amnistía para mercenarios
[Monte Reel] Ley blanda para milicianos de extrema derecha en Colombia.
Bogotá, Colombia. No hace mucho, la perspectiva de estar ante un grupo de poderosos agentes de policía habría sido una pesadilla para Alcibíades Fuentes, miembro durante largo tiempo de una de las milicias ilegales responsables de la dilatada violencia y gran parte del tráfico de drogas de Colombia.
Pero el viernes, Fuentes se paseó frente a un grupo de agentes de policía y fue saludado con sonrisas y apretones de mano. El año pasado, entregó su arma y se enroló en el programa de gobierno para reintegrarse en la sociedad, convirtiéndose en uno de los primeros en hacer la transición desde la ilegalidad a la legitimidad, por medio de un proceso que el gobierno espera que se repita miles de veces más.
"El programa nos da la oportunidad de empezar de nuevo y empezar una nueva vida", dijo Fuentes, ex miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que espera que Canadá le pueda otorgar asilo político. "¿Por qué volvería uno a una vida fuera de la ley donde hemos sufrido, sabiendo que aquí estamos bien y recibimos una oportunidad para estudiar?"
Pero el programa de desmovilización, basado en una nueva ley, ha provocado intensas críticas de grupos de derechos humanos, políticos norteamericanos y otros. Los críticos dicen que los incentivos en la ley permitirán que algunos de los criminales más peligrosos del país escapen a la justicia mediante penas ligeras y resquicios legales que los protegen de ser extraditados. Dicen que el gobierno del presidente Álvaro Uribe, aunque bien intencionado, está siendo manipulado por terroristas internacionales.
"La ley no hace ningún esfuerzo por desbandar a esos grupos", dice César Gaviria, que fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994 y ahora encabeza un partido político de oposición. "Conservarán todo su poder económico, su poder político, y serán perdonados por todo lo que hicieron".
El gobierno de Uribe espera que la ley, aprobada este mes, llevará a unos 20.000 paramilitares a deponer sus armas y reintegrarse en la sociedad civil después de años de guerra contra los rebeldes marxistas, asesinando a políticos y financiando sus operaciones con el tráfico de drogas. Los grupos de extrema derecha paramilitares fueron formados en los años ochenta por grandes hacendados y carteles de narcotraficantes para proteger sus intereses contra las guerrillas de izquierda.
El gobierno de Estados Unidos considera a Uribe como uno de sus aliados más cercanos en América Latina, y le ha destinado, desde 2000, unos 3.5 billones de dólares en ayuda extranjera para combatir el narcotráfico, responsable de hasta el 90 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos, de acuerdo a cifras del gobierno estadounidense. Funcionarios americanos cree que pagarán parcialmente la cuenta de la campaña de desmovilización masiva, pero el mes pasado el senado aprobó una medida que impide la asistencia norteamericana si no se superan los defectos de la ley.
La nueva ley exige que los fiscales presenten cargos dentro de 36 horas después de recibir una declaración de confesión, y limita la investigación de los delitos a 60 días. También exige que los criminales sean juzgados en Colombia si confiesan delitos cometidos allá. Grupos de derechos humanos dicen que sólo los que temen ser extraditados confesarán sus crímenes, simplemente sacando ventaja de sentencias aligeradas y para evitar la ley en Estados Unidos.
Se cree que los grupos paramilitares son responsables de 12.999 asesinatos desde 1996, de acuerdo a un informe de este año de la Comisión Colombiana de Juristas. También se cree que controlan la mitad de la cocaína que llega a Estados Unidos.
"Los comandantes condenados de atrocidades y otros crímenes graves, como tráfico de drogas, escaparán con sentencias de algo más de dos años, probablemente en colonias agrícolas", concluyó recientemente un informe altamente crítico del grupo de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.
En general el gobierno de Estados Unidos se ha mostrado partidario de la ley, sosteniendo que Colombia debería tener la libertad de buscar sus propias soluciones para terminar con 40 años de guerra civil. Diplomáticos norteamericanos se han mostrado reluctantes a criticar directamente la ley, pero han llamado a los colombianos a limitar las concesiones en los crímenes más graves.
"Álvaro Uribe ha transformado a Colombia", dijo en un discurso en Washington el mes pasado R. Nicholas Burns, el subsecretario de estado. "Las discusiones y las diferencias de enfoque que estamos teniendo son resultado del éxito y de nuestro deseo de seguir construyendo sobre ese éxito".
Funcionarios colombianos dicen que los defectos de la ley han sido simplificados y exagerados, pero admiten que algunos compromisos fueron necesarios para avanzar en un conflicto que ha sido muy difícil. La nueva ley, dicen, abre la puerta a negociaciones con los comandantes que participaron en el conflicto.
"Hay gente que quiere, inmediatamente, que meta en la cárcel a los jefes de los grupos paramilitares, que les coloque esposas y los muestre al mundo", dijo Luis Carlos Restrepo, Comisionado para la Paz, en un discurso este mes en Bogotá. "Les voy a decir honestamente que si me viera obligado a hacer eso, el proceso de paz no seguiría adelante".
El gobierno colombiano no ha hecho una petición específica de fondos de ayuda a Estados Unidos para el plan de desmovilización, pero miembros del comité de asignaciones del senado dijo que Washington cree que financiará una parte importante del programa, calculado entre 80 y 200 millones de dólares.
Varios senadores de Estados Unidos se escribieron con el gobierno de Uribe mientras se redactaba la ley, llamando a los funcionarios a asegurarse de que las posibilidades de extradición quedaran intactas y que los participantes paramilitares fueran obligados a confesar las estructuras económicas y organizativas de sus grupos.
"Es muy decepcionante. Las preocupaciones de los senadores han sido ignoradas", dijo Tim Rieser, asistente en política exterior del senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont). "El presidente Uribe es popular, y pensábamos que escribirían una ley de modo que alcanzara sus objetivos".
Desde que empezara el proceso de paz hace dos años, se han desmovilizado más de 8.000 milicianos paramilitares. En una ceremonia en Bogotá el viernes, 24 ex paramilitares y guerrilleros recibieron diplomas tras completar los programas de formación destinados a prepararlos para trabajos civiles en el campo de la seguridad.
Pero los críticos dicen que debido a que la ley no estipula la confiscación de bienes, los grupos paramilitares serán capaces de seguir reclutando para remplazarlos.
El gobierno dijo que la ley se aplicaría también a las organizaciones de la guerrilla de izquierda -incluyendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC- si ellos decidían desarmarse colectivamente. Pero las concesiones de la ley han provocado preocupación de que esos grupos lleven la voz cantante en futuras negociaciones.
"Los guerrilleros deben estar complacidos de ver lo indulgente que es esta ley", dijo el ex presidente Gaviria. "Ellos podrán pedir más".
21 de agosto de 2005
©washington post
©traducción mQh
Bogotá, Colombia. No hace mucho, la perspectiva de estar ante un grupo de poderosos agentes de policía habría sido una pesadilla para Alcibíades Fuentes, miembro durante largo tiempo de una de las milicias ilegales responsables de la dilatada violencia y gran parte del tráfico de drogas de Colombia.Pero el viernes, Fuentes se paseó frente a un grupo de agentes de policía y fue saludado con sonrisas y apretones de mano. El año pasado, entregó su arma y se enroló en el programa de gobierno para reintegrarse en la sociedad, convirtiéndose en uno de los primeros en hacer la transición desde la ilegalidad a la legitimidad, por medio de un proceso que el gobierno espera que se repita miles de veces más.
"El programa nos da la oportunidad de empezar de nuevo y empezar una nueva vida", dijo Fuentes, ex miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que espera que Canadá le pueda otorgar asilo político. "¿Por qué volvería uno a una vida fuera de la ley donde hemos sufrido, sabiendo que aquí estamos bien y recibimos una oportunidad para estudiar?"
Pero el programa de desmovilización, basado en una nueva ley, ha provocado intensas críticas de grupos de derechos humanos, políticos norteamericanos y otros. Los críticos dicen que los incentivos en la ley permitirán que algunos de los criminales más peligrosos del país escapen a la justicia mediante penas ligeras y resquicios legales que los protegen de ser extraditados. Dicen que el gobierno del presidente Álvaro Uribe, aunque bien intencionado, está siendo manipulado por terroristas internacionales.
"La ley no hace ningún esfuerzo por desbandar a esos grupos", dice César Gaviria, que fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994 y ahora encabeza un partido político de oposición. "Conservarán todo su poder económico, su poder político, y serán perdonados por todo lo que hicieron".
El gobierno de Uribe espera que la ley, aprobada este mes, llevará a unos 20.000 paramilitares a deponer sus armas y reintegrarse en la sociedad civil después de años de guerra contra los rebeldes marxistas, asesinando a políticos y financiando sus operaciones con el tráfico de drogas. Los grupos de extrema derecha paramilitares fueron formados en los años ochenta por grandes hacendados y carteles de narcotraficantes para proteger sus intereses contra las guerrillas de izquierda.
El gobierno de Estados Unidos considera a Uribe como uno de sus aliados más cercanos en América Latina, y le ha destinado, desde 2000, unos 3.5 billones de dólares en ayuda extranjera para combatir el narcotráfico, responsable de hasta el 90 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos, de acuerdo a cifras del gobierno estadounidense. Funcionarios americanos cree que pagarán parcialmente la cuenta de la campaña de desmovilización masiva, pero el mes pasado el senado aprobó una medida que impide la asistencia norteamericana si no se superan los defectos de la ley.
La nueva ley exige que los fiscales presenten cargos dentro de 36 horas después de recibir una declaración de confesión, y limita la investigación de los delitos a 60 días. También exige que los criminales sean juzgados en Colombia si confiesan delitos cometidos allá. Grupos de derechos humanos dicen que sólo los que temen ser extraditados confesarán sus crímenes, simplemente sacando ventaja de sentencias aligeradas y para evitar la ley en Estados Unidos.
Se cree que los grupos paramilitares son responsables de 12.999 asesinatos desde 1996, de acuerdo a un informe de este año de la Comisión Colombiana de Juristas. También se cree que controlan la mitad de la cocaína que llega a Estados Unidos.
"Los comandantes condenados de atrocidades y otros crímenes graves, como tráfico de drogas, escaparán con sentencias de algo más de dos años, probablemente en colonias agrícolas", concluyó recientemente un informe altamente crítico del grupo de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos.
En general el gobierno de Estados Unidos se ha mostrado partidario de la ley, sosteniendo que Colombia debería tener la libertad de buscar sus propias soluciones para terminar con 40 años de guerra civil. Diplomáticos norteamericanos se han mostrado reluctantes a criticar directamente la ley, pero han llamado a los colombianos a limitar las concesiones en los crímenes más graves.
"Álvaro Uribe ha transformado a Colombia", dijo en un discurso en Washington el mes pasado R. Nicholas Burns, el subsecretario de estado. "Las discusiones y las diferencias de enfoque que estamos teniendo son resultado del éxito y de nuestro deseo de seguir construyendo sobre ese éxito".
Funcionarios colombianos dicen que los defectos de la ley han sido simplificados y exagerados, pero admiten que algunos compromisos fueron necesarios para avanzar en un conflicto que ha sido muy difícil. La nueva ley, dicen, abre la puerta a negociaciones con los comandantes que participaron en el conflicto.
"Hay gente que quiere, inmediatamente, que meta en la cárcel a los jefes de los grupos paramilitares, que les coloque esposas y los muestre al mundo", dijo Luis Carlos Restrepo, Comisionado para la Paz, en un discurso este mes en Bogotá. "Les voy a decir honestamente que si me viera obligado a hacer eso, el proceso de paz no seguiría adelante".
El gobierno colombiano no ha hecho una petición específica de fondos de ayuda a Estados Unidos para el plan de desmovilización, pero miembros del comité de asignaciones del senado dijo que Washington cree que financiará una parte importante del programa, calculado entre 80 y 200 millones de dólares.
Varios senadores de Estados Unidos se escribieron con el gobierno de Uribe mientras se redactaba la ley, llamando a los funcionarios a asegurarse de que las posibilidades de extradición quedaran intactas y que los participantes paramilitares fueran obligados a confesar las estructuras económicas y organizativas de sus grupos.
"Es muy decepcionante. Las preocupaciones de los senadores han sido ignoradas", dijo Tim Rieser, asistente en política exterior del senador Patrick J. Leahy (demócrata de Vermont). "El presidente Uribe es popular, y pensábamos que escribirían una ley de modo que alcanzara sus objetivos".
Desde que empezara el proceso de paz hace dos años, se han desmovilizado más de 8.000 milicianos paramilitares. En una ceremonia en Bogotá el viernes, 24 ex paramilitares y guerrilleros recibieron diplomas tras completar los programas de formación destinados a prepararlos para trabajos civiles en el campo de la seguridad.
Pero los críticos dicen que debido a que la ley no estipula la confiscación de bienes, los grupos paramilitares serán capaces de seguir reclutando para remplazarlos.
El gobierno dijo que la ley se aplicaría también a las organizaciones de la guerrilla de izquierda -incluyendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC- si ellos decidían desarmarse colectivamente. Pero las concesiones de la ley han provocado preocupación de que esos grupos lleven la voz cantante en futuras negociaciones.
"Los guerrilleros deben estar complacidos de ver lo indulgente que es esta ley", dijo el ex presidente Gaviria. "Ellos podrán pedir más".
21 de agosto de 2005
©washington post
©traducción mQh
chávez contra la dea
[Indira A.R. Lakshmanan] Presidente venezolano terminará colaboración anti-drogas con Estados Unidos.
Caracas, Venezuela. En el último signo de las deterioradas relaciones con Estados Unidos, el presidente Hugo Chávez de Venezuela ha prometido cortar toda la cooperación bilateral anti-drogas y expulsar a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos DEA de un país cuyas porosas fronteras lo convierten en un importante punto de embarque de cocaína y heroína de la vecina Colombia hacia Estados Unidos y Europa.
El miércoles, el director de la agencia antinarcóticos de Venezuela dijo que los agentes de la DEA y sus equipos habían sido desalojados de su cuartel. El anuncio se produjo tras acusaciones de Chávez en un discurso la semana pasada de que agentes de la DEA estaban espiando para su gobierno. En el mismo discurso dijo que había decidido suspender toda la cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico de drogas. Dos ayudantes de Chávez acusaron más tarde a agentes norteamericanos de desviar drogas confiscadas para operaciones ilegales de espionaje y de realizar allanamientos sin la presencia de autoridades venezolanas.
Washington negó vehementemente los cargos, y un funcionario norteamericano en Caracas dijo ayer que los agentes de la DEA nunca tuvieron un despacho en la agencia antinarcóticos venezolana y no han perdido, como afirmaron funcionarios venezolanos, sus privilegios diplomáticos.
"Tenemos ocho agentes de la DEA en Venezuela y todos ellos están aquí en la embajada haciendo su trabajo", dijo el funcionario, que habló a condición de conservar el anonimato debido a que no era un comentario autorizado.
Sin embargo, la amenaza de expulsar a la DEA se produce poco después de que Chávez suspendiera la cooperación militar bilateral, un precedente que sugiere que Chávez cumplirá su promesa de expulsar también a la DEA.
La medida no sólo enturbiará más las ponzoñosas relaciones con Washington, que depende de Venezuela en un 15 por ciento de sus importaciones de petróleo, sino también estropeará los intentos norteamericanos de 3 billones de dólares de los últimos años de erradicar y extirpar las drogas en Colombia, que comparte con Venezuela una frontera de 2.100 kilómetros flojamente controlada.
Esta no es la primera vez que Chávez entorpece las campañas antinarcóticos de Estados Unidos; en 1999 prohibió los vuelos antinarcóticos norteamericanos en el espacio aéreo venezolano, calificando las misiones de violación de la soberanía. A pesar de la espiral descendente en las relaciones desde que Chávez acusara a Washington de planear su derrocamiento en 2002, su decisión de terminar toda colaboración con Estados Unidos contra el tráfico de drogas es una sorpresa.
Hace apenas dos meses, el ministro del Interior venezolano, Jesse Chacón, prometió públicamente: "Por supuesto seguiremos trabajando con la DEA".
Gracias a controles más flojos de pasajeros y carga en Venezuela, el país es una importante ruta para el contrabando de drogas colombianas hacia Europa, dijo Alejandro Reyes, investigador del Centro de Estudios y Observación de las Drogas en la Universidad del Rosario, en Bogotá. La costa venezolana también ha sido usada por contrabandistas en lanchas rápidas.
Entretanto, mientras las campañas antidrogas financiadas por Estados Unidos florecen en Colombia, analistas han observado un "efecto balón", y los cultivos ilegales se han extendido hacia países vecinos, incluyendo Venezuela y Ecuador.
Elsa Cardozo, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, interpreta la amenaza de Chávez como "un medio de presentar su gobierno como uno que puede retar a Estados Unidos del modo que quiera, y que Estados Unidos no puede hacer nada para evitarlo... Pero [terminar la colaboración en antinarcóticos con Estados Unidos] podría tener efectos desastrosos para Venezuela misma, incluso si el motivo es político, ya que se trata de fastidiar a Estados Unidos".
El problema interno de Venezuela con las drogas parece haber empeorado últimamente, con una duplicación de las confiscaciones en los últimos cuatro años, de acuerdo a cifras oficiales, y con acusaciones de corrupción asociada al tráfico de drogas contra oficiales militares venezolanos sospechosos de enviar drogas a Estados Unidos.
Otra consecuencia inquietante de una cooperación reducida podría ser un repunte del contrabando a través de Venezuela de los agentes químicos que son usados en la elaboración de cocaína en Colombia, dijo Reyes.
Adam Isacson, especialista en seguridad latinoamericana en el Centro de Política Internacional de Washington, un laboratorio ideológico independiente, dijo que "esa frontera ha sido siempre un tamiz", debido al pobre control en Venezuela y Colombia, y "unos pocos tipos de la DEA no van a hacer mucho sobre eso, de todos modos". El término de la cooperación bilateral, agregó, "hará un poco más difícil extirpar las drogas, pero creo que el impacto político será mayor".
La semana pasada el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Adam Ereli, calificó las acusaciones de Chávez contra la DEA como "un intento de ocultar una cooperación cada vez más deficiente" y dijo que cortar los vínculos antinarcóticos afectará la revisión anual, el próximo mes, que debe certificar si Venezuela está o no colaborando en la lucha contra las drogas.
Perder la certificación implica sanciones, incluyendo un recorte de gran parte de la ayuda militar y económica, pero Venezuela no ha sido beneficiaria de esas ayudas desde que terminara la cooperación militar, dijo Isacson. Estados Unidos también podría vetar préstamos internacionales a Venezuela, que ha pedido un crédito de 1.5 billones de dólares al Bando Interamericano de Desarrollo.
Incluso más importante, dijo Isacson, una bofetada más de Chávez a la cara de Washington "aumentará los llamados en Estados Unidos a cambiar el régimen venezolano, y los que hagan esos llamados utilizarán el ángulo del narcotráfico".
20 de agosto de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Caracas, Venezuela. En el último signo de las deterioradas relaciones con Estados Unidos, el presidente Hugo Chávez de Venezuela ha prometido cortar toda la cooperación bilateral anti-drogas y expulsar a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos DEA de un país cuyas porosas fronteras lo convierten en un importante punto de embarque de cocaína y heroína de la vecina Colombia hacia Estados Unidos y Europa.El miércoles, el director de la agencia antinarcóticos de Venezuela dijo que los agentes de la DEA y sus equipos habían sido desalojados de su cuartel. El anuncio se produjo tras acusaciones de Chávez en un discurso la semana pasada de que agentes de la DEA estaban espiando para su gobierno. En el mismo discurso dijo que había decidido suspender toda la cooperación bilateral en la lucha contra el tráfico de drogas. Dos ayudantes de Chávez acusaron más tarde a agentes norteamericanos de desviar drogas confiscadas para operaciones ilegales de espionaje y de realizar allanamientos sin la presencia de autoridades venezolanas.
Washington negó vehementemente los cargos, y un funcionario norteamericano en Caracas dijo ayer que los agentes de la DEA nunca tuvieron un despacho en la agencia antinarcóticos venezolana y no han perdido, como afirmaron funcionarios venezolanos, sus privilegios diplomáticos.
"Tenemos ocho agentes de la DEA en Venezuela y todos ellos están aquí en la embajada haciendo su trabajo", dijo el funcionario, que habló a condición de conservar el anonimato debido a que no era un comentario autorizado.
Sin embargo, la amenaza de expulsar a la DEA se produce poco después de que Chávez suspendiera la cooperación militar bilateral, un precedente que sugiere que Chávez cumplirá su promesa de expulsar también a la DEA.
La medida no sólo enturbiará más las ponzoñosas relaciones con Washington, que depende de Venezuela en un 15 por ciento de sus importaciones de petróleo, sino también estropeará los intentos norteamericanos de 3 billones de dólares de los últimos años de erradicar y extirpar las drogas en Colombia, que comparte con Venezuela una frontera de 2.100 kilómetros flojamente controlada.
Esta no es la primera vez que Chávez entorpece las campañas antinarcóticos de Estados Unidos; en 1999 prohibió los vuelos antinarcóticos norteamericanos en el espacio aéreo venezolano, calificando las misiones de violación de la soberanía. A pesar de la espiral descendente en las relaciones desde que Chávez acusara a Washington de planear su derrocamiento en 2002, su decisión de terminar toda colaboración con Estados Unidos contra el tráfico de drogas es una sorpresa.
Hace apenas dos meses, el ministro del Interior venezolano, Jesse Chacón, prometió públicamente: "Por supuesto seguiremos trabajando con la DEA".
Gracias a controles más flojos de pasajeros y carga en Venezuela, el país es una importante ruta para el contrabando de drogas colombianas hacia Europa, dijo Alejandro Reyes, investigador del Centro de Estudios y Observación de las Drogas en la Universidad del Rosario, en Bogotá. La costa venezolana también ha sido usada por contrabandistas en lanchas rápidas.
Entretanto, mientras las campañas antidrogas financiadas por Estados Unidos florecen en Colombia, analistas han observado un "efecto balón", y los cultivos ilegales se han extendido hacia países vecinos, incluyendo Venezuela y Ecuador.
Elsa Cardozo, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, interpreta la amenaza de Chávez como "un medio de presentar su gobierno como uno que puede retar a Estados Unidos del modo que quiera, y que Estados Unidos no puede hacer nada para evitarlo... Pero [terminar la colaboración en antinarcóticos con Estados Unidos] podría tener efectos desastrosos para Venezuela misma, incluso si el motivo es político, ya que se trata de fastidiar a Estados Unidos".
El problema interno de Venezuela con las drogas parece haber empeorado últimamente, con una duplicación de las confiscaciones en los últimos cuatro años, de acuerdo a cifras oficiales, y con acusaciones de corrupción asociada al tráfico de drogas contra oficiales militares venezolanos sospechosos de enviar drogas a Estados Unidos.
Otra consecuencia inquietante de una cooperación reducida podría ser un repunte del contrabando a través de Venezuela de los agentes químicos que son usados en la elaboración de cocaína en Colombia, dijo Reyes.
Adam Isacson, especialista en seguridad latinoamericana en el Centro de Política Internacional de Washington, un laboratorio ideológico independiente, dijo que "esa frontera ha sido siempre un tamiz", debido al pobre control en Venezuela y Colombia, y "unos pocos tipos de la DEA no van a hacer mucho sobre eso, de todos modos". El término de la cooperación bilateral, agregó, "hará un poco más difícil extirpar las drogas, pero creo que el impacto político será mayor".
La semana pasada el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores, Adam Ereli, calificó las acusaciones de Chávez contra la DEA como "un intento de ocultar una cooperación cada vez más deficiente" y dijo que cortar los vínculos antinarcóticos afectará la revisión anual, el próximo mes, que debe certificar si Venezuela está o no colaborando en la lucha contra las drogas.
Perder la certificación implica sanciones, incluyendo un recorte de gran parte de la ayuda militar y económica, pero Venezuela no ha sido beneficiaria de esas ayudas desde que terminara la cooperación militar, dijo Isacson. Estados Unidos también podría vetar préstamos internacionales a Venezuela, que ha pedido un crédito de 1.5 billones de dólares al Bando Interamericano de Desarrollo.
Incluso más importante, dijo Isacson, una bofetada más de Chávez a la cara de Washington "aumentará los llamados en Estados Unidos a cambiar el régimen venezolano, y los que hagan esos llamados utilizarán el ángulo del narcotráfico".
20 de agosto de 2005
©boston globe
©traducción mQh
chile indulta a degollador
Presidente Lagos, de Chile, indulta a salvaje autor de degüello de dirigente sindical.
El ministro del Interior, Francisco Vidal, anunció esta tarde en La Moneda que el presidente Ricardo Lagos firmó el decreto de indulto que conmuta la pena de cárcel a la que fue condenado el suboficial retirado del Ejército Manuel Contreras Donaire, uno de los tres autores materiales del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez.
"En el uso exclusivo de sus atribuciones exclusivas en algunas materias, el Presidente, hace dos o tres semanas, procedió a indultar a este suboficial de Ejército, cuyo nombre es Manuel Contreras Donaire", señaló el jefe del gabinete.
Aunque no entregó las razones concretas de la medida, señaló que "en estos casos se aplica la atribución del Presidente de la República... Desde el punto de vista de los antecedentes, son de manejo reservado", agregó escueto, aunque aclaró que estaba en condiciones de argumentar explicaciones de tipo general: "en virtud de la pacificació, en virtud de la clemencia, en virtud de dar señales de que el país puede avanzar también en esta dirección".
Tras las palabras de Vidal, el ministro secretario general de gobierno, Osvaldo Puccio, salió a corregir la versión del ministro del Interior, diciendo que el beneficio no es un indulto presidencial "sino que se trata de una decisión a nivel del ministerio de Justicia, en la cual reos que cumplen ciertos requisitos de cumplimiento de penas, etcétera, se les conmuta el saldo de pena y ese saldo de pena se mantiene bajo la vigilancia de Gendarmería".
Puccio descartó además que con esta determinación, el gobierno pretenda empatar el beneficio entregado hace algún tiempo a los reos subversivos, que fueron indultados por el presidente Ricardo Lagos.
Hablan Abogados
Jorge Mario Saavedra, abogado de la familia del líder sindical, reconoció como un "derecho" del imputado la decisión del ejecutivo de entregarle la libertad condicional.
"Este es un beneficio que está dentro de la ley y los condenados que han violado derechos humanos son humanos y tienen familia. Además fue quien tuvo la mejor conducta en el penal y gendarmería nunca le ha reconocido ningún derecho", sentenció.
"La condena de primera instancia de Contreras Donaire lo sentenciaba a seis años y luego la Corte de Apelaciones la subió a ocho años, por lo tanto él ya cumplió la pena de primera instancia y se cumple el propósito original, agregó Saavedra, pero fue tajante en aclarar que esto no significa en dejar la puerta abierta para que queden en libertad otros procesados.
"Yo creo que esta gente al final va a empezar a usar este precedente porque se les abrió la puerta. Nosotros vamos a tener que estar pendientes ahora y evitar que esto ocurra en los casos de jefes máximos, los autores intelectuales, los que tienen el poder", manifestó.
Por su parte, Mauricio Unda, quien fuera abogado de Contreras Donaire hasta que éste ingresara a la cárcel, expresó que la decisión lo "alegra muchísimo porque él se lo merece" y explicó que "Contreras Donaire era un sargento segundo, trabajaba en un contexto y, en los hechos, impera la obediencia absoluta". Agregó además que "si la autoridad hace uso de sus facultades, no corresponde emitir otros juicios".
Una Larga Investigación
Tucapel Jiménez fue secuestrado por agentes del gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet Ugarte el 25 de febrero de 1982, cuando manejaba su taxi. Al día siguiente, su cuerpo sin vida apareció en el interior del vehículo abandonado en un camino rural, 20 kilómetros al norte de Santiago.
Una semana antes de ser asesinado por disparos y degollamiento, Jiménez había hecho un llamado a la unidad de todas las organizaciones sindicales para combatir al régimen de Pinochet.
Tras una infructuosa investigación de 17 años realizada por el ministro Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del poder judicial, la Corte Suprema nombró al juez Sergio Muñoz como ministro extraordinario del caso.
En 2002, luego de tres años de labor, el magistrado identificó a los culpables del crimen y determinó las circunstancias en que éste se produjo.
Además de Manuel Contreras Donaire, que en 2002 fue sentenciado por Muñoz a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, cumplen condena como autores materiales el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez (10 años) y el suboficial (r) Miguel Letelier (8 años), quienes permanecen encarcelados.
Como autores intelectuales, fueron condenados a 8 años de presidio el general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, ex jefe del Dine, el coronel (r) Víctor Pinto Pérez y el mayor (r) Francisco Ferrer.
Como cómplice del crimen, el capitán (r) Juan Carlos Arriagada Echeverría fue sentenciado a tres años y un día de presidio remitido.
En tanto, como encubridor recibió una condena a 800 días de pena remitida el general (r) Fernando Torres Silva, ex auditor general del Ejército. En la misma calidad, los generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Hernán Ramírez Hald fueron condenados a 541 díaz de presidio remitido.
19 de agosto de 2005
©tercera
"
El ministro del Interior, Francisco Vidal, anunció esta tarde en La Moneda que el presidente Ricardo Lagos firmó el decreto de indulto que conmuta la pena de cárcel a la que fue condenado el suboficial retirado del Ejército Manuel Contreras Donaire, uno de los tres autores materiales del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez."En el uso exclusivo de sus atribuciones exclusivas en algunas materias, el Presidente, hace dos o tres semanas, procedió a indultar a este suboficial de Ejército, cuyo nombre es Manuel Contreras Donaire", señaló el jefe del gabinete.
Aunque no entregó las razones concretas de la medida, señaló que "en estos casos se aplica la atribución del Presidente de la República... Desde el punto de vista de los antecedentes, son de manejo reservado", agregó escueto, aunque aclaró que estaba en condiciones de argumentar explicaciones de tipo general: "en virtud de la pacificació, en virtud de la clemencia, en virtud de dar señales de que el país puede avanzar también en esta dirección".
Tras las palabras de Vidal, el ministro secretario general de gobierno, Osvaldo Puccio, salió a corregir la versión del ministro del Interior, diciendo que el beneficio no es un indulto presidencial "sino que se trata de una decisión a nivel del ministerio de Justicia, en la cual reos que cumplen ciertos requisitos de cumplimiento de penas, etcétera, se les conmuta el saldo de pena y ese saldo de pena se mantiene bajo la vigilancia de Gendarmería".
Puccio descartó además que con esta determinación, el gobierno pretenda empatar el beneficio entregado hace algún tiempo a los reos subversivos, que fueron indultados por el presidente Ricardo Lagos.
Hablan Abogados
Jorge Mario Saavedra, abogado de la familia del líder sindical, reconoció como un "derecho" del imputado la decisión del ejecutivo de entregarle la libertad condicional.
"Este es un beneficio que está dentro de la ley y los condenados que han violado derechos humanos son humanos y tienen familia. Además fue quien tuvo la mejor conducta en el penal y gendarmería nunca le ha reconocido ningún derecho", sentenció.
"La condena de primera instancia de Contreras Donaire lo sentenciaba a seis años y luego la Corte de Apelaciones la subió a ocho años, por lo tanto él ya cumplió la pena de primera instancia y se cumple el propósito original, agregó Saavedra, pero fue tajante en aclarar que esto no significa en dejar la puerta abierta para que queden en libertad otros procesados.
"Yo creo que esta gente al final va a empezar a usar este precedente porque se les abrió la puerta. Nosotros vamos a tener que estar pendientes ahora y evitar que esto ocurra en los casos de jefes máximos, los autores intelectuales, los que tienen el poder", manifestó.
Por su parte, Mauricio Unda, quien fuera abogado de Contreras Donaire hasta que éste ingresara a la cárcel, expresó que la decisión lo "alegra muchísimo porque él se lo merece" y explicó que "Contreras Donaire era un sargento segundo, trabajaba en un contexto y, en los hechos, impera la obediencia absoluta". Agregó además que "si la autoridad hace uso de sus facultades, no corresponde emitir otros juicios".
Una Larga Investigación
Tucapel Jiménez fue secuestrado por agentes del gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet Ugarte el 25 de febrero de 1982, cuando manejaba su taxi. Al día siguiente, su cuerpo sin vida apareció en el interior del vehículo abandonado en un camino rural, 20 kilómetros al norte de Santiago.
Una semana antes de ser asesinado por disparos y degollamiento, Jiménez había hecho un llamado a la unidad de todas las organizaciones sindicales para combatir al régimen de Pinochet.
Tras una infructuosa investigación de 17 años realizada por el ministro Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del poder judicial, la Corte Suprema nombró al juez Sergio Muñoz como ministro extraordinario del caso.
En 2002, luego de tres años de labor, el magistrado identificó a los culpables del crimen y determinó las circunstancias en que éste se produjo.
Además de Manuel Contreras Donaire, que en 2002 fue sentenciado por Muñoz a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, cumplen condena como autores materiales el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez (10 años) y el suboficial (r) Miguel Letelier (8 años), quienes permanecen encarcelados.
Como autores intelectuales, fueron condenados a 8 años de presidio el general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, ex jefe del Dine, el coronel (r) Víctor Pinto Pérez y el mayor (r) Francisco Ferrer.
Como cómplice del crimen, el capitán (r) Juan Carlos Arriagada Echeverría fue sentenciado a tres años y un día de presidio remitido.
En tanto, como encubridor recibió una condena a 800 días de pena remitida el general (r) Fernando Torres Silva, ex auditor general del Ejército. En la misma calidad, los generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Hernán Ramírez Hald fueron condenados a 541 díaz de presidio remitido.
19 de agosto de 2005
©tercera
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chávez y la prensa
[Monte Reel] Venezuela tiene el dinero.
Caracas, Venezuela. Parado frente a un ejército de cámaras de televisión, el presidente Hugo Chávez tuvo que luchar contra el impulso de ponerse a cantar y -como ocurre a menudo en tales momentos-, se rindió sin pelear.
"Guantamanera", cantó en su confiado barítono, balanceándose ligeramente al refrán de la canción más celebrada de Cuba. "Guajira guantanamera..."
Chávez estaba a medio camino de su programa semanal de televisión de seis horas, Hola, Presidente', que durante 228 episodios ha proporcionado una exhaustiva imagen del hombre que rivaliza con Fidel Castro como el presidente más carismático y controvertido de América Latina.
La canción romántica cubana fue una apropiada banda sonora en un episodio reciente, en el que Chávez agradeció a Castro repetidas veces por inspirarlo a acelerar la redistribución de la riqueza en un país donde casi la mitad de la población vive en la pobreza.
Con precios récords para el petróleo venezolano, Chávez -que ha sobrevivido un breve golpe de estado y un referéndum de destitución- parece ahora estar consolidando el apoyo de la opinión pública, usando los inesperados ingresos para extender programas sociales para los pobres e intensificar lo que llama una "revolución pacífica" contra el capitalismo global.
Las relaciones políticas de Chávez con Estados Unidos siguen tan difíciles como siempre, y ha afirmado repetidas que la CIA está conspirando para derrocarlo. Sus opositores domésticos, entretanto, dicen que su nueva largueza social va acompañada de fuertes intentos para controlar las instituciones del país y sofocar la oposición -todo como parte de una campaña para aferrarse al poder tan firmemente como ha hecho su héroe en La Habana durante 46 años.
"Está haciendo todo tipo de cambios, y los está haciendo con la asesoría de Fidel", dijo Carlos Eduardo Berrizbeitía, diputado de un partido político que se opone a Chávez. "Ahora ha empezado a modelar las instituciones de este país -como la Corte Suprema- para crear instituciones que sólo le sirven a él. El cambio tiene el destello de la democracia, pero no es real".
Con la venta de 1.5 millones de barriles de petróleo al día a Estados Unidos, de un valor de 2.7 billones de dólares al mes, Chávez ha incrementado el gasto público en 36.2 por ciento este año. Ha destinado billones de dólares a las tiendas de alimentación subsidiadas por el estado, a cooperativas de trabajadores, a centros de educación para adultos y a clínicas de salud pública con una plantilla que funcionarios del gobierno dicen que son 16.000 médicos cubanos prestados por Cuba.
Entretanto, el presidente ha convencido a la Asamblea Nacional de permitirle que remplace a oponentes en la Corte Suprema, nombre a sus aliados a una docena de escaños extra judiciales, remodele el código penal nacional y refuerce el control de las estaciones de radio y televisión. Además, la legislatura se prepara para otorgarle un mayor control de las reservas del Banco Central.
El gobierno rechazó las peticiones de una entrevista con el presidente.
Mientras sus críticos en casa y en el extranjero advierten sobre sus tendencias cada vez más dictatoriales, Chávez goza de un amplio apoyo entre los pobres y el índice de popularidad supera el 60 por ciento. Cuando sus fans lo miran en la televisión, no ven a un demagogo sediento de poder, sino a un aliado desafiante que canta cuando quiere y no le importa que sus detractores digan que han oído esa canción antes en otro lugar.
"Hablan de abusos de los derechos humanos, dicen que Chávez es un tirano y un dictador", dijo Chávez en su programa. "Son mentiras, todas mentiras".
Miles de compradores se hacían camino hombro a hombro por las calles de Petare, un arenoso vecindario al este de Caracas, esquivando los baches llenos de agua de lluvia. Los vendedores, protegidos por sucios paraguas, pregonan prácticamente de todo, desde pañales hasta trampas para ratones.
Compradores y vendedores son casi todos pobres, o están cerca de serlo. Pero pocos de ellos responsabilizan a Chávez de sus penurias.
"Ha hecho lo que no hizo ningún presidente antes", dijo Carlos Romero,49, un camionero con raídos vaqueros y camiseta. "Ayuda a los pobres".
"Y mantiene a Venezuela independiente", interrumpió Rafael Villalba, 42, que vende hierbas en una mesa en la acera. "Venezuela es el país más democrático de América Latina. Puedes hacer lo que quieras aquí. Puede decir lo que quieras sobre quien quieras".
Se reunió una multitud, ansiosa por el debate. Dos hombres, que bebían cerveza en un tenderete al aire libre, se quejaron de que Chávez no había hecho nada para ayudarles a encontrar trabajo.
"¡No es la culpa de Chávez!", gritó Viviana Caciani, 33, metiéndose a la refriega. "¡Viva la revolución!"
La política no está nunca muy lejos de la superficie en la Venezuela de Chávez, incluso en el mercado del fin de semana. En un saco de arroz se ha impreso un artículo de la constitución venezolana para recordar a los compradores que el gobierno subsidia el producto.
Una ilustración muestra a un héroe de dibujos animados dándole una patada a un demonio con traje de hombre de negocios -un canalla imperialista que es perseguido por un representante del gobierno que, en la leyenda, garantiza al lector la "seguridad nutricional".
Pero otras formas de seguridad son difíciles de encontrar en Caracas. A pesar del flujo de ingresos por el petróleo, la criminalidad es galopante y la miseria no está nunca demasiado lejos. Algunos venezolanos se preguntan si Chávez sería capaz de mantener su actual nivel de popularidad si cambiara pronto el ambiente.
"La pregunta que se hace todo el mundo es: Si Venezuela es tan rica, ¿por qué soy tan pobre?'", dijo Alfredo Keller, encuestador y analista. "Chávez está tratando de provocar profundos cambios ideológicos bajo la inspiración de Castro, y ha empezado un debate diciendo que ser rico es malo. Pero esa no es la opinión que tiene la gente".
Aunque Chávez invoca retóricamente a iconos comunistas como Carlos Marx y el Che Guevara, Venezuela está lejos de ser otra Cuba. Las vallas publicitarias de productos como Pepsi y Nescafé ayudan a modelar el horizonte de Caracas, a pesar de la insistencia de Chávez de que Venezuela debe liberarse de la influencia del capitalismo global. Este mes, el gobierno ha invitado a más de 200 compañías norteamericanas a una feria comercial para expandir y diversificar los lazos comerciales bilaterales.
Hasta ahora, desde que Chávez asumiera la presidencia en 1998 las tendencias económicas han sido mezcladas. En mayo, el desempleo era de 12.6 por ciento, 3 puntos más bajo que en el mismo período del año pasado, pero un 53 por ciento de las familias vivía en la pobreza en 2004, en comparación con el 49 por ciento de hace seis años, de acuerdo a datos del gobierno.
Los partidarios del presidente dicen que las cifras no reflejan los recientes aumentos en el gasto público, que ha dado a la gente con ingresos limitados un mayor poder de compra. En uno de los mercados subvencionados que Chávez ha abierto en todo el país, la gente hacía cola hace algunos días para comprar enormes bolsas de harina de trigo a 50 centavos de dólar y cajas de Kellogg's Corn Flakes por 1 dólar 30.
Sujey Escobar, 29, una criada con dos hijos y un marido desempleado, salió de la tienda con bolsas de arroz, harina y salchichón, que en un mercadillo normal le habría costado el doble.
"Es difícil encontrar trabajo", dijo, "pero comprar mercaderías es un poco más fácil".
Cambios en los Medios de Comunicación
Patricia Poleo se quitó los auriculares y salió de la cabina desde donde transmite el exitoso programa radial por onda corta en Venezuela. Como una veterana editora de diarios y comentarista, es una crítica declarada de Chávez. También pende sobre ella una sentencia de seis meses de cárcel por difamar al ministro del Interior.
"El gobierno está tratando de intimidar a los medios de comunicación", dice Poleo, 39. "Y algunos periodistas están siguiendo sus órdenes debido a los lujos que se pueden pagar".
Poleo se estaba refiriendo a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, una lista revisada de las normas para las emisoras que fue aprobada el año pasado y está actualmente en su fase de implementación. Con eso, y leyes más severas contra la difamación y la infamia, Poleo y otros periodistas dicen que creen que Chávez está tratando de ahogar las críticas antes de que surjan.
Los cambios están ostensiblemente destinados a proteger a los niños de las programaciones sexuales y violentas y fomentan mayor variedad de estaciones. Ahora las normas exigen tres horas diarias de programación infantil y siete horas de programación producida nacionalmente.
Pero algunos observadores temen que las instrucciones de la ley para proteger la seguridad nacional y promover los valores culturales venezolanos sean interpretadas de manera amplia por un poder judicial cada vez más alineado con Chávez. Algunos críticos dicen que ya han observado auto-censura entre los críticos y partidarios del gobierno, que también pueden ser multados.
Poleo dijo que en lugar de firmar un acuerdo directamente con la emisora de radio donde trabaja, pronto será asignada a una emisora del gobierno y teme que pueda terminar con un patrón oficialista.
"La idea es sacar a la gente del aire", dice.
El gobierno insiste en que los cambios eran necesarios después de que algunos órganos de prensa apoyaran abiertamente el golpe de 2002. En lugar de desalentar la diversidad de opiniones, dicen, la ley la garantiza explícitamente.
"Todas las críticas contra esa ley se basan en esa suposición", dijo Desirée Santos Amaral, que dirige el comité de comunicaciones de la legislatura. "Todas las críticas que se difunden sobre la ley ahora, son prueba de que la ley funciona".
Un órgano de comunicación que puede transmitir con seguridad sus programas es la televisión estatal, donde Chávez transmite su programa del domingo. La semana pasada transmitió su programa desde uno de los centros educativos que dijo que están ayudando a erradicar el analfabetismo -"gracias a Fidel" y al préstamo de asistentes sociales cubanos.
Chávez interrumpió su monólogo para oír a gente recientemente alfabetizada en la audiencia, leyendo pasajes de la constitución nacional, y luego continuó ensalzando las virtudes de sus políticas sociales.
"La revolución continúa", concluyó varias horas después, despidiéndose con una sonrisa.
18 de agosto de 2005
15 de julio de 2005
©washington post
©traducción mQh
Caracas, Venezuela. Parado frente a un ejército de cámaras de televisión, el presidente Hugo Chávez tuvo que luchar contra el impulso de ponerse a cantar y -como ocurre a menudo en tales momentos-, se rindió sin pelear."Guantamanera", cantó en su confiado barítono, balanceándose ligeramente al refrán de la canción más celebrada de Cuba. "Guajira guantanamera..."
Chávez estaba a medio camino de su programa semanal de televisión de seis horas, Hola, Presidente', que durante 228 episodios ha proporcionado una exhaustiva imagen del hombre que rivaliza con Fidel Castro como el presidente más carismático y controvertido de América Latina.
La canción romántica cubana fue una apropiada banda sonora en un episodio reciente, en el que Chávez agradeció a Castro repetidas veces por inspirarlo a acelerar la redistribución de la riqueza en un país donde casi la mitad de la población vive en la pobreza.
Con precios récords para el petróleo venezolano, Chávez -que ha sobrevivido un breve golpe de estado y un referéndum de destitución- parece ahora estar consolidando el apoyo de la opinión pública, usando los inesperados ingresos para extender programas sociales para los pobres e intensificar lo que llama una "revolución pacífica" contra el capitalismo global.
Las relaciones políticas de Chávez con Estados Unidos siguen tan difíciles como siempre, y ha afirmado repetidas que la CIA está conspirando para derrocarlo. Sus opositores domésticos, entretanto, dicen que su nueva largueza social va acompañada de fuertes intentos para controlar las instituciones del país y sofocar la oposición -todo como parte de una campaña para aferrarse al poder tan firmemente como ha hecho su héroe en La Habana durante 46 años.
"Está haciendo todo tipo de cambios, y los está haciendo con la asesoría de Fidel", dijo Carlos Eduardo Berrizbeitía, diputado de un partido político que se opone a Chávez. "Ahora ha empezado a modelar las instituciones de este país -como la Corte Suprema- para crear instituciones que sólo le sirven a él. El cambio tiene el destello de la democracia, pero no es real".
Con la venta de 1.5 millones de barriles de petróleo al día a Estados Unidos, de un valor de 2.7 billones de dólares al mes, Chávez ha incrementado el gasto público en 36.2 por ciento este año. Ha destinado billones de dólares a las tiendas de alimentación subsidiadas por el estado, a cooperativas de trabajadores, a centros de educación para adultos y a clínicas de salud pública con una plantilla que funcionarios del gobierno dicen que son 16.000 médicos cubanos prestados por Cuba.
Entretanto, el presidente ha convencido a la Asamblea Nacional de permitirle que remplace a oponentes en la Corte Suprema, nombre a sus aliados a una docena de escaños extra judiciales, remodele el código penal nacional y refuerce el control de las estaciones de radio y televisión. Además, la legislatura se prepara para otorgarle un mayor control de las reservas del Banco Central.
El gobierno rechazó las peticiones de una entrevista con el presidente.
Mientras sus críticos en casa y en el extranjero advierten sobre sus tendencias cada vez más dictatoriales, Chávez goza de un amplio apoyo entre los pobres y el índice de popularidad supera el 60 por ciento. Cuando sus fans lo miran en la televisión, no ven a un demagogo sediento de poder, sino a un aliado desafiante que canta cuando quiere y no le importa que sus detractores digan que han oído esa canción antes en otro lugar.
"Hablan de abusos de los derechos humanos, dicen que Chávez es un tirano y un dictador", dijo Chávez en su programa. "Son mentiras, todas mentiras".
Miles de compradores se hacían camino hombro a hombro por las calles de Petare, un arenoso vecindario al este de Caracas, esquivando los baches llenos de agua de lluvia. Los vendedores, protegidos por sucios paraguas, pregonan prácticamente de todo, desde pañales hasta trampas para ratones.
Compradores y vendedores son casi todos pobres, o están cerca de serlo. Pero pocos de ellos responsabilizan a Chávez de sus penurias.
"Ha hecho lo que no hizo ningún presidente antes", dijo Carlos Romero,49, un camionero con raídos vaqueros y camiseta. "Ayuda a los pobres".
"Y mantiene a Venezuela independiente", interrumpió Rafael Villalba, 42, que vende hierbas en una mesa en la acera. "Venezuela es el país más democrático de América Latina. Puedes hacer lo que quieras aquí. Puede decir lo que quieras sobre quien quieras".
Se reunió una multitud, ansiosa por el debate. Dos hombres, que bebían cerveza en un tenderete al aire libre, se quejaron de que Chávez no había hecho nada para ayudarles a encontrar trabajo.
"¡No es la culpa de Chávez!", gritó Viviana Caciani, 33, metiéndose a la refriega. "¡Viva la revolución!"
La política no está nunca muy lejos de la superficie en la Venezuela de Chávez, incluso en el mercado del fin de semana. En un saco de arroz se ha impreso un artículo de la constitución venezolana para recordar a los compradores que el gobierno subsidia el producto.
Una ilustración muestra a un héroe de dibujos animados dándole una patada a un demonio con traje de hombre de negocios -un canalla imperialista que es perseguido por un representante del gobierno que, en la leyenda, garantiza al lector la "seguridad nutricional".
Pero otras formas de seguridad son difíciles de encontrar en Caracas. A pesar del flujo de ingresos por el petróleo, la criminalidad es galopante y la miseria no está nunca demasiado lejos. Algunos venezolanos se preguntan si Chávez sería capaz de mantener su actual nivel de popularidad si cambiara pronto el ambiente.
"La pregunta que se hace todo el mundo es: Si Venezuela es tan rica, ¿por qué soy tan pobre?'", dijo Alfredo Keller, encuestador y analista. "Chávez está tratando de provocar profundos cambios ideológicos bajo la inspiración de Castro, y ha empezado un debate diciendo que ser rico es malo. Pero esa no es la opinión que tiene la gente".
Aunque Chávez invoca retóricamente a iconos comunistas como Carlos Marx y el Che Guevara, Venezuela está lejos de ser otra Cuba. Las vallas publicitarias de productos como Pepsi y Nescafé ayudan a modelar el horizonte de Caracas, a pesar de la insistencia de Chávez de que Venezuela debe liberarse de la influencia del capitalismo global. Este mes, el gobierno ha invitado a más de 200 compañías norteamericanas a una feria comercial para expandir y diversificar los lazos comerciales bilaterales.
Hasta ahora, desde que Chávez asumiera la presidencia en 1998 las tendencias económicas han sido mezcladas. En mayo, el desempleo era de 12.6 por ciento, 3 puntos más bajo que en el mismo período del año pasado, pero un 53 por ciento de las familias vivía en la pobreza en 2004, en comparación con el 49 por ciento de hace seis años, de acuerdo a datos del gobierno.
Los partidarios del presidente dicen que las cifras no reflejan los recientes aumentos en el gasto público, que ha dado a la gente con ingresos limitados un mayor poder de compra. En uno de los mercados subvencionados que Chávez ha abierto en todo el país, la gente hacía cola hace algunos días para comprar enormes bolsas de harina de trigo a 50 centavos de dólar y cajas de Kellogg's Corn Flakes por 1 dólar 30.
Sujey Escobar, 29, una criada con dos hijos y un marido desempleado, salió de la tienda con bolsas de arroz, harina y salchichón, que en un mercadillo normal le habría costado el doble.
"Es difícil encontrar trabajo", dijo, "pero comprar mercaderías es un poco más fácil".
Cambios en los Medios de Comunicación
Patricia Poleo se quitó los auriculares y salió de la cabina desde donde transmite el exitoso programa radial por onda corta en Venezuela. Como una veterana editora de diarios y comentarista, es una crítica declarada de Chávez. También pende sobre ella una sentencia de seis meses de cárcel por difamar al ministro del Interior.
"El gobierno está tratando de intimidar a los medios de comunicación", dice Poleo, 39. "Y algunos periodistas están siguiendo sus órdenes debido a los lujos que se pueden pagar".
Poleo se estaba refiriendo a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, una lista revisada de las normas para las emisoras que fue aprobada el año pasado y está actualmente en su fase de implementación. Con eso, y leyes más severas contra la difamación y la infamia, Poleo y otros periodistas dicen que creen que Chávez está tratando de ahogar las críticas antes de que surjan.
Los cambios están ostensiblemente destinados a proteger a los niños de las programaciones sexuales y violentas y fomentan mayor variedad de estaciones. Ahora las normas exigen tres horas diarias de programación infantil y siete horas de programación producida nacionalmente.
Pero algunos observadores temen que las instrucciones de la ley para proteger la seguridad nacional y promover los valores culturales venezolanos sean interpretadas de manera amplia por un poder judicial cada vez más alineado con Chávez. Algunos críticos dicen que ya han observado auto-censura entre los críticos y partidarios del gobierno, que también pueden ser multados.
Poleo dijo que en lugar de firmar un acuerdo directamente con la emisora de radio donde trabaja, pronto será asignada a una emisora del gobierno y teme que pueda terminar con un patrón oficialista.
"La idea es sacar a la gente del aire", dice.
El gobierno insiste en que los cambios eran necesarios después de que algunos órganos de prensa apoyaran abiertamente el golpe de 2002. En lugar de desalentar la diversidad de opiniones, dicen, la ley la garantiza explícitamente.
"Todas las críticas contra esa ley se basan en esa suposición", dijo Desirée Santos Amaral, que dirige el comité de comunicaciones de la legislatura. "Todas las críticas que se difunden sobre la ley ahora, son prueba de que la ley funciona".
Un órgano de comunicación que puede transmitir con seguridad sus programas es la televisión estatal, donde Chávez transmite su programa del domingo. La semana pasada transmitió su programa desde uno de los centros educativos que dijo que están ayudando a erradicar el analfabetismo -"gracias a Fidel" y al préstamo de asistentes sociales cubanos.
Chávez interrumpió su monólogo para oír a gente recientemente alfabetizada en la audiencia, leyendo pasajes de la constitución nacional, y luego continuó ensalzando las virtudes de sus políticas sociales.
"La revolución continúa", concluyó varias horas después, despidiéndose con una sonrisa.
18 de agosto de 2005
15 de julio de 2005
©washington post
©traducción mQh
presa por estafa
[Malú Urzúa] Juez Muñoz advierte que cargos en caso Pinochet pueden cambiar a estafa. El magistrado afirmó que si se considera que el delito de evasión tributaria no es traspasable a las actuaciones por las cuales fueron procesados Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet, a ambos les podrían ser aplicadas otras disposiciones legales.
El juez Sergio Muñoz advirtió ayer sobre la posibilidad de aplicar el delito de estafa a las actuaciones realizadas por Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet, procesados el miércoles 10 como cómplices de la evasión tributaria por cerca de $ 9 mil millones en que habría incurrido el general (R) Augusto Pinochet. Así lo hizo ver ayer el magistrado en su respuesta a los recursos de amparo presentados por las defensas de ambos encausados, informe evacuado ayer al mediodía a la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones.
Este documento deberá ser considerado por esta sala, que tiene previsto revisar hoy a primera hora los hábeas corpus. En ellos, las defensas de Hiriart y Pinochet plantean que no es posible presumir complicidad en un delito que se ejecuta por omisión, como es el caso de la evasión de impuestos.
Haciéndose cargo de ese argumento, Muñoz elaboró un informe donde sostiene que el inciso primero número cuatro del artículo 97 del Código Tributario, que tipifica el delito de "declaraciones manifiestamente incompletas o falsas", no exige la calidad de contribuyente. Es decir, no se señala expresamente que sólo quien evade el pago tributario participa del ilícito.
Muñoz continúa su informe señalando que aunque sí se exigiera esa calidad, el delito tributario se "comunica" (traspasa), aplicándosele las normas generales del Código Penal.
Muñoz va más allá y afirma que si se considera que aquel delito no es traspasable a las actuaciones por las que se procesó a Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet pueden aplicarse otras normas legales.
La lógica expuesta por el juez en su informe es que si Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet no pueden ser procesados como cómplices de evasión tributaria, sus actuaciones caben también en el delito de estafa.
Un razonamiento similar utilizó el ministro ayer al rechazar la petición de la defensa del ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken, de revocar el auto de procesamiento que pesa en su contra, también como cómplice de delito tributario.
El juez rechazó, además, la petición hecha por Aitken de citar a declarar al director del Servicio de Impuestos Internos, Juan Toro, a fin de que explique el razonamiento expuesto en abril a través de una radio: "En el sistema tributario en Chile, la responsabilidad siempre es del contribuyente".
En tribunales señalan que este debate en torno a la existencia de la complicidad en evasión tributaria llegará pronto a la Corte Suprema, pues luego que la Quinta Sala se pronuncie, la parte que pierda recurrirá al máximo tribunal.
También está pendiente la apelación al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que desaforó al general (R) Pinochet por cuatro delitos: fraude tributario, datos falsos en la declaración jurada de bienes ante notario, pasaportes falsos y por eludir el embargo decretado por el juez español Baltasar Garzón.
Ministro incauta documentos de Cema Chile
Por orden del juez Sergio Muñoz, al menos cinco funcionarios de Investigaciones incautaron ayer una serie de documentos contables y financieros pertenecientes a la Fundación Cema Chile, en su sede central ubicada en Providencia.
La diligencia, que duró cerca de una hora, se enmarcó dentro de la denuncia presentada hace un mes por el diputado socialista Alejandro Navarro, quien pidió a Muñoz investigar el flujo financiero de Cema Chile para ver el destino de estos dineros.
Esta institución fue encabezada por Lucía Hiriat durante el régimen militar y posee un patrimonio de US$ 50 millones compuesto por inmuebles en los que se ubican las sedes a lo largo del país.
Hace 10 días el Senado eliminó la norma que obligaba a la Polla Chilena de Beneficencia a entregar a Cema la quinta parte de los recursos que por ley distribuye entre organizaciones benéficas.
18 de agosto de 2005
©tercera
El juez Sergio Muñoz advirtió ayer sobre la posibilidad de aplicar el delito de estafa a las actuaciones realizadas por Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet, procesados el miércoles 10 como cómplices de la evasión tributaria por cerca de $ 9 mil millones en que habría incurrido el general (R) Augusto Pinochet. Así lo hizo ver ayer el magistrado en su respuesta a los recursos de amparo presentados por las defensas de ambos encausados, informe evacuado ayer al mediodía a la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones.Este documento deberá ser considerado por esta sala, que tiene previsto revisar hoy a primera hora los hábeas corpus. En ellos, las defensas de Hiriart y Pinochet plantean que no es posible presumir complicidad en un delito que se ejecuta por omisión, como es el caso de la evasión de impuestos.
Haciéndose cargo de ese argumento, Muñoz elaboró un informe donde sostiene que el inciso primero número cuatro del artículo 97 del Código Tributario, que tipifica el delito de "declaraciones manifiestamente incompletas o falsas", no exige la calidad de contribuyente. Es decir, no se señala expresamente que sólo quien evade el pago tributario participa del ilícito.
Muñoz continúa su informe señalando que aunque sí se exigiera esa calidad, el delito tributario se "comunica" (traspasa), aplicándosele las normas generales del Código Penal.
Muñoz va más allá y afirma que si se considera que aquel delito no es traspasable a las actuaciones por las que se procesó a Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet pueden aplicarse otras normas legales.
La lógica expuesta por el juez en su informe es que si Lucía Hiriart y Marco Antonio Pinochet no pueden ser procesados como cómplices de evasión tributaria, sus actuaciones caben también en el delito de estafa.
Un razonamiento similar utilizó el ministro ayer al rechazar la petición de la defensa del ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken, de revocar el auto de procesamiento que pesa en su contra, también como cómplice de delito tributario.
El juez rechazó, además, la petición hecha por Aitken de citar a declarar al director del Servicio de Impuestos Internos, Juan Toro, a fin de que explique el razonamiento expuesto en abril a través de una radio: "En el sistema tributario en Chile, la responsabilidad siempre es del contribuyente".
En tribunales señalan que este debate en torno a la existencia de la complicidad en evasión tributaria llegará pronto a la Corte Suprema, pues luego que la Quinta Sala se pronuncie, la parte que pierda recurrirá al máximo tribunal.
También está pendiente la apelación al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que desaforó al general (R) Pinochet por cuatro delitos: fraude tributario, datos falsos en la declaración jurada de bienes ante notario, pasaportes falsos y por eludir el embargo decretado por el juez español Baltasar Garzón.
Ministro incauta documentos de Cema Chile
Por orden del juez Sergio Muñoz, al menos cinco funcionarios de Investigaciones incautaron ayer una serie de documentos contables y financieros pertenecientes a la Fundación Cema Chile, en su sede central ubicada en Providencia.
La diligencia, que duró cerca de una hora, se enmarcó dentro de la denuncia presentada hace un mes por el diputado socialista Alejandro Navarro, quien pidió a Muñoz investigar el flujo financiero de Cema Chile para ver el destino de estos dineros.
Esta institución fue encabezada por Lucía Hiriat durante el régimen militar y posee un patrimonio de US$ 50 millones compuesto por inmuebles en los que se ubican las sedes a lo largo del país.
Hace 10 días el Senado eliminó la norma que obligaba a la Polla Chilena de Beneficencia a entregar a Cema la quinta parte de los recursos que por ley distribuye entre organizaciones benéficas.
18 de agosto de 2005
©tercera
asesinos quedan impunes
[Juan Forero] Nueva ley de gobierno colombiano deja impunes a los más despiadados criminales de la historia del país.
San Onofre, Colombia. En uno de los capítulos más horrorosos del largo conflicto civil de Colombia, los investigadores están desenterrando centenas de cuerpos de las fosas secretas que salpican esta húmeda región ganadera cerca del Caribe, víctimas de grupos paramilitares de extrema derecha que ahora se benefician de generosas concesiones si se comprometen a desarmarse.
Con docenas de personas presentándose en los últimos meses a denunciar la desaparición de familiares, el gobierno y oficiales militares calculan ahora que cientos de campesinos pobres fueron asesinados y enterrados en secreto en una campaña de terror que empezó a fines de los años noventa.
Los grupos paramilitares, dicen, han secuestrado y asesinado a sus víctimas para apoderarse de sus tierras y en algunos casos para exterminar a los partidarios de las guerrillas marxistas que han estado luchando contra el gobierno desde los años sesenta.
Durante años el temor mantuvo ocultos los crímenes. Pero con la llegada este año de un nuevo comandante militar que ha calmado la región, las familias empezaron finalmente a hablar, a pesar de persistentes peligros que antes este año costaron la vida a un denunciante.
Hasta el momento se han recuperado 72 cadáveres de El Palmar, una enorme hacienda en las afueras de San Onofre, que fue utilizada como base por las fuerzas paramilitares, cuyas milicias controlan varios estados de la costa.
En la oscura y húmeda tierra, las autoridades han recuperado cuerpos en varias otras aldeas y están trabajando para localizar otras fosas comunes en cinco otros estados, dijo Elba Beatriz Silva, coordinadora de la oficina de derechos humanos del fiscal general, que está supervisando el proceso gradual de exhumaciones que pueden extenderse todavía más.
"Aquí ha desaparecido un montón de gente -hijos, padres, madres, hermanos", dijo Iván Wilches, 22, cuyo hermano desapareció. "Mataban a gente todos los días. Los sacaban de sus casas, a las que entraban rompiendo las puertas. Todos aparecían muertos".
Los hallazgos han destacado un componente brutal, pero desdeñado de la guerra de Colombia -las desapariciones de más de 3.500 personas en los últimos años- y hecho surgir nuevas preguntas sobre si habrá alguna vez justicia por esos asesinatos.
Las autoridades dicen que han arrestado a 11 combatientes paramilitares del área que se enfrentan a acusaciones criminales. Pero los dos cerebros sospechosos, de acuerdo a gente de la localidad y a autoridades de gobierno, se benefician de una nueva Ley de Paz y Justicia que les ofrece indulgencia a cambio de su desarme.
Los dos comandantes -Edward Cobos y su lugarteniente Rodrigo Mercado Pelufo, que dirigen una milicia de 600 hombres- están protegidos en un refugio seguro controlado por el gobierno con 50 cabecillas paramilitares y podrían cumplir sentencias de hasta 2 años de brevedad.
Ellos y otros miembros de la milicia no serán obligados a entregar detalles de sus crímenes. Si las autoridades presentan cargos contra ellos, la ley les otorga un plazo de sólo 60 días para preparar las acusaciones, algo que grupos de derechos humanos dicen que es prácticamente imposible.
El gobierno, que ha tratado infructuosamente durante años de negociar para poner fin al conflicto con las guerrillas, dice que la nueva ley es necesaria para desmovilizar a unos 15.000 combatientes paramilitares en el país que organizaron un levantamiento armado en los últimos años, empeorando el clima de violencia.
La ley ha provocado furiosas objeciones de los que temen que significará la impunidad de las peores atrocidades del conflicto civil de 41 años, en el que han perdido la vida unas 200.000 personas. Hasta ahora se prestaba atención a las masacres y asesinatos de políticos. Pero se ha prestado poca atención a lo que se conoce como la "desaparición" de personas, algo comúnmente más asociado con otros conflictos latinoamericanos, desde El Salvador hasta Brasil y Argentina en las últimas décadas, cuando fue un método utilizado por la mayoría de las dictaduras militares para silenciar a sus adversarios y sembrar el terror entre los civiles.
Desde los años noventa, la táctica ha sido usada en Colombia con creciente frecuencia.
La Comisión de Juristas Colombianos dice que 3.588 personas han desaparecido en este país entre 1996 y 2004. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, que visitó Colombia en julio, ha investigado casi 1.200 casos, incluyendo los de San Onofre.
Muchos de los asesinatos aquí son atribuidos a una unidad paramilitar que se llama a sí misma Héroes de los Montes de María, que dirigían los dos cabecillas paramilitares. El despacho del fiscal general dice que el grupo estaba principalmente activo en el tráfico de drogas y en la corrupción de funcionarios locales y que los asesinatos contribuyeron a apoderarse de las tierras de campesinos pobres y el control de los corredores de tráfico de cocaína hacia el Caribe.
Funcionarios dicen que los grupos paramilitares también atacaban a los que acusaban de colaborar con los rebeldes, a los pocos que se atrevían a quejarse, a delincuentes comunes e incluso a sus propios hombres cuando caían en desgracia.
"Se los llevaban a esa hacienda, donde les condenaban a sentencias absurdas, sin siquiera un juicio, ya que estaban condenados de antemano, y eran asesinados de los modos más atroces", dijo Silva, del despacho de derechos humanos del fiscal general.
Debido a que se sospechaba que las autoridades locales y oficiales militares parias colaboraban con las milicias, durante años nadie en la región dijo una palabra de protesta, dijeron familias que en las últimas semanas han informado a las autoridades sobre familiares desaparecidos.
"Todos lo sabíamos, pero nadie dijo nada porque si lo hacías, venían a por ti entre 3 y 4 de la mañana y te llevaban", dijo Lorenza Cárdenas, 60, la madre de José Luis Olivo, que desapareció hace dos años y se cree que está enterrado en algún lugar. "Aquí, si hablabas, te mataban".
El temor empezó a disiparse este año sólo después de que un severo coronel de la Marina, Rafael Colón, fue nombrado comandante de la base marina local, dijeron vecinos. Erradicando las fuerzas paramilitares con el mismo celo que fueron erradicados los rebeldes marxistas, ha creado una nueva sensación de orden.
Eso llevó a una familia, los Verbel, a reunirse con otras en el pueblo que sabían sobre las fosas comunes. "Aquí todos sabíamos dónde estaban las fosas y así lo informamos", dijo Hermes Verbel, 43, uno de ocho hermanos que organizaron a los vecinos. "Todos sabíamos cómo los paramilitares se apoderaban de las tierras y ganado de la gente".
Por su atrevimiento, la familia Verbel pagó un alto precio: el asesinato de uno de los hermanos, Guillermo, 52, en enero. Pero para entonces el asesinato sólo dio más bríos a los aldeanos. Más vecinos se presentaron de barrios como Alto Julio, en San Onofre, donde casi todas las familias de este mísero barrio tienen a algún familiar desaparecido.
El hermano de Iván Wilches, Mauricio, 16, fue secuestrado en la calle hace un año. Fidencio Berríos, 67, recordó que su hijo, Andrés, 42, salió a hacer una llamada telefónica en 2002 y nunca volvió.
Maruja del Carmen Pestaña perdió dos hijos, y Hermenegilda Julio dijo que su hijo, Jairo Luis Alta Miranda, fue secuestrado por pistoleros en un coso de toros local en 2003.
"No sabemos dónde están", dijo Mariela Medina, cuyo padre, José Torres, 60, trabajaba en El Palmar y desapareció en 1997. "Sabemos que se los llevaron, sabemos que están muertos, pero eso es lo único que sabemos".
De momento, las autoridades están buscando las fosas con la ayuda de las familias de las víctimas e informantes como Feliciano Yepes, un ex comandante paramilitar ahora en prisión. Ha llevado a los investigadores de fosa en fosa.
"En esa hacienda hay aproximadamente 500 personas enterradas", dijo Yepes, de acuerdo a una declaración del gobierno, "entre ellos delincuentes, campesinos que no colaboraban y también paramilitares".
Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen llegando para hacer sus denuncias en la pequeña oficina local del fiscal general, proporcionando a los oficinistas con detalles sobre las víctimas y otros rasgos identificatorios. De momento, sólo se ha identificado positivamente a dos de las víctimas, aunque se han tomado muestras de ADN de 46 aldeanos para que puedan ser comparadas con los restos de esqueletos.
"Queremos que esto ocurra", dijo Cárdenas. "Una madre siente el dolor, y todas las madres se preguntan qué habrá pasado con sus hijos, dónde están".
Justo fuera de San Onofre, el rancho El Palmar se ve ahora apacible y silencioso. Orlando Pascua, 33, uno de los campesinos que trabaja aquí, llevó a los visitantes hacia los establos, donde las milicias han cavado profundas fosas. La bota de una víctima había sido dejada a un lado. A varios metros de profundidad, debajo de un árbol, los sicarios enterraron a más gente.
Pascua dijo que él y otros campesinos estaban tratando de olvidar lo que había ocurrido, pero no era fácil. "La gente dice que causaron mucho daño", dijo. "Cuando te traían aquí, no salías vivo".
Jenny Carolina González contribuyó a este reportaje desde Bogotá.
12 de agosto de 2005
10 de agosto
©new york times
©traducción mQh
San Onofre, Colombia. En uno de los capítulos más horrorosos del largo conflicto civil de Colombia, los investigadores están desenterrando centenas de cuerpos de las fosas secretas que salpican esta húmeda región ganadera cerca del Caribe, víctimas de grupos paramilitares de extrema derecha que ahora se benefician de generosas concesiones si se comprometen a desarmarse.Con docenas de personas presentándose en los últimos meses a denunciar la desaparición de familiares, el gobierno y oficiales militares calculan ahora que cientos de campesinos pobres fueron asesinados y enterrados en secreto en una campaña de terror que empezó a fines de los años noventa.
Los grupos paramilitares, dicen, han secuestrado y asesinado a sus víctimas para apoderarse de sus tierras y en algunos casos para exterminar a los partidarios de las guerrillas marxistas que han estado luchando contra el gobierno desde los años sesenta.
Durante años el temor mantuvo ocultos los crímenes. Pero con la llegada este año de un nuevo comandante militar que ha calmado la región, las familias empezaron finalmente a hablar, a pesar de persistentes peligros que antes este año costaron la vida a un denunciante.
Hasta el momento se han recuperado 72 cadáveres de El Palmar, una enorme hacienda en las afueras de San Onofre, que fue utilizada como base por las fuerzas paramilitares, cuyas milicias controlan varios estados de la costa.
En la oscura y húmeda tierra, las autoridades han recuperado cuerpos en varias otras aldeas y están trabajando para localizar otras fosas comunes en cinco otros estados, dijo Elba Beatriz Silva, coordinadora de la oficina de derechos humanos del fiscal general, que está supervisando el proceso gradual de exhumaciones que pueden extenderse todavía más.
"Aquí ha desaparecido un montón de gente -hijos, padres, madres, hermanos", dijo Iván Wilches, 22, cuyo hermano desapareció. "Mataban a gente todos los días. Los sacaban de sus casas, a las que entraban rompiendo las puertas. Todos aparecían muertos".
Los hallazgos han destacado un componente brutal, pero desdeñado de la guerra de Colombia -las desapariciones de más de 3.500 personas en los últimos años- y hecho surgir nuevas preguntas sobre si habrá alguna vez justicia por esos asesinatos.
Las autoridades dicen que han arrestado a 11 combatientes paramilitares del área que se enfrentan a acusaciones criminales. Pero los dos cerebros sospechosos, de acuerdo a gente de la localidad y a autoridades de gobierno, se benefician de una nueva Ley de Paz y Justicia que les ofrece indulgencia a cambio de su desarme.
Los dos comandantes -Edward Cobos y su lugarteniente Rodrigo Mercado Pelufo, que dirigen una milicia de 600 hombres- están protegidos en un refugio seguro controlado por el gobierno con 50 cabecillas paramilitares y podrían cumplir sentencias de hasta 2 años de brevedad.
Ellos y otros miembros de la milicia no serán obligados a entregar detalles de sus crímenes. Si las autoridades presentan cargos contra ellos, la ley les otorga un plazo de sólo 60 días para preparar las acusaciones, algo que grupos de derechos humanos dicen que es prácticamente imposible.
El gobierno, que ha tratado infructuosamente durante años de negociar para poner fin al conflicto con las guerrillas, dice que la nueva ley es necesaria para desmovilizar a unos 15.000 combatientes paramilitares en el país que organizaron un levantamiento armado en los últimos años, empeorando el clima de violencia.
La ley ha provocado furiosas objeciones de los que temen que significará la impunidad de las peores atrocidades del conflicto civil de 41 años, en el que han perdido la vida unas 200.000 personas. Hasta ahora se prestaba atención a las masacres y asesinatos de políticos. Pero se ha prestado poca atención a lo que se conoce como la "desaparición" de personas, algo comúnmente más asociado con otros conflictos latinoamericanos, desde El Salvador hasta Brasil y Argentina en las últimas décadas, cuando fue un método utilizado por la mayoría de las dictaduras militares para silenciar a sus adversarios y sembrar el terror entre los civiles.
Desde los años noventa, la táctica ha sido usada en Colombia con creciente frecuencia.
La Comisión de Juristas Colombianos dice que 3.588 personas han desaparecido en este país entre 1996 y 2004. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, que visitó Colombia en julio, ha investigado casi 1.200 casos, incluyendo los de San Onofre.
Muchos de los asesinatos aquí son atribuidos a una unidad paramilitar que se llama a sí misma Héroes de los Montes de María, que dirigían los dos cabecillas paramilitares. El despacho del fiscal general dice que el grupo estaba principalmente activo en el tráfico de drogas y en la corrupción de funcionarios locales y que los asesinatos contribuyeron a apoderarse de las tierras de campesinos pobres y el control de los corredores de tráfico de cocaína hacia el Caribe.
Funcionarios dicen que los grupos paramilitares también atacaban a los que acusaban de colaborar con los rebeldes, a los pocos que se atrevían a quejarse, a delincuentes comunes e incluso a sus propios hombres cuando caían en desgracia.
"Se los llevaban a esa hacienda, donde les condenaban a sentencias absurdas, sin siquiera un juicio, ya que estaban condenados de antemano, y eran asesinados de los modos más atroces", dijo Silva, del despacho de derechos humanos del fiscal general.
Debido a que se sospechaba que las autoridades locales y oficiales militares parias colaboraban con las milicias, durante años nadie en la región dijo una palabra de protesta, dijeron familias que en las últimas semanas han informado a las autoridades sobre familiares desaparecidos.
"Todos lo sabíamos, pero nadie dijo nada porque si lo hacías, venían a por ti entre 3 y 4 de la mañana y te llevaban", dijo Lorenza Cárdenas, 60, la madre de José Luis Olivo, que desapareció hace dos años y se cree que está enterrado en algún lugar. "Aquí, si hablabas, te mataban".
El temor empezó a disiparse este año sólo después de que un severo coronel de la Marina, Rafael Colón, fue nombrado comandante de la base marina local, dijeron vecinos. Erradicando las fuerzas paramilitares con el mismo celo que fueron erradicados los rebeldes marxistas, ha creado una nueva sensación de orden.
Eso llevó a una familia, los Verbel, a reunirse con otras en el pueblo que sabían sobre las fosas comunes. "Aquí todos sabíamos dónde estaban las fosas y así lo informamos", dijo Hermes Verbel, 43, uno de ocho hermanos que organizaron a los vecinos. "Todos sabíamos cómo los paramilitares se apoderaban de las tierras y ganado de la gente".
Por su atrevimiento, la familia Verbel pagó un alto precio: el asesinato de uno de los hermanos, Guillermo, 52, en enero. Pero para entonces el asesinato sólo dio más bríos a los aldeanos. Más vecinos se presentaron de barrios como Alto Julio, en San Onofre, donde casi todas las familias de este mísero barrio tienen a algún familiar desaparecido.
El hermano de Iván Wilches, Mauricio, 16, fue secuestrado en la calle hace un año. Fidencio Berríos, 67, recordó que su hijo, Andrés, 42, salió a hacer una llamada telefónica en 2002 y nunca volvió.
Maruja del Carmen Pestaña perdió dos hijos, y Hermenegilda Julio dijo que su hijo, Jairo Luis Alta Miranda, fue secuestrado por pistoleros en un coso de toros local en 2003.
"No sabemos dónde están", dijo Mariela Medina, cuyo padre, José Torres, 60, trabajaba en El Palmar y desapareció en 1997. "Sabemos que se los llevaron, sabemos que están muertos, pero eso es lo único que sabemos".
De momento, las autoridades están buscando las fosas con la ayuda de las familias de las víctimas e informantes como Feliciano Yepes, un ex comandante paramilitar ahora en prisión. Ha llevado a los investigadores de fosa en fosa.
"En esa hacienda hay aproximadamente 500 personas enterradas", dijo Yepes, de acuerdo a una declaración del gobierno, "entre ellos delincuentes, campesinos que no colaboraban y también paramilitares".
Sin embargo, las familias de los desaparecidos siguen llegando para hacer sus denuncias en la pequeña oficina local del fiscal general, proporcionando a los oficinistas con detalles sobre las víctimas y otros rasgos identificatorios. De momento, sólo se ha identificado positivamente a dos de las víctimas, aunque se han tomado muestras de ADN de 46 aldeanos para que puedan ser comparadas con los restos de esqueletos.
"Queremos que esto ocurra", dijo Cárdenas. "Una madre siente el dolor, y todas las madres se preguntan qué habrá pasado con sus hijos, dónde están".
Justo fuera de San Onofre, el rancho El Palmar se ve ahora apacible y silencioso. Orlando Pascua, 33, uno de los campesinos que trabaja aquí, llevó a los visitantes hacia los establos, donde las milicias han cavado profundas fosas. La bota de una víctima había sido dejada a un lado. A varios metros de profundidad, debajo de un árbol, los sicarios enterraron a más gente.
Pascua dijo que él y otros campesinos estaban tratando de olvidar lo que había ocurrido, pero no era fácil. "La gente dice que causaron mucho daño", dijo. "Cuando te traían aquí, no salías vivo".
Jenny Carolina González contribuyó a este reportaje desde Bogotá.
12 de agosto de 2005
10 de agosto
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©traducción mQh
venezuela forma milicias
[Indira A.R. Lakshmanan] Decisiones militares de Chávez observadas con sospecha. Estados Unidos teme intención.
Caracas, Venezuela. Los acuerdos de armas del presidente Hugo Chávez con Rusia, sus reducciones de la cooperación militar con Estados Unidos y sus planes de adiestrar a unos 2 millones de civiles venezolanos para repeler una posible invasión de una superpotencia "imperialista" han preocupado a Estados Unidos y sus críticos en casa sobre los planes del ex oficial militar izquierdista.
Chávez insiste en que sus decisiones son solamente defensivas, nacidas de una antigua necesidad de poner al día material militar obsoleto y proteger a su país de países que quieran querer tomar control del país que es el mayor productor de petróleo de América del Sur.
Sus opositores internos se mofan de la idea de que Washington pudiera alguna vez querer invadir Venezuela, y denuncian que la verdadera intención de Chávez es armar a un enorme cuadro de reservistas leales que lo protegerían contra cualquier levantamiento interno y para promoverse a sí mismo contra el contrapeso militarizado de la influencia norteamericana en América Latina.
Incluso más inquietante, dicen sus detractores en Washington, es que a medida que Chávez se acerca cada vez más a su principal aliado, el presidente cubano Fidel Castro, sus compras de armas y adoctrinamiento de milicias civiles podría ser parte de una estrategia para remodelar la democracia venezolana a imagen del militarizado socialismo al estilo cubano y fomentar las revoluciones izquierdistas en todo el continente.
Estrategas militares norteamericanos dicen que están cada vez más preocupados de que movimientos radicales inspirados por Chávez puedan fomentar una revolución semejante. Desde fines de los años noventa, la opinión política ha girado hacia la izquierda, en gran parte como reacción a lo que se percibe como el fracaso de la economía de libre mercado y varios izquierdistas han sido elegidos para dirigir el país en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador, y también Venezuela.
Los partidarios de Chávez en casa dicen que Estados Unidos tiene un historia de un siglo de intervención armada abierta y encubierta en la política interna de la región, de modo que no tiene derecho a poner en duda las preparaciones defensivas de Venezuela.
"Nosotros no preguntamos nunca qué están haciendo los marines norteamericanos", dijo Carlos Roque Espinoza León, un especialista en defensa pro-Chávez que trabaja en la Asamblea Nacional de Venezuela. "Perú tiene medio millón de rifles y nadie dice nada. Colombia es el país más militarizado de América Latina y nadie se queja.
"La historia de Estados Unidos es una historia de agresión contra América Latina y tenemos que hacer todo lo posible para proteger a nuestro país", dijo.
Chávez, que fue elegido por primera vez en 1998 y que tenía un índice de popularidad de un 71 por ciento, de acuerdo a la firma de sondeos independiente Datánalisis, ha dicho memorablemente que su llamada revolución bolivariana es "pacífica pero no desarmada". Alberto Garrido, un analista militar venezolano, dijo que Chávez está buscando aliados en Rusia, China e Irán para "promover un mundo multi-polar" para contrarrestar el predominio norteamericano y alentar a los movimientos de base en América Latina a rechazar la influencia de Washington.
En mayo el gobierno de Chávez anunció detalles de un acuerdo de 18.6 millones de dólares con una compañía rusa para comprar 100.000 rifles de asalto AK-103, la versión moderna del Kalashnikov, además de 30 cartuchos para cada uno y la transferencia de tecnología para que Venezuela los produzca en casa. El acuerdo llega a 186.22 dólares por rifle, considerablemente menos caro que el precio de catálogo de empresas estadounidenses de 825 a 850 dólares por el mismo arma.
Venezuela también tiene la intención de comprar 10 helicópteros rusos, 10 aviones de transporte españoles, y seis buques españoles para la marina, y está negociando con Brasil para comprar unos dos docenas de aviones de soporte aéreo y adiestramiento, de acuerdo a funcionarios de gobierno.
Chávez ha insistido -e incluso sus más acerbos críticos militares retirados están de acuerdo con él- en que las compras son esenciales para poner al día armamento anticuado, especialmente patente en el caso de los rifles FAL belgas de décadas de antigüedad.
"No podemos decir que Chávez esté armándose -eso es una exageración", dijo el general jubilado Fernando Ochoa Antich, que fue ministro de Defensa en 1992 cuando el entonces teniente coronel Chávez lanzó un frustrado golpe de estado. "Venezuela no ha comprado armas en 25 años y no ha estado comprando armas de manera agresiva como para amenazar a sus vecinos.
"Pero Venezuela no ha comprado nunca armas a Rusia. ¿Por qué lo está haciendo? Para independizarse de Estados Unidos", dijo Ochoa. "Pero ¿por qué está comprando un rifle de un calibre tan popular entre las fuerzas subversivas de América Latina?... El apoyo político que presta a los movimientos izquierdistas radicales lo convierten en una amenaza para el continente".
El Pentágono ha cuestionado abiertamente qué hará Chávez con los viejos rifles FAL y si compartirá las armas y municiones con fuerzas guerrilleras en América Latina. El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, no ha proporcionado evidencias de que Chávez esté armando o financiado insurgencias izquierdistas.
Analistas y especialistas militares en las guerrillas FARC de Colombia dicen que los rebeldes tienen bastante dinero para comprar armas, que han acumulado con el tráfico de drogas, y no se interesarán en los viejos rifles belgas, ni en la ayuda de Chávez. Pero un estudio de 2003 publicado por la Agencia de Inteligencia de la Defensa DIA de Estados Unidos informó que de varias armas requisadas a guerrilleros colombianos entre 1998 y 2001 que llevaban marcas de militares extranjeros, más de la mitad eran venezolanas. La implicación fue que miembros corruptos o simpatizantes, de las fuerzas armadas venezolanas, podrían estar ayudando a las guerrillas.
Quizás más inquietante para los opositores internos de Chávez es el adiestramiento político que los críticos dicen que tiene en mente para los militares y los nuevos reservistas civiles.
Antes este año Chávez llamó a formar "unidades revolucionarias" para empezar a preparar a la gente para resistir la agresión de una superpotencia, diciendo que el primer paso sería adiestrar en los próximos años entre 100.000 a 2 millones de voluntarios para respaldar a las fuerzas armadas en servicio activo, que los analistas militares calculan en 83.000. "Las unidades populares de defensa" serían creadas en barrios, empresas del estado y en la universidad libre fundada por Chávez y reportaría directamente al presidente.
El gobierno insiste en que los reservistas apoyarán a las fuerzas armadas -y no actuarán como una quinta columna contra un posible golpe contra Chávez. "Las tropas reservistas no serán usadas como tropas de asalto de ningún partido político", dijo Espinoza, el legislador partidario de Chávez. "Pero si hubiera una guerra civil, cada cual debería elegir su lado".
El general Julio Ramón Quintero Viloria, comandante de las reservas, dijo en una entrevista que las fuerzas armadas esperan adiestrar a 50.000 civiles en 20 fines de semana en la segunda mitad de este año, y podrían adiestrar a 300.000 más el próximo año", dijo Quintero.
El mes pasado, 100.000 reservistas participaron en un masivo juego de guerra con la marina venezolana, en una misión para repeler a un país más fuerte que había invadido el país. Unos días antes, 40 empleados de una compañía refinadora estatal participaron en un ejercicio similar con 1.200 soldados.
En círculos de partidarios de Chávez aquí se advierte de una "guerra asimétrica", un término acuñado por estrategas militares norteamericanos para describir un conflicto entre combatientes desiguales, con el lado más débil empleando tácticas de guerrilla. Los partidarios de Chávez temen que Estados Unidos, que ha dado 3.3 billones de dólares en gran parte en ayuda militar a Colombia en los últimos cinco años, podría instigar una guerra por encargo entre los dos vecinos, con Estados Unidos ayudando a Colombia, para derrocar a Chávez y apoderarse del petróleo venezolano.
En una entrevista un funcionario estadounidense rechazó la idea de que Estados Unidos quiera invadir Venezuela como un "completo, absoluto sin sentido... El lado chavista quiere tener una relación negativa porque han llegado a una conclusión de cálculo político de que Chávez llegó al poder por oponerse constantemente a Estados Unidos".
Otro desarrollo que ha preocupado a Estados Unidos es que la reducción de Chávez de la cooperación militar, incluyendo los ejercicios conjuntos. Durante 50 años las fuerzas armadas norteamericanas han tenido una "oficina de cooperación" en un fuerte venezolano, que Chávez cerró hace un año. En abril, cinco asesores militares norteamericanos y estudiantes que participaban en un programa de intercambio fueron expulsados del país.
Analistas dicen que aunque es probable que Chávez esté tratando de adoctrinar a su público y las fuerzas armadas, no hay pruebas de que quiera usar esas fuerzas para ayudar a las revoluciones izquierdistas de otros lugares.
"Queremos que el mundos sepa que no nos estamos preparando para atacar a nadie", dijo Lorenzo Campos, 41, un campesino del estado de Anzoátegui en el norte de Venezuela, que se está preparando como reservista. "Nuestra misión es proteger Venezuela".
31 de julio de 2005
17 de julio de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Caracas, Venezuela. Los acuerdos de armas del presidente Hugo Chávez con Rusia, sus reducciones de la cooperación militar con Estados Unidos y sus planes de adiestrar a unos 2 millones de civiles venezolanos para repeler una posible invasión de una superpotencia "imperialista" han preocupado a Estados Unidos y sus críticos en casa sobre los planes del ex oficial militar izquierdista.Chávez insiste en que sus decisiones son solamente defensivas, nacidas de una antigua necesidad de poner al día material militar obsoleto y proteger a su país de países que quieran querer tomar control del país que es el mayor productor de petróleo de América del Sur.
Sus opositores internos se mofan de la idea de que Washington pudiera alguna vez querer invadir Venezuela, y denuncian que la verdadera intención de Chávez es armar a un enorme cuadro de reservistas leales que lo protegerían contra cualquier levantamiento interno y para promoverse a sí mismo contra el contrapeso militarizado de la influencia norteamericana en América Latina.
Incluso más inquietante, dicen sus detractores en Washington, es que a medida que Chávez se acerca cada vez más a su principal aliado, el presidente cubano Fidel Castro, sus compras de armas y adoctrinamiento de milicias civiles podría ser parte de una estrategia para remodelar la democracia venezolana a imagen del militarizado socialismo al estilo cubano y fomentar las revoluciones izquierdistas en todo el continente.
Estrategas militares norteamericanos dicen que están cada vez más preocupados de que movimientos radicales inspirados por Chávez puedan fomentar una revolución semejante. Desde fines de los años noventa, la opinión política ha girado hacia la izquierda, en gran parte como reacción a lo que se percibe como el fracaso de la economía de libre mercado y varios izquierdistas han sido elegidos para dirigir el país en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Ecuador, y también Venezuela.
Los partidarios de Chávez en casa dicen que Estados Unidos tiene un historia de un siglo de intervención armada abierta y encubierta en la política interna de la región, de modo que no tiene derecho a poner en duda las preparaciones defensivas de Venezuela.
"Nosotros no preguntamos nunca qué están haciendo los marines norteamericanos", dijo Carlos Roque Espinoza León, un especialista en defensa pro-Chávez que trabaja en la Asamblea Nacional de Venezuela. "Perú tiene medio millón de rifles y nadie dice nada. Colombia es el país más militarizado de América Latina y nadie se queja.
"La historia de Estados Unidos es una historia de agresión contra América Latina y tenemos que hacer todo lo posible para proteger a nuestro país", dijo.
Chávez, que fue elegido por primera vez en 1998 y que tenía un índice de popularidad de un 71 por ciento, de acuerdo a la firma de sondeos independiente Datánalisis, ha dicho memorablemente que su llamada revolución bolivariana es "pacífica pero no desarmada". Alberto Garrido, un analista militar venezolano, dijo que Chávez está buscando aliados en Rusia, China e Irán para "promover un mundo multi-polar" para contrarrestar el predominio norteamericano y alentar a los movimientos de base en América Latina a rechazar la influencia de Washington.
En mayo el gobierno de Chávez anunció detalles de un acuerdo de 18.6 millones de dólares con una compañía rusa para comprar 100.000 rifles de asalto AK-103, la versión moderna del Kalashnikov, además de 30 cartuchos para cada uno y la transferencia de tecnología para que Venezuela los produzca en casa. El acuerdo llega a 186.22 dólares por rifle, considerablemente menos caro que el precio de catálogo de empresas estadounidenses de 825 a 850 dólares por el mismo arma.
Venezuela también tiene la intención de comprar 10 helicópteros rusos, 10 aviones de transporte españoles, y seis buques españoles para la marina, y está negociando con Brasil para comprar unos dos docenas de aviones de soporte aéreo y adiestramiento, de acuerdo a funcionarios de gobierno.
Chávez ha insistido -e incluso sus más acerbos críticos militares retirados están de acuerdo con él- en que las compras son esenciales para poner al día armamento anticuado, especialmente patente en el caso de los rifles FAL belgas de décadas de antigüedad.
"No podemos decir que Chávez esté armándose -eso es una exageración", dijo el general jubilado Fernando Ochoa Antich, que fue ministro de Defensa en 1992 cuando el entonces teniente coronel Chávez lanzó un frustrado golpe de estado. "Venezuela no ha comprado armas en 25 años y no ha estado comprando armas de manera agresiva como para amenazar a sus vecinos.
"Pero Venezuela no ha comprado nunca armas a Rusia. ¿Por qué lo está haciendo? Para independizarse de Estados Unidos", dijo Ochoa. "Pero ¿por qué está comprando un rifle de un calibre tan popular entre las fuerzas subversivas de América Latina?... El apoyo político que presta a los movimientos izquierdistas radicales lo convierten en una amenaza para el continente".
El Pentágono ha cuestionado abiertamente qué hará Chávez con los viejos rifles FAL y si compartirá las armas y municiones con fuerzas guerrilleras en América Latina. El gobierno de Estados Unidos, sin embargo, no ha proporcionado evidencias de que Chávez esté armando o financiado insurgencias izquierdistas.
Analistas y especialistas militares en las guerrillas FARC de Colombia dicen que los rebeldes tienen bastante dinero para comprar armas, que han acumulado con el tráfico de drogas, y no se interesarán en los viejos rifles belgas, ni en la ayuda de Chávez. Pero un estudio de 2003 publicado por la Agencia de Inteligencia de la Defensa DIA de Estados Unidos informó que de varias armas requisadas a guerrilleros colombianos entre 1998 y 2001 que llevaban marcas de militares extranjeros, más de la mitad eran venezolanas. La implicación fue que miembros corruptos o simpatizantes, de las fuerzas armadas venezolanas, podrían estar ayudando a las guerrillas.
Quizás más inquietante para los opositores internos de Chávez es el adiestramiento político que los críticos dicen que tiene en mente para los militares y los nuevos reservistas civiles.
Antes este año Chávez llamó a formar "unidades revolucionarias" para empezar a preparar a la gente para resistir la agresión de una superpotencia, diciendo que el primer paso sería adiestrar en los próximos años entre 100.000 a 2 millones de voluntarios para respaldar a las fuerzas armadas en servicio activo, que los analistas militares calculan en 83.000. "Las unidades populares de defensa" serían creadas en barrios, empresas del estado y en la universidad libre fundada por Chávez y reportaría directamente al presidente.
El gobierno insiste en que los reservistas apoyarán a las fuerzas armadas -y no actuarán como una quinta columna contra un posible golpe contra Chávez. "Las tropas reservistas no serán usadas como tropas de asalto de ningún partido político", dijo Espinoza, el legislador partidario de Chávez. "Pero si hubiera una guerra civil, cada cual debería elegir su lado".
El general Julio Ramón Quintero Viloria, comandante de las reservas, dijo en una entrevista que las fuerzas armadas esperan adiestrar a 50.000 civiles en 20 fines de semana en la segunda mitad de este año, y podrían adiestrar a 300.000 más el próximo año", dijo Quintero.
El mes pasado, 100.000 reservistas participaron en un masivo juego de guerra con la marina venezolana, en una misión para repeler a un país más fuerte que había invadido el país. Unos días antes, 40 empleados de una compañía refinadora estatal participaron en un ejercicio similar con 1.200 soldados.
En círculos de partidarios de Chávez aquí se advierte de una "guerra asimétrica", un término acuñado por estrategas militares norteamericanos para describir un conflicto entre combatientes desiguales, con el lado más débil empleando tácticas de guerrilla. Los partidarios de Chávez temen que Estados Unidos, que ha dado 3.3 billones de dólares en gran parte en ayuda militar a Colombia en los últimos cinco años, podría instigar una guerra por encargo entre los dos vecinos, con Estados Unidos ayudando a Colombia, para derrocar a Chávez y apoderarse del petróleo venezolano.
En una entrevista un funcionario estadounidense rechazó la idea de que Estados Unidos quiera invadir Venezuela como un "completo, absoluto sin sentido... El lado chavista quiere tener una relación negativa porque han llegado a una conclusión de cálculo político de que Chávez llegó al poder por oponerse constantemente a Estados Unidos".
Otro desarrollo que ha preocupado a Estados Unidos es que la reducción de Chávez de la cooperación militar, incluyendo los ejercicios conjuntos. Durante 50 años las fuerzas armadas norteamericanas han tenido una "oficina de cooperación" en un fuerte venezolano, que Chávez cerró hace un año. En abril, cinco asesores militares norteamericanos y estudiantes que participaban en un programa de intercambio fueron expulsados del país.
Analistas dicen que aunque es probable que Chávez esté tratando de adoctrinar a su público y las fuerzas armadas, no hay pruebas de que quiera usar esas fuerzas para ayudar a las revoluciones izquierdistas de otros lugares.
"Queremos que el mundos sepa que no nos estamos preparando para atacar a nadie", dijo Lorenzo Campos, 41, un campesino del estado de Anzoátegui en el norte de Venezuela, que se está preparando como reservista. "Nuestra misión es proteger Venezuela".
31 de julio de 2005
17 de julio de 2005
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uruguayos al banquillo
[Larry Rohter] Uruguay se ataca a viejos casos de derechos humanos. Acusan a ex presidente por secuestros y asesinatos.
Montevideo, Uruguay. Aquí, los años de presidente de Juan María Bordaberry a mediados de los años setenta son recordados quizás como los más desolados en la historia de este pequeño país, marcados por una ola de desapariciones, tortura y asesinatos con el fin de exterminar los restos del movimiento de la guerrilla izquierdista tupamaro.
Pero en marzo una coalición de gobierno de centro-izquierda, incluyendo a antiguos tupamaros, presentó cargos por "homicidio con agravante" contra el antiguo presidente y su ministro de asuntos exteriores por los crímenes más notorios de su era: el secuestro y asesinato de dos líderes del congreso que se habían exiliado en la vecina Argentina después de que se cerrara el congreso y los partidos políticos fueran prohibidos.
Cumpliendo con una promesa de campaña y respondiendo a la presión dentro del Frente Amplio que encabeza, el nuevo presidente Tabaré Vázquez, 65, médico, está tratando de reabrir otros emblemáticos casos de derechos humanos. Ya han comenzado las excavaciones en las barracas de un batallón del ejército donde se sospecha que hay enterradas algunas víctimas de abusos militares, y las tres ramas de las fuerzas armadas tienen plazo hasta agosto para entregar informes respondiendo a otras acusaciones.
Además, el gobierno está investigando las desapariciones aquí en 1976 de la nuera de un prominente poeta argentino y del destino de una mujer secuestrada por los militares en la embajada de Venezuela después de que hubiera pedido asilo político allá. Aunque oficiales militares que pensaban que estaban fuera de sospecha han emitido algunos ominosos sonidos de protesta, los partidarios de los derechos humanos en este país de 3.5 millones de habitantes están encantados.
"Al fin tenemos un gobierno que está dispuesto a oponerse a la impunidad y a sancionar a los responsables" de los abusos, dijo Javier Miranda, líder de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. "Uruguay ha ido siempre detrás, pero ahora estamos completamente en línea con lo que está pasando en el resto de la región".
En comparación con Argentina, donde se calcula que las fuerzas de seguridad secuestraron y asesinaron a unas 30.000 personas, o Chile, el número de víctimas de violaciones de derechos humanos es pequeño. El total de los que desaparecieron antes y después de que las fuerzas armadas despojaran a Bordaberry de su autoridad en 1973, permitiéndole seguir solamente como testaferro hasta mediados de 1976, ha sido calculado en 210, 70 de ellos secuestrados cuando vivían en el exilio en Argentina.
Pero en países vecinos, comisiones de investigación han sea presentado cargos en relación con esas violaciones o responsabilizado a individuos o instituciones, que en algunos casos han reconocido su culpa. Aquí, en contraste, no ha habido ninguna rendición de cuentas de esos acontecimientos; tampoco existe un intento oficial de determinar responsabilidades morales.
"Las fuerzas armadas uruguayas han sido más arrogantes e intransigentes en la región, con un profundo desprecio de esos temas", dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Americas. "Nunca han sido confrontados sobre estas cuestiones ni obligados a dar ninguna explicación, y cuando se sugiere que pueden ser llamados a rendir cuentas, adoptan una actitud desafiante".
Esa postura ha sido apoyada tanto por lo que se conoce como la Ley de Nulidad, una amnistía declarada en 1986, que las fuerzas armadas exigieron como chantaje a cambio de devolver el poder a los políticos un año antes, y un plebiscito de abril de 1989 confirmó esa amnistía. Pero la opinión pública puede haber cambiado: en un sondeo de fines de junio más del 70 por ciento de los encuestados dijeron que aprobaban que Vázquez reabriera el tema de los derechos humanos.
Sin embargo, la amnistía de 1986 no se aplica a asesinatos o desapariciones que ocurrieron fuera del país ni a civiles implicados en esos casos. Esos resquicios han permitido al gobierno de Vázquez re-examinar los asesinatos en mayo de 1976, en Buenos Aires, del senador Zelmar Michelini y del parlamentario Héctor Gutiérrez Ruiz, que según grupos de derechos humanos fueron llevados a cabo conjuntamente por las fuerzas de seguridad uruguaya y argentina.
Uno de los hijos de Michelini es ahora un prominente senador mientras otros es el ministro de justicia de facto. El senador Rafael Michelini sostiene que todas las violaciones de derechos humanos cometidas antes del golpe de junio de 1973 que convirtieron a Bordaberry en un títere deberían ser excluidos de la amnistía, y ha estado ejerciendo presión para que los oficiales implicados en el asesinato de su padre sean acusados, junto con Bordaberry.
"Queremos que se respete la Ley de Nulidad, pero debe ser aplicada estrictamente, de acuerdo a su letra, de modo que el puñado de gente implicada, civiles y militares, sea llevada a justicia", dijo en una entrevista. "También la mayoría de los militares quieren que esto termine, de modo de poder sacarse ese peso de la espalda".
Bordaberry, ahora 77 y viviendo una tranquila jubilación, se negó a ser entrevistado. Pero Diego Viana, uno de sus abogados, describió la iniciativa contra su defendido como defectuosa, argumentando que Bordaberry no solamente era inocente sino que los principios de duplicación y el estatuto de limitaciones estaban siendo ignorados como resultado de presiones políticas.
"Hay una enorme campaña para castigar a alguien, sin importar si esa persona es responsable o no", dijo Viana, refiriéndose a los asesinatos en 1976 en Buenos Aires. "Mi cliente no ha estado implicado de ninguna manera en este episodio y fue de hecho derrocado por los militares poco después de eso".
El jefe del ejército, el general Ángel Bertolotti pidió una audiencia privada en junio pasado, primero con Vázquez y luego con su propio alto mando. Mientras que la perspectiva de un golpe aquí parece impensable, un grupo de oficiales emitió recientemente un manifiesto advirtiendo que cualquier intento de socavar la amnistía corría el riesgo de "exacerbar posiciones que pueden traducirse en un enfrentamiento que nadie desea y de consecuencias imprevisibles".
El cuerpo de oficiales está "incómodo y descontento de que Bertolotti no haga lo suficiente" para defenderla, dijo en una entrevista un oficial retirado que participó en la represión de los años setenta, que habló a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado de los problemas políticos. "Nadie va a pelear por Bordaberry, pero sí por los oficiales".
No está claro si Vázquez está dispuesto a seguir adelante, ni si su campaña por los derechos humanos termina con Bordaberry. Las propias declaraciones del presidente han sido escasas y vagas, y recientemente el presidente de la Corte Suprema conminó a cuatro jueces instructores a instar, según la prensa local, con "discreción" para obligar a los oficiales militares y de la policía a declarar en casos que pueden conducir a que se presenten cargos criminales contra ellos.
31 de julio de 2005
©new york times
©traducción mQh
Montevideo, Uruguay. Aquí, los años de presidente de Juan María Bordaberry a mediados de los años setenta son recordados quizás como los más desolados en la historia de este pequeño país, marcados por una ola de desapariciones, tortura y asesinatos con el fin de exterminar los restos del movimiento de la guerrilla izquierdista tupamaro.Pero en marzo una coalición de gobierno de centro-izquierda, incluyendo a antiguos tupamaros, presentó cargos por "homicidio con agravante" contra el antiguo presidente y su ministro de asuntos exteriores por los crímenes más notorios de su era: el secuestro y asesinato de dos líderes del congreso que se habían exiliado en la vecina Argentina después de que se cerrara el congreso y los partidos políticos fueran prohibidos.
Cumpliendo con una promesa de campaña y respondiendo a la presión dentro del Frente Amplio que encabeza, el nuevo presidente Tabaré Vázquez, 65, médico, está tratando de reabrir otros emblemáticos casos de derechos humanos. Ya han comenzado las excavaciones en las barracas de un batallón del ejército donde se sospecha que hay enterradas algunas víctimas de abusos militares, y las tres ramas de las fuerzas armadas tienen plazo hasta agosto para entregar informes respondiendo a otras acusaciones.
Además, el gobierno está investigando las desapariciones aquí en 1976 de la nuera de un prominente poeta argentino y del destino de una mujer secuestrada por los militares en la embajada de Venezuela después de que hubiera pedido asilo político allá. Aunque oficiales militares que pensaban que estaban fuera de sospecha han emitido algunos ominosos sonidos de protesta, los partidarios de los derechos humanos en este país de 3.5 millones de habitantes están encantados.
"Al fin tenemos un gobierno que está dispuesto a oponerse a la impunidad y a sancionar a los responsables" de los abusos, dijo Javier Miranda, líder de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. "Uruguay ha ido siempre detrás, pero ahora estamos completamente en línea con lo que está pasando en el resto de la región".
En comparación con Argentina, donde se calcula que las fuerzas de seguridad secuestraron y asesinaron a unas 30.000 personas, o Chile, el número de víctimas de violaciones de derechos humanos es pequeño. El total de los que desaparecieron antes y después de que las fuerzas armadas despojaran a Bordaberry de su autoridad en 1973, permitiéndole seguir solamente como testaferro hasta mediados de 1976, ha sido calculado en 210, 70 de ellos secuestrados cuando vivían en el exilio en Argentina.
Pero en países vecinos, comisiones de investigación han sea presentado cargos en relación con esas violaciones o responsabilizado a individuos o instituciones, que en algunos casos han reconocido su culpa. Aquí, en contraste, no ha habido ninguna rendición de cuentas de esos acontecimientos; tampoco existe un intento oficial de determinar responsabilidades morales.
"Las fuerzas armadas uruguayas han sido más arrogantes e intransigentes en la región, con un profundo desprecio de esos temas", dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Americas. "Nunca han sido confrontados sobre estas cuestiones ni obligados a dar ninguna explicación, y cuando se sugiere que pueden ser llamados a rendir cuentas, adoptan una actitud desafiante".
Esa postura ha sido apoyada tanto por lo que se conoce como la Ley de Nulidad, una amnistía declarada en 1986, que las fuerzas armadas exigieron como chantaje a cambio de devolver el poder a los políticos un año antes, y un plebiscito de abril de 1989 confirmó esa amnistía. Pero la opinión pública puede haber cambiado: en un sondeo de fines de junio más del 70 por ciento de los encuestados dijeron que aprobaban que Vázquez reabriera el tema de los derechos humanos.
Sin embargo, la amnistía de 1986 no se aplica a asesinatos o desapariciones que ocurrieron fuera del país ni a civiles implicados en esos casos. Esos resquicios han permitido al gobierno de Vázquez re-examinar los asesinatos en mayo de 1976, en Buenos Aires, del senador Zelmar Michelini y del parlamentario Héctor Gutiérrez Ruiz, que según grupos de derechos humanos fueron llevados a cabo conjuntamente por las fuerzas de seguridad uruguaya y argentina.
Uno de los hijos de Michelini es ahora un prominente senador mientras otros es el ministro de justicia de facto. El senador Rafael Michelini sostiene que todas las violaciones de derechos humanos cometidas antes del golpe de junio de 1973 que convirtieron a Bordaberry en un títere deberían ser excluidos de la amnistía, y ha estado ejerciendo presión para que los oficiales implicados en el asesinato de su padre sean acusados, junto con Bordaberry.
"Queremos que se respete la Ley de Nulidad, pero debe ser aplicada estrictamente, de acuerdo a su letra, de modo que el puñado de gente implicada, civiles y militares, sea llevada a justicia", dijo en una entrevista. "También la mayoría de los militares quieren que esto termine, de modo de poder sacarse ese peso de la espalda".
Bordaberry, ahora 77 y viviendo una tranquila jubilación, se negó a ser entrevistado. Pero Diego Viana, uno de sus abogados, describió la iniciativa contra su defendido como defectuosa, argumentando que Bordaberry no solamente era inocente sino que los principios de duplicación y el estatuto de limitaciones estaban siendo ignorados como resultado de presiones políticas.
"Hay una enorme campaña para castigar a alguien, sin importar si esa persona es responsable o no", dijo Viana, refiriéndose a los asesinatos en 1976 en Buenos Aires. "Mi cliente no ha estado implicado de ninguna manera en este episodio y fue de hecho derrocado por los militares poco después de eso".
El jefe del ejército, el general Ángel Bertolotti pidió una audiencia privada en junio pasado, primero con Vázquez y luego con su propio alto mando. Mientras que la perspectiva de un golpe aquí parece impensable, un grupo de oficiales emitió recientemente un manifiesto advirtiendo que cualquier intento de socavar la amnistía corría el riesgo de "exacerbar posiciones que pueden traducirse en un enfrentamiento que nadie desea y de consecuencias imprevisibles".
El cuerpo de oficiales está "incómodo y descontento de que Bertolotti no haga lo suficiente" para defenderla, dijo en una entrevista un oficial retirado que participó en la represión de los años setenta, que habló a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado de los problemas políticos. "Nadie va a pelear por Bordaberry, pero sí por los oficiales".
No está claro si Vázquez está dispuesto a seguir adelante, ni si su campaña por los derechos humanos termina con Bordaberry. Las propias declaraciones del presidente han sido escasas y vagas, y recientemente el presidente de la Corte Suprema conminó a cuatro jueces instructores a instar, según la prensa local, con "discreción" para obligar a los oficiales militares y de la policía a declarar en casos que pueden conducir a que se presenten cargos criminales contra ellos.
31 de julio de 2005
©new york times
©traducción mQh