisado cuidadosamente".
Los legisladores dijeron que no habían podido obtener ni las informaciones más básicas sobre si había alguna investigación en curso.

Baja Prioridad
Dos altos funcionarios del ministerio de Justicia reconocieron que grupos colombianos violentos, especialmente las AUC, no gozaban de tanta prioridad como los grupos yihadistas musulmanes, porque no habían atacado intereses norteamericanos, como embajadas.
Pero los críticos dicen que los grupos colombianos han matado y secuestrado a más personas que al Qaeda y que la implementación selectiva del ministerio de Justicia está permitiendo acusaciones de hipocresía en la guerra contra el terrorismo.
El ministerio de Justicia dice que ha perseguido agresivamente a las empresas que financian al terrorismo, en Colombia y otros países.
"La idea de que el ministerio de Justicia está de algún modo colocando los intereses de Estados Unidos por encima de las prioridades de la seguridad nacional es absurda", dijo el portavoz Dean Boyd. "El ministerio de Justicia toma en serio todas y cada una de las acusaciones sobre personas u organizaciones estadounidenses que han tenido transacciones con organizaciones clasificadas como terroristas".
Altos funcionarios del ministerio de Justicia confirmaron que habían iniciado una pesquisa sobre Drummond al menos una vez hace algunos años, y que habían observado también a las otras compañías norteamericanas. "Estábamos tratando de estudiar las acusaciones de otras compañías que hacían lo que hacía Chiquita", dice uno de los alegatos de Drummond. "No puedo decir que los hayamos perseguido a todos".
Kenneth L. Wainstein, vice-fiscal general para la seguridad nacional, dijo que no podía comentar acciones federales en curso.
Las inquietudes de los legisladores se intensificaron después de que Chiquita llegara a un acuerdo con el ministerio de Justicia en marzo, en el que admitía haber pagado a las AUC al menos 1.7 millones de dólares entre 1997 y 2004, y a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, antes. Chiquita dijo que lo hizo para proteger a sus trabajadores, afirmando que la guerrilla y los grupos paramilitares atacaban a las empresas que se negaban a hacerlo.
El fiscal Mario Iguarán, de Colombia, ha acusado a Chiquita y las AUC de cultivar "una relación criminal" basada en "el dinero y las armas y, a cambio, la cruenta pacificación de Urabá", la región donde se ubicaban las plantaciones de banana de la empresa de Cincinatti, hasta que fue vendida en 2004.
En mayo, seis miembros del Congreso escribieron una carta a Gonzales, preguntándole si el ministerio de Justicia había investigado sus "serias preocupaciones" de que otras compañías, particularmente Drummond, podrían estar implicadas en actividades similares. Los legisladores dijeron que Iguarán había iniciado una investigación criminal sobre Drummond y que aunque las acusaciones no habían sido demostradas, eran "suficientemente creíbles" como para que el ministerio de Justicia iniciara un proceso criminal por su propia cuenta.
"Si no se ha iniciado esa pesquisa, instamos enérgicamente a que se inicie una de inmediato", escribieron los representantes Delahunt, Tom Lantos (demócrata de Burlingame), Howard L. Berman (demócrata de Valley Village), George Millar (demócrata de Martínez), Eliot L. Engel (demócrata de Nueva York) y Christopher H. Smith (republicano de Nueva Jersey).

Sin Respuesta
El ministerio de Justicia no ha respondido esa carta, dicen los legisladores.
"Tras el 11 de septiembre de 2001, es escandaloso que acusaciones de pagos a grupos terroristas no hayan sido investigados agresivamente y procesados por el ministerio de Justicia", dijo Engel en una audiencia en el Congreso el 28 de junio sobre el tema, la primera de las que, según los legisladores, habrá muchas.
"Sólo puedo imaginar el vigor y la rapidez con que toda la fuerza de la prosecución del gobierno de Estados Unidos cayera sobre una compañía sospechada de haber ayudado a al Qaeda o Hezbollah", agregó Engel.
Los congresistas, todos importantes miembros de comisiones de relaciones exteriores, juran procesar a altos empleados de Drummond, Chiquita y otras compañías (que no quisieron nombrar) que han hecho negocios en Colombia para que declaren bajo juramento.
En una audiencia del Congreso en junio, un ex capitán militar colombiano convertido en soldado de las AUC; un colaborador de derechos humanos; y un dirigente sindical declararon que numerosas empresas estadounidenses, además de Drummond y Chiquita, pagaban rutinariamente a grupos violentos en Colombia.
Esta primavera, el ex líder de las AUC, Salvatore Mancuso, y el portavoz del grupo, Iván Duque, dijeron que los pagos fueron extendidos, e implicaban a compañías como Fresh Del Monte Inc. y Dole Food Co., así como a conglomerados del aceite y otras empresas. Del Monte y Dole han negado las acusaciones.
Muchos más comandantes de las AUC piensan empezar a hablar públicamente sobre el financiamiento de su reino de terror "por la industria bananera, algunas mineras del carbón, y grandes empresas nacionales", dijo Duque en una entrevista publicada.
"Aquellos que violaron la ley, deben asumir las consecuencias, como nosotros".

josh.meyer@latimes.com

28 de julio de 2007
22 de julio de 2007
©los angeles times
©traducción mQh

0 comentarios

comando vermelho controla río

mqh - 09 de julio de 2007 - 06:27 - américa latina

Serie del crimen organizado. Brasily el ComandoVermelho: Paz, libertad y justicia.

La enorme mayoría de las casi 500 favelas de Río de Janeiro, donde viven más de 2,5 millones de personas, estaban controladas en los '90 por el Comando Vermelho, la más poderosa organización delictiva del Brasil, que disponía de 6.500 hombres armados para vigilar la venta de drogas en los cerros de la ciudad.
Brasil, con sus 8,5 millones de kilómetros de superficie (más de 11 veces la de Chile) y sus casi 190 millones de habitantes, guarda cuantiosos recursos naturales y una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo. Sin embargo, el 36,3% de su población vive bajo la línea de la pobreza y el 10,6% es indigente. Sus 16 mil kilómetros de fronteras con casi todos los países de América del Sur, así como su cercanía a Europa y África, lo han hecho muy permeable a todo tipo de comercio ilícito, y transformado en refugio predilecto para delincuentes de las más variadas procedencias.
El tráfico de cocaína no ha sido la excepción. En 1985 se incautaron 500 kilos de esa droga; sólo una década después, en 1995, los decomisos llegaron a 11,4 toneladas, y seguían aumentando. Si se parte del supuesto de que se intercepta aproximadamente el 10% del tráfico, se deduce que otras 110 toneladas entraron para el consumo interno o en tránsito hacia otros países. Esa cantidad equivalía aproximadamente a unos 4.500 millones de dólares. Ese mismo año se decomisaron casi 19 toneladas de marihuana y volúmenes crecientes de heroína, crack y productos químicos para la producción de cocaína.
A comienzos de los '90, informes policiales advirtieron que las mafias italianas, estadounidenses y los dos grandes carteles colombianos controlaban porcentajes considerables de la propiedad de unas 200 de las más importantes sociedades brasileñas, incluidas grandes empresas de la construcción y el transporte, que les servían para lavar dinero y como pantallas para el tráfico de drogas y de precursores químicos. El juez Walter Fanganiello, del Tribunal Regional de Justicia de São Paulo, afirmó a fines de 1995 que cerca de 50 jefes de la mafia internacional vivían en Brasil, la mayoría en São Paulo, eje financiero e industrial de la nación. Los gestores financieros de las organizaciones criminales ponían sus ojos en empresas con dificultades económicas y ofrecían aportes de capital fresco a cambio de participación accionaria. Así, entraron en diversos ámbitos del turismo, del transporte terrestre, marítimo y aéreo, de la ingeniería civil y química, de la agricultura y de la banca. El diario O Globo informó en noviembre de 1995 que el mafioso italiano Antonio Salamone, prófugo en su país y nacionalizado brasileño para evitar la extradición, era dueño de una gran constructora que trabajaba en obras de Río de Janeiro y São Paulo.
Anualmente se blanqueaban entre 15 mil y 20 mil millones de dólares originados en el narcotráfico, especialmente en operaciones montadas por los 'doleiros' –los cambistas de dólares– de São Paulo y en Río de Janeiro.

La Conexión Nigeriana
El extenso territorio brasileño permitía que los narcotraficantes traspasaran sin grandes dificultades los controles fronterizos. La policía sabía que la droga proveniente de Bolivia, Perú y Colombia ingresaba al estado de Amazonas para seguir por carretera hasta Belem, donde era embarcada hacia el extranjero. La ciudad de Foz de Iguazú, en tanto, se convirtió en la ruta preferida de los traficantes de armas que operaban desde Argentina y Paraguay.
En octubre de 1995, policías antinarcóticos de São Paulo informaron que en ese estado existían más de cinco mil traficantes, los que abastecían a unos 150 mil drogadictos, consumidores de unos 3.500 kilos de cocaína al mes. Añadieron que también se había detectado la creciente participación de extranjeros, en su mayoría europeos, operando en las redes de distribución.
Antonio Mota Graza, apodado ‘Curica', aparecía como el principal intermediario entre los carteles colombianos y los traficantes brasileños que llevaban cocaína a Europa. Se estimaba que Mota Graza era el propietario de unas 20 toneladas de cocaína incautadas entre 1991 y 1995.
A la ola de inmigrantes con antecedentes criminales llegados a Brasil se sumó la presencia de la denominada Conexión Nigeriana, responsable de transportar hacia Europa unas 10 toneladas de cocaína al año. Las bandas de narcos los convencían para que se desnacionalizaran y adquirieran otra ciudadanía africana, viajando con pasaportes europeos falsos. Entre 1992 y 1995, las policías de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina detuvieron a más de 400 africanos acusados de tráfico de drogas.
Las ciudades brasileñas eran escenario a la vez de una soterrada guerra entre el cartel de Cali y los miembros del Triángulo Dorado, que luchaban por las rutas de la heroína hacia Estados Unidos. El conflicto terminó en 1995, cuando acordaron usar a Brasil como base de operaciones conjuntas. Otra conexión quedó al descubierto a fines de 1994, cuando se incautaron 500 kilos de cocaína en una pista de aterrizaje cerca de la frontera con Colombia, destinada a Japón, donde la distribuiría la mafia yakuza.
A fines de mayo de 1995, el Presidente Fernando Henrique Cardoso creó la Comisión Nacional de Seguridad Pública para Combatir el Narcotráfico, integrada por los ministerios de Justicia, Marina, Hacienda, Relaciones Exteriores y Transportes, en un esfuerzo por controlar el explosivo auge de este delito. Pocos meses antes, Romeu Tuma, senador por São Paulo y ex vicepresidente honorario de Interpol, había dicho: "El cartel de Cali se asoció con brasileños para crear empresas pantalla de exportación de químicos, hierro y madera a fin de camuflar sus envíos de cocaína. Tras la muerte de Pablo Escobar, Cali ha tomado el control del narcotráfico con más violencia. En Brasil no se da, todavía, la duplicidad de poder que hay en Colombia; aquí el narcotráfico consigue corromper autoridades, pero no tiene estructuras de poder propias como en Colombia. En ese sentido, no debe importar la cantidad de los decomisos, sino la desarticulación de las bandas y de su poder económico".
Pero la alerta fue tardía. Los narcotraficantes ya habían extendido profundas raíces entre los grupos urbanos más pobres del país, como son los que habitan las favelas. La enorme mayoría de las casi 500 favelas de Río de Janeiro, donde habitan más de 2,5 millones de personas, estaban controladas por el Comando Vermelho, entonces la más poderosa organización delictiva del Brasil, que disponía de 6.500 hombres armados para vigilar un centenar de puestos de venta de drogas en los cerros de la ciudad. Otros 10 mil pandilleros trabajaban haciendo contactos y distribuyendo drogas, y más de 300 mil personas vivían del comercio de estupefacientes.
La vigilancia de este comercio, hasta hoy, está encargada a los 'olheiros' (campanas), niños pequeños que de acuerdo a códigos previamente establecidos tiran bengalas o arrían volantines cuando llegan extraños. Cuando los niños entran a la adolescencia pueden aspirar a convertirse en 'aviones', los mensajeros entre consumidores y traficantes; más tarde, si demuestran condiciones, se gradúan como jefes de favela.
El Comando Vermelho es autor de las ‘Doce reglas del buen bandido', que exigen respetar a las mujeres, a los niños y a los indefensos; andar siempre aseado y bien vestido, y no usar tatuajes. También impuso un riguroso código de penas en los lugares donde habitan sus miembros. Según éste, los ladrones son castigados con feroces palizas, y se incurre en pena de muerte si un integrante comete violación, traiciona o mata a quien no corresponda.
En las favelas ya estaba todo controlado. Si las empresas de electricidad, agua potable, aseo o correos deseaban ingresar a ellas, debían negociar con los narcos o buscar la mediación de las agrupaciones vecinales.
Informes de la inteligencia militar indicaban que en las favelas se vendían casi 12 toneladas de cocaína al mes, cuyos dividendos permitían al Comando Vermelho adquirir desde modernos fusiles automáticos hasta proyectiles antiaéreos.
Las estadísticas policiales situaban en 1994 a Río de Janeiro como una de las ciudades con los índices de criminalidad más altos del mundo, con un promedio de 65 homicidios por cada 100 mil habitantes, el doble que en Nueva York.
El general Newton Cruz, a cargo de la lucha contra los grupos mafiosos, dio cuenta de que en Río de Janeiro operaban cerca de tres mil peligrosos sicarios del narcotráfico, apoyados por casi dos mil escoltas y unas 750 embarcaciones de diversos tipos y tamaños. Los verdaderos jefes, dijo, vivían tranquilos en Miami y en algunas ciudades de Europa.

Pastelitos de Miel
Detectives de Río relataban que en las favelas se distribuía marihuana en forma de pequeños pasteles endulzados con miel y envueltos en papel celofán, para incitar a los niños a consumirla. Los paquetes tenían una etiqueta que decía Pasteles de Salgueiro CV, PLJ, las siglas del Comando Vermelho (CV) y su consigna: paz, libertad y justicia (PLJ).
En mayo de 1994, la prensa reveló las conexiones entre los financistas de la lotería clandestina llamada ‘jogo do bicho' (juego del bicho) y los carteles colombianos. Los allanamientos a las sedes de los padrinos del juego (‘bicheiros') permitieron incautar las listas de los beneficiarios de sus favores. Entre ellos figuraban el ex Presidente Fernando Collor, el alcalde de São Paulo y el gobernador de Río de Janeiro, por lo menos 10 diputados, un centenar de policías, jueces e incluso el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), João Havelange. Los documentos establecerían igualmente el envío de importantes sumas a Cali y el pago de sobornos a policías antidrogas.
El juego del bicho o juego de animales, del cual vivían unas 100 mil personas y que movía unos dos mil millones de dólares al año, se inició en 1889, cuando el barón de Drummond, patrono del zoológico de Río de Janeiro, introdujo esta lotería para reunir fondos para alimentar a los animales. En su forma actual, 25 animales representan números del 1 al 100. La mariposa, por ejemplo, cubre el 13, 14, 15 y 16. Los jugadores pueden apostar sin límites, y si aciertan al animal reciben 18 veces el dinero invertido.
Una encuesta realizada por un periódico brasileño reveló que un 41% de la población de Río –unos 3,5 millones de personas– jugaba ocasional o regularmente al bicho en alguno de los 300 puntos de apuesta de la ciudad. El juego tenía 40 mil empleados a su servicio, en su mayoría jubilados o gente con limitaciones físicas.
Policías federales afirmaban que esa lotería era controlada por unos 200 poderosos jefes, los "banqueros del bicho", una verdadera mafia que se trenzaba en violentas disputas territoriales.
A fines de 1986, tres cuartos de la población de Río se habían manifestado a favor de la legalización del juego. El entonces gobernador, Leonel Brizola, dijo que la actividad "es una de las pocas en el país que trabaja y paga honestamente".
A los banqueros del bicho se les atribuía ser muy generosos a la hora de distribuir sus ganancias: cada año gastaban unos 500 mil dólares en cada una de las escuelas de samba que conseguían los mejores resultados en el Carnaval de Río. El famoso banquero Castos de Andrade, que asumía esa condición, era el dueño del equipo de fútbol Bangú.
Las denuncias periodísticas sobre las actividades mafiosas que irradiaba el juego provocaron reacciones encontradas. El jefe de la policía de Río de Janeiro sostuvo públicamente: "Uno tiene que enfrentar la realidad. Si uno trata de suprimir ese juego, 40 mil personas perderán sus empleos y estarán en las calles robando para sobrevivir".
A fines de 1988, una encuesta en cuatro ciudades demostró que el juego del bicho era la institución que más confianza inspiraba a la población, con un 70%. La Iglesia Católica, en cambio, llegaba al 50%, los diputados y senadores al 20% y el Gobierno a menos del 10%.
Los debates sobre esa lotería eran un indicio más de cómo la corrupción se había empezado a adueñar de la sociedad brasileña –y otros países del continente–. En 1991, algunos medios de prensa informaron que mensualmente ingresaban 15 kilos de cocaína al Congreso Nacional de Brasil, visitado diariamente por unas 15 mil personas y donde la droga se comercializaba al módico precio de 25 dólares el gramo.
"Aparentemente, los principales quioscos de cocaína estaban en el anexo 4 de la biblioteca de la Cámara de Diputados y en el estacionamiento privado, donde la calidad era mejor. Los lugares eran óptimos porque el Congreso, por ley, es inaccesible para la policía. También se vendía cocaína en los baños. Hay dos empleados arrestados, tres sospechosos acusados de tráfico directo y otros 22 posibles involucrados, mientras otras ramificaciones alcanzan a un diputado cuyo hermano fue descubierto en julio pasado con un cargamento de 554 kilos de cocaína", ironizaba el diario ‘Folha de São Paulo'.

Los Garimpeiros
Desde fines de la década de los '80, las fronteras del sur y del suroeste brasileño sufrieron la invasión de las mafias de la droga instaladas en Bolivia. Centenares de barriles con acetona y éter, precursores indispensables para producir clorhidrato de cocaína, cruzaban diariamente la frontera hacia laboratorios situados en el altiplano. En sentido contrario ingresaban a Brasil cientos de toneladas de droga refinada, destinadas a las grandes ciudades o a los miles de buscadores de oro que se apiñaban en campamentos en la Amazonia.
Cargamentos de aceite de copaiba, de mineral de casiterita y de madera provenientes de Rondonia, muchas veces ocultaban envíos de cocaína que viajaban hacia las grandes ciudades del sur de Brasil, a través de una carretera recién construida, que los lugareños bautizaron como la ‘Transcocainera'.
Unos 100 traficantes de corta edad vendían la droga en los principales centros poblados de Rondonia, así como en los ‘garimpos', las minas a cielo abierto de oro y casiterita de esa región. En ambas márgenes del río Madeira, unos 50 mil buscadores de oro –los famosos ‘garimpeiros'– recurrían a las drogas y el alcohol para aliviar los rigores de su dura faena.
En la aldea de Ariquemes, a 200 kilómetros de Porto Velho, la mayor parte de los 80 mil hombres que trabajaban por su cuenta en las minas de casiterita se drogaban diariamente con cocaína, marihuana o fumando pasta base mezclada con hierba. Por esos días, los diarios daban cuenta de una guerra entre bandas que se disputaban el trueque de armas y cocaína, provenientes de Paraguay, por automóviles robados en São Paulo y Río.
A fines del siglo XX, la DEA había identificado a 14 carteles que operaban en Brasil. Sólo en el estado de Río de Janeiro existían 23 rutas internacionales para el transporte de drogas: 18 ‘de salida' (hacia Europa y EEUU), cuatro ‘de entrada' (desde Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay) y una ‘de tránsito' (que triangulaba heroína de Hong-Kong en ruta hacia EEUU).
En 1997 se calculaba que en Brasil se lavaban por lo menos unos 20 mil millones de dólares anuales, y el aumento de la violencia parecía incontrolable. La tasa de asesinatos era de 25 por cada 100 mil habitantes, comparados con los 7,4 de Estados Unidos. En algunos pueblos, esa tasa se disparaba a 140 por 100 mil. Además, la cantidad de ‘masacres' (asesinatos múltiples) aumentaba constantemente. En el gran São Paulo se produjeron 47 masacres en 1996 y otras tantas en 1997; en 1998, la cifra escaló a 189. Casi todas estaban vinculadas al narcotráfico y la inmensa mayoría quedaba impune.
Muy pronto surgiría la explicación: decenas de miles de armas de todos los calibres estaban ingresando al país como moneda de pago de drogas.

9 de julio de 2007
©la nación

0 comentarios

la masacre de san juan

mqh - 03 de julio de 2007 - 05:19 - américa latina

[Víctor Montoya] Se cumplen 40 años de una tragedia minera en Bolivia.

La masacre minera de San Juan, acaecida en la madrugada del 24 de junio de 1967, no figura en las páginas oficiales de la historia nacional, aunque se mantiene viva en la memoria colectiva y se la transmite a través de la oralidad, de generación en generación, convirtiéndola en algunos casos en cuentos y leyendas, como sucede con los hechos históricos que se resisten a sucumbir entre las brumas del olvido. Y si lo cuento aquí y ahora, es porque fui testigo de esa horrenda masacre a los tres días de haber cumplido nueve años de edad.
Todo comenzó cuando las familias mineras se retiraban a dormir después de haber festejado el solsticio de invierno alrededor de las fogatas, donde se bailó y cantó al ritmo de cuecas y wayños, acompañados con ponches de alcohol, comidas típicas, coca, cigarrillos, cachorros de dinamita y cuetillos. Mientras esto sucedía en la población civil de Llallagua y los campamentos de Siglo XX, las tropas del regimiento Ranger y Camacho, que horas antes habían tendido un cerco al amparo de la noche, abrieron fuego desde todos los ángulos, dejando un saldo de una veintena de muertos y setenta heridos entre las punzadas del frío y los silbidos del viento.
Se estima que los soldados y oficiales, que ingresaron por la zona norte entre las nueve y once de la noche, partieron en trenes desde la ciudad de Oruro la tarde del 23 de junio. El sereno de la tranca, que los vio llegar armados dentro de los vagones, intentó informar a los dirigentes del sindicato y a las radioemisoras, pero fue intimidado por los oficiales que prosiguieron su marcha. Así, alrededor de las cinco de la mañana, comenzó la balacera para victimar a hombres, mujeres y niños.
En un principio, ante el ataque sorpresivo, algunos confundieron las ráfagas de las ametralladoras con los cuetillos y el estampido de los morteros con la explosión de las dinamitas. La empresa, en complicidad con los masacradores, cortó la luz eléctrica aquella madrugada, para que las radios no pudiesen transmitir ninguna alarma a los pobladores; en tanto los soldados, que estaban apostados en el cerro San Miguel, cercano de Canañiri, La Salvadora y el Río Seco, bajaron como recuas de asnos por la escarpada ladera y ocuparon a fuego los campamentos, la Plaza del Minero, la sede del sindicato y la radio ‘La Voz del Minero', donde fue asesinado el dirigente Rosendo García Maisman, quien, parapetado detrás de una ventana, defendió la radio con un viejo fusil en la mano. La matanza duró varias horas bajo el sol del 24 de junio. Los muertos se desangraban junto a las cenizas de las fogatas y los heridos acudían al hospital, mientras las madres, aterradas por los disparos y los gritos, intentaban calmar el miedo y el llanto de sus hijos.
En medio del caos y el espanto, no faltaron los hombres que, en un intento desesperado por defenderse, se armaron de dinamitas y capturaron a algunos soldados, a quienes les despojaron de sus uniformes y les quitaron sus armas. Pero todo hacía suponer que era ya demasiado tarde para preparar una resistencia organizada. En la Plaza del Minero se llenaron los soldados y la jurisdicción de la provincia Bustillo fue declarada "zona militar". La masacre fue ejecutada por órdenes expresas de René Barrientos Ortuño, cuyo gobierno bajó los salarios a niveles de hambre, desabasteció las pulperías, prohibió el fuero sindical y desató una sañuda persecución contra los dirigentes políticos y sindicales, con el propósito de destruir sistemáticamente el eje principal de la resistencia en el seno del movimiento obrero. De hecho, según testimonios de primera mano, se sabe que para el 24 de junio se tenía previsto la realización del ampliado nacional de los mineros en Siglo XX, con el fin de exigir un aumento salarial y apoyar a la guerrilla del Che con "dos mitas de su haber", equivalentes a dos jornadas de trabajo. Una suma importante si se considera a los aproximadamente 20.000 trabajadores que por entonces tenía la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
El gobierno y las Fuerzas Armadas, informados de los preparativos del ampliado y asesorados por la CIA, se apresuraron en ocupar los centros mineros para evitar cualquier apoyo moral y material destinado a los guerrilleros que se batían a tiros en las montañas de Ñancahuazú. Consiguientemente, lejos de la ilusión de encender una chispa libertaria en el continente americano, los mineros del altiplano y los guerrilleros comandado por el Che eran asesinados con las mismas armas y por los mismos enemigos, separados los unos de los otros, sin verse la cara ni compartir la misma trinchera contra los mercenarios de la CIA y las tropas del ejército boliviano.
René Barrientos Ortuño, quien sabía maniobrar sus siniestros planes respaldado en el "pacto militar-campesino", que él mismo estableció con la burocracia oficialista de los sindicatos del agro, justificó la masacre bajo el pretexto de que el ejército tuvo que disparar en defensa propia y que era necesario "combatir el proceso subversivo" de los mineros en Siglo XX, dispuestos a organizar un foco guerrillero para plegarse a la gesta armada de "los barbudos extranjeros" en Ñancahuazú.
Al mismo tiempo que la indignación popular corría como reguero de pólvora a lo largo y ancho del país, los "sindicatos clandestinos" organizados en el interior de la mina, aparte de declarar por unanimidad un paro de 48 horas en protesta contra la masacre, ratificaron sus justas demandas: retiro de las tropas del ejército, devolución de la sede del sindicato y de la radio "La Voz del Minero"; respeto al fuero sindical, libertad incondicional para los dirigentes detenidos y confinados, indemnización a las viudas de los asesinados y exigencia para que no sean desalojadas del campamento; reposición de los salarios a los niveles de mayo de 1965 y, como si fuera poco, se fijó también una cuota quincenal de diez pesos por obrero, para gastos del sindicato y para adquirir armas. La resistencia popular, en escala nacional, encontró su vanguardia indiscutible en los sectores mineros que, por su alto grado de conciencia política y convicción combativa, estaban decididos a defender sus derechos más elementales y continuar declarando a Siglo XX "territorio libre", en un franco desafío contra la dictadura militar.
A la masacre siguió la represión y el despido de los "agitadores" de sus fuentes de trabajo. Unos fueron a dar en las mazmorras y otros en el exilio, las viudas y los huérfanos fueron expulsados del campamento sin indemnización ni derecho a nada y la masacre de San Juan quedó en la impunidad. La ola de persecución se planeó en el Alto Mando Militar, con el claro objetivo de liquidar físicamente a los dirigentes más esclarecidos de la resistencia obrera. Así fue como dieron con el paradero de Isaac Camacho, uno de los principales líderes de los "sindicatos clandestinos", a quien, luego de apresarlo el 29 de julio, en una casa cercana de la Plaza Nueva en Llalagua, lo torturaron brutalmente y lo desaparecieron sin dejar rastro alguno.
René Barrientos Ortuño, además de la masacre minera, fue el responsable directo del asesinato, encarcelamiento, tortura y desaparición de varios opositores a su gobierno, hasta el día en que murió calcinado en el mismo helicóptero que le obsequiaron sus aliados del norte. No obstante, a pesar de los múltiples testimonios de esta sombría historia, todavía hay quienes exaltan su "patriotismo" y le llaman "el general del pueblo"; cuando en realidad no era más que un simple general golpista, un aviador entrenado en Estados Unidos y un servil lacayo del imperialismo, que supo aprovechar su mandato presidencial para saquear los recursos naturales en medio de un país que se desangraba en la miseria y lloraba a sus muertos bajo la bota militar.

Publicado en BolPress, el periódico online de La Paz (Bolivia), el 19 de junio de 2007.

Reproducido en el semanario Peripecias Nº 53 el 20 de junio de 2007.

0 comentarios

quién financia a los paramilitares

mqh - 02 de julio de 2007 - 21:23 - américa latina

[Josh Meyer y Chris Kraul] Ex paramilitar contó al Congreso que varias compañías proveyeron de dinero a milicias de extrema derecha acusadas de cometer matanzas de civiles.

Washington, Estados Unidos. Edwin Guzmán, ex sargento del ejército colombiano que se hizo más tarde miembro de los paramilitares, declaró que sus unidades militares eran responsables de proteger la propiedad de Birmingham, una compañía carbonífera de Drummond, Alabama, que maneja extensas operaciones en Colombia.
Guzmán dijo que los militares colombianos también habían colaborado estrechamente con unidades paramilitares de extrema derecha que alojaban en terrenos de Drummod en un intento conjunto de proteger a la compañía y sus envíos de carbón contra las guerrillas de izquierda.
Drummong proporcionaba al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia [AUC] de vehículos de la compañía, bencina y otros suministros, declaró Guzmán.
Desde septiembre de 2001 es ilegal que las compañías estadounidense provean apoyo económico a las AUC. En esa fecha el gobierno norteamericano la clasificó como organización terrorista. Pero Guzmán contó a los miembros de tres comisiones de relaciones exteriores de la Cámara que el acuerdo de protección entre los grupos ilegales y las compañías era algo habitual.
"Drummond no es la única compañía que paga por los servicios de los paramilitares. Hay muchas compañías más haciendo lo mismo", dijo Guzmán a través de un intérprete. "Espero que los miembros del Congreso las investiguen porque cada vez que hablamos sobre estas cosas en Colombia, tratan de borrar nuestros testimonios por todos los medios posibles".

Niegan Acusaciones
Drummong ha rechazado las acusaciones y declarado ante los legisladores el jueves que no haría comentarios sobre las acusaciones de Guzmán debido a que una demanda civil está todavía pendiente, que acusa a la compañía de haber ordenado el asesinato de tres líderes sindicales en 2001.
Los presidentes de dos de las subcomisiones, los representantes Eliot L. Engel (demócrata de Nueva York) y William D. Delahunt (demócrata de Massachusetts), dijeron que la sesión de cuatro horas era sólo el primer paso hacia lo que esperan sea una agresiva investigación sobre si las compañías estadounidenses estaban financiando la violencia en Colombia al pagar por protección a grupos paramilitares.
Los dos legisladores mencionaron el caso de Chiquita Brands International Inc., que reconoció hace poco haber pagado casi dos millones de dólares a las AUC y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], para que protegieran las operaciones bananeras y empleados de la compañía en Colombia. Chiquita accedió a pagar 25 millones de dólares en multas en un acuerdo para terminar la investigación del ministerio de Justicia, admitiendo haber hecho negocios con organizaciones clasificadas como terroristas por Estados Unidos. Las FARC son también consideradas una organización terrorista.
El grupo demócrata en el Congreso, citando esas preocupaciones, ha empezado a reexaminar el Plan Colombia, la campaña antidrogas y antiterrorista de varios billones de dólares que se ha estado implementando desde 2000.
Dos de los dirigentes sindicales, Víctor Orcasita y Valmore Locarno fueron obligados a descender de un bus de la compañía y asesinados. Gustavo Soler, que remplazó a Locarno como presidente del sindicato, fue asesinado de manera similar varios meses después.
Guzmán declaró el jueves que en los adiestramientos del ejército colombiano "nos decían que debemos atacar a los izquierdistas con todos los medios posibles, y que los sindicatos son grupos guerrilleros y que debemos atacarlos con medios legales e ilegales".
Pero no llegó a decir a los representantes que los militares conspiraban con las milicias paramilitares para asesinar a dirigentes sindicales y otros civiles. Y dijo que no tenía "pruebas de cómo entregaba Drummond el dinero a los paramilitares".

Sindicalismo como Amenaza
En sus declaraciones preparadas de antemano, Guzmán fue sin embargo más lejos, afirmando que el comandante de las AUC, al que identificó como ‘Cebolla', le dijo que los paramilitares eran responsables del asesinato de Locarno y Orcasita. Dijo que los paramilitares y el ejército colombiano compartían la opinión de que el sindicato de mineros de Drummond "eran una organización subversiva y consecuentemente un blanco militar legítimo".
"Debo confesar que nosotros en las fuerzas armadas considerábamos el asesinato de Valmore Locarno y Víctor Orcasita a principios de 2001 como victorias militares", dijo Guzmán. "Ahora ya no pienso eso, pero sí lo pensaba en esa época como consecuencia de mi adiestramiento militar".
Guzmán también dijo en una declaración que las AUC mataron a muchos civiles en las propiedades y alrededores de Drummond, y que a él le ordenaron, cuando estaba en las fuerzas armadas, ayudar a encubrir los lazos entre sus asesinatos y la compañía de carbón.
Engel dijo que las acusaciones contra Drummond, de ser verídicas, "constituiría una grave violación de nuestras leyes... Parece que sólo hemos arañado la superficie de los crímenes cometidos por empresas estadounidenses en Colombia".
Maria McFarland, especialista en Colombia para Human Rights Watch, de Nueva York, declaró el jueves que desde 1986 han sido asesinados en Colombia 2515 sindicalistas, casi dos tercios de ellos por grupos paramilitares.
En marzo, el viceministro de Justicia colombiano Mario Iguarán, dijo en una entrevista que su ministerio estaba investigando alegaciones de un testigo del gobierno ahora en prisión que paramilitares pagados por Drummond mataron a los tres sindicalistas.
Se cree que el testigo es Rafael García, ex funcionario del Departamento de Seguridad Administrativa, el equivalente colombiano del FBI, que acusó anteriormente al director del departamento, Jorge Noguera, de entregar a los paramilitares información sobre los dirigentes sindicales que serían más tarde asesinados.
En una entrevista con el Times el año pasado, el presidente de Drummond en Colombia, Augusto Jiménez, negó las acusaciones.

josh.meyer@latimes.com
chris.kraul@latimes.com

Meyer informó desde Washington y Kraul desde Bogotá, Colombia.

0 comentarios

cia espiaba a sacerdotes católicos

mqh - 01 de julio de 2007 - 19:26 - américa latina

[María Laura Carpineta] Una CIA anglosajona vigiló a los curas tercermundistas. Los acuso de oponerse a las recetas económicas de Washington.

Según un documento desclasificado esta semana, a fines de los '60 la CIA estaba obsesionada con la posibilidad de una alianza entre el comunismo y la Iglesia en la región. Para la agencia, el énfasis que ponían los curas tercermundistas en la justicia social era un peligro.
En los años de la Guerra Fría, cualquier cambio o posibilidad de cambio en América latina encendía alarmas en Estados Unidos. Uno de los documentos de la CIA desclasificados esta semana junto con las Joyas de la Familia demuestra que a finales de la década del sesenta, la Iglesia Católica empezaba a ser una preocupación para el Gran Hermano de la región. "La Iglesia comprometida y el cambio en América latina" detalla país por país cómo la institución católica, post Concilio II, comenzó a abogar más por la justicia social y las libertades. "Lo que durante mucho tiempo fue considerada una institución dedicada al mantenimiento del statu quo es ahora una fuerza que busca el cambio en una zona que ha demostrado poca capacidad para lidiar con la inestabilidad política y económica y con las tensiones que ya existen", concluía entonces la CIA. Y luego advertía: "Su compromiso con la justicia social es probable que impida los programas económicos actuales y, por lo tanto, que contribuya a crear una mayor inestabilidad política y económica".
Para analizar la situación de la Iglesia en la región, la agencia de Inteligencia estadounidense divide primero al clero en cuatro grupos: los reaccionarios –todavía en control de las altas jerarquías–, los no comprometidos –el grueso de la institución–, los progresistas –una importante porción del obispado en pleno ascenso– y los radicales –-minoritarios, admite, aunque "peligrosos"–. Con nombre y apellido y una precisión que demuestra la presencia constante y casi omnisciente de la agencia en las naciones latinoamericanas, el informe sitúa a las principales figuras del clero de cada país en estas categorías. "La situación más seria parece ser la de Brasil", aseguraba el texto fechado en 1969. Según la CIA, el gobierno de Joao Goulart venía apoyando al ala progresista de la Iglesia, e incluso a la que Washington denominaba radical. Sin embargo, con el golpe de Estado de 1964, la alianza se quebró, aunque el informe destaca que todavía quedaban algunos denominados reaccionarios para mantener las relaciones con la dictadura, los entonces arzobispos de Río de Janeiro y de San Pablo, el cardenal Jaime de Barros y Angelo Cardinal Rossi, respectivamente.
En la Argentina, por supuesto, no se vivía ese nivel de confrontación institucional. "Los elementos reaccionarios y no comprometidos de la Iglesia dieron una bienvenida muy calurosa al golpe militar de junio de 1966", aseguraba la agencia de Inteligencia y destacaba las figuras del entonces arzobispo de Buenos Aires y de Santa Fe, los cardenales Antonio Caggiano y Nicolas Fasolino. Sin embargo, la CIA advertía sobre la creciente militancia política o cercanía de algunos curas de base con los movimientos obreros y estudiantiles. El Movimiento de los Curas del Tercer Mundo, en donde confluían los ideólogos de la Teoría de la Liberación de la región, es identificado como un grupo radical, es decir, que estaba a favor del uso de violencia para alcanzar cambios sociales, económicos y políticos.
La CIA, recordando el ejemplo del cura colombiano Camilo Torres, que dejó los hábitos, se sumó a la lucha armada y se terminó convirtiendo en un mártir y un símbolo para muchos religiosos y luchadores sociales, explicaba la amenaza latente. "Es lógico asumir que varios tipos de comunistas y otros izquierdistas extremos están intentando penetrar los sectores comprometidos de la Iglesia Católica en América latina", sostenía. Si se permitía que estos acercamientos prosperaran, pronosticaba la agencia, las relaciones entre la Iglesia y el Estado argentino podrían deteriorarse.
Siguiendo el discurso de la Guerra Fría, toda amenaza debía estar relacionada, al menos tangencialmente, con el brazo largo del comunismo. Para justificar esta alianza –no respaldada en ningún análisis histórico serio sobre la época ni por los mismos comunistas– la agencia de Inteligencia estadounidense cita un extracto de un conferencia que dio el cura colombiano René García Lizarralde, uno de los firmantes del emblemático Mensaje a los Pueblos del Tercer Mundo (Colombia, 1967), en el que obispos y curas de todo el mundo alzaron su voz a favor de la justicia social, la libertad política y denunciaron a los gobiernos que atentaban contra estos principios. Según el informe, García Lizarralde les habría dicho a sus alumnos que era fundamental abrirse al marxismo porque esta ideología proveía la metodología necesaria para los revolucionarios cristianos.
Es cierto que en su análisis, la agencia de Inteligencia estadounidense reconoce que todavía faltaba mucho para que los elementos "radicales" tomaran las riendas de la siempre conservadora Iglesia Católica. Sin embargo, el verdadero temor de la agencia y de los elementos más duros de Washington era el avance y la aceptación dentro de las estructuras eclesiásticas de las figuras progresistas que buscaban el cambio, pero sin la violencia y siempre desde dentro de la institución. Chile era el ejemplo del poder de una Iglesia reformista y moderna, que se alejó de las tradicionales clases altas –"los grandes terratenientes" que en el resto de la región promocionaban golpes o gobiernos conservadores– para apoyar un proyecto moderado como el de la Democracia Cristiana de Eduardo Frei. Pero como demostró la historia, a pesar de los cambios que introdujo Juan XXIII con el Concilio II, las cúpulas de la Iglesia Católica en América latina –y en el resto del mundo– no fueron cooptadas por los pocos obispos progresistas ni mucho menos por los supuestos curas radicales, que en cambio se sumaron a la lista de enemigos de las dictaduras de los oscuros años setenta y muchos terminaron engrosando las largas listas de asesinados y desaparecidos.

0 comentarios