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derechos civiles

la despenalización en al


Argentina legaliza el consumo personal de marihuana. La decisión de la Suprema Corte es parte de una ola de despenalización en América Latina.
[Kristin Bricker] El 25 de agosto, la Suprema Corte argentina revocó una ley de los tiempos de la ‘guerra sucia’ que tipificaba como delito la posesión, de incluso pequeñas cantidades, de marihuana. En la decisión la Suprema Corte dictaminó que la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para uso personal está amparada por el Artículo 19 de la Constitución Argentina, el cual establece: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados."
La BBC reporta que el presidente de la Suprema Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo, "El Estado no puede establecer la moralidad," y la conducta privada es legal "mientras no ocasione peligro o daño para terceros."
La decisión no fue una sorpresa; fue precedida por foros públicos en los que jueces y legisladores argentinos llamaron a la despenalización a nivel internacional y trasladó a tribunales inferiores las decisiones que movieron al país cada vez más cerca de la despenalización. En 2007, el Congreso aprobó una ley que legalizaba la marihuana medicinal.
La decisión de la Suprema Corte significa que el Congreso argentino, que según se informa apoya el fallo, modifique las existentes leyes sobre drogas en un futuro cercano para que se cumpla la decisión de la Corte. La Suprema Corte ha dejado claro que su decisión solo se aplica para la marihuana, y solo en el caso del uso personal de los adultos. Sin embargo, queda por ver si el Congreso se pronunciará por aclarar el término "uso personal"—o podría ser como el caso de Uruguay y dejar a la determinación de los jueces la decisión caso por caso.
Hasta que el Congreso argentino apruebe la legislación estableciendo exactamente lo que significa el uso personal "los jueces tomarán las decisiones basados en casos concretos en función de los criterios que marque la Corte," dijo Alejandro Corda de la organización argentina Intercambios. Corda dijo al diario argentino Clarín que a su organización le preocupa que algunos jueces se resistan a la aplicación de la decisión de la Corte Suprema hasta que el gobierno establezca los criterios específicos que constituyen el "uso personal".
En la despenalización de pequeñas cantidades de marihuana y de otras drogas con fines médicos u otros, los países del continente han definido de manera diferente el término "uso personal." En los Estados Unidos, por ejemplo, los habitantes de Michigan pueden crecer hasta doce plantas de marihuana por vez con una prescripción médica. Ésta legislación le da a los residentes de Michigan una manera legal de obtener y consumir marihuana medicinal.
La reciente despenalización en México de posesión de marihuana, heroína, LSD y cocaína tomó un camino diferente. El Congreso mexicano despenalizó la posesión de una cantidad muy pequeña de esas drogas y ahora la trata simplemente como un problema de salud pública en lugar de uno criminal. Sin embargo, el compartir, vender, comprar, regalar o cualquier forma de intercambio de esas drogas continua siendo ilegal, significando que aún no hay una forma legal para que los consumidores obtengan los importes permitidos de su droga de elección. El limite legal de la posesión de marijuana en México de cinco gramos es muy pequeña para permitir a los mexicanos cultivar la marihuana para uso personal. La nueva política de drogas de México podría aliviar la presión en el sistema judicial y penitenciario del país al mantener a los infractores menores fuera de ellos, sin embargo, está lejos de ser una política de drogas radicalmente nueva o innovadora.

Rompiendo con las Políticas Estadounidenses sobre las Drogas
La Suprema Corte argentina dejó muy claro su intención de no apoyar la depenalización total de la marihuana, sino solo de pequeñas cantidades. En su decisión, la Suprema Corte alienta al gobierno a perseguir a los "verdaderos enemigos": los grandes narcotraficantes.
La decisión de la Corte argentina llega en un momento en que muchos países de Latinoamérica están cambiando sus políticas de drogas a la luz de la abrumadora evidencia que el modelo actual de prohibicionismo simplemente no funciona. A principios de año, los expresidentes César Gaviria de Colombia, Ernesto Zedillo de México y Fernando Henrique Cardoso de Brasil hicieron un llamado internacional para acabar con las estrategias prohibicionistas en favor de las estrategias basadas en la salud pública.
Lamentablemente, tanto México como Colombia no han escuchado el llamado de sus ex presidentes para "rectificar la estrategia de ‘guerra contra las drogas’seguida en la región durante los últimos 30 años." Ambos países tratan el consumo de drogas, como un problema de salud, no criminal. Sin embargo, los dos países, simultáneamente conducen guerras sangrientas contra las organizaciones narcotraficantes. En lugar de reconsiderar la estrategia de la guerra fallida contra las drogas, su decisión de despenalización de la posesión sirve solo para enmascarar la creciente militarización de ambos países. México, por ejemplo, al depenalizar la simple posesión, aprueba simultáneamente nuevas leyes anti-drogas que proporcionan a narcomenudistas callejeros sentencias obligatorias mínimas federales (ignorando por completo la clara diferencia entre los narcomenudistas de la calle y los grandes barones de la droga). También las nuevas leyes le otorgan a la policía poderes extensamente vastos, tales como la posibilidad de cateos a domicilios sin la necesidad de una orden, o la capacidad para llevar a cabo operaciones encubiertas de inteligencia. El Ejército Mexicano ha venido desempeñando tareas policiales desde el comienzo del gobierno de Calderón, dando lugar al aumento exponencial de ejecuciones y de violaciones a los derechos humanos. En lugar de alejarse de la fracasada estrategia de la guerra contra las drogas, México y Colombia han optado por la militarización a expensas de la seguridad pública.
A pesar de que México y Colombia han optado por afianzar aún más su guerra contra las drogas apoyada por los Estados Unidos, muchos otros gobiernos latinoamericanos están rompiendo con la políticas de drogas de los E.E.U.U. Si bien ningún país latinoamericano ha despenalizado completamente o legalizado las drogas, muchos países están experimentando con políticas innovadoras hechas específicamente para ese país y bajo su contexto, en lugar de aplicar la política de prohibición estilo estadounidense que dominó en el continente en el siglo pasado. Muchos de estos países ahora distinguen entre consumidores, pequeños narcomenudistas, y principales organizaciones del tráfico de drogas. Las nuevas políticas de drogas de los gobiernos latinoamericanos ofrecen a Argentina una gran variedad de posibilidades de su propia política de drogas mientas se mueve hacia la despenalización.
En Venezuela, por ejemplo, la simple posesión de marihuana y cocaína es legal. Si el usuario es sorprendido con más de la cantidad permitida, o con una droga distinta, un juez debe tener en cuenta las circunstancias del sospechoso previo a su sentencia, pudiendo elegir una sentencia suspendida. El presidente venezolano, Hugo Chávez cancelo el acuerdo de cooperación entre su país y la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA por sus siglas en inglés), alegando que apoyaba el tráfico de drogas y que era utilizada para "llevar a cabo operaciones de inteligencia en contra del gobierno [venezolano]." Chávez utilizó su ruptura con la DEA como una oportunidad para diseñar una nueva estrategia de control de drogas que de hecho casi ha suprimido la cocaína en Venezuela.
Cuando los bolivianos eligieron al indígena cocalero Evo Morales como su presidente, abieron la puerta para una nueva política para la coca: "Coca sí, cocaína no." Siguiendo los pasos de Chávez, el presidente Morales echó a la DEA del país. Estableció una distinción entre las cooperativas cocaleras que la cultivan para usos tradicionales y las organizaciones narcotraficantes que convierten la coca en cocaína para el mercado internacional. La posesión de la marihuana sigue siendo ilegal en Bolivia.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha pedido a su gobierno revistar la política de drogas, a la que él llama "bárbara". "En la ley, es lo mismo el capo, el jefe del cartel de Cali y la pobre madre soltera, desempleada que se atrevió a llevar 300 gramos de droga. Esto es una barbaridad", dijo Correa. La ley de drogas ecuatoriana "viene de los 90 [y es] impuesta por los Estados Unidos a todos los países de América Latina."
Martín Jelsma, coordinador del Programa de Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), dijo a la BBC que se espera que la legislatura ecuatoriana introduzca una nueva ley este mes que "no sólo despenalizaría el consumo, sino que bajaría las penas previstas para el ‘micro comercio’ de sustancias ilícitas". El presidente Correa quiere disminuir las penas para los pobres que se han visto obligadas por su situación económica de trabajar como "mulas" transportando relativamente pequeñas cantidades de drogas en sus cuerpos para los cárteles de las drogas. Correa pregunta, "¿Como van a creer ustedes que un desempleado que no es un criminal, a la final decidió viajar con droga, se vaya 12 o 16 años preso? eso es un absurdo."


Traducción de Fernando León.

10 de septiembre de 2009
©narconews
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soldado preso por no obedecer


El miércoles en la mañana un soldado de Fort Hood que rechazó que lo enviaran a Afganistán y dejó de obedecer órdenes, fue sentenciado a un mes de cárcel y degradado a soldado raso por una corte marcial.
[James C. McKinley Jr.] Houston, Estados Unidos. Víctor Agosto, 24, del III Cuerpo, arrancó frente a un capitán del ejército la charretera de su uniforme que mostraba su rango de especialista después de una emocional audiencia en la que dijo a la corte que creía que las guerras de Iraq y Afganistán violaban el derecho internacional, según contó su abogado James M. Branum. Más tarde, una veintena de manifestantes antibélicos aplaudieron al soldado raso Agosto cuando era trasladado a la cárcel, dijo el abogado.
"No se opone a todas las guerras; se opone a esta guerra, porque no es una guerra de defensa", dijo Branum.
Según los términos de un acuerdo de clemencia, el soldado raso Agosto será licenciado una vez que cumpla su sentencia en la cárcel en Belton, Texas, dijo Branum.
El coronel Benton Danner, portavoz de Ford Hood, dijo que técnicamente el soldado raso Agosto nunca había rechazado la orden de asignación en el extranjero. Más bien, en mayo se negó a presentarse a una oficina que se ocupa de los trámites burocráticos para despliegues en el extranjero, un delito relativamente menor. Rechazar una orden de despliegue o desertar durante una batalla implica penas mucho más severas, dijo.
El soldado raso Agosto dijo que perdió la fe en la guerra después de volver de un período de trece meses en Iraq a fines de 2007, durante el cual trabajó con ordenadores y no fue enviado al frente.
"Me di cuenta de que la guerra en Iraq no tenía nada que ver con la seguridad de los estadounidenses", dijo a la Associated Press en una entrevista esta semana. "Después de volver, empecé a sentirme culpable de mi participación en la ocupación".
Este año, el ejército le informó que no sería licenciado en junio como esperaba, sino que sería enviado a Afganistán. Entonces dejó de obedecer órdenes y fue enviado a desmalezar y barrer. También participó activamente en las protestas locales contra la guerra.
Branum dijo que la posición del soldado raso Agosto contra las guerras era inusual porque informó a sus superiores sobre sus objeciones. Otros soldados que rechazan la guerra simplemente quebrantan las reglas del ejército para ser licenciados.

25 de agosto de 2009
5 de agosto de 2009
©new york times 
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ilegal e inútil


Gobierno de Bush eludió y quebrantó numerosas leyes, argumentando siempre que lo hacía por razones de seguridad interior. Pero está claro que nada de eso fue necesario. Editorial del New York Times.
Hemos sabido durante años que el gobierno de Bush ignoró y quebrantó la ley repetidas veces en nombre de la seguridad nacional. Ahora está claro que muchos de esos programas podrían haberse realizado igual de cómodamente dentro de la ley -y quizás de modo más efectivo y ciertamente provocando mucho menos daños al sistema judicial y a la fe de los estadounidenses en sus gobiernos.
Esa es la inescapable conclusión a la que llega un demoledor informe del inspector general de las comunidades de inteligencia y policial sobre el programa de interceptaciones sin orden judicial del presidente George W. Bush. El informe muestra que la tradicional exigencia de que el gobierno consiga primero una orden judicial no era un obstáculo para recabar informaciones de inteligencia sobre los terroristas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. De hecho, el argumento de que la ley era un obstáculo fue fabricada por abogados de la Casa Blanca y del ministerio de Justicia después de que Bush autorizara el espionaje de las comunicaciones internacionales de los estadounidenses.
De momento sabemos poco sobre el plan del gobierno de Bush de enviar equipos paramilitares encubiertos para asesinar a dirigentes de al Qaeda. Pero lo que está abrumadoramente claro es que no había ninguna justificación legal ni racional de la orden del vicepresidente Dick Cheney de ocultar al Congreso el programa de espionaje. El plan no fue nunca llevado a la práctica, aparentemente debido a que no era operacional. Pero es difícil imaginar al Congreso rechazando el asesinato de terroristas.
¿Así que, por qué violar la ley una y otra vez? Dos cosas parecen inquietantemente claras. Primero, el presidente Bush y sus asesores sufrieron un ataque de pánico después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y, segundo, Cheney y sus ideólogos, que se han mostrado siempre irritados por los intentos de poner límites legales al poder del ejecutivo, explotaron ese pánico para favorecer sus propios objetivos.
De acuerdo al inspector general, el memorando jurídico que justificaba las interceptaciones sin orden judicial fue escrito por John Yoo, en ese entonces subdirector de la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia y autor de otros memorandos que torcían la ley para justificar la tortura.
En este caso, dice el informe, informó torcidamente tanto sobre la ley como sobre los detalles de la operación de interceptación para que pareciera que la Ley de Vigilancia Extranjera de 1978 era anticuada y que Bush podía ignorarla. Y, según el informe, Yoo pasó por alto a sus jefes en el ministerio de Justicia y entregó sus informes directamente en -adivinen- la oficina de Cheney.
Durante cuatro años, hasta que el Times revelara las interceptaciones sin orden judicial, Bush confirmó la autorización de estas cada 45 días, basándose en memorandos de la comunidad de inteligencia y del ministerio de Justicia. El informe dice que cuando los ‘memorandos de miedo’, como llegarían a ser conocidos, no eran suficientemente tenebrosos, los abogados bajo la dirección de Alberto Gonzales, asesor de la Casa Blanca y más tarde fiscal general, los revisaban u ordenaban "informaciones" adicionales "sobre la amenaza". Todos terminaban con un párrafo escrito por la Casa Blanca afirmando que se habían interceptado comunicaciones de terroristas que "poseían la capacidad y la intención" de atacar a este país.
Después de que Yoo y su jefe, Jay Bybee, dejaran el ministerio de Justicia, sus reemplazos concluyeron que el programa de interceptaciones era ilegal. La Casa Blanca finalmente cambió algunas partes del programa y luego exigió que el Congreso lo legalizara, pero sólo después de que la Casa Blanca tratara de obligar al ministerio de Justicia a ignorar sus propias conclusiones y después de que Robert Mueller, director del FBI, amenazara con renunciar.
Cheney ha tratado de evitar una rendición de cuentas alegando que las interceptaciones sin orden judicial salvaron miles de vidas. El informe dice que la CIA no podía indicar más que escasos beneficios directos. El FBI declaró que la mayor parte de las pistas que se recogieron, eran falsas. Otras nunca terminaron con la detención de nadie.
Este no es un caso aislado. Una vez que el equipo de Bush adquirió el hábito de romper la ley, su procedimiento operacional fue que todos los medios se justificaban: ordenar a los agentes de inteligencia del país torturar a los prisioneros; enviar inocentes al extranjero para que fuesen torturados; crear cárceles secretas donde los detenidos eran mantenidos ilegalmente sin que se les formulasen cargos.
Los estadounidenses todavía no conocemos toda la verdad. Incluso ahora, la mayor parte de lo que constató el inspector general es reservada, incluyendo otras interceptaciones autorizadas por Bush. El memorando original de Yoo también es reservado.
El presidente Obama se ha negado a iniciar una investigación completa de las numerosas leyes que fueron evadidas, torcidas o quebrantadas -destructivamente y sin asunto- durante el gobierno de Bush. Obama debería cambiar de opinión. Una rendición de cuentas completa es el único modo de asegurarse de que estos abusos no vuelvan a ocurrir.

10 de agosto de 2009
16 de julio de 2009
©new york times
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despenalización inminente


Tenencia de drogas para consumo personal. Aníbal Fernández dijo que espera "casi impaciente" la despenalización. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que el gobierno espera "casi con impaciencia" un fallo de la Corte Suprema de Justicia, en relación a declarar inconstitucional la ley que castiga la tenencia para uso personal de estupefacientes.
Argentina. "Le pido a (Raúl) Zaffaroni que se tape las orejas, pero mentiría si no digo que esperamos casi con impaciencia un fallo muy importante, un fallo que no va a despenalizar nada, en el mejor de los casos va a elaborar la inconstitucionalidad del castigo penal a un usuario privado", dijo Fernández.
Al exponer en la I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que se desarrolla esta mañana en el Congreso, el jefe de Gabinete dijo que ese fallo "para nosotros sería muy importante, sería una guía hacia un objetivo que estamos perseguimos".
Fernández, quien inauguró oficialmente el encuentro, sostuvo que "la postura (del Gobierno) no ha cambiado, es la postura de siempre: no criminalizar al adicto es un convencimiento y una política despiadada en la lucha contra el narcotráfico".
Según el jefe de Gabinete, "la política represiva de los últimos 20 años que tiene la ley argentina ha sido un fracaso".
"También internacionalmente ha sido un fracaso porque no se ha reducido una sola hectárea de cultivo, ni las redes de narcotráfico ni el consumo", prosiguió.
Fernández dijo que "creemos fuertemente en este tema y vamos a ratificar nuestra política y nuestra posición ante Latinoamérica".
Del seminario participaban funcionarios y expertos del ámbito científico de siete países de América del Sur, que debatirán sobre políticas de "despenalización y otras alternativas para no continuar criminalizando" a los usuarios y adictos a las drogas y otras sustancias psicoativas.

6 de agosto de 2009
©página 12
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despenalizan homosexualidad


Tribunal Supremo de India revoca prohibición de la homosexualidad.
[Heather Timmons y Hari Kumar] Nueva Delhi, India. En una histórica resolución el jueves, que podría inaugurar una época de mayores libertades para los homosexuales y lesbianas de Nueva Delhi, el Tribunal Supremo de Nueva Delhi despenalizó la homosexualidad.
"La tolerancia que ha exhibido tradicionalmente la sociedad india, literalmente en todos los aspectos de la vida, se manifiesta en el reconocimiento de una función para todos en la sociedad", escribieron los jueces del Tribunal Supremo de Delhi en una resolución de 105 páginas, la primera que en India trata directamente sobre los derechos de homosexuales y lesbianas. "Aquellos percibidos por la mayoría como ‘degenerados’ o ‘diferentes’ no pueden ser excluidos ni aislados sobre esas bases", dice la resolución.
La homosexualidad ha sido ilegal en India desde 1861, cuando los gobernantes británicos establecieron la ley que prohíbe "el comercio carnal contra natura con cualquier hombre, mujer o animal". Durante largo tiempo, la ley, conocida como Sección 377 del código penal indio ha sido considerada por sus detractores como un residuo arcaico del colonialismo.
"Por cierto estamos contentísimos", dijo Anjali Gopalan, directora ejecutiva y fundadora de la Naz Foundation, una organización dedicada a despertar conciencia sobre el SIDA que entabló una demanda para cambiar la Sección 377. "Es un primer gran paso", dijo en una rueda de prensa en Delhi, aunque "quedan muchas batallas".
La resolución del jueves se aplica solamente en el territorio de la ciudad capital de India, pero es posible que obligue al gobierno indio sea a recurrir la decisión ante la Corte Suprema o a cambiar la ley a nivel nacional, dijeron abogados y partidarios.
Fuera del vestíbulo donde se realizó la rueda de prensa de la Naz Foundation, decenas de hombres y mujeres jóvenes se reunieron para celebrar, junto con un grupo de hijras, hombres que se visten y se comportan como mujeres que se clasifican como no pertenecientes a ningún género. "Es una victoria para los derechos humanos, no solamente para los derechos homosexuales", dijo un hombre de veintidós años que se identificó como Manish.
En India, hombres y mujeres homosexuales han sido rara vez perseguidos en virtud de la Sección 377 en tiempos modernos, pero ha sido utilizada para acosar, extorsionar y encarcelar a personas.
Gran Bretaña legalizó la homosexualidad en Inglaterra y Gales en 1967, pero muchas de sus antiguas colonias, incluyendo Singapur, Zimbabue y Malasia todavía mantienen las estrictas leyes contra las relaciones entre personas del mismo sexo.
En la sociedad india orientada hacia la familia, la homosexualidad en general no es bien recibida, excepto en círculos cosmopolitas. No es raro que hombres y mujeres homosexuales se casen con heterosexuales y tengan familia, al mismo tiempo que mantienen relaciones secretas con personas del mismo sexo.
En su resolución, los jueces A.P. Shah y S. Muralidhar declararon que la Sección 377, que se refiere al sexo consensual entre personas mayores de dieciocho años, contraviene importantes artículos de la Constitución india. "El sexo consensual entre adultos es legal, lo que incluye el sexo homosexual", dijeron.
La antigua ley viola el artículo 14 de la Constitución, que garantiza que todas las personas "son iguales ante la ley"; el artículo 15, que prohíbe la discriminación "sobre la base de la religión, raza, casta, sexo o lugar de nacimiento"; y el artículo 21, que garantiza "la protección de la vida y la libertad personal", dijeron.
La aceptación de la homosexualidad se ha fundido en los últimos años en algunas zonas urbanas. El fin de semana pasado, los desfiles de orgullo gay en ciudades indias atrajeron a miles de participantes y varias recientes películas de Bollywood, como ‘Dostana’, han incluido temas y personajes homosexuales, representados a menudo por las grandes estrellas heterosexuales de Bollywood.
Sin embargo, la resolución fue condenada en muchos lugares de India. "Está mal", dijo Maulana Abdul Khaliq Madrasi, rector de Dar ul-Uloom, la principal universidad islámica de India. La decisión de llevar la cultura occidental a India, dijo, "corromperá a niños y niñas indios".
La decisión del Tribunal Supremo debería ser revocada, dijo Murli Manohar Joshi, líder del principal partido de oposición hindú, el partido nacionalista Bharatiya Janata. "El Tribunal Supremo no puede decidir sobre todo", dijo.
Los cambios se producen después de una década de amplias campañas organizadas por defensores de los derechos homosexuales, escritores, celebridades, abogados y grupos de conciencia sobre el SIDA de todo el mundo. India tiene una de las mayores poblaciones de personas con SIDA del mundo y la Sección 377 era vista por muchos como un obstáculo para la educación sobre sexo seguro.
Ahora que el Tribunal Supremo ha resuelto contra la Sección 377, algunos dicen que el paso siguiente es cambiar el modo en que son vistos los homosexuales por la sociedad. "El verdadero problema es todavía el estigma", especialmente fuera de las grandes ciudades, dijo Ritu Dalmia, uno de los más conocidas chefs de India, que vive con su amiga en Delhi.
El cambio debe ocurrir especialmente en la India rural, dijo en una entrevista por correo electrónico el jueves en la tarde. "He conocido a mujeres que fueron obligadas a dormir con hombres para ‘curarlas’ de la homosexualidad", dijo.
"Hoy es un momento histórico. Hemos dado algunos pasos pequeños pasos, pero el camino que nos espera es todavía muy, muy largo", dijo.

27 de julio de 2009
2 de julio de 2009
©new york times
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oakland gravará marihuana


Oakland será la primera ciudad de EEUU que grave la marihuana. Los dispensarios pagarán 18 dólares en impuestos por cada mil de venta de marihuana. Hasta ahora pagaban sólo 1,20 dólares por cada mil de ingresos.
Oakland, Estados Unidos. En torno al 80 por ciento de los ciudadanos aprobó el martes en una votación que Oakland se convierta en el primer municipio de Estados Unidos que gravará con un impuesto la venta de marihuana de uso medicinal, según los resultados que publican hoy los medios estadounidenses.
El Registro de Votantes del Condado de Alameda informó acerca del resultado, que fue celebrado por los partidarios del uso legal de la droga en la llamada Universidad de Oaksterdam (nombre que combina Oakland con Amsterdam), una escuela que entrena a estudiantes para trabajar en la industria legal de la marihuana.
"Es importante porque la ciudad de Oakland enfrenta un enorme déficit, como muchas jurisdicciones de California", dijo a CNN Steve DeAngelo, líder de uno de los clubes de cannabis de la ciudad. "Así es que decidimos hacer una contribución a la ciudad en tiempos de necesidad".
DeAngelo, uno de los impulsores de la medida, señaló que su negocio tendrá que pagar más de 350.000 dólares en impuestos a partir del próximo año. El Consejo Municipal de la ciudad también apoyaba la medida, ya que en vista de que los dispensarios de cannabis con fines medicinales son legales en California, consideraba válido sacar beneficios de ello.
Los dispensarios pagarán 18 dólares en impuestos por cada mil de venta de marihuana. Hasta ahora pagaban sólo 1,20 dólares por cada mil de ingresos. Se espera que la medida sea imitada pronto por otras ciudades.

22 de julio de 2009
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las cárceles de la cia


Problemas en la lucha antiterrorista.
[Benjamin Weiser] Abogados de un ex detenido de Guantánamo que el presidente Obama ordenara que fuera juzgado en un tribunal civil, dijeron a un juez en Manhattan que quieren visitar las cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia, donde estuvo retenido su defendido durante casi dos años tras su captura en 2004.
El acusado, Ahmed Khalfan Ghailani, fue acusado de participar en una conspiración que incluía los atentados con bomba contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, ataques organizados por al Qaeda que mataron a 224 personas y dejaron miles de heridos.
Ghailani, de Tanzania, que se cree está entrado en la treintena, se convirtió en prófugo después de los atentados y trabajó más tarde como guardaespaldas y cocinero de Osama bin Laden, dijeron autoridades militares.
Sus abogados también dijeron que pedirán al juez Lewis A. Kaplan, de la Corte de Distrito Federal, que ordene al gobierno conservar los sitios donde fueron retenidos sus clientes. Observaron que la CIA dijo que ya no tiene locales de detención o cárceles secretas, y está planeando desmantelarlas.
"Existe el temor", dicen los abogados en documentos judiciales presentados esta semana, "es que para cuando el equipo de la defensa consiga los permisos de seguridad necesarios, las cárceles secretas de la CIA hayan sido desmanteladas o destruidas".
El presidente Obama anunció en mayo que Ghailani sería transferido a una corte civil desde la base de Bahía Guantánamo, Cuba, donde había estado retenido desde 2006. El presidente dijo que su objetivo era tratar a los acusados de terrorismo en tribunales federales "donde fuera posible".
Los abogados de Ghailani indicaron que tienen la intención de indagar qué pasó con su cliente durante sus años de cautiverio y determinar cómo podría afectar este tratamiento la acusación federal en su contra.
"Parece innegable", escribieron, que "fue sometido a condiciones rigurosas y técnicas de interrogatorio violentas" cuando estuvo detenido en una cárcel secreta.
Un problema, dijeron, tiene que ver con la admisibilidad de cualquier declaración que hayan podido hacer.
Otra razón de su pedido, escribieron, tiene que ver con la pena de muerte. Si el gobierno decide pedir la pena de muerte contra Ghailani, dijeron los abogados, quieren poder presentar "descripción detallada y precisa de los sitios físicos" donde fue retenido y sometido a tratos violentos como evidencias atenuantes a su favor.
Esa presentación será probablemente utilizada en los alegatos contra la posibilidad de que el gobierno pida la pena de muerte en primer lugar.
Una portavoz de la fiscalía de Estados Unidos en Manhattan no quiso comentar sobre la presentación.
Ghailani, que se ha declarado inocente, debe comparecer ante el tribunal el jueves. La pena de muerte es un tema que podría aparecer.
El mes pasado, el juez Kaplan observó que el ministerio de Defensa decidió no pedir la pena de muerte contra Ghailani cuando estaba en el sistema de comisiones militares. El juez sugirió que el ministerio de Justicia debería "hacernos saber pronto si pedirá o no la pena de muerte".

16 de julio de 2009
1 de julio de 2009
©new york times
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el fin de un sueño


Después del allanamiento, la amargura reemplazó el orgullo de un agente del LAPD. Una unidad de operaciones tácticas despertó a Randolph Franklin en su casa en Los Angeles Sur en 2006. No encontraron nada. Hoy, todavía en el cuerpo, quiere saber porqué llegaron esa mañana.
[Joel Rubin] Hasta que todo empezó a marchar mal, Randolph Franklin hablaba con orgullo de su vida en el Departamento de Policía de Los Angeles. Llevó la insignia durante casi cincuenta años, y en el camino su posición en el cuerpo se convirtió en algo más que un simple trabajo.
También estaba orgulloso de la vida que había construido en Woodlawn Avenue -una anónima calle en medio de la violencia de las pandillas y la pobreza de la parte sur de la ciudad. Es extraño que un poli viva aquí. Pero fue aquí donde un chico negro de un camping de caravanas de Mississippi pudo comprar una casa de verdad. Fue aquí donde transformó un viejo y destartalado chalé en una casa de verdad, con chimeneas de mármol con ribetes rojo oscuro y elegantes tallos de bambú bordeando el jardín.
En la oscura mañana del 25 de mayo d e 2006, los dos mundos de Franklin -su vida en Woodlawn y su vida en el LAPD- colisionaron.
A las cuatro de la mañana lo despertó el teléfono en su dormitorio en la primera planta. Su esposa estaba visitando a su familia, y sus dos hijos pequeños dormían en el vestíbulo. La voz en el teléfono se identificó como un teniente de la unidad de elite de operaciones tácticas del LAPD. La casa, le dijo a Franklin, estaba rodeada. Franklin se asomó por la ventana. No era una broma: un grupo de agentes de policía fuertemente armados estaban apostados en los alrededores de su casa. Había francotiradores apostados en el porche de los vecinos. Un helicóptero sobrevolaba la zona.
Franklin no tenía ni idea de que quería su propio departamento de policía. Pidió tiempo para despertar a su hija de siete y su hijo de tres. El oficial de SWAT le dijo que tenía veinte minutos; de otro modo, la policía entraría a por él.
Antes de abrir la puerta de entrada y caminar hacia los cegadores focos de la policía, se colocó entre sus hijos y les tomó de la mano. "Quería que pudieran ver nuestras manos", recuerda. "No quería darles un motivo para dispararnos".
Franklin es un hombre nervioso. Cuando describe el allanamiento de seis horas que hizo el LAPD en su casa, aprieta la mandíbula y borbotea palabras como "degradante" y "humillante". Recuerda que fue obligado, con sus hijos, a sentarse en la parte de atrás de una furgoneta policial, custodiado por algunos hombres que llevaban el mismo uniforme que él llevaba todos los días. Recuerda que sus vecinos contemplaban boquiabiertos mientras los perros detectores de drogas de la policía eran introducidos en su casa -perros que dejaron sus huellas de sus patas en la cama. Habla sobre la silenciosa furia que sintió cuando ignoraron sus exigencias de que le explicaran qué estaba pasando.
"Llegaron a mi casa", dice. "Esa es mi familia. Mi reputación".
Lo que pasó esa mañana no está en discusión. Sin embargo, sí lo está el por qué.
Si hay que creer la explicación que dieron los agentes que dirigieron el allanamiento, el incidente fue un desafortunado error que nació de una honesta pesquisa policial. Sin embargo, Franklin, en una demanda y en entrevistas, ha sostenido que el allanamiento fue la culminación de una campaña de represalias orquestado por sus jefes, con los que había peleado.
En el curso de un año, funcionarios del departamento de policía que revisaron las acusaciones de Franklin, concluyeron que eran infundadas. Franklin demandó a los agentes que ordenaron el allanamiento, así como al departamento mismo, por violar sus derechos civiles, causarle estrés emocional, y negligencia. A fines del año pasado, doce jurados escucharon lo que Franklin tenía que decir y decidieron que los agentes no tenían ningún motivo para irrumpir en su vida en Woodlawn. Fue una chambonada, dijeron, y se contaron mentiras.
Después de casi cinco años en el Cuerpo de Marines, Franklin se incorporó al LAPD en 1984 y se ganó la reputación de ser un policía capaz, aunque nada fuera de lo común. Su hoja de servicio está llena de evaluaciones positivas, destacando su ética de trabajo y su estricta adherencia a las instrucciones del departamento. Franklin ha sido rara vez castigado -su peor traspié lo vivió cuando reprendió a un agente de patrullera que lo paró por una infracción de tráfico.
Pero no es un amigo de los polis. Según cuenta él mismo, Franklin ha denunciado a varios colegas por abusos, contándole incluso a un sospechoso que su colega lo había detenido ilegalmente. En 2000, después de ser ascendido a sargento, Franklin fue asignado a la División Pacific del departamento, en el Lado Oeste, donde consolidó su reputación como un supervisor estricto y poco tolerante de los errores de sus colegas, a los que no dudaba en denunciar. Más de una vez, dice, causó asombro entre los otros cuando ordenaba a los agentes que dejaran en libertad a sospechosos detenidos en circunstancias dudosas.
Casi desde el principio, su franca personalidad le provocó conflictos con la jefatura de la división, dijo. Lo acusaron formalmente de faltas a la disciplina en al menos seis ocasiones, aduciendo abandono de deberes, entregar informes incompletos y errores similares. Franklin rechazó siempre los cargos y, con una excepción, fue exculpado sea por una comisión de apelación o porque sus jefes abandonaron los procedimientos disciplinarios. Franklin también representó a varios otros agentes de Pacific. Para incomodidad de la jefatura de la división, dice, las acusaciones contra otros agentes fueron desechadas o reducidas.
Pese a sus choques con los jefes, Franklin recibió una elogiosa evaluación en 2005. Uno de sus supervisores le puso nota alta en todas las categorías y escribió que se podía contar con él "para tomar decisiones sensatas y concienzudas".
Pero el capitán William Hayes, que había llegado hace poco a Pacific, rechazó la evaluación, diciendo que no creía que Franklin fuera tan bueno -según se lee en documentos judiciales. La evaluación fue rescrita, le bajaron varias notas y agregaron algunas observaciones que destacaban deficiencias no mencionadas previamente sobre la capacidad de Franklin para manejar el tiempo y de redacción, según se lee en los documentos. Hayes se negó a comentar para este artículo.
Franklin sabía que su evaluación sería un obstáculo para ascender a teniente -un ascenso que quería antes de jubilarse. Se negó a firmarla y tomó medidas para iniciar una demanda por hostilidad en el trabajo contra Hayes y otros en la jefatura.
Varios meses después, al otro lado de la ciudad un hombre fue atacado a balazos a plena luz del día y dejado por muerto en una acera cerca de la casa de Franklin.
El detective Mark Morgan y el agente Jason Leikam, de la División Newton del LAPD, fueron asignados al caso. Morgan, un veterano que llevaba veinte años en el cuerpo, había trabajado durante varios años como detective de una unidad anti-pandillas en Newton. Leikam llevaba seis años como agente de patrullera y, meses antes de la balacera, había sido asignado temporalmente a la unidad anti-pandillas.
De acuerdo a documentos policiales, Morgan y Leikam recibieron datos de que los atacantes eran Alonzo Billups, miembro de la notoria pandilla Four-Trey, y Emmit Bond, un presunto narcotraficante con lazos con la pandilla. Cerca de un mes después de la investigación, los agentes llegaron a la conclusión de que tenían suficientes pruebas como para pedir a un juez una orden de detención. En la declaración que Leikam escribió para justificar la orden, pidió permiso para allanar tres domicilios. Los primeros dos eran de los sospechosos. El tercero -la casa de Franklin- sólo se conocía por su dirección. La casa, escribió Leikam en la declaración, "es un conocido centro de reunión de la pandilla Four-Trey. Han habido numerosas quejas de vecinos sobre la presencia de la pandilla y la venta y consumo descarado de drogas ahí... Emmit Bond entrega los estupefacientes y guarda armas en la casa".
Cómo llegaron Leikam y Morgan a esta conclusión es un tema de debate. Morgan se negó a hacer comentarios, y Leikam no respondió ninguna de nuestras peticiones de entrevista. En una declaración, dijeron que gran parte de su información provenía de un primo de la víctima, que identificó la casa de Franklin como un lugar frecuentado por la pandilla y Bond. Además, Leikam declaró que un agente anti-pandilla del LAPD también le contó que la casa de Franklin era un bastión de la Four-Trey. Morgan y Leikam declararon que cuando estaban vigilando el barrio, habían visto a Bond entrar a la casa de Franklin.
Pero interrogado en el marco de la demanda de Franklin, Morgan y Leikam no entregaron las notas de sus entrevistas con el primo del que decían que les había mostrado la casa de Franklin. De hecho, las notas de Morgan indican que el primo había descrito una "casa de color burdeos y verde", cerca de la de Franklin. En una breve entrevista telefónica, el primo, que no quiso ser identificado por razones de seguridad, dijo que nunca apuntó a la casa de Franklin.
En el tribunal Franklin reconoció que conocía vagamente a Bond, el atacante acusado: lo había contratado una vez para trabajar por un día en una compañía privada de seguridad que dirige en su tiempo libre. Sin embargo, rechazó las acusaciones de Leikam y Morgan de que habían visto a Bond entrar a su casa. Dijo que ese día estaba visitando a su familia en Mississippi y su esposa declaró que nadie entró ese día a su casa.
Eric Rose, el agente anti-pandillas, debió explicar su declaración en una audiencia anterior en el caso contra Bond y Billups de que no sabía que la pandilla operaba en la casa de Franklin. En el estrado de los testigos trató de explicar la afirmación de Leikam de que él había dado informaciones comprometedoras.
Leikam y Morgan también concedieron que no sabían nada que les permitiera creer en la afirmación de Leikam en la petición de la orden de detención de que [había] "numerosas quejas de ciudadanos sobre actividades de la pandilla y abierta venta y consumo de drogas en ese local". Un control interno del LAPD poco después del allanamiento muestran que la policía no había recibido ninguna queja sobre la casa en los últimos tres años -según muestran archivos policiales.
Según documentos judiciales, después de un día de deliberaciones los miembros del jurado concluyeron unánimemente que los agentes habían "falsificado deliberadamente" la información en la declaración de detención y que su conducta había sido "escandalosa". Cuando fueron interrogados sobre el caso posteriormente, varios jurados hablaron a condición de que sus nombres no fueran mencionados, por temor a represalias de la policía.
"Había tantas cosas que dijeron que simplemente no eran verdad", dijo un jurado. "Eso podría haber arruinado la carrera del poli".
"Me asusta que sea tan fácil que puedan allanar la casa de cualquiera", dijo otro.
Si no fue un error, ¿por qué lo hicieron?
Para que Franklin pudiera exigir una indemnización por daños, el jurado tenía que determinar que las acciones de Morgan y Leikam habían formado parte de un plan deliberado para perjudicarlo.
Los abogados de Franklin trataron de convencer al jurado de que el capitán Hayes y otros miembros de la jefatura en Pacific estaban implicados [en un plan de ese tipo]. Los abogados hablaron sobre la mala leche en la división. Destacaron el hecho de que el teniente Paul Torrence, un supervisor, había sido transferido al Grupo de Asuntos Internos del departamento y estaba en la casa de Franklin la mañana en que fue allanada.
Se concentraron en una conversación telefónica entre Torrence y Hayes antes del allanamiento.
Cuestionaron la afirmación de Morgan y Leikam de que no sabían que la casa pertenecía a Franklin hasta la noche previa al allanamiento y por eso no le dijeron al juez que la casa que querían allanar era la de un agente de policía.
Los abogados propusieron esta teoría: Leikam y Morgan, que declaró que conocía a Franklin de misiones previas, había visto a Franklin en su tiempo libre en Woodlawn cuando investigaba el tiroteo. Confundidos sobre cómo podía un policía vivir en un barrio tan rudo, llamaron a Asuntos Internos para preguntar sobre Franklin. Torrence, pensando que tenía algo entre manos, llamó a Hayes y los dos convencieron a los agentes de Newton de implicar a Franklin en la investigación.
Los jurados no se convencieron.
"Pensamos que [Leikam y Morgan] habían mentido; pero no pudimos determinar por qué", dijo un jurado. "No pudimos conectar los puntos entre estos dos agentes y algo mayor".
Además, varios jurados dijeron que el juez les instruyó a pensar en Morgan y Leikam como individuos, no como agentes del LAPD. "Si nos hubiese dicho que consideráramos a los agentes como parte del LAPD, las cosas habrían cambiado completamente", dijo el jurado Orly Benyaminy. "Casi todos nosotros habríamos votado de otra manera..."
Franklin recurrió.
Entretanto, el hombre que fue atacado murió a causa de sus heridas. Mencionando la falta de pruebas, sin embargo, los fiscales desecharon los cargos contra Bond y Billups. El asesinato sigue sin resolver.
En los meses siguientes, Hayes tomó el mando de otra comisaría. Torrence dejó Asuntos Internos para trabajar en otra unidad. Leikam sigue como agente en Newton, y Morgan fue transferido a Pacific, donde él y Franklin a veces se cruzan.
Una investigación interna del LAPD liberó a Franklin de las acusaciones. Sin embargo, le molesta que el departamento también liberara a Leikam y Morgan y acusa al departamento de ignorar sus acusaciones contra sus superiores. Un ayudante del jefe de la policía de Los Angeles, William J. Bratton, declinó permitir que altos oficiales del LAPD declararan sobre el caso. Franklin dice que su vida en Woodlawn es diferente ahora. Los vecinos lo miran con desconfianza. Evitan hablar con él.
Para él ser un policía del LAPD no es otra cosa que el sueldo de fin de mes. "Antes me enorgullecía de mi trabajo", dice. "Ahora eso es algo con lo que tengo que luchar todos los días... Mi sueño ha muerto".
Dice que se va a jubilar tan pronto como le sea posible.

6 de julio de 2009
28 de mayo de 2009
©los angeles times 
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