mueren 134 reos en cárcel
El caos y la muerte se adueñaron el lunes de la ciudad de Higüey, en el este de República Dominicana, conmocionada por una tragedia sin precedentes que dejó al menos 134 muertos y 26 lesionados tras el incendio de la cárcel local cuyo origen las autoridades atribuyen a una riña entre dos reos.
Higüey, República Dominicana. El voraz incendio se produjo durante la madrugada del lunes cuando miembros de dos pandillas que peleaban por la supremacía carcelaria prendieron fuego a sus sábanas, colchones y almohadas. La mayoría de las víctimas murieron calcinados al no poder escapar.
Se trata de la mayor tragedia carcelaria de República Dominicana después de la ocurrida el 20 de septiembre de 2002, cuando 29 presos perdieron la vida también a consecuencia de un incendio ocurrido en la cárcel Concepción de La Vega, a unos 120 kilómetros al norte de Santo Domingo, la cuidad capital.
"Acabo de llegar [desde Hato Mayor] y aquí en la puerta no me han sabido decir nada", contó Blanca Lora, quien el lunes por la tarde llegó a la cárcel de Higüey (a unos 150 kilómetros al este de Santo Domingo), en busca de información sobre su hermano, uno de los reos del plantel.
Con su rostro sin lágrimas pero con visible angustia, Lora no sabía si buscar a su hermano entre los fallecidos, los heridos o los trasladados a hospitales.
Decenas de personas de esta y otras zonas del país se amontonaron frente al hospital y caminaban entre cadáveres calcinados, muchos semidesnudos, intentando identificar a sus parientes.
En otra parte del pueblo, un ayudante fiscal leía los nombres de los sobrevivientes ante decenas de parientes que, entre llantos y críticas a las autoridades, exigen información sobre qué pasó.
Apesadumbrada, Libertad Valdés, de 24 años, esperaba sentada en un ataúd el cadáver del hermano de su esposo, Radhamés Balbuena, de 24 años, que ingresó en la cárcel de Higüey el pasado 30 de diciembre.
"Tenía dos bebés", contó Valdés, quien se lamentó de que los padres de la víctima están "muy mal" y tuvieron que ser ingresados con ataques de nervios.
El hospital de Higüey, que dispuso los cuerpos sobre lonas colocadas bajo varias carpas, empezó a entregar los fallecidos a sus dolientes en la tarde de este lunes.
Algunas imágenes sin editar pasadas por un canal local daban muestra del estado de calcinación que presentaban algunos de los cadáveres que todavía no habían sido sacados de la celda incendiada.
Un Hecho Sin Precedentes
El gobierno municipal y organizaciones no oficiales colaboraban en la elaboración de las listas de muertos, heridos e ilesos, pero esas acciones no fueron suficientes para calmar la incertidumbre.
Las autoridades trasladaron a los ilesos hacia el otro pabellón del presidio, incrementando el hacinamiento que ya reinaba en la cárcel antes de la tragedia. Desde allí, los presos vociferan, responsabilizando a la dotación policial de turno, de que por incompetencia un simple pleito llegara a causar la muerte de 134 de sus compañeros.
La penitenciaría, colocada en el centro del pueblo, detrás del Palacio de Justicia, fue construida para una población de 180 reclusos, pero la ocupaban más de 400, denunció el obispo Nicanor Peña.
En el hospital público de la ciudad fueron internados varios de los heridos, pero el personal médico trabajó con dificultades porque familiares de algunos fallecidos y heridos trataron de penetrar al recinto, con la intención de linchar a uno de los supuestos responsables, según testigos.
"El reo conocido como El Coloso, posible causante de la tragedia, vino aquí con algunas heridas, pero luego de ser atendido la policía lo trasladó hacia Santo Domingo, para la investigación", dijo Jaime Andrés Rodríguez, director del hospital.
La riña entre dos reos se extendió a otras personas, según la Policía Nacional y el Ministerio Público. Varios presos utilizaron una mezcla con insecticidas y otras sustancias para quemar colchones de la prisión, provocando el incendio que derivó en trampa mortal para los reclusos.
El suceso ocurrió como a las 12:30 a.m. de la madrugada en un pabellón de la cárcel pública de Higüey, a unos 145 kilómetros al este de la capital dominicana, y fue producto de una pelea entre los confinados, informó Néstor Vera, jefe de Bomberos en Higüey.
Se informó también que en medio de la riña, la Policía tiró gases lacrimógenos para ver si aplacaban los ánimos entre los reos, pero no lo lograron.
La Cárcel Estaba Sobrepoblada
El director de Prisiones de la República, general Juan Ramón De la Cruz Martínez, dijo estar llevando a cabo una revisión para conocer cuántos reclusos había en realidad en el pabellón incendiado. En un principio, se dijo que había más de 148.
No obstante, el funcionario reconoció que la cárcel estaba sobrepoblada y que al momento del fuego, el portón de salida del pabellón estaba cerrado.
"Tanto en la cárcel como en la celda donde ocurrió el incidente había una sobrepoblación", admitió sin poder precisar la capacidad de la prisión porque se le han hecho varias remodelaciones.
Los incidentes en la prisión de Higüey se iniciaron en el pabellón "Vietnam" del recinto cuando uno de los reclusos disparó repetidas veces contra un grupo de presos pertenecientes a una banda rival, precisó De la Cruz Martínez.
La Policía sofocó el incidente entre bandas como a las 11:30 p.m. de la noche del domingo, pero una hora después surgió otro encontronazo entre confinados que desembocó en el incendio, que fue controlado poco después de las 3 a.m. de la madrugada.
Helicópteros de las fuerzas armadas fueron utilizados para trasladar los heridos a hospitales de la capital, ya que los centros de salud de Higüey no daban abasto.
De la Cruz Martínez añadió que los reclusos colocaron barreras a los candados del pabellón, lo que obligó a los agentes policiales a romper un barrote de una ventana por donde sacaron con vida a unos 20 reclusos.
Por su parte, el procurador dominicano, Francisco Domínguez, calificó de "lamentable" lo ocurrido, y dijo que en estos momentos las autoridades trabajan en ofrecer información a los familiares de las víctimas.
"Es poco probable que aparezcan nuevos cadáveres porque ya los rescatistas han removido todos los escombros", dijo De la Cruz Martínez, quien explicó que entre los 26 heridos, cuatro presentan heridas de bala y seis, heridas de arma blanca.
Siete de los 26 heridos contados por las autoridades penitenciarias fueron trasladados de madrugada al Hospital Luis Eduardo Aybar, de Santo Domingo, donde recibieron atenciones por quemaduras en la piel y por afecciones respiratorias por la inhalación de humos.
El recluso José Pichardo Silverio, trasladado a ese centro médico, confirmó que el incidente tuvo su origen en la lucha por el control del penal.
"El problema comenzó porque habían dos higüeyanos que querían controlar la cárcel y nos estaban cobrando mil pesos a cada uno (unos 25 dólares) por estar ahí", sostuvo Pichardo Silverio, quien mostraba quemaduras leves en los brazos y el rostro mientras era llevado a toda prisa hacia el interior del hospital.
La Versión Oficial del Suceso...
La versión oficial dice que el incidente de violencia comenzó cuando el recluso José Manuel Hernández Mota hirió de bala a un integrante de una pandilla rival la noche del domingo, y docenas de prisioneros comenzaron a pelear para determinar cuál de las dos pandillas tomaría el control de los confinados, dijo De la Cruz Martínez. La pandilla que controla la prisión vende comida, cigarrillos y drogas a los otros reclusos.
El jefe de la Policía Nacional, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, afirmó que el recinto afectado "fue incendiado a propósito por parte de las bandas internas de la cárcel que lograron taponar el candado para que no se pudiera abrir".
Varios presos que no estaban en la celda acusaron al teniente que estaba a cargp del penal de haber atorado de manera premeditada dichas cerraduras de la celda para impedir que los presos salieran. Todo el personal que trabaja en la cárcel del siniestro está detenido para fines de investigación.
Una de las preguntas que se hacía todo el mundo era cómo era posible que los presos tuvieran armas de fuego y blancas en su poder.
Mientras los dolientes preparaban los funerales, las autoridades, encabezadas por el vicepresidente Rafael Albuerquerque, evocaron la eventual construcción de un nuevo penal, demanda que data de seis años, según Porfirio Rojas Nina, comisionado de los Derechos Humanos en el país.
La condición de las cárceles dominicanas ha sido duramente cuestionadas por grupos de activistas de derechos humanos, sobre todo tras el estreno el año pasado de La cárcel de la Victoria, el Cuarto Hombre', una película que cuenda las deplorables condiciones de vida en las prisiones del país.El Departamento de Estado estadounidense ha señalado un serio problema de hacinamiento y de falta de control en las 35 instituciones penales de República Dominicana, que fueron construidas para albergar a unos 9 mil prisioneros pero que el año pasado tenían más de 13,500.
"Virtualmente, todas las prisiones experimentan un hacinamiento extremo", lee un informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos, que fue divulgado la semana pasada.
"Algunas cárceles estaban totalmente fuera del control de las autoridades y estaban, en efecto, operadas por confinados armados", agrega el documento.
8 de marzo de 2005
©univisión
Higüey, República Dominicana. El voraz incendio se produjo durante la madrugada del lunes cuando miembros de dos pandillas que peleaban por la supremacía carcelaria prendieron fuego a sus sábanas, colchones y almohadas. La mayoría de las víctimas murieron calcinados al no poder escapar.Se trata de la mayor tragedia carcelaria de República Dominicana después de la ocurrida el 20 de septiembre de 2002, cuando 29 presos perdieron la vida también a consecuencia de un incendio ocurrido en la cárcel Concepción de La Vega, a unos 120 kilómetros al norte de Santo Domingo, la cuidad capital.
"Acabo de llegar [desde Hato Mayor] y aquí en la puerta no me han sabido decir nada", contó Blanca Lora, quien el lunes por la tarde llegó a la cárcel de Higüey (a unos 150 kilómetros al este de Santo Domingo), en busca de información sobre su hermano, uno de los reos del plantel.
Con su rostro sin lágrimas pero con visible angustia, Lora no sabía si buscar a su hermano entre los fallecidos, los heridos o los trasladados a hospitales.
Decenas de personas de esta y otras zonas del país se amontonaron frente al hospital y caminaban entre cadáveres calcinados, muchos semidesnudos, intentando identificar a sus parientes.
En otra parte del pueblo, un ayudante fiscal leía los nombres de los sobrevivientes ante decenas de parientes que, entre llantos y críticas a las autoridades, exigen información sobre qué pasó.
Apesadumbrada, Libertad Valdés, de 24 años, esperaba sentada en un ataúd el cadáver del hermano de su esposo, Radhamés Balbuena, de 24 años, que ingresó en la cárcel de Higüey el pasado 30 de diciembre.
"Tenía dos bebés", contó Valdés, quien se lamentó de que los padres de la víctima están "muy mal" y tuvieron que ser ingresados con ataques de nervios.
El hospital de Higüey, que dispuso los cuerpos sobre lonas colocadas bajo varias carpas, empezó a entregar los fallecidos a sus dolientes en la tarde de este lunes.
Algunas imágenes sin editar pasadas por un canal local daban muestra del estado de calcinación que presentaban algunos de los cadáveres que todavía no habían sido sacados de la celda incendiada.
Un Hecho Sin Precedentes
El gobierno municipal y organizaciones no oficiales colaboraban en la elaboración de las listas de muertos, heridos e ilesos, pero esas acciones no fueron suficientes para calmar la incertidumbre.
Las autoridades trasladaron a los ilesos hacia el otro pabellón del presidio, incrementando el hacinamiento que ya reinaba en la cárcel antes de la tragedia. Desde allí, los presos vociferan, responsabilizando a la dotación policial de turno, de que por incompetencia un simple pleito llegara a causar la muerte de 134 de sus compañeros.
La penitenciaría, colocada en el centro del pueblo, detrás del Palacio de Justicia, fue construida para una población de 180 reclusos, pero la ocupaban más de 400, denunció el obispo Nicanor Peña.
En el hospital público de la ciudad fueron internados varios de los heridos, pero el personal médico trabajó con dificultades porque familiares de algunos fallecidos y heridos trataron de penetrar al recinto, con la intención de linchar a uno de los supuestos responsables, según testigos.
"El reo conocido como El Coloso, posible causante de la tragedia, vino aquí con algunas heridas, pero luego de ser atendido la policía lo trasladó hacia Santo Domingo, para la investigación", dijo Jaime Andrés Rodríguez, director del hospital.
La riña entre dos reos se extendió a otras personas, según la Policía Nacional y el Ministerio Público. Varios presos utilizaron una mezcla con insecticidas y otras sustancias para quemar colchones de la prisión, provocando el incendio que derivó en trampa mortal para los reclusos.
El suceso ocurrió como a las 12:30 a.m. de la madrugada en un pabellón de la cárcel pública de Higüey, a unos 145 kilómetros al este de la capital dominicana, y fue producto de una pelea entre los confinados, informó Néstor Vera, jefe de Bomberos en Higüey.
Se informó también que en medio de la riña, la Policía tiró gases lacrimógenos para ver si aplacaban los ánimos entre los reos, pero no lo lograron.
La Cárcel Estaba Sobrepoblada
El director de Prisiones de la República, general Juan Ramón De la Cruz Martínez, dijo estar llevando a cabo una revisión para conocer cuántos reclusos había en realidad en el pabellón incendiado. En un principio, se dijo que había más de 148.
No obstante, el funcionario reconoció que la cárcel estaba sobrepoblada y que al momento del fuego, el portón de salida del pabellón estaba cerrado.
"Tanto en la cárcel como en la celda donde ocurrió el incidente había una sobrepoblación", admitió sin poder precisar la capacidad de la prisión porque se le han hecho varias remodelaciones.
Los incidentes en la prisión de Higüey se iniciaron en el pabellón "Vietnam" del recinto cuando uno de los reclusos disparó repetidas veces contra un grupo de presos pertenecientes a una banda rival, precisó De la Cruz Martínez.
La Policía sofocó el incidente entre bandas como a las 11:30 p.m. de la noche del domingo, pero una hora después surgió otro encontronazo entre confinados que desembocó en el incendio, que fue controlado poco después de las 3 a.m. de la madrugada.
Helicópteros de las fuerzas armadas fueron utilizados para trasladar los heridos a hospitales de la capital, ya que los centros de salud de Higüey no daban abasto.
De la Cruz Martínez añadió que los reclusos colocaron barreras a los candados del pabellón, lo que obligó a los agentes policiales a romper un barrote de una ventana por donde sacaron con vida a unos 20 reclusos.
Por su parte, el procurador dominicano, Francisco Domínguez, calificó de "lamentable" lo ocurrido, y dijo que en estos momentos las autoridades trabajan en ofrecer información a los familiares de las víctimas.
"Es poco probable que aparezcan nuevos cadáveres porque ya los rescatistas han removido todos los escombros", dijo De la Cruz Martínez, quien explicó que entre los 26 heridos, cuatro presentan heridas de bala y seis, heridas de arma blanca.
Siete de los 26 heridos contados por las autoridades penitenciarias fueron trasladados de madrugada al Hospital Luis Eduardo Aybar, de Santo Domingo, donde recibieron atenciones por quemaduras en la piel y por afecciones respiratorias por la inhalación de humos.
El recluso José Pichardo Silverio, trasladado a ese centro médico, confirmó que el incidente tuvo su origen en la lucha por el control del penal.
"El problema comenzó porque habían dos higüeyanos que querían controlar la cárcel y nos estaban cobrando mil pesos a cada uno (unos 25 dólares) por estar ahí", sostuvo Pichardo Silverio, quien mostraba quemaduras leves en los brazos y el rostro mientras era llevado a toda prisa hacia el interior del hospital.
La Versión Oficial del Suceso...
La versión oficial dice que el incidente de violencia comenzó cuando el recluso José Manuel Hernández Mota hirió de bala a un integrante de una pandilla rival la noche del domingo, y docenas de prisioneros comenzaron a pelear para determinar cuál de las dos pandillas tomaría el control de los confinados, dijo De la Cruz Martínez. La pandilla que controla la prisión vende comida, cigarrillos y drogas a los otros reclusos.
El jefe de la Policía Nacional, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, afirmó que el recinto afectado "fue incendiado a propósito por parte de las bandas internas de la cárcel que lograron taponar el candado para que no se pudiera abrir".
Varios presos que no estaban en la celda acusaron al teniente que estaba a cargp del penal de haber atorado de manera premeditada dichas cerraduras de la celda para impedir que los presos salieran. Todo el personal que trabaja en la cárcel del siniestro está detenido para fines de investigación.
Una de las preguntas que se hacía todo el mundo era cómo era posible que los presos tuvieran armas de fuego y blancas en su poder.
Mientras los dolientes preparaban los funerales, las autoridades, encabezadas por el vicepresidente Rafael Albuerquerque, evocaron la eventual construcción de un nuevo penal, demanda que data de seis años, según Porfirio Rojas Nina, comisionado de los Derechos Humanos en el país.
La condición de las cárceles dominicanas ha sido duramente cuestionadas por grupos de activistas de derechos humanos, sobre todo tras el estreno el año pasado de La cárcel de la Victoria, el Cuarto Hombre', una película que cuenda las deplorables condiciones de vida en las prisiones del país.El Departamento de Estado estadounidense ha señalado un serio problema de hacinamiento y de falta de control en las 35 instituciones penales de República Dominicana, que fueron construidas para albergar a unos 9 mil prisioneros pero que el año pasado tenían más de 13,500.
"Virtualmente, todas las prisiones experimentan un hacinamiento extremo", lee un informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos, que fue divulgado la semana pasada.
"Algunas cárceles estaban totalmente fuera del control de las autoridades y estaban, en efecto, operadas por confinados armados", agrega el documento.
8 de marzo de 2005
©univisión
uruguay juzgará a dictadura
El flamante presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, prometió cumplir la dura tarea de levantar el velo que cubre los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985), para lo cual deberá superar los obstáculos legales y las resistencias del sector castrense.
Montevideo, Uruguay. El anuncio de Vázquez la noche del martes en el sentido de que su gobierno no considera comprendidos en la Ley de Caducidad (que en 1986 dio una amplia amnistía a las violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura) el secuestro y desaparición de María Irureta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman, ni los asesinatos en 1976 en Buenos Aires de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz remueve estructuras selladas por casi 30 años de impunidad.
En uno de los discursos que pronunció el día de su asunción, Vázquez afirmó que "el país tiene aún una asignatura pendiente" en relación a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, y se comprometió a saldarla.
Con ese fin, investigadores de la Universidad de la República, con asistencia de técnicos argentinos, ingresarán a instalaciones militares "para comenzar los estudios correspondientes para saber si hubo enterramientos de ciudadanos muertos y desaparecidos durante la dictadura militar", anunció el mandatario ante una multitud que le aclamaba.
Vázquez añadió que el nuevo gobierno "promoverá sin distinción de clase alguna la reparación de todas las víctimas de los hechos acaecidos en aquellos terribles años que tanto hirieron y dividieron a la sociedad urruguaya", e hizo hincapié en que los cambios que promoverá su gobierno serán "posibles", "progresivos" y "continuados" y dijo que tendrán "la mirada en la utopía y los pies en la realidad".
Este jueves se echará a andar la tarea: el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, quien representó a Vázquez en la denominada "Comisión para la Paz" que creó el ex presidente Jorge Batlle para dar respuesta a las desapariciones de ciudadanos, se reunirá con los jefes de las Fuerzas Armadas para organizar el ingreso a los cuarteles.
En su discurso Vázquez dijo que si en esas excavaciones se encuentran restos humanos, éstos serán indentificados para devolverlos a sus familiares y si no los hay llevará adelante indagatorias para "saber qué pasó con ellos".
Pero Vázquez sabe también que los caminos hacia la verdad pueden estar regados de rispideces, como se advirtió hace apenas unas semanas en un acto celebrado en una unidad militar, cuando un general que ocupó cargos de relevancia en la dictadura increpó públicamente a la desde el martes ministra de Defensa, Azucena Berrutti, sobre el trato a la oficialidad.
"Da la impresión de que usted está comandando robots y no hombres. Y eso puede tener alguna implicancia negativa", le espetó el general retirado Iván Paulós, ex director del Servicio de Información de Defensa.
Añadió que "lo que yo digo es el sentir de mucha gente", a la que portavoces de las organizaciones defensoras de los derechos humanos califica de "nostálgicos" de los años de la dictadura.
Estos militares desarrollan en general sus actividades en cargos de dirección de dos instituciones de carácter social, pero que constituyen grupos de poder y en las que también tienen cabida oficiales jóvenes en actividad, aunque éstos están impedidos de emitir opiniones en torno a temas políticos e institucionales.
Por otra parte Uruguay, un país firmemente encorcetado en el marco legal, en particular la "ley de Caducidad" y el Código del Proceso Penal (CPP) deja asimismo intersticios que deberá ocupar la Justicia para llegar a la verdad y se avente lo que parece ser una interminable duda que ensombrece al pueblo uruguayo.
3 de marzo de 2005
©mi punto
Montevideo, Uruguay. El anuncio de Vázquez la noche del martes en el sentido de que su gobierno no considera comprendidos en la Ley de Caducidad (que en 1986 dio una amplia amnistía a las violaciones de los derechos humanos bajo la dictadura) el secuestro y desaparición de María Irureta Goyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman, ni los asesinatos en 1976 en Buenos Aires de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz remueve estructuras selladas por casi 30 años de impunidad. En uno de los discursos que pronunció el día de su asunción, Vázquez afirmó que "el país tiene aún una asignatura pendiente" en relación a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, y se comprometió a saldarla.
Con ese fin, investigadores de la Universidad de la República, con asistencia de técnicos argentinos, ingresarán a instalaciones militares "para comenzar los estudios correspondientes para saber si hubo enterramientos de ciudadanos muertos y desaparecidos durante la dictadura militar", anunció el mandatario ante una multitud que le aclamaba.
Vázquez añadió que el nuevo gobierno "promoverá sin distinción de clase alguna la reparación de todas las víctimas de los hechos acaecidos en aquellos terribles años que tanto hirieron y dividieron a la sociedad urruguaya", e hizo hincapié en que los cambios que promoverá su gobierno serán "posibles", "progresivos" y "continuados" y dijo que tendrán "la mirada en la utopía y los pies en la realidad".
Este jueves se echará a andar la tarea: el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, quien representó a Vázquez en la denominada "Comisión para la Paz" que creó el ex presidente Jorge Batlle para dar respuesta a las desapariciones de ciudadanos, se reunirá con los jefes de las Fuerzas Armadas para organizar el ingreso a los cuarteles.
En su discurso Vázquez dijo que si en esas excavaciones se encuentran restos humanos, éstos serán indentificados para devolverlos a sus familiares y si no los hay llevará adelante indagatorias para "saber qué pasó con ellos".
Pero Vázquez sabe también que los caminos hacia la verdad pueden estar regados de rispideces, como se advirtió hace apenas unas semanas en un acto celebrado en una unidad militar, cuando un general que ocupó cargos de relevancia en la dictadura increpó públicamente a la desde el martes ministra de Defensa, Azucena Berrutti, sobre el trato a la oficialidad.
"Da la impresión de que usted está comandando robots y no hombres. Y eso puede tener alguna implicancia negativa", le espetó el general retirado Iván Paulós, ex director del Servicio de Información de Defensa.
Añadió que "lo que yo digo es el sentir de mucha gente", a la que portavoces de las organizaciones defensoras de los derechos humanos califica de "nostálgicos" de los años de la dictadura.
Estos militares desarrollan en general sus actividades en cargos de dirección de dos instituciones de carácter social, pero que constituyen grupos de poder y en las que también tienen cabida oficiales jóvenes en actividad, aunque éstos están impedidos de emitir opiniones en torno a temas políticos e institucionales.
Por otra parte Uruguay, un país firmemente encorcetado en el marco legal, en particular la "ley de Caducidad" y el Código del Proceso Penal (CPP) deja asimismo intersticios que deberá ocupar la Justicia para llegar a la verdad y se avente lo que parece ser una interminable duda que ensombrece al pueblo uruguayo.
3 de marzo de 2005
©mi punto
horribles verdades de haití
[Jim Defede] Informe revela horribles verdades sobre Haití. Durante un período de diez días en noviembre, Thomas Griffin viajó a través de la capital haitiana de Puerto Príncipe. Fue su décimo viaje a Haití en una década, y de lejos el más horroroso.
"La inhumanidad de lo que está ocurriendo justo frente a nuestras costas es espeluznante", dijo Griffin, abogado de Filadelfia y antiguo funcionario del ministerio de Justicia que ha estado investigando abusos de los derechos humanos en Haití y América Latina durante años.
Basándose en su viaje -y entrevistas con antiguos y actuales funcionarios de gobierno, agentes de policía, ex soldados, tropas de Naciones Unidas y cabecillas de bandas-, Griffin e Irwin Stotzky, director del Centro de Estudios de Derechos Humanos y de la Facultad de Leyes de la Universidad de Miami, publicaron este mes un informe de 51 páginas.
"¿No había el Miami Herald desechado este informe como un informe de Lavalas?", preguntó Griffin irónicamente cuando hablé con él el lunes. Lavalas es el partido político del antiguo presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide.
Griffin estaba asombrado de que su informe no hubiera sido tomado más en serio por la prensa, que citó de su trabajo previo para el izquierdista Gremio Nacional de Abogados y también debido a que Stotzky fue en el pasado miembro de la Fundación Aristide.
"Lo que está pasando en Haití está mal, independientemente de la política", dijo Griffin.
Y tiene razón.
Las fotografías, las palabras, las declaraciones tanto de los que están a favor como en contra del regreso de Aristide, hablan por sí mismas en este informe, que se puede consultar en www.law.miamiedu/news/368.html.
Naciones Unidas, que tiene varios miles de tropas en Haití, ha hecho poco para terminar con la violencia y en realidad puede estar exacerbándola.
Mientras que los partidarios de Lavalas no son enteramente inocentes, este informe sugiere, bastante convincentemente, que hay una firme campaña para usar a la policía, junto con pandillas callejeras y ex soldados contratados, en la caza y asesinato de miembros de Lavalas, especialmente en los barrios bajos de la ciudad.
"Hay una sensación de que hay una guerra verdaderamente represiva contra los pobres", dijo Griffin.
Las más convincentes partes del informe son las que cuentan historias inidividuales. Griffin siguió a la policía en una redada en el vecindario de Bel Air el 28 de noviembre. Cuando la policía se retiró, Griffin encontró cadáveres dispersos por la calle, incluyendo el de una mujer de mediana edad que la policía abandonó a su muerte.
Otra víctima, Inep Henri, 35, fue herido de bala en la cabeza, pero su familia no quería llevarlo al hospital por miedo a la policía. Griffin y su equipo convencieron a la familia de que era necesario, si no querían que Henri muriera.
La Cruz Roja se negó a enviar una ambulancia, de modo que el equipo de Griffin consiguió una camioneta para sacar a Henri de Bel Air. Tuvieron que pretender que Henri estaba muerto para pasar por un puesto de control de la policía.
Dos horas después de que Henri llegara al hospital general de la ciudad, el equipode Griffin lo encontró "todavía vivo en un catre, pero sin recibir tratamiento", observa el informe. "Los investigadores convencieron a los doctores de que lo examinaran. Un doctor se levantó, golpeó a Inep en la cabeza para ver si estaba despierto, luego le pinchó el brazo para ver su reacción. Inep estaba todavía vivo. El doctor se volvió a sentar detrás de su escritorio".
Según se enteró Griffin, los médicos sólo tratarían a Henri si su familia pagaba de antemano. Henri murió al día siguiente, sin haber sido tratado nunca.
"Mientras visitaban a Inep Henri... los investigadores vieron a un niño que yacía de espalda y expuesto en un catre en medio de la sala de emergencias", dice el informe. "Estaba temblando en una poza de su propia sangre, con los ojos cerrados. Cuando se movía, la sangre caía en el suelo".
El niño, Ginel Valbraun, 12, había sido atacado por la policía. El informe incluye fotografías de una herida abierta en su muslo derecho.
"Los doctores se negaron a tratarlo porque no tenía dinero", dice el informe, agregando que los investigadores pagaron por la atención médica del niño. "Los investigadores lo vieron por última vez el 21 de noviembre, todavía vivo, pero desnudo y con vendas empapadas y viejas".
27 de febrero de 2005
©miami herald
©traducción mQh
"La inhumanidad de lo que está ocurriendo justo frente a nuestras costas es espeluznante", dijo Griffin, abogado de Filadelfia y antiguo funcionario del ministerio de Justicia que ha estado investigando abusos de los derechos humanos en Haití y América Latina durante años.Basándose en su viaje -y entrevistas con antiguos y actuales funcionarios de gobierno, agentes de policía, ex soldados, tropas de Naciones Unidas y cabecillas de bandas-, Griffin e Irwin Stotzky, director del Centro de Estudios de Derechos Humanos y de la Facultad de Leyes de la Universidad de Miami, publicaron este mes un informe de 51 páginas.
"¿No había el Miami Herald desechado este informe como un informe de Lavalas?", preguntó Griffin irónicamente cuando hablé con él el lunes. Lavalas es el partido político del antiguo presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide.
Griffin estaba asombrado de que su informe no hubiera sido tomado más en serio por la prensa, que citó de su trabajo previo para el izquierdista Gremio Nacional de Abogados y también debido a que Stotzky fue en el pasado miembro de la Fundación Aristide.
"Lo que está pasando en Haití está mal, independientemente de la política", dijo Griffin.
Y tiene razón.
Las fotografías, las palabras, las declaraciones tanto de los que están a favor como en contra del regreso de Aristide, hablan por sí mismas en este informe, que se puede consultar en www.law.miamiedu/news/368.html.
Naciones Unidas, que tiene varios miles de tropas en Haití, ha hecho poco para terminar con la violencia y en realidad puede estar exacerbándola.
Mientras que los partidarios de Lavalas no son enteramente inocentes, este informe sugiere, bastante convincentemente, que hay una firme campaña para usar a la policía, junto con pandillas callejeras y ex soldados contratados, en la caza y asesinato de miembros de Lavalas, especialmente en los barrios bajos de la ciudad.
"Hay una sensación de que hay una guerra verdaderamente represiva contra los pobres", dijo Griffin.
Las más convincentes partes del informe son las que cuentan historias inidividuales. Griffin siguió a la policía en una redada en el vecindario de Bel Air el 28 de noviembre. Cuando la policía se retiró, Griffin encontró cadáveres dispersos por la calle, incluyendo el de una mujer de mediana edad que la policía abandonó a su muerte.
Otra víctima, Inep Henri, 35, fue herido de bala en la cabeza, pero su familia no quería llevarlo al hospital por miedo a la policía. Griffin y su equipo convencieron a la familia de que era necesario, si no querían que Henri muriera.
La Cruz Roja se negó a enviar una ambulancia, de modo que el equipo de Griffin consiguió una camioneta para sacar a Henri de Bel Air. Tuvieron que pretender que Henri estaba muerto para pasar por un puesto de control de la policía.
Dos horas después de que Henri llegara al hospital general de la ciudad, el equipode Griffin lo encontró "todavía vivo en un catre, pero sin recibir tratamiento", observa el informe. "Los investigadores convencieron a los doctores de que lo examinaran. Un doctor se levantó, golpeó a Inep en la cabeza para ver si estaba despierto, luego le pinchó el brazo para ver su reacción. Inep estaba todavía vivo. El doctor se volvió a sentar detrás de su escritorio".
Según se enteró Griffin, los médicos sólo tratarían a Henri si su familia pagaba de antemano. Henri murió al día siguiente, sin haber sido tratado nunca.
"Mientras visitaban a Inep Henri... los investigadores vieron a un niño que yacía de espalda y expuesto en un catre en medio de la sala de emergencias", dice el informe. "Estaba temblando en una poza de su propia sangre, con los ojos cerrados. Cuando se movía, la sangre caía en el suelo".
El niño, Ginel Valbraun, 12, había sido atacado por la policía. El informe incluye fotografías de una herida abierta en su muslo derecho.
"Los doctores se negaron a tratarlo porque no tenía dinero", dice el informe, agregando que los investigadores pagaron por la atención médica del niño. "Los investigadores lo vieron por última vez el 21 de noviembre, todavía vivo, pero desnudo y con vendas empapadas y viejas".
27 de febrero de 2005
©miami herald
©traducción mQh
policías mafiosos en guatemala
Grupos de derechos humanos y organizaciones sociales de Guatemala reaccionaron alarmados ante una denuncia realizada por la propia Policía de que al menos 2.000 de sus efectivos están vinculados al crimen organizado.
Guatemala. "El reconocimiento del director de la Policía (Erwin Sperisen) comprueba lo que la sociedad civil ha denunciado, que hay estructuras clandestinas de seguridad y del crimen organizado en esa institución", dijo a la AFP Claudia Samayoa, integrante de la Fundación Rigoberta Menchú.
Samayoa calificó de "alarmante la situación, porque la seguridad de los guatemaltecos está en sus manos y nos enteramos que de los 21.000 policías (que hay en el país) una buena cantidad está metida en el crimen organizado".
El director de la Policía Nacional Civil (PNC) reconoció el pasado jueves que unos 2.000 miembros de la institución están vinculados al narcotráfico, secuestro y crimen organizado, mientras que otros roban, en número no precisado.
La vocera del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Andrea Barrios, comentó a la AFP que decenas de agentes también están involucrados en asesinatos y violaciones sexuales a mujeres.
Barrios recordó que los casos fueron denunciados ante la relatora de la Organización de Estados Americanos (OEA), la peruana Susana Villarán, durante una visita oficial a esta nación en enero del año pasado.
"Es lamentable que las personas encargadas de cuidar la vida de la población sean los mismos que cometan esos delitos", lamentó.
El vocero de la PNC, Carlos Caljú, dijo que este año unos 40 agentes han sido destituidos por actos de corrupción, y algunos de ellos han sido detenidos y consignados a los tribunales de justicia, mientras que en 2004 fueron despedidos 533 policías de los que 455 expedientes fueron remitidos a la Fiscalía.
Una investigación realizada por la Procuraduría de Derechos Humanosestableció que 639 agentes cometieron actos ilícitos en el 2004, entre ellos asesinatos, robos y extorsiones.
En su último informe de 2004, la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), que concluyó su misión en diciembre pasado, aseguró que desde 1997 la negligencia y la corrupción se han combinado para colocar a la Policía en una espiral descendente.
La PNC fue creada en 1997 como parte de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de guerra interna en 1996, pero sus agentes han sido acusados de integrar el crimen organizado y actos de corrupción. Uno de los casos fue el robo en el 2002 de 1.500 kilos de cocaína decomisa en las propias bodegas de la institución.
Otra de las críticas es que la mayoría de agentes de la extinta Policía Nacional (PN), acusada de violaciones de derechos humanos, fueron llamados a integrar la nueva PNC.
A mediados del año pasado varias unidades de la Policía se enfrentaron a balazos con un grupo de delincuentes que habían plagiado a un empresario, pero cuando los secuestradores fueron cercados resultaron ser agentes activos de la PNC y fueron enviados a prisión.
Durante el 2004 fueron asesinadas en Guatemala más de 4.346 personas, entre ellas 527 mujeres, lo que supuso un aumento de 25 por ciento de los crímenes en relación al 2003.
17 de febrero de 2005
©mi punto
Guatemala. "El reconocimiento del director de la Policía (Erwin Sperisen) comprueba lo que la sociedad civil ha denunciado, que hay estructuras clandestinas de seguridad y del crimen organizado en esa institución", dijo a la AFP Claudia Samayoa, integrante de la Fundación Rigoberta Menchú. Samayoa calificó de "alarmante la situación, porque la seguridad de los guatemaltecos está en sus manos y nos enteramos que de los 21.000 policías (que hay en el país) una buena cantidad está metida en el crimen organizado".
El director de la Policía Nacional Civil (PNC) reconoció el pasado jueves que unos 2.000 miembros de la institución están vinculados al narcotráfico, secuestro y crimen organizado, mientras que otros roban, en número no precisado.
La vocera del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Andrea Barrios, comentó a la AFP que decenas de agentes también están involucrados en asesinatos y violaciones sexuales a mujeres.
Barrios recordó que los casos fueron denunciados ante la relatora de la Organización de Estados Americanos (OEA), la peruana Susana Villarán, durante una visita oficial a esta nación en enero del año pasado.
"Es lamentable que las personas encargadas de cuidar la vida de la población sean los mismos que cometan esos delitos", lamentó.
El vocero de la PNC, Carlos Caljú, dijo que este año unos 40 agentes han sido destituidos por actos de corrupción, y algunos de ellos han sido detenidos y consignados a los tribunales de justicia, mientras que en 2004 fueron despedidos 533 policías de los que 455 expedientes fueron remitidos a la Fiscalía.
Una investigación realizada por la Procuraduría de Derechos Humanosestableció que 639 agentes cometieron actos ilícitos en el 2004, entre ellos asesinatos, robos y extorsiones.
En su último informe de 2004, la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), que concluyó su misión en diciembre pasado, aseguró que desde 1997 la negligencia y la corrupción se han combinado para colocar a la Policía en una espiral descendente.
La PNC fue creada en 1997 como parte de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de guerra interna en 1996, pero sus agentes han sido acusados de integrar el crimen organizado y actos de corrupción. Uno de los casos fue el robo en el 2002 de 1.500 kilos de cocaína decomisa en las propias bodegas de la institución.
Otra de las críticas es que la mayoría de agentes de la extinta Policía Nacional (PN), acusada de violaciones de derechos humanos, fueron llamados a integrar la nueva PNC.
A mediados del año pasado varias unidades de la Policía se enfrentaron a balazos con un grupo de delincuentes que habían plagiado a un empresario, pero cuando los secuestradores fueron cercados resultaron ser agentes activos de la PNC y fueron enviados a prisión.
Durante el 2004 fueron asesinadas en Guatemala más de 4.346 personas, entre ellas 527 mujeres, lo que supuso un aumento de 25 por ciento de los crímenes en relación al 2003.
17 de febrero de 2005
©mi punto
asesinan a alcalde colombiano
El alcalde de la localidad colombiana de Génova (centro), José Heriberto Castro, un policía que lo escoltaba y su conductor fueron asesinados este miércoles por hombres armados, informó una fuente oficial.
Bogotá, Colombia. Castro y sus acompañantes fueron atacados hacia el mediodía cuando realizaban la inspección de unas obras públicas en una vereda en el área rural de Génova (300 km al oeste Bogotá), dijo a la AFP un vocero de la gobernación del departamento de Quindío.
Durante la campaña electoral para la alcaldía de Génova, Castro, de 49 años, había retomado las banderas políticas del dirigente Jairo Gómez, asesinado el 11 de octubre de 2003 presuntamente por la guerrilla de las FARC, recordó la fuente.
El mandatario asesinado pertenecía a una corriente independiente del mayoritario Partido Liberal.
El informante señaló que las autoridades investigan los móviles y autores del múltiple crimen, y recordó que en Génova y otras localidades de Quindío "operan grupos ilegales" como la guerrilla de las FARC y paramilitares de ultraderecha.
Una autoridad del gobierno de Génova, que prefirió no ser identificada, atribuyó el asesinato al frente 50 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), que opera en Quindío.
El presidente de la Asamblea de diputados de Quindío, Ricardo Taborda, deploró el crimen y pidió mayores medidas de seguridad para los alcaldes de la zona.
La tarde de este miércoles se encontraban en la zona el comandante de la VIII Brigada, comandante Carlos Alejandro Rueda, la gobernadora del departamento, Amparo Arbeláez, y oficiales de la Policía para evaluar la situación y esclarecer los hechos.
La personera (defensora del pueblo) del municipio de Génova, María Eugenia Zuleta, aseguró a la prensa que el alcalde estaba amenazado desde hacía cinco meses.
La policía colombiana se encuentra en alerta ante informaciones sobre una arremetida de las FARC en poblaciones que se ubican en zonas de fuerte presencia rebelde.
Según la Federación de Municipios -que agremia a los alcaldes colombianos-, cerca de medio centenar de burgomaestres fueron asesinados en los últimos tres años, principalmente a manos de rebeldes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La entidad sostiene hacia fines del año pasado unos 200 mandatarios municipales estaban amenazados por los grupos ilegales, y que en 2004 fueron asesinados cuatro alcaldes y doce ex jefes de distrito.
17 de febrero de 2005
©mi punto
Bogotá, Colombia. Castro y sus acompañantes fueron atacados hacia el mediodía cuando realizaban la inspección de unas obras públicas en una vereda en el área rural de Génova (300 km al oeste Bogotá), dijo a la AFP un vocero de la gobernación del departamento de Quindío. Durante la campaña electoral para la alcaldía de Génova, Castro, de 49 años, había retomado las banderas políticas del dirigente Jairo Gómez, asesinado el 11 de octubre de 2003 presuntamente por la guerrilla de las FARC, recordó la fuente.
El mandatario asesinado pertenecía a una corriente independiente del mayoritario Partido Liberal.
El informante señaló que las autoridades investigan los móviles y autores del múltiple crimen, y recordó que en Génova y otras localidades de Quindío "operan grupos ilegales" como la guerrilla de las FARC y paramilitares de ultraderecha.
Una autoridad del gobierno de Génova, que prefirió no ser identificada, atribuyó el asesinato al frente 50 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), que opera en Quindío.
El presidente de la Asamblea de diputados de Quindío, Ricardo Taborda, deploró el crimen y pidió mayores medidas de seguridad para los alcaldes de la zona.
La tarde de este miércoles se encontraban en la zona el comandante de la VIII Brigada, comandante Carlos Alejandro Rueda, la gobernadora del departamento, Amparo Arbeláez, y oficiales de la Policía para evaluar la situación y esclarecer los hechos.
La personera (defensora del pueblo) del municipio de Génova, María Eugenia Zuleta, aseguró a la prensa que el alcalde estaba amenazado desde hacía cinco meses.
La policía colombiana se encuentra en alerta ante informaciones sobre una arremetida de las FARC en poblaciones que se ubican en zonas de fuerte presencia rebelde.
Según la Federación de Municipios -que agremia a los alcaldes colombianos-, cerca de medio centenar de burgomaestres fueron asesinados en los últimos tres años, principalmente a manos de rebeldes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La entidad sostiene hacia fines del año pasado unos 200 mandatarios municipales estaban amenazados por los grupos ilegales, y que en 2004 fueron asesinados cuatro alcaldes y doce ex jefes de distrito.
17 de febrero de 2005
©mi punto
contra milicias colombianas
Estados Unidos espera un castigo fuerte para los paramilitares desmovilizados que tengan procesos pendientes por crímenes atroces, en contraposición al trato blando que plantea el gobierno colombiano en una controvertida ley que fue sometida a discusión en el Congreso.
Bogotá, Colombia. La diferencia de criterios quedó en evidencia tras unas declaraciones del subsecretario norteamericano de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, quien abogó por una "ley fuerte" que, además de castigar a los paramilitares con la cárcel y la confiscación de bienes, sirva de lección a las guerrillas de las FARC y el ELN.
"Esperamos que sea una ley fuerte, una ley que deba sentar un precedente para las FARC y el ELN. Debe garantizar el desmantelamiento de las AUC (paramilitares), acabar con sus finanzas y confiscar sus propiedades", afirmó Grossman, de visita en Bogotá.
Sus planteamientos se apartan de lo propuesto por el gobierno colombiano en un proyecto que estudia el Congreso para otorgar beneficios a los alzados en armas que se acojan a procesos de paz, el cual, según algunos sectores políticos y ONG, dejaría en la impunidad delitos de lesa humanidad.
La propuesta -conocida como ley de Justicia y Paz- prevé una condena de entre cinco y diez años para los responsables de crímenes atroces, que además podrían quedar en libertad condicional si confiesan sus delitos y devuelven las tierras robadas a campesinos y otros bienes adquiridos ilegalmente.
Asimismo, plantea la creación de un tribunal que juzgue las acciones de los paramilitares o rebeldes que se desmovilicen y fije la sanción a aplicar en los casos en los que no se pueda otorgar indulto.
Sin embargo, Estados Unidos considera que quien "haya cometido un crimen debe pagar por él y debe ser castigado" incluso con la extradición en caso de quienes tienen procesos pendientes con la Justicia de ese país -entre éstos varios jefes paramilitares-, según Grossman.
El funcionario también se pronunció sobre las aspiraciones políticas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha), señalando que al final del proceso de paz que celebran con el gobierno "deberán dejar de existir por completo".
"Para nosotros las AUC son una organización terrorista y al final de la desmovilización debe dejar de existir por completo", sostuvo.
Pese a la divergencia con Estados Unidos, el ministro del Interior y Justicia de Colombia, Sabas Pretelt, señaló que el gobierno coincide con la comunidad internacional en que los procesos de paz no pueden conducir a la impunidad.
"Hay que hacer un proceso judicial (contra los sindicados), pero existe la pena alternativa; colaborando con la justicia y la paz se puede aspirar a una pena muy inferior a la que establecen los tribunales", expresó.
Pretelt insistió en que el gobierno es partidario de que se haga justicia, "pero sin afectar los procesos de negociación y sin que ello signifique un sometimiento" de los grupos armados ilegales que se acojan a planes de paz.
"Hay que graduar la pena", añadió Pretelt, al insistir en que el marco jurídico que adopte el Congreso deberá aplicarse tanto para los combatientes de las AUC como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiamarxistas) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) que se desmovilicen.
Las opiniones encontradas entre Bogotá y Washington sobre el tema de los paramilitares agitan aun más el debate en el Congreso en torno al trato jurídico que recibirán los desmovilizados.
Además del proyecto del gobierno, el Legislativo evaluará otras cinco iniciativas que también apuntan a sancionar con mayor o menor severidad a los alzados en armas, entre ellas la del senador oficialista Rafael Pardo, que incluye una reparación integral a las víctimas y exige la confesión pública y fidedigna.
17 de febrero de 2005
©mi punto
Bogotá, Colombia. La diferencia de criterios quedó en evidencia tras unas declaraciones del subsecretario norteamericano de Estado para Asuntos Políticos, Marc Grossman, quien abogó por una "ley fuerte" que, además de castigar a los paramilitares con la cárcel y la confiscación de bienes, sirva de lección a las guerrillas de las FARC y el ELN. "Esperamos que sea una ley fuerte, una ley que deba sentar un precedente para las FARC y el ELN. Debe garantizar el desmantelamiento de las AUC (paramilitares), acabar con sus finanzas y confiscar sus propiedades", afirmó Grossman, de visita en Bogotá.
Sus planteamientos se apartan de lo propuesto por el gobierno colombiano en un proyecto que estudia el Congreso para otorgar beneficios a los alzados en armas que se acojan a procesos de paz, el cual, según algunos sectores políticos y ONG, dejaría en la impunidad delitos de lesa humanidad.
La propuesta -conocida como ley de Justicia y Paz- prevé una condena de entre cinco y diez años para los responsables de crímenes atroces, que además podrían quedar en libertad condicional si confiesan sus delitos y devuelven las tierras robadas a campesinos y otros bienes adquiridos ilegalmente.
Asimismo, plantea la creación de un tribunal que juzgue las acciones de los paramilitares o rebeldes que se desmovilicen y fije la sanción a aplicar en los casos en los que no se pueda otorgar indulto.
Sin embargo, Estados Unidos considera que quien "haya cometido un crimen debe pagar por él y debe ser castigado" incluso con la extradición en caso de quienes tienen procesos pendientes con la Justicia de ese país -entre éstos varios jefes paramilitares-, según Grossman.
El funcionario también se pronunció sobre las aspiraciones políticas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, ultraderecha), señalando que al final del proceso de paz que celebran con el gobierno "deberán dejar de existir por completo".
"Para nosotros las AUC son una organización terrorista y al final de la desmovilización debe dejar de existir por completo", sostuvo.
Pese a la divergencia con Estados Unidos, el ministro del Interior y Justicia de Colombia, Sabas Pretelt, señaló que el gobierno coincide con la comunidad internacional en que los procesos de paz no pueden conducir a la impunidad.
"Hay que hacer un proceso judicial (contra los sindicados), pero existe la pena alternativa; colaborando con la justicia y la paz se puede aspirar a una pena muy inferior a la que establecen los tribunales", expresó.
Pretelt insistió en que el gobierno es partidario de que se haga justicia, "pero sin afectar los procesos de negociación y sin que ello signifique un sometimiento" de los grupos armados ilegales que se acojan a planes de paz.
"Hay que graduar la pena", añadió Pretelt, al insistir en que el marco jurídico que adopte el Congreso deberá aplicarse tanto para los combatientes de las AUC como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiamarxistas) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) que se desmovilicen.
Las opiniones encontradas entre Bogotá y Washington sobre el tema de los paramilitares agitan aun más el debate en el Congreso en torno al trato jurídico que recibirán los desmovilizados.
Además del proyecto del gobierno, el Legislativo evaluará otras cinco iniciativas que también apuntan a sancionar con mayor o menor severidad a los alzados en armas, entre ellas la del senador oficialista Rafael Pardo, que incluye una reparación integral a las víctimas y exige la confesión pública y fidedigna.
17 de febrero de 2005
©mi punto
asesinatos policiales en río
Más de 600 personas asesinadas en lo que va de año por la policía.
Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, la policía ha asesinado a cientos de personas en las villas miseria de Río de Janeiro este año. El grupo calificó la conducta de la policía en los barrios pobres como violenta y represiva. Muchas de las víctimas eran sospechosos de estar implicados en delitos y fueron asesinados por la espalda o a quemarropa; los informes oficiales los registran como personas que "resistieron la detención". En los primeros seis meses de este año la policía ha asesinado a 621 personas, dijo el grupo, citando cifras oficiales. El año pasado, la policía estatal de Río de Janeiro asesinó a cerca de 900 personas. Ni la policía ni otros funcionarios han reaccionado al informe.
14 de febrero de 2005
©new york times
©traducción mQh
Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, la policía ha asesinado a cientos de personas en las villas miseria de Río de Janeiro este año. El grupo calificó la conducta de la policía en los barrios pobres como violenta y represiva. Muchas de las víctimas eran sospechosos de estar implicados en delitos y fueron asesinados por la espalda o a quemarropa; los informes oficiales los registran como personas que "resistieron la detención". En los primeros seis meses de este año la policía ha asesinado a 621 personas, dijo el grupo, citando cifras oficiales. El año pasado, la policía estatal de Río de Janeiro asesinó a cerca de 900 personas. Ni la policía ni otros funcionarios han reaccionado al informe.14 de febrero de 2005
©new york times
©traducción mQh
motín en penal argentino
Tras retomar el control de un penal en Argentina autoridades informaron que ocho personas, entre ellas cinco reclusos y tres agentes de seguridad murieron durante un motín que realizaron 2 mil prisioneros buscando la conmutación de sus penas.
Buenos Aires, Argentina. Tras más de 23 horas de enfrentamientos, la policía logró controlar un violento motín en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de la ciudad de Córdoba.
"Está todo normalizado en un 90 por ciento. El 10 por ciento que falta es completar la requisa de los internos y la revisión de las instalaciones y los techos. Pero ya no hay rebeldes, han sido liberados todos los rehenes y se recuperó el armamento", dijo el jefe de la policía de Córdoba, Jorge Rodríguez. De inmediato no informó de heridos entre los presos
Ocho personas murieron al inicio del motín, tres guardias que fueron atacados por los prisioneros y cinco reos baleados por la policía cuando intentaban escapar en un camión, según los informes oficiales. En tanto, nueve policías fueron internados por heridas de bala y otros 15 presentan lesiones leves, de acuerdo con las versiones oficiales.
Rodríguez indicó que los últimos en rendirse fueron los condenados a cadena perpetua, que encabezaban el grupo más violento, pero no explicó cuáles fueron las concesiones hechas por el gobierno para convencer a los presos de que depusieran su actitud.
Duelo de Dos Días
El gobernador de la provincia, José Manuel De la Sota, dispuso dos días de duelo con las banderas a media asta por las muertes registradas durante el motín y prometió un subsidio para las familias de tres agentes abatidos, un policía y dos miembros del Servicio Penitenciario.
El motín había comenzado por la tarde del jueves cuando un grupo de reos atacó a los guardias y tomó sus armas durante la hora de visitas. Muchos de los familiares que se encontraban en la prisión fueron tomados como rehenes.
Los presos, que reclamaban una conmutación en sus penas, incendiaron parte de un pabellón de la cárcel San Marín ubicada en las afueras de la capital de la provincia de Córdoba, unos 750 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y amenazaron con matar a los rehenes si no se cumplía su pedido.
Pasado el mediodía del viernes, los reos decidieron liberar a unos 50 civiles que habían sido tomados como rehenes, entre ellos varias mujeres y niños, pero conservaron cautivos a los guardiacárceles y al director del penal, Emilio Corso, que finalmente fueron rescatados por la policía. Unos 250 efectivos de seguridad, entre policías y gendarmes (policías de frontera), mantuvieron rodeada la prisión.
13 de febrero de 2005
©univisión
Buenos Aires, Argentina. Tras más de 23 horas de enfrentamientos, la policía logró controlar un violento motín en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de la ciudad de Córdoba."Está todo normalizado en un 90 por ciento. El 10 por ciento que falta es completar la requisa de los internos y la revisión de las instalaciones y los techos. Pero ya no hay rebeldes, han sido liberados todos los rehenes y se recuperó el armamento", dijo el jefe de la policía de Córdoba, Jorge Rodríguez. De inmediato no informó de heridos entre los presos
Ocho personas murieron al inicio del motín, tres guardias que fueron atacados por los prisioneros y cinco reos baleados por la policía cuando intentaban escapar en un camión, según los informes oficiales. En tanto, nueve policías fueron internados por heridas de bala y otros 15 presentan lesiones leves, de acuerdo con las versiones oficiales.
Rodríguez indicó que los últimos en rendirse fueron los condenados a cadena perpetua, que encabezaban el grupo más violento, pero no explicó cuáles fueron las concesiones hechas por el gobierno para convencer a los presos de que depusieran su actitud.
Duelo de Dos Días
El gobernador de la provincia, José Manuel De la Sota, dispuso dos días de duelo con las banderas a media asta por las muertes registradas durante el motín y prometió un subsidio para las familias de tres agentes abatidos, un policía y dos miembros del Servicio Penitenciario.
El motín había comenzado por la tarde del jueves cuando un grupo de reos atacó a los guardias y tomó sus armas durante la hora de visitas. Muchos de los familiares que se encontraban en la prisión fueron tomados como rehenes.
Los presos, que reclamaban una conmutación en sus penas, incendiaron parte de un pabellón de la cárcel San Marín ubicada en las afueras de la capital de la provincia de Córdoba, unos 750 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, y amenazaron con matar a los rehenes si no se cumplía su pedido.
Pasado el mediodía del viernes, los reos decidieron liberar a unos 50 civiles que habían sido tomados como rehenes, entre ellos varias mujeres y niños, pero conservaron cautivos a los guardiacárceles y al director del penal, Emilio Corso, que finalmente fueron rescatados por la policía. Unos 250 efectivos de seguridad, entre policías y gendarmes (policías de frontera), mantuvieron rodeada la prisión.
13 de febrero de 2005
©univisión