pinochet sin inmunidad
[Eduardo Gallardo] Otra vez sin inmunidad. Pero ¿será juzgado?
Santiago, Chile. La Corte Suprema despojó el miércoles al general Augusto Pinochet de inmunidad para ser procesado, allanando el camino para enjuiciar al ex dictador por su papel en la desaparición y asesinato de 15 disidentes durante su régimen de 1973 a 1990.
La corte votó 10-6 para despojar al ex dictador de 89 años de la inmunidad de que gozaba como ex presidente y autorizó su juicio por la Operación Cóndor', dijo el presidente de la Corte Suprema, José Benquis.
Ese caso implicó el asesinato de 119 disidentes, cuyos cuerpos fueron encontrados en la vecina Argentina en 1975, pero Pinochet sólo sería acusado por el destino de 15 víctimas cuyas familias han presentado demandas criminales contra él.
En la época en que fueron descubiertos los cuerpos, el régimen de Pinochet dijo que habían muerto en choques entre grupos rivales armados de la oposición. Apoyó sus reclamaciones exhibiendo informes de dos revistas, Lea, de Argentina, y O Dia, de Brasil. Pero ambas revistas sólo publicaron ese número y desaparecieron.
La resolución del miércoles, que no es apelable, autorizó al juez Víctor Montiglio a continuar con el caso para juzgar a Pinochet. Montiglio no anunció de momento sus planes.
Pinochet no fue llamado a presentarse al tribunal y continuó recluido en su mansión suburbana en Santiago. Sus abogados no hicieron comentarios.
Abogados de los familiares de las víctimas expresaron su satisfacción.
"Creo que la Corte Suprema ha dado alguna esperanza de que no habrá impunidad, al menos no este caso", dijo el abogado Hernán Quezada.
Su colega Boris Paredes, dijo que "este es probablemente uno de los casos en los que la responsabilidad de Pinochet está mucho más clara".
Pinochet hace frente a docenas de demandas que se derivan de los abusos de derechos humanos durante su régimen, una época en la que desaparecieron o fueron asesinados 3.197 disidentes, de acuerdo a una investigación de una comisión independiente nombrada por el gobierno civil que sucedió al dictador.
Hasta ahora ha sido despojado de inmunidad tres veces por casos de abusos. En otro caso, que implica evasión de impuestos en relación con multimillonarias cuentas bancarias en el extranjero, Pinochet ha sido despojado de inmunidad por la corte de apelaciones, pero la resolución no ha sido confirmada por el tribunal superior.
Hasta el momento Pinochet ha evitado ser enjuiciado por razones de salud. Dos casos ya fueron rechazados por la Corte Suprema por esa razón, aunque ese decisión no se extendía a la Operación Cóndor ni a los casos de evasión de impuestos.
A Pinochet se le diagnosticó un leve caso de demencia, y sus doctores dicen que ha sufrido varios derrames leves desde 1998. También tiene diabetes y artritis y usa un marcapasos.
Sus enemigos insisten en que exagera sus problemas de salud para eludir el juicio.
15 de septiembre de 2005
©washington post
©traducción mQh
Santiago, Chile. La Corte Suprema despojó el miércoles al general Augusto Pinochet de inmunidad para ser procesado, allanando el camino para enjuiciar al ex dictador por su papel en la desaparición y asesinato de 15 disidentes durante su régimen de 1973 a 1990.La corte votó 10-6 para despojar al ex dictador de 89 años de la inmunidad de que gozaba como ex presidente y autorizó su juicio por la Operación Cóndor', dijo el presidente de la Corte Suprema, José Benquis.
Ese caso implicó el asesinato de 119 disidentes, cuyos cuerpos fueron encontrados en la vecina Argentina en 1975, pero Pinochet sólo sería acusado por el destino de 15 víctimas cuyas familias han presentado demandas criminales contra él.
En la época en que fueron descubiertos los cuerpos, el régimen de Pinochet dijo que habían muerto en choques entre grupos rivales armados de la oposición. Apoyó sus reclamaciones exhibiendo informes de dos revistas, Lea, de Argentina, y O Dia, de Brasil. Pero ambas revistas sólo publicaron ese número y desaparecieron.
La resolución del miércoles, que no es apelable, autorizó al juez Víctor Montiglio a continuar con el caso para juzgar a Pinochet. Montiglio no anunció de momento sus planes.
Pinochet no fue llamado a presentarse al tribunal y continuó recluido en su mansión suburbana en Santiago. Sus abogados no hicieron comentarios.
Abogados de los familiares de las víctimas expresaron su satisfacción.
"Creo que la Corte Suprema ha dado alguna esperanza de que no habrá impunidad, al menos no este caso", dijo el abogado Hernán Quezada.
Su colega Boris Paredes, dijo que "este es probablemente uno de los casos en los que la responsabilidad de Pinochet está mucho más clara".
Pinochet hace frente a docenas de demandas que se derivan de los abusos de derechos humanos durante su régimen, una época en la que desaparecieron o fueron asesinados 3.197 disidentes, de acuerdo a una investigación de una comisión independiente nombrada por el gobierno civil que sucedió al dictador.
Hasta ahora ha sido despojado de inmunidad tres veces por casos de abusos. En otro caso, que implica evasión de impuestos en relación con multimillonarias cuentas bancarias en el extranjero, Pinochet ha sido despojado de inmunidad por la corte de apelaciones, pero la resolución no ha sido confirmada por el tribunal superior.
Hasta el momento Pinochet ha evitado ser enjuiciado por razones de salud. Dos casos ya fueron rechazados por la Corte Suprema por esa razón, aunque ese decisión no se extendía a la Operación Cóndor ni a los casos de evasión de impuestos.
A Pinochet se le diagnosticó un leve caso de demencia, y sus doctores dicen que ha sufrido varios derrames leves desde 1998. También tiene diabetes y artritis y usa un marcapasos.
Sus enemigos insisten en que exagera sus problemas de salud para eludir el juicio.
15 de septiembre de 2005
©washington post
©traducción mQh
conspiración contra obispo
[Patrick J. McDonnell] Funcionarios de la iglesia creen que el prelado argentino visto en un video comprometedor fue víctima de una vendetta política.
Buenos Aires, Argentina. El obispo católico pro-reformista fue captado en un comprometedor video con un joven.
En un país fuertemente católico, eso es suficiente escándalo. Pero en Argentina, un país que lucha por escapar del desmoralizador legado de corrupción, catástrofe económica y brutalidad, el misterio más salado parece ser: ¿Quién orquestó la filmación del obispo con su consorte masculino, y por qué?
Funcionarios eclesiásticos y otros insinúan una conspiración en una atrasada provincia norteña que se remonta a la incómoda era de las mafias políticas y la policía secreta.
El clérigo, el obispo Juan Carlos Maccarone, renunció como prelado del empobrecido Santiago del Estero poco después de que el video surgiera a superficie mostrando al obispo de 64 años retozando en su sotana con el joven taxista, vendedor de móviles y cambista de 23.
Nadie de Maccarone para abajo ha puesto en duda la autenticidad del video de 15 minutos, filmado a hurtadillas por el joven en la residencia del obispo.
La renuncia del obispo fue, según se dice, discretamente aceptada por el Papa Benedicto XVI durante las celebraciones del Día Mundial de la Juventud en su nativa Alemania.
La descripción general de Maccarone como víctima, a pesar de su aparente transgresión de las enseñanzas de la iglesia sobre el celibato y la homosexualidad, ha sido muy diferente a la crítica cobertura periodística en Estados Unidos de sacerdotes acusados de conductas sexuales desviadas. Sin embargo, los encuentros clandestinos de Maccarone involucraban aparentemente a un adulto consintiente, no a menores indefensos.
La discusión pública se ha concentrado en las insinuaciones de una historia oscura.
Que alguien quiere demoler la reputación de un respetado líder progresista conocido como un reformador clave en el pantano de la política argentina, no abusa de la credulidad de los que están familiarizados con la antigua estructura de poder en Santiago del Estero, cuya capital está a 965 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
"Rechazamos y repudiamos este ataque mafioso contra Maccarone", dijo Nora Loto, activista de derechos humanos en Santiago del Estero, cuyos partidarios han organizado marchas de solidaridad con el obispo. "La gente que está detrás de esto es la misma que cometió tantos crímenes en esta provincia, y que desafortunadamente continúa actuando con impunidad".
El obispo ha declarado en una carta a sus colegas que su posición fue socavada por un "proyecto de extorsión" que tomaba ventaja de su "buena voluntad".
El Padre Guillermo Marco, portavoz del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, sugirió en una entrevista en la radio que el caso olía a vendetta política.
Ordenado en 1968, Maccarone fue un bien conocido teólogo y participante de un comité de diálogo auspiciado por la iglesia que intenta paliar las consecuencias de la crisis económica que arrasó con Argentina en 2001-2002. El corpulento clérigo de gafas visitaba frecuentemente la capital, donde sus partidarios incluían al presidente de Argentina, Néstor Kirchner, que ha estado en punta con la jerarquía de la iglesia aquí.
Kirchner, cuyo gobierno se enfrenta a las cruciales elecciones el próximo mes, ha redefinido su gobierno como diferente a los gobiernos a menudo brutales y corruptos de Argentina en su pasado reciente.
Durante décadas, Carlos Arturo Juárez, un caudillo político de la vieja escuela, gobernó Santiago del Estero de acuerdo a sus caprichos. Encargada de la seguridad había una fuerza policial que era más leal a Juárez que a las normas de la ley y del orden. Según la mayoría de las versiones, la unidad conocida como D2 -Directorado de Información- fue especialmente activa a la hora de eliminar amenazas a la hegemonía de Juárez.
El predecesor de Maccarone en el obispado, Gerardo Sueldo, también un declarado crítico del atrincherado régimen provincial, pereció en un misterioso accidente de carretera cuando su coche supuestamente chocó contra un caballo, aunque no se encontró nunca el cuerpo del animal. El régimen del caudillo se derrumbó después de que autoridades provinciales de alto nivel fueran vinculadas a los impresionantes asesinatos de dos mujeres en 2003.El año pasado las autoridades federales nombraron a un gobernador fiable en lo que fue una victoria para el modernista presidente del país, Kirchner. Maccarone respaldó la decisión.
Pablo Lanusse, el ex gobernador, dijo a periodistas que Maccarone fue "víctima de un personaje siniestro" en la provincia, una clara referencia a Juárez, 88, el ex jefe político, ahora liberado de su arresto domiciliario. "Su renuncia", dijo Lanusse sobre el obispo, "puede significar algún alivio para los delincuentes que lo han atacado tanto, porque su presencia y su ministerio les fastidiaba".
Por su parte, el joven en el video, Alfredo Serrano, ha insistido en entrevistas que no es un gigoló y que nadie le pagó por la filmación, al contrario de lo que se afirma en noticias de prensa de que recibió más de 30.000 dólares.
Serrano dice que en realidad actuó movido por el enfado porque el obispo no le proporcionó la ayuda que había prometido para su necesitada familia, que ha estado de capa caída desde la muerte del padre de Serrano hace 15 años -era un funcionario de bajo rango. Varias veces el año pasado, la madre de Serrano se encadenó a sí misma en el palacio del gobernador exigiendo que ella o su hijo heredara el trabajo de su marido, como era la costumbre en esa provincia de régimen patronal.
Pero en un país donde las teorías conspirativas son fácilmente acogidas, muchos se niegan a creer que el joven, que abandonó los estudios secundarios por la calle, pueda haber ideado una intriga que ha resonado en Buenos Aires y en el Vaticano.
"No es posible que esto haya ocurrido casualmente", dijo Loto, la activista de Santiago del Estero. "Si le pasó a una persona tan querida, respetada y prestigiosa como el obispo, entonces nos puede pasar a todos nosotros... Estamos todos alertas".
Andrés D'Alessandro contribuyó a este reportaje.
9 de septiembre de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. El obispo católico pro-reformista fue captado en un comprometedor video con un joven.En un país fuertemente católico, eso es suficiente escándalo. Pero en Argentina, un país que lucha por escapar del desmoralizador legado de corrupción, catástrofe económica y brutalidad, el misterio más salado parece ser: ¿Quién orquestó la filmación del obispo con su consorte masculino, y por qué?
Funcionarios eclesiásticos y otros insinúan una conspiración en una atrasada provincia norteña que se remonta a la incómoda era de las mafias políticas y la policía secreta.
El clérigo, el obispo Juan Carlos Maccarone, renunció como prelado del empobrecido Santiago del Estero poco después de que el video surgiera a superficie mostrando al obispo de 64 años retozando en su sotana con el joven taxista, vendedor de móviles y cambista de 23.
Nadie de Maccarone para abajo ha puesto en duda la autenticidad del video de 15 minutos, filmado a hurtadillas por el joven en la residencia del obispo.
La renuncia del obispo fue, según se dice, discretamente aceptada por el Papa Benedicto XVI durante las celebraciones del Día Mundial de la Juventud en su nativa Alemania.
La descripción general de Maccarone como víctima, a pesar de su aparente transgresión de las enseñanzas de la iglesia sobre el celibato y la homosexualidad, ha sido muy diferente a la crítica cobertura periodística en Estados Unidos de sacerdotes acusados de conductas sexuales desviadas. Sin embargo, los encuentros clandestinos de Maccarone involucraban aparentemente a un adulto consintiente, no a menores indefensos.
La discusión pública se ha concentrado en las insinuaciones de una historia oscura.
Que alguien quiere demoler la reputación de un respetado líder progresista conocido como un reformador clave en el pantano de la política argentina, no abusa de la credulidad de los que están familiarizados con la antigua estructura de poder en Santiago del Estero, cuya capital está a 965 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
"Rechazamos y repudiamos este ataque mafioso contra Maccarone", dijo Nora Loto, activista de derechos humanos en Santiago del Estero, cuyos partidarios han organizado marchas de solidaridad con el obispo. "La gente que está detrás de esto es la misma que cometió tantos crímenes en esta provincia, y que desafortunadamente continúa actuando con impunidad".
El obispo ha declarado en una carta a sus colegas que su posición fue socavada por un "proyecto de extorsión" que tomaba ventaja de su "buena voluntad".
El Padre Guillermo Marco, portavoz del arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, sugirió en una entrevista en la radio que el caso olía a vendetta política.
Ordenado en 1968, Maccarone fue un bien conocido teólogo y participante de un comité de diálogo auspiciado por la iglesia que intenta paliar las consecuencias de la crisis económica que arrasó con Argentina en 2001-2002. El corpulento clérigo de gafas visitaba frecuentemente la capital, donde sus partidarios incluían al presidente de Argentina, Néstor Kirchner, que ha estado en punta con la jerarquía de la iglesia aquí.
Kirchner, cuyo gobierno se enfrenta a las cruciales elecciones el próximo mes, ha redefinido su gobierno como diferente a los gobiernos a menudo brutales y corruptos de Argentina en su pasado reciente.
Durante décadas, Carlos Arturo Juárez, un caudillo político de la vieja escuela, gobernó Santiago del Estero de acuerdo a sus caprichos. Encargada de la seguridad había una fuerza policial que era más leal a Juárez que a las normas de la ley y del orden. Según la mayoría de las versiones, la unidad conocida como D2 -Directorado de Información- fue especialmente activa a la hora de eliminar amenazas a la hegemonía de Juárez.
El predecesor de Maccarone en el obispado, Gerardo Sueldo, también un declarado crítico del atrincherado régimen provincial, pereció en un misterioso accidente de carretera cuando su coche supuestamente chocó contra un caballo, aunque no se encontró nunca el cuerpo del animal. El régimen del caudillo se derrumbó después de que autoridades provinciales de alto nivel fueran vinculadas a los impresionantes asesinatos de dos mujeres en 2003.El año pasado las autoridades federales nombraron a un gobernador fiable en lo que fue una victoria para el modernista presidente del país, Kirchner. Maccarone respaldó la decisión.
Pablo Lanusse, el ex gobernador, dijo a periodistas que Maccarone fue "víctima de un personaje siniestro" en la provincia, una clara referencia a Juárez, 88, el ex jefe político, ahora liberado de su arresto domiciliario. "Su renuncia", dijo Lanusse sobre el obispo, "puede significar algún alivio para los delincuentes que lo han atacado tanto, porque su presencia y su ministerio les fastidiaba".
Por su parte, el joven en el video, Alfredo Serrano, ha insistido en entrevistas que no es un gigoló y que nadie le pagó por la filmación, al contrario de lo que se afirma en noticias de prensa de que recibió más de 30.000 dólares.
Serrano dice que en realidad actuó movido por el enfado porque el obispo no le proporcionó la ayuda que había prometido para su necesitada familia, que ha estado de capa caída desde la muerte del padre de Serrano hace 15 años -era un funcionario de bajo rango. Varias veces el año pasado, la madre de Serrano se encadenó a sí misma en el palacio del gobernador exigiendo que ella o su hijo heredara el trabajo de su marido, como era la costumbre en esa provincia de régimen patronal.
Pero en un país donde las teorías conspirativas son fácilmente acogidas, muchos se niegan a creer que el joven, que abandonó los estudios secundarios por la calle, pueda haber ideado una intriga que ha resonado en Buenos Aires y en el Vaticano.
"No es posible que esto haya ocurrido casualmente", dijo Loto, la activista de Santiago del Estero. "Si le pasó a una persona tan querida, respetada y prestigiosa como el obispo, entonces nos puede pasar a todos nosotros... Estamos todos alertas".
Andrés D'Alessandro contribuyó a este reportaje.
9 de septiembre de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
secuestrados con fe
[Monte Reel] Familias de secuestrados mantienen la fe. Oferta de rebeldes colombianos de intercambio de prisioneros plantea problemas al gobierno respaldado por Estados Unidos.
Bogotá, Colombia. En el apartamento encima de su zapatería, Silvio Hernández y su esposa Magdalena deslizan un manoseado video en un reproductor VCR. Miran las borrosas imágenes con ojos llorosos y escuchan una vez más las únicas palabras que han oído de su hijo Elquin desde que fuera secuestrado por rebeldes antigubernamentales en 1998, cuando tenía 22 años.
"Afortunadamente no tengo hijos, porque estarían sufriendo con esta situación", dice Elquin Hernández en el video, hecho en el escondite de los rebeldes en la selva. Las moscas se arrastran por el lente de la cámara y revolotean en torno a él.
A unos 4.000 kilómetros de distancia, en su casa en el centro de Connecticut, Jo Rosano mira a veces otro video, filmado por un periodista al que se le otorgó un breve acceso a su hijo Marc Gonsalves. Subcontratista del gobierno norteamericano en una misión de vigilancia área del narcotráfico, fue capturado por los rebeldes después de que su avión se estrellara durante un aterrizaje en la selva colombiana el 13 de febrero de 2003.
"Quiero que sepas que soy fuerte", dice Gonsalves, que tenía 31 cuando fue capturado junto con otros dos americanos en el avión. "No estoy herido ni me han torturado. Simplemente estoy esperando volver a casa".
Hernández y Golsalves son uno de los 60 rehenes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC han propuesto canjear. El grupo guerrillero, que ha estado librando una guerra contra el gobierno colombiano durante 41 años, dice que la libertad de los rehenes depende de la liberación de 300 rebeldes encarcelados en Colombia y Estados Unidos, algunos de ellos por tráfico de drogas y homicidio. Más allá de este grupo de 60, se calcula que las FARC han secuestrado a muchos más. Uno de los más prominentes es Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 mientras hacía campaña para las elecciones presidenciales.
"El gobierno debe negociar su liberación, porque no hay otra solución", dijo Silvio Hernández después de mirar el video una tarde hace poco. "Hace siete años que estamos sufriendo esto. Nuestra vida no tiene perspectivas".
Negociar la liberación con las FARC es extremadamente espinudo. La insurgencia de 13.000 miembros ha demostrado ser un implacable enemigo del gobierno, y controla partes substanciales del campo. El grupo suscribe una ideología marxista revolucionaria y ha dependido fuertemente del tráfico de drogas para financiar sus operaciones.
En los años ochenta un grupo de latifundistas ricos se reunieron y fundaron una red de operativos paramilitares para defenderse de los ataques de las FARC. Los grupos paramilitares, a veces vinculados a miembros de las fuerzas armadas colombianas, han sido acusados por grupos de derechos humanos de haber masacrado a civiles.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe ha implementado una política de estímulos a los milicianos paramilitares para que se desmovilicen a cambio de un programa de reinserción y penas leves por sus crímenes. La oferta ha provocado algunas entregas y los funcionarios esperan desmovilizar a 20.000 de ellos para fines de año.
Pero funcionarios y analistas dicen que las FARC y un grupo rebelde más pequeño, el Ejército de Liberación Nacional ELN, se muestran reluctantes a abandonar su lucha y se han opuesto a los pedidos de paz del gobierno. Las guerrillas también dicen que Uribe ha sido muy blando con los grupos paramilitares y está más abierto a hacer compromisos con ellos.
El gobierno estadounidense, que considera a las FARC un grupo terrorista, se niega a negociar el retorno de Golsalves o de los otros dos americanos capturados con él: Tom Howes, ahora de 52, de Merritt Island, Florida, y Keith Stansell, ahora de 41, de Colquitt, Georgia. Los tres eran empleados civiles de California Microwave Systems, una división de Northrop Grumman Corp., que trabajaban bajo contrato militar norteamericano para realizar prospecciones aéreas donde se cultiva la coca.
Normalmente las FARC secuestran a gente por cortos períodos para reunir dinero a través de los rescates, pero ha dado a conocer la identidad de sólo 60 rehenes de largo plazo -incluyendo policías, soldados, políticos y los tres contratistas americanos- como "canjeables" con el gobierno.
Aunque canjes similares se han negociado periódicamente, el gobierno de Uribe teme que ceder demasiado a las demandas de las FARC podría estimular más secuestros. La dura política de Uribe contra los rebeldes ha coincidido con recientes descensos de los secuestros y otros crímenes violentos, y las encuestas le dan una tasa de aprobación de más del 70 por ciento entre los colombianos encuestados.
"Se puede negociar con las FARC, pero no es fácil", dice el vice-presidente Francisco Santos, que fue secuestrado por el barón de la droga Pablo Escobar en 1990 y mantenido como rehén durante ocho meses. "Son duros como uñas, y cuando cedes algo, lo ven como un signo de debilidad, no como negociación".
A principios del mes pasado, la posibilidad de un "canje humanitario" fue nuevamente planteado. Funcionarios de gobierno dijeron que esperaban reunirse con representantes de las FARC dentro de unos días para empezar las negociaciones sobre un canje de prisioneros. Pero en lugar de eso los líderes de las FARC rechazaron la oferta, quejándose de que el sitio propuesto para el encuentro, una iglesia a unos 145 kilómetros al oeste de Bogotá, la capital, no fue propuesto en una zona oficialmente desmilitarizada.
Las potenciales negociaciones se ven complicadas además por la posibilidad de que Uribe se postule a la reelección el próximo año, si la Corte Constitucional del país aprueba una enmienda constitucional que le permita hacerlo. Los analistas dijeron que liberar a los prisioneros sería una victoria de relaciones públicas para la campaña de Uribe, algo que las FARC preferirían evitar.
Sin embargo, el gobierno espera mantener la puerta abierta. Ahora se ha volcado hacia la iglesia católica para que actúe de mediadora, esperando que los líderes de la iglesia puedan ayudar a reiniciar las conversaciones de paz. Algunos observadores expresaron un cauto optimismo, apuntando que la iglesia es respetada por todas las partes y que las guerrillas han sido debilitadas por las acciones del gobierno para reducir sus beneficios en el tráfico de drogas. Pero otros dicen que los rebeldes empezaran a hablar sólo si se convencen de que la insurgencia armada ha fracasado.
"Creo que las FARC no se sentarán a la mesa de negociaciones... hasta que se convenzan de que no podrán acceder al poder mediante el uso de las armas", dijo Augusto Ramírez Ocampo, ex embajador y miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación, que ha participado en varios intentos de paz en los últimos 20 años.
Informes sobre los renovados esfuerzos han causado poca impresión entre las familias de los secuestrados, que expresaron amargura hacia los secuestradores de su hijo y frustración con el gobierno al que pidieron ayuda.
"Me siento olvidado", dijo Rosano por teléfono desde Connecticut. "Aquí estamos 2 años y medio después y todos el mundo todavía dice que están haciendo todo lo que pueden. Pero sea lo sea lo que están haciendo, no está funcionando. No quiero que mi hijo se haga viejo en Colombia".
Silvio Hernández asiste a menudo a las manifestaciones semanales en la extensa plaza frente al congreso colombiano, con su retrato de su hijo, mientras él y un puñado de familiares se reúnen para gritar a favor del canje de prisioneros. Le da algo que hacer, pero dijo que difícilmente le sube los ánimos.
"Mira en tu rededor", dijo durante una pequeña protesta, mirando pasar a los transeúntes imbuidos en sus propios asuntos. "Nadie nos presta atención".
Su esposa se quedó en casa, revisando un álbum de cartas y dibujos de su hijo que le hicieron llegar las FARC. La carta más reciente data de hace dos años, como los videos de Elquin y otros siete rehenes que las FARC enviaron a un programa de noticias colombiano en abril de 2003.
Pero aunque la familia no tiene pruebas de que esté todavía con vida, cada semana los familiares llaman a una emisora local para grabar un breve saludo, esperando que la transmisión llegue hasta su hijo en el escondite guerrillero.
"Los mensajes para Elquin son como oxígeno para mí", dijo Magdalena Hernández. "El día que no envíe un mensaje es cuando deberías empezar a preocuparte. Una no puede olvidar a sus hijos".
8 de septiembre de 2005
©washington post
©traducción mQh
Bogotá, Colombia. En el apartamento encima de su zapatería, Silvio Hernández y su esposa Magdalena deslizan un manoseado video en un reproductor VCR. Miran las borrosas imágenes con ojos llorosos y escuchan una vez más las únicas palabras que han oído de su hijo Elquin desde que fuera secuestrado por rebeldes antigubernamentales en 1998, cuando tenía 22 años."Afortunadamente no tengo hijos, porque estarían sufriendo con esta situación", dice Elquin Hernández en el video, hecho en el escondite de los rebeldes en la selva. Las moscas se arrastran por el lente de la cámara y revolotean en torno a él.
A unos 4.000 kilómetros de distancia, en su casa en el centro de Connecticut, Jo Rosano mira a veces otro video, filmado por un periodista al que se le otorgó un breve acceso a su hijo Marc Gonsalves. Subcontratista del gobierno norteamericano en una misión de vigilancia área del narcotráfico, fue capturado por los rebeldes después de que su avión se estrellara durante un aterrizaje en la selva colombiana el 13 de febrero de 2003.
"Quiero que sepas que soy fuerte", dice Gonsalves, que tenía 31 cuando fue capturado junto con otros dos americanos en el avión. "No estoy herido ni me han torturado. Simplemente estoy esperando volver a casa".
Hernández y Golsalves son uno de los 60 rehenes que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC han propuesto canjear. El grupo guerrillero, que ha estado librando una guerra contra el gobierno colombiano durante 41 años, dice que la libertad de los rehenes depende de la liberación de 300 rebeldes encarcelados en Colombia y Estados Unidos, algunos de ellos por tráfico de drogas y homicidio. Más allá de este grupo de 60, se calcula que las FARC han secuestrado a muchos más. Uno de los más prominentes es Ingrid Betancourt, secuestrada en 2002 mientras hacía campaña para las elecciones presidenciales.
"El gobierno debe negociar su liberación, porque no hay otra solución", dijo Silvio Hernández después de mirar el video una tarde hace poco. "Hace siete años que estamos sufriendo esto. Nuestra vida no tiene perspectivas".
Negociar la liberación con las FARC es extremadamente espinudo. La insurgencia de 13.000 miembros ha demostrado ser un implacable enemigo del gobierno, y controla partes substanciales del campo. El grupo suscribe una ideología marxista revolucionaria y ha dependido fuertemente del tráfico de drogas para financiar sus operaciones.
En los años ochenta un grupo de latifundistas ricos se reunieron y fundaron una red de operativos paramilitares para defenderse de los ataques de las FARC. Los grupos paramilitares, a veces vinculados a miembros de las fuerzas armadas colombianas, han sido acusados por grupos de derechos humanos de haber masacrado a civiles.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe ha implementado una política de estímulos a los milicianos paramilitares para que se desmovilicen a cambio de un programa de reinserción y penas leves por sus crímenes. La oferta ha provocado algunas entregas y los funcionarios esperan desmovilizar a 20.000 de ellos para fines de año.
Pero funcionarios y analistas dicen que las FARC y un grupo rebelde más pequeño, el Ejército de Liberación Nacional ELN, se muestran reluctantes a abandonar su lucha y se han opuesto a los pedidos de paz del gobierno. Las guerrillas también dicen que Uribe ha sido muy blando con los grupos paramilitares y está más abierto a hacer compromisos con ellos.
El gobierno estadounidense, que considera a las FARC un grupo terrorista, se niega a negociar el retorno de Golsalves o de los otros dos americanos capturados con él: Tom Howes, ahora de 52, de Merritt Island, Florida, y Keith Stansell, ahora de 41, de Colquitt, Georgia. Los tres eran empleados civiles de California Microwave Systems, una división de Northrop Grumman Corp., que trabajaban bajo contrato militar norteamericano para realizar prospecciones aéreas donde se cultiva la coca.
Normalmente las FARC secuestran a gente por cortos períodos para reunir dinero a través de los rescates, pero ha dado a conocer la identidad de sólo 60 rehenes de largo plazo -incluyendo policías, soldados, políticos y los tres contratistas americanos- como "canjeables" con el gobierno.
Aunque canjes similares se han negociado periódicamente, el gobierno de Uribe teme que ceder demasiado a las demandas de las FARC podría estimular más secuestros. La dura política de Uribe contra los rebeldes ha coincidido con recientes descensos de los secuestros y otros crímenes violentos, y las encuestas le dan una tasa de aprobación de más del 70 por ciento entre los colombianos encuestados.
"Se puede negociar con las FARC, pero no es fácil", dice el vice-presidente Francisco Santos, que fue secuestrado por el barón de la droga Pablo Escobar en 1990 y mantenido como rehén durante ocho meses. "Son duros como uñas, y cuando cedes algo, lo ven como un signo de debilidad, no como negociación".
A principios del mes pasado, la posibilidad de un "canje humanitario" fue nuevamente planteado. Funcionarios de gobierno dijeron que esperaban reunirse con representantes de las FARC dentro de unos días para empezar las negociaciones sobre un canje de prisioneros. Pero en lugar de eso los líderes de las FARC rechazaron la oferta, quejándose de que el sitio propuesto para el encuentro, una iglesia a unos 145 kilómetros al oeste de Bogotá, la capital, no fue propuesto en una zona oficialmente desmilitarizada.
Las potenciales negociaciones se ven complicadas además por la posibilidad de que Uribe se postule a la reelección el próximo año, si la Corte Constitucional del país aprueba una enmienda constitucional que le permita hacerlo. Los analistas dijeron que liberar a los prisioneros sería una victoria de relaciones públicas para la campaña de Uribe, algo que las FARC preferirían evitar.
Sin embargo, el gobierno espera mantener la puerta abierta. Ahora se ha volcado hacia la iglesia católica para que actúe de mediadora, esperando que los líderes de la iglesia puedan ayudar a reiniciar las conversaciones de paz. Algunos observadores expresaron un cauto optimismo, apuntando que la iglesia es respetada por todas las partes y que las guerrillas han sido debilitadas por las acciones del gobierno para reducir sus beneficios en el tráfico de drogas. Pero otros dicen que los rebeldes empezaran a hablar sólo si se convencen de que la insurgencia armada ha fracasado.
"Creo que las FARC no se sentarán a la mesa de negociaciones... hasta que se convenzan de que no podrán acceder al poder mediante el uso de las armas", dijo Augusto Ramírez Ocampo, ex embajador y miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación, que ha participado en varios intentos de paz en los últimos 20 años.
Informes sobre los renovados esfuerzos han causado poca impresión entre las familias de los secuestrados, que expresaron amargura hacia los secuestradores de su hijo y frustración con el gobierno al que pidieron ayuda.
"Me siento olvidado", dijo Rosano por teléfono desde Connecticut. "Aquí estamos 2 años y medio después y todos el mundo todavía dice que están haciendo todo lo que pueden. Pero sea lo sea lo que están haciendo, no está funcionando. No quiero que mi hijo se haga viejo en Colombia".
Silvio Hernández asiste a menudo a las manifestaciones semanales en la extensa plaza frente al congreso colombiano, con su retrato de su hijo, mientras él y un puñado de familiares se reúnen para gritar a favor del canje de prisioneros. Le da algo que hacer, pero dijo que difícilmente le sube los ánimos.
"Mira en tu rededor", dijo durante una pequeña protesta, mirando pasar a los transeúntes imbuidos en sus propios asuntos. "Nadie nos presta atención".
Su esposa se quedó en casa, revisando un álbum de cartas y dibujos de su hijo que le hicieron llegar las FARC. La carta más reciente data de hace dos años, como los videos de Elquin y otros siete rehenes que las FARC enviaron a un programa de noticias colombiano en abril de 2003.
Pero aunque la familia no tiene pruebas de que esté todavía con vida, cada semana los familiares llaman a una emisora local para grabar un breve saludo, esperando que la transmisión llegue hasta su hijo en el escondite guerrillero.
"Los mensajes para Elquin son como oxígeno para mí", dijo Magdalena Hernández. "El día que no envíe un mensaje es cuando deberías empezar a preocuparte. Una no puede olvidar a sus hijos".
8 de septiembre de 2005
©washington post
©traducción mQh
asesinos con futuro
[Monte Reel] Asesino a sueldo colombiano trata de enmendarse y escapa a la justicia con ayuda del gobierno.
Bogotá, Colombia. Por lo que saben sus cuatro hijos, Juan Morantes ha sido siempre un honrado soldado del ejército colombiano. Pero el viejo uniforme militar que guardaba en el armario era solamente para ocultar la verdad. La verdad era muy diferente, y ruega que sus hijos no lo descubran nunca.
Durante los últimos nueve años el único ejército al que perteneció Morantes era ilegal -una banda paramilitar que extorsionaba, secuestraba y asesinaba para mantener el control de grandes extensiones en el campo, de acuerdo a relatos personales como el suyo e informes de grupos de derechos humanos colombianos y extranjeros.
"A veces matábamos sin motivo", dijo Morante, 35, que admitió haber sido cómplice de las brutalidades, aunque no un tirador, de las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia. "Lo hicimos porque si no, probablemente nos habrían matado a nosotros".
El grupo es una federación de organizaciones paramilitares que fueron formadas en los años ochenta por latifundistas para protegerse de ataques de las guerrillas anti-gubernamentales. Los mercenarios lucharon junto al ejército y se deslizaron poco a poco en el tráfico de cocaína y la violencia criminal. La organización accedió a una tregua en 2002, pero está implicada en numerosos asesinatos cometidos desde entonces. Dos de sus cabecillas máximos son buscados en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.
Hace cinco meses, dijo Morantes, sintió un nudo que lo ahogaba. Su comandante en la milicia fue asesinado por una banda paramilitar rival, y temía que sería el próximo. Así que se acercó a un coronel del ejército colombiano al que conocía y le preguntó sobre el programa de gobierno que ofrece privilegios a delincuentes como él si se muestran dispuestos a abandonar las armas.
El coronel lo convenció de que se mudara con su esposa y los dos hijos pequeños, de 3 y 4, de su casa en el estado de Santander al norte de Colombia, a una casa colectiva especial para mercenarios desmovilizados en esta capital de 8 millones de habitantes. Los niños mayores, de 12 y 14, se quedaron en casa con su abuela. Morantes dijo que sabía que si ellos se enteraban de dónde estaba viviendo la familia, se darían cuenta de que él realmente no está en una misión de adiestramiento del ejército.
Ahora la familia comparte un atiborrado dormitorio en una modesta casa. Hay un recortable de Winnie de Pooh pegado encima de las dos camas de una plaza donde la familia duerme hombro a hombro. Metidos en un librero están los libros que Morantes está estudiando para sacar un diploma en económicas en una universidad. "Espero comprar ganado y empezar una granja, quizás con otros socios", dijo Morantes, que usa un nombre falso en Bogotá, para protegerse. Accedió a ser entrevistado sólo si no se mencionaba su verdadero nombre ni era fotografiado ni se revelaba la ubicación de la casa.
Los otros seis dormitorios de la casa están igualmente amoblados y habitados por familias que atraviesan por el mismo proceso. Hay 27 casas colectivas semejantes en Bogotá, gestionados por contratistas privados del ministerio de Defensa.
En los últimos tres años 7.960 miembros de grupos armados ilegales se han incorporado al programa de desmovilización e integración. El programa incluye a ex mercenarios paramilitares como Morantes y ex miembros de los grupos de guerrillas antigubernamentales. Los dos lados han estado en conflicto durante años, por la tierra, las lealtades políticas y más recientemente por el tráfico de drogas, causando la muerte de miles de combatientes y civiles en el proceso.
El programa de desmovilización, elaborado por el presidente Álvaro Uribe, ha sido criticado por grupos de derechos humanos, que objetan que se impida que los mercenarios sean juzgados por la justicia. Pero la tasa de aprobación pública de Uribe se sitúa en un 70 por ciento. Las tasas de secuestros y homicidios en Colombia han descendido en los últimos dos años a sus puntajes más bajos de la década, de acuerdo a funcionarios.
Una ley aprobada este verano pretende alentar a 20.000 milicianos paramilitares más a que se entreguen antes de fin de año, con la promesa de sentencias de prisión reducidas en el caso de que hayan cometido delitos graves.
Pero los acelerados esfuerzos ejercen presión sobre los participantes en los programas existentes. Ahora el gobierno está tratando de trasladar a la mayor cantidad de participantes a apartamentos unifamiliares, mucho antes de que se completen sus cursos de reintegración de 18 meses. Morantes y su familia deben trasladarse en las próximas tres semanas.
Un problema más inquietante es la seguridad. Muchos de los hombres que viven en casas colectivas tienen enemigos, incluyendo a antiguos colegas sobre los que han informado, que es por qué la ubicación de las casas se mantiene en secreto. El 15 de julio alguien arrojó una granada contra una de las casas en Bogotá, derribando una pared. Nadie quedó seriamente herido, pero el ataque fue mensaje claro.
Morantes dijo que él a veces tiene problemas para conciliar el sueño, por temor a ser capturado por sus antiguos y vengativos colegas de las milicias de mercenarios. "Pero no dejo que me vuelva loco", dijo.
Cuando se unió a la fuerza paramilitar a los 26, dijo Morantes, lo hizo por el dinero. Después de un período en el ejército le fue imposible encontrar trabajo. Una banda paramilitar activa en Santander le ofreció 100 dólares al mes, y dijo que no había podido rehusarlo. Dijo que la banda hacía dinero con el tráfico de drogas, secuestros por rescate, la venta de artículos robados y de maderas.
Para un hombre de medios modestos, el programa de desmovilización parece una decisión inteligente. Durante 18 meses el gobierno pagará la vivienda, alimentación, salud y educación de la familia, a un coste de 12 dólares por día. También les pagarán por los secretos, proporcionando a los participantes un listado de las sumas a pagar por informaciones específicas sobre antiguos cómplices. El número del móvil de un cabecilla, por ejemplo, llega a los 450 dólares.
"Tengo 5.500 dólares que me van a pagar", dijo Morantes. "Yo estaba cerca de la dirigencia del comando, así que tengo un montón de información".
Sin embargo, su rutina diaria está lejos de ser mundana. Desayuna en una sala común con piso de baldosas, mesas de plástico y un televisor montado en la pared. Normalmente pasa la mañana estudiando o tratando de enseñar a otros en el programa a leer y escribir.
Las familias pasan gran parte de su tiempo en las habitaciones, aunque son libres de ir y venir como les plazca, provisto que no se aventuren fuera de los límites de Bogotá. Los niños asisten a escuelas en el vecindario y juegan juntos en la sala de recreación de la planta baja.
Una tarde hace poco Morantes cruzó frente al guardia de seguridad privado en la puerta principal y se sentó en la sala común. Su hija de 4, con una camiseta de Bo Esponja, saltó a sus rodillas. "¿Podemos ir al parque?", preguntó.
De algún modo, la vida de la niña ha cambiado tanto como la de su padre. Ahora pasa más tiempo con él, pero extraña a las amigas que dejó atrás.
En un librero en el dormitorio, guarda un álbum de fotos llenos de recuerdos de su vida en Santander. Hay instantáneas de ella en el sofá, de su hermano bebé vestido de agente de policía, de unas vacaciones familiares en Cali. Pero no hay nada en el álbum que sugiera que la antigua vida de la familia fuera otra cosa que normal. Incluso aunque Morantes se ausentara durante largos períodos, sólo su esposa sabía el verdadero por qué.
De aquí a cinco años, dijo Morantes, sueña con que él y su familia estén viviendo en una casa nueva, con un rancho próspero. Sus hijos contarán a sus amigos que su padre es un oficial retirado del ejército. Los dos mayores, dijo, están recién empezando a pensar qué quieren hacer con sus futuros. "Están ahora en un momento crítico de sus vidas", dijo. "Prefiero que no descubran el lado tenebroso de mi pasado".
7 de septiembre de 2005
©washington post
©traducción mQh
Bogotá, Colombia. Por lo que saben sus cuatro hijos, Juan Morantes ha sido siempre un honrado soldado del ejército colombiano. Pero el viejo uniforme militar que guardaba en el armario era solamente para ocultar la verdad. La verdad era muy diferente, y ruega que sus hijos no lo descubran nunca.Durante los últimos nueve años el único ejército al que perteneció Morantes era ilegal -una banda paramilitar que extorsionaba, secuestraba y asesinaba para mantener el control de grandes extensiones en el campo, de acuerdo a relatos personales como el suyo e informes de grupos de derechos humanos colombianos y extranjeros.
"A veces matábamos sin motivo", dijo Morante, 35, que admitió haber sido cómplice de las brutalidades, aunque no un tirador, de las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia. "Lo hicimos porque si no, probablemente nos habrían matado a nosotros".
El grupo es una federación de organizaciones paramilitares que fueron formadas en los años ochenta por latifundistas para protegerse de ataques de las guerrillas anti-gubernamentales. Los mercenarios lucharon junto al ejército y se deslizaron poco a poco en el tráfico de cocaína y la violencia criminal. La organización accedió a una tregua en 2002, pero está implicada en numerosos asesinatos cometidos desde entonces. Dos de sus cabecillas máximos son buscados en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.
Hace cinco meses, dijo Morantes, sintió un nudo que lo ahogaba. Su comandante en la milicia fue asesinado por una banda paramilitar rival, y temía que sería el próximo. Así que se acercó a un coronel del ejército colombiano al que conocía y le preguntó sobre el programa de gobierno que ofrece privilegios a delincuentes como él si se muestran dispuestos a abandonar las armas.
El coronel lo convenció de que se mudara con su esposa y los dos hijos pequeños, de 3 y 4, de su casa en el estado de Santander al norte de Colombia, a una casa colectiva especial para mercenarios desmovilizados en esta capital de 8 millones de habitantes. Los niños mayores, de 12 y 14, se quedaron en casa con su abuela. Morantes dijo que sabía que si ellos se enteraban de dónde estaba viviendo la familia, se darían cuenta de que él realmente no está en una misión de adiestramiento del ejército.
Ahora la familia comparte un atiborrado dormitorio en una modesta casa. Hay un recortable de Winnie de Pooh pegado encima de las dos camas de una plaza donde la familia duerme hombro a hombro. Metidos en un librero están los libros que Morantes está estudiando para sacar un diploma en económicas en una universidad. "Espero comprar ganado y empezar una granja, quizás con otros socios", dijo Morantes, que usa un nombre falso en Bogotá, para protegerse. Accedió a ser entrevistado sólo si no se mencionaba su verdadero nombre ni era fotografiado ni se revelaba la ubicación de la casa.
Los otros seis dormitorios de la casa están igualmente amoblados y habitados por familias que atraviesan por el mismo proceso. Hay 27 casas colectivas semejantes en Bogotá, gestionados por contratistas privados del ministerio de Defensa.
En los últimos tres años 7.960 miembros de grupos armados ilegales se han incorporado al programa de desmovilización e integración. El programa incluye a ex mercenarios paramilitares como Morantes y ex miembros de los grupos de guerrillas antigubernamentales. Los dos lados han estado en conflicto durante años, por la tierra, las lealtades políticas y más recientemente por el tráfico de drogas, causando la muerte de miles de combatientes y civiles en el proceso.
El programa de desmovilización, elaborado por el presidente Álvaro Uribe, ha sido criticado por grupos de derechos humanos, que objetan que se impida que los mercenarios sean juzgados por la justicia. Pero la tasa de aprobación pública de Uribe se sitúa en un 70 por ciento. Las tasas de secuestros y homicidios en Colombia han descendido en los últimos dos años a sus puntajes más bajos de la década, de acuerdo a funcionarios.
Una ley aprobada este verano pretende alentar a 20.000 milicianos paramilitares más a que se entreguen antes de fin de año, con la promesa de sentencias de prisión reducidas en el caso de que hayan cometido delitos graves.
Pero los acelerados esfuerzos ejercen presión sobre los participantes en los programas existentes. Ahora el gobierno está tratando de trasladar a la mayor cantidad de participantes a apartamentos unifamiliares, mucho antes de que se completen sus cursos de reintegración de 18 meses. Morantes y su familia deben trasladarse en las próximas tres semanas.
Un problema más inquietante es la seguridad. Muchos de los hombres que viven en casas colectivas tienen enemigos, incluyendo a antiguos colegas sobre los que han informado, que es por qué la ubicación de las casas se mantiene en secreto. El 15 de julio alguien arrojó una granada contra una de las casas en Bogotá, derribando una pared. Nadie quedó seriamente herido, pero el ataque fue mensaje claro.
Morantes dijo que él a veces tiene problemas para conciliar el sueño, por temor a ser capturado por sus antiguos y vengativos colegas de las milicias de mercenarios. "Pero no dejo que me vuelva loco", dijo.
Cuando se unió a la fuerza paramilitar a los 26, dijo Morantes, lo hizo por el dinero. Después de un período en el ejército le fue imposible encontrar trabajo. Una banda paramilitar activa en Santander le ofreció 100 dólares al mes, y dijo que no había podido rehusarlo. Dijo que la banda hacía dinero con el tráfico de drogas, secuestros por rescate, la venta de artículos robados y de maderas.
Para un hombre de medios modestos, el programa de desmovilización parece una decisión inteligente. Durante 18 meses el gobierno pagará la vivienda, alimentación, salud y educación de la familia, a un coste de 12 dólares por día. También les pagarán por los secretos, proporcionando a los participantes un listado de las sumas a pagar por informaciones específicas sobre antiguos cómplices. El número del móvil de un cabecilla, por ejemplo, llega a los 450 dólares.
"Tengo 5.500 dólares que me van a pagar", dijo Morantes. "Yo estaba cerca de la dirigencia del comando, así que tengo un montón de información".
Sin embargo, su rutina diaria está lejos de ser mundana. Desayuna en una sala común con piso de baldosas, mesas de plástico y un televisor montado en la pared. Normalmente pasa la mañana estudiando o tratando de enseñar a otros en el programa a leer y escribir.
Las familias pasan gran parte de su tiempo en las habitaciones, aunque son libres de ir y venir como les plazca, provisto que no se aventuren fuera de los límites de Bogotá. Los niños asisten a escuelas en el vecindario y juegan juntos en la sala de recreación de la planta baja.
Una tarde hace poco Morantes cruzó frente al guardia de seguridad privado en la puerta principal y se sentó en la sala común. Su hija de 4, con una camiseta de Bo Esponja, saltó a sus rodillas. "¿Podemos ir al parque?", preguntó.
De algún modo, la vida de la niña ha cambiado tanto como la de su padre. Ahora pasa más tiempo con él, pero extraña a las amigas que dejó atrás.
En un librero en el dormitorio, guarda un álbum de fotos llenos de recuerdos de su vida en Santander. Hay instantáneas de ella en el sofá, de su hermano bebé vestido de agente de policía, de unas vacaciones familiares en Cali. Pero no hay nada en el álbum que sugiera que la antigua vida de la familia fuera otra cosa que normal. Incluso aunque Morantes se ausentara durante largos períodos, sólo su esposa sabía el verdadero por qué.
De aquí a cinco años, dijo Morantes, sueña con que él y su familia estén viviendo en una casa nueva, con un rancho próspero. Sus hijos contarán a sus amigos que su padre es un oficial retirado del ejército. Los dos mayores, dijo, están recién empezando a pensar qué quieren hacer con sus futuros. "Están ahora en un momento crítico de sus vidas", dijo. "Prefiero que no descubran el lado tenebroso de mi pasado".
7 de septiembre de 2005
©washington post
©traducción mQh
burros bibliotecarios
[Monte Reel]Biblioburros' llegan a lugares aislados de Colombia.
La Gloria, Colombia. Todas las semanas, Luis Soriano y dos burros pesadamente cargados atraviesan las montañas y llanos del norte de Colombia, donde pueblos como El Difícil y El Tormento fueron aptamente bautizados por sus surcados y tortuosos accesos.
La misión de Soriano es quijotesca, y la carga de los burros, preciosa: cajones con hasta 160 libros cada uno, destinados a pueblos aislados donde los vecinos prácticamente no tienen acceso a la literatura, más allá de unos pocos y manoseados libros de texto y biblias.
Durante cinco años, la biblioteca ambulante, que Soriano llama biblioburros', ha sido la única biblioteca en esta remota y mísera región.
"A la gente aquí le gustan las historias de amor", dice Soriano, 32, antiguo tendero en su pueblo en el estado de Magdalena. "Estoy tratando de mantener ese espíritu a mi propio modo".
Soriano se enamoró de la palabra impresa cuando tenía 6 y obtuvo su diploma universitario en literatura española después de estudiar con un profesor que visitaba su pueblo dos veces al mes. El escarpado paisaje, donde ha pasado toda su vida, puede hacer descarrilar cualquier cosa sobre ruedas, mientras que los animales de carga se aferran firmemente.
"Los burros son baratos, fiables, no necesitan combustible y van casi a todas partes", dijo.
En un folleto rojo Soriano mantiene la lista de los títulos que los aldeanos piden a menudo. Aunque su biblioteca ambulante incluye novelas, libros de historia y textos médicos, los libros más populares son los cuentos de niños con acontecimientos fabulosos en lugares increíbles, donde es muy probable que los héroes sean animales. Quizás es la razón por la que Soriano y sus burros encajan tan bien aquí.
Una noche hace poco, antes de su viaje semanal, Soriano coloca los libros en bolsas de plástico individuales, cosidas a un trozo de lona. Soriano dobla los trozos en el tamaño de un maletín que se ajusta bien en los cajones de madera que cuelgan en las alforjas de los burros.
Soriano sólo tiene dos reglas para los que se acercan a hojear: Las manos limpias, y no hacer apuntes en las páginas. Apunta los títulos prestados y personas, pero dice que depende casi enteramente del código de honor.
"Es probablemente una de las pocas bibliotecas del mundo donde la gente viene con sus mochilas y no son chequeados al salir", dijo.
Soriano llevaba una vida más normal, gestionando una tienda de abarrotes y formando una familia. Leía por placer y tenía una biblioteca en casa de unos 80 libros. Entonces empezó a prestar sus libros, recogiendo en la basura, mendigando y tomando de prestado para tener más.
Finalmente su colección llegó a los 4.800 libros. Su esposa Diana se desesperó por la falta de espacio para criar a sus tres hijitos. "Ella me preguntaba: ¿Qué vamos a hacer, a comer arroz con libros?'", dijo.
Entonce, hace tres años, Soriano encontró a un auspiciador. Addis Marilyn, directora de una biblioteca comunitaria en Santa Marta, una ciudad a unos 290 kilómetros en la costa caribeña, se enteró de su operación y lo contrató como empleado satélite.
Acogiendo la idea de Soriano, Marilyn auspició otros dos programas de biblioburros; ahora los tres comparten un presupuesto anual de alrededor de 7.000 dólares. Soriano dijo que no había tenido suerte con las autoridades locales para que le ayudaran a fundar una biblioteca adecuada, pero el gobierno nacional ha mostrado más interés. Hace poco, un senador propuso crear una red de bibliotecas con burros en todo el campo colombiano.
Para prepararse para el viaje, un trayecto de tres horas hacia el pueblo de Las Planadas, Soriano también empaqueta unos 40 máscaras de papel de cochinillos que consiguió con la ayuda de Marilyn. Los repartirá a los niños de allá antes de la lectura de Los tres cerditos'.
Soriano, idealista, cree que si suficiente gente se enamora de las historias, se podría romper el ciclo de violencia de 40 años entre las guerrillas y las tropas del gobierno. Los mercenarios paramilitares, que se cree que usan las ganancias obtenidas con el tráfico de drogas para financiar un sistema de mortíferas intimidaciones, controlan muchas de las aldeas de aquí. Pero Soriano dijo que él y sus burros se mantienen apartados de ellos y ellos, a cambio, lo respetan.
El sendero de burros de 13 kilómetros hacia Las Planadas está alineado de ceibas. Los pájaros se posan en los carunculados lomos de las vacas y allí nadie les molesta. Las iguanas cruzan veloces los senderos, entre destellos de chillones verdes. Pasan horas sin que Soriano vea a alguna persona.
Es domingo, y Soriano sabe que un servicio pentecostal atraerá a unas 100 personas desde pueblos vecinos.
"Creo que el tema de los cochinillos será muy popular aquí", dijo cuando se acercaba a la iglesia, que tiene un piso de concreto y paredes de ladrillos a medio construir.
Pronto, grupos de niños, que también viajaban al servicio montados en burros, empiezan a agolparse en torno a la pequeña caravana de Soriano. En un claro debajo de unos árboles desenvuelve las hojas de lona y las cuelga de las ramas, exhibiendo los libros en las bolsas de plástico transparente.
Soriano reparte las máscaras de cochinillos entre los más niños de un grupo de 40, de edades de 4 a 15 años. Se acuclillan en su rededor, las niñas cuidando de no ensuciar sus vestidos domingueros. Entonces empieza a leer el cuento, haciendo pausas para mostrar las ilustraciones.
"¿De qué está hecha esta casa?", pregunta.
"¡Paja!"
Muchos de los niños no pueden leer, así que Soriano a menudo les enseña. También enseña a veces a sus padres.
Alberto Mendoza, 11, se acuclilla junto al resto. Su familia, a diferencia de algunos de los otros niños, tiene un libro en casa.
"Tenemos uno", dice. "La Biblia".
En una visita anterior, Soriano mostró a Alberto un libro con ilustraciones sobre un osezno que pasa una tarde construyendo castillos de arena y regando un jardín con su abuelo. Hoy, ese mismo libro estaba colgando de una rama.
Cuando Soriano termina la historia y dice a los niños que recojan sus libros, Alberto da un salto hacia el árbol y coge el libro antes de que lo puedan hacer los demás.
6 de septiembre de 2005
©washington post
©traducción mQh
La Gloria, Colombia. Todas las semanas, Luis Soriano y dos burros pesadamente cargados atraviesan las montañas y llanos del norte de Colombia, donde pueblos como El Difícil y El Tormento fueron aptamente bautizados por sus surcados y tortuosos accesos.La misión de Soriano es quijotesca, y la carga de los burros, preciosa: cajones con hasta 160 libros cada uno, destinados a pueblos aislados donde los vecinos prácticamente no tienen acceso a la literatura, más allá de unos pocos y manoseados libros de texto y biblias.
Durante cinco años, la biblioteca ambulante, que Soriano llama biblioburros', ha sido la única biblioteca en esta remota y mísera región.
"A la gente aquí le gustan las historias de amor", dice Soriano, 32, antiguo tendero en su pueblo en el estado de Magdalena. "Estoy tratando de mantener ese espíritu a mi propio modo".
Soriano se enamoró de la palabra impresa cuando tenía 6 y obtuvo su diploma universitario en literatura española después de estudiar con un profesor que visitaba su pueblo dos veces al mes. El escarpado paisaje, donde ha pasado toda su vida, puede hacer descarrilar cualquier cosa sobre ruedas, mientras que los animales de carga se aferran firmemente.
"Los burros son baratos, fiables, no necesitan combustible y van casi a todas partes", dijo.
En un folleto rojo Soriano mantiene la lista de los títulos que los aldeanos piden a menudo. Aunque su biblioteca ambulante incluye novelas, libros de historia y textos médicos, los libros más populares son los cuentos de niños con acontecimientos fabulosos en lugares increíbles, donde es muy probable que los héroes sean animales. Quizás es la razón por la que Soriano y sus burros encajan tan bien aquí.
Una noche hace poco, antes de su viaje semanal, Soriano coloca los libros en bolsas de plástico individuales, cosidas a un trozo de lona. Soriano dobla los trozos en el tamaño de un maletín que se ajusta bien en los cajones de madera que cuelgan en las alforjas de los burros.
Soriano sólo tiene dos reglas para los que se acercan a hojear: Las manos limpias, y no hacer apuntes en las páginas. Apunta los títulos prestados y personas, pero dice que depende casi enteramente del código de honor.
"Es probablemente una de las pocas bibliotecas del mundo donde la gente viene con sus mochilas y no son chequeados al salir", dijo.
Soriano llevaba una vida más normal, gestionando una tienda de abarrotes y formando una familia. Leía por placer y tenía una biblioteca en casa de unos 80 libros. Entonces empezó a prestar sus libros, recogiendo en la basura, mendigando y tomando de prestado para tener más.
Finalmente su colección llegó a los 4.800 libros. Su esposa Diana se desesperó por la falta de espacio para criar a sus tres hijitos. "Ella me preguntaba: ¿Qué vamos a hacer, a comer arroz con libros?'", dijo.
Entonce, hace tres años, Soriano encontró a un auspiciador. Addis Marilyn, directora de una biblioteca comunitaria en Santa Marta, una ciudad a unos 290 kilómetros en la costa caribeña, se enteró de su operación y lo contrató como empleado satélite.
Acogiendo la idea de Soriano, Marilyn auspició otros dos programas de biblioburros; ahora los tres comparten un presupuesto anual de alrededor de 7.000 dólares. Soriano dijo que no había tenido suerte con las autoridades locales para que le ayudaran a fundar una biblioteca adecuada, pero el gobierno nacional ha mostrado más interés. Hace poco, un senador propuso crear una red de bibliotecas con burros en todo el campo colombiano.
Para prepararse para el viaje, un trayecto de tres horas hacia el pueblo de Las Planadas, Soriano también empaqueta unos 40 máscaras de papel de cochinillos que consiguió con la ayuda de Marilyn. Los repartirá a los niños de allá antes de la lectura de Los tres cerditos'.
Soriano, idealista, cree que si suficiente gente se enamora de las historias, se podría romper el ciclo de violencia de 40 años entre las guerrillas y las tropas del gobierno. Los mercenarios paramilitares, que se cree que usan las ganancias obtenidas con el tráfico de drogas para financiar un sistema de mortíferas intimidaciones, controlan muchas de las aldeas de aquí. Pero Soriano dijo que él y sus burros se mantienen apartados de ellos y ellos, a cambio, lo respetan.
El sendero de burros de 13 kilómetros hacia Las Planadas está alineado de ceibas. Los pájaros se posan en los carunculados lomos de las vacas y allí nadie les molesta. Las iguanas cruzan veloces los senderos, entre destellos de chillones verdes. Pasan horas sin que Soriano vea a alguna persona.
Es domingo, y Soriano sabe que un servicio pentecostal atraerá a unas 100 personas desde pueblos vecinos.
"Creo que el tema de los cochinillos será muy popular aquí", dijo cuando se acercaba a la iglesia, que tiene un piso de concreto y paredes de ladrillos a medio construir.
Pronto, grupos de niños, que también viajaban al servicio montados en burros, empiezan a agolparse en torno a la pequeña caravana de Soriano. En un claro debajo de unos árboles desenvuelve las hojas de lona y las cuelga de las ramas, exhibiendo los libros en las bolsas de plástico transparente.
Soriano reparte las máscaras de cochinillos entre los más niños de un grupo de 40, de edades de 4 a 15 años. Se acuclillan en su rededor, las niñas cuidando de no ensuciar sus vestidos domingueros. Entonces empieza a leer el cuento, haciendo pausas para mostrar las ilustraciones.
"¿De qué está hecha esta casa?", pregunta.
"¡Paja!"
Muchos de los niños no pueden leer, así que Soriano a menudo les enseña. También enseña a veces a sus padres.
Alberto Mendoza, 11, se acuclilla junto al resto. Su familia, a diferencia de algunos de los otros niños, tiene un libro en casa.
"Tenemos uno", dice. "La Biblia".
En una visita anterior, Soriano mostró a Alberto un libro con ilustraciones sobre un osezno que pasa una tarde construyendo castillos de arena y regando un jardín con su abuelo. Hoy, ese mismo libro estaba colgando de una rama.
Cuando Soriano termina la historia y dice a los niños que recojan sus libros, Alberto da un salto hacia el árbol y coge el libro antes de que lo puedan hacer los demás.
6 de septiembre de 2005
©washington post
©traducción mQh
atentado racista en frisonia
Agresor en libertad. Intentó matar a adolescente etíope, pero policía lo considera inofensivo.
Amsterdam, Holanda. El hombre de 25 años que arrojó lejía contra una adolescente de origen etíope en el pueblo frisón de Buitenpost fue dejado en libertad el lunes.
El hombre confesó el martes a la policía que había gritado insultos racistas, pero la policía cree que actuó movido por un impulso. No había medido las consecuencias de sus acciones y no hay razones para mantenerlo detenido, dijo un portavoz de la policía el miércoles.
El incidente se produjo en una riña entre dos grupos de jóvenes de Buitenpost, que se prolonga ya por 18 meses.
El agresor no hace parte de ninguno de los grupos, pero estaba con uno de los protagonistas frente a la biblioteca el lunes.
Una riña con insultos estalló cuando la víctima y dos amigas -del segundo grupo- pasaron por el lugar. El hombre de 25 arrojó lejía contra la niña etíope. No quedó herida.
La policía dijo que el hombre se excitó con el ambiente y no pensó antes de actuar. No será acusado de discriminación, pero sí podría ser acusado de desorden público e intento de cometer una agresión violenta.
El portavoz de la policía dijo que los dos grupos deben sentarse a resolver sus disputas. La riña no tiene nada que ver con el racismo [a pesar de la confesión del agresor], dijo la portavoz de la policía.
"Lo que los lleva a pelear es el aburrimiento", dijo.
1 de septiembre de 2005
©expatica
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Amsterdam, Holanda. El hombre de 25 años que arrojó lejía contra una adolescente de origen etíope en el pueblo frisón de Buitenpost fue dejado en libertad el lunes.El hombre confesó el martes a la policía que había gritado insultos racistas, pero la policía cree que actuó movido por un impulso. No había medido las consecuencias de sus acciones y no hay razones para mantenerlo detenido, dijo un portavoz de la policía el miércoles.
El incidente se produjo en una riña entre dos grupos de jóvenes de Buitenpost, que se prolonga ya por 18 meses.
El agresor no hace parte de ninguno de los grupos, pero estaba con uno de los protagonistas frente a la biblioteca el lunes.
Una riña con insultos estalló cuando la víctima y dos amigas -del segundo grupo- pasaron por el lugar. El hombre de 25 arrojó lejía contra la niña etíope. No quedó herida.
La policía dijo que el hombre se excitó con el ambiente y no pensó antes de actuar. No será acusado de discriminación, pero sí podría ser acusado de desorden público e intento de cometer una agresión violenta.
El portavoz de la policía dijo que los dos grupos deben sentarse a resolver sus disputas. La riña no tiene nada que ver con el racismo [a pesar de la confesión del agresor], dijo la portavoz de la policía.
"Lo que los lleva a pelear es el aburrimiento", dijo.
1 de septiembre de 2005
©expatica
©traducción mQh
espía jefe en prisión
[Jack Chang] Perú empieza su juicio del ex jefe de la policía secreta. Juicio del antiguo espía y otros 56 acusados reabre debate sobre el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
Lima, Perú. La mera mención del nombre del ex jefe de espías Vladimiro Montesinos todavía provoca el silencio de los peruanos que recuerdan los años en que la calva figura con nariz de pico controlaba la temida red de inteligencia del país.
Ahora Montesinos está en juicio en un centro penitenciario que él mismo ordenó construir, en lo que promete ser una revisión del período durante el cual supuestamente planeó las ejecuciones y desapariciones de docenas de personas sospechosas de subversión.
Montesinos, 60, y varios de sus antiguos colegas enfrentan cargos por el secuestro y ejecución de 35 personas en 1991 y 1992. El juicio empezó el miércoles con una sesión dedicada a los alegatos de sus abogados, que pidieron aplazar el juicio. Fue entonces aplazado hasta esta semana.
Montesinos ya había sido condenado por corrupción y tráfico de armas y está cumpliendo una pena de prisión de 15 años.
Pero el juicio actual es un hito histórico en Perú, porque es el primero en una década que trata las acusaciones de violaciones de los derechos humanos por el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, que gobernó Perú durante los años noventa antes de huir a Japón en 2000.
Día Histórico
"Este es un día histórico en que estamos dejando atrás la era de la impunidad", dijo Gisela Ortiz, cuyo hermano Enrique fue uno de los ejecutados por Montesinos. "Con este capítulo, mostramos que estamos determinados a construir un país diferente".
El espectro de Fujimori y su presidencia pende sobre el país.
El ex presidente reside en Japón a pesar de las demandas peruanas de que sea retornado para ser juzgado por cargos de corrupción y homicidio. Pero su imagen domina las cubiertas de revistas y marquesinas de cines en todo Lima en respuesta al nuevo documental, La caída de Fujimori', de la directora estadounidense Ellen Perry, que ha reabierto el debate sobre su gobierno.
El exiliado político ha jurado que se presentará como candidato a las elecciones presidenciales del próximo año. En las encuestas obtiene un 20 por ciento de apoyo, mucho más que el 8 por ciento del actual presidente, Alejandro Toledo.
"Perú ha cambiado radicalmente para bien bajo Fujimori", dijo Luis Delgado Aparicio, ex congresista que es secretario general del partido político Fujimori Sí Cumple.
"Derrotó al terrorismo", dijo Delgado. "Estabilizó la economía... Es por eso que la gente lo recuerda con simpatía".
Sin embargo, activistas de derechos humanos dicen que Fujimori y Montesinos dirigieron un gobierno corrupto que libró una violenta campaña contra grupos guerrilleros como Sendero Luminoso, que luchó contra el estado peruano durante dos décadas. Durante el conflicto murieron 70.000 personas.
Los cargos pendientes se derivan de tres incidentes en el que estudiantes universitarios, su profesor, un periodista y otras 15 personas fueron ejecutadas por un escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina.
Los fiscales alegan que Montesinos, el mayor de la Policía Nacional, Santiago Martín Rivas y Nicolás de Baru Hermoza, ex comandante en jefe de las fuerzas armadas, supervisaron al escuadrón de la muerte. Se está juzgando a 57 personas, que podrían recibir sentencias por un máximo de 35 años en prisión.
Varios de los acusados fueron condenados por el asesinato de los estudiantes en 1994, pero el congreso, controlado por Fujimori, les concedió amnistía, a ellos y otros acusados, al año siguiente. El tribunal constitucional del país revocó la amnistía en 2003.
Los fiscales también acusan a Fujimori de aprobar los asesinatos del Grupo Colina.
Frente a la Base Naval de Callao, donde se realiza el juicio, activistas y familiares de las víctimas realizaron la semana pasada el tipo de vigilia que se conoce en toda América del Sur, mostrando fotografías de las víctimas mientras se llaman sus nombres, y respondiendo: "¡Presente!"
Retrasos
En la sala del tribunal, los abogados de Montesinos y los otros acusados alegaron para posponer el juicio, diciendo que varios de sus defendidos están enfermos e incapacitados de asistir. De acuerdo a Francisco Soberón, presidente del grupo limeño, Coordinador Nacional de Derechos Humanos, el juicio forma parte de un amplio movimiento sudamericano.
En junio, la Corte Suprema de Argentina revocó las leyes de amnistía que habían protegido a oficiales militares de bajo rango de ser procesados por crímenes cometidos durante la dictadura militar del país, durante la que fueron asesinadas 30.000 personas.
Los tribunales chilenos han procesado a ex oficiales hasta llegar al ex dictador Augusto Pinochet por violaciones de derechos humanos.
"Debería existir la obligación para los estados de respetar los derechos humanos", dijo Soberón. "Todo esto nos hace creer que se hará justicia".
24 de agosto de 2005
©miami herald
©traducción mQh
Lima, Perú. La mera mención del nombre del ex jefe de espías Vladimiro Montesinos todavía provoca el silencio de los peruanos que recuerdan los años en que la calva figura con nariz de pico controlaba la temida red de inteligencia del país.Ahora Montesinos está en juicio en un centro penitenciario que él mismo ordenó construir, en lo que promete ser una revisión del período durante el cual supuestamente planeó las ejecuciones y desapariciones de docenas de personas sospechosas de subversión.
Montesinos, 60, y varios de sus antiguos colegas enfrentan cargos por el secuestro y ejecución de 35 personas en 1991 y 1992. El juicio empezó el miércoles con una sesión dedicada a los alegatos de sus abogados, que pidieron aplazar el juicio. Fue entonces aplazado hasta esta semana.
Montesinos ya había sido condenado por corrupción y tráfico de armas y está cumpliendo una pena de prisión de 15 años.
Pero el juicio actual es un hito histórico en Perú, porque es el primero en una década que trata las acusaciones de violaciones de los derechos humanos por el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, que gobernó Perú durante los años noventa antes de huir a Japón en 2000.
Día Histórico
"Este es un día histórico en que estamos dejando atrás la era de la impunidad", dijo Gisela Ortiz, cuyo hermano Enrique fue uno de los ejecutados por Montesinos. "Con este capítulo, mostramos que estamos determinados a construir un país diferente".
El espectro de Fujimori y su presidencia pende sobre el país.
El ex presidente reside en Japón a pesar de las demandas peruanas de que sea retornado para ser juzgado por cargos de corrupción y homicidio. Pero su imagen domina las cubiertas de revistas y marquesinas de cines en todo Lima en respuesta al nuevo documental, La caída de Fujimori', de la directora estadounidense Ellen Perry, que ha reabierto el debate sobre su gobierno.
El exiliado político ha jurado que se presentará como candidato a las elecciones presidenciales del próximo año. En las encuestas obtiene un 20 por ciento de apoyo, mucho más que el 8 por ciento del actual presidente, Alejandro Toledo.
"Perú ha cambiado radicalmente para bien bajo Fujimori", dijo Luis Delgado Aparicio, ex congresista que es secretario general del partido político Fujimori Sí Cumple.
"Derrotó al terrorismo", dijo Delgado. "Estabilizó la economía... Es por eso que la gente lo recuerda con simpatía".
Sin embargo, activistas de derechos humanos dicen que Fujimori y Montesinos dirigieron un gobierno corrupto que libró una violenta campaña contra grupos guerrilleros como Sendero Luminoso, que luchó contra el estado peruano durante dos décadas. Durante el conflicto murieron 70.000 personas.
Los cargos pendientes se derivan de tres incidentes en el que estudiantes universitarios, su profesor, un periodista y otras 15 personas fueron ejecutadas por un escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina.
Los fiscales alegan que Montesinos, el mayor de la Policía Nacional, Santiago Martín Rivas y Nicolás de Baru Hermoza, ex comandante en jefe de las fuerzas armadas, supervisaron al escuadrón de la muerte. Se está juzgando a 57 personas, que podrían recibir sentencias por un máximo de 35 años en prisión.
Varios de los acusados fueron condenados por el asesinato de los estudiantes en 1994, pero el congreso, controlado por Fujimori, les concedió amnistía, a ellos y otros acusados, al año siguiente. El tribunal constitucional del país revocó la amnistía en 2003.
Los fiscales también acusan a Fujimori de aprobar los asesinatos del Grupo Colina.
Frente a la Base Naval de Callao, donde se realiza el juicio, activistas y familiares de las víctimas realizaron la semana pasada el tipo de vigilia que se conoce en toda América del Sur, mostrando fotografías de las víctimas mientras se llaman sus nombres, y respondiendo: "¡Presente!"
Retrasos
En la sala del tribunal, los abogados de Montesinos y los otros acusados alegaron para posponer el juicio, diciendo que varios de sus defendidos están enfermos e incapacitados de asistir. De acuerdo a Francisco Soberón, presidente del grupo limeño, Coordinador Nacional de Derechos Humanos, el juicio forma parte de un amplio movimiento sudamericano.
En junio, la Corte Suprema de Argentina revocó las leyes de amnistía que habían protegido a oficiales militares de bajo rango de ser procesados por crímenes cometidos durante la dictadura militar del país, durante la que fueron asesinadas 30.000 personas.
Los tribunales chilenos han procesado a ex oficiales hasta llegar al ex dictador Augusto Pinochet por violaciones de derechos humanos.
"Debería existir la obligación para los estados de respetar los derechos humanos", dijo Soberón. "Todo esto nos hace creer que se hará justicia".
24 de agosto de 2005
©miami herald
©traducción mQh
quieren matar a chávez
Un tele-evangelista norteamericano llama a matar a Chávez.
Virginia Beach, Virginia, Estados Unidos. El predicador religioso Pat Robertson propuso en un programa que operativos estadounidenses maten al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para impedir que su país se convierta "en una plataforma de lanzamiento de infiltración comunista y extremismo musulmán".
"Tenemos la capacidad de sacarlo y creo que ha llegado el momento de que usemos esa capacidad", dijo Robertson el lunes en el programa The 700 Club' de la Red Cristiana de Radiodifusión.
"No necesitamos otros 200 billones de dólares para deshacernos de un dictador autoritario", continuó. "Es mucho más fácil dejar que algunos operativos encubiertos se encarguen del trabajo".
Chávez ha emergido como uno de los críticos más declarados del presidente Bush, acusando a Estados Unidos de conspirar para derrocar su gobierno y de respaldar intrigas para asesinarlo. Funcionarios estadounidenses calificaron las acusaciones de ridículas.
"Sabes, no sé nada sobre esta doctrina de los asesinatos, pero si piensa que estamos tratando de asesinarlo, creo que deberíamos seguir adelante y matarlo", dijo Robertson. "Es mucho más barato que empezar una guerra... y no creo que entonces dejen de llegar los embarques de petróleo".
Robertson, 75, fundador de la Coalición Cristiana de Estados Unidos y ex candidato presidencial, acusó a Estados Unidos de no haber actuado cuando Chávez fue brevemente derrocado en 2002.
Páginas electrónicas y un mensaje a una portavoz de Robertson no fueron respondidos el lunes en la tarde.
Venezuela es el quinto exportador de petróleo del mundo y un importante abastecedor de petróleo de Estados Unidos. La CIA calcula que el mercado norteamericano absorbe casi el 59 por ciento de las exportaciones totales de Venezuela.
El gobierno de Venezuela ha pedido en el pasado que Estados Unidos reprima a los terroristas cubanos y venezolanos en Florida, que dicen que están conspirando contra Chávez.
Robertson ha hecho declaraciones controvertidas en el pasado. En octubre de 2003 propuso volar el ministerio de Asuntos Exteriores con un artefacto atómico. También dijo que el feminismo alienta a las mujeres "a matar a sus hijos, a practicar la brujería, a destruir el capitalismo y a convertirse en lesbianas".
23 de agosto de 2005
©washington post
©traducción mQh
Virginia Beach, Virginia, Estados Unidos. El predicador religioso Pat Robertson propuso en un programa que operativos estadounidenses maten al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para impedir que su país se convierta "en una plataforma de lanzamiento de infiltración comunista y extremismo musulmán"."Tenemos la capacidad de sacarlo y creo que ha llegado el momento de que usemos esa capacidad", dijo Robertson el lunes en el programa The 700 Club' de la Red Cristiana de Radiodifusión.
"No necesitamos otros 200 billones de dólares para deshacernos de un dictador autoritario", continuó. "Es mucho más fácil dejar que algunos operativos encubiertos se encarguen del trabajo".
Chávez ha emergido como uno de los críticos más declarados del presidente Bush, acusando a Estados Unidos de conspirar para derrocar su gobierno y de respaldar intrigas para asesinarlo. Funcionarios estadounidenses calificaron las acusaciones de ridículas.
"Sabes, no sé nada sobre esta doctrina de los asesinatos, pero si piensa que estamos tratando de asesinarlo, creo que deberíamos seguir adelante y matarlo", dijo Robertson. "Es mucho más barato que empezar una guerra... y no creo que entonces dejen de llegar los embarques de petróleo".
Robertson, 75, fundador de la Coalición Cristiana de Estados Unidos y ex candidato presidencial, acusó a Estados Unidos de no haber actuado cuando Chávez fue brevemente derrocado en 2002.
Páginas electrónicas y un mensaje a una portavoz de Robertson no fueron respondidos el lunes en la tarde.
Venezuela es el quinto exportador de petróleo del mundo y un importante abastecedor de petróleo de Estados Unidos. La CIA calcula que el mercado norteamericano absorbe casi el 59 por ciento de las exportaciones totales de Venezuela.
El gobierno de Venezuela ha pedido en el pasado que Estados Unidos reprima a los terroristas cubanos y venezolanos en Florida, que dicen que están conspirando contra Chávez.
Robertson ha hecho declaraciones controvertidas en el pasado. En octubre de 2003 propuso volar el ministerio de Asuntos Exteriores con un artefacto atómico. También dijo que el feminismo alienta a las mujeres "a matar a sus hijos, a practicar la brujería, a destruir el capitalismo y a convertirse en lesbianas".
23 de agosto de 2005
©washington post
©traducción mQh