esperanzas de justicia
[Monte Reel] En Argentina. Resolución abre camino para juzgar a los militares.
Buenos Aires, Argentina. Estela de Carlotto ha guardado en un folleto, durante dos décadas, el nombre del hombre que cree que mató a su hija Laura, que desapareció en 1977, en el punto álgido de la represión que desencadenó el gobierno militar argentino contra los disidentes políticos, conocida como la "guerra sucia".
Sin embargo, hasta hace poco no creía que tenía muchos sentido en seguir el caso. El hombre era un oficial militar de bajo rango, jurídicamente exento de castigo por los crímenes cometidos mientras usaba el uniforme. En lugar de cavilar infructuosamente, Carlotto lo relegó al archivo en el librero de su oficina.
Pero la semana pasada la Corte Suprema argentina resolvió que las leyes aprobadas en los años ochenta para proteger a esos oficiales eran inconstitucionales. Eso significa que Carlotto y otros familiares de las miles de personas de las que se cree que fueron torturadas y asesinadas durante la dictadura de siete años tienen finalmente la posibilidad de presentar acusaciones penales y otros pleitos por lo civil contra los oficiales que estiman responsables.
Poco después de oír las noticias, Carlotto volvió a coger el folleto.
"Voy a empezar a investigar sobre este hombre para saber dónde está y voy a empezar a recoger toda la información sobre él que pueda", dijo Carlotto, 75, una viuda de rizos canos y un aire compuesto y decidido. "Si puedo probar que mató a mi hija -que él apretó el gatillo- tendrá finalmente que ir a la cárcel".
La decisión de la Corte Suprema es la más reciente de una serie de pasos que ha emprendido Argentina recientemente para confrontarse a su espeluznante pasado. Al menos 10.000 argentinos desaparecieron durante la dictadura, lo que significa que más investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en el pasado podrían afectar a una amplia capa de la población a un nivel profundamente personal.
Aunque grupos de derechos humanos han elogiado la decisión de la corte, sus detractores dicen que el país está reabriendo heridas que había empezado a curar. Y mientras algunos familiares de víctimas dicen que están ansiosos de hacer uso de la resolución, otros no están seguros de si pueden aguantar el peso legal y emocional de hurgar en esos crímenes de hace tanto tiempo.
A mediados de los años ochenta, el gobierno civil encabezado por el presidente Raúl Alfonsín avanzó cautelosamente en temas de derechos humanos para evitar un posible golpe militar. Los juicios se limitaron a los líderes y personeros importantes de la dictadura militar de 1976-1983, mientras que se otorgó inmunidad a los oficiales de menor jerarquía. Después de eso, una sucesión de gobernantes civiles han sostenido que era mejor mirar hacia el futuro que quedarse en el pasado.
"Algo ha pasado después de que aprobaran sus protecciones. Quizás una parte de la población pensó que en ese punto no había esperanzas de que se hiciera justicia", dijo José Miguel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch, desde Washington. "Sólo en los últimos años se han dado cuenta de que es posible otra vez".
No fue sino cuando el presidente Néstor Kirchner asumiera el cargo en 2003 que los funcionarios empezaron a presionar para exigir responsabilidades de los militares. Kirchner despidió a varios comandantes. También retiró a un obispo católico que estaba asignado a las fuerzas armadas por declarar que el ministro de sanidad debería "ser arrojado al mar" -un destino que sufrieron muchos disidentes desaparecidos- por sugerir que se debía legalizar el aborto.
Además, en los dos últimos años, cuatro de los nueve jueces de la Corte Suprema han sido impugnados o han renunciado ante la amenaza de impugnación. La semana pasada los cuatro nuevos jueces nombrados por Kirchner votaron a favor de anular las leyes de inmunidad. Entre los jueces hubo siete votos a favor y una abstención.
"Las leyes de inmunidad no son aplicables a crímenes contra la humanidad", dijo el juez Antonio Boggiano en una explicación de su voto. "Si fueran aplicadas, sería inconstitucional".
Laura Carlotto, activista política de 22, tenía dos meses y medio de embarazo cuando desapareció el 26 de noviembre de 1977. Diez meses más tarde, su familia recibió una llamada de oficiales militares que le dijeron que ella había muerto en un tiroteo entre el ejército y miembros de un grupo político radical.
"Mintieron, diciendo que ella nunca fue secuestrada y que iba armada cuando fue matada", dijo Estella de Carlotto, que finalmente recibió el cuerpo de su hija. "La autopsia mostró que le habían disparado a una distancia de 30 centímetros, cuando yacía de espaldas, en el suelo. Uno de sus brazos había sido quebrado, probablemente porque se resistió".
Varios testigos dijeron más tarde que habían visto a Laura en un centro de detención militar. Dijeron que el 26 de junio de 1978 había dado a luz a un niño llamado Guido y que oficial de alto rango se había apropiado del niño. En 1985, durante una investigación de los crímenes de los militares, un ex soldado declaró que sabía quién había matado a Laura. Carlotto obtuvo una copia de la declaración, pero no hizo nada.
"Nunca tuve la intención de perseguirlo yo misma. Yo quiero que lo persiga el poder judicial", dijo. "La gente me pregunta a veces qué haría si lo me encontrara cara a cara con él... Yo digo que me daría pena, y sentiría por él un enorme desprecio".
Carlotto hizo esfuerzos por localizar a Guido, que tendría 27 años. Se incorporó a un grupo de derechos humanos dedicado a la búsqueda de unos 500 hijos de "desaparecidos", que se cree que han adoptados ilegalmente por familias militares. Aunque nunca logró localizar a su nieto, ayudó a 80 hijos de las víctimas a descubrir la verdad sobre sus padres adoptivos y los encaminan hacia sus familias biológicas.
Hace poco ha observado que los argentinos están cada vez más dispuestos a indagar en el pasado, especialmente la gente joven cuyos padres desaparecieron hace años. A pesar del trastorno psicológico, dijo, prácticamente todos los días entra alguien a su oficina a investigar su historia personal.
"Todos tenemos nuestro propio tiempo, pero parece que muchos de los hijos deciden investigar [sobre su origen] a medida que maduran", dijo Carlotto. "Las dudas que tenían se transforman en certezas. Empiezan a decir: Necesito saber quién soy realmente'".
Cuando crecía, Matías Olivera siempre supo que su padre había sido secuestrado en una estación de tren cuando se dirigía a su trabajo. Pero el crimen ocurrió cuando Matías era un infante y tuvo una infancia feliz con una madre y padres adoptivos que lo querían. Nunca dijo nada a sus amigos sobre el destino de su padre, y evitaba a los grupos que buscaban a los familiares de los desaparecidos.
Pero hace dos años, dijo, un impulso indefinible lo llevó a tipear el nombre de su padre en la máquina de búsquedas de Google en internet. Los enlaces llenaron la pantalla. Los abrió y llegó a sitios en la red sobre grupos de derechos humanos, biografías de los desaparecidos y la historia del sindicato de su padre. Creó una carpeta para archivar los documentos que había encontrado.
"No sé por qué, pero parece que un montón de gente joven decidieron levantar una muralla entre ellos y este asunto", dijo Olivera, 27, que trabaja en una compañía de telecomunicaciones. "Pero en los últimos años, todo parece haber empezado de nuevo. Un montón de gente de mi edad estaba pasando por el mismo proceso que yo".
La reciente resolución de la Corte Suprema embargó a Olivera de sentimientos contradictorios. Dijo que se había enterado dónde había sido detenido su padre y el nombre del oficial que ordenó su detención. Con algo más de esfuerzos, dijo, podría probablemente creer una imagen detallada de los últimos días de su padre y agregarla a su carpeta.
Sin embargo, de momento Olivera piensa dejar el tema de lado. El poder judicial puede estar finalmente en estado de indagar más profundamente en el destino de su padre, pero todavía no está seguro de que esté preparado para conocer toda la terrible verdad.
"Realmente no quiero saber cómo fue torturado y matado, y no me importa vengarme", dijo Olivera, deteniéndose para controlar sus emociones. "Pero cuando pienso que pasaron cosas como estas, recuerdas lo mucho que tu vida está conectada con tu época. Empiezas a ver que incluso aunque puedas vivir seguro en tu propio lapso de vida, lo que pasó entonces puede arruinar tu vida de muchas maneras".
25 de junio de 2005
©washington post
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. Estela de Carlotto ha guardado en un folleto, durante dos décadas, el nombre del hombre que cree que mató a su hija Laura, que desapareció en 1977, en el punto álgido de la represión que desencadenó el gobierno militar argentino contra los disidentes políticos, conocida como la "guerra sucia".Sin embargo, hasta hace poco no creía que tenía muchos sentido en seguir el caso. El hombre era un oficial militar de bajo rango, jurídicamente exento de castigo por los crímenes cometidos mientras usaba el uniforme. En lugar de cavilar infructuosamente, Carlotto lo relegó al archivo en el librero de su oficina.
Pero la semana pasada la Corte Suprema argentina resolvió que las leyes aprobadas en los años ochenta para proteger a esos oficiales eran inconstitucionales. Eso significa que Carlotto y otros familiares de las miles de personas de las que se cree que fueron torturadas y asesinadas durante la dictadura de siete años tienen finalmente la posibilidad de presentar acusaciones penales y otros pleitos por lo civil contra los oficiales que estiman responsables.
Poco después de oír las noticias, Carlotto volvió a coger el folleto.
"Voy a empezar a investigar sobre este hombre para saber dónde está y voy a empezar a recoger toda la información sobre él que pueda", dijo Carlotto, 75, una viuda de rizos canos y un aire compuesto y decidido. "Si puedo probar que mató a mi hija -que él apretó el gatillo- tendrá finalmente que ir a la cárcel".
La decisión de la Corte Suprema es la más reciente de una serie de pasos que ha emprendido Argentina recientemente para confrontarse a su espeluznante pasado. Al menos 10.000 argentinos desaparecieron durante la dictadura, lo que significa que más investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en el pasado podrían afectar a una amplia capa de la población a un nivel profundamente personal.
Aunque grupos de derechos humanos han elogiado la decisión de la corte, sus detractores dicen que el país está reabriendo heridas que había empezado a curar. Y mientras algunos familiares de víctimas dicen que están ansiosos de hacer uso de la resolución, otros no están seguros de si pueden aguantar el peso legal y emocional de hurgar en esos crímenes de hace tanto tiempo.
A mediados de los años ochenta, el gobierno civil encabezado por el presidente Raúl Alfonsín avanzó cautelosamente en temas de derechos humanos para evitar un posible golpe militar. Los juicios se limitaron a los líderes y personeros importantes de la dictadura militar de 1976-1983, mientras que se otorgó inmunidad a los oficiales de menor jerarquía. Después de eso, una sucesión de gobernantes civiles han sostenido que era mejor mirar hacia el futuro que quedarse en el pasado.
"Algo ha pasado después de que aprobaran sus protecciones. Quizás una parte de la población pensó que en ese punto no había esperanzas de que se hiciera justicia", dijo José Miguel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch, desde Washington. "Sólo en los últimos años se han dado cuenta de que es posible otra vez".
No fue sino cuando el presidente Néstor Kirchner asumiera el cargo en 2003 que los funcionarios empezaron a presionar para exigir responsabilidades de los militares. Kirchner despidió a varios comandantes. También retiró a un obispo católico que estaba asignado a las fuerzas armadas por declarar que el ministro de sanidad debería "ser arrojado al mar" -un destino que sufrieron muchos disidentes desaparecidos- por sugerir que se debía legalizar el aborto.
Además, en los dos últimos años, cuatro de los nueve jueces de la Corte Suprema han sido impugnados o han renunciado ante la amenaza de impugnación. La semana pasada los cuatro nuevos jueces nombrados por Kirchner votaron a favor de anular las leyes de inmunidad. Entre los jueces hubo siete votos a favor y una abstención.
"Las leyes de inmunidad no son aplicables a crímenes contra la humanidad", dijo el juez Antonio Boggiano en una explicación de su voto. "Si fueran aplicadas, sería inconstitucional".
Laura Carlotto, activista política de 22, tenía dos meses y medio de embarazo cuando desapareció el 26 de noviembre de 1977. Diez meses más tarde, su familia recibió una llamada de oficiales militares que le dijeron que ella había muerto en un tiroteo entre el ejército y miembros de un grupo político radical.
"Mintieron, diciendo que ella nunca fue secuestrada y que iba armada cuando fue matada", dijo Estella de Carlotto, que finalmente recibió el cuerpo de su hija. "La autopsia mostró que le habían disparado a una distancia de 30 centímetros, cuando yacía de espaldas, en el suelo. Uno de sus brazos había sido quebrado, probablemente porque se resistió".
Varios testigos dijeron más tarde que habían visto a Laura en un centro de detención militar. Dijeron que el 26 de junio de 1978 había dado a luz a un niño llamado Guido y que oficial de alto rango se había apropiado del niño. En 1985, durante una investigación de los crímenes de los militares, un ex soldado declaró que sabía quién había matado a Laura. Carlotto obtuvo una copia de la declaración, pero no hizo nada.
"Nunca tuve la intención de perseguirlo yo misma. Yo quiero que lo persiga el poder judicial", dijo. "La gente me pregunta a veces qué haría si lo me encontrara cara a cara con él... Yo digo que me daría pena, y sentiría por él un enorme desprecio".
Carlotto hizo esfuerzos por localizar a Guido, que tendría 27 años. Se incorporó a un grupo de derechos humanos dedicado a la búsqueda de unos 500 hijos de "desaparecidos", que se cree que han adoptados ilegalmente por familias militares. Aunque nunca logró localizar a su nieto, ayudó a 80 hijos de las víctimas a descubrir la verdad sobre sus padres adoptivos y los encaminan hacia sus familias biológicas.
Hace poco ha observado que los argentinos están cada vez más dispuestos a indagar en el pasado, especialmente la gente joven cuyos padres desaparecieron hace años. A pesar del trastorno psicológico, dijo, prácticamente todos los días entra alguien a su oficina a investigar su historia personal.
"Todos tenemos nuestro propio tiempo, pero parece que muchos de los hijos deciden investigar [sobre su origen] a medida que maduran", dijo Carlotto. "Las dudas que tenían se transforman en certezas. Empiezan a decir: Necesito saber quién soy realmente'".
Cuando crecía, Matías Olivera siempre supo que su padre había sido secuestrado en una estación de tren cuando se dirigía a su trabajo. Pero el crimen ocurrió cuando Matías era un infante y tuvo una infancia feliz con una madre y padres adoptivos que lo querían. Nunca dijo nada a sus amigos sobre el destino de su padre, y evitaba a los grupos que buscaban a los familiares de los desaparecidos.
Pero hace dos años, dijo, un impulso indefinible lo llevó a tipear el nombre de su padre en la máquina de búsquedas de Google en internet. Los enlaces llenaron la pantalla. Los abrió y llegó a sitios en la red sobre grupos de derechos humanos, biografías de los desaparecidos y la historia del sindicato de su padre. Creó una carpeta para archivar los documentos que había encontrado.
"No sé por qué, pero parece que un montón de gente joven decidieron levantar una muralla entre ellos y este asunto", dijo Olivera, 27, que trabaja en una compañía de telecomunicaciones. "Pero en los últimos años, todo parece haber empezado de nuevo. Un montón de gente de mi edad estaba pasando por el mismo proceso que yo".
La reciente resolución de la Corte Suprema embargó a Olivera de sentimientos contradictorios. Dijo que se había enterado dónde había sido detenido su padre y el nombre del oficial que ordenó su detención. Con algo más de esfuerzos, dijo, podría probablemente creer una imagen detallada de los últimos días de su padre y agregarla a su carpeta.
Sin embargo, de momento Olivera piensa dejar el tema de lado. El poder judicial puede estar finalmente en estado de indagar más profundamente en el destino de su padre, pero todavía no está seguro de que esté preparado para conocer toda la terrible verdad.
"Realmente no quiero saber cómo fue torturado y matado, y no me importa vengarme", dijo Olivera, deteniéndose para controlar sus emociones. "Pero cuando pienso que pasaron cosas como estas, recuerdas lo mucho que tu vida está conectada con tu época. Empiezas a ver que incluso aunque puedas vivir seguro en tu propio lapso de vida, lo que pasó entonces puede arruinar tu vida de muchas maneras".
25 de junio de 2005
©washington post
©traducción mQh
se inmolan indigentes
[María Teresa Ovalle y Francisco Fuentes] Acto de inmolación se realizó en protesta por la falta de solución a los problemas económicos y de salud que los aquejan. Pareja de cartoneros sufre graves heridas al quemarse a lo bonzo frente a estatua de Salvador Allende en La Moneda.
En demanda por la poca ayuda que habrían recibido frente a sus problemas económicos, un hombre y una mujer decidieron prenderse fuego durante la mañana de ayer frente al Palacio de La Moneda. La pareja de cartoneros exigía, también, el pago de remuneraciones presuntamente adeudadas por la Municipalidad de Pudahuel por un monto cercano a los 14 millones de pesos.
Cerca de las 9.30, Wladimir Poblete González (39) y Ana María Pérez (45) llegaron a la Plaza de la Constitución. Frente al edificio de la Intendencia, la pareja se roció combustible e intentó avanzar hacia la puerta de La Moneda. Al ser abordados por Carabineros prendieron fuego a sus ropas.
Ambos cruzaron la calle y cayeron frente a la estatua de Salvador Allende.
La pareja fue rápidamente atendida por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros -apostado en la zona- y por guardias del Ministerio de Justicia. Provistos de extintores y frazadas lograron apagar el fuego y trasladar a los convivientes hasta la Posta Central.
Según la evaluación médica, Wladimir Poblete resultó con quemaduras profundas en el 7% de su cuerpo, principalmente en ambas manos, cuello y cara. El director del centro asistencial, doctor Leonardo Ristori, explicó, sin embargo, que el estado de Poblete es de "extrema gravedad", debido a que sufrió quemaduras respiratorias. "Es muy probable que caiga en ventilación mecánica en las próximas horas".
En tanto, Ana Pérez resultó con quemaduras superficiales sólo en el cuello y parte de la cara. "Está en mejores condiciones, porque se trata de una paciente con menor compromiso", explicó Ristori.
Pasadas las 18.00, Poblete fue sometido a cirugía para reparar el daño respiratorio.
Estadio
La decisión de quemarse a lo bonzo sería el último recurso utilizado por la pareja para lograr el pago de honorarios que la Municipalidad de Pudahuel les adeudaría, supuestamente, desde hace ocho años. El dinero solucionaría graves problemas económicos de la pareja, que actualmente las oficia de cartoneros.
Durante ese tiempo, ambos vivieron dentro del recinto del Estadio Municipal de la comuna. Según explican cercanos, Wladimir Poblete habría sido contratado para cuidar y realizar labores de limpieza en el lugar.
"Hasta ahora sólo se les ha pagado $ 1.550.000 de los más de $ 14 millones que le deben. Allá les hicieron firmar un contrato, pero nunca recibieron remuneración durante todo el tiempo que trabajaron ahí", señaló Fidelicia Negrete, amiga de Ana María Pérez que vive junto con la pareja en una parcela ubicada en el sector rural de El Noviciado.
La mujer asegura que la decisión de quemarse se había tomado en conjunto la noche del miércoles. "Lo que hicimos -porque nos íbamos a quemar los tres- lo hicimos para que el Presidente Lagos nos ayude a hacer entender al alcalde", dijo.
Municipio
Sin embargo, el municipio niega la existencia de algún vínculo contractual con Poblete.
Según consta en documentos, en 1999 el Consejo Local de Deportes y Recreación de Pudahuel -que administraba el Estadio Municipal- autorizó a Poblete y a su pareja a ocupar parte del estadio, debido a un problema habitacional.
En 2003, la comuna comenzó a habilitar sus escuelas para la Jornada Escolar Completa. Mientras se construían los edificios, se trasladaron varios colegios a construcciones de emergencia, emplazadas en el estadio. Esto llevó a que la municipalidad solicitara a Poblete -en reiteradas oportunidades- desalojar el recinto.
"Se les ofrecieron distintas alternativas, incluso postular a viviendas para familias de escasos recursos, a lo que se negaron", indicó la alcaldesa (S) de Pudahuel, Claudia Sabal.
Finalmente, Poblete y su mujer habrían llegado a un acuerdo con el municipio. El 26 de marzo de 2004 abandonaron el estadio y fueron trasladados hacia la parcela que actualmente habitan en El Noviciado.
La pareja recibió aproximadamente $ 1,5 millón, correspondiente a una indemnización por el desarme de la casa que la pareja habitaba en el estadio. Este dinero es el que Poblete señala como parte de las remuneraciones que debió recibir.
Luego de ese día, en la municipalidad sostienen que no tuvieron noticias del individuo. "Nunca más se acercaron ni requirieron audiencia con el señor alcalde".
Sólo se supo de ellos a través de oficio, remitido desde el gabinete de la Presidencia de la República, lugar al cual Poblete había enviado una carta dando a conocer su situación, en enero último.
Otros Casos Dramáticos
En noviembre de 2001, Eduardo Miño Pérez, de 50 años, se clavó un cuchillo en el estómago antes de rociarse parafina y autoinmolarse frente a La Moneda. Dejó una carta en la que anunció el acto en señal de protesta por "la cesantía, el asbesto y el desalojo del PC desde su sede".
A raíz de ese hecho y otros intentos frustrados es que el personal de seguridad de todos los edificios públicos cercanos cuenta con frazadas térmicas que impiden la propagación del fuego, a fin de actuar rápidamente frente a un hecho de ese tipo.
A ese caso se sumó, en septiembre de 2002, el del dirigente vecinal Manuel Sanhueza, quien tomó la misma decisión de quemarse a lo bonzo en la Plaza de la Independencia de Concepción, agobiado por una fuerte depresión que lo afectó tras ser acusado de apropiación indebida de $ 186 millones.
24 de junio de 2005
©tercera
En demanda por la poca ayuda que habrían recibido frente a sus problemas económicos, un hombre y una mujer decidieron prenderse fuego durante la mañana de ayer frente al Palacio de La Moneda. La pareja de cartoneros exigía, también, el pago de remuneraciones presuntamente adeudadas por la Municipalidad de Pudahuel por un monto cercano a los 14 millones de pesos.Cerca de las 9.30, Wladimir Poblete González (39) y Ana María Pérez (45) llegaron a la Plaza de la Constitución. Frente al edificio de la Intendencia, la pareja se roció combustible e intentó avanzar hacia la puerta de La Moneda. Al ser abordados por Carabineros prendieron fuego a sus ropas.
Ambos cruzaron la calle y cayeron frente a la estatua de Salvador Allende.
La pareja fue rápidamente atendida por personal de Fuerzas Especiales de Carabineros -apostado en la zona- y por guardias del Ministerio de Justicia. Provistos de extintores y frazadas lograron apagar el fuego y trasladar a los convivientes hasta la Posta Central.
Según la evaluación médica, Wladimir Poblete resultó con quemaduras profundas en el 7% de su cuerpo, principalmente en ambas manos, cuello y cara. El director del centro asistencial, doctor Leonardo Ristori, explicó, sin embargo, que el estado de Poblete es de "extrema gravedad", debido a que sufrió quemaduras respiratorias. "Es muy probable que caiga en ventilación mecánica en las próximas horas".
En tanto, Ana Pérez resultó con quemaduras superficiales sólo en el cuello y parte de la cara. "Está en mejores condiciones, porque se trata de una paciente con menor compromiso", explicó Ristori.
Pasadas las 18.00, Poblete fue sometido a cirugía para reparar el daño respiratorio.
Estadio
La decisión de quemarse a lo bonzo sería el último recurso utilizado por la pareja para lograr el pago de honorarios que la Municipalidad de Pudahuel les adeudaría, supuestamente, desde hace ocho años. El dinero solucionaría graves problemas económicos de la pareja, que actualmente las oficia de cartoneros.
Durante ese tiempo, ambos vivieron dentro del recinto del Estadio Municipal de la comuna. Según explican cercanos, Wladimir Poblete habría sido contratado para cuidar y realizar labores de limpieza en el lugar.
"Hasta ahora sólo se les ha pagado $ 1.550.000 de los más de $ 14 millones que le deben. Allá les hicieron firmar un contrato, pero nunca recibieron remuneración durante todo el tiempo que trabajaron ahí", señaló Fidelicia Negrete, amiga de Ana María Pérez que vive junto con la pareja en una parcela ubicada en el sector rural de El Noviciado.
La mujer asegura que la decisión de quemarse se había tomado en conjunto la noche del miércoles. "Lo que hicimos -porque nos íbamos a quemar los tres- lo hicimos para que el Presidente Lagos nos ayude a hacer entender al alcalde", dijo.
Municipio
Sin embargo, el municipio niega la existencia de algún vínculo contractual con Poblete.
Según consta en documentos, en 1999 el Consejo Local de Deportes y Recreación de Pudahuel -que administraba el Estadio Municipal- autorizó a Poblete y a su pareja a ocupar parte del estadio, debido a un problema habitacional.
En 2003, la comuna comenzó a habilitar sus escuelas para la Jornada Escolar Completa. Mientras se construían los edificios, se trasladaron varios colegios a construcciones de emergencia, emplazadas en el estadio. Esto llevó a que la municipalidad solicitara a Poblete -en reiteradas oportunidades- desalojar el recinto.
"Se les ofrecieron distintas alternativas, incluso postular a viviendas para familias de escasos recursos, a lo que se negaron", indicó la alcaldesa (S) de Pudahuel, Claudia Sabal.
Finalmente, Poblete y su mujer habrían llegado a un acuerdo con el municipio. El 26 de marzo de 2004 abandonaron el estadio y fueron trasladados hacia la parcela que actualmente habitan en El Noviciado.
La pareja recibió aproximadamente $ 1,5 millón, correspondiente a una indemnización por el desarme de la casa que la pareja habitaba en el estadio. Este dinero es el que Poblete señala como parte de las remuneraciones que debió recibir.
Luego de ese día, en la municipalidad sostienen que no tuvieron noticias del individuo. "Nunca más se acercaron ni requirieron audiencia con el señor alcalde".
Sólo se supo de ellos a través de oficio, remitido desde el gabinete de la Presidencia de la República, lugar al cual Poblete había enviado una carta dando a conocer su situación, en enero último.
Otros Casos Dramáticos
En noviembre de 2001, Eduardo Miño Pérez, de 50 años, se clavó un cuchillo en el estómago antes de rociarse parafina y autoinmolarse frente a La Moneda. Dejó una carta en la que anunció el acto en señal de protesta por "la cesantía, el asbesto y el desalojo del PC desde su sede".
A raíz de ese hecho y otros intentos frustrados es que el personal de seguridad de todos los edificios públicos cercanos cuenta con frazadas térmicas que impiden la propagación del fuego, a fin de actuar rápidamente frente a un hecho de ese tipo.
A ese caso se sumó, en septiembre de 2002, el del dirigente vecinal Manuel Sanhueza, quien tomó la misma decisión de quemarse a lo bonzo en la Plaza de la Independencia de Concepción, agobiado por una fuerte depresión que lo afectó tras ser acusado de apropiación indebida de $ 186 millones.
24 de junio de 2005
©tercera
falsas memorias de general
[Cristóbal Peña] Hace 20 años, las hijas del general chileno advirtieron de la existencia de un libro que pretendía suplantar el verdadero testimonio de su padre. La denuncia era contra Una vida por la legalidad', editado en México 9 años antes por el FCE. Casi tes décadas después de su publicación, el escritor Eduardo Labarca, reconoce ser el autor del texto apócrifo, escrito en Moscú por encargo del Partido Comunista chileno.
Es miércoles a mediodía y la lluvia que cae sobre Santiago tiene un efecto purificador para Eduardo Labarca (Santiago, 1935). El ex director del diario El Siglo y panelista del programa A Esta Hora se Improvisa reside en Viena, cumple sus últimas horas en Chile y acaba de reunirse con el general Juan Emilio Cheyre, quien lo recibió por cerca de una hora en el edificio de las Fuerzas Armadas. De regreso a su departamento, tras cambiarse la corbata por un pañuelo al cuello, ya puede anunciarlo: "Con esto termino lo que vine a hacer acá. Es el broche de oro que cierra el episodio".
El episodio ocurrió hace 30 años en la Unión Soviética y está narrado en su novela autobiográfica Cadáver tuerto' (Catalonia, 2005), recién lanzada en el país. Según cuenta ahí, mientras trabajaba en el programa Escucha Chile, de Radio Moscú, dirigentes del Partido Comunista Chileno le encomendaron escribir las memorias apócrifas del general Carlos Prats. Basándose en el sentido común y en la escasa documentación que tenía a la mano, inventó un diario de vida que pretendía sentar la verdad histórica del asesinado militar.
El libro se llamó Una vida por la legalidad', fue editado en 1976 por el Fondo de Cultura Económica y tuvo una difusión fenomenal. Tanto así, que nueve años después, cuando las hijas de Carlos Prats editaron las verdaderas memorias de su padre, éstas tuvieron una difusión limitada, de escasa repercusión internacional en comparación con las otras. Las falsas memorias de Prats habían logrado opacar a las auténticas.
"Fue una operación de propaganda y desinformación bien montada, con buenos resultados y ciento por ciento exitosa", comenta Eduardo Labarca sin un asomo de orgullo. El secreto lo ha atormentado durante años, y ahora, para expiar la culpa y "ser fiel a la verdad histórica y al honor de Prats", decidió revelarlo en un libro y dar explicaciones públicas y privadas. Por eso se reunió con Cheyre el miércoles pasado. Antes lo hizo con el director editorial en Chile del Fondo de Cultura Económica y con las tres hijas del general Prats -Sofía, María Angélica y Cecilia-, a quienes visitó por separado.
Lectura de Cuartel
Eduardo Labarca admite que lo que hizo sólo puede explicarse en el contexto de la época. Exiliado en Moscú y volcado a la causa de la oposición a Pinochet, creía, como muchos en el partido, en todas las formas de lucha. "Al comienzo, cuando me propusieron hacerlo, no me planteé ningún problema ético. Me sentía feliz y orgullosísimo, esa es la verdad. Mis dudas comenzaron cuando dejé Moscú, en 1980".
La ocurrencia de hacer un libro apócrifo de Prats surgió poco después de su asesinato, el 30 de septiembre de 1974. Se sabía que el militar y ex ministro de Allende estaba escribiendo sus memorias en el autoexilio de Buenos Aires, pero éstas, según un difundido e infundado rumor, se suponían extraviadas tras el atentado explosivo que le costó la vida junto a su esposa, Sofía Cuthbert. Ignorando que las hijas del general conservaban los originales en una caja fuerte, en el PC pusieron en marcha una operación destinada, en su más oculta ambición, a hacerse oír en los cuarteles.
"Es hora de subordinarse en silencio", se lee en Una vida por la legalidad', donde el falso Prats guarda no pocas similitudes con el verdadero: ponderado, respetuoso y neutral, critica a la extrema izquierda y opina que al gobierno de Allende le cabe responsabilidad en la crisis económica.
"Sí -escribió Labarca-, hay dificultades en la economía y muy serias. Se registran irregularidades profundas en el sistema de abastecimiento. Las largas colas aparecen por todas partes. Los precios han subido como nunca; se extiende el mercado negro. En muchas empresas el rendimiento del trabajo se halla por debajo del nivel previsto. Aparecen síntomas de baja en el volumen de la producción (...) Mas, en ocasiones me pongo a pensar a qué se deben. ¿A la política económica del gobierno? ¿A errores cometidos por la Unidad Popular? Hasta cierto punto, sí".
Pero no todo puede ser tan perfecto, y el general ejemplar, que ha demostrado altura de miras hasta en las peores situaciones, no puede contenerse frente a la figura de Pinochet, "el bellaco de luces limitadas y ambición desmedida", como se lo describe en el libro de 1976.
De Moscú a Ciudad de México
Labarca nunca había escrito un texto de ficción. El debut literario no pudo ser más promisorio. Había recibido de referencia un borrador "pésimamente mal escrito" y en menos de un mes devolvió un texto profesional, fidedigno, "en la línea del partido", que le granjeó felicitaciones.
Aunque "por ahora" Labarca no quiere revelar los nombres de quienes idearon la operación ("no me corresponde hablar por ellos", dice), su reciente novela entrega algunas pistas al respecto. Constantino Popescu, el escritor y dirigente político que encomienda "mejorar" las memorias de un asesinado general, tiene en Cadáver tuerto' varias similitudes con Volodia Teitelboim. Por esa misma época, el premio Nacional de Literatura 2002 era uno de los principales dirigentes del PC chileno en la Unión Soviética y tenía un destacado protagonismo en Radio Moscú.
Pese a los intentos, no fue posible obtener la versión de Volodia Teiltelboim, pero si se atiende a sus memorias, el ex dirigente comunista no se hace cargo del tema.
La operación tuvo varios protagonistas, se extendió a México e involucró al entonces funcionario de una filial del Fondo de Cultura Económica Marco Colodro, ex militante comunista, quien ofició de intermediario entre un dirigente del PC y la editorial. Al teléfono desde Estados Unidos, donde reside, Colodro dice haber actuado de buena fe, sin sospechar jamás que los escritos eran falsos. "Eso ocurrió hace 30 años, pero estoy casi seguro, en un 90 por ciento, que me los entregó Gerardo Weisner", dice el empresario y ex director de TVN, aludiendo al empresario chileno de filiación comunista, que en los 80 tuvo un papel central como financista y administrador de los recursos del partido. Así, a fines de 1976, las memorias apócrifas entraban a imprenta con un tiraje inicial de 10 mil ejemplares.
Verdad Pendiente
Mientras Una Vida por la Legalidad se difundía por el mundo y era citado por otros autores, las hijas de Carlos Prats no podían hacer mucho por desmentirlo. Fiel a la voluntad de su padre, se habían prometido editarlas en Chile una vez que las condiciones políticas lo permitieran. "Sentimos una profunda indignación e impotencia", dice María Angélica Prats, quien por esos años trabajaba silenciosamente en la corrección de los escritos de su padre. Cuando éstos aparecieron en 1985, por editorial Pehuén, la presentación advirtió de un "libro apócrifo que alguien escribió en México y que, cualquiera haya sido su objetivo, deriva del compromiso con intereses particulares y no con la verdad".
Por entonces, las hijas del general desconocían el origen de las falsas memorias. Recién vinieron a saberlo este año, cuando Eduardo Labarca se confesó ante ellas. Aunque valoran el gesto, creen que aún es precipitado comentarlo en público. Y más aún, que falta saber toda la verdad.
Al menos en lo que respecta a él, Labarca dice que cumplió con su parte. Que hizo lo que debía hacer, incluso desatendiendo la recomendación de sus amigos, que le aconsejaron llevarse el secreto a la tumba. "Todos me dijeron lo mismo: 'no lo hagas, no seas huevón, no te metas en líos, te van a sacar la cresta'. Es claro que me expongo a la crítica, pero tengo la obligación de dar un paso al frente".
22 de junio de 2005
19 de junio de 2005
©tercera
Es miércoles a mediodía y la lluvia que cae sobre Santiago tiene un efecto purificador para Eduardo Labarca (Santiago, 1935). El ex director del diario El Siglo y panelista del programa A Esta Hora se Improvisa reside en Viena, cumple sus últimas horas en Chile y acaba de reunirse con el general Juan Emilio Cheyre, quien lo recibió por cerca de una hora en el edificio de las Fuerzas Armadas. De regreso a su departamento, tras cambiarse la corbata por un pañuelo al cuello, ya puede anunciarlo: "Con esto termino lo que vine a hacer acá. Es el broche de oro que cierra el episodio".El episodio ocurrió hace 30 años en la Unión Soviética y está narrado en su novela autobiográfica Cadáver tuerto' (Catalonia, 2005), recién lanzada en el país. Según cuenta ahí, mientras trabajaba en el programa Escucha Chile, de Radio Moscú, dirigentes del Partido Comunista Chileno le encomendaron escribir las memorias apócrifas del general Carlos Prats. Basándose en el sentido común y en la escasa documentación que tenía a la mano, inventó un diario de vida que pretendía sentar la verdad histórica del asesinado militar.
El libro se llamó Una vida por la legalidad', fue editado en 1976 por el Fondo de Cultura Económica y tuvo una difusión fenomenal. Tanto así, que nueve años después, cuando las hijas de Carlos Prats editaron las verdaderas memorias de su padre, éstas tuvieron una difusión limitada, de escasa repercusión internacional en comparación con las otras. Las falsas memorias de Prats habían logrado opacar a las auténticas.
"Fue una operación de propaganda y desinformación bien montada, con buenos resultados y ciento por ciento exitosa", comenta Eduardo Labarca sin un asomo de orgullo. El secreto lo ha atormentado durante años, y ahora, para expiar la culpa y "ser fiel a la verdad histórica y al honor de Prats", decidió revelarlo en un libro y dar explicaciones públicas y privadas. Por eso se reunió con Cheyre el miércoles pasado. Antes lo hizo con el director editorial en Chile del Fondo de Cultura Económica y con las tres hijas del general Prats -Sofía, María Angélica y Cecilia-, a quienes visitó por separado.
Lectura de Cuartel
Eduardo Labarca admite que lo que hizo sólo puede explicarse en el contexto de la época. Exiliado en Moscú y volcado a la causa de la oposición a Pinochet, creía, como muchos en el partido, en todas las formas de lucha. "Al comienzo, cuando me propusieron hacerlo, no me planteé ningún problema ético. Me sentía feliz y orgullosísimo, esa es la verdad. Mis dudas comenzaron cuando dejé Moscú, en 1980".
La ocurrencia de hacer un libro apócrifo de Prats surgió poco después de su asesinato, el 30 de septiembre de 1974. Se sabía que el militar y ex ministro de Allende estaba escribiendo sus memorias en el autoexilio de Buenos Aires, pero éstas, según un difundido e infundado rumor, se suponían extraviadas tras el atentado explosivo que le costó la vida junto a su esposa, Sofía Cuthbert. Ignorando que las hijas del general conservaban los originales en una caja fuerte, en el PC pusieron en marcha una operación destinada, en su más oculta ambición, a hacerse oír en los cuarteles.
"Es hora de subordinarse en silencio", se lee en Una vida por la legalidad', donde el falso Prats guarda no pocas similitudes con el verdadero: ponderado, respetuoso y neutral, critica a la extrema izquierda y opina que al gobierno de Allende le cabe responsabilidad en la crisis económica.
"Sí -escribió Labarca-, hay dificultades en la economía y muy serias. Se registran irregularidades profundas en el sistema de abastecimiento. Las largas colas aparecen por todas partes. Los precios han subido como nunca; se extiende el mercado negro. En muchas empresas el rendimiento del trabajo se halla por debajo del nivel previsto. Aparecen síntomas de baja en el volumen de la producción (...) Mas, en ocasiones me pongo a pensar a qué se deben. ¿A la política económica del gobierno? ¿A errores cometidos por la Unidad Popular? Hasta cierto punto, sí".
Pero no todo puede ser tan perfecto, y el general ejemplar, que ha demostrado altura de miras hasta en las peores situaciones, no puede contenerse frente a la figura de Pinochet, "el bellaco de luces limitadas y ambición desmedida", como se lo describe en el libro de 1976.
De Moscú a Ciudad de México
Labarca nunca había escrito un texto de ficción. El debut literario no pudo ser más promisorio. Había recibido de referencia un borrador "pésimamente mal escrito" y en menos de un mes devolvió un texto profesional, fidedigno, "en la línea del partido", que le granjeó felicitaciones.
Aunque "por ahora" Labarca no quiere revelar los nombres de quienes idearon la operación ("no me corresponde hablar por ellos", dice), su reciente novela entrega algunas pistas al respecto. Constantino Popescu, el escritor y dirigente político que encomienda "mejorar" las memorias de un asesinado general, tiene en Cadáver tuerto' varias similitudes con Volodia Teitelboim. Por esa misma época, el premio Nacional de Literatura 2002 era uno de los principales dirigentes del PC chileno en la Unión Soviética y tenía un destacado protagonismo en Radio Moscú.
Pese a los intentos, no fue posible obtener la versión de Volodia Teiltelboim, pero si se atiende a sus memorias, el ex dirigente comunista no se hace cargo del tema.
La operación tuvo varios protagonistas, se extendió a México e involucró al entonces funcionario de una filial del Fondo de Cultura Económica Marco Colodro, ex militante comunista, quien ofició de intermediario entre un dirigente del PC y la editorial. Al teléfono desde Estados Unidos, donde reside, Colodro dice haber actuado de buena fe, sin sospechar jamás que los escritos eran falsos. "Eso ocurrió hace 30 años, pero estoy casi seguro, en un 90 por ciento, que me los entregó Gerardo Weisner", dice el empresario y ex director de TVN, aludiendo al empresario chileno de filiación comunista, que en los 80 tuvo un papel central como financista y administrador de los recursos del partido. Así, a fines de 1976, las memorias apócrifas entraban a imprenta con un tiraje inicial de 10 mil ejemplares.
Verdad Pendiente
Mientras Una Vida por la Legalidad se difundía por el mundo y era citado por otros autores, las hijas de Carlos Prats no podían hacer mucho por desmentirlo. Fiel a la voluntad de su padre, se habían prometido editarlas en Chile una vez que las condiciones políticas lo permitieran. "Sentimos una profunda indignación e impotencia", dice María Angélica Prats, quien por esos años trabajaba silenciosamente en la corrección de los escritos de su padre. Cuando éstos aparecieron en 1985, por editorial Pehuén, la presentación advirtió de un "libro apócrifo que alguien escribió en México y que, cualquiera haya sido su objetivo, deriva del compromiso con intereses particulares y no con la verdad".
Por entonces, las hijas del general desconocían el origen de las falsas memorias. Recién vinieron a saberlo este año, cuando Eduardo Labarca se confesó ante ellas. Aunque valoran el gesto, creen que aún es precipitado comentarlo en público. Y más aún, que falta saber toda la verdad.
Al menos en lo que respecta a él, Labarca dice que cumplió con su parte. Que hizo lo que debía hacer, incluso desatendiendo la recomendación de sus amigos, que le aconsejaron llevarse el secreto a la tumba. "Todos me dijeron lo mismo: 'no lo hagas, no seas huevón, no te metas en líos, te van a sacar la cresta'. Es claro que me expongo a la crítica, pero tengo la obligación de dar un paso al frente".
22 de junio de 2005
19 de junio de 2005
©tercera
alijo nazi en chile
[Larry Rohter] En el enclave de la organización nazi se encontraron armas y fichas de la policía secreta de Pinochet.
Las autoridades chilenas que están buscando a víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet que se dice están enterradas en el enclave de un secta religiosa apocalíptica clandestina de inmigrantes alemanes, han desenterrado un enorme alijo de armas y documentos de inteligencia.
"Este arsenal terminará siendo el alijo más grande de armas encontrado alguna vez en manos particulares desde la restauración de la democracia en 1990 y en la historia de Chile", dijo a periodistas el miércoles el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. "Creánme, lo que se ha descubierto hasta el momento es de una dimensión que sólo de puede explicar en un contexto militar".
El enclave, Colonia Dignidad, fue fundado en el sur de Chile en 1961 por Paul Schäfer, un ex médico de la Luftwaffe nazi convertido en predicador fundamentalista. Huyó hacia 1997 después de ser acusado de abusos sexuales de más de dos docenas de niños que estaban a su cuidado. Fue condenado en ausencia por pedofilia, detenido en Argentina en marzo y enviado de vuelta a Chile, donde ahora está en prisión, acusado de secuestro, trabajo forzados, fraude y evasión de impuestos.
Colonia Dignidad gozó de protección oficial durante los 17 años de dictadura del general Pinochet, y tenía estrecha relaciones con el ejército chileno y la policía secreta conocida como DINA.
Según un informe gubernamental sobre abusos de derechos humanos de 1991, Schäfer permitió a agentes de la DINA retener en el enclave a presos políticos y puede haber participado en la tortura de los detenidos.
Activistas de derechos humanos en Chile dijeron que esperaban que los documentos encontrados en el sitio ayudarían a explicar la relación entre Schäfer y las fuerzas de seguridad del estado, así como el destino de algunos de los opositores de Pinochet.
El material está siendo examinado por un juez y no ha sido hecho público, pero los informes de la prensa chilena dijeron que los documentos incluían fichas de cientos de personas que el gobierno y Colonia Dignidad consideraban enemigos. En el enclave viven todavía más de 250 personas.
Entre las otras víctimas de la secta puede estar Boris Weisfeiler, un profesor de matemáticas norteamericano que desapareció hace 20 años cuando paseaba cerca de Colonia Dignidad. Un informante militar chileno entregó más tarde un informe, considerado plausible por la embajada norteamericana, y dijo que Weisfeier, un judío nacido en Rusia, había sido asesinado por órdenes de Schäfer.
Las armas requisadas incluyen subametralladoras, rifles, lanzacohetes, granadas y morteros. Según se dice, algunas pertenecían a colecciones de la Segunda Guerra Mundial, y estaban acompañadas de manuales escritos en alemán. Otras eran más modernas.
El hallazgo puede revolver otro misterio: Desde mediados de los años setenta, Estados Unidos y otros países cancelaron las ventas de armas a la dictadura de Pinochet, que sin embargo continuó estando bien armado. Diplomáticos y grupos de derechos humanos han sugerido que Colonia Dignidad adquiría armas para los militares chilenos a través de compañías de propiedad de la secta.
Citando fuentes militares, el diario chileno La Nación informó el jueves que las armas de Colonia Dignidad fueron enterradas entre 1976 y 1978, cuando Chile casi entró en guerra con la vecina Argentina tras una disputa fronteriza.
Funcionarios de gobierno dijeron que el hallazgo de las armas reforzaría su caso contra Schäfer y asociados que también están en prisión, al otorgar a los fiscales bases para invocar las leyes de negocios ilegales. "Colonia Dignidad era una asociación ilícita dedicada a la comisión de delitos sexuales, fiscales y económicos y tenía un objetivo paramilitar", dijo Correa Sutil.
17 de junio de 2005
©new york times
©traducción mQh
Las autoridades chilenas que están buscando a víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet que se dice están enterradas en el enclave de un secta religiosa apocalíptica clandestina de inmigrantes alemanes, han desenterrado un enorme alijo de armas y documentos de inteligencia."Este arsenal terminará siendo el alijo más grande de armas encontrado alguna vez en manos particulares desde la restauración de la democracia en 1990 y en la historia de Chile", dijo a periodistas el miércoles el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. "Creánme, lo que se ha descubierto hasta el momento es de una dimensión que sólo de puede explicar en un contexto militar".
El enclave, Colonia Dignidad, fue fundado en el sur de Chile en 1961 por Paul Schäfer, un ex médico de la Luftwaffe nazi convertido en predicador fundamentalista. Huyó hacia 1997 después de ser acusado de abusos sexuales de más de dos docenas de niños que estaban a su cuidado. Fue condenado en ausencia por pedofilia, detenido en Argentina en marzo y enviado de vuelta a Chile, donde ahora está en prisión, acusado de secuestro, trabajo forzados, fraude y evasión de impuestos.
Colonia Dignidad gozó de protección oficial durante los 17 años de dictadura del general Pinochet, y tenía estrecha relaciones con el ejército chileno y la policía secreta conocida como DINA.
Según un informe gubernamental sobre abusos de derechos humanos de 1991, Schäfer permitió a agentes de la DINA retener en el enclave a presos políticos y puede haber participado en la tortura de los detenidos.
Activistas de derechos humanos en Chile dijeron que esperaban que los documentos encontrados en el sitio ayudarían a explicar la relación entre Schäfer y las fuerzas de seguridad del estado, así como el destino de algunos de los opositores de Pinochet.
El material está siendo examinado por un juez y no ha sido hecho público, pero los informes de la prensa chilena dijeron que los documentos incluían fichas de cientos de personas que el gobierno y Colonia Dignidad consideraban enemigos. En el enclave viven todavía más de 250 personas.
Entre las otras víctimas de la secta puede estar Boris Weisfeiler, un profesor de matemáticas norteamericano que desapareció hace 20 años cuando paseaba cerca de Colonia Dignidad. Un informante militar chileno entregó más tarde un informe, considerado plausible por la embajada norteamericana, y dijo que Weisfeier, un judío nacido en Rusia, había sido asesinado por órdenes de Schäfer.
Las armas requisadas incluyen subametralladoras, rifles, lanzacohetes, granadas y morteros. Según se dice, algunas pertenecían a colecciones de la Segunda Guerra Mundial, y estaban acompañadas de manuales escritos en alemán. Otras eran más modernas.
El hallazgo puede revolver otro misterio: Desde mediados de los años setenta, Estados Unidos y otros países cancelaron las ventas de armas a la dictadura de Pinochet, que sin embargo continuó estando bien armado. Diplomáticos y grupos de derechos humanos han sugerido que Colonia Dignidad adquiría armas para los militares chilenos a través de compañías de propiedad de la secta.
Citando fuentes militares, el diario chileno La Nación informó el jueves que las armas de Colonia Dignidad fueron enterradas entre 1976 y 1978, cuando Chile casi entró en guerra con la vecina Argentina tras una disputa fronteriza.
Funcionarios de gobierno dijeron que el hallazgo de las armas reforzaría su caso contra Schäfer y asociados que también están en prisión, al otorgar a los fiscales bases para invocar las leyes de negocios ilegales. "Colonia Dignidad era una asociación ilícita dedicada a la comisión de delitos sexuales, fiscales y económicos y tenía un objetivo paramilitar", dijo Correa Sutil.
17 de junio de 2005
©new york times
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revuelta en las alturas
[Héctor Tobar] Los indios de El Alto, de Bolivia, dirigen un proyecto de cambio social que ha derrocado a dos presidentes.
El Alto, Bolivia. Este metrópolis india en el altiplano boliviano exporta dos cosas a la ciudad capital en el rocoso valle abajo: mano de obra barata y revolución social.
La mayoría de las mañanas las calles del centro de El Alto se llenan de hombres y niños con ropas modernas y mujeres con sombreros hongos y amplios vestidos de algodón de la gente aimara. Pasan frente a chatas torres de oficinas, cafés informáticos y mercadillos, y se apretujan en minibuses para el corto trayecto diario a La Paz.
Otros días, en los bordes de El Alto, en vecindarios donde los niños juegan en pozas de agua llenas de lodo y las patatas crecen entre casas de ladrillos de adobe, la gente se reúne a debatir dónde construir sus barricadas y fogatas. En pocas horas habrán aislado a La Paz.
El Alto es el crisol de la rebelión india de Bolivia, a veces un explosivo, siempre subterráneo reto al centenario orden social de este país andino. La semana pasada, una rebelión india obligó al presidente Carlos Mesa a renunciar y ha impedido que dos posibles sucesores asumieran el cargo. Justo 20 meses antes, el predecesor de Mesa fue derrocado de una manera similar.
"Triunfaremos porque el pueblo de El Alto lo quiere, porque Bolivia quiere", dijo a 400 activistas Abel Mamani, líder de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, en una reunión la semana pasada. "La gente de El Alto empezó esta movilización, y no pueden bajar la guardia".
Mamani, 36, un enjuto hijo de la región minera de Bolivia, es uno de los miembros más prominentes de una nueva generación de líderes aimara y quechua. Están al frente de varios movimientos sociales de activistas anti-globalización exigiendo cambiar, entre otras cosas, cómo distribuir la riqueza del petróleo boliviano.
El domingo el nuevo presidente Eduardo Rodríguez realizó su primer encuentro con el público, y visitó El Alto y se reunió en persona con Mamani. Rodríguez, que dirige el país interinamente, estaba ansioso de recuperar el orden en el país sacudido por semanas de protestas. Se levantaron las barricadas, incluyendo la que bloqueaba la planta de distribución de combustibles que abastece a La Paz.
Sin embargo, nadie puede decir que las barricadas no volverán.
"No hemos obtenido lo que queremos", dijo a periodistas Roberto de la Cruz, uno de los activistas aimara más ruidosos de aquí.
Además de la nacionalización de la industria del petróleo, los activistas indios como De la Cruz, exigen una asamblea constitucional que "restablezca el estado boliviano" y otorgar más poder a los aimara, quechua y otros grupos indígenas que constituyen la mayoría de los casi 9 millones de habitantes de Bolivia.
En los últimos años El Alto se ha transformado en un punto central de la política boliviana, en gran medida porque la metrópolis de 800.000 habitantes es donde ciudad y país se encuentran y fusionan. Los activistas más conocidos de El Alto, como el carismático De la Cruz, son hombres y mujeres con raíces rurales. Crecieron en las escuelas, institutos y centros vecinales de El Alto.
Gracias a un accidente de la geografía, la carreteras más importantes que unen a La Paz con el interior de Bolivia, pasan por los miserables y densamente poblados vecindarios de El Alto.
"Esta es la puerta de La Paz", dijo Germán Mamami Angulo, residente del Distrito 8 de El Alto, en la parte sur de la ciudad. Estaba parado en un tramo asfaltado que lleva a las abiertas praderas de hierba. "Si cerramos la puerta, no pasa nadie".
El trayecto de La Paz a las ciudades de Oruro y Cochabamba toma varias horas, y la carretera pasa por un vecindario llamado 23 de Marzo. Como muchas comunidades de El Alto, sus calles son de tierra y no hay agua potable ni alcantarillado. La policía escasa y un muñeco a la entrada de la comunidad advierte a los ladrones que serán linchados.
"Nuestras exigencias son cosas básicas", dijo Mamani Angulo, que no es familiar de Abel Mamani. Los vecinos de El Alto queremos que el ayuntamiento recoja la basura y construya acercas, dice.
A unos pasos de la carretera La Paz-Oruro-Cochabamba, una familia obtiene su agua potable de un sistema de captación. Cuando llueve, el agua cae sobre el tejado de hojalata de su casa en grandes toneles.
Cuando no llueve, los residentes dependen de un camión cisterna que vende agua. "Es el no tener agua lo que aquí más indigna a la gente", dijo Mamani Angulo.Cuando los residentes de El Alto se cansen de la pobreza y la sed, pueden bloquear los caminos para hacer miserable la vida de los vecinos de La Paz.
En octubre de 2003, cuando las protestas contra el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada alcanzaron su clímax, camiones desde el interior fueron parados con barricadas en el barrio 23 de Marzo durante semanas y no pudieron entregar sus mercaderías en la capital.
"Los camiones llegaban de Cochabamba y tenían que vender sus productos aquí mismo" en las barricadas, dijo Mamanu, un líder de la comunidad. "Vendían los pollos a 4 bolivianos el kilo", o unos 50 centavos de dólar. "Tenían cerdos vivos y no podían alimentarlos, así que los tuvieron que vender". Pequeños blancos lechones que descienden de los cerdos de las barricadas todavía nacen en el área del 23 de Marzo, agregó.
Varios cientos de mineros de Oruro se unieron a las barricadas locales. Los vecinos extendieron su hospitalidad ocupando una escuela para alojarlos.
El activismo de El Alto obedece a menudo a tradiciones nacidas en las aldeas indias en el altiplano y en los apagados pueblos mineros de los Andes, donde hombres morenos sacaron en el pasado una fortuna en estaño de las montañas.
La migración de ambas áreas transformaron los antaño somnolientos suburbios de La Paz en la tercera ciudad de Bolivia. Los residentes trabajan normalmente como vendedores callejeros, obreros de la construcción o empleados de bajos salarios en el sector de servicios de la capital, y muchos retornan frecuentemente a áreas rurales.
"Hay mucha gente que va y viene entre el campo y la ciudad para la cosecha y la siembra", dijo Wilson Soria, ex sacerdote y actual miembro del ayuntamiento. Entre esos residentes, los hábitos y creencias rurales son fuertes.
"Cada vez que hay un desastre, la gente cree que es por alguna razón, que algún desliz moral de ellos lo ha causado", dijo Soria. Quizás han estado bebiendo demasiado, o no han ido a la iglesia. Rezan al Apóstol Santiago, que creen que ofrece protección contra los rayos. Cada 25 de julio, los barrios sureños de El Alto se llenan de gente celebrando el festival en honor del apóstol.
Y cada semana, 560 centros vecinales locales se reúnen a discutir los trabajos que se necesita hacer en sus comunidades. Los centros son el equivalente urbano de la tradicional comuna aymara y quechua. Todas las decisiones se toman a brazo alzado. Las opiniones de los viejos tienen un peso adicional.
En esas reuniones "se lleva la lógica de la comunidad agraria al mundo urbano", dijo Álvaro García Linera, un politólogo que ha estudiado el activismo indio.
"Ellos dicen: Tenemos que arreglar las calles porque el agua se llevó todo'", dijo García Linera. "Tenemos que construir una cancha de fútbol para los jóvenes'. Todo se hace con trabajo comunal, la convivencia comunal y las reuniones comunales".
Las escuelas y cafés de El Alto, y sus centros comunitarios urbanos, son los lugares donde ha estado creciendo una nueva ideología de orgullo indígena, gracias en gran parte a escritores aimara como Fausto Reinaga, cuyo libro de 1970, La revolución india' se ha transformado para esta generación de activistas lo que la Autobiografía de Malcolm X' para una generación de afro-americanos.
"Yo soy indio. Un indio que piensa, que tiene ideas", escribió Reinaga. "Antes estaba sola, ahora soy millones... Echaré abajo la infame muralla del silencio organizado' que el sometimiento indígena de Bolivia ha construido en torno a mí".
Reinaga, que murió en 1994, profetizó que su trabajo provocaría una revolución violenta en Bolivia. El país "llorará de dolor y derramará sangre gracias a mis palabras", escribió.
Uno de los que leyó a Reinaga de joven fue De la Cruz. La semana pasada apareció en la televisión boliviana, refiriéndose a los vecinos de la comunidad como "nuestras tropas".
"Cuando lees La revolución india', el impacto es enorme", dijo De la Cruz en una entrevista. "Si quieres liberar a tu raza, tienes que poner en práctica sus argumentos".
De la Cruz nació en el distrito rural de Omasuyos, de la provincia de La Paz, un área que es ahora un semillero de militancia rural. Llegó a la capital como un adolescente huérfano, y más tarde se alistó en el ejército y asistió brevemente a un instituto local.
En 2003, De la Cruz fue detenido y encarcelado por varios meses bajo cargos de que había dirigido a un grupo de activistas que incendiaron el ayuntamiento de El Alto. Ahora tiene una oficina en el mismo edificio: Fue elegido al ayuntamiento este año.
El alcalde José Luis Paredes, que era el blanco del ataque debido a un plan de subir los impuestos, ha trasladado su despacho a otro edificio."Creo que es más difícil ser alcalde de El Alto que ser presidente de la república", dijo Paredes.
Hizo una lista de problemas: Uno es que los vecinos de El Alto no tienen certificado de nacimiento. Más de un tercio de los hogares no son están inscritos. Y todas las semanas parece haber una nueva protesta del vecindario -contra el desalojo de una familia, quizás, o a favor de una nueva escuela.
Una protesta en toda la ciudad este año en El Alto forzó al gobierno a absorber la empresa de agua potable local de propiedad francesa, Aguas de Illimani, después de que los vecinos acusaran a la compañía de no cumplir sus promesas de extender sus servicios.
"Ahora tendré que aprender a dirigir una compañía de agua", dijo Paredes, irónicamente.
Pero las últimas propuestas se han centrado menos en asuntos locales y más en macroeconomía.
Durante los años noventa, el gobierno de Bolivia aplicó la privatización como un modo de atraer la inversión extranjera que se necesitaba urgentemente. Pero en los últimos años, a medida que la economía boliviana lucha por crear nuevos empleos, esos contratos extranjeros se transformaron en un blanco de críticas de parte de un creciente movimiento de líderes rurales, indios y sindicales.
Muchos vecinos de El Alto han acusado a las políticas económicas neo-liberales -el capitalismo de libre mercado propugnado por Estados Unidos y otros- y a las corporaciones transnacionales de la pobreza que les ha obligado a abandonar sus hogares y emigrar a la ciudad a trabajar en servicios.
Mamani, uno de 9 hermanos de una familia minera de la región de Oruro, se mudó a El Alto con sus padres hace 20 años cuando era un adolescente.
"Ni siquiera tenía una maleta", dijo. Quería ser dentista, pero abandonó los estudios para trabajar en pegas.
La familia vivía cerca del ayuntamiento, y Mamanu se unió al consejo vecinal local, ayudando a dirigir la lucha para obtener agua potable y electricidad.
"Empezamos con la pavimentación de las calles", dijo. "Luego conseguimos grifos de agua".
Otros vecinos de El Alto observaron sus dotes como orador y organizador. Ahora es presidente de uno de los grupos cívicos más poderosos de Bolivia.
El sábado, Mamani respondió a un llamado en su despacho, en su escritorio, junto a un busto del revolucionario argentino cubano Ernesto Che' Guevara.
Era el nuevo presidente de Bolivia, pidiéndole un encuentro.
17 de junio de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
El Alto, Bolivia. Este metrópolis india en el altiplano boliviano exporta dos cosas a la ciudad capital en el rocoso valle abajo: mano de obra barata y revolución social.La mayoría de las mañanas las calles del centro de El Alto se llenan de hombres y niños con ropas modernas y mujeres con sombreros hongos y amplios vestidos de algodón de la gente aimara. Pasan frente a chatas torres de oficinas, cafés informáticos y mercadillos, y se apretujan en minibuses para el corto trayecto diario a La Paz.
Otros días, en los bordes de El Alto, en vecindarios donde los niños juegan en pozas de agua llenas de lodo y las patatas crecen entre casas de ladrillos de adobe, la gente se reúne a debatir dónde construir sus barricadas y fogatas. En pocas horas habrán aislado a La Paz.
El Alto es el crisol de la rebelión india de Bolivia, a veces un explosivo, siempre subterráneo reto al centenario orden social de este país andino. La semana pasada, una rebelión india obligó al presidente Carlos Mesa a renunciar y ha impedido que dos posibles sucesores asumieran el cargo. Justo 20 meses antes, el predecesor de Mesa fue derrocado de una manera similar.
"Triunfaremos porque el pueblo de El Alto lo quiere, porque Bolivia quiere", dijo a 400 activistas Abel Mamani, líder de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, en una reunión la semana pasada. "La gente de El Alto empezó esta movilización, y no pueden bajar la guardia".
Mamani, 36, un enjuto hijo de la región minera de Bolivia, es uno de los miembros más prominentes de una nueva generación de líderes aimara y quechua. Están al frente de varios movimientos sociales de activistas anti-globalización exigiendo cambiar, entre otras cosas, cómo distribuir la riqueza del petróleo boliviano.
El domingo el nuevo presidente Eduardo Rodríguez realizó su primer encuentro con el público, y visitó El Alto y se reunió en persona con Mamani. Rodríguez, que dirige el país interinamente, estaba ansioso de recuperar el orden en el país sacudido por semanas de protestas. Se levantaron las barricadas, incluyendo la que bloqueaba la planta de distribución de combustibles que abastece a La Paz.
Sin embargo, nadie puede decir que las barricadas no volverán.
"No hemos obtenido lo que queremos", dijo a periodistas Roberto de la Cruz, uno de los activistas aimara más ruidosos de aquí.
Además de la nacionalización de la industria del petróleo, los activistas indios como De la Cruz, exigen una asamblea constitucional que "restablezca el estado boliviano" y otorgar más poder a los aimara, quechua y otros grupos indígenas que constituyen la mayoría de los casi 9 millones de habitantes de Bolivia.
En los últimos años El Alto se ha transformado en un punto central de la política boliviana, en gran medida porque la metrópolis de 800.000 habitantes es donde ciudad y país se encuentran y fusionan. Los activistas más conocidos de El Alto, como el carismático De la Cruz, son hombres y mujeres con raíces rurales. Crecieron en las escuelas, institutos y centros vecinales de El Alto.
Gracias a un accidente de la geografía, la carreteras más importantes que unen a La Paz con el interior de Bolivia, pasan por los miserables y densamente poblados vecindarios de El Alto.
"Esta es la puerta de La Paz", dijo Germán Mamami Angulo, residente del Distrito 8 de El Alto, en la parte sur de la ciudad. Estaba parado en un tramo asfaltado que lleva a las abiertas praderas de hierba. "Si cerramos la puerta, no pasa nadie".
El trayecto de La Paz a las ciudades de Oruro y Cochabamba toma varias horas, y la carretera pasa por un vecindario llamado 23 de Marzo. Como muchas comunidades de El Alto, sus calles son de tierra y no hay agua potable ni alcantarillado. La policía escasa y un muñeco a la entrada de la comunidad advierte a los ladrones que serán linchados.
"Nuestras exigencias son cosas básicas", dijo Mamani Angulo, que no es familiar de Abel Mamani. Los vecinos de El Alto queremos que el ayuntamiento recoja la basura y construya acercas, dice.
A unos pasos de la carretera La Paz-Oruro-Cochabamba, una familia obtiene su agua potable de un sistema de captación. Cuando llueve, el agua cae sobre el tejado de hojalata de su casa en grandes toneles.
Cuando no llueve, los residentes dependen de un camión cisterna que vende agua. "Es el no tener agua lo que aquí más indigna a la gente", dijo Mamani Angulo.Cuando los residentes de El Alto se cansen de la pobreza y la sed, pueden bloquear los caminos para hacer miserable la vida de los vecinos de La Paz.
En octubre de 2003, cuando las protestas contra el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada alcanzaron su clímax, camiones desde el interior fueron parados con barricadas en el barrio 23 de Marzo durante semanas y no pudieron entregar sus mercaderías en la capital.
"Los camiones llegaban de Cochabamba y tenían que vender sus productos aquí mismo" en las barricadas, dijo Mamanu, un líder de la comunidad. "Vendían los pollos a 4 bolivianos el kilo", o unos 50 centavos de dólar. "Tenían cerdos vivos y no podían alimentarlos, así que los tuvieron que vender". Pequeños blancos lechones que descienden de los cerdos de las barricadas todavía nacen en el área del 23 de Marzo, agregó.
Varios cientos de mineros de Oruro se unieron a las barricadas locales. Los vecinos extendieron su hospitalidad ocupando una escuela para alojarlos.
El activismo de El Alto obedece a menudo a tradiciones nacidas en las aldeas indias en el altiplano y en los apagados pueblos mineros de los Andes, donde hombres morenos sacaron en el pasado una fortuna en estaño de las montañas.
La migración de ambas áreas transformaron los antaño somnolientos suburbios de La Paz en la tercera ciudad de Bolivia. Los residentes trabajan normalmente como vendedores callejeros, obreros de la construcción o empleados de bajos salarios en el sector de servicios de la capital, y muchos retornan frecuentemente a áreas rurales.
"Hay mucha gente que va y viene entre el campo y la ciudad para la cosecha y la siembra", dijo Wilson Soria, ex sacerdote y actual miembro del ayuntamiento. Entre esos residentes, los hábitos y creencias rurales son fuertes.
"Cada vez que hay un desastre, la gente cree que es por alguna razón, que algún desliz moral de ellos lo ha causado", dijo Soria. Quizás han estado bebiendo demasiado, o no han ido a la iglesia. Rezan al Apóstol Santiago, que creen que ofrece protección contra los rayos. Cada 25 de julio, los barrios sureños de El Alto se llenan de gente celebrando el festival en honor del apóstol.
Y cada semana, 560 centros vecinales locales se reúnen a discutir los trabajos que se necesita hacer en sus comunidades. Los centros son el equivalente urbano de la tradicional comuna aymara y quechua. Todas las decisiones se toman a brazo alzado. Las opiniones de los viejos tienen un peso adicional.
En esas reuniones "se lleva la lógica de la comunidad agraria al mundo urbano", dijo Álvaro García Linera, un politólogo que ha estudiado el activismo indio.
"Ellos dicen: Tenemos que arreglar las calles porque el agua se llevó todo'", dijo García Linera. "Tenemos que construir una cancha de fútbol para los jóvenes'. Todo se hace con trabajo comunal, la convivencia comunal y las reuniones comunales".
Las escuelas y cafés de El Alto, y sus centros comunitarios urbanos, son los lugares donde ha estado creciendo una nueva ideología de orgullo indígena, gracias en gran parte a escritores aimara como Fausto Reinaga, cuyo libro de 1970, La revolución india' se ha transformado para esta generación de activistas lo que la Autobiografía de Malcolm X' para una generación de afro-americanos.
"Yo soy indio. Un indio que piensa, que tiene ideas", escribió Reinaga. "Antes estaba sola, ahora soy millones... Echaré abajo la infame muralla del silencio organizado' que el sometimiento indígena de Bolivia ha construido en torno a mí".
Reinaga, que murió en 1994, profetizó que su trabajo provocaría una revolución violenta en Bolivia. El país "llorará de dolor y derramará sangre gracias a mis palabras", escribió.
Uno de los que leyó a Reinaga de joven fue De la Cruz. La semana pasada apareció en la televisión boliviana, refiriéndose a los vecinos de la comunidad como "nuestras tropas".
"Cuando lees La revolución india', el impacto es enorme", dijo De la Cruz en una entrevista. "Si quieres liberar a tu raza, tienes que poner en práctica sus argumentos".
De la Cruz nació en el distrito rural de Omasuyos, de la provincia de La Paz, un área que es ahora un semillero de militancia rural. Llegó a la capital como un adolescente huérfano, y más tarde se alistó en el ejército y asistió brevemente a un instituto local.
En 2003, De la Cruz fue detenido y encarcelado por varios meses bajo cargos de que había dirigido a un grupo de activistas que incendiaron el ayuntamiento de El Alto. Ahora tiene una oficina en el mismo edificio: Fue elegido al ayuntamiento este año.
El alcalde José Luis Paredes, que era el blanco del ataque debido a un plan de subir los impuestos, ha trasladado su despacho a otro edificio."Creo que es más difícil ser alcalde de El Alto que ser presidente de la república", dijo Paredes.
Hizo una lista de problemas: Uno es que los vecinos de El Alto no tienen certificado de nacimiento. Más de un tercio de los hogares no son están inscritos. Y todas las semanas parece haber una nueva protesta del vecindario -contra el desalojo de una familia, quizás, o a favor de una nueva escuela.
Una protesta en toda la ciudad este año en El Alto forzó al gobierno a absorber la empresa de agua potable local de propiedad francesa, Aguas de Illimani, después de que los vecinos acusaran a la compañía de no cumplir sus promesas de extender sus servicios.
"Ahora tendré que aprender a dirigir una compañía de agua", dijo Paredes, irónicamente.
Pero las últimas propuestas se han centrado menos en asuntos locales y más en macroeconomía.
Durante los años noventa, el gobierno de Bolivia aplicó la privatización como un modo de atraer la inversión extranjera que se necesitaba urgentemente. Pero en los últimos años, a medida que la economía boliviana lucha por crear nuevos empleos, esos contratos extranjeros se transformaron en un blanco de críticas de parte de un creciente movimiento de líderes rurales, indios y sindicales.
Muchos vecinos de El Alto han acusado a las políticas económicas neo-liberales -el capitalismo de libre mercado propugnado por Estados Unidos y otros- y a las corporaciones transnacionales de la pobreza que les ha obligado a abandonar sus hogares y emigrar a la ciudad a trabajar en servicios.
Mamani, uno de 9 hermanos de una familia minera de la región de Oruro, se mudó a El Alto con sus padres hace 20 años cuando era un adolescente.
"Ni siquiera tenía una maleta", dijo. Quería ser dentista, pero abandonó los estudios para trabajar en pegas.
La familia vivía cerca del ayuntamiento, y Mamanu se unió al consejo vecinal local, ayudando a dirigir la lucha para obtener agua potable y electricidad.
"Empezamos con la pavimentación de las calles", dijo. "Luego conseguimos grifos de agua".
Otros vecinos de El Alto observaron sus dotes como orador y organizador. Ahora es presidente de uno de los grupos cívicos más poderosos de Bolivia.
El sábado, Mamani respondió a un llamado en su despacho, en su escritorio, junto a un busto del revolucionario argentino cubano Ernesto Che' Guevara.
Era el nuevo presidente de Bolivia, pidiéndole un encuentro.
17 de junio de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
criminales sin amnistía
[Héctor Tobar] Para culpables de guerra sucia. La resolución abre nuevas vías a la fiscalía para procesar a oficiales implicados en brutal campaña contra los disidentes.
Buenos Aires, Argentina. La Corte Suprema de Argentina ha anulado el martes dos leyes de amnistía que habían impedido el procesamiento de cientos de oficiales militares, soldados y policías implicados en la "guerra sucia" de este país, en la que fueron asesinadas miles de personas.
La resolución permite la reactivación de cientos de procesos y pleitos civiles que habían sido desechados hace casi dos décadas, dijeron juristas y funcionarios de gobierno. Fuentes del gobierno y activistas de derechos humanos dijeron que las nuevas acusaciones mencionan a unos 300 acusados -la mayoría de ellos militares y agentes de policía jubilados- que podrían ser procesados en las próximas semanas.
En una decisión de 7 votos contra 1, el alto tribunal declaró inconstitucionales dos leyes que permitían a eludir el juicio a todos excepto un puñado de los acusados por el asesinato o "desaparición" de entre 10.000 a 30.000 personas.
El presidente Néstor Kirchner, que ayudó a hacer posible la resolución remplazando hace poco a varios miembros de la Corte Suprema, dijo que los jueces "han dado a nuestro país una resolución que renueva nuestra fe en el sistema judicial".
"Han declarado inconstitucionales leyes que nos llenaban de vergüenza", dijo Kirchner durante una reciente visita a Córdoba.
Hasta hace poco, la corte había estado dominada por aliados del ex presidente Carlos Menem, que había cedido antes presiones militares para preservar las leyes de amnistía. A fines de los años ochenta, oficiales argentinos se amotinaron en dos ocasiones para paralizar los intentos de procesarlos por sus crímenes. La mayoría de los oficiales que supervisaron las operaciones de la guerra sucia son ahora jubilados.
Horas antes de darse a conocer la resolución, el ministro de Defensa José Pampuro dijo a periodistas que algunos de los actuales miembros de las fuerzas armadas se mostraban aprehensivos sobre la posibilidad de ser procesados. "Por supuesto hay preocupación, pero sólo entre unos pocos y no afecta a todos los miembros de las fuerzas armadas", dijo.
Después de anunciada la resolución el general de las fuerzas armadas, Roberto Bendini, dio la bienvenida a la decisión. "Los acusados serán procesados y encontrados culpables o no culpables", dijo.
Aunque muchos de los oficiales importantes de la junta gobernante entonces fueron procesados y condenados a mediados de los ochenta antes de que fueran aprobadas las leyes de amnistía, ahora algunos se enfrentan a nuevas acusaciones presentadas hace algunos años, a medida que los dos lados esperaban la resolución de la Corte Suprema sobre si la legislación era válida.
Antiguos miembros de la junta, como el almirante Emilio Massera y el general Jorge Videla, podrían ser sometidos a nuevos juicios, junto con oficiales de nivel medio, como el capitán de la Marina Alfredo Astiz, conocido aquí como el Ángel Rubio de la Muerte'. Está acusado del secuestro de varios miembros de un grupo de madres que exigían al gobierno que revelara el destino de sus familiares desaparecidos.
Grupos de derechos humanos aplaudieron la decisión del martes.
"Los crímenes de la guerra sucia son demasiado serios como para recibir amnistía y ser olvidados", dijo José Miguel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch. "La era de los acuerdos amorosos con los militares, firmados a punta de pistola por los líderes demócratas, ha terminado".
Nadie sabe con seguridad cuánto gente fue asesinada en la guerra sucia argentina contra militantes de izquierdas, disidentes, intelectuales y testigos en los años posteriores al golpe militar de 1976.
Estela Carlotto, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo con hijos y nietos que fueron desaparecidos o secuestrados y que nunca más se volvió a ver, dijo que el veredicto era la culminación de una larga lucha que empezó durante la dictadura de siete años, cuando un pequeño grupo de padres marcharon en el centro de Buenos Aires, exigiendo saber el destino de sus familiares.
"Las leyes crearon una impunidad que nos ha afligido durante años", dijo Carlotto. "Hemos tenido que vivir con esos ladrones y asesinos que caminaban libremente entre nosotros".
Varios miembros de la Madres de Plaza de Mayo, llevando el pañuelo de cabeza blanco que se transformó en un símbolo de su lucha por encontrar a sus familiares, se abrazaron y lloraron frente a la Corte Suprema. Varios se acercaron a funcionarios de la corte, diciendo que querían expresar sus gracias personalmente a los jueces.
La resolución del martes fue tomada en relación con el caso de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, un matrimonio de activistas que desaparecieron de Buenos Aires en noviembre de 1978, junto con su hija de ocho meses, Claudia. El caso fue en muchos modos típico de las crueldades y absurdos de la guerra sucia. Poblete y Hlaczik eran miembros de un grupo "cristiano de liberación". Poblete era inválido.
Junto con su hijita, fueron colocados bajo custodia de un grupo de oficiales de la policía provincial de Buenos Aires, de acuerdo al grupo de derechos humanos Nunca Más.
Testigos dijeron que la pareja fue brutalmente torturada antes de ser asesinados. Sus cuerpos no se encontraron nunca. La silla de ruedas de Poblete fue dejada en el estacionamiento de la policía, de acuerdo a testigos citados por Nunca Más.
Los agentes de policía jubilados Julio Simón y Cerefino Landa fueron más tarde acusados de la desaparición de la pareja. En 1990, activistas de derechos humanos encontraron a Claudia viviendo con Landa y su esposa, que durante 22 años la crió como si fuera su hija.
Al descubrir su verdadera identidad, Claudia Poblete renunció a su familia adoptiva y decidió vivir con su abuela materna.
Pero el proceso de los agentes de policía fue impedido por las leyes de amnistía. En 2001, el juez federal Gabriel Cavallo reabrió el caso, diciendo que las leyes de amnistía eran inconstitucionales y violaban los compromisos de Argentina bajo tratados internacionales de derechos humanos. La decisión de Cavallo fue mantenida por la decisión del martes.
"Antes de la resolución, en Argentina era posible ser procesado por cualquier delito -excepto los peores", dijo Horacio Verbitsky del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. "Esto pone fin a la era de la manipulación política del sistema judicial".
De acuerdo al grupo de Verbitsky, que entabló el juicio a nombre de Claudia Poblete, se reabrirán de inmediato unos 30 casos que implican a 150 acusados.
La junta militar argentina mantuvo decenas de campos de concentración y centros de tortura. Algunas incluían maternidades donde nacían los bebés de detenidas embarazada, que eran dados a oficiales militares en adopciones secretas.
Miles de personas fueron ejecutadas en secreto, sin juicio, incluyendo a prisioneros drogados que fueron arrojados desde aviones en el cercano Río de la Plata y el Océano Atlántico.
El gobierno del presidente Raúl Alfonsín de 1983-1989 procesó por violaciones de derechos humanos a un puñado de generales y almirantes en los meses inmediatamente posteriores al restablecimiento de la democracia en 1983, incluyendo a Videla y Massera. Pero el movimiento para llevar a la justicia a los responsables de los crímenes de la dictadura topó pronto con obstáculos, incluyendo la resistencia violenta de algunos militares.
El Congreso argentino aprobó lo que era el equivalente de una amnistía para los militares cuando aprobó las dos leyes. La Ley de Punto Final de 1986 estableció un plazo de 60 días para nuevos procesos por derechos humanos. La Ley de Debida Obediencia de 1987 exculpó a todos excepto un puñado de militares.
Desde entonces, la mayoría de los juicios contra oficiales del ejército, la marina y la aviación acusados de dirigir la guerra sucia han tenido lugar en tribunales europeos, donde los jueces han tratado de obtener la extradición de hombres acusados del asesinato de nacionales europeos. Pero aquí la influencia militar ha disminuido dramáticamente en los últimos años.
Poco después de asumir el cargo en 2003, Kirchner dirigió una purga de los principales oficiales militares. Más tarde hizo retirar los retratos de Videla y otros oficiales de la dictadura de la más importante academia militar de Argentina.
En marzo de 2004, el gobierno de Kirchner ocupó el campus de la Escuela de Mecánica de la Armada, que sirvió como el más notorio campo de concentración de la dictadura. Kirchner anunció que sería transformado en un museo en memoria de los muertos y desaparecidos.
"He venido a pedir perdón, en nombre del estado, por la vergüenza de haber guardado silencio durante 20 años de democracia sobre tantas atrocidades", dijo Kirchner a una muchedumbre de miles de personas que se reunieron frente al centro.
Durante el gobierno de Kirchner, cuatro jueces de la Corte Suprema fueron impugnados u obligados a renunciar bajo amenaza de impugnación. Los cuatro jueces nombrados por Kirchner votaron el martes a favor de anular la amnistía.
15 de junio de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. La Corte Suprema de Argentina ha anulado el martes dos leyes de amnistía que habían impedido el procesamiento de cientos de oficiales militares, soldados y policías implicados en la "guerra sucia" de este país, en la que fueron asesinadas miles de personas.La resolución permite la reactivación de cientos de procesos y pleitos civiles que habían sido desechados hace casi dos décadas, dijeron juristas y funcionarios de gobierno. Fuentes del gobierno y activistas de derechos humanos dijeron que las nuevas acusaciones mencionan a unos 300 acusados -la mayoría de ellos militares y agentes de policía jubilados- que podrían ser procesados en las próximas semanas.
En una decisión de 7 votos contra 1, el alto tribunal declaró inconstitucionales dos leyes que permitían a eludir el juicio a todos excepto un puñado de los acusados por el asesinato o "desaparición" de entre 10.000 a 30.000 personas.
El presidente Néstor Kirchner, que ayudó a hacer posible la resolución remplazando hace poco a varios miembros de la Corte Suprema, dijo que los jueces "han dado a nuestro país una resolución que renueva nuestra fe en el sistema judicial".
"Han declarado inconstitucionales leyes que nos llenaban de vergüenza", dijo Kirchner durante una reciente visita a Córdoba.
Hasta hace poco, la corte había estado dominada por aliados del ex presidente Carlos Menem, que había cedido antes presiones militares para preservar las leyes de amnistía. A fines de los años ochenta, oficiales argentinos se amotinaron en dos ocasiones para paralizar los intentos de procesarlos por sus crímenes. La mayoría de los oficiales que supervisaron las operaciones de la guerra sucia son ahora jubilados.
Horas antes de darse a conocer la resolución, el ministro de Defensa José Pampuro dijo a periodistas que algunos de los actuales miembros de las fuerzas armadas se mostraban aprehensivos sobre la posibilidad de ser procesados. "Por supuesto hay preocupación, pero sólo entre unos pocos y no afecta a todos los miembros de las fuerzas armadas", dijo.
Después de anunciada la resolución el general de las fuerzas armadas, Roberto Bendini, dio la bienvenida a la decisión. "Los acusados serán procesados y encontrados culpables o no culpables", dijo.
Aunque muchos de los oficiales importantes de la junta gobernante entonces fueron procesados y condenados a mediados de los ochenta antes de que fueran aprobadas las leyes de amnistía, ahora algunos se enfrentan a nuevas acusaciones presentadas hace algunos años, a medida que los dos lados esperaban la resolución de la Corte Suprema sobre si la legislación era válida.
Antiguos miembros de la junta, como el almirante Emilio Massera y el general Jorge Videla, podrían ser sometidos a nuevos juicios, junto con oficiales de nivel medio, como el capitán de la Marina Alfredo Astiz, conocido aquí como el Ángel Rubio de la Muerte'. Está acusado del secuestro de varios miembros de un grupo de madres que exigían al gobierno que revelara el destino de sus familiares desaparecidos.
Grupos de derechos humanos aplaudieron la decisión del martes.
"Los crímenes de la guerra sucia son demasiado serios como para recibir amnistía y ser olvidados", dijo José Miguel Vivanco, director de la división Américas de Human Rights Watch. "La era de los acuerdos amorosos con los militares, firmados a punta de pistola por los líderes demócratas, ha terminado".
Nadie sabe con seguridad cuánto gente fue asesinada en la guerra sucia argentina contra militantes de izquierdas, disidentes, intelectuales y testigos en los años posteriores al golpe militar de 1976.
Estela Carlotto, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo con hijos y nietos que fueron desaparecidos o secuestrados y que nunca más se volvió a ver, dijo que el veredicto era la culminación de una larga lucha que empezó durante la dictadura de siete años, cuando un pequeño grupo de padres marcharon en el centro de Buenos Aires, exigiendo saber el destino de sus familiares.
"Las leyes crearon una impunidad que nos ha afligido durante años", dijo Carlotto. "Hemos tenido que vivir con esos ladrones y asesinos que caminaban libremente entre nosotros".
Varios miembros de la Madres de Plaza de Mayo, llevando el pañuelo de cabeza blanco que se transformó en un símbolo de su lucha por encontrar a sus familiares, se abrazaron y lloraron frente a la Corte Suprema. Varios se acercaron a funcionarios de la corte, diciendo que querían expresar sus gracias personalmente a los jueces.
La resolución del martes fue tomada en relación con el caso de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, un matrimonio de activistas que desaparecieron de Buenos Aires en noviembre de 1978, junto con su hija de ocho meses, Claudia. El caso fue en muchos modos típico de las crueldades y absurdos de la guerra sucia. Poblete y Hlaczik eran miembros de un grupo "cristiano de liberación". Poblete era inválido.
Junto con su hijita, fueron colocados bajo custodia de un grupo de oficiales de la policía provincial de Buenos Aires, de acuerdo al grupo de derechos humanos Nunca Más.
Testigos dijeron que la pareja fue brutalmente torturada antes de ser asesinados. Sus cuerpos no se encontraron nunca. La silla de ruedas de Poblete fue dejada en el estacionamiento de la policía, de acuerdo a testigos citados por Nunca Más.
Los agentes de policía jubilados Julio Simón y Cerefino Landa fueron más tarde acusados de la desaparición de la pareja. En 1990, activistas de derechos humanos encontraron a Claudia viviendo con Landa y su esposa, que durante 22 años la crió como si fuera su hija.
Al descubrir su verdadera identidad, Claudia Poblete renunció a su familia adoptiva y decidió vivir con su abuela materna.
Pero el proceso de los agentes de policía fue impedido por las leyes de amnistía. En 2001, el juez federal Gabriel Cavallo reabrió el caso, diciendo que las leyes de amnistía eran inconstitucionales y violaban los compromisos de Argentina bajo tratados internacionales de derechos humanos. La decisión de Cavallo fue mantenida por la decisión del martes.
"Antes de la resolución, en Argentina era posible ser procesado por cualquier delito -excepto los peores", dijo Horacio Verbitsky del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. "Esto pone fin a la era de la manipulación política del sistema judicial".
De acuerdo al grupo de Verbitsky, que entabló el juicio a nombre de Claudia Poblete, se reabrirán de inmediato unos 30 casos que implican a 150 acusados.
La junta militar argentina mantuvo decenas de campos de concentración y centros de tortura. Algunas incluían maternidades donde nacían los bebés de detenidas embarazada, que eran dados a oficiales militares en adopciones secretas.
Miles de personas fueron ejecutadas en secreto, sin juicio, incluyendo a prisioneros drogados que fueron arrojados desde aviones en el cercano Río de la Plata y el Océano Atlántico.
El gobierno del presidente Raúl Alfonsín de 1983-1989 procesó por violaciones de derechos humanos a un puñado de generales y almirantes en los meses inmediatamente posteriores al restablecimiento de la democracia en 1983, incluyendo a Videla y Massera. Pero el movimiento para llevar a la justicia a los responsables de los crímenes de la dictadura topó pronto con obstáculos, incluyendo la resistencia violenta de algunos militares.
El Congreso argentino aprobó lo que era el equivalente de una amnistía para los militares cuando aprobó las dos leyes. La Ley de Punto Final de 1986 estableció un plazo de 60 días para nuevos procesos por derechos humanos. La Ley de Debida Obediencia de 1987 exculpó a todos excepto un puñado de militares.
Desde entonces, la mayoría de los juicios contra oficiales del ejército, la marina y la aviación acusados de dirigir la guerra sucia han tenido lugar en tribunales europeos, donde los jueces han tratado de obtener la extradición de hombres acusados del asesinato de nacionales europeos. Pero aquí la influencia militar ha disminuido dramáticamente en los últimos años.
Poco después de asumir el cargo en 2003, Kirchner dirigió una purga de los principales oficiales militares. Más tarde hizo retirar los retratos de Videla y otros oficiales de la dictadura de la más importante academia militar de Argentina.
En marzo de 2004, el gobierno de Kirchner ocupó el campus de la Escuela de Mecánica de la Armada, que sirvió como el más notorio campo de concentración de la dictadura. Kirchner anunció que sería transformado en un museo en memoria de los muertos y desaparecidos.
"He venido a pedir perdón, en nombre del estado, por la vergüenza de haber guardado silencio durante 20 años de democracia sobre tantas atrocidades", dijo Kirchner a una muchedumbre de miles de personas que se reunieron frente al centro.
Durante el gobierno de Kirchner, cuatro jueces de la Corte Suprema fueron impugnados u obligados a renunciar bajo amenaza de impugnación. Los cuatro jueces nombrados por Kirchner votaron el martes a favor de anular la amnistía.
15 de junio de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
bolivia sin presidente
[Bill Cormier] Bolivia sin gobierno en medio de disturbios.
Bogotá, Bolivia. Después de semanas de protestas cada vez más violentas que han ahogado la economía y paralizado el proceso político, el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, renunció la noche pasada en un intento de resolver la crisis nacional sobre cómo dividir la riqueza que genera el gas natural del país.
"Hemos llegado a un punto en que nadie está dispuesto a oír a los otros", dijo Mesa, 51, en un discurso emitido por el canal de televisión boliviano Bolivisión. "Es por eso que ofrezco mi renuncia, para no ser un obstáculo".
Su renuncia se produjo el día en que decenas de miles de activistas indígenas, mineros y miembros de sindicatos obreros obstruyeron las calles del centro de La Paz en la más grande manifestación hasta el momento. En los últimos días la policía ha respondido a las piedras de los manifestantes con gas lacrimógeno y barricadas.
Mesa trató de renunciar hace tres meses a raíz de las protestas contra su política de hidrocarburos, pero el Congreso la rechazó, prestando a Mesa un crucial apoyo después de que dijera que el país se estaba convirtiendo en ingobernable. Mesa contaba con la inversión extranjera para explotar los 28.7 trillones de metros cúbicos de gas natural de Bolivia, las segundas reservas más grande de América Latina después de Venezuela, para impulsar el crecimiento económico y crear empleo.
Esta vez, sin embargo, analistas dijeron que legisladores frustrados por la incapacidad de Mesa en persuadir a las fuerzas populares de izquierda de aceptar una ley para aumentar los impuestos al gas probablemente aceptarán su renuncia con la esperanza de que un líder de transición sea capaz de reconciliar a las polarizadas fuerzas políticas del país.
"¿Es una renuncia seria? Parece que sí, aunque no es irrevocable", dijo Eduardo Gamarra, especialista en Bolivia en la Universidad Internacional de Florida, entrevistado por teléfono la noche pasada.
La partida de Mesa, un político independiente que ha sido atacado por todos lados, crearía un vacío, dijo Gamarra, que "en el peor de los casos podría conducir a una guerra civil, con todo tipo de graves tintes raciales. Muy posiblemente, en el mejor de los casos, nos enfrentamos a seis meses de seria incertidumbre y trastornos políticos. La situación es muy grave". No quedó claro cuando se reunirán los diputados para aceptar o rechazar su renuncia. Si se le permite renunciar, será remplazado por el presidente del Senado.
Roberto Laserna, un analista político de la ciudad de Cochabamba, en el altiplano central, dijo por teléfono ayer noche que la renuncia de Mesa era "egoísta, y puede agravar la crisis", agregando que el presidente debería haber esperado los esfuerzos de los obispos católicos para resolver la crisis por medio de la reconciliación.
Ayer más de 500 manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando trataron de avanzar hacia la sede del poder de Mesa en el palacio de gobierno, y la policía anti-disturbios también dispersó a una turba de miles de personas en otra plaza del centro de la ciudad. No se informó de heridos, pero la policía detuvo a 22 personas, entre ellas manifestantes acusados de portar cartuchos de dinamita, de acuerdo a la estación de televisión estatal, Canal 17.
7 de junio de 2005
©boston globe
©traducción mQh
Bogotá, Bolivia. Después de semanas de protestas cada vez más violentas que han ahogado la economía y paralizado el proceso político, el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, renunció la noche pasada en un intento de resolver la crisis nacional sobre cómo dividir la riqueza que genera el gas natural del país. "Hemos llegado a un punto en que nadie está dispuesto a oír a los otros", dijo Mesa, 51, en un discurso emitido por el canal de televisión boliviano Bolivisión. "Es por eso que ofrezco mi renuncia, para no ser un obstáculo".
Su renuncia se produjo el día en que decenas de miles de activistas indígenas, mineros y miembros de sindicatos obreros obstruyeron las calles del centro de La Paz en la más grande manifestación hasta el momento. En los últimos días la policía ha respondido a las piedras de los manifestantes con gas lacrimógeno y barricadas.
Mesa trató de renunciar hace tres meses a raíz de las protestas contra su política de hidrocarburos, pero el Congreso la rechazó, prestando a Mesa un crucial apoyo después de que dijera que el país se estaba convirtiendo en ingobernable. Mesa contaba con la inversión extranjera para explotar los 28.7 trillones de metros cúbicos de gas natural de Bolivia, las segundas reservas más grande de América Latina después de Venezuela, para impulsar el crecimiento económico y crear empleo.
Esta vez, sin embargo, analistas dijeron que legisladores frustrados por la incapacidad de Mesa en persuadir a las fuerzas populares de izquierda de aceptar una ley para aumentar los impuestos al gas probablemente aceptarán su renuncia con la esperanza de que un líder de transición sea capaz de reconciliar a las polarizadas fuerzas políticas del país.
"¿Es una renuncia seria? Parece que sí, aunque no es irrevocable", dijo Eduardo Gamarra, especialista en Bolivia en la Universidad Internacional de Florida, entrevistado por teléfono la noche pasada.
La partida de Mesa, un político independiente que ha sido atacado por todos lados, crearía un vacío, dijo Gamarra, que "en el peor de los casos podría conducir a una guerra civil, con todo tipo de graves tintes raciales. Muy posiblemente, en el mejor de los casos, nos enfrentamos a seis meses de seria incertidumbre y trastornos políticos. La situación es muy grave". No quedó claro cuando se reunirán los diputados para aceptar o rechazar su renuncia. Si se le permite renunciar, será remplazado por el presidente del Senado.
Roberto Laserna, un analista político de la ciudad de Cochabamba, en el altiplano central, dijo por teléfono ayer noche que la renuncia de Mesa era "egoísta, y puede agravar la crisis", agregando que el presidente debería haber esperado los esfuerzos de los obispos católicos para resolver la crisis por medio de la reconciliación.
Ayer más de 500 manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando trataron de avanzar hacia la sede del poder de Mesa en el palacio de gobierno, y la policía anti-disturbios también dispersó a una turba de miles de personas en otra plaza del centro de la ciudad. No se informó de heridos, pero la policía detuvo a 22 personas, entre ellas manifestantes acusados de portar cartuchos de dinamita, de acuerdo a la estación de televisión estatal, Canal 17.
7 de junio de 2005
©boston globe
©traducción mQh
peligro en calles de haití
[Ginger Thompson] Nuevo azote de secuestros que aterran a ricos y pobres.
Puerto Príncipe, Haití. Ella es una cajera de banco. Su marido reparte paquetes de correo para DHL.
En un país donde un 70 por ciento de los adultos no tiene trabajo, eso significa que Gehanne y Jacques-Henri Beaulieu tienen una pequeña fortuna.
Se las quitaron el martes.
Cuando la señora Beaulieu llegó al trabajo el martes en la ajetreada Rue des Miracles, a plena luz del día, tres hombres armados de armas largas se introdujeron violentamente en su coche. Al cabo de una hora llamaron por celular a su marido y exigieron 20.000 dólares.
"Si no nos das el dinero", dijo una voz, a la vez amable y fría, "la ejecutaremos". Saqueando sus propias cuentas bancarias, el señor Beaulieu logró reunir 2.700 dólares. Empezó a llamar a sus amigos y parientes, muchos en Estados Unidos, pidiendo dinero desesperadamente.
"Le pedí a todos: Por favor, ayudádme a recuperar a mi esposa'", dijo menos de dos horas después del secuestro, todavía con pánico, después de que amigos de su familia ayudaran a un periodista a tomar contacto con él. "Si la recupero, la voy a enviar fuera de aquí".
"Este país está sin control", dijo. "Nadie está a salvo".
En realidad, más de un año después del inicio de otra transición política plagada de conflictos, es difícil decir quién, si alguien, está a cargo de Haití.
Después de una rebelión armada, meses de violentos enfrentamientos políticos aquí en la capital, y fuertes presiones de Estados Unidos que obligaron al presidente Jean-Bertand Aristide a dejar su cargo en febrero de 2004, el mundo prometió 1.4 billones de dólares de ayuda, y Naciones Unidas envió más de 8.000 tropas de paz para ayudar al endeble gobierno interino a poner orden en el país más pobre del hemisferio occidental.
Pero el caos reina todavía. En las dos últimas semanas, pistoleros dispararon contra la furgoneta de la embajada norteamericana, y el ministerio de Asuntos Exteriores ordenó al personal no indispensable a dejar el país. El cónsul honorario francés, Paul-Henri Mourral, fue matado el martes a balazos en la carretera entre Puerto Príncipe y Cap Haitien.
También el martes pistoleros persiguieron a agentes de policía en un popular mercado y luego lo incendiaron, matando al menos a 10 personas. Y el sábado, siete personas fueron asesinadas y seis casas quemadas cuando la policía devolvió un golpe contra bandas callejeras en Bel-Air, una violenta barriada. No tardó mucho tiempo aquí en las calles para ver que los problemas de Haití eran profundos y extensos. Incluso los partidarios del gobierno interino lo describen como demasiado débil para inspirar confianza y negociar la paz con las dispares facciones políticas del país. Observadores extranjeros dicen que la comunidad internacional ha fracasado en emprender el largo, arduo y peligroso trabajo de reconstruir Haití, casi desde la nada. Muchos haitianos se preguntan abiertamente si hay suficiente dinero y personal en el mundo para hacerlo.
Según informes de diplomáticos y observadores políticos, activistas de derechos humanos y empresarios, este sigue siendo un país en camino a la implosión, con casi todas sus instituciones saqueadas desde dentro por la corrupción. Despiadas turbas han surgido en su lugar, dirigidas por traficantes de drogas, ex oficiales militares, agentes de policía corruptos y matones. Han desencadenado una devastadora ola de asesinatos, robos de autos, atracos a mano armada y violaciones.
Los secuestros son la última plaga.
Como la mayoría de los delitos, los secuestros no son siempre denunciados. Pero autoridades del gobierno interino y diplomáticos extranjeros calculan entre 6 a 12 los secuestros que se producen cada día en esta ciudad. Entre ellos están los casos más publicitados, como los recientes secuestros de un empresario indio y de un contratista ruso de Naciones Unidas. Algunas autoridades dijeron que habían recibido informes de vendedores de verduras que son secuestrados por 30 dólares.
Una abrumadora mayoría de los casos parecen dirigidos contra la clase media y los trabajadores. Temerosos de acudir a la policía, la mayoría de las familias negocia con los secuestradores de propio acuerdo. La familia de la señora Beaulieu negoció durante horas, por celular, con un secuestrador que se hizo llamar "comandante".
Hacia las cuatro de la tarde del martes, sus parientes le dijeron que tenían 4.000 dólares. El comandante dijo que los aceptaba, y dijo a Michel Lapin, 39, cuñado de Beaulieu, que se fuera solo en la noche a entregar el rescate en una casa en Bel-Air.
Cuando Lapin llegó allá, dijo, cuatro hombres le alumbraron con una linterna a los ojos. Uno de ellos le empujó con una pistola en su estómago; otro le arrebató el bolso de las manos y empezó a contar el dinero.
Entonces apareció el comandante. Aparentemente indiferente sobre la posibilidad de que pudiera ser identificado, miró a Lapin a los ojos, le agradeció por el dinero y dijo que la señora Beaulieu sería liberada en unas horas.
Sollozando, fue liberada hacia las 8:30 de la tarde, en una esquina cerca de Bel-Air.
"Nadie está a salvo", dijo Kako Bourjolly, un amigo de la familia. "Esta no es una familia rica. No es una familia política. Son simples haitianos, de vidas sencillas. Pero ahora el peligro está al otro lado de la puerta".
Un informe la semana pasada del Grupo de Crisis Internacional, de Bruselas, responsabilizó de gran parte de la violencia en Haití a los "malhechores", incluyendo a traficantes de drogas, que están bien conectados con el sistema político pero no tiene lealtades reales. En una rueda de prensa el viernes, el primer ministro Gérard Latortue dijo que muchos de los jefes de las bandas que incitan a la violencia son haitianos que han pasado algún tiempo en cárceles norteamericanas.
"Estados Unidos está exportando sus problemas de criminalidad a Haití", dijo Latortue. "Muchos de los delincuentes en Haití han aprendido a delinquir en Estados Unidos y cuando son deportados aquí, traen sus nuevas habilidades con ellos".
Danielle Magloire, portavoz del grupo de gobierno provisional de Haití, el llamado Consejo de Sabios, estuvo de acuerdo. "No hay una guerra ideológica en Haití", dijo en una entrevista. "Los delincuentes aquí no son activistas políticos. Son mercenarios".
Sin embargo otros observadores dijeron que la violencia en Haití tenía sus raíces en la política. Human Rights Watch dijo en una carta a Naciones Unidas del mes pasado que antiguos miembros de las fuerzas armadas, incluyendo a muchos que ayudaron a derrocar a Aristide, eran responsables de los galopantes abusos en las provincias, incluyendo detenciones ilegales y extorsiones.
Aquí en la capital las barriadas pobres como Bel-Air y Cité Soleil, dominadas por bandas pro Aristide llamadas chimères, siguen siendo impenetrables para la policía.
John Currelly, un canadiense que representa a la Fundación Panamericana de Desarrollo, de Washington, fue secuestrado el 24 de mayo por cinco hombres que llevaban pistolas baratas, algunas de ellas sujetas con cinta de pegar. Fue liberado 16 horas más tarde. La mayoría de los hombres que lo retuvieron tenían fotografías de Aristide pegadas en las culatas de sus rifles.
En total, según informes de grupos de derechos humanos, más de 700 personas han sido asesinadas en los últimos ocho meses. La Policía Nacional de Haití -con unos 3.000 agentes para cubrir una población similar a la de Nueva York en un área 35 veces más grande- dijeron que no tenían el tipo de armas y adiestramiento que necesitan. La fuerza pacificadora de Naciones Unidas tiene más de 6.000 soldados, pero han sido criticados aquí y en Washington por su incapacidad en desmantelar y desarmar a las bandas.
El embajador de Estados Unidos en Haití, James B. Foley, dijo en una entrevista que las tropas de pacificación brasileñas de Naciones Unidas parecían estar inmovilizadas por comprensibles temores sobre las bajas entre sus propias filas así como entre la gente cuya protección les fue encomendada.
Foley dijo que Haití -donde la mayoría de la gente vive con 1 dólar al día, más del 40 por ciento de los niños sufre desnutrición y el parto es la segunda causa de muerte entre las mujeres- se enfrenta a una miríada de retos en su lucha por la estabilidad. Pero, dijo, no se hará progresos en ningún frente si el gobierno no controla las calles.
Dijo que la reforma de la policía era crucial para la lucha contra el crimen, y que Estados Unidos estaba considerando una excepción única de su prohibición de venta de armas a Haití para aprobar una petición del gobierno haitiano para comprar 1.7 millones de dólares en equipos para las fuerzas policiales.
"Haití está cerca de ser un país fracasado", dijo Foley. "Mucha gente considera la actual misión en Haití como su última posibilidad de concitar un mayor esfuerzo internacional para ayudarlo a ser auto-suficiente".
Interrogado sobre por qué Estados Unidos no ha destinado tropas, dijo que había enviado tropas el año pasado y que gastaría unos 200 millones de dólares en ayuda a Haití solamente este año. Pero señaló que Estados Unidos también está comprometido en su campaña internacional contra el terrorismo.
La creciente inseguridad en la capital ha despertado nuevos temores. Las autoridades advierten que no pueden proteger a su pueblo de la inminente temporada de huracanes, y mucho menos para que se puedan celebrar las elecciones nacionales convocadas para principios de octubre. Los principales caminos desde la capital hacia el aeropuerto internacional y hacia el puerto son considerados peligrosos. Estados Unidos y varios otros países, entre ellos Gran Bretaña, Australia y Canadá, han emitido avisos en las últimas semanas sobre un aumento de los ataques contra extranjeros y aconsejado a sus ciudadanos no viajar al país.
Escuelas y negocios en el centro de la ciudad se encuentran cerrados. Haitianos adinerados con parientes en el extranjero han empezado a dejar el país. Los que se quedan dicen que tienen cada vez más miedo de salir de casa.
Jean-Gérard Gilbert, director de una escuela secundaria privada en el centro de la ciudad, fue secuestrado a las 6:30 de la mañana el miércoles a las puertas de la escuela. Su esposa, Maryse Gilbert, dijo que él la había llamado media hora más tarde.
"Me han secuestrado", le dijo. "Me han disparado dos veces en mis pies".
Entonces la señora Gilbert dijo que los secuestradores le arrebataron el teléfono y exigieron 200.000 dólares. "¿De dónde cree usted que voy a sacar ese dinero?", les preguntó.
Después de horas de negociaciones, dijo la señora Gilbert, ella y los secuestradores alcanzaron un acuerdo sobre el rescate. No reveló la suma, pero dijo que parientes habían proporcionado el dinero, y que los secuestradores prometieron liberar a su marido.
A las 8 de la tarde del miércoles llamaron para decir que su marido estaba en coma.
El jueves en la mañana Gilbert todavía no había aparecido. Sus estudiantes realizaron una manifestación frente a la escuela para exigir su entrega.
Desde un coche un pistolero abrió el fuego contra ellos. Dos estudiantes quedaron heridos y fueron trasladados a un hospital.
La señora Gilbert siguió sola en la escuela el jueves por la tarde, esperando que sonara su teléfono.
"No sé adónde ir", dijo. "No sé qué hacer".
Michael Kamber y Régine Alexandre contribuyeron a este reportaje.
6 de junio de 2005
©new york times
©traducción mQh
Puerto Príncipe, Haití. Ella es una cajera de banco. Su marido reparte paquetes de correo para DHL.En un país donde un 70 por ciento de los adultos no tiene trabajo, eso significa que Gehanne y Jacques-Henri Beaulieu tienen una pequeña fortuna.
Se las quitaron el martes.
Cuando la señora Beaulieu llegó al trabajo el martes en la ajetreada Rue des Miracles, a plena luz del día, tres hombres armados de armas largas se introdujeron violentamente en su coche. Al cabo de una hora llamaron por celular a su marido y exigieron 20.000 dólares.
"Si no nos das el dinero", dijo una voz, a la vez amable y fría, "la ejecutaremos". Saqueando sus propias cuentas bancarias, el señor Beaulieu logró reunir 2.700 dólares. Empezó a llamar a sus amigos y parientes, muchos en Estados Unidos, pidiendo dinero desesperadamente.
"Le pedí a todos: Por favor, ayudádme a recuperar a mi esposa'", dijo menos de dos horas después del secuestro, todavía con pánico, después de que amigos de su familia ayudaran a un periodista a tomar contacto con él. "Si la recupero, la voy a enviar fuera de aquí".
"Este país está sin control", dijo. "Nadie está a salvo".
En realidad, más de un año después del inicio de otra transición política plagada de conflictos, es difícil decir quién, si alguien, está a cargo de Haití.
Después de una rebelión armada, meses de violentos enfrentamientos políticos aquí en la capital, y fuertes presiones de Estados Unidos que obligaron al presidente Jean-Bertand Aristide a dejar su cargo en febrero de 2004, el mundo prometió 1.4 billones de dólares de ayuda, y Naciones Unidas envió más de 8.000 tropas de paz para ayudar al endeble gobierno interino a poner orden en el país más pobre del hemisferio occidental.
Pero el caos reina todavía. En las dos últimas semanas, pistoleros dispararon contra la furgoneta de la embajada norteamericana, y el ministerio de Asuntos Exteriores ordenó al personal no indispensable a dejar el país. El cónsul honorario francés, Paul-Henri Mourral, fue matado el martes a balazos en la carretera entre Puerto Príncipe y Cap Haitien.
También el martes pistoleros persiguieron a agentes de policía en un popular mercado y luego lo incendiaron, matando al menos a 10 personas. Y el sábado, siete personas fueron asesinadas y seis casas quemadas cuando la policía devolvió un golpe contra bandas callejeras en Bel-Air, una violenta barriada. No tardó mucho tiempo aquí en las calles para ver que los problemas de Haití eran profundos y extensos. Incluso los partidarios del gobierno interino lo describen como demasiado débil para inspirar confianza y negociar la paz con las dispares facciones políticas del país. Observadores extranjeros dicen que la comunidad internacional ha fracasado en emprender el largo, arduo y peligroso trabajo de reconstruir Haití, casi desde la nada. Muchos haitianos se preguntan abiertamente si hay suficiente dinero y personal en el mundo para hacerlo.
Según informes de diplomáticos y observadores políticos, activistas de derechos humanos y empresarios, este sigue siendo un país en camino a la implosión, con casi todas sus instituciones saqueadas desde dentro por la corrupción. Despiadas turbas han surgido en su lugar, dirigidas por traficantes de drogas, ex oficiales militares, agentes de policía corruptos y matones. Han desencadenado una devastadora ola de asesinatos, robos de autos, atracos a mano armada y violaciones.
Los secuestros son la última plaga.
Como la mayoría de los delitos, los secuestros no son siempre denunciados. Pero autoridades del gobierno interino y diplomáticos extranjeros calculan entre 6 a 12 los secuestros que se producen cada día en esta ciudad. Entre ellos están los casos más publicitados, como los recientes secuestros de un empresario indio y de un contratista ruso de Naciones Unidas. Algunas autoridades dijeron que habían recibido informes de vendedores de verduras que son secuestrados por 30 dólares.
Una abrumadora mayoría de los casos parecen dirigidos contra la clase media y los trabajadores. Temerosos de acudir a la policía, la mayoría de las familias negocia con los secuestradores de propio acuerdo. La familia de la señora Beaulieu negoció durante horas, por celular, con un secuestrador que se hizo llamar "comandante".
Hacia las cuatro de la tarde del martes, sus parientes le dijeron que tenían 4.000 dólares. El comandante dijo que los aceptaba, y dijo a Michel Lapin, 39, cuñado de Beaulieu, que se fuera solo en la noche a entregar el rescate en una casa en Bel-Air.
Cuando Lapin llegó allá, dijo, cuatro hombres le alumbraron con una linterna a los ojos. Uno de ellos le empujó con una pistola en su estómago; otro le arrebató el bolso de las manos y empezó a contar el dinero.
Entonces apareció el comandante. Aparentemente indiferente sobre la posibilidad de que pudiera ser identificado, miró a Lapin a los ojos, le agradeció por el dinero y dijo que la señora Beaulieu sería liberada en unas horas.
Sollozando, fue liberada hacia las 8:30 de la tarde, en una esquina cerca de Bel-Air.
"Nadie está a salvo", dijo Kako Bourjolly, un amigo de la familia. "Esta no es una familia rica. No es una familia política. Son simples haitianos, de vidas sencillas. Pero ahora el peligro está al otro lado de la puerta".
Un informe la semana pasada del Grupo de Crisis Internacional, de Bruselas, responsabilizó de gran parte de la violencia en Haití a los "malhechores", incluyendo a traficantes de drogas, que están bien conectados con el sistema político pero no tiene lealtades reales. En una rueda de prensa el viernes, el primer ministro Gérard Latortue dijo que muchos de los jefes de las bandas que incitan a la violencia son haitianos que han pasado algún tiempo en cárceles norteamericanas.
"Estados Unidos está exportando sus problemas de criminalidad a Haití", dijo Latortue. "Muchos de los delincuentes en Haití han aprendido a delinquir en Estados Unidos y cuando son deportados aquí, traen sus nuevas habilidades con ellos".
Danielle Magloire, portavoz del grupo de gobierno provisional de Haití, el llamado Consejo de Sabios, estuvo de acuerdo. "No hay una guerra ideológica en Haití", dijo en una entrevista. "Los delincuentes aquí no son activistas políticos. Son mercenarios".
Sin embargo otros observadores dijeron que la violencia en Haití tenía sus raíces en la política. Human Rights Watch dijo en una carta a Naciones Unidas del mes pasado que antiguos miembros de las fuerzas armadas, incluyendo a muchos que ayudaron a derrocar a Aristide, eran responsables de los galopantes abusos en las provincias, incluyendo detenciones ilegales y extorsiones.
Aquí en la capital las barriadas pobres como Bel-Air y Cité Soleil, dominadas por bandas pro Aristide llamadas chimères, siguen siendo impenetrables para la policía.
John Currelly, un canadiense que representa a la Fundación Panamericana de Desarrollo, de Washington, fue secuestrado el 24 de mayo por cinco hombres que llevaban pistolas baratas, algunas de ellas sujetas con cinta de pegar. Fue liberado 16 horas más tarde. La mayoría de los hombres que lo retuvieron tenían fotografías de Aristide pegadas en las culatas de sus rifles.
En total, según informes de grupos de derechos humanos, más de 700 personas han sido asesinadas en los últimos ocho meses. La Policía Nacional de Haití -con unos 3.000 agentes para cubrir una población similar a la de Nueva York en un área 35 veces más grande- dijeron que no tenían el tipo de armas y adiestramiento que necesitan. La fuerza pacificadora de Naciones Unidas tiene más de 6.000 soldados, pero han sido criticados aquí y en Washington por su incapacidad en desmantelar y desarmar a las bandas.
El embajador de Estados Unidos en Haití, James B. Foley, dijo en una entrevista que las tropas de pacificación brasileñas de Naciones Unidas parecían estar inmovilizadas por comprensibles temores sobre las bajas entre sus propias filas así como entre la gente cuya protección les fue encomendada.
Foley dijo que Haití -donde la mayoría de la gente vive con 1 dólar al día, más del 40 por ciento de los niños sufre desnutrición y el parto es la segunda causa de muerte entre las mujeres- se enfrenta a una miríada de retos en su lucha por la estabilidad. Pero, dijo, no se hará progresos en ningún frente si el gobierno no controla las calles.
Dijo que la reforma de la policía era crucial para la lucha contra el crimen, y que Estados Unidos estaba considerando una excepción única de su prohibición de venta de armas a Haití para aprobar una petición del gobierno haitiano para comprar 1.7 millones de dólares en equipos para las fuerzas policiales.
"Haití está cerca de ser un país fracasado", dijo Foley. "Mucha gente considera la actual misión en Haití como su última posibilidad de concitar un mayor esfuerzo internacional para ayudarlo a ser auto-suficiente".
Interrogado sobre por qué Estados Unidos no ha destinado tropas, dijo que había enviado tropas el año pasado y que gastaría unos 200 millones de dólares en ayuda a Haití solamente este año. Pero señaló que Estados Unidos también está comprometido en su campaña internacional contra el terrorismo.
La creciente inseguridad en la capital ha despertado nuevos temores. Las autoridades advierten que no pueden proteger a su pueblo de la inminente temporada de huracanes, y mucho menos para que se puedan celebrar las elecciones nacionales convocadas para principios de octubre. Los principales caminos desde la capital hacia el aeropuerto internacional y hacia el puerto son considerados peligrosos. Estados Unidos y varios otros países, entre ellos Gran Bretaña, Australia y Canadá, han emitido avisos en las últimas semanas sobre un aumento de los ataques contra extranjeros y aconsejado a sus ciudadanos no viajar al país.
Escuelas y negocios en el centro de la ciudad se encuentran cerrados. Haitianos adinerados con parientes en el extranjero han empezado a dejar el país. Los que se quedan dicen que tienen cada vez más miedo de salir de casa.
Jean-Gérard Gilbert, director de una escuela secundaria privada en el centro de la ciudad, fue secuestrado a las 6:30 de la mañana el miércoles a las puertas de la escuela. Su esposa, Maryse Gilbert, dijo que él la había llamado media hora más tarde.
"Me han secuestrado", le dijo. "Me han disparado dos veces en mis pies".
Entonces la señora Gilbert dijo que los secuestradores le arrebataron el teléfono y exigieron 200.000 dólares. "¿De dónde cree usted que voy a sacar ese dinero?", les preguntó.
Después de horas de negociaciones, dijo la señora Gilbert, ella y los secuestradores alcanzaron un acuerdo sobre el rescate. No reveló la suma, pero dijo que parientes habían proporcionado el dinero, y que los secuestradores prometieron liberar a su marido.
A las 8 de la tarde del miércoles llamaron para decir que su marido estaba en coma.
El jueves en la mañana Gilbert todavía no había aparecido. Sus estudiantes realizaron una manifestación frente a la escuela para exigir su entrega.
Desde un coche un pistolero abrió el fuego contra ellos. Dos estudiantes quedaron heridos y fueron trasladados a un hospital.
La señora Gilbert siguió sola en la escuela el jueves por la tarde, esperando que sonara su teléfono.
"No sé adónde ir", dijo. "No sé qué hacer".
Michael Kamber y Régine Alexandre contribuyeron a este reportaje.
6 de junio de 2005
©new york times
©traducción mQh