Blogia
mQh

derechos civiles

sensatez sobre registro corporal


La resolución de la Corte Suprema traza una línea clara para inspectores escolares. Un editorial de Los Angeles Times.

El sentido común y el derecho constitucional no siempre llegan a las mismas conclusiones, pero la Corte Suprema de Estados Unidos ha hecho justicia a ambos al resolver que una escuela secundaria de Arizona violó la Cuarta Enmienda al someter a una niña de trece años a un registro corporal en el que la obligaron a desnudarse. Con sólo un juez en contra -Clarence Thomas-, la corte ha trazado una clara línea que los funcionarios escolares podrán transgredir en el futuro a su propio riesgo. También ha refrescado la memoria a otros estados para que se unan a California y otros seis estados que prohíben a las autoridades escolares revisar a los estudiantes obligándoles a despojarse de sus ropas.
Savana Redding estaba en octavo cuando los funcionarios de la escuela, sospechando que estaba escondiendo el fármaco ibuprofeno -que sólo se puede adquirir con receta-, la obligaron a despojarse de sus ropas, incluyendo el sujetador y las bragas. El registro fue inconstitucional, escribió por la corte el juez David H. Souter, y por dos razones: los funcionarios no tenían sospechas razonables de que Savana estuviera ocultando los fármacos en sus bragas, y los fármacos en cuestión, incluso si Savana los hubiera poseído, no representaban ningún peligro para los estudiantes. Esa doble exigencia parece prohibir ese tipo de cacheo, excepto en casos muy excepcionales -por ejemplo, cuando los funcionarios tengan buenos motivos para sospechar que un estudiante ha escondido drogas duras o un arma entre sus ropas.
Al establecer esta prueba legal, Souter exhibe la admirable conciencia de que "la vulnerabilidad adolescente intensifica la patente impropiedad" de un registro corporal. Desechó la idea de que lo que tuvo que vivir Savana no fue más traumático que ser observada cuando se muda de ropa antes de las clases de gimnasia. En una entrevista después de los alegatos orales en el caso, la juez Ruth Bader Ginsburg temía que sus colegas pudiesen no haber reconocido que tener trece años "es una edad muy sensible para una niña". Al final los jueces "lo entendieron", pero también reconocieron que no son solamente las niñas las que se sienten violentadas por el registro corporal completo. La excepción fue Thomas, que en un caso previo dejó en claro que duda que los escolares de cualquier sexo tengan derechos constitucionales significativos.
Dada la impropiedad de este caso, parecería obvio que la corte resolviera como lo hizo. Pero hasta que se dictara esta resolución, la ley no era clara (que es la razón por la que la corte declaró que los individuos que ordenaron desnudarse a Savana no pueden ser demandados por daños, aunque el distrito escolar sí podría ser considerado responsable). Además, los comentarios de los jueces en los alegatos orales sugirieron que tenían dudas. Incluso Souter se debatió con la preocupación de que el caso de Savana pudiera impedir que los directores de escuela respondieran con prontitud en casos graves de consumo de drogas.
Eso no será un problema si las escuelas siguen las instrucciones de la recomendación de Souter. Todavía mejor, se ahorrarán esas decisiones con leyes que, en todos los estados, prohíban que los inspectores escolares realicen registros corporales. Si esos cacheos llegaran a necesitarse para proteger a escuelas y estudiantes, deberían ser realizados por la policía.

4 de julio de 2009
27 de junio de 2009
©los angeles times 
cc traducción mQh
rss

inspectores fueron demasiado lejos


La Corte Suprema declaró inconstitucional cacheo de adolescente. El alto tribunal dice que el cacheo de una niña de trece en una secundaria de Arizona fue ilegal, aunque los jueces rechazaron la demanda contra los empleados de la escuela, diciendo que la ley no era clara.
[David G. Savage] Washington, Estados Unidos. Haber desnudado para registrar a una escolar de trece de la que sospechaban que ocultaba analgésicos, fue una acción irrazonable e inconstitucional, determinó hoy la Corte Suprema, estableciendo nuevos límites legales a las acciones de inspectores escolares a la hora de controlar la presencia de drogas en los campus.
En una decisión de 8 a 1, el alto tribunal calificó el cacheo y desnudo en la escuela "categóricamente distinto" de otros controles de drogas y tan degradante que no puede ser justificado.
Los jueces dijeron que la revisión de la mochila o de la ropa exterior de la estudiante sería razonable si el empleado de la escuela tenía suficientes motivos para sospechar que la niña estaba ocultando algo ilegal, como drogas o armas.
Pero obligar a la alumna a despojarse de su ropa no podía justificarse de ninguna manera, declaró la corte.
Su resolución fue una victoria parcial para Savana Redding y su madre, April, la que demandó al subdirector de la escuela secundaria en Arizona sobre un cacheo y desnudo en 2003. El subdirector se enteró por otra alumna que Savana había llevado a la escuela píldoras extra fuertes de ibuprofen, que pensaba repartir entre las otras estudiantes.
Fue interrogada y ella negó la posesión de esas píldoras. También se revisó su mochila. Como no las encontraron, el subdirector la envió a la enfermería, donde la obligaron a desnudarse.
No encontraron las píldoras, pero pese a ello los inspectores no ofrecieron sus excusas ni a la alumna ni a la madre. Las dos demandaron a los empleados y al Distrito Escolar Unificado de Safford, denunciando que el cacheo y la obligación de desnudarse había violado los derechos de Savana según la cuarta enmienda, que prohíbe las "revisiones irrazonables" del gobierno.
En la resolución de hoy, los jueces dijeron que el cacheo mismo era inconstitucional, pero también rechazaron la demanda contra la escuela porque la ley no era clara.
La decisión establece una norma para todos los controles en escuelas, pero es posible que Savana y su madre no reciban una indemnización. La corte envió el caso a Arizona para considerar si el distrito escolar es responsable.
En el caso de Safford vs. Redding, el juez David H. Souter dijo que el sudirector tenía motivos razonables para interrogar a las estudiantes sobre las drogas, pero que fue demasiado lejos.
"En suma, lo que hacía falta", dijo Souter, "era un indicio del peligro para las estudiantes de la potencia de los fármacos o su cantidad, y algún motivo para suponer que Savana llevaba las píldoras en su ropa interior. Creemos que la combinación de estas deficiencias fue fatal para decidir que la revisión era razonable", escribió.
Sólo el juez Clarence Thomas estuvo en desacuerdo. Se quejó de que la resolución "otorga a los jueces amplia autoridad para dudar de las medidas que tomen estos funcionarios para mantener la disciplina en sus escuelas y garantizar la salud y seguridad de los estudiantes a su cargo".
Entretanto, los jueces John Paul Stevens y Ruth Bader Ginsburg habrían ido más lejos y sostenido en este caso la demanda de responsabilidad contra los funcionarios de la escuela. "He creído siempre que no se necesita ser un experto en derecho constitucional para concluir que revisar y obligar a desnudarse a una niña de trece es una invasión grave de sus derechos constitucionales", escribió Stevens.

28 de junio de 2009
25 de junio de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh
rss

obama continúa detención indefinida


Según funcionarios de gobierno, la medida reafirmaría la autoridad presidencial para retener indefinidamente a sospechosos de terrorismo.
[Dafna Linzer y Peter Finn] El gobierno de Obama, temeroso de que un enfrentamiento con el Congreso pudiera paralizar los planes de cerrar la cárcel estadounidense en Bahía Guantánamo, está trabajando una orden presidencial que reafirmaría la autoridad del presidente para encarcelar indefinidamente a sospechosos de terrorismo, de acuerdo a tres altos funcionarios de gobierno familiarizados con las deliberaciones en la Casa Blanca.
La orden adoptaría las motivaciones del ex presidente George W. Bush de que algunas personas pueden ser -según las leyes de guerra- detenidas sin juicio durante períodos prolongados. Los asesores de Obama temen que la orden, que eludiría al Congreso, dejaría mal parado al presidente ante los tribunales e indignaría a importantes partidarios, dijeron los funcionarios.
Después de meses de debate interno sobre cómo cerrar el recinto militar en Cuba, funcionarios de la Casa Blanca están cada vez más preocupados de que llegar a un acuerdo rápido con el Congreso sobre un nuevo sistema de detención sea imposible. Varios funcionarios dijeron que existe el temor de que la Casa Blanca no sea capaz de cerrar la cárcel antes de la fecha de cierre anunciada por el presidente.
El portavoz de la Casa Blanca, Ben LaBolt, dijo que no existe esa orden presidencial y que el gobierno no ha decidido todavía si emitir una o no. Pero un funcionario de gobierno sugirió que la Casa Blanca está tratando de reunir apoyo para firmarla.
"Las organizaciones de libertades civiles han alentado al gobierno a que, si lo que se busca es un sistema de detención prolongada, que lo haga a través de una orden presidencial", dijo el funcionario. Esa orden podría ser rescindida y no entorpecería proyectos legislativos posteriores, pero las organizaciones de libertades civiles generalmente se oponen a detenciones de largo término, diciendo que los detenidos deben ser acusados o dejados en libertad.
El ministerio de Justicia se ha negado a hacer comentarios sobre las perspectivas de un sistema de detención de largo plazo mientras sigan en curso las revisiones internas de los casos de los detenidos de Guantánamo. Un grupo de trabajo, que está evaluando las políticas de detención, debería completar su trabajo antes del 21 de julio.
En un discurso en mayo, el presidente Obama abordó la necesidad de un sistema de detenciones prolongadas y sugirió que incluiría controles parlamentarios y judiciales. "Tenemos que reconocer que esas políticas de detención no pueden ser ilimitadas. No pueden basarse simplemente en lo que yo o la rama ejecutiva decida por sí sola", dijo.
Algunos de los asesores de Obama, junto con un puñado de influyentes legisladores republicanos y demócratas, han abogado por la creación de un "tribunal de seguridad nacional" para supervisar el encarcelamiento de detenidos que son considerados demasiado peligrosos como dejarlos marchar, pero que no pueden ser acusados ni juzgados.
Pero los tres funcionarios de gobierno dijeron que la Casa Blanca ha desechado esa opción, al menos de momento, porque las leyes que establecerían un tribunal especial serían difícilmente aprobadas y probablemente fracturarían al partido de Obama. Esos funcionarios, así como otros entrevistados para este artículo, hablaron a condición de conservar el anonimato debido a que no están autorizados para hablar públicamente sobre deliberaciones internas.
El día que asumió Obama, en Guantánamo había 242 detenidos. En su discurso de mayo, el presidente delineó cinco estrategias que utilizará el gobierno en su tratamiento: juicios criminales, tribunales militares renovados, traslados a otros países, liberaciones y detención continuada.
Desde su investidura, once detenidos han sido liberados o transferidos, un prisionero se suicidó, y otro fue trasladado a Nueva York para responder por cargos de terrorismo ante un tribunal federal.
Funcionarios de gobierno dijeron que los casos de casi la mitad de los restantes 229 detenidos han sido revisados para decidir si serán procesados o liberados. Dos funcionarios implicados en una revisión de los posibles procesos de parte del ministerio de Justicia, dijeron que el gobierno está considerando seriamente presentar cargos criminales contra Khalid Sheik Mohammed y otros tres detenidos, acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La otra mitad de los casos, dijeron los funcionarios, presentan las mayores dificultades, porque estos detenidos no pueden ser juzgados en tribunales federales o comisiones militares. En muchos casos la evidencia contra ellos es reservada, ha sido proporcionada por servicios de inteligencia extranjeros o ha sido contaminada por el uso de técnicas de interrogatorio ilegales por parte del gobierno de Bush.
El fiscal general Eric H. Holder Jr. aceptó las conclusiones de una evaluación ofrecida durante los testimonios parlamentarios este mes de que menos del veinticinco por ciento de los detenidos serían acusados en tribunales criminales y que sobre otros cincuenta se ha decidido que serán transferidos o liberados. Un funcionario dijo que el gobierno espera que unos setenta ciudadanos yemeníes sean trasladados, por etapas, a Arabia Saudí en el marco de un programa de rehabilitación.
A tres meses de iniciadas las revisiones del ministerio de Justicia, varios funcionarios involucrados dijeron que han llegado a estar de acuerdo con las conclusiones alcanzadas años antes por el gobierno de Bush, de que unos noventa detenidos no pueden ser acusados ni liberados.
La Casa Blanca ha gastado meses reuniéndose con líderes parlamentarios clave con la esperanza de alcanzar un acuerdo sobre la detención prolongada, aunque el apoyo de la opinión pública para ese plan se ha reducido desde que los legisladores trataran de impedir que los detenidos sean transferidos a sus distritos electorales.
Abogados del gobierno están ahora negociando con los senadores Carl M. Levin (demócrata de Michigan) y Lindsey O. Graham (republicano de Carolina del Sur) sobre leyes separadas que podrían reformar las comisiones militares. Un miembro del staff republicano dijo que los senadores todavía no ven una "política comprehensiva y detallada" sobre la detención prolongada de parte del gobierno.
"Lo pueden hacer sin el respaldo del Congreso, pero creo que habría temores muy serios", dijo el miembro del staff, agregando que el "Congreso podría privar de financiamiento" todo sistema de detención en territorio estadounidense.
Entre los asesores de Obama crece la preocupación de que el Congreso pueda tratar de ejercer demasiado control sobre el proceso. Esta semana Obama firmó un proyecto de ley sobre asignaciones que obliga al gobierno a informar al Congreso antes de trasladar a un detenido fuera de Guantánamo e impide que la Casa Blanca utilice fondos disponibles para trasladar a detenidos en territorio estadounidense.
"El proyecto terminaría con los planes de Obama", dijo uno de los funcionarios de gobierno implicados. El funcionario dijo que una orden presidencial es la mejor manera que tiene el presidente en estos momentos.
Según un borrador que estaba siendo discutido este mes, de acuerdo a funcionarios de gobierno, los detenidos serían encarcelados en un recinto militar en territorio estadounidense, pero la continuidad de su detención estaría sujeta a una revisión presidencial anual. Ciudadanos estadounidenses no podrían ser sometidos a ese sistema.
Esos detenidos -los que están en Guantánamo y los que podrían ser capturados en el futuro- también tendrían el derecho a ser representados legalmente durante su detención y acceso a algunas de las informaciones utilizadas para mantenerlos tras las rejas. Todo detenido bajo esta orden tendría el derecho a impugnar su detención ante un juez.
Los funcionarios dicen que el plan daría más derechos a los detenidos y les otorgaría mayores posibilidades de terminar algún día con su encarcelamiento indefinido, que en Guantánamo ahora.
Pero algunos demócratas consideran la detención prolongada como equivalente al establecimiento del sistema de Guantánamo en territorio estadounidense. "Creo que esto sería un gran error, por la manera en que sería percibido en el mundo", dijo a Holder el senador Russell Feingold (demócrata de Wisconsin).
Un funcionario de gobierno dijo que las trasferencias futuras a Estados Unidos para períodos de detención indefinida serían raras. Los operativos de al Qaeda capturados en el campo de batalla, que el funcionario definió como Iraq, Afganistán, Pakistán y posiblemente el Cuerno de África, serían encarcelados en instalaciones en el campo de batalla. Los sospechosos capturados en otras partes del mundo podrían ser transferidos a Estados Unidos para ser juzgados en tribunales federales, entregados a las autoridades locales o devueltos a sus países de origen.
"A menos que se trate de algún caso extraordinario, no habrá nuevas transferencias a Estados Unidos de casos de detención indefinida", dijo el funcionario.
Fundar un programa de detención prolongada mediante una orden presidencial dejaría a Obama vulnerable ante cargos de que está dispuesto a dejar de lado la rama legislativa del gobierno, como hizo a menudo su predecesor. Las políticas de detención de Bush fueron derrotadas en tribunales en parte debido a que carecían del respaldo del Congreso y en parte porque trataban de eludir el control judicial.
"No hay ninguna ley que prohíba que el presidente lo haga mediante una orden presidencial, y de momento los tribunales no han fallado de manera que le impidan hacerlo", dijo Matthew Waxman, que trabajó sobre el tema de los detenidos en el ministerio de Defensa durante el primer término de Bush. Pero Waxman, que quebró lanzas en el gobierno de Bush por una mayor cooperación con el Congreso, dijo que "es más probable que los tribunales cedan ante el presidente y el Congreso si mantienen una sola opinión sobre estos temas".
Tawfiq bin Attash, que está acusado de participar en el atentado contra el USS Cole en 2000 y que fue retenido en una cárcel secreta de la CIA, podría ser uno de los detenidos que podría ser encarcelado indefinidamente, dijo un funcionario.
No se sabe mucho públicamente sobre el caso de Attash, pero los funcionarios que han revisado su expediente dijeron que el ministerio de Justicia ha concluido que ninguno de los tres testigos que declararon contra él pueden declarar en un tribunal. Un testigo, que fue encarcelado en Yemen, escapó hace varios años. El segundo testigo sigue encarcelado, pero el gobierno de Yemen no permitirá que declare.
Funcionarios de gobierno creen que las declaraciones del único testigo que se encuentra bajo custodia norteamericana, Abd al-Rahim al-Nashiri, podría ser declarada inadmisible porque fue sometido a interrogatorios ilegales durante su detención.
"Esos problemas no han cambiado simplemente porque haya cambiado el gobierno", dijo Juan Zárate, que fue asesor de seguridad nacional para el contraterrorismo durante el gobierno de Bush y trabaja ahora en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.
"Para el nuevo gobierno el reto es cómo resolver estas cuestiones legales de la detención preventiva de modo que sea consistente con la Constitución, cómo legitimarlo a ojos del mundo y no crear lagunas jurídicas que causen temores en el Congreso", dijo Zárate.

27 de junio de 2009
©washington post
cc traducción mQh
rss

corte ratifica proposición 8


Los jueces ratificaron la prohibición del matrimonio homosexual, pero también fallaron que las dieciocho mil parejas que se casaron antes de la votación de noviembre seguirán casadas. La decisión seguramente provocará otro retorno a las urnas.
[Maura Dolan] San Francisco, Estados Unidos. La Corte Suprema de California ratificó la Proposición 8, que prohíbe el matrimonio de parejas del mismo sexo, pero también falló que las parejas homosexuales casadas antes del referéndum continuarán estando casadas según las leyes del estado.
La decisión prácticamente garantiza otra votación sobre los derechos matrimoniales de los homosexuales. Los activistas por los derechos homosexuales dicen que pedirán a los votantes que rechacen la prohibición del matrimonio homosexual este próximo año, y los opositores han jurado que lucharán contra esa propuesta. La Proposición 8 fue aprobada con el 52 por ciento de los votos.
Aunque en la corte cinco de los seis jueces rechazaron la constitucionalidad del matrimonio homosexual, los jueces fueron unánimes en decidir que las uniones homosexuales realizadas antes del referéndum -cerca de dieciocho mil- seguirán siendo reconocidas. Los matrimonios empezaron a fines de junio, después de una resolución de 4-3 de la corte suprema del estado que derogó la prohibición del matrimonio homosexual a fines de mayo.
El juez Ronald M. George, que escribió por la mayoría, dijo que la Proposición 8 no "revocaba ni derogaba" el derecho a la privacidad y debido proceso de las parejas del mismo sexo, ni el "derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a ‘elegir’ a sus parejas e iniciar con esas personas una relación familiar protegida y oficialmente reconocida".
"En realidad, la medida introduce una limitada excepción a estos derechos constitucionales del estado".
En una alusión a la ley de parejas del estado, George observó que la Proposición 8 deja intactos "todos los otros aspectos, extremadamente importantes, del derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a establecer una relación familiar protegida y reconocida oficialmente y la garantía de igual protección bajo la ley".
Además de rechazar la opinión de los abogados de los homosexuales de que la Proposición 8 era una modificación ilegal de la Constitución, la corte también desechó rotundamente el argumento del fiscal general Jerry Brown de que la medida era inconstitucional porque afectaba un "derecho inalienable".
La corte declaró que "principios jurídicos bien establecidos" exigen que la Proposición 8 sólo sea aplicada prospectivamente, dejando intactos los matrimonios de parejas del mismo sexo que se celebraron antes de la votación de diciembre.
"Los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados con anterioridad a la fecha efectiva de la Proposición 8 siguen siendo válidos y deben seguir siendo reconocidos por el estado", escribió George.
El juez Carlos R. Moreno, el único voto disidente, advirtió que la resolución de hoy "pone en peligro los derechos constitucionales que reconoce el estado a las minorías desfavorecidas".
"Debilita la condición de nuestra Constitución del estado como un bastión de derechos fundamentales para las minorías protegidas contra la voluntad de la mayoría", escribió Moreno, el único demócrata de la corte.
La juez Joyce L. Kennard, que el año pasado se unió a la mayoría al otorgar a los homosexuales el derecho a casarse, dijo en una opinión aparte que la Proposición 8 no era suficientemente radical como constituir una enmienda constitucional, que sólo puede ser decidida en las urnas por dos tercios de los votos de la legislatura.
Observando, como hizo la opinión mayoritaria, que los jueces deben poner a un lado sus opiniones personales, Kennard dijo que la corte debía acatar la Constitución del estado y sus resoluciones previas.
"Y cuando los votantes han ejercido válidamente este poder, como hicieron aquí, un juez debe implementar la constitución reformada", escribió Kennard.
La juez Kathryn Mickle Werdegar, ex abogado por los derechos civiles que el año pasado también se unió a la resolución a favor de los derechos matrimoniales de los homosexuales, escribió separadamente porque no estuvo de acuerdo con la definición de la mayoría de lo que constituye una modificación constitucional.
"Los redactores de nuestra Constitución no imaginaron nunca, ni habrían aprobado nunca, una norma que otorga a principios fundacionales de organización social en las sociedades libres, como la igualdad de protección, menos protección frente a cambios apresurados e inconsiderados, que a principios de organización gubernamental", escribió.
La corte declinó determinar si los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados fuera de California -y no reconocidos formalmente por el estado antes de esta elección- eran legales en California. La corte dijo que no vio argumentos sobre ese asunto, y que "sería inapropiado tratarlos" hoy.
El argumento para revocar la iniciativa fue considerado ampliamente como arriesgado. Abogados de los derechos homosexuales no contaban con precedentes jurídicos sólidos, y algunas de las declaraciones anteriores de la corte sobre las enmiendas constitucionales menoscababan ligeramente sus argumentos.
Pero los abogados del matrimonio homosexual concitaron una amplia gama de apoyos para su causa. Organizaciones de derechos civiles, juristas e incluso algunas iglesias llamaron a la corte a anular la medida. Entre los partidarios de la medida se encuentran muchas iglesias y organizaciones religiosas.
La guerra jurídica sobre el matrimonio homosexual en California empezó en 2004 en San Francisco cuando el alcalde Gavin Newsom ignoró la ley del estado y el ayuntamiento empezó a emitir permisos de matrimonio a parejas homosexuales. Largas filas de parejas se acercaron para casarse y celebraron con arroz y champaña a vista de la corte.
Esos matrimonios provocaron un debate nacional sobre los derechos homosexuales e hicieron del matrimonio un asunto político en un año electoral. Más tarde decenas de estados adoptaron enmiendas constitucionales para prohibir el matrimonio homosexual.
Las parejas homosexuales que se casaron más tarde en San Francisco vieron sus matrimonios rescindidos por la Corte Suprema de California, que resolvió que un ayuntamiento no podía por sí solo desobedecer las leyes del estado. Pero la corte declaró que los partidarios de los derechos homosexuales podían impugnar la prohibición en los tribunales inferiores.
La lucha legal se trasladó al Tribunal Superior de San Francisco, donde un juez declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio. Una corte de apelaciones de San Francisco revocó más tarde la decisión en una votación de 2 a 1. El alto tribunal del estado finalmente se ocupó del caso, que culminó el año pasado con la resolución del 15 de mayo declarando que los homosexuales sí se podían casar unos con otros.
Antes del otoño pasado, California era una de sólo dos estados -el otro era Massachusetts- que permitía el matrimonio homosexual.
Desde entonces Iowa, Connecticut, Vermont y Maine lo han legalizado y los legisladores de Nueva York, Nueva Jersey y Nueva Hampshire están considerando proyectos de ley propios.
La histórica resolución de California, escrita por George, invocaba repetidas veces las palabras "respeto y dignidad" y definió el problema del matrimonio como uno que afectaba profundamente no solamente a las parejas, sino también a sus hijos. California tiene más de cien mil familias formadas por parejas homosexuales, un cuarto de las cuales con hijos, de acuerdo a datos del censo de 2000.
Tan pronto como se dio a conocer el fallo, miles de parejas homosexuales se acercaron a los ayuntamientos del estado para casarse, y muchos viajaron desde otros lugares para casarse en California. Mientras aumentaban los matrimonios, los opositores montaron una briosa campaña, con ayuda de iglesias y conservadores, para anular la decisión de la corte.
Aunque la corte ratifique la Proposición 8, una parte clave del fallo de la corte del 15 de mayo de 2008 seguirá intacta. La orientación sexual seguirá recibiendo la protección constitucional más fuerte posible cuando los tribunales de California vean casos de discriminación. La Corte Suprema de California es el único tribunal de estado en el país que ha elevado la orientación sexual a la misma condición que la raza y el género a la hora de tratar casos de discriminación.

18 de junio de 2009
26 de mayo de 2009
©los angeles times 
cc traducción mQh
rss

que lo decida un juez


La Casa Blanca continúa evitando investigar los abusos del gobierno de Bush, de modo que lo que debería ocurrir es que un juez federal estudie y resuelva sobre la liberación de los 65 documentos en disputa. Editorial de Los Angeles Times.
Pese a su repudio de las ‘técnicas mejoradas de interrogatorio’, el gobierno de Obama persiste en impedir la investigación pública de cómo la torcida justificación jurídica de la tortura por parte del gobierno de Bush se tradujo en los apremios físicos a que fueron sometidos los sospechosos de actividades terroristas. El último intento para evitar la publicación fue una declaración, el lunes, del director de la CIA, Leon E. Panetta, de que ninguno de los 65 documentos que describen los interrogatorios de la agencia deberían ser hechos públicos. La mayoría de los documentos describen los interrogatorios de Abu Zubaydah, que fue sometido al submarino [simulacro de muerte por asfixia por inmersión] al menos 83 veces.
El juez federal al que Panetta entregó su declaración no debería creer todo lo que dice. Como con las fotografías que mostraban los abusos de prisioneros que el presidente Obama erróneamente rehusó hacer públicas, los documentos exigidos por la Unión Americana por las Libertades Civiles no deberían ser ocultados para ahorrar a Estados Unidos una vergüenza adicional. Tampoco se justifica continuar con el secreto, como sostiene Panetta, por la posibilidad de que los detalles sobre las técnicas abandonadas ayuden a al Qaeda a prepararse para futuros interrogatorios. Es todavía menos convincente la afirmación de Panetta de que se pondría en peligro la seguridad nacional si se identificase a los países que permitieron que la CIA interrogara en sus territorios a los sospechosos.
Para ser justos, estas son sólo algunas de las justificaciones de Panetta para exceptuar a los llamados documentos operacionales de las exigencias de divulgación de la Ley de Libertad de Información. También le dijo al juez de distrito Alvin K. Hellerstein que su liberación expondría la identidad de los empleados de la CIA que participaron en los interrogatorios y revelarían lo que sabe y no sabe la CIA sobre las tramas terroristas en momentos específicos.
Esos argumentos tienen un mejor derecho a la excepción en la Ley de Libertad de Información por asuntos "autorizados específicamente según los criterios establecidos por una orden presidencial para que se mantengan en secreto en aras de la defensa nacional o de la política de relaciones exteriores". Pero los documentos pueden contener información que no pasan esa prueba. Por ejemplo, podrían establecer si los interrogadores eludieron incluso las inadecuadas restricciones impuestas por el gobierno de Bush. También podrían arrojar luces sobre un asunto bajo investigación criminal: la destrucción de 92 cintas de los interrogatorios de la CIA.
Incluso los críticos más duros del programa de interrogatorios de la era de Bush reconocen que el gobierno no puede divulgar en público la identidad de los agentes secretos ni sus fuentes importantes ni métodos. Pero con todo el respeto que se debe a Panetta, no debería ser él quien tenga la última palabra sobre este asunto. La solución parece obvia: el juez Hellerstein debería examinar los documentos disputados -no solamente los resúmenes- y decidir por sí mismo si son o no válidas las objeciones de la CIA.

15 de junio de 2009
12 de junio de 2009
©los angeles times 
cc traducción mQh
rss

demandas contra la tortura


Juez acoge demanda civil en caso de torturas.
[John Schwartz] La decisión dada a conocer el viernes tarde por un juez de San Francisco, que acogió una demanda civil contra un ex funcionario del gobierno de Bush, John C. Yoo, podría parecer poco más que la remoción de un obstáculo procesal. Pero los abogados del hombre que presentó una demanda contra Yoo, José Padilla, dicen que constituye una substantiva interpretación de temas constitucionales de valor para todos los detenidos y podría tener un amplio impacto.
Padilla fue detenido como ‘enemigo combatiente’ y mantenido en una celda de aislamiento durante más de tres años en una prisión de la Marina en Charleston, Carolina del Sur. Padilla, que fue condenado por apoyar al terrorismo y otros delitos, demanda que Yoo sea considerado responsable por acciones que Padilla dice que condujeron a que fuera torturado.
Durante la época en que Padilla estuvo en prisión, de acuerdo a su demanda, "sufrió graves abusos físicos y psicológicos a manos de funcionarios federales como parte de un programa sistemático de interrogatorios violentos que tenían la intención de romper la humanidad y voluntad de vivir de Padilla".
En la sentencia de 42 páginas, el juez Jeffrey S. White, del tribunal de distrito federal de San Francisco, dice que el conflicto representa la tensión "entre las exigencias de la guerra y la defensa de las libertades que la guerra busca proteger".
Yoo, como parte de un grupo de altos funcionarios llamado el Consejo de Guerra, ayudó a definir la estrategia de la guerra contra el terrorismo del gobierno de Bush. Como vicefiscal general en la Oficina de Asesoría Jurídica de 2001 a 2003, escribió numerosos memorandos autorizando los apremios físicos. Yoo se ha defendido alegando que no debería ser procesado porque no estaba establecido claramente que esos tratamientos fueron inconstitucionales.
El juez White, que fue nombrado por el presidente George W. Bush, rechazó todas las pretensiones de inmunidad de Yoo, excepto un alegato, y determinó que Padilla "ha aportado suficientes datos para demostrar que Yoo puso en movimiento una serie de eventos que resultaron en la privación de los derechos constitucionales de Padilla".
Tahlia Townsend, una de los abogados de Padilla, la llamó "una significativa victoria para los valores americanos, la rendición de cuentas del gobierno y nuestro sistema de equilibrio de poderes". El equipo legal de Padilla también incluye a estudiantes de la clínica internacional de derechos humanos de la Facultad de Leyes de Yale.
Townsend dijo que la decisión "anunciaba que las protecciones fundamentales contra los abusos se aplican a todos los individuos detenidos por el gobierno" y establece lo que los funcionarios federales deben saber sobre los límites de abuso. "Esa posición hará posible que lo que le pasó a Padilla no vuelva a ocurrir nunca", dijo.
Padilla y su madre, Estela Lebrón, están pidiendo un dólar por concepto de indemnización, junto con una declaración de la corte de que su tratamiento fue inconstitucional.
Como ex funcionario de gobierno, Yoo está siendo representado por el ministerio de Justicia. Charles S. Miller, portavoz del ministerio: "Estamos revisando la decisión".
Yoo, ahora profesor de derecho en la Universidad de California, Berkeley, no respondió a un mensaje por correo electrónico pidiéndole que comentara el caso, pero en una columna del año pasado en The Wall Street Journal escribió sobre la demanda diciendo que "el sistema legal no debería ser utilizado como una porra contra individuos señalados por activistas políticos que imponen preferencias de políticas de gobierno que no lograron ver aprobadas en las urnas".
Padilla, nacido en Brooklyn y convertido al islam, fue detenido en junio de 2002 y acusado originalmente de participar en una conspiración de al Qaeda para detonar una ‘bomba sucia’ radioactiva en Estados Unidos. Después de su período en la cárcel, el gobierno lo juzgó en Miami, y en 2007 él y otros dos acusados fueron encontrados culpables de conspiración para asesinar, secuestrar y mutilar a personas en un país extranjero. Padilla fue sentenciado a más de diecisiete años de cárcel.

14 de junio de 2009
©new york times
cc traducción mQh
rss

fallo despenaliza tenencia de coca


Otro fallo despenaliza la tenencia de cocaína para consumo personal. Lo emitió la Cámara Federal porteña en el caso de una mujer que había sido detenida con 5 gramos de esa droga. Los jueces consideraron que era "una acción privada" que no perjudicaba a terceros.
Buenos Aires, Argentina. La Sala I de la Cámara Federal porteña mantiene su postura y volvió a emitir un fallo que despenaliza la tenencia de drogas para consumo personal. Lo hizo al sobreseer a una mujer que había sido detenida con 5,04 gramos de cocaína en su poder.
Los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah volvieron a declarar la inconstitucionalidad del apartado segundo del artículo 14 de la ley de drogas 23.737, que criminaliza la posesión individual. De esta manera siguen la misma línea de la Corte Suprema, que prepara un pronunciamiento en favor de la despenalización del consumo personal de estupefacientes.
La ley de drogas prevé un mes a dos años de prisión a quien tuviere en su poder droga que "por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal".
Para los camaristas, por encima de esa norma debe prevalecer artículo 19 de la Constitución que establece que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados".
La mujer había sido detenida por policías de la comisaría N° 50 de la Federal y fue procesada por el juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi.
Entre abril y mayo pasado, tres pronunciamientos de la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal declaró inconstitucional la norma que castiga la tenencia de drogas para consumo personal y sobreseyó a las personas involucradas en cada una de las causas.
A todo esto, la Corte Suprema evalúa el momento político para su pronunciamiento en la misma línea. En principio, estaba previsto que el pronunciamiento se conociera en febrero de este año, pero la demora del presidente Ricardo Lorenzetti en emitir su postura al respecto provocó el retraso.
Según trascendió, el magistrado estaría a favor de la medida, sumándose así a las posiciones de Eugenio Zaffaroni, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Elena Highton. El único voto negativo sería el de Carlos Fayt, quien ya se declaró en contra de la despenalización en fallos de 1986 (‘Bazterrica’) y 1990 (‘Covalini’).

12 de junio de 2009
©clarín 
rss

los acusados de terroristas y la ley


Mantener a los prisioneros indefinidamente y sin juicio amenaza los valores americanos. Obama debe actuar con cuidado. Un editorial de Los Angeles Times.
El presidente Obama se ha apartado decisivamente de la ilegalidad y barbarie de las políticas antiterroristas del gobierno de Bush, incluso si cree -como creemos aquí- que debería ir más lejos. Su meditada defensa de su visión del terrorismo en uno de sus discursos del mes pasado fue un edificante contraste con las interesadas peroratas del ex vicepresidente Dick Cheney el mismo día.
Sin embargo, un pasaje en el discurso de Obama provocó consternación entre los defensores de las libertades civiles. Después de delinear cómo trataría el gobierno a cuatro categorías de detenidos -los acusados de violar leyes estadounidenses, los acusados de crímenes de guerra, los que fueron liberados por orden judicial y los que pueden ser repatriados-, el presidente identificó una quinta categoría: aquellos "que no pueden ser procesados y que sin embargo representan un claro peligro para el pueblo americano".
Esos sospechosos de terrorismo podrían ser retenidos sin ser sometidos a juicio. "No voy a dejar en libertad a individuos que amenazan al pueblo americano", dijo Obama. Una evaluación final de su plan debe esperar hasta que conozcamos más detalles de este. Pero aceptamos -incómodamente- el principio básico. Si Obama está dispuesto a luchar con lo que llama "el problema más difícil que tenemos", nosotros también debemos considerar la misma pregunta.
La detención preventiva -detener a alguien fundamentalmente por lo que podría hacer en el futuro- es una excepción en el sistema judicial estadounidense. Según una ley federal ratificada por la Corte Suprema, algunos acusados pueden ser detenidos antes del juicio, pero en algunos casos Obama está dispuesto a prescindir de un juicio. Dice que está resuelto a ejercer esa autoridad sólo rara vez y a someterse a sí mismo, y a futuros presidentes, al control de las otras ramas del gobierno. Esas son gratificantes promesas, pero también sirven para recordarnos que esa detención sin juicio, aunque es habitual en tiempos de guerra, pone en peligro un principio básico de la justicia americana cuando se practica durante un período indefinido y en un campo de batalla indefinible.
Como en tantas otras áreas, Obama debe beber del cáliz envenenado que le entregó su predecesor. Con el uso de los ‘métodos mejorados de interrogatorio’ -tortura- para extraer información, el gobierno de Bush contaminó las evidencias de tal modo que no pueden ser utilizadas ni en un juicio ni ante una comisión militar. Al negarse a reconocer a los detenidos en Bahía Guantánamo como prisioneros de guerra, los funcionarios de Bush hicieron más difícil que Obama pueda argumentar que en algunos respectos los detenidos restantes son más como prisioneros de guerra que criminales. Finalmente, al liberar indolentemente a cientos de detenidos que habían sido definidos como enemigos combatientes, la afirmación del gobierno de Bush de que la población de Guantánamo era "lo peor de lo peor", perdió credibilidad.
No cabe duda que algunos detenidos se ajustan a esa descripción, como Khalid Shaikh Mohammed, el confeso conspirador de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que declaró ante un tribunal militar el año pasado que se declararía culpable. Si Mohammed fuera llevado a juicio, los fiscales tendrían que considerar el escandaloso hecho de que fue sometido al submarino 183 veces. Problemas similares con las evidencias podrían dificultar otros procesos. Se trata de los sospechosos que Obama dijo que "no pueden ser juzgados por crímenes pasados". Pero no son los únicos difíciles. Obama también se refirió a "personas que han recibido un amplio adiestramiento en el manejo de explosivos en campos de adiestramiento de al Qaeda, o han dirigido tropas de talibanes en el campo de batalla, o declarado su lealtad a Osama bin Laden, o dejado de otro modo en claro que quieren matar a estadounidenses". Esos detenidos, dijo, "de hecho siguen estando en guerra con Estados Unidos".
Como dejan claro esas provocativas palabras, Estados Unidos estuvo y todavía está implicado en un conflicto armado con al Qaeda y sus asociados y con los talibanes. El Congreso no ha revocado su resolución de 2001, que autoriza el uso de medios militares contra "países, organizaciones o personas [que el presidente] determine que planearon, autorizaron, cometieron o colaboraron con los atentados terroristas el 11 de septiembre de 2001, o ayudaron a esas organizaciones o personas".
Los acusados de violar las leyes de Estados Unidos deberían ser juzgados en tribunales civiles -y las absoluciones debiesen implicar su liberación. Como se observa en un estudio de Human Rights First, 145 acusados de terrorismo han sido condenados o se declararon culpables en una corte federal, incluyendo al conspirador del 11 de septiembre de 2001, Zacarías Moussaoui. Para el pequeño número de acusados cuyas evidencias están demasiado comprometidas -o para los capturados en el extranjero mientras se adiestraban para atacar a este país- pudiera haber algunos raros casos en que se justifique su detención como prisioneros de guerra. Si eso ocurre, Obama debe cumplir su promesa de que "debemos tener normas claras, defendibles y legales para los que caen en esta categoría. Debemos tener procedimientos justos, para no cometer errores. Debemos contar con un proceso exhaustivo de revisiones periódicas, de modo que cualquier detención prolongada sea evaluada y justificada cuidadosamente".
La revisión prometida por Obama debe ser confiada a los tribunales federales y no ser realizada únicamente dentro de la rama ejecutiva. La Corte Suprema ya ha resuelto que los detenidos pueden impugnar su encarcelamiento solicitando un recurso de hábeas corpus. Un tribunal de seguridad nacional, similar al tribunal fundado por la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero [Foreign Intelligence Surveillance Act], incrementaría el control judicial -pero la ley que funde un tribunal de este tipo debería expirar al cabo de algunos años de modo que el Congreso se vea obligado a evaluar sus logros.
Históricamente, los prisioneros de guerra han sido retenidos hasta el fin de las hostilidades. Eso es relativamente simple cuando el enemigo es un gobierno nacional y la guerra termina en rendición o armisticio. Cuando el enemigo es más amorfo, es más difícil saber cuándo terminó la guerra y los combatientes pueden volver a casa. De ser las cosas así, cualquier sistema de retención de prisioneros en este conflicto debe ir acompañado de un proceso de revisión periódica -por el Congreso o tribunales- para determinar si las hostilidades han terminado y los prisioneros pueden ser liberados. Esa determinación no puede quedar solamente en manos de Obama o sus sucesores.
Ninguna de las garantías prometidas por el presidente puede disipar completamente el temor de que la naturaleza abierta de la guerra contra el terrorismo esté socavando los valores estadounidenses. Pero si Obama concluye que hay detenidos peligrosos que todavía están en guerra con Estados Unidos, las reglas de la guerra establecidas hace mucho serán nuestras mejores armas. Deben ser tratados como prisioneros de guerra con el derecho adicional -no otorgados a los prisioneros en una guerra convencional- de ser liberados cuando puedan convencer a un tribunal que ya no representan ninguna amenaza para Estados Unidos.

10 de junio de 2009
7 de junio de 2009
©los angeles times 
cc traducción mQh
rss