gas y caos en bolivia
[Monte Reel] Una bendición controvertida.
Buenos Aires, Argentina. En teoría, todo el mundo está de acuerdo en que las enormes reservas de gas natural de Bolivia -las segundas en América del Sur- debería ser una bendición para el país más pobre del continente.
Pero la semana pasada, la lucha sobre cómo explotar las reservas subterráneas sacaron una vez más a los manifestantes a la calle de varias ciudades, alimentando rumores de golpe militar y vejando a los líderes políticos que buscan una solución pacífica.
Justo días antes la legislatura nacional había subido substancialmente los impuestos y regalías de las compañías de energía extranjeras, una importante exigencia de los manifestantes en el pasado. Pero mientras las empresas energéticas criticaron inmediatamente el aumento como excesivo, algunos líderes de base dijeron que no iban demasiado lejos y exigieron el control estatal total de las reservas.
"La gente ha estado movilizándose constantemente, y seguiremos marchando", dijo Eugenio Rojas, líder de la tribu aimara, el viernes en La Paz, la capital. "Estamos pidiendo la renuncia del presidente, y estamos pidiendo la nacionalización del sector energético. Debería ser cien por cien para los bolivianos, no para las compañías transnacionales".
En los últimos dos años, las disputas por la energía han dominado la política boliviana. En 2003 derrocaron a un presidente; en marzo llevaron al actual, Carlos Mesa, a presentar su renunciar después de semanas de protestas y huelgas organizadas por una coalición de campesinos indígenas, mineros, cocaleros y grupos políticos socialistas.
Ahora, a pesar de varios intentos de llegar a un compromiso, el problema del combustible ha vuelto a encenderse. El lunes y martes los manifestantes rodearon edificios oficiales en La Paz. Fuerzas militares contuvieron a la muchedumbre con gas lacrimógeno y mangueras de agua, y hubo rumores de que el ejército, que gobernó al país hasta 1982, estaba planeando un golpe de estado.
El miércoles dos coroneles pidieron la renuncia de Mesa y propusieron que fuera remplazado por un gobierno cívico-militar. Sin embargo, al día siguiente, el ministerio de Defensa los obligó a retirarse y reiteró su apoyo de Mesa. Las protestas menguaron algo, pero líderes de la oposición juraron que continuarán presionando al gobierno la próxima semana.
"En los últimos tres o cuatro meses, los intereses de Mesa se han concentrado en tratar de impedir que el país explote", dijo Jim Shult, director ejecutivo del Centro por la Democracia, una organización sin fines de lucro en la central ciudad boliviana de Cochabamba. "No ha contentado a nadie, y parece casi irrelevante".
De momento Mesa ha evitado una repetición de los violentos enfrentamientos en 2003 que obligó a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada después de que tropas de gobierno abrieran fuego contra los manifestantes que se oponían a la exportación del gas boliviano, matando a más de 50 personas.
Sin embargo, los intentos de apaciguamiento del presidente han exasperado a grupos a todos los lados del debate sobre cómo gestionar mejor el desarrollo y producción de unos 53 trillones de pies cuadrados de gas natural enterrado debajo de las tierras bajas del este de Bolivia.
Muchos de los detractores de Mesa dicen que el gobierno ha cedido demasiados beneficios potenciales del gas a las compañías extranjeras. Esa preocupación condujo a las sostenidas protestas en que la miles de personas que bloquearon las carreteras para exigir un aumento de un 18 por ciento sobre las regalías de esas compañías.
La semana pasada la nueva ley aprobada por el Congreso elevó los impuestos y royalties combinados para las compañías energéticas extranjeras al 50 por ciento. El presidente ni firmó ni vetó la ley, dejándola pasar sin su aprobación. Sus esfuerzos por eludir el tema, sin embargo, no han contribuido a su popularidad. Un diario de La Paz informó el viernes que la aprobación del presidente Mesa descendió 11 puntos entre mediados de abril y mediados de mayo, alcanzando un mínimo histórico de 44 por ciento.
Entretanto, grupos de interés a ambos lados atacaron de inmediato la nueva medida. Las compañías energéticas dijeron que el nuevo impuesto es tan alto que se verán obligados a reducir drásticamente sus inversiones en el país. Por otro lado, grupos de base dijeron que la ley era demasiado débil y que en lugar de privatizar las reservas, el estado debería nacionalizarlas.
La disputa ha sido especialmente intensa en la zona baja de Santa Cruz, donde se encuentra gran parte del gas. Líderes empresariales allá han exigido una mayor autonomía y menores restricciones sobre el comercio, pero manifestantes de otras regiones temen que Santa Cruz saque beneficios desproporcionados de esos cambios. Algunos incluso quieren que se rescriba la constitución para impedir que esas regiones adquieran autonomía política.
Carlos Alberto López, asesor de energéticas y ex vice-ministro de Energía, dijo que la inversión extranjera en el sector cayó de 604 millones de dólares en 1998 a unos 200 millones de dólares el año pasado y ahora probablemente ha descendido aun más. Los manifestantes "hablan solamente de dignidad, soberanía y nacionalismo", dijo López. "Pero si deja sin nada a los individuos, entonces no me parece muy digno".
Por otro lado, los partidarios de la nacionalización del gas creen que la historia está de su lado. Roberto Fernández Terán, profesor de económicas en la Universidad de San Simón, en Cochabamba, dijo que el gobierno gestionaba una "empresa exitosa" cuando controlaba la producción de petróleo del país y que los beneficios cayeron en picado cuando el petróleo se privatizó en los años noventa y fue en gran parte dejado en manos de firmas extranjeras.
Rojas, que ayudó a organizar las protesta esta semana, siente todavía más desconfianza de dejar que las compañías internacionales pongan sus manos en los tesoros naturales de Bolivia.
"Ellos pueden manipular el sistema", incluso con las nuevas duras leyes fiscales, predijo. "Los hidrocarburos seguirán en manos de las multinacionales. Y para la gente no habrá nada".
2 de junio de 2005
29 de mayo de 2005
©washington post
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. En teoría, todo el mundo está de acuerdo en que las enormes reservas de gas natural de Bolivia -las segundas en América del Sur- debería ser una bendición para el país más pobre del continente.Pero la semana pasada, la lucha sobre cómo explotar las reservas subterráneas sacaron una vez más a los manifestantes a la calle de varias ciudades, alimentando rumores de golpe militar y vejando a los líderes políticos que buscan una solución pacífica.
Justo días antes la legislatura nacional había subido substancialmente los impuestos y regalías de las compañías de energía extranjeras, una importante exigencia de los manifestantes en el pasado. Pero mientras las empresas energéticas criticaron inmediatamente el aumento como excesivo, algunos líderes de base dijeron que no iban demasiado lejos y exigieron el control estatal total de las reservas.
"La gente ha estado movilizándose constantemente, y seguiremos marchando", dijo Eugenio Rojas, líder de la tribu aimara, el viernes en La Paz, la capital. "Estamos pidiendo la renuncia del presidente, y estamos pidiendo la nacionalización del sector energético. Debería ser cien por cien para los bolivianos, no para las compañías transnacionales".
En los últimos dos años, las disputas por la energía han dominado la política boliviana. En 2003 derrocaron a un presidente; en marzo llevaron al actual, Carlos Mesa, a presentar su renunciar después de semanas de protestas y huelgas organizadas por una coalición de campesinos indígenas, mineros, cocaleros y grupos políticos socialistas.
Ahora, a pesar de varios intentos de llegar a un compromiso, el problema del combustible ha vuelto a encenderse. El lunes y martes los manifestantes rodearon edificios oficiales en La Paz. Fuerzas militares contuvieron a la muchedumbre con gas lacrimógeno y mangueras de agua, y hubo rumores de que el ejército, que gobernó al país hasta 1982, estaba planeando un golpe de estado.
El miércoles dos coroneles pidieron la renuncia de Mesa y propusieron que fuera remplazado por un gobierno cívico-militar. Sin embargo, al día siguiente, el ministerio de Defensa los obligó a retirarse y reiteró su apoyo de Mesa. Las protestas menguaron algo, pero líderes de la oposición juraron que continuarán presionando al gobierno la próxima semana.
"En los últimos tres o cuatro meses, los intereses de Mesa se han concentrado en tratar de impedir que el país explote", dijo Jim Shult, director ejecutivo del Centro por la Democracia, una organización sin fines de lucro en la central ciudad boliviana de Cochabamba. "No ha contentado a nadie, y parece casi irrelevante".
De momento Mesa ha evitado una repetición de los violentos enfrentamientos en 2003 que obligó a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada después de que tropas de gobierno abrieran fuego contra los manifestantes que se oponían a la exportación del gas boliviano, matando a más de 50 personas.
Sin embargo, los intentos de apaciguamiento del presidente han exasperado a grupos a todos los lados del debate sobre cómo gestionar mejor el desarrollo y producción de unos 53 trillones de pies cuadrados de gas natural enterrado debajo de las tierras bajas del este de Bolivia.
Muchos de los detractores de Mesa dicen que el gobierno ha cedido demasiados beneficios potenciales del gas a las compañías extranjeras. Esa preocupación condujo a las sostenidas protestas en que la miles de personas que bloquearon las carreteras para exigir un aumento de un 18 por ciento sobre las regalías de esas compañías.
La semana pasada la nueva ley aprobada por el Congreso elevó los impuestos y royalties combinados para las compañías energéticas extranjeras al 50 por ciento. El presidente ni firmó ni vetó la ley, dejándola pasar sin su aprobación. Sus esfuerzos por eludir el tema, sin embargo, no han contribuido a su popularidad. Un diario de La Paz informó el viernes que la aprobación del presidente Mesa descendió 11 puntos entre mediados de abril y mediados de mayo, alcanzando un mínimo histórico de 44 por ciento.
Entretanto, grupos de interés a ambos lados atacaron de inmediato la nueva medida. Las compañías energéticas dijeron que el nuevo impuesto es tan alto que se verán obligados a reducir drásticamente sus inversiones en el país. Por otro lado, grupos de base dijeron que la ley era demasiado débil y que en lugar de privatizar las reservas, el estado debería nacionalizarlas.
La disputa ha sido especialmente intensa en la zona baja de Santa Cruz, donde se encuentra gran parte del gas. Líderes empresariales allá han exigido una mayor autonomía y menores restricciones sobre el comercio, pero manifestantes de otras regiones temen que Santa Cruz saque beneficios desproporcionados de esos cambios. Algunos incluso quieren que se rescriba la constitución para impedir que esas regiones adquieran autonomía política.
Carlos Alberto López, asesor de energéticas y ex vice-ministro de Energía, dijo que la inversión extranjera en el sector cayó de 604 millones de dólares en 1998 a unos 200 millones de dólares el año pasado y ahora probablemente ha descendido aun más. Los manifestantes "hablan solamente de dignidad, soberanía y nacionalismo", dijo López. "Pero si deja sin nada a los individuos, entonces no me parece muy digno".
Por otro lado, los partidarios de la nacionalización del gas creen que la historia está de su lado. Roberto Fernández Terán, profesor de económicas en la Universidad de San Simón, en Cochabamba, dijo que el gobierno gestionaba una "empresa exitosa" cuando controlaba la producción de petróleo del país y que los beneficios cayeron en picado cuando el petróleo se privatizó en los años noventa y fue en gran parte dejado en manos de firmas extranjeras.
Rojas, que ayudó a organizar las protesta esta semana, siente todavía más desconfianza de dejar que las compañías internacionales pongan sus manos en los tesoros naturales de Bolivia.
"Ellos pueden manipular el sistema", incluso con las nuevas duras leyes fiscales, predijo. "Los hidrocarburos seguirán en manos de las multinacionales. Y para la gente no habrá nada".
2 de junio de 2005
29 de mayo de 2005
©washington post
©traducción mQh
país cautivado por novela
[Héctor Tobar] Escrita por un ex empleado bancario, la novela detalla la fácil riqueza acumulada por los que tenían conexiones en el auge de los años noventa.
Buenos Aires, Argentina. En la era de pizza y champaña' en Argentina, un montón de gente se hizo rica. Enrique N'Haux, un importante funcionario del Banco de la Nación del país, no fue uno de ellos.
Sus amigos lo ven haciendo malabaraes en su ciudad natal, Córdoba, en un viejo coche, viviendo en un apartamento modesto, y no lo entienden: Es lo mismo que ver a un oso polar en el Sahara.
En la Argentina de los años noventa, durante el fuerte auge en que trabajó N'Haux para el gobierno, un trabajo como el suyo era una licencia para robar. La gente con nombramientos políticos entró a un mundo de llamativo consumo. Podías timbrar y firmar unos pocos documentos que no debías, y pagarte un nuevo coche o unas vacaciones en Florida.
Ahora está tratando de recuperar las oportunidades perdidas con una novela, Maquiavelo no conoció a los argentinos', su relato desde dentro de las extorsiones y sobornos que veía a su alrededor.
"Mi imaginación corruptible no estaba entonces tan desarrollada", dijo N'Haux en una presentación de su libro aquí. "Yo no quería un apartamento en la Quinta Avenida en Nueva York. Sólo quería comprar un par de casas para vivir del alquiler". Pero aunque se hizo con algunos bonos' secretos que no merecía, tampoco lo logró.
Ahora su suerte cambió. El libro de N'Haux salió justo cuando se exponen en procedimientos legales los excesos del gobierno en los años noventa. La primera edición de Maquiavelo no conoció a los argentinos' se vendió en un día este mes. Se han lanzado dos ediciones más.
"Este libro nos ha permitido ver cosas que no queríamos ver, cosas que teníamos que haber visto hace un buen tiempo", dijo Patricia Bullrich, ex ministro del Trabajo. "Se trata de qué ocurre con un individuo que llega al poder en una sociedad con instituciones débiles que operan al margen de la ley".
Aunque es una novela, Maquiavelo no conoció a los argentinos' ha sido clasificada como evidencia por un juez instructor que denuncia que funcionarios del gobierno del ex presidente Carlos Menem se enriquecieron a sí mismos con 466 millones de dólares de primas por debajo de la mesa.
En su libro, N'Haux descrice cómo el dinero para las primas fue retirado de cuentas reservadas que pertenecían a las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia.
En los últimos meses, la ex ministro de gobierno María Julia Alsogaray, en juicio por cargos de corrupción, dio una explicación similar sobre cómo se efectuaban esos pagos.
N'Haux escribe que el dinero se distribuía subrepticiamente el primer día de cada mes por un "subordinado leal" del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
"El subordinado leal llegaba a la Casa Rosada", la Casa Blanca argentina, con una pequeña fortuna en una mochila, escribe N'Haux.
Gran parte de Maquiavelo no conoció a los argentinos' detalla la carrera de un economista ficticio conocido como "el Hombre Honesto Arrepentido", un modesto e idealista conservador en su primer trabajo para el gobierno.
El personaje es una apenas velada careta de N'Haux, que trabajó durante cinco años como asesor de los directores del Banco de la Nación.
Como otros muchos economistas en el gobierno de Menem, N'Haux era un protegido de Cavallo, el gurú de las reformas económicas neo-liberales' de Argentina.
Cavallo quería transformar Argentina en un modelo de la eficiencia del mercado libre. Él y Menem privatizaron servicios estatales, eliminaron las restricciones para la inversión extranjera y permitieron que el dólar estadounidense circulara como segunda moneda nacional.
Como parte de su proyecto de integrar a Argentina al Primer Mundo, Cavallo era partidario de la transparencia del gobierno. Y al principio, como cuenta N'Haux en su libro, los tecnócratas que Cavallo introdujo en el gobierno eran conocidos por su austeridad. Otros en el gobierno los apodaban "los mormones".
Finalmente también fueron engullidos por las ansias de rapiña que invadió a la oficialidad argentina, dice N'Haux, cuando millones de dólares en sobornos y primas fluyeron hacia sus despachos.
En la novela, el Hombre Honesto Arrepentido retrocede ante las violaciones de la ley que observa a su alrededor. Trata de informar a un burócrata implicado en misteriosos negocios. Un patrón todopoderoso llamado Mingo promete "ocuparse del problema". (Mingo es en la realidad el apodo de Cavallo). Pocas semanas después, el burócrata es ascendido.
El ficticio Hombre Honesto Arrepentido empieza a aceptar lentamente el "cínico realismo" que hay a su alrededor. Empieza a estudiar al teórico político italiano Niccolo Machiavelli, que escribió hace cinco siglos que los que se aferran a principios idealistas "aprenden el camino de la auto-destrucción más bien que de la auto-preservación".
Muchos argentinos toleraron la corrupción porque todo parecía marchar bien durante el auge de los noventa. Un dicho popular resumía lo que pensaba la gente de sus líderes: "Roban, pero hacen lo que tienen que hacer".
Fue sólo en 2001, cuando la economía se derrumbó y el gobierno se atascó en imposibles deudas, que un nuevo dicho recorrió el país: "¡Échenlos a todos!"
N'Haux dejó el gobierno en 1995. Crisis personales terminaron pronto con sus ahorros.
"Mis amigos y vecinos me decían cosas como: Enrique, ¿cómo es que has sido del gobierno durante cinco años y no tienes un centavo?'", contó N'Haux en una entrevista.
"Todos los demás se hicieron ricos'. Cuando oyes esto suficientes veces, empiezas a creer que eres un estúpido".
29 de mayo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Buenos Aires, Argentina. En la era de pizza y champaña' en Argentina, un montón de gente se hizo rica. Enrique N'Haux, un importante funcionario del Banco de la Nación del país, no fue uno de ellos.Sus amigos lo ven haciendo malabaraes en su ciudad natal, Córdoba, en un viejo coche, viviendo en un apartamento modesto, y no lo entienden: Es lo mismo que ver a un oso polar en el Sahara.
En la Argentina de los años noventa, durante el fuerte auge en que trabajó N'Haux para el gobierno, un trabajo como el suyo era una licencia para robar. La gente con nombramientos políticos entró a un mundo de llamativo consumo. Podías timbrar y firmar unos pocos documentos que no debías, y pagarte un nuevo coche o unas vacaciones en Florida.
Ahora está tratando de recuperar las oportunidades perdidas con una novela, Maquiavelo no conoció a los argentinos', su relato desde dentro de las extorsiones y sobornos que veía a su alrededor.
"Mi imaginación corruptible no estaba entonces tan desarrollada", dijo N'Haux en una presentación de su libro aquí. "Yo no quería un apartamento en la Quinta Avenida en Nueva York. Sólo quería comprar un par de casas para vivir del alquiler". Pero aunque se hizo con algunos bonos' secretos que no merecía, tampoco lo logró.
Ahora su suerte cambió. El libro de N'Haux salió justo cuando se exponen en procedimientos legales los excesos del gobierno en los años noventa. La primera edición de Maquiavelo no conoció a los argentinos' se vendió en un día este mes. Se han lanzado dos ediciones más.
"Este libro nos ha permitido ver cosas que no queríamos ver, cosas que teníamos que haber visto hace un buen tiempo", dijo Patricia Bullrich, ex ministro del Trabajo. "Se trata de qué ocurre con un individuo que llega al poder en una sociedad con instituciones débiles que operan al margen de la ley".
Aunque es una novela, Maquiavelo no conoció a los argentinos' ha sido clasificada como evidencia por un juez instructor que denuncia que funcionarios del gobierno del ex presidente Carlos Menem se enriquecieron a sí mismos con 466 millones de dólares de primas por debajo de la mesa.
En su libro, N'Haux descrice cómo el dinero para las primas fue retirado de cuentas reservadas que pertenecían a las fuerzas armadas y el servicio de inteligencia.
En los últimos meses, la ex ministro de gobierno María Julia Alsogaray, en juicio por cargos de corrupción, dio una explicación similar sobre cómo se efectuaban esos pagos.
N'Haux escribe que el dinero se distribuía subrepticiamente el primer día de cada mes por un "subordinado leal" del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
"El subordinado leal llegaba a la Casa Rosada", la Casa Blanca argentina, con una pequeña fortuna en una mochila, escribe N'Haux.
Gran parte de Maquiavelo no conoció a los argentinos' detalla la carrera de un economista ficticio conocido como "el Hombre Honesto Arrepentido", un modesto e idealista conservador en su primer trabajo para el gobierno.
El personaje es una apenas velada careta de N'Haux, que trabajó durante cinco años como asesor de los directores del Banco de la Nación.
Como otros muchos economistas en el gobierno de Menem, N'Haux era un protegido de Cavallo, el gurú de las reformas económicas neo-liberales' de Argentina.
Cavallo quería transformar Argentina en un modelo de la eficiencia del mercado libre. Él y Menem privatizaron servicios estatales, eliminaron las restricciones para la inversión extranjera y permitieron que el dólar estadounidense circulara como segunda moneda nacional.
Como parte de su proyecto de integrar a Argentina al Primer Mundo, Cavallo era partidario de la transparencia del gobierno. Y al principio, como cuenta N'Haux en su libro, los tecnócratas que Cavallo introdujo en el gobierno eran conocidos por su austeridad. Otros en el gobierno los apodaban "los mormones".
Finalmente también fueron engullidos por las ansias de rapiña que invadió a la oficialidad argentina, dice N'Haux, cuando millones de dólares en sobornos y primas fluyeron hacia sus despachos.
En la novela, el Hombre Honesto Arrepentido retrocede ante las violaciones de la ley que observa a su alrededor. Trata de informar a un burócrata implicado en misteriosos negocios. Un patrón todopoderoso llamado Mingo promete "ocuparse del problema". (Mingo es en la realidad el apodo de Cavallo). Pocas semanas después, el burócrata es ascendido.
El ficticio Hombre Honesto Arrepentido empieza a aceptar lentamente el "cínico realismo" que hay a su alrededor. Empieza a estudiar al teórico político italiano Niccolo Machiavelli, que escribió hace cinco siglos que los que se aferran a principios idealistas "aprenden el camino de la auto-destrucción más bien que de la auto-preservación".
Muchos argentinos toleraron la corrupción porque todo parecía marchar bien durante el auge de los noventa. Un dicho popular resumía lo que pensaba la gente de sus líderes: "Roban, pero hacen lo que tienen que hacer".
Fue sólo en 2001, cuando la economía se derrumbó y el gobierno se atascó en imposibles deudas, que un nuevo dicho recorrió el país: "¡Échenlos a todos!"
N'Haux dejó el gobierno en 1995. Crisis personales terminaron pronto con sus ahorros.
"Mis amigos y vecinos me decían cosas como: Enrique, ¿cómo es que has sido del gobierno durante cinco años y no tienes un centavo?'", contó N'Haux en una entrevista.
"Todos los demás se hicieron ricos'. Cuando oyes esto suficientes veces, empiezas a creer que eres un estúpido".
29 de mayo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
seducción evangélica
[Indira A.R. Lakshmanan] Evangelismo seduce a católicos latinoamericanos. Sectas carismáticas enfatizan recompensas terrenales.
La Paz, Bolivia. Es domingo por la mañana en un antiguo auditorio cerrado en la parte más arenosa de la capital boliviana, una banda de bronces de 20 hombres está aporreando un ritmo disco mientras una línea de bailarines repite en el escenario una aproximación de Hustle.
"¿Quién vive?", ruge por el micrófono el jefe de la banda con un traje azulete.
Un grito atronador y extático se eleva de los miles que atiborran el dilapidado teatro: "¡Jesús! ¡Jesús!"
El tono es pegadizo, y los fieles bailan como si estuvieran en una fiesta: Mujeres indias con ponchos y enaguas dan vueltas como peonza, obreros de la ciudad bailan cumbia y agitan banderas decoradas con las palabras "Poder de Dios" y jóvenes madres marcan el paso y mecen rítmicamente a sus bebés.
El predicador pide a una multitud de gente que se suba al escenario de dar testimonio de que Jesús curó sus tumores o triplicó sus cosechas. Después de entregar agradecidamente sobres con donaciones, les echa óleo santo' en sus cabezas y ellos aúllan o se sacuden de risa y caen al suelo, dominados por la emoción. "¡Demos una mano a Dios!", dice la esposa del predicador, para que la gente aplauda.
Un ambiente muy distante de la sosegada misa católica en una iglesia cercana, a la que muchos de estos fieles pertenecían antes. En estos días, dos tercios de las bancas están vacíos.
Para el recién nombrado Papa Benedicto XVI, el urgente reto en América Latina -hogar del más grande número de católicos del mundo- será resolver la debilidad del catolicismo que está permitiendo un éxodo en esta región.
Los católicos están escapando en tropel hacia las sectas evangélicas llamadas "de salud y riqueza", el mormonismo y otras religiones que los conversos dicen que tratan mejor las preocupaciones cotidianas.
El protestantismo florece en una región que ha sido un bastión del catolicismo desde el siglo 16. En pequeños pueblos, los pastores están construyendo comunidades de hermanos', con visitas puerta a puerta a los alcohólicos, maridos que golpean a sus mujeres y enfermos. En las grandes ciudades, líderes carismáticos respaldados por teclados electrónicos prometen sacarles de la pobreza mediante la fe en Jesús.
Las filas de las sectas protestantes se han duplicado en toda la región en las últimas décadas, según la Asociación de Estudios Religiosos Latinoamericanos.
"La conversión religiosa es el más importante proceso social que está cambiando América Latina y el Caribe en los siglos 20 y 21", de acuerdo al padre Edward Cleary, director de Estudios Latinoamericanos de Providence College y ex misionero,
El ejemplo más dramático es Guatemala, donde un 25 por ciento de la población es protestante. El número de evangélicos también aumenta en Brasil, el país católico más grande del mundo, donde ahora un 15 por ciento se dice protestante, de acuerdo a las encuestas. Según algunas proyecciones, América Latina tendrá una mayoría hacia fines de siglo, de acuerdo a David Reed, profesor de teología en la Universidad de Toronto.
Parte de la fuga se puede explicar debido a que los ministros y misioneros protestantes son jóvenes que se involucran más activamente en sus comunidades que los sacerdotes católicos, más viejos y abrumados de trabajo.
En México, hogar del segundo país católico del mundo, un sacerdote atiende en promedio a 8.600 católicos, de acuerdo a estadísticas de la iglesia y del censo, mientras que un pastor protestante atiende a 230 fieles, de acuerdo a Elio Masferrer, presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Religiosos. En la ciudad de Potosí, Bolivia, hay 23 curas para 120.000 católicos, de acuerdo a la diócesis, y 16 jóvenes misioneros mormones dicen que han conquistado a miles de conversos.
Pero muchas de las deserciones, según entrevistas con los conversos aquí, se derivan de la idea de que la iglesia católica no ha tratado adecuadamente la creciente desigualdad, el desempleo, la endémica pobreza de la región. Ciertamente, la iglesia mantiene innumerables programas de servicio social, pero los descontentos dicen que los sacerdotes célibes a menudo parecen alejados de las preocupaciones cotidianas de la gente a la que sirven. Muchas sectas evangélicas, en contraste, prometen un servicio más interactivo y recompensas terrenales a través de la fe.
Aquí, en el Iglesia del Nuevo Pacto Poder de Dios, unos 10.000 bolivianos se apiñan en 6 turnos de culto dirigidos por predicadores carismáticos y músicos de aerobics en un desteñido auditorio los domingos. La banda del Buen Samaritano toca 45 minutos en un servicio de tres horas, y no ha habido ninguna lectura del evangelio. Cuando el predicador con un brillante traje gris marengo y camisa rosada sube al escenario, cuenta la historia de Jesús alimentando a miles con unos pocos peces y barras de pan, y dice a los fieles que ellos también pueden multiplicar sus miserables recursos a través de la fe.
"¡Quieren ser bendecidos en el desierto? ¿Quieren sanar?", brama el pastor. "¡Entonces cojan esos sobres!", ordena mientras los acomodadores agitan los papelitos de donativos en las caras de mujeres de edad mediana y mayores, que las recogen y garrapatean oraciones para curar sus males y encontrar trabajo para sus hijos.
"Me uní a esta iglesia hace ocho años porque tenía un tumor. El pastor me sumergió en agua y yo entregué mi corazón a Dios, que me sanó", dijo María Mamani Vásquez, 55, vendedora ambulante que miraba con adoración a Luis Guachalla, el fundador de la secta, que dice que abandonó la mala vida y empezó a predicar en las calles de La Paz hace 22 años.
Las historias de las conversiones son sorprendentemente similares. Elvira Candari, una artesana de 35 años, dijo que se sintió "abandonada por la iglesia católica" durante su doloroso divorcio y fue traída aquí por una tía.
Justino Oacira Ramos, 74, un chofer desempleado, dijo que su esposa lo trajo aquí para que dejara de beber: "La iglesia católica no existía realmente para mí; no me ayudaron". Él dejó de beber.
En el escenario, Magneli de Guachalla, la esposa del predicador y predicadora autodidacta que dice que la fe la curó de su enfermedad de los riñones, se dirige a la muchedumbre con el desplante de un orador vocacional y comediante. Cuenta la historia de una madre desesperada de cinco hijos que pasó de dormir en una choza de barro a gestionar sus propias tiendas a los seis meses de haber adoptado a Jesús.
Mujeres que quieren ayudar a sus maridos e hijos deben mezclar una gota de óleo santo en sus huevos, y rezar, aconseja.
Un zapatero indigente que ahora fabrica zapatos porque "¡está loco por Dios!", brama ella. "¡Dios te dará una casa! Si piensan que soy materialista, les digo: ¡Sí lo soy! ¡Todo es posible con el poder de Dios! ¡La incredulidad es un pecado!"
Durante el día, los fieles suben al escenario o arriba, a las oficinas de la pobre radio nacional de la iglesia, para dar testimonio de milagros que desafían a la muerte y recompensas financieras que han recibido gracias a la fe y al pródigo uso del bálsamo. Cientos de rústicas muletas yacen en una esquina del estudio, el testamento de los que las arrojaron ahí.
Detrás de sus testimonios se oye el metálico sonido de las monedas donadas para la construcción de un templo de 2 millones de dólares.
En una tranquila entrevista entre servicios, Guachalla, 43, dice que sufrió una conversión instantánea a los 21 cuando conoció a un predicador boliviano que le dijo que tenía de dejar de beber, de fumar y de pelearse con su esposa. Explicando el atractivo de la iglesia, Guachalla dijo simplemente: "La iglesia católica no tiene las respuestas".
Incluso muchos católicos devotos, como Luis Bermejo, 37, un programador informático que es un miembro activo de la catedral de La Paz, reconocen el atractivo de las sectas: "Su mensaje es muy humano: dejar de sufrir. Las iglesias protestantes están creciendo porque la gente no ha encontrado un modo de resolver sus problemas -la falta de trabajo bien pagados y dignos, una buena educación y buenos cuidados médicos- y ven una respuesta de parte de la iglesia católica".
Cleary, del Providence College, observa que no es sólo la iglesia católica la que está perdiendo terreno ante los movimientos neo-pentecostales de "salud y riqueza", sino también las iglesias protestantes mayoritarias.
Sin embargo, un aspecto desdeñado de la conversión, dice, es la alta tasa de abandono de muchas de las nuevas sectas en los primeros años.
Germán Chambi, 42, pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Minera Nueva Semilla, Potosí, una ciudad minera al sur de Bolivia, dice que no tiene miedo de perder dos docenas de miembros pobres e indígenas de su iglesia de tres años. Rinden culto en un espantoso edificio de hormigón construido a medias, con un solitario, desafinado guitarrista para los acompañamientos, así que Chambi piensa que es la fe y no los fuegos artificiales los que mantienen unido a su rebaño.
Chambi, un ministro metodista de tercera generación, atribuye a los metodistas y bautistas la introducción de la educación y derechos de tierras para los indios bolivianos como su abuelo, años antes de que el estado extendiera el derecho a voto y la reforma agraria a la mayoría indígena en 1952. Incluso hoy, dice, las iglesias protestantes son más sensibles ante los indios que la jerarquía de la iglesia católica.
"Nuestras iglesias son más abiertas, las canciones son con ritmos locales, y yo visito a la gente todos los días para enterarme de su salud y de sus familias", dijo. "Seguro, los católicos tienen servicios sociales, pero rara vez van al campo y a comunidades olvidadas como esta".
25 de mayo de 2005
8 de mayo de 2005
©boston globe
©traducciónmQh
La Paz, Bolivia. Es domingo por la mañana en un antiguo auditorio cerrado en la parte más arenosa de la capital boliviana, una banda de bronces de 20 hombres está aporreando un ritmo disco mientras una línea de bailarines repite en el escenario una aproximación de Hustle."¿Quién vive?", ruge por el micrófono el jefe de la banda con un traje azulete.
Un grito atronador y extático se eleva de los miles que atiborran el dilapidado teatro: "¡Jesús! ¡Jesús!"
El tono es pegadizo, y los fieles bailan como si estuvieran en una fiesta: Mujeres indias con ponchos y enaguas dan vueltas como peonza, obreros de la ciudad bailan cumbia y agitan banderas decoradas con las palabras "Poder de Dios" y jóvenes madres marcan el paso y mecen rítmicamente a sus bebés.
El predicador pide a una multitud de gente que se suba al escenario de dar testimonio de que Jesús curó sus tumores o triplicó sus cosechas. Después de entregar agradecidamente sobres con donaciones, les echa óleo santo' en sus cabezas y ellos aúllan o se sacuden de risa y caen al suelo, dominados por la emoción. "¡Demos una mano a Dios!", dice la esposa del predicador, para que la gente aplauda.
Un ambiente muy distante de la sosegada misa católica en una iglesia cercana, a la que muchos de estos fieles pertenecían antes. En estos días, dos tercios de las bancas están vacíos.
Para el recién nombrado Papa Benedicto XVI, el urgente reto en América Latina -hogar del más grande número de católicos del mundo- será resolver la debilidad del catolicismo que está permitiendo un éxodo en esta región.
Los católicos están escapando en tropel hacia las sectas evangélicas llamadas "de salud y riqueza", el mormonismo y otras religiones que los conversos dicen que tratan mejor las preocupaciones cotidianas.
El protestantismo florece en una región que ha sido un bastión del catolicismo desde el siglo 16. En pequeños pueblos, los pastores están construyendo comunidades de hermanos', con visitas puerta a puerta a los alcohólicos, maridos que golpean a sus mujeres y enfermos. En las grandes ciudades, líderes carismáticos respaldados por teclados electrónicos prometen sacarles de la pobreza mediante la fe en Jesús.
Las filas de las sectas protestantes se han duplicado en toda la región en las últimas décadas, según la Asociación de Estudios Religiosos Latinoamericanos.
"La conversión religiosa es el más importante proceso social que está cambiando América Latina y el Caribe en los siglos 20 y 21", de acuerdo al padre Edward Cleary, director de Estudios Latinoamericanos de Providence College y ex misionero,
El ejemplo más dramático es Guatemala, donde un 25 por ciento de la población es protestante. El número de evangélicos también aumenta en Brasil, el país católico más grande del mundo, donde ahora un 15 por ciento se dice protestante, de acuerdo a las encuestas. Según algunas proyecciones, América Latina tendrá una mayoría hacia fines de siglo, de acuerdo a David Reed, profesor de teología en la Universidad de Toronto.
Parte de la fuga se puede explicar debido a que los ministros y misioneros protestantes son jóvenes que se involucran más activamente en sus comunidades que los sacerdotes católicos, más viejos y abrumados de trabajo.
En México, hogar del segundo país católico del mundo, un sacerdote atiende en promedio a 8.600 católicos, de acuerdo a estadísticas de la iglesia y del censo, mientras que un pastor protestante atiende a 230 fieles, de acuerdo a Elio Masferrer, presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Religiosos. En la ciudad de Potosí, Bolivia, hay 23 curas para 120.000 católicos, de acuerdo a la diócesis, y 16 jóvenes misioneros mormones dicen que han conquistado a miles de conversos.
Pero muchas de las deserciones, según entrevistas con los conversos aquí, se derivan de la idea de que la iglesia católica no ha tratado adecuadamente la creciente desigualdad, el desempleo, la endémica pobreza de la región. Ciertamente, la iglesia mantiene innumerables programas de servicio social, pero los descontentos dicen que los sacerdotes célibes a menudo parecen alejados de las preocupaciones cotidianas de la gente a la que sirven. Muchas sectas evangélicas, en contraste, prometen un servicio más interactivo y recompensas terrenales a través de la fe.
Aquí, en el Iglesia del Nuevo Pacto Poder de Dios, unos 10.000 bolivianos se apiñan en 6 turnos de culto dirigidos por predicadores carismáticos y músicos de aerobics en un desteñido auditorio los domingos. La banda del Buen Samaritano toca 45 minutos en un servicio de tres horas, y no ha habido ninguna lectura del evangelio. Cuando el predicador con un brillante traje gris marengo y camisa rosada sube al escenario, cuenta la historia de Jesús alimentando a miles con unos pocos peces y barras de pan, y dice a los fieles que ellos también pueden multiplicar sus miserables recursos a través de la fe.
"¡Quieren ser bendecidos en el desierto? ¿Quieren sanar?", brama el pastor. "¡Entonces cojan esos sobres!", ordena mientras los acomodadores agitan los papelitos de donativos en las caras de mujeres de edad mediana y mayores, que las recogen y garrapatean oraciones para curar sus males y encontrar trabajo para sus hijos.
"Me uní a esta iglesia hace ocho años porque tenía un tumor. El pastor me sumergió en agua y yo entregué mi corazón a Dios, que me sanó", dijo María Mamani Vásquez, 55, vendedora ambulante que miraba con adoración a Luis Guachalla, el fundador de la secta, que dice que abandonó la mala vida y empezó a predicar en las calles de La Paz hace 22 años.
Las historias de las conversiones son sorprendentemente similares. Elvira Candari, una artesana de 35 años, dijo que se sintió "abandonada por la iglesia católica" durante su doloroso divorcio y fue traída aquí por una tía.
Justino Oacira Ramos, 74, un chofer desempleado, dijo que su esposa lo trajo aquí para que dejara de beber: "La iglesia católica no existía realmente para mí; no me ayudaron". Él dejó de beber.
En el escenario, Magneli de Guachalla, la esposa del predicador y predicadora autodidacta que dice que la fe la curó de su enfermedad de los riñones, se dirige a la muchedumbre con el desplante de un orador vocacional y comediante. Cuenta la historia de una madre desesperada de cinco hijos que pasó de dormir en una choza de barro a gestionar sus propias tiendas a los seis meses de haber adoptado a Jesús.
Mujeres que quieren ayudar a sus maridos e hijos deben mezclar una gota de óleo santo en sus huevos, y rezar, aconseja.
Un zapatero indigente que ahora fabrica zapatos porque "¡está loco por Dios!", brama ella. "¡Dios te dará una casa! Si piensan que soy materialista, les digo: ¡Sí lo soy! ¡Todo es posible con el poder de Dios! ¡La incredulidad es un pecado!"
Durante el día, los fieles suben al escenario o arriba, a las oficinas de la pobre radio nacional de la iglesia, para dar testimonio de milagros que desafían a la muerte y recompensas financieras que han recibido gracias a la fe y al pródigo uso del bálsamo. Cientos de rústicas muletas yacen en una esquina del estudio, el testamento de los que las arrojaron ahí.
Detrás de sus testimonios se oye el metálico sonido de las monedas donadas para la construcción de un templo de 2 millones de dólares.
En una tranquila entrevista entre servicios, Guachalla, 43, dice que sufrió una conversión instantánea a los 21 cuando conoció a un predicador boliviano que le dijo que tenía de dejar de beber, de fumar y de pelearse con su esposa. Explicando el atractivo de la iglesia, Guachalla dijo simplemente: "La iglesia católica no tiene las respuestas".
Incluso muchos católicos devotos, como Luis Bermejo, 37, un programador informático que es un miembro activo de la catedral de La Paz, reconocen el atractivo de las sectas: "Su mensaje es muy humano: dejar de sufrir. Las iglesias protestantes están creciendo porque la gente no ha encontrado un modo de resolver sus problemas -la falta de trabajo bien pagados y dignos, una buena educación y buenos cuidados médicos- y ven una respuesta de parte de la iglesia católica".
Cleary, del Providence College, observa que no es sólo la iglesia católica la que está perdiendo terreno ante los movimientos neo-pentecostales de "salud y riqueza", sino también las iglesias protestantes mayoritarias.
Sin embargo, un aspecto desdeñado de la conversión, dice, es la alta tasa de abandono de muchas de las nuevas sectas en los primeros años.
Germán Chambi, 42, pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Minera Nueva Semilla, Potosí, una ciudad minera al sur de Bolivia, dice que no tiene miedo de perder dos docenas de miembros pobres e indígenas de su iglesia de tres años. Rinden culto en un espantoso edificio de hormigón construido a medias, con un solitario, desafinado guitarrista para los acompañamientos, así que Chambi piensa que es la fe y no los fuegos artificiales los que mantienen unido a su rebaño.
Chambi, un ministro metodista de tercera generación, atribuye a los metodistas y bautistas la introducción de la educación y derechos de tierras para los indios bolivianos como su abuelo, años antes de que el estado extendiera el derecho a voto y la reforma agraria a la mayoría indígena en 1952. Incluso hoy, dice, las iglesias protestantes son más sensibles ante los indios que la jerarquía de la iglesia católica.
"Nuestras iglesias son más abiertas, las canciones son con ritmos locales, y yo visito a la gente todos los días para enterarme de su salud y de sus familias", dijo. "Seguro, los católicos tienen servicios sociales, pero rara vez van al campo y a comunidades olvidadas como esta".
25 de mayo de 2005
8 de mayo de 2005
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combatientes dejan las armas
[Henry Chu] Ex militantes vuelven a nacer en Bogotá. El gobierno ha persuadido a algunos colombianos a deponer las armas e integrarse a la sociedad, incluso a pesar de que la guerra continúe.
Bogotá, Colombia. La cicatriz que cruza su frente es el único signo visible del pasado que Luz Miriam conserva encerrado como si lo tuviera prisionero. Ninguno de sus vecinos sabe de sus días cuando llevaba uniforme de faena y una ametralladora, y veía la muerte de cerca en combates cuerpo a cuerpo. Nadie puede preguntarle cómo era estar en el interior colombiano con líderes guerrilleros que han estado librando una sangrienta guerra contra el gobierno durante 41 años.
Para ellos, ella es una madre alegre, ligeramente regordeta y propietaria que espera tener éxito con su café cibernético que inauguró recientemente con su marido en una esquina anónima de Bogotá. Sus vecinos no son entrometidos, y ella no dice nada sobre los años que pasó en las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.
Pero el que fuera alguna vez su enemigo mortal, el estado, sabe exactamente quién es y dónde vive. De hecho, la ha ayudado a empezar una nueva vida, y proporcionado el dinero que necesitaba para empezar su negocio.
"Me siento más contenta ahora. Tengo una casa", dijo Luz Miriam, 36, que pidió que no se mencionara su apellido. "Quizás este negocio no me hará rica, pero estoy feliz de contar con algo para sobrevivir".
La subvención forma parte de un proyecto del gobierno colombiano para hacer lo que pocos otros países afectados por una guerra han intentado: persuadir a los militantes a que depongan las armas, se reintegren en la sociedad civil aunque la guerra continúe, causando la muerte de miles de personas cada año.
Es una tarea desalentadora. Los guerrilleros desmovilizados están a menudo traumatizados, carecen de educación y están familiarizados con la violencia. No hay ninguna garantía de que estos antiguos combatientes, percibidos por la sociedad con inquietud y hostilidad, se adaptarán a un ambiente nuevo libre de carnicerías arbitrarias, pero lleno de reglas desconocidas, burocracia y relativa inactividad.
Tampoco es seguro que estos hombres y mujeres encuentren trabajo en la deprimida economía colombiana, a pesar de la formación vocacional que reciben. Algunos caen en la delincuencia; otros vuelven a unirse a sus compañeros en armas.
"El proceso de reintegración es difícil, y no todos los intentos resultan bien", dijo Andrés Piñate, vice-ministro de Defensa. "Pero al menos tienen la oportunidad".
Miles de militantes se han entregado a las autoridades desde que el presidente Álvaro Uribe asumiera el cargo en 2002 prometiendo aplastar tanto a las guerrillas de las FARC como a los paramilitares de extrema derecha que los combaten. El flujo de combatientes desmovilizados que esperan hacer uso de la ayuda del gobierno ha casi abrumado al programa de integración, que esperaba 6.000 participantes en cuatro años pero ya ha aceptado 7.000 en menos de tres.
Los ex guerrilleros provienen de todas partes del país y de ambos lados de la división ideológica. Los jóvenes rebeldes de las FARC, algunos todavía adolescentes, abandonan a Marx y las ametralladoras por temor a no llegar a la adultez. Otros escapan del brutal mundo de los grupos paramilitares de extrema derecha, que han sido acusados de algunas de las peores atrocidades de la guerra. Abandonan a unos 13.000 guerrilleros y 8.500 paramilitares que continúan la guerra.
Todos los que fueron militantes en el pasado, ansían una apariencia de normalidad, alejados del conflicto que se prolongue por más tiempo que sus propias vidas, cuya lógica retorcida ya no entienden -si es que alguna vez la entendieron.
"Nos hemos estado preguntando: ¿Por qué traté de matarte? ¿Por qué trataste tú de matarme a mí?", dijo un antiguo guerrillero de las FARC llamado Álvaro. "No tiene sentido".
Junto a él, dos antiguos paramilitares asintieron, hombres a los que podría haber metido un par de balas despreocupadamente si se hubiesen cruzado en su camino hace algunos meses. Los hombres hablaron a condición de que sus nombres completos no fueran revelados por temor a las represalias de sus antiguos compañeros. Después de cinco años de estar con los rebeldes en el centro y sur de Colombia, Álvaro se entregó a los militares en enero -"borracho y muy nervioso', recordó. Estaba enfermo de los peligros y la brutalidad que se había reclamado la vida de 13 de los 16 guerrilleros de su grupo y también la vida de su hija adolescente, de la que dijo que había sido ejecutada por las FARC porque había empezado a salir con un soldado del ejército colombiano.
Álvaro, 44, vive ahora con su novia en un barrio dormitorio en el bravo lado sur de Bogotá, en un apagado edificio de tres pisos, con otras 30 personas que estaban previamente conectadas a las FARC. La mayoría de los antiguos guerrilleros de las FARC y paramilitares han sido asentados separadamente, pero algunos edificios son mezclados, y se ha informado de pocos problemas, dijeron funcionarios.
Los recién llegados deben pasar por tres meses de verificación para determinar si han participado en secuestros, masacres u otros crímenes de guerra. Los que tienen órdenes de captura pendientes son excluidos del programa de reintegración y detenidos para ser procesados.
Los afortunados se trasladan a casas colectivas más permanentes, o a viviendas independientes, para empezar un curso vocacional de 21 meses en terrenos tales como electricidad y productos lácteos. En los dos años de programa, el estado paga por la vivienda, le educación y la salud de ellos y sus dependientes, beneficios de los que no disfrutan muchos pobres de Colombia.
Incluso así, las cosas no siempre salen bien. Algunos de los desmovilizados sufren de estrés post-traumática y necesitan asistencia psiquiátrica, que el programa también proporciona. Otros, reclutados u obligados a participar en grupos armados cuando eran adolescentes, deben aprender habilidades básicas antes de proseguir con formaciones más técnicas. Dos tercios son completa o funcionalmente analfabetos.
Pero muchos están determinados a cerrar la puerta de sus sangrientos pasados.
"Aquí hemos depuesto las armas, y no queremos saber nada más de lo que está pasando allá", dijo José, 46, uno de los ex paramilitares, refiriéndose al conflicto. "Mi compromiso con el estado es estudiar, prepararnos para el futuro y yo mí mismo y mis hijos, y ser una buena persona".
Por su ayuda el gobierno exige algo a cambio: información.
"No es un cheque en blanco", dijo Peñate, el vice-ministro de Defensa, sobre el programa. "Hemos pedido un compromiso para ayudar a estabilizar la justicia y el orden público, queremos información sobre cómo fueron reclutados, información que nos ayudará a prevenir atentados terroristas. La gente que se ha entregado ha salvado un montón de vidas".
Funcionarios dicen que las informaciones obtenidas de más de 1.000 antiguos militantes -a los que se les paga por la información- han frustrado 21 conspiraciones terroristas, el hallazgo de 28 toneladas de explosivos y 2.000 minas antipersonales, y la destrucción de 6 laboratorios de cocaína.
"Tenemos un montón de información", dijo Álvaro, el ex rebelde de las FARC.
Algunos de los participantes en los programas se han quejado de ser presionados por las autoridades para delatar a sus antiguos compañeros. Álvaro dijo que él no había delatado a nadie por temor a que sus parientes sufrieran represalias de las guerrillas. Sólo los familiares directos de los ex combatientes son reasentados por el estado.
La ubicación de las casas de seguridad se mantiene secreta para minimizar el peligro de un ataque de grupos militantes empecinados en cazar a los desertores. Se han detectado espías que trataban de infiltrarse en el programa; algunos combatientes desmovilizados han sido amenazados por sus antiguos compañeros. El administrador del programa, Juan David Ángel, viaja en un coche blindado con dos guardaespaldas.
Agentes de seguridad vigilan los refugios, hay toque de queda en las noches y las policías locales han sido instruidas para aumentar su vigilancia en el área.
Sin embargo, inevitablemente, la voz se corre.
El mes pasado unos 400 vecinos del barrio de Álvaro, un distrito que se ha poblado con más de una docena de casas de seguridad, asistieron a una reunión en el ayuntamiento para discutir los peligros potenciales que plantea la presencia de antiguos combatientes armados en su medio. Los funcionarios trataron de calmar sus preocupaciones, y algunos guerrilleros desmovilizados se pararon y pidieron personalmente que les dieran una posibilidad.
Algunos también advirtieron al gobierno de los sentimientos de inactividad e incertidumbre, que podría llevar a algunos a abandonar el programa y volver a unirse a sus grupos armados.
"La población general debe entender que tiene que ser generosa con esta gente", dijo Peñate. "Todo Colombia acepta la idea de desmovilización, pero poca gente quiere refugios para los desmovilizados en sus propios barrios. Todos dicen lo bueno que es que ellos estén ayudando en la lucha contra el terrorismo, pero nadie quiere darles trabajo".
De momento, ninguna compañía privada ha ofrecido oportunidades de empleo a los que dejan las armas. El gobierno les ha proporcionado la mayor parte de los trabajos, e incluso así sólo una parte de los inscritos en el programa logran terminarlo. El resto empieza negocios propios o cierran la boca cuando solicitan trabajo.
"La gente ve a los desmovilizados como si fuere gente con cuernos y cola", dijo Peñate. "Es más difícil que la sociedad los acoja a que los desmovilice".
El despacho del alcalde de Bogotá ha advertido sobre el creciente resentimiento público sobre un supuesto aumento de la delincuencia en las áreas en torno a los refugios.
Funcionarios federales desechan esas quejas diciendo que mantienen estrecha vigilancia de los combatientes, que saben que un mal paso les costaría su participación en el programa. Ha habido 200 casos establecidos de militantes que han cometido delitos tales como robo y atraco a mano armada, pero "tenemos que ver el bosque y no solamente los árboles", dijo Peñate.
Este año el gobierno ha destinado unos 42 millones de dólares al proyecto de integración. Debido a que Washington clasifica a las FARC y los grupos paramilitares como terroristas, la ayuda norteamericana a Colombia -3 billones de dólares desde 2000- no puede ser usada directamente para subvencionar el programa o ayudar a los antiguos combatientes.
Pero un funcionario colombiano, que pidió no ser identificado, dijo que el gobierno había encontrado una manera de utilizar fondos norteamericanos para cubrir un 10 por ciento de costes del programa, tales como la propaganda por radio que insta a los militantes a entregarse.
Algunos de los gastos del programa toman la forma de capital inicial para los combatientes que empiezan negocios cuando terminan el curso. Las empresas han incluido una carnicería, una pequeña operación minera, una fábrica de zapatos y un taller de reparaciones mecánicas. Los subsidios pueden incluso ser usados como el primer pago de una casa si la persona se propone gestionar una empresa familiar o una pequeña granja.
Unos 2.500 ex alumnos han empezado sus propios negocios. El gobierno no ha trazado sistemáticamente a los antiguos combatientes una vez que dejan el programa, en parte porque, dicen los funcionarios, muchos de ellos prefieren no tener más contactos de modo de poder limpiar completamente sus antecedentes.
Luz Miriam y su marido, ambos antiguos rebeldes de las FARC, reunieron sus asignaciones de unos 3.500 dólares cada uno para abrir un locutorio y café cibernético hace seis meses.
No es lo que Luz Miriam pensaba hacer.
Preparada por las FARC como enfermera, estaba acostumbrada a dar puntos a los heridos, cuidar a los viejos líderes guerrilleros e incluso realizar pequeñas intervenciones quirúrgicas, como la vez que extrajo balas del estómago de un guerrillero. La metralla intercambiada en un enfrentamiento con los paramilitares la dejó con su propia cicatriz de guerra, arriba de su ceja izquierda.
Tenía apenas 13 años, y era inquieta y se aburría, cuando las FARC la reclutaron en el sur de Colombia. Dejó su casa sin despedirse de nadie, y se unió a otros jóvenes en un viaje de 15 días que empezó su iniciación como combatiente armada. Los que no aprobaron el curso de adiestramiento de 3 meses -unos 50 de un grupo de 150- fueron fusilados, dijo.
Los nuevos guerrilleros asistían a clases de educación política, pero ella "era demasiado lista" para eso, por lo que las FARC la inscribieron en un curso de enfermería dictado por un doctor ruso, recordó Luz Miriam. Sus buenos resultados le ganaron su nombramiento en el secretariado, donde ayudó a tratar a líderes rebeldes como Alfonso Cano y Manuel Marulanda, el jefe de las FARC.
Hace unos cinco años, sus compañeros reunieron un "consejo de guerra" para juzgarla por disparar y herir a un civil al que acusó a haberle hecho avances sexuales. El consejo la exoneró, pero sabía que tenía que empezar a planificar su fuga.
Tomó tiempo reunir el coraje y esperar el momento oportuno. Una mañana de 2000 antes del amanecer Luz Miriam se arrastró hacia fuera, hizo parar a un bus y se dirigió hacia una nueva vida -como otro bogotano, un hombre recién casado al que conoció en el programa de reintegración, una madre que se había vuelto a reunir con los hijos que había dejado con su hermana para que los criara y ahora es una optimista empresaria.
Aunque le gustaría continuar siendo enfermera, está contenta con la tranquilidad de su nueva vida en Bogotá, incluso si la adaptación a un lugar extraño ha sido todo un reto.
"El cambio fue tremendo", dijo Luz Miriam.
"Pero yo digo a la gente, si vienes, es para cambiar. No hay motivos para seguir causando daño a la sociedad".
23 de mayo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
Bogotá, Colombia. La cicatriz que cruza su frente es el único signo visible del pasado que Luz Miriam conserva encerrado como si lo tuviera prisionero. Ninguno de sus vecinos sabe de sus días cuando llevaba uniforme de faena y una ametralladora, y veía la muerte de cerca en combates cuerpo a cuerpo. Nadie puede preguntarle cómo era estar en el interior colombiano con líderes guerrilleros que han estado librando una sangrienta guerra contra el gobierno durante 41 años.Para ellos, ella es una madre alegre, ligeramente regordeta y propietaria que espera tener éxito con su café cibernético que inauguró recientemente con su marido en una esquina anónima de Bogotá. Sus vecinos no son entrometidos, y ella no dice nada sobre los años que pasó en las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC.
Pero el que fuera alguna vez su enemigo mortal, el estado, sabe exactamente quién es y dónde vive. De hecho, la ha ayudado a empezar una nueva vida, y proporcionado el dinero que necesitaba para empezar su negocio.
"Me siento más contenta ahora. Tengo una casa", dijo Luz Miriam, 36, que pidió que no se mencionara su apellido. "Quizás este negocio no me hará rica, pero estoy feliz de contar con algo para sobrevivir".
La subvención forma parte de un proyecto del gobierno colombiano para hacer lo que pocos otros países afectados por una guerra han intentado: persuadir a los militantes a que depongan las armas, se reintegren en la sociedad civil aunque la guerra continúe, causando la muerte de miles de personas cada año.
Es una tarea desalentadora. Los guerrilleros desmovilizados están a menudo traumatizados, carecen de educación y están familiarizados con la violencia. No hay ninguna garantía de que estos antiguos combatientes, percibidos por la sociedad con inquietud y hostilidad, se adaptarán a un ambiente nuevo libre de carnicerías arbitrarias, pero lleno de reglas desconocidas, burocracia y relativa inactividad.
Tampoco es seguro que estos hombres y mujeres encuentren trabajo en la deprimida economía colombiana, a pesar de la formación vocacional que reciben. Algunos caen en la delincuencia; otros vuelven a unirse a sus compañeros en armas.
"El proceso de reintegración es difícil, y no todos los intentos resultan bien", dijo Andrés Piñate, vice-ministro de Defensa. "Pero al menos tienen la oportunidad".
Miles de militantes se han entregado a las autoridades desde que el presidente Álvaro Uribe asumiera el cargo en 2002 prometiendo aplastar tanto a las guerrillas de las FARC como a los paramilitares de extrema derecha que los combaten. El flujo de combatientes desmovilizados que esperan hacer uso de la ayuda del gobierno ha casi abrumado al programa de integración, que esperaba 6.000 participantes en cuatro años pero ya ha aceptado 7.000 en menos de tres.
Los ex guerrilleros provienen de todas partes del país y de ambos lados de la división ideológica. Los jóvenes rebeldes de las FARC, algunos todavía adolescentes, abandonan a Marx y las ametralladoras por temor a no llegar a la adultez. Otros escapan del brutal mundo de los grupos paramilitares de extrema derecha, que han sido acusados de algunas de las peores atrocidades de la guerra. Abandonan a unos 13.000 guerrilleros y 8.500 paramilitares que continúan la guerra.
Todos los que fueron militantes en el pasado, ansían una apariencia de normalidad, alejados del conflicto que se prolongue por más tiempo que sus propias vidas, cuya lógica retorcida ya no entienden -si es que alguna vez la entendieron.
"Nos hemos estado preguntando: ¿Por qué traté de matarte? ¿Por qué trataste tú de matarme a mí?", dijo un antiguo guerrillero de las FARC llamado Álvaro. "No tiene sentido".
Junto a él, dos antiguos paramilitares asintieron, hombres a los que podría haber metido un par de balas despreocupadamente si se hubiesen cruzado en su camino hace algunos meses. Los hombres hablaron a condición de que sus nombres completos no fueran revelados por temor a las represalias de sus antiguos compañeros. Después de cinco años de estar con los rebeldes en el centro y sur de Colombia, Álvaro se entregó a los militares en enero -"borracho y muy nervioso', recordó. Estaba enfermo de los peligros y la brutalidad que se había reclamado la vida de 13 de los 16 guerrilleros de su grupo y también la vida de su hija adolescente, de la que dijo que había sido ejecutada por las FARC porque había empezado a salir con un soldado del ejército colombiano.
Álvaro, 44, vive ahora con su novia en un barrio dormitorio en el bravo lado sur de Bogotá, en un apagado edificio de tres pisos, con otras 30 personas que estaban previamente conectadas a las FARC. La mayoría de los antiguos guerrilleros de las FARC y paramilitares han sido asentados separadamente, pero algunos edificios son mezclados, y se ha informado de pocos problemas, dijeron funcionarios.
Los recién llegados deben pasar por tres meses de verificación para determinar si han participado en secuestros, masacres u otros crímenes de guerra. Los que tienen órdenes de captura pendientes son excluidos del programa de reintegración y detenidos para ser procesados.
Los afortunados se trasladan a casas colectivas más permanentes, o a viviendas independientes, para empezar un curso vocacional de 21 meses en terrenos tales como electricidad y productos lácteos. En los dos años de programa, el estado paga por la vivienda, le educación y la salud de ellos y sus dependientes, beneficios de los que no disfrutan muchos pobres de Colombia.
Incluso así, las cosas no siempre salen bien. Algunos de los desmovilizados sufren de estrés post-traumática y necesitan asistencia psiquiátrica, que el programa también proporciona. Otros, reclutados u obligados a participar en grupos armados cuando eran adolescentes, deben aprender habilidades básicas antes de proseguir con formaciones más técnicas. Dos tercios son completa o funcionalmente analfabetos.
Pero muchos están determinados a cerrar la puerta de sus sangrientos pasados.
"Aquí hemos depuesto las armas, y no queremos saber nada más de lo que está pasando allá", dijo José, 46, uno de los ex paramilitares, refiriéndose al conflicto. "Mi compromiso con el estado es estudiar, prepararnos para el futuro y yo mí mismo y mis hijos, y ser una buena persona".
Por su ayuda el gobierno exige algo a cambio: información.
"No es un cheque en blanco", dijo Peñate, el vice-ministro de Defensa, sobre el programa. "Hemos pedido un compromiso para ayudar a estabilizar la justicia y el orden público, queremos información sobre cómo fueron reclutados, información que nos ayudará a prevenir atentados terroristas. La gente que se ha entregado ha salvado un montón de vidas".
Funcionarios dicen que las informaciones obtenidas de más de 1.000 antiguos militantes -a los que se les paga por la información- han frustrado 21 conspiraciones terroristas, el hallazgo de 28 toneladas de explosivos y 2.000 minas antipersonales, y la destrucción de 6 laboratorios de cocaína.
"Tenemos un montón de información", dijo Álvaro, el ex rebelde de las FARC.
Algunos de los participantes en los programas se han quejado de ser presionados por las autoridades para delatar a sus antiguos compañeros. Álvaro dijo que él no había delatado a nadie por temor a que sus parientes sufrieran represalias de las guerrillas. Sólo los familiares directos de los ex combatientes son reasentados por el estado.
La ubicación de las casas de seguridad se mantiene secreta para minimizar el peligro de un ataque de grupos militantes empecinados en cazar a los desertores. Se han detectado espías que trataban de infiltrarse en el programa; algunos combatientes desmovilizados han sido amenazados por sus antiguos compañeros. El administrador del programa, Juan David Ángel, viaja en un coche blindado con dos guardaespaldas.
Agentes de seguridad vigilan los refugios, hay toque de queda en las noches y las policías locales han sido instruidas para aumentar su vigilancia en el área.
Sin embargo, inevitablemente, la voz se corre.
El mes pasado unos 400 vecinos del barrio de Álvaro, un distrito que se ha poblado con más de una docena de casas de seguridad, asistieron a una reunión en el ayuntamiento para discutir los peligros potenciales que plantea la presencia de antiguos combatientes armados en su medio. Los funcionarios trataron de calmar sus preocupaciones, y algunos guerrilleros desmovilizados se pararon y pidieron personalmente que les dieran una posibilidad.
Algunos también advirtieron al gobierno de los sentimientos de inactividad e incertidumbre, que podría llevar a algunos a abandonar el programa y volver a unirse a sus grupos armados.
"La población general debe entender que tiene que ser generosa con esta gente", dijo Peñate. "Todo Colombia acepta la idea de desmovilización, pero poca gente quiere refugios para los desmovilizados en sus propios barrios. Todos dicen lo bueno que es que ellos estén ayudando en la lucha contra el terrorismo, pero nadie quiere darles trabajo".
De momento, ninguna compañía privada ha ofrecido oportunidades de empleo a los que dejan las armas. El gobierno les ha proporcionado la mayor parte de los trabajos, e incluso así sólo una parte de los inscritos en el programa logran terminarlo. El resto empieza negocios propios o cierran la boca cuando solicitan trabajo.
"La gente ve a los desmovilizados como si fuere gente con cuernos y cola", dijo Peñate. "Es más difícil que la sociedad los acoja a que los desmovilice".
El despacho del alcalde de Bogotá ha advertido sobre el creciente resentimiento público sobre un supuesto aumento de la delincuencia en las áreas en torno a los refugios.
Funcionarios federales desechan esas quejas diciendo que mantienen estrecha vigilancia de los combatientes, que saben que un mal paso les costaría su participación en el programa. Ha habido 200 casos establecidos de militantes que han cometido delitos tales como robo y atraco a mano armada, pero "tenemos que ver el bosque y no solamente los árboles", dijo Peñate.
Este año el gobierno ha destinado unos 42 millones de dólares al proyecto de integración. Debido a que Washington clasifica a las FARC y los grupos paramilitares como terroristas, la ayuda norteamericana a Colombia -3 billones de dólares desde 2000- no puede ser usada directamente para subvencionar el programa o ayudar a los antiguos combatientes.
Pero un funcionario colombiano, que pidió no ser identificado, dijo que el gobierno había encontrado una manera de utilizar fondos norteamericanos para cubrir un 10 por ciento de costes del programa, tales como la propaganda por radio que insta a los militantes a entregarse.
Algunos de los gastos del programa toman la forma de capital inicial para los combatientes que empiezan negocios cuando terminan el curso. Las empresas han incluido una carnicería, una pequeña operación minera, una fábrica de zapatos y un taller de reparaciones mecánicas. Los subsidios pueden incluso ser usados como el primer pago de una casa si la persona se propone gestionar una empresa familiar o una pequeña granja.
Unos 2.500 ex alumnos han empezado sus propios negocios. El gobierno no ha trazado sistemáticamente a los antiguos combatientes una vez que dejan el programa, en parte porque, dicen los funcionarios, muchos de ellos prefieren no tener más contactos de modo de poder limpiar completamente sus antecedentes.
Luz Miriam y su marido, ambos antiguos rebeldes de las FARC, reunieron sus asignaciones de unos 3.500 dólares cada uno para abrir un locutorio y café cibernético hace seis meses.
No es lo que Luz Miriam pensaba hacer.
Preparada por las FARC como enfermera, estaba acostumbrada a dar puntos a los heridos, cuidar a los viejos líderes guerrilleros e incluso realizar pequeñas intervenciones quirúrgicas, como la vez que extrajo balas del estómago de un guerrillero. La metralla intercambiada en un enfrentamiento con los paramilitares la dejó con su propia cicatriz de guerra, arriba de su ceja izquierda.
Tenía apenas 13 años, y era inquieta y se aburría, cuando las FARC la reclutaron en el sur de Colombia. Dejó su casa sin despedirse de nadie, y se unió a otros jóvenes en un viaje de 15 días que empezó su iniciación como combatiente armada. Los que no aprobaron el curso de adiestramiento de 3 meses -unos 50 de un grupo de 150- fueron fusilados, dijo.
Los nuevos guerrilleros asistían a clases de educación política, pero ella "era demasiado lista" para eso, por lo que las FARC la inscribieron en un curso de enfermería dictado por un doctor ruso, recordó Luz Miriam. Sus buenos resultados le ganaron su nombramiento en el secretariado, donde ayudó a tratar a líderes rebeldes como Alfonso Cano y Manuel Marulanda, el jefe de las FARC.
Hace unos cinco años, sus compañeros reunieron un "consejo de guerra" para juzgarla por disparar y herir a un civil al que acusó a haberle hecho avances sexuales. El consejo la exoneró, pero sabía que tenía que empezar a planificar su fuga.
Tomó tiempo reunir el coraje y esperar el momento oportuno. Una mañana de 2000 antes del amanecer Luz Miriam se arrastró hacia fuera, hizo parar a un bus y se dirigió hacia una nueva vida -como otro bogotano, un hombre recién casado al que conoció en el programa de reintegración, una madre que se había vuelto a reunir con los hijos que había dejado con su hermana para que los criara y ahora es una optimista empresaria.
Aunque le gustaría continuar siendo enfermera, está contenta con la tranquilidad de su nueva vida en Bogotá, incluso si la adaptación a un lugar extraño ha sido todo un reto.
"El cambio fue tremendo", dijo Luz Miriam.
"Pero yo digo a la gente, si vienes, es para cambiar. No hay motivos para seguir causando daño a la sociedad".
23 de mayo de 2005
©los angeles times
©traducción mQh
van 243 mujeres asesinadas
En Guatemala en lo que va de año.
Guatemala. Dos mujeres fueron asesinadas en las últimas 24 horas en Guatemala, con lo que se incrementa a 243 el número de víctimas femeninas de homicidio en lo que va de 2005, cifra equivalente al 46% del total registrado en 2004, informaron este sábado fuentes oficiales.
El cuerpo de una mujer no identificada fue localizado el viernes en un camino de terracería en la colonia El Búcaro, en el sur de la capital, indicó el vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Caljú.
El portavoz precisó que la víctima tenía 13 heridas de arma blanca, siete de ellas en el cuello.
Entre tanto, María Graciela Echeverría fue asesinada dentro de un autobús urbano asaltado por desconocidos a pocos metros de su ingreso al Centro Histórico de la capital guatemalteca.
Echeverría, de 28 años de edad, recibió múltiples impactos de bala; en el hecho también fue asesinado el chofer del autobús, identificado como Herbert Aguilar, de 27 años.
De acuerdo con las autoridades, en lo que va de 2005 suman 243 las mujeres asesinadas, mientras que durante el 2004 fueron ejecutadas violentamente 527 féminas.
23 de mayo de 2005
©mi punto
Guatemala. Dos mujeres fueron asesinadas en las últimas 24 horas en Guatemala, con lo que se incrementa a 243 el número de víctimas femeninas de homicidio en lo que va de 2005, cifra equivalente al 46% del total registrado en 2004, informaron este sábado fuentes oficiales. El cuerpo de una mujer no identificada fue localizado el viernes en un camino de terracería en la colonia El Búcaro, en el sur de la capital, indicó el vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Caljú.
El portavoz precisó que la víctima tenía 13 heridas de arma blanca, siete de ellas en el cuello.
Entre tanto, María Graciela Echeverría fue asesinada dentro de un autobús urbano asaltado por desconocidos a pocos metros de su ingreso al Centro Histórico de la capital guatemalteca.
Echeverría, de 28 años de edad, recibió múltiples impactos de bala; en el hecho también fue asesinado el chofer del autobús, identificado como Herbert Aguilar, de 27 años.
De acuerdo con las autoridades, en lo que va de 2005 suman 243 las mujeres asesinadas, mientras que durante el 2004 fueron ejecutadas violentamente 527 féminas.
23 de mayo de 2005
©mi punto
linchamiento de ladrones
Linchan a cuatro presuntos ladrones en comunidad indígena de Guatemala.
Guatemala. Una turba de enardecidos pobladores quemó vivos a cuatro presuntos delincuentes en una comunidad indígena de Joyabaj, Quiché, 175 km al oeste de la capital guatemalteca, informó la policía este domingo.
El cuádruple linchamiento se produjo la noche del sábado en el caserío Currichiche, Joyabaj, precisó una fuente de la Policía Nacional Civildel lugar.
La fuente indicó que unos 5.000 pobladores capturaron a seis personas cuando supuestamente estaban robando en una vivienda.
Tras golpearlos, les rociaron gasolina y los quemaron vivos; cuatro murieron pero los otros dos sobrevivieron a las quemaduras y pudieron ser rescatados con vida este domingo por las autoridades y trasladados a un hospital de Joyabaj.
El pasado 14 de mayo también fueron linchados dos presuntos asesinos en Joyabaj.
Tres días antes, una turba había linchado y quemado vivo a un presunto hechicero en la comunidad indígena de Camchoch, Huehuetenango, unos 310 km al oeste de la capital guatemalteca.
Los linchamientos se han vuelto comunes en Guatemala, especialmente en poblados indígenas, en los que vive el 60% de los 11,2 millones de guatemaltecos.
Estos ataques han provocado la muerte a más de 400 personas, mientras que 955 han resultado heridas desde 1996 cuando comenzó a darse este fenómeno, según datos de organismos humanitarios.
23 de mayo de 2005
©mi punto
Guatemala. Una turba de enardecidos pobladores quemó vivos a cuatro presuntos delincuentes en una comunidad indígena de Joyabaj, Quiché, 175 km al oeste de la capital guatemalteca, informó la policía este domingo. El cuádruple linchamiento se produjo la noche del sábado en el caserío Currichiche, Joyabaj, precisó una fuente de la Policía Nacional Civildel lugar.
La fuente indicó que unos 5.000 pobladores capturaron a seis personas cuando supuestamente estaban robando en una vivienda.
Tras golpearlos, les rociaron gasolina y los quemaron vivos; cuatro murieron pero los otros dos sobrevivieron a las quemaduras y pudieron ser rescatados con vida este domingo por las autoridades y trasladados a un hospital de Joyabaj.
El pasado 14 de mayo también fueron linchados dos presuntos asesinos en Joyabaj.
Tres días antes, una turba había linchado y quemado vivo a un presunto hechicero en la comunidad indígena de Camchoch, Huehuetenango, unos 310 km al oeste de la capital guatemalteca.
Los linchamientos se han vuelto comunes en Guatemala, especialmente en poblados indígenas, en los que vive el 60% de los 11,2 millones de guatemaltecos.
Estos ataques han provocado la muerte a más de 400 personas, mientras que 955 han resultado heridas desde 1996 cuando comenzó a darse este fenómeno, según datos de organismos humanitarios.
23 de mayo de 2005
©mi punto
niños abandonados en colombia
[Nelson Matta Colorado] Bogotá y Antioquia son las regiones que más sufren este problema. El país ocupa el sexto lugar en América Latina por este flagelo social. En Colombia, 3.636 niños han sido declarados en estado de abandono.
Cuando tenía 10 años, el abandono apareció en la vida de la pequeña Liliana Muñoz con la máscara de la orfandad. Dos fallas cardiacas se llevaron a sus padres y la niña pasó a ser una colombianita más de la extensa hilera de niños desarraigados que recorren el país.
Desde 1997 hasta hoy, 21.698 infantes han sido declarados jurídicamente en abandono, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Pero la población de niños sin rumbo fijo y sin hogar puede ser mucho más grande, ya que la cifra no incluye a los menores de la calle, transeúntes invisibles que viven y duermen en el asfalto citadino.
En la actualidad, 3.636 infantes están en estado de abandono, aguardando por la adopción en un albergue. Algunos fueron dejados directamente en las puertas de las casas de adopción. Otros, la mayoría bebés, fueron recogidos de las aceras, las entradas de los templos y hasta de los basureros.
Colombia es el sexto país latinoamericano donde se registran más abandonos pueriles, dentro de una lista que encabezan Brasil y Haití.
Giro del Destino
Liliana Muñoz nació en Manrique, en el seno de una familia aparentemente normal. Era la segunda de cuatro hermanos.
Cuando tenía ocho años de edad, "una vecina chismosa me dijo: '¿usted cree que ese señor que vive con ustedes es su papá? Pues no, mi hijita'", comenta Liliana.
Saber que convivía con un padrastro, le aclaró las dudas sobre su crianza. "Mi madre solo quería a los dos hermanos menores, que eran hijos de mi padrastro José", dice Liliana.
Al año siguiente, un paro cardiaco apagó la vida de José, y 12 meses después la de su madre. Los hijos quedaron en el aire, nadie de la familia los acogió. Fue así como Liliana y sus cuatro hermanos fueron a parar a un albergue infantil. "Un tío que teníamos era muy joven y no tenía los recursos económicos para cuidarnos. Y mi abuela, que me adoraba, estaba muy enferma", comenta Liliana recordando aquel momento insoportable de su vida.
La joven pasó seis años en los orfanatos, y fue declarada en estado de abandono. Allí conoció historias atroces de otros niños, víctimas de maltrato.
Las causas más comunes para el abandono son la violencia intrafamiliar, las relaciones de pareja temporales, los embarazos no deseados, el divorcio y las dificultades económicas, dice Beatriz Guzmán, coordinadora del grupo de adopciones del Icbf.
Las estadísticas oficiales demuestran que en el país los departamentos y la ciudad que más registran casos de abandono son Bogotá, Antioquia, Valle, Nariño y Caldas.
Para desconcierto social, los seguimientos del Icbf demuestran que los niños de cero a siete años son los más abandonados. "El 65 por ciento de los 3.636 muchachos desarraigados padecen alguna discapacidad leve (como la miopía), moderada (síndrome de Down) o profunda (el niño no puede valerse por sí mismo, el caso de una secuela por parálisis cerebral)", comenta Guzmán.
Así, la enfermedad del niño es también una causa para su expulsión del hogar.
Engendro de la Violencia
Durante su estadía en un orfanato de Sopetrán, Antioquia, Liliana conoció a Matilde, una niña cuya sonrisa esconde la severidad de la calle y el abuso.
El origen de esta infante fue muy distinto al de Liliana. No tuvo un padrastro amable. Todo lo contrario. Su padrastro abusaba de sexualmente de ella, siendo ésta muy pequeña. El agresor amenazaba a la chiquilla diciéndole "si le dice algo a tu mamá, me voy de la casa y las dejo aguantando hambre". La chiquilla soportó el abuso por años, hasta que un día le contó todo a su madre. La progenitora no le creyó, y Matilde se largó para siempre por la ancha y dolorosa calle que a veces es la vida.
La Prevención Empieza con el Adulto
La mayoría de los niños que escapan de la violencia hogareña, son recibidos por nuevas formas de agresión en las calles: batallas por el territorio, vacío de hambre, drogas y explotación laboral.
Con respecto al drama que definió la vida de Matilde, el cual se repite en miles de hogares colombianos, Ligia Trujillo, directora ejecutiva de la Corporación de Amor al Niño (Cariño), dice que "el maltratador fue antes un maltratado. Así se relaciona con los demás. Eso no está desligado de la historia de ciudad".
Mirando Hacia el Futuro
Para prevenir dolores como los de Matilde, la funcionaria sugiere trabajar sobre el adulto, el criador. "Las instituciones debemos hacer un trabajo preventivo sobre el adulto y la responsabilidad sobre sí mismo. Si es responsable consigo mismo, lo será también con los hijos", señala la directora de Cariño.
El abandono tiene varias facetas. Dejar tirado a un bebé en un basurero es señal de una descomposición social que afecta mayormente a las familias vulnerables de estrato bajo.
No obstante, en los hogares de clase alta "se da el abandona de presencia, cuando los padres no tienen tiempo para sus hijos", advierte Trujillo.
Liliana expresa que los casos de chiquillos abandonados en la calle se debe a la desesperación y "a la presión familiar. Las mamás no toleran el embarazo de sus hijas, y las echan a la calle", dice.
Liliana salió del orfanato al cumplir la mayoría de edad. Hoy tiene 24 años y es madre soltera. Santiago, un hombrecillo de 18 meses de nacido, es su nueva esperanza para vivir.
Regresar al mundo que la abandonó fue un parto difícil. "Me sentía sola, y busqué compañía en el alcohol. Hasta que quedé embarazada, y lo superé", dice ella, con el ánimo propio de la tranquilidad.
Espera no cometer con su hijo los mismos errores que su madre cometió con ella. La joven mamá agrega que "un hijo necesita que le pregunten '¿qué te pasa?, ¿estás bien?'"
A nivel de prevención, las políticas públicas deben estar sincronizadas con esta problemática, señala Guzmán.
En un reciente informe de la Procuraduría General de la Nación se advierte que de los 16 millones de niños que tiene Colombia, seis millones viven en la pobreza y un millón en la miseria absoluta.
Tal panorama no preocupa a Liliana, que dará su vida por la de Santiago. "Él no será otro abandonado", comenta la madre, que ahora está estudiando, construyendo para su hijo la infancia que ella nunca tuvo.
*Nombre alterado por recomendación legal.
19 de mayo de 2005
24 de abril de 2005
©colombiano
Cuando tenía 10 años, el abandono apareció en la vida de la pequeña Liliana Muñoz con la máscara de la orfandad. Dos fallas cardiacas se llevaron a sus padres y la niña pasó a ser una colombianita más de la extensa hilera de niños desarraigados que recorren el país.Desde 1997 hasta hoy, 21.698 infantes han sido declarados jurídicamente en abandono, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Pero la población de niños sin rumbo fijo y sin hogar puede ser mucho más grande, ya que la cifra no incluye a los menores de la calle, transeúntes invisibles que viven y duermen en el asfalto citadino.
En la actualidad, 3.636 infantes están en estado de abandono, aguardando por la adopción en un albergue. Algunos fueron dejados directamente en las puertas de las casas de adopción. Otros, la mayoría bebés, fueron recogidos de las aceras, las entradas de los templos y hasta de los basureros.
Colombia es el sexto país latinoamericano donde se registran más abandonos pueriles, dentro de una lista que encabezan Brasil y Haití.
Giro del Destino
Liliana Muñoz nació en Manrique, en el seno de una familia aparentemente normal. Era la segunda de cuatro hermanos.
Cuando tenía ocho años de edad, "una vecina chismosa me dijo: '¿usted cree que ese señor que vive con ustedes es su papá? Pues no, mi hijita'", comenta Liliana.
Saber que convivía con un padrastro, le aclaró las dudas sobre su crianza. "Mi madre solo quería a los dos hermanos menores, que eran hijos de mi padrastro José", dice Liliana.
Al año siguiente, un paro cardiaco apagó la vida de José, y 12 meses después la de su madre. Los hijos quedaron en el aire, nadie de la familia los acogió. Fue así como Liliana y sus cuatro hermanos fueron a parar a un albergue infantil. "Un tío que teníamos era muy joven y no tenía los recursos económicos para cuidarnos. Y mi abuela, que me adoraba, estaba muy enferma", comenta Liliana recordando aquel momento insoportable de su vida.
La joven pasó seis años en los orfanatos, y fue declarada en estado de abandono. Allí conoció historias atroces de otros niños, víctimas de maltrato.
Las causas más comunes para el abandono son la violencia intrafamiliar, las relaciones de pareja temporales, los embarazos no deseados, el divorcio y las dificultades económicas, dice Beatriz Guzmán, coordinadora del grupo de adopciones del Icbf.
Las estadísticas oficiales demuestran que en el país los departamentos y la ciudad que más registran casos de abandono son Bogotá, Antioquia, Valle, Nariño y Caldas.
Para desconcierto social, los seguimientos del Icbf demuestran que los niños de cero a siete años son los más abandonados. "El 65 por ciento de los 3.636 muchachos desarraigados padecen alguna discapacidad leve (como la miopía), moderada (síndrome de Down) o profunda (el niño no puede valerse por sí mismo, el caso de una secuela por parálisis cerebral)", comenta Guzmán.
Así, la enfermedad del niño es también una causa para su expulsión del hogar.
Engendro de la Violencia
Durante su estadía en un orfanato de Sopetrán, Antioquia, Liliana conoció a Matilde, una niña cuya sonrisa esconde la severidad de la calle y el abuso.
El origen de esta infante fue muy distinto al de Liliana. No tuvo un padrastro amable. Todo lo contrario. Su padrastro abusaba de sexualmente de ella, siendo ésta muy pequeña. El agresor amenazaba a la chiquilla diciéndole "si le dice algo a tu mamá, me voy de la casa y las dejo aguantando hambre". La chiquilla soportó el abuso por años, hasta que un día le contó todo a su madre. La progenitora no le creyó, y Matilde se largó para siempre por la ancha y dolorosa calle que a veces es la vida.
La Prevención Empieza con el Adulto
La mayoría de los niños que escapan de la violencia hogareña, son recibidos por nuevas formas de agresión en las calles: batallas por el territorio, vacío de hambre, drogas y explotación laboral.
Con respecto al drama que definió la vida de Matilde, el cual se repite en miles de hogares colombianos, Ligia Trujillo, directora ejecutiva de la Corporación de Amor al Niño (Cariño), dice que "el maltratador fue antes un maltratado. Así se relaciona con los demás. Eso no está desligado de la historia de ciudad".
Mirando Hacia el Futuro
Para prevenir dolores como los de Matilde, la funcionaria sugiere trabajar sobre el adulto, el criador. "Las instituciones debemos hacer un trabajo preventivo sobre el adulto y la responsabilidad sobre sí mismo. Si es responsable consigo mismo, lo será también con los hijos", señala la directora de Cariño.
El abandono tiene varias facetas. Dejar tirado a un bebé en un basurero es señal de una descomposición social que afecta mayormente a las familias vulnerables de estrato bajo.
No obstante, en los hogares de clase alta "se da el abandona de presencia, cuando los padres no tienen tiempo para sus hijos", advierte Trujillo.
Liliana expresa que los casos de chiquillos abandonados en la calle se debe a la desesperación y "a la presión familiar. Las mamás no toleran el embarazo de sus hijas, y las echan a la calle", dice.
Liliana salió del orfanato al cumplir la mayoría de edad. Hoy tiene 24 años y es madre soltera. Santiago, un hombrecillo de 18 meses de nacido, es su nueva esperanza para vivir.
Regresar al mundo que la abandonó fue un parto difícil. "Me sentía sola, y busqué compañía en el alcohol. Hasta que quedé embarazada, y lo superé", dice ella, con el ánimo propio de la tranquilidad.
Espera no cometer con su hijo los mismos errores que su madre cometió con ella. La joven mamá agrega que "un hijo necesita que le pregunten '¿qué te pasa?, ¿estás bien?'"
A nivel de prevención, las políticas públicas deben estar sincronizadas con esta problemática, señala Guzmán.
En un reciente informe de la Procuraduría General de la Nación se advierte que de los 16 millones de niños que tiene Colombia, seis millones viven en la pobreza y un millón en la miseria absoluta.
Tal panorama no preocupa a Liliana, que dará su vida por la de Santiago. "Él no será otro abandonado", comenta la madre, que ahora está estudiando, construyendo para su hijo la infancia que ella nunca tuvo.
*Nombre alterado por recomendación legal.
19 de mayo de 2005
24 de abril de 2005
©colombiano
pinochet daba las órdenes
Contreras dice que Pinochet dio orden "personal, exclusiva y directa" de asesinar a Prats y Letelier.
En su informe en el que detalla el paradero de 580 detenidos desaparecidos, el general (R) Manuel Contreras incluye lo que pasó con el general Carlos Prats y el ex canciller Orlando Letelier. En ambos casos dice que fue Augusto Pinochet en forma "personal y directa", quien dio la orden al agente de la CIA Michael Townley de matar a ambas autoridades del gobierno de la UP.
En relación con el caso Prats, Contreras se refiere a Pinochet como la "más alta autoridad nacional" y dice que él dio la orden de asesinarlo, hecho que se concretó el 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires, Argentina.
Según el relato del general (R), la CIA transmitió al gobierno chileno su preocupación sobre la estadía de Prats en Argentina. Agrega que el organismo creía "cada vez más probable" que el ex comandante en jefe aceptara "encabezar un gobierno en el exilio, junto a la posibilidad de volver a Chile con tropas argentinas", lo que podría conllevar a un conflicto bélico en la región, situación que "constituiría un difícil problema para los Estados Unidos en la época de la Guerra Fría".
El ex jefe de la DINA dice que una "alta autoridad de la CIA se concertó con la más alta autoridad nacional con la cual era amigo, para solucionar el problema y evitar una guerra entre los países sudamericanos", y añade que "la alta autoridad de la CIA puso a disposición de la más alta autoridad nacional, en secreto, al agente de la CIA Michael Townley Welch", para evitar que Prats supuestamente intentara derrocar el gobierno militar.
En noviembre de 1970 en Estados Unidos, la CIA recluta a Townley, quien desarrolla una serie de actividades en nuestro país y huye en 1973. Vuelve a Chile a fines de ese año y realiza operaciones para la CIA en Santiago hasta septiembre de 1974 "a fin de que la más Alta Autoridad Nacional, de acuerdo a lo ya planificado por la CIA, le diera al agente Michael Townley la orden de actuar en forma directa, personal y exclusiva, sin intermediarios en contra del general Carlos Prats González en Buenos Aires".
Contreras dice que Townley actuó con pasaporte falso, el que le fue proporcionado por la CIA, bajo el nombre de Kenneth Enyart y que actuó con la ayuda de agentes de la CIA norteamericanos, argentinos y chilenos, además de los grupos de extrema derecha la Triple A y el Grupo Milicias.
Una situación similar describe el general Contreras respecto de la muerte de Sofía Cuthbert, quien murió junto a su esposo Carlos Prats en el atentado perpetrado en Buenos Aires. Según el jefe de la Dina, su muerte no estaba considerada en la acción.
El Caso Letelier
Respecto del ex canciller Letelier, Contreras dice que también fue asesinado por Townley, quien actuó esta vez bajo el nombre de Hans Petersen Silva. En esta parte del documento, Contreras se refiere a Pinochet como el Presidente de la República y aclara que fue una orden de la más alta autoridad, la que llevó a la muerte del ex canciller.
El general (r) dice que Townley contó con el apoyo de agentes de la CIA norteamericanos, además del movimiento nacionalista cubano y de la DISIP venezolana.
Según el informe del ex uniformado, el subdirector de la CIA, general Vernon Walters, informó a Pinochet que Letelier constituía un peligro para Estados Unidos, ya que trabajaba como espía de la KGB y además preparaba un gobierno chileno en el exilio.
De acuerdo a la versión de Contreras, Pinochet y Walters se reunieron, tras lo cual la CIA dispuso nuevamente del agente Townley. "El Presidente de Chile dispuso en forma personal, exclusiva y directa, la acción del agente de la CIA Michael Townley en contra del señor Orlando Letelier", dice Contreras en el documento.
En esta parte del informe, el ex jefe de la Dina considera que "extrañamente la CNI canceló los honorarios de una firma de abogados norteamericanos que defendió a Michael Townley en Estados Unidos" entre 1978 y 1990, periodo en que duró el juicio por la muerte de Letelier y su secretaria. A ello, Contreras hace mención al hecho de que "el Presidente se negó a cancelar a los abgados" que lo defendieron a él (como ex jefe de la DINA) y al brigadier Pedro Espinoza en el pedido de extradición entre 1978 y 1979.
Además dice que se dispusieron sueldos mensuales por la CNI entre 1978 y 1990 a los individuos que en forma particular trabajaban con Townley en Chile, todos pertenecientes a Patria y libertad. Ellos fueron Mariana Callejas, Francisco Oyarzún, Gustavo Etchepare y Eugenio Berríos.
14 de mayo de 2005
©tercera
En su informe en el que detalla el paradero de 580 detenidos desaparecidos, el general (R) Manuel Contreras incluye lo que pasó con el general Carlos Prats y el ex canciller Orlando Letelier. En ambos casos dice que fue Augusto Pinochet en forma "personal y directa", quien dio la orden al agente de la CIA Michael Townley de matar a ambas autoridades del gobierno de la UP.En relación con el caso Prats, Contreras se refiere a Pinochet como la "más alta autoridad nacional" y dice que él dio la orden de asesinarlo, hecho que se concretó el 30 de septiembre de 1974, en Buenos Aires, Argentina.
Según el relato del general (R), la CIA transmitió al gobierno chileno su preocupación sobre la estadía de Prats en Argentina. Agrega que el organismo creía "cada vez más probable" que el ex comandante en jefe aceptara "encabezar un gobierno en el exilio, junto a la posibilidad de volver a Chile con tropas argentinas", lo que podría conllevar a un conflicto bélico en la región, situación que "constituiría un difícil problema para los Estados Unidos en la época de la Guerra Fría".
El ex jefe de la DINA dice que una "alta autoridad de la CIA se concertó con la más alta autoridad nacional con la cual era amigo, para solucionar el problema y evitar una guerra entre los países sudamericanos", y añade que "la alta autoridad de la CIA puso a disposición de la más alta autoridad nacional, en secreto, al agente de la CIA Michael Townley Welch", para evitar que Prats supuestamente intentara derrocar el gobierno militar.
En noviembre de 1970 en Estados Unidos, la CIA recluta a Townley, quien desarrolla una serie de actividades en nuestro país y huye en 1973. Vuelve a Chile a fines de ese año y realiza operaciones para la CIA en Santiago hasta septiembre de 1974 "a fin de que la más Alta Autoridad Nacional, de acuerdo a lo ya planificado por la CIA, le diera al agente Michael Townley la orden de actuar en forma directa, personal y exclusiva, sin intermediarios en contra del general Carlos Prats González en Buenos Aires".
Contreras dice que Townley actuó con pasaporte falso, el que le fue proporcionado por la CIA, bajo el nombre de Kenneth Enyart y que actuó con la ayuda de agentes de la CIA norteamericanos, argentinos y chilenos, además de los grupos de extrema derecha la Triple A y el Grupo Milicias.
Una situación similar describe el general Contreras respecto de la muerte de Sofía Cuthbert, quien murió junto a su esposo Carlos Prats en el atentado perpetrado en Buenos Aires. Según el jefe de la Dina, su muerte no estaba considerada en la acción.
El Caso Letelier
Respecto del ex canciller Letelier, Contreras dice que también fue asesinado por Townley, quien actuó esta vez bajo el nombre de Hans Petersen Silva. En esta parte del documento, Contreras se refiere a Pinochet como el Presidente de la República y aclara que fue una orden de la más alta autoridad, la que llevó a la muerte del ex canciller.
El general (r) dice que Townley contó con el apoyo de agentes de la CIA norteamericanos, además del movimiento nacionalista cubano y de la DISIP venezolana.
Según el informe del ex uniformado, el subdirector de la CIA, general Vernon Walters, informó a Pinochet que Letelier constituía un peligro para Estados Unidos, ya que trabajaba como espía de la KGB y además preparaba un gobierno chileno en el exilio.
De acuerdo a la versión de Contreras, Pinochet y Walters se reunieron, tras lo cual la CIA dispuso nuevamente del agente Townley. "El Presidente de Chile dispuso en forma personal, exclusiva y directa, la acción del agente de la CIA Michael Townley en contra del señor Orlando Letelier", dice Contreras en el documento.
En esta parte del informe, el ex jefe de la Dina considera que "extrañamente la CNI canceló los honorarios de una firma de abogados norteamericanos que defendió a Michael Townley en Estados Unidos" entre 1978 y 1990, periodo en que duró el juicio por la muerte de Letelier y su secretaria. A ello, Contreras hace mención al hecho de que "el Presidente se negó a cancelar a los abgados" que lo defendieron a él (como ex jefe de la DINA) y al brigadier Pedro Espinoza en el pedido de extradición entre 1978 y 1979.
Además dice que se dispusieron sueldos mensuales por la CNI entre 1978 y 1990 a los individuos que en forma particular trabajaban con Townley en Chile, todos pertenecientes a Patria y libertad. Ellos fueron Mariana Callejas, Francisco Oyarzún, Gustavo Etchepare y Eugenio Berríos.
14 de mayo de 2005
©tercera