derechos humanos

procesarían a funcionarios de bush

mqh - 30 de abril de 2009 - 18:03 - derechos humanos

Por torturas tribunal español podría investigar a seis funcionarios del gobierno de Bush.

[Marlise Simons] Londres, Inglaterra. Un tribunal español ha dado los primeros pasos para iniciar una investigación criminal de las acusaciones de que seis ex funcionarios de alto nivel del gobierno de Bush violaron leyes internacionales al definir el marco jurídico para justificar la tortura de prisioneros en Bahía Guantánamo, Cuba, dijo un funcionario cercano al caso.
La acusación, contra el ex fiscal general Alberto R. Gonzales y otros, fue enviado a la fiscalía para que sea considerado por Baltasar Garzón, el dedicado juez instructor que ordenó la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet. El funcionario dijo que era "muy probable" que el caso fuera aceptado y condujera a la emisión de órdenes de captura.
La medida representa un avance para determinar la responsabilidad legal de altos funcionarios del gobierno de Bush por acusaciones de torturas y maltrato de prisioneros en el marco de la campaña contra el terrorismo. Pero algunos expertos estadounidenses dijeron que incluso si se emitían órdenes de detención, su significado podría ser más simbólico que real y que era casi seguro que las órdenes no se convertirían en arrestos si los funcionarios no salían de Estados Unidos.
La demanda bajo consideración también menciona a John C. Yoo, ex abogado del ministerio de Justicia que escribió las recomendaciones legales secretas diciendo que el presidente tenía la autoridad para sortear las Convenciones de Ginebra, y Douglas J. Feith, ex subsecretario de defensa.
La mayoría de los funcionarios citados en la demanda rehusaron comentar las acusaciones o no pudieron ser localizados. Sin embargo, sus defensores han dicho que sus análisis jurídicos y recomendaciones sobre prácticas de interrogatorio, conducidas bajo una enorme presión después de los atentados terroristas de 2001, están siendo ahora interpretadas injustamente después de muchos años sin atentados terroristas en Estados Unidos.
La demanda judicial no era enteramente inesperada, ya que varias organizaciones de derechos humanos han solicitado a jueces de diferentes países imputar a funcionarios del gobierno de Bush. Una organización, el Centro para los Derechos Constitucionales, pidió a un fiscal alemán una imputación similar, que rechazó.
Sin embargo, el juez Garzón es reconocido internacionalmente por haber procesado a conocidos violadores de los derechos humanos así como a redes terroristas internacionales como al Qaeda. La orden de captura del general Pinochet condujo a su detención en Gran Bretaña, aunque nunca fue llevado a juicio. El juez también ha sido claro sobre el tratamiento dado a los detenidos en Bahía Guantánamo.
España puede reclamar jurisdicción en el caso porque cinco ciudadanos o residentes de España que fueron prisioneros en Bahía Guantánamo dijeron que fueron torturados allá. Los cinco fueron acusados en España, pero sus casos fueron desechados después de que la Corte Suprema española resolviera que las evidencias obtenidas bajo tortura no eran admisibles.
La demanda de 98 páginas, de la que el New York Times obtuvo una copia, se basa en las Convenciones de Ginebra y en la Convención contra la Tortura de 1984, que es vinculante para los 145 países firmantes, entre ellos España y Estados Unidos. Los países firmantes de la convención contra la tortura tienen la autoridad de investigar casos de tortura, especialmente cuando se maltrata a conciudadanos.
La demanda fue preparada por abogados españoles, con la ayuda de expertos en Estados Unidos y Europa, y presentada por una organización española de derechos humanos, la Asociación por la Dignidad de los Prisioneros.
La Audiencia Nacional de Madrid, que se especializa en delitos internacionales, asignó el caso al juez Garzón. Su aceptación del caso y su envío al prosecutor hacen probable que se inicie una investigación criminal, dijo el funcionario.
Incluso así, las órdenes de captura, si se emiten, podrían dejarse esperar todavía algunos meses.
Gonzalo Boye, el abogado madrileño que presentó la demanda, dijo que los seis estadounidenses citados habían jugado papeles bien documentados en la aprobación de las técnicas de interrogatorio ilegales redefiniendo la tortura y abandonando la definición establecida por la Convención contra la Tortura de 1984.
Los memorandos secretos de Yoo y otros importantes abogados del gobierno ayudaron a allanar el camino para la aplicación de métodos agresivos como el submarino y otras técnicas violentas, que el director de la CIA, el fiscal general y otros funcionarios estadounidenses han dicho que son equivalentes de tortura.
Los otros estadounidenses mencionados en la demanda son William J. Haynes II, ex abogado general del ministerio de Defensa; Jay S. Bybee, ex jefe de Yoo en la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia; y David S. Addington, que era jefe de gabinete y asesor jurídico del vicepresidente Dick Cheney.
Yoo se negó el sábado a hacer comentarios, diciendo que no había visto ni oído la petición.
Feith, que era un alto funcionario del Pentágono cuando se abrió la cárcel de Guantánamo, dijo que él no había tomado la decisión de implementar esas técnicas de interrogatorio y se mostró asombrado por las acusaciones. "Ni siquiera participé en las discusiones sobre lo que están objetando", dijo.
Pero Boye dijo que los abogados deberían ser llamados a rendir cuenta sobre las consecuencias de su trabajo. Observando que la asociación que representa incluye a muchos abogados, dijo: "Este es un caso de abogados contra abogados. Nuestra profesión no nos permite hacer mal uso de nuestros conocimientos jurídicos para crear marcos pseudo-legales para justificar, fomentar y encubrir la tortura".
Los procesamientos y condenas bajo la Convención contra la Tortura son escasos.
Reed Brody, abogado de Human Rights Watch especializado en este tema, dijo que incluso aunque la tortura fuera practicada ampliamente, existían numerosos obstáculos, incluyendo "la ausencia de voluntad política, el problema de recabar evidencias en otros países y la incapacidad de muchos países de aprobar las leyes necesarias".
Este año, por primera vez, Estados Unidos utilizó una ley que permite perseguir judicialmente la tortura en otros países. El 10 de enero un tribunal federal de Miami sentenció a Chuckie Taylor, hijo del ex presidente liberiano, a 97 años de reclusión en una cárcel federal por torturas, aunque los crímenes fueron cometidos en Liberia.
En octubre pasado, cuando el tribunal de Miami dictó la condena, el fiscal general Michael B. Mukasey aplaudió la sentencia y dijo: "Este es el primer caso en que Estados Unidos acusa a un individuo por torturas criminales. Espero que este caso sirva como modelo para procesos de este tipo en el futuro".
Sin embargo, se espera que Estados Unidos ignore una solicitud de extradición de los ex funcionarios, aunque se han propuesto otras investigaciones en Estados Unidos. Los llamados al ministerio de Justicia para que inicie una investigación criminal han sido de momento resistidos por el gobierno de Obama, pero durante más de cuatro años, la oficina de ética del ministerio de Justicia ha estado realizando su propia investigación sobre el trabajo de Yoo y algunos de sus colegas.
Aunque los funcionarios mencionados en la demanda no han respondido específicamente estas acusaciones, Yoo defendió su trabajo en una columna de opinión en el The Wall Street Journal del 7 de marzo, advirtiendo que el gobierno de Obama puede poner en peligro la seguridad nacional si procesa a abogados como él.
"Si el gobierno elige procesar a los funcionarios encargados de preparar lo impensable, hoy los funcionarios militares y de inteligencia sin duda no dudarán en prepararse para esas contingencias en el futuro", escribió Yoo.

Scott Shane y Eric Schmitt contribuyeron a este reportaje desde Washington.

30 de abril de 2009
28 de marzo de 2009
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de secuestrado a terrorista 4

mqh - 29 de abril de 2009 - 19:33 - derechos humanos

Acusado de ser poco más que un combatiente talibán de bajo nivel, Abdallah al-Ajmi fue capturado y retenido por Estados Unidos durante casi cuatro años. Después de su liberación, hizo volar una avanzada del ejército iraquí. 4a entrega: "Un individuo hostil, endurecido".

[Rajiv Chandrasekaran] La segunda vez que visitó Wilner Guantánamo, Ajmi tenía una escayola en su brazo derecho. Unos días antes, desobedeció la orden de un guardia -estaba rezando, dijo Ajmi, y no había querido parar-, así que, en la jerga de Guantánamo, fue "IRFed".
La Fuerza de Reacción Inmediata [FRI], un equipo de soldados con equipos antidisturbios y armados con porras, irrumpieron en su celda y lo aplastaron contra el suelo, le contó a Wilner. Le quebraron un brazo, y lo volvieron a encerrar en una celda de aislamiento.
Wilner trató de hablar con Ajmi sobre la inminente audiencia de la comisión de revisión que vería su caso -el equivalente en Guantánamo de la comisión de libertad condicional-, diciéndole que le daría la oportunidad de decir la verdad sobre qué estaba haciendo antes de su captura. Pero Ajmi no mostró ningún interés. Quería hablar sobre cómo lo estaban tratando en Guantánamo, sobre la FRI, sobre cómo los guardias revisaron sus papeles.
Wilner le instó a concentrarse en los temas jurídicos. Si quería que Shearman lo representara, tenía que firmar una declaración. Si no firmaba, dijo Wilner, no podría volver a verlo.
Ajmi trató nuevamente de cambiar de tema. El intérprete de Wilner, un joven egipcio-americano, intervino. "Este tipo está tratando de ayudarte", dijo. "¿No puedes responderle?"
Ajmi frunció el ceño. Apretó los dientes. Y luego arrojó la taza de té caliente a la cara del intérprete.
Wilner puso fin a la sesión, pero pronto perdonó a Ajmi. Pensaba que la hostilidad del detenido era el resultado del deterioro mental causado por su aislamiento en Guantánamo.
Wilner no cree que Ajmi haya sido sometido a las técnicas más rudas de interrogatorio. Pero cree que su condición era el resultado del impacto acumulativo de su detención en un lugar donde a los prisioneros no se les decía nunca cuánto tiempo permanecerían en cautiverio, donde las visitas de la familia estaban prohibidas, donde las cartas de la familia a menudo eran fuertemente censuradas y donde las mantas y libros eran considerados artículos de lujo que podían ser confiscados a la menor infracción.
En opinión de Wilner, la mala conducta inicial de Ajmi puede haber acelerado su espiral descendente debido a que la provocó el castigo. Fue encerrado en una celda de aislamiento, se le retiraron todos sus escasos efectos personales, provocando más rabia y más mala conducta, que fue a su vez castigada una vez más con aislamiento.
"Guantánamo tomó a un niño -que no era tan malo-y lo convirtió en un individuo hostil y endurecido", dijo Wilner.
Pese a los reclamos de inocencia de Ajmi y al sumario de la investigación que observaba que no conocía a nadie de al Qaeda, los militares parecían convencidos de que era un terrorista.
Una semana después del incidente del té, Ajmi fue llevado ante la comisión administrativa de revisión. Los tres oficiales -sus nombres han sido borrados de las transcripciones publicadas- tenían la facultad de determinar si seguía en Guantánamo o si era liberado. Otro oficial no identificado, que llevaba el título de "oficial asistente", desempeñó el papel de fiscal.

Oficial asistente: En agosto de 2004, Al Ajmi quería asegurarse de que cuando el caso fuera visto por un tribunal, los miembros del tribunal supieran que ahora es un yihadista, un enemigo combatiente y que matará a tantos estadounidenses como sea posible.
Detenido: Es imposible que yo haya dicho una cosa así. ¿Cómo voy a pelear contra los norteamericanos? Estuvieron conmigo en las fuerzas armadas en Kuwait. Yo tendría que haber peleado contra ellos en Kuwait, no aquí...
Oficial asistente: Luego de llegar al centro de detención de Guantánamo, Al Ajmi ha tenido problemas constantemente. Al Ajmi se ha mostrado agresivo y desobediente y ha pasado mucho tiempo en las celdas de aislamiento.
Detenido: Sí. Nunca le hice daño a nadie. Sí, es verdad que me encerraron en celdas de aislamiento, pero sólo porque quería contar mi historia a la gente. No tenía un abogado que me defendiera. Nadie me defendía...
Oficial asistente: Según una revisión de las recomendaciones de agencias estadounidenses y según documentos reservados y no reservados, Al Ajmi es considerado una amenaza persistente para Estados Unidos y sus aliados.
Detenido: Usted es el juez y el presidente. Usted es todo aquí. Puede hacer lo que quiera. Nunca le quise hacer daño a nadie. Nunca ataqué a nadie. No tengo nada contra los estadounidenses...

La comisión se negó a dejarlo marchar.

Julie Tate contribuyó a este reportaje.

29 de abril de 2009
22 de febrero de 2009
©washington post
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mostrar el horror no es suficiente

mqh - 29 de abril de 2009 - 07:38 - derechos humanos

La experiencia de diferentes directores de memoriales sobre el Holocausto. En un seminario organizado por la Secretaría de Derechos Humanos, expertos analizaron cómo deberían funcionar los museos de la memoria para generar una mirada autocrítica en los visitantes y evitar la simple atribución del mal a los otros.

[Laura Vales] ¿Cómo debe funcionar un museo de la memoria? ¿Consiguen los memoriales que el visitante cambie, o delegan siempre en otros –los nazis, los dictadores, las fuerzas de ocupación– toda la maldad, restringiendo el pensamiento crítico sobre la propia capacidad de dañar? Yariv Lapid, del Memorial de Mathausen (Austria), propuso la pregunta con un aire de desafío. A su lado estaba sentada la subdirectora del Museo de Auschwitz. Fue en un seminario internacional realizado en Buenos Aires, donde directores de memoriales sobre el Holocausto contaron sus experiencias a un público integrado, en su mayor parte, por quienes trabajan en el armado de los espacios para la memoria argentinos.
El encuentro fue organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y reunió a expertos europeos durante la semana pasada. Lapid, el más ácido de los expositores, trabaja en el diseño de una nueva infraestructura pedagógica del Memorial de Mauthausen, donde funcionó el mayor campo de concentración nazi en territorio austríaco. Fue desde este rol que contó una serie de casos reveladores no sobre la memoria sino sobre los mecanismos del olvido.
El Memorial de Mauthausen fue el mayor campo de concentración del nazismo en Austria. Tenía, contó Lapid, cuarenta subcampos dentro del territorio austríaco, algunos de ellos en Viena, la capital, aunque este dato no quedó registrado en la memoria colectiva. Los subcampos eran generalmente lugares donde los industriales habían montado fábricas de armamento de guerra que utilizaban a los prisioneros como trabajadores esclavos. Por eso, los civiles de cada población tenían conocimiento de la existencia de los prisioneros y contacto con los campos.
Después de la guerra, en Austria más de 130 mil personas fueron declaradas culpables de participar en crímenes del nazismo. Sin embargo, en 1957 el gobierno austríaco los indultó a todos en nombre de la "integración" de la sociedad.
Lapid les pidió a 24 estudiantes del Memorial de Mathausen que hablaran con sus familias sobre sus recuerdos de la guerra. "El 80 por ciento tenía un subcampo en su pueblo, pero lo desconocían. Los estudiantes viajaban 50 kilómetros para aprender cómo funcionó el campo de concentración de Mathausen, mientras tenían un subcampo en su localidad que había sido borrado del recuerdo. Todo estaba delegado en Mathausen."
Otro ejemplo del mecanismo de delegación relatado fue el documental ‘El abuelo no era un nazi’, resultado de unas 300 entrevistas realizadas en Alemania para investigar qué historias se contaban en el interior de las familias. En los casos donde un abuelo había participado en crímenes del nazismo –apuntó–, este familiar "siempre se convertía en un virtuoso para la tercera generación". La familia cambiaba su historia: "Aun cuando la persona había sido juzgada y condenada, el relato familiar decía cosas como: era un excelente padre", o argumentaba que estando con los nazis había tratado de salvar vidas humanas. El mal era siempre ejercido por los ajenos. "Los entornos íntimos quedan como no contaminados por el mal."
Para Lapid, los memoriales tienden a repetir este mecanismo de delegación. "Cuando contamos que los que perpetraron crímenes eran gente común, esto provoca conflictos internos. A nosotros nos gusta hacer una propuesta a los estudiantes en un taller en el que buscamos que cada cual pueda admitir su propia maldad potencial. ¿Podemos ser todos potenciales malvados? ¿Está entre nuestras capacidades hacer ese tipo de cosas?" Pero esto no es la regla. "Los memoriales son lugares bastante ambiguos, porque su éxito depende del fracaso del visitante, y no sé si eso es algo que realmente estemos consiguiendo. Lo que aplicamos en ellos sigue siendo, casi siempre, la delegación."

Que Auschwitz No Sea Disneylandia
El Museo de Auschwitz tiene una extensión de 190 hectáreas en lo que fue el campo de concentración. Su subdirectora, Teresa Swiebocka, señaló que Auschwitz es un cementerio sin tumbas y un centro educativo. En su zona aledaña hubo varias fábricas, entre ellas la que fue la fábrica de químicos más importante de Europa, donde se llevaba a trabajar a los prisioneros. En el museo hay materiales sobre los movimientos de resistencia que hubo dentro de Auschwitz, están las ruinas de lo que fueron las cámaras de gas y la documentación generada durante los juicios posteriores a los nazis. Hay también espacios donde la gente hace ceremonias religiosas. La gestión del lugar consiste en unir todos esos registros.
El museo fue creado a instancias de los sobrevivientes (cuando se liberó el campo de concentración había en él unas siete mil personas), quienes montaron la primera exposición en el lugar en 1947, dos semanas antes de que se sancionara la ley para su creación. Los debates sobre cómo debe funcionar son permanentes. Uno de ellos es si restaurar las instalaciones destruidas por los nazis, para mostrar cómo funcionaban, o dejar todo tal cual está. Sucede que los responsables del campo, en sus últimos días, desmantelaron los crematorios para destruir toda evidencia de los crímenes. Donde estaban las cámaras de gas dejaron ruinas.
"Unos querían reconstruir los crematorios con todos los detalles, y otros, por el contrario, dejar el sitio tal como está, con el planteo de que el sitio original, aunque esté en ruinas, es mucho más importante que una reconstrucción", dijo Swiebocka. Y de hecho, aunque se reconstruyeron algunos sectores –cuenta– ésta ha sido la posición predominante.

¿Por qué?
Porque no queremos tener nada artificial. No queremos hacer una Disneylandia –apuntó la subdirectora a Página/12.

El tema tiene, de todas maneras, aristas sin resolver. Una de ellas es que hay sectores donde las ruinas –contó Swiebocka– están colapsando lentamente. "No sabemos cuál es la mejor solución", se sinceró ante el auditorio.
Hay sectores que se han preparado para mostrar a los visitantes las condiciones de existencia de los prisioneros y cómo era la vida en el campo, incluido el proceso de exterminio. Montar estas exposiciones implicó decidir qué iban a mostrar y qué no. "Primero que nada, no queremos mostrar cadáveres. A veces es necesario y ponemos fotos, pero la gente tiene que entender, sin imágenes de esos horrores, que hay toda una generación perdida. Es importante que los visitantes sientan ese tipo de empatía", señaló Swiebocka. "Mostramos, sí, los objetos encontrados después de la liberación. Cuando el visitante ve dos mil valijas, ochenta mil zapatos, la imaginación puede comprender la magnitud de lo ocurrido. Al mismo tiempo queremos mostrar también la individualidad, la historia de una valija."
En Birkenau, el sector de Auschwitz donde fueron asesinadas la mayoría de las víctimas, se decidió dejar el terreno del campo intacto. Allí se montó una sola exposición en el edificio conocido como Sauna, lugar donde se registraba y se hacía la desinfección de los prisioneros recién llegados. En el Sauna se dejaron las paredes en su estado original, pero sobre el piso se colocó un vidrio especial para que los visitantes no caminaran encima del original. En los lugares abiertos de Birkenau se colocaron carteles que son a la vez de explicación y de conmemoración, con fotos, por ejemplo de las mujeres caminando a la cámara de gas. Para Lapid, exponer a los visitantes a la visión de las atrocidades no necesariamente los sensibiliza. "La mayoría de las exposiciones tienen que ver con mostrar imágenes, fotos, relatos visuales. Creemos que las personas cambian con sólo verlos, y no es necesariamente así. La verdad es que no entendemos ciento por ciento cómo representar la tortura y los asesinatos, pero podemos decir algo con seguridad: mostrarlos no es suficiente."

29 de abril de 2009
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militares advirtieron contra torturas

mqh - 28 de abril de 2009 - 08:14 - derechos humanos

En 2002, una agencia militar advirtió contra la tortura, diciendo que la coacción extrema podía resultar en la obtención de información poco fiable.

[Peter Finn y Joby Warrick] La agencia militar encargada del asesoramiento sobre técnicas de interrogatorio severas para su uso contra sospechosos de terrorismo se refirió a la aplicación de coacción extrema como "tortura" en un documento de 2002 enviado al abogado jefe del Pentágono y advirtió que redundaría en "información poco fiable".
"La consecuencia involuntaria de una política estadounidense que autoriza la tortura de los prisioneros es que podría ser utilizada por nuestros enemigos como justificación para torturar a personal estadounidense capturado", dice el documento, un apéndice de dos páginas, sin firma, de un memorándum de la Agencia Conjunta de Recuperación de Personal [JPRA]. Fragmentos del apéndice, obtenidos por el Washington Post, fueron citados en un informe del Senado sobre interrogatorios violentos liberado esta semana.
No está claro si el apéndice llegó a funcionarios de alto nivel del gobierno de Bush. Pero el documento ofrece evidencias claras de que asesores técnicos sobre los métodos interrogatorio violentos expresaron tempranamente sus aprehensiones sobre la efectividad de la aplicación dolor físico severo o presión psicológica.
El documento fue incluido en los memorandos de julio de 2002 que describen las severas técnicas utilizadas contra estadounidenses en guerras pasadas y los efectos psicológicos de ese tratamiento. La JPRA estaba a cargo del programa militar conocido como Survival, Evasion, Resistance and Escape (SERE), que prepara a pilotos y otros para resistir interrogatorios hostiles.
El apéndice con precauciones fue entregado a la Oficina del Abogado General del Pentágono cuando el gobierno terminaba la fundamentación de un programa de interrogatorios de la CIA que sancionaba el uso de diez formas de coerción, incluyendo el submarino, una técnica que simula la asfixia por inmersión. El material de la JPRA fue enviado desde el Pentágono al abogado general de la CIA, John A. Rizzo, y al ministerio de Justicia, de acuerdo a testimonios ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado.
Un memorándum fechado al 1 de agosto de 2001, de la Oficina de Asesoría Jurídica del ministerio de Justicia autorizaba el uso de diez métodos contra Abu Zubaida, el nombre de guerra de un miembro de al Qaeda capturado en Pakistán en marzo de 2002. Ex funcionarios de inteligencia han afirmado hace poco que Abu Zubaida proporcionó pocas informaciones útiles sobre los planes de la organización.
Los investigadores del Senado no pudieron determinar su William J. Haynes II, el abogado general del Pentágno en 2002, entregó el memorándum que revisaba el proyecto de programa de la CIA a Rizzo o a otros funcionarios del gobierno de Bush.
Haynes no quiso hacer comentarios, a diferencia de Rizzo y la CIA. Jay S. Bybee, que como fiscal general asistente firmó el 1 memorándum del 1 de agosto, no respondió nuestras peticiones de comentarios.
Daniel Baumgartner, que era el jefe de gabinete de la JPRA en 2002 y transmitió los memorandos y apéndices, dijo que la agencia "envió un montón de notas de precaución" sobre las técnicas violentas de interrogatorio. "Hay una diferencia entre lo que hacemos en el adiestramiento y para qué quería el gobierno la información", dijo ayer en una conferencia telefónica. "Lo que el gobierno decide hacer o no lo determinan los tipos que se encargan de las operaciones con los prisioneros... Nosotros adiestramos a nuestra gente colocándonos en la peor de las circunstancias... y obviamente el gobierno de Estados Unidos no tortura a su propia gente".
El senador Carl M. Levin (demócrata de Michigan), presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, dijo que piensa que el apéndice fue ignorado deliberadamente y quizás suprimido. Fragmentos del documento aparecieron en un informe sobre el tratamiento de prisioneros liberado este mes por el comité de Levin. El informe dice que el apéndice repite advertencias de la JPRA hechas circular a fines de 2001.
"Forma parte de una trama para sofocar la disensión", dijo Levin, que agregó que hubo otras instancias en que las revisiones internas sobre el tratamiento de los prisioneros fueron interrumpidas o interceptadas. "No querían oír los inconvenientes".
Un ex funcionario de gobierno dijo que el Consejo de Seguridad Nacional, que fue informado repetidas veces ese verano sobre el plan de interrogatorios de la CIA propuesto por George J. Tenet, entonces director de la central de inteligencia, y abogados de la agencia, no discutieron los temas abordados en el apéndice. A través de un portavoz, Tenet rehusó hacer comentarios.
"Esa información no fue entregada a los superiores", dijo el funcionario, que participó en las deliberaciones sobre las técnicas de interrogatorio y habló a condición de conservar su anonimato debido a lo delicado del tema. "Eso habría sido relevante. La CIA no presentó los pros y los contras, ni las áreas de preocupación. Dijeron que era seguro y efectivo, y no había alternativas".
El memorando del 1 de agosto sobre el interrogatorio de Abu Zubaida se basa en el memorando de la JPRA sobre los efectos psicológicos para concluir que aunque el submarino constituía "una amenaza de muerte inminente", no causaba "daño mental prolongado". Por eso, el memorando del 1 de agosto concluía que el submarino "no constituye tortura en el sentido jurídico".
Pero el apéndice de dos páginas de la JPRA, titulado ‘Problemas Operacionales sobre el Uso de Coacción Física/Psicológica en Interrogatorios’ ponía en duda le efectividad del empleo de coacción extrema para obtener información.
"La exigencia de obtener información de una fuente poco cooperadora tan rápidamente como posible -a tiempo para impedir, por ejemplo, un atentado terrorista inminente que podría resultar en la pérdida de vidas- ha sido presentada como un argumento convincente para el uso de la tortura", dice el documento. "En lo esencial, la coacción física y/o psicológica son consideradas como alternativas al proceso de interrogatorio más convencional y que exige más tiempo. El error inherente en este tipo de razonamiento es la suposición de que mediante la tortura el interrogador puede extraer informaciones fiables y precisas. La historia y una revisión de la conducta humana refutan esta creencia".
En el Consejo de Seguridad Nacional no hubo ninguna discusión del hecho de que las técnicas consideradas eran prácticas de los comunistas chinos y habían sido definidas como tortura cuando fueron utilizadas contra militares estadounidenses, dijo el ex funcionario de gobierno. Las fuerzas armadas estadounidenses procesaron a sus propios soldados por utilizar el submarino en Filipinas y procesaron por crímenes de guerra a tres oficiales japoneses por haberlo utilizado contra estadounidenses y otros aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
El razonamiento en el documento de la JPRA contrasta fuertemente con los argumentos presentados en la época por psicólogos militares actuales y pasados en el programa SERE, entre ellos James Mitchell y Bruce Jessen, que más tarde formaron una firma que trabajó para la CIA proporcionando asesoramiento sobre técnicas de interrogatorio. Ambos declinaron hacer comentarios sobre su papel en la formulación de la política de interrogatorio.
El apéndice de la JPRA dice que la principal deficiencia de la coacción física o psicológica es la fiabilidad y precisión de la información obtenida. "Un sujeto que sufre dolor puede proporcionar una respuesta, cualquier respuesta, o muchas respuestas para dejar de sufrir", dice.
En conclusión, dice el documento, "la aplicación de coacción física y/o psicológica extrema (tortura) tiene serias desventajas operacionales, más especialmente que resulte en informaciones poco fiables". La palabra "extrema" está subrayada.

Julie Tate contribuyó a este reportaje.

28 de abril de 2009
25 de abril de 2009
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catorce niños muertos

mqh - 26 de abril de 2009 - 23:18 - derechos humanos

Documento detalla muerte de catorce niños. Los casos de abusos se dieron en familias que habían sido vigiladas por funcionarios de protección infantil del condado de Los Angeles.

[Garrett Therolf y Kim Christensen] Los Angeles, California, Estados Unidos. El año pasado murieron en el condado de Los Angeles, por maltratos y negligencia catorce niños, pese a provenir de familias que habían sido monitoreadas por funcionarios de la protección a la infancia, según muestran documentos hechos públicos el lunes.
La familia de un niño que murió por fracturas múltiples en el cráneo, había sido denunciada veinticinco veces al Departamento de Servicios para la Familia y la Infancia y la madre tenía antecedentes por uso de anfetaminas. En otras familias, los niños murieron meses después, y en un caso incluso al día siguiente de la visita de una asistente social.
Los documentos, que incluyen archivos previamente reservados de los servicios para la familia y policiales, expedientes médicos y otros documentos, fueron obtenidos por el Times mediante una demanda en el marco de la Ley de Archivos Públicos de California y proporcionaron el primer panorama nacional comprehensivo de los niños muertos a causa de maltratos en el país.
Una nueva ley del estado que entró en vigor el año pasado suavizó las exigencias de confidencialidad que mantenía en secreto gran parte de esas informaciones.
En total los documentos muestran que en 2008 el condado murieron treinta y dos niños por causas atribuibles a maltratos y negligencia, incluyendo agresión física, ahogamiento y malnutrición. Dieciocho de los niños eran de familias que no habían tenido nunca contacto con agencias de servicios para la familia.
Pero las otras catorce familias eran bien conocidas por los funcionarios de protección a la infancia, según muestran investigaciones y expedientes médicos. Por las razones que sea, a muchas de las primeras denuncias no se las consideró justificadas.
En diez de esos casos, la agencia inició investigaciones que probablemente resultarán en medidas disciplinarias contra las asistentes sociales, dijeron funcionarios de la agencia.
"Son casos impresionantes", dijo Gloria Molina, supervisora del condado, que contiende que se necesita mejorar urgentemente los procedimientos disciplinarios y de formación en el departamento. "El problema más grande es que no se aprende de las lecciones".
Funcionarios de la agencia dicen que carecen de los recursos adecuados para manejar el enorme número de casos.
Los documentos de pesada prosa describen las horrendas circunstancias en que murieron los niños. Entre los casos destacan los siguientes:

- Una niña de un año que fue dejada sola en casa, con su madre, en marzo pasado, pese a una orden judicial que estipulaba visitas controladas. La niña cayó por las escaleras y se golpeó la cabeza, dijo su madre a las autoridades, explicando que había dado a la niña una bolsa con hielo, tras lo cual la llevó a la casa y se marchó a la lavandería.
Tres horas más tarde, cuando la abuela de la niña volvió a casa, la familia se dio cuenta de que la niña estaba inconsciente. Los doctores dijeron que la descripción que había proporcionado la madre era "muy improbable", concluyendo que la niña murió a causa de una lesión con un elemento contundente "consistente en ser arrojada o golpeada contra una superficie dura".
Archivos de la protección infantil muestran que la madre ya había sido denunciada por negligencia.

-Una niña de un año que murió el 8 de mayo después de que supuestamente la niñera la castigara por saltar en la cama. La niñera la habría cogido por los pies y golpeado por la cabeza contra el tocador, de acuerdo a la policía.
El departamento de Servicios para la Familia recibió once denuncias telefónicas de abuso infantil relacionadas con la familia de la nena. Llegó un llamado cuatro meses antes de la muerte de la niña, cuando su madre de dieciocho fue arrestada por hurto.
En la época la policía constató considerables "lesiones no explicadas" en la niña, incluyendo "ojos sucios y con conjuntivitis" y sarpullido en sus nalgas que estaban "casi sangrando".
Sin embargo, las asistentes sociales determinaron que la denuncia por negligencia general no era "concluyente". La niña siguió al cuidado de su madre después de que una asistente social revocara una recomendación computarizada de que se tomaran medidas más firmes.

- Un niño de dieciocho meses que fue encontrado respirando, pero inconsciente, en mayo pasado. El novio de su madre les dijo que el niño se había ahogado con una moneda. Cuando tras darle golpecitos en la espalda no logró que la expulsara, el hombre -según contó a los médicos y al alguacil del sheriff- trató de aplicarle la maniobra de Heimlich.
Sin embargo, en el hospital los tests revelaron que el niño había sufrido una hemorragia en el lado derecho de su cerebro, una lesión que indicaba que "el niño había sido sacudido", según los documentos. Se le declaró muerte cerebral dos días después. Las asistentes sociales ya habían corroborado denuncias por maltrato emocional y negligencia.

- Una niña pomona de dos años murió el 19 de mayo como resultado de "severa negligencia alimentaria", de acuerdo a la autopsia. Pesaba sólo 8.1 kilos, como un niño de cinco meses.
Las lesiones en su cuerpo incluían costras en los dedos de los pies, heridas en sus brazos y piernas y una contusión en la frente, decía el informe.
Previamente, se lee en los archivos de la policía, había sido retirada de casa de sus padres y colocada con una familia adoptiva, donde llevó una vida normal antes de volver a su familia en el verano de 2007. Más tarde fue visitada frecuentemente por una asistente social y murió apenas dos meses después de la última visita.

- Una niña de dos años que murió el 20 de septiembre después de estar doce días en coma. El novio de su madre la sacudió y dejó caer al suelo, de acuerdo a un informe entregado a la Agencia de Salud y Bienestar de California.
La familia de la nena fue el tema de ocho llamadas previas al teléfono de ayuda para casos de maltrato infantil del departamento. Las ocho denuncias fueron consideradas "no concluyentes" o "infundadas".
Los documentos muestran que las asistentes sociales no chequearon las inconsistencias en las explicaciones de la familia sobre marcas de quemaduras previas en los brazos, nariz y cara de la niña.
Investigadores del departamento de Servicios para la Familia no tomaron nota de la incapacidad psicológica de la madre, que puede haber dañado su capacidad de seguir un ‘plan de seguridad’, lo que le permitió retener a la niña.

- Un niño de dieciocho meses que sufrió un paro cardíaco mientras lo llevaban al hospital en una ambulancia. El doctor que lo examinó allá sospechó que se trataba de un caso de maltrato cuando encontró moretones en la nuca del niño.
Dos meses antes, otro doctor había constatado moretones en la oreja, mejilla y nalgas del niño. Su madre le había dicho que "tenía problemas con el alcohol" y sospechaba que su hijo estaba siendo maltratado en la casa de su novio, después de se durmiera en una borrachera. Esa acusación fue considerada convincente.

Mientras no se resuelvan los diez casos, todas las asistentes sociales implicadas han sido reasignadas a "funciones de escritorio", dijo Trish Ploehn, director del departamento de servicios para la familia.
Ploehn reconoció que la revisión de los casos de víctimas infantiles en el estado había sido insuficiente en los últimos años. El departamento no tenía suficiente personal para controlar oportunamente el trabajo de las asistentes sociales.
Se supone que debería haber un supervisor independiente para identificar problemas persistentes en el departamento, pero esa posición ha estado vacante desde hace más de un año.
Ploehn dijo que el departamento necesita un mejor sistema informático para las asistentes sociales dedicadas a la protección de la infancia para ayudarles a acceder a información vital en los archivos de otros departamentos. Por ejemplo, una asistente social no tiene modo de saber automáticamente si un niño ha sido tratado previamente en un hospital del condado por lesiones no aclaradas, o si un padre está siendo tratado por los servicios de salud mental del condado por trastornos que pudieran perjudicar su funcionamiento como padre.
Previamente el departamento había sido severamente criticado por casos similares, pero las muertes siempre llamaron la atención del público y del Consejo de Supervisores, aunque las reformas resultantes no siempre llegaron a implementarse.
El supervisor Michael D. Antonovich pedirá hoy que se investiguen las catorce muertes, así como mejores procedimientos de control y para compartir información entre las agencias del condado.
"Este impresionante informe revela serios errores de procedimiento y una falta de responsabilidad que ha resultado en tragedias", dijo en un comunicado de prensa.

Jason Felch contribuyó a este reportaje.

26 de abril de 2009
21 de abril de 2009
©los angeles times
cc traducción mQh

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aumenta presión para investigar

mqh - 26 de abril de 2009 - 21:28 - derechos humanos

El presidente Obama habló en la sede de la CIA. Crece la presión sobre el presidente Obama para que ordene una investigación más exhaustiva sobre los métodos de interrogatorio ilegales a que fueron sometidos los sospechosos de terrorismo durante el gobierno de Bush.

[Peter Baker y Scott Shane] Washington, Estados Unidos. En su visita del lunes a la sede de la CIA el lunes, el presidente Obama dijo que los empleados de la agencia no serían procesados por participar en interrogatorios violentos.
Obama dijo que era hora de reconocer los "errores" y "seguir adelante". Pero hay signos de que quizás no pueda eludir una prolija investigación sobre el uso de técnicas de interrogatorio que los principales asesores del presidente y muchos críticos dicen que eran tortura.
Y aunque Obama prometió no procesar a los agentes de la CIA por actuar en conformidad con una recomendación jurídica, el lunes sus asesores no excluyeron la posibilidad de adoptar sanciones legales contra los abogados de Bush que formularon las bases jurídicas para el uso de esas técnicas.
La decisión del presidente la semana pasada de hacer públicos los memorandos secretos que detallan los duros métodos utilizados por la CIA durante el gobierno de su predecesor provocó una tempestad que continuó creciendo el lunes cuando críticos atacaron su posición en varios frentes. Entre otras cosas, los memorandos revelaron que dos operativos de al Qaeda capturados fueron sometidos a una forma de simulacro de asfixia por inmersión conocida como el submarino un total de 266 veces.
Algunos funcionarios del gobierno de Bush, incluyendo al ex vicepresidente Dick Cheney, acusaron al gobierno de poner en peligro al país al revelar secretos nacionales. Cheney, en el Fox News Channel, anunció que había pedido a la CIA que desclasificara los documentos relativos a los datos de inteligencia obtenidos con esos interrogatorios. El general Michael V. Hayden, ex director de la CIA, también ha condenado la publicación de esos memorandos y dijo que los interrogatorios violentos tenían valor.
Al otro lado del espectro, activistas de derechos humanos, demócratas en el Congreso y funcionarios internacionales exigieron aclarar responsabilidades por lo que había ocurrido. La senadora Dianne Feinstein, demócrata de California y presidente del Comité de Inteligencia, escribió a Obama pidiéndole no excluir la presentación de cargos criminales mientras no se terminara la investigación de su comisión en los próximos seis a ocho meses.
Obama trató de calmar los ánimos con su primera visita a la sede de la CIA desde que asumiera la presidencia. Temeroso de enajenarse la simpatía de la agencia, Obama se deshizo en elogios a los agentes de inteligencia, utilizando palabras como "indispensable", "coraje" y "extraordinario" y prometiendo su "apoyo y aprecio".
"No desesperen por lo que ha ocurrido en las últimas semanas", dijo a los empleados. "No desesperen de que tengamos que reconocer la posibilidad de que hayamos cometido algunos errores. Así es como se aprende. Pero el hecho de que estemos dispuestos a reconocerlos y luego seguir adelante, es precisamente lo que explica por qué estoy orgulloso de ser presidente de Estados Unidos y por qué ustedes deberían enorgullecerse de ser miembros de la CIA".
Algunos asesores dijeron que Obama había estado considerando durante cuatro semanas si hacer o no públicos los memorandos en respuesta a una demanda presentada en el marco de la Ley de Libertad de Información, consultando el asunto con asesores, expertos y profesionales del ámbito de la inteligencia. Tan presente estuvo el tema en su mente, dijeron los asesores, que hablaba con ellos tarde por la noche en su cuarto de hotel durante las pausas en su reciente viaje a Europa.
Dijeron que en reuniones sirvió como "el interrogador", como dijo uno, desafiando a la gente a defender sus posiciones. Los asesores divergieron. Algunos, como el fiscal general Eric H. Hilder Jr., estuvieron a favor de la liberación de más información, y otros, como Leon E. Panetta, el nuevo director de la CIA, instó a mostrarse más reservados. Los asesores dijeron que Obama temía que se pudieran dañar la moral de la CIA y su propia relación con la agencia.
Al final, dijeron los asesores, Obama optó por hacer públicos los memorandos porque sus abogados dijeron que no tenían demasiados argumentos para impedirlo y porque gran parte de la información ya había sido hecha pública por The New York Review of Books, en una memoria de George J. Tenet, el ex director de la CIA, e incluso en un discurso del presidente George W. Bush de 2006.
La decisión de no procesar judicialmente a los que siguieron esas recomendaciones jurídicas de los abogados del gobierno de Bush fue facilitada, según los asesores, porque sería difícil acusar a alguien de algo que el gobierno había declarado que era legal. Sin embargo, los abogados son otra historia.
El domingo, Rahm Emanuel, jefe de personal de la Casa Blanca, dijo en el programa ‘This Week’ de ABC News, que "aquellos que idearon esas políticas" tampoco "deberían ser procesados". Pero funcionarios de gobierno dijeron el lunes que Emanuel no se refería a los abogados que proporcionaron la racionalización jurídica sino a los funcionarios que ordenaron la ejecución de esos programas.
Los tres abogados del gobierno de Bush que firmaron los memorandos -John C. Yoo, Jay S. Bybee y Steven G. Bradbury-, son el tema de un inminente informe de la oficina de ética del ministerio de Justicia que según los funcionarios es bastante crítico de su trabajo. La oficina de ética tiene la atribución de recomendar la inhabilitación u otras medidas disciplinarias profesionales o, menos probablemente, referir sus casos para su encausamiento judicial.
El gobierno tampoco ha excluido la posibilidad de perseguir judicialmente a cualquiera que se haya extralimitado de las instrucciones legales, y los funcionarios han discutido el nombramiento de un fiscal especial. Una opción podría ser dar el trabajo a John H. Durham, un fiscal federal que pasó quince meses investigando la destrucción de las cintas de interrogatorios severos por parte de la CIA.
Cuando el debate escalaba, Cheney intervino diciendo que si el país debe juzgar los métodos usados en los interrogatorios, debería tener información sobre las informaciones que se obtuvieron mediante las tácticas rudas.
"Encuentro algo inquietante" que "no hayan publicado los memorandos que mostraban los resultados exitosos de esos interrogatorios", dijo Cheney en Fox News. "Hay informes que muestran específicamente lo que obtuvimos como resultado de esas acciones".
Otras investigaciones prometer mantener vivo el tema. El Comité de las Fuerzas Armadas del Senado prepara su propio informe después de dos años de examinar el uso de métodos de interrogatorio violentos por las fuerzas armadas. Y los presidentes demócratas de los comités judiciales del Senado y la Cámara de Representantes están pidiendo la formación de una comisión para estudiar el asunto. Al mismo tiempo, el gobierno hace frente a presiones en el extranjero. Manfred Nowak, el principal funcionario de Naciones Unidas sobre la tortura, dijo a un diario austríaco que como parte de la Convención Internacional contra la Tortura, Naciones Unidas estaba obligada a investigar acusaciones fidedignas sobre torturas.
Otros que están exigiendo una investigación son Philip D. Zelikov, ex asesor del Departamento de Estados durante el gobierno de Bush. En su blog para la revista Foreign Policy y en una entrevista, Zelikov dijo que el presidente no podía excluir una investigación sobre posibles actividades criminales. "Si un presidente republicano tratara de hacer esto, la gente estaría enfurecida", dijo.
Frederick A. O. Schwarz Jr., que fue el principal asesor del Comité Church, la comisión del Senado que investigó los abusos de la CIA en los años setenta, dijo que Obama había mostrado "coraje" a excluir el procesamiento de los que acataron recomendaciones jurídicas. Pero dijo que investigar era "absolutamente necesario, no para culpar a alguien, sino para entender cómo ocurrió".

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de secuestrado a terrorista 3

mqh - 26 de abril de 2009 - 08:12 - derechos humanos

[Rajiv Chandrasekaran] Dos semanas más tarde, Wilner se reunió con Ajmi. Su conversación, que duró tres horas, empezó con una larga descripción de cómo habían sido tratados Ajmi y los otros detenidos. Ajmi dijo que lo habían torturado. Sin embargo, a mitad de camino le contó a su abogado que tenía un problema.
"Me han inventado todo", dijo, de acuerdo a las notas de Wilner y sus recuerdos de la conversación. "Yo no llevaba armas. No peleé. No era miembro ni del talibán ni de al Qaeda".
Ajmi dijo que había confesado a los interrogadores norteamericanos en un centro de detención en Kandahar, Afganistán, donde había estado retenido antes de Guantánamo, que había peleado con los talibanes porque los guardias "me estaban matando a golpes".
"Yo quería que pararan [de torturarme]", dijo. "Les dije lo que querían oír".
Ajmi pidió el consejo de Wilner. "¿Qué debo hacer?", preguntó. "¿Cambiaré mi historia?"
Wilner le aconsejó contar la verdad, incluso si eso significaba contradecir declaraciones anteriores. Ajmi le pareció a Wilner "una de las personas menos peligrosas de Guantánamo. Parecía un niño extraviado".
Aunque a Wilner la historia de Ajmi le sonaba creíble, no podía estar seguro de que estuviera contando la verdad. De lo que sí estaba seguro era de que a principios de 2001, Ajmi dejó su cómoda vida en Kuwait y que en diciembre de ese año fue detenido en la comuna de Bannu, en la provincia de la Frontera Noroeste de Pakistán, no muy lejos de la frontera afgana.
¿Qué había pasado entretanto? ¿Estaba en Pakistán, como afirmaba, solamente por razones de estudio y realizando trabajo voluntario? ¿O había ido a Afganistán, como decían los militares norteamericanos, para pelear junto a los talibanes? Quizás no conozcamos nunca una respuesta definitiva a estas preguntas, pero incluso algunos de sus familiares están convencidos de que su partida de Kuwait no fue enteramente por propósitos pacíficos.

Ajmi tenía once hermanos y ocho hermanas. Su padre, que tenía dos esposas, era un técnico de máquinas en la compañía nacional de petróleo de Kuwait. La familia vivía en una casa de estuco de dos pisos en una tranquilla calle en Almadi, el barrio de la compañía al sur de Ciudad de Kuwait que había sido diseñado para los ingenieros británicos y sus familias. Excepto por sus ocasionales mezquitas y los letreros escritos en árabe en la calle, se podría confundir con cualquier barrio de clase media baja de Texas del Oeste. Las calles son amplias y están bordeadas por árboles; hay un pequeño zoológico, un teatro y un centro comunitario; el acre olor del petróleo impregna el húmedo aire.
Cuando Iraq invadió Kuwait en 1990, los familiares de Ajmi, como otros muchos kuwaitíes, huyeron hacia la vecina Arabia Saudí. Cuando volvieron dos años después, Ajmi había dejado de estudiar. Tenía catorce años y sólo había llegado a octavo.
Empezó a trabajar como guardia de seguridad en una escuela técnica, pero lo dejó al cabo de unos meses. Prefería una vida indolente. "Era tranquilo, pacífico y le gustaba divertirse", dijo su hermano mayor Ahmed.
Sin embargo, para cuando Ajmi cumplió diecinueve años, decidió que necesitaba trabajar. Sin educación para un empleo profesional, se unió al ejército kuwaití. Aprendió a usar el rifle M-16 y la ametralladora M-60. Finalmente lo asignaron a una unidad llamada la Guardia del Príncipe, que estaba estacionada en la ciudad de Subhan, cerca del Aeropuerto Internacional de Kuwait.
Pronto Ajmi empezó a asistir a la principal mezquita de Subhan, una imponente estructura de dos plantas rodeada por un enorme patio y una serie de edificaciones anexas. Aunque recibe dinero del gobierno -un letrero proclama que una nueva adición al complejo ha sido financiada por el ministerio de Asuntos y Donaciones Islámicas-, la mezquita es conocida entre los kuwaitíes como un semillero de extremistas. Los sermones giran sobre la opresión de los musulmanes e incluyen llamados a unirse a la guerra santa.
De acuerdo a un sumario de dos páginas de una investigación, preparado por el gobierno estadounidense, Ajmi pidió una licencia de ausencia del ejército para viajar a Pakistán en enero de 2001. Le motivó viajar un edicto subido a internet por un jeque saudí, y colocado en la mezquita de Subhan, que llamaba a la guerra santa contra los rusos en Chechenia.
Cuando llegó a Pakistán, descubrió que no había manera de viajar desde ahí a Chechenia. Dos semanas más tarde volvía a Kuwait.
Dos meses después, un amigo de las fuerzas armadas kuwaitíes distribuyó otro edicto en la mezquita de Subhan. Este llamaba a los musulmanes a luchar contra Ahed Shah Massoud, el líder de la Alianza del Norte, que estaba luchando contra los talibanes en Afganistán.
El 26 de marzo, Ajmi dejó Kuwait para dirigirse a Pakistán. Antes de partir, llamó a su madre. "Me voy a la guerra santa", le dijo, según su hermano Ahmed. "Considérame como un mártir de Dios".
Ahmed dijo que su madre le gritó. Él colgó.
Tras la partida de su hermano, dijo Ahmed, visitó la mezquita de Subhan para preguntar dónde se encontraba. "Me dijeron: ‘Le enseñamos a tu hermano las cosas correctas. Lo hemos puesto en el camino correcto’".
Cuando Ajmi llegó al aeropuerto de Islamabad, dice el sumario de la investigación, fue aproximado por un hombre llamado Mawla Rifqat, que le preguntó si había venido a Pakistán para orar o para la guerra santa. Ajmi le dijo que estaba allí por la guerra santa. Rifqat lo llevó entonces a Penshawar, en autobús. Durante el viaje, Rifqat le dijo a Ajmi que había luchado con los muyahedines afganos contra los soviéticos en los años ochenta.
Desde Peshawar, los dos hombres viajaron en coche hasta Waziristán del Norte, donde Rifqat entregó a Ajmi a cuatro afganos que estaban escoltando a un grupo de paquistaníes para unirse a los talibanes. Condujeron hasta Khost, y luego hasta Kabul, donde cambiaron de coche y continuaron hacia el norte hacia Bagram, la línea de frente entre los talibanes y la Alianza del Norte.
Ajmi recibió un AK-47, municiones y granadas y fue destinado a una posición defensiva contra la Alianza del Norte. Los talibanes quemaron su pasaporte, dice el sumario de la investigación, y le dijeron que lo matarían si trataba de marcharse.
En los meses que pasó allá, de acuerdo al sumario, Ajmi "disparó su arma sólo una vez cuando oyó movimientos cerca de su posición una noche. No sabe si mató a alguien. La mayor parte del combate ocurría en los flancos".
Cuando la Alianza del Norte avanzó hacia Kabul en noviembre de 2001, fue asignado a Jalalabad al este, donde los afganos requisaron sus armas, de acuerdo al sumario. Caminó en dirección a las montañas de Tora Bora con un grupo de árabes, con los que acampó en una aldea al norte de una zona que estaba siendo bombardeada por las fuerzas armadas estadounidenses. Después de dos semanas, cruzó hacia Pakistán, donde fue arrestado por las fuerzas de seguridad.
Los paquistaníes lo entregaron a los norteamericanos. No está claro si Estados Unidos pagó una recompensa por él, aunque hacerlo era una práctica común en esos momentos.
El penúltimo párrafo del sumario de la investigación dice que Ajmi "nunca conoció a nadie de al Qaeda".
A medida que Wilner conocía mejor la historia de Ajmi, se fue convenciendo de que no debía haber sido enviado nunca a Guantánamo. "Este era un niño que no podía haber sido otra cosa que un recluta de bajo nivel. Estaba claro que no era un líder ni un estratega ni nada por el estilo", dijo el abogado. "Me causó la impresión de que era una de las personas menos peligrosas que había en Guantánamo".

Julie Tate contribuyó a este reportaje.

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los memos de la tortura

mqh - 26 de abril de 2009 - 05:16 - derechos humanos

Perseguir judicialmente a los autores de los ‘memorandos de la tortura’ es muy rebuscado. Juristas dicen que los prosecutores deberán demostrar que los abogados del gobierno de Bush torcieron a sabiendas la interpretación de la ley contra la tortura.

[David G. Savage y Josh Meyer] Washington, Estados Unidos. Pese a las crecientes demandas de presentar cargos criminales contra los autores de los llamados ‘memorandos de la tortura’, incluso los críticos del gobierno de Bush ven problemas en la persecución judicial de abogados como John C. Yoo, Jay S. Bybee o Steven G. Bradbury.
Primero, hay que probar que los abogados han torcido deliberadamente la ley contra la tortura.
"Eso sería un verdadero estirón. Mientras pensaran que estaban interpretando honestamente la ley [contra la tortura], no son conspiradores criminales", dijo Stepehen A. Saltzburg, profesor de derecho de la Universidad George Washington y ex fiscal. "Pueden ser malos abogados que dieron consejos muy malos", dijo, pero eso no es un delito.
El otro problema parece mayor. ¿Cómo podría el gobierno perseguir a los abogados de nivel medio que escribieron los memorandos, pero no a los funcionarios de alto nivel -incluyendo al ex presidente George W. Bush y al ex vicepresidente Dick Cheney-, que son quienes autorizaron que se aplicara el submarino [simulacro de asfixia por inmersión] a los sospechosos de ser operativos de al Qaeda?
"Es por eso que este tema es tan sensible’, dijo Tom Malinowski, director en Washington de Human Rights Watch. "Una vez que comienzas una discusión seria en cuanto a la persecución criminal, la cuestión se convierte rápidamente en: ¿Por qué llevar a juicio a los que están en la mitad de la cadena de mando, pero no a aquellos que, en la cima, tomaron en última instancia esas decisiones?"
El miércoles un nuevo informe hecho público indicaba que la Casa Blanca de Bush aprobó el uso del submarino por parte de la CIA en julio de 2002, a la espera de la autorización legal del ministerio de Justicia, que llegó unas semanas después. Eso también podría complicar la decisión de procesar a los abogados, pero no a sus superiores.
Tres senadores republicanos, dirigidos por John McCain, de Arizona, enviaron al presidente Obama una carta el miércoles instándole a no procesar judicialmente a los abogados de Bush. "Proporcionar asesorías legales malas es siempre algo indeseable", dice la carta, "pero es algo totalmente diferente convertir esas asesorías que repudiamos en un delito".
Nancy Pelosi, la presidente de la Cámara de Representantes (demócrata de San Francisco), dejó en claro que el Congreso investigará el asunto independientemente de si se acusa finalmente a alguien. Dijo que los comités parlamentarios y posiblemente una comisión de la verdad independiente debían investigar que había ocurrido.
Tampoco excluyó la posibilidad de iniciar un procedimiento de impugnación contra Bybee, que es también juez del Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco si se constatara que este engañó al Congreso en la audiencia de confirmación en 2003.
Karl Rove, un importante asesor político de Bush, acusó a Obama de querer montar "juicios publicitarios" de ex funcionarios de gobierno. "Si el gobierno de Obama insiste en criminalizar los desacuerdos sobre medidas de gobierno, ¿cómo pondrá límite sobre a quiénes procesarán?", dijo.
La mayoría de los juristas expertos en derecho penal dijeron que no se sentían cómodos con la idea de procesar a los abogados que escribieron los memorandos. Un principio del derecho penal es que el delito debe ser claro y obvio.
En este caso, un fiscal debería demostrar que Yoo y Bybee torcieron deliberadamente la interpretación de la ley contra la tortura. "Dada la base algo subjetiva de casi todos los análisis jurídicos, no sé cómo vas a probar eso", dijo Stanley Brand, abogado de Washington y ex abogado del antiguo presidente de la Cámara de Representantes, Thomas P. ‘Tip’ O’Neill Jr.
"Tendrías que demostrar que dieron consejos erróneos a sabiendas", dijo Peter Zeidenberg, ex fiscal acusador de la unidad de integridad pública del ministerio de Justicia. "Teóricamente podrías hacerlo, pero sólo si tuvieras evidencias de que ellos sabían que era eso lo que estaban haciendo".
Juristas dijeron que verían el asunto de otro modo si [las acusaciones] se concentraran en crímenes de guerra y en el derecho internacional.
Saltzburg y otros dijeron que los estadounidenses probablemente se inclinarían a presentar cargos por crímenes de guerra contra un ex funcionario que hubiera autorizado aplicación del submarino a un agente estadounidense.
"Confieso que me siento hipócrita en cuanto a eso", dijo. "Si uno de nuestros soldados o un agente de la CIA hubieran sido capturado por Saddam [Hussein], sometido al submarino y metido en una caja, y descubriéramos quién lo autorizó, insistiríamos en procesar por crímenes de guerra a esa persona".
Malinowski dijo que habría un consenso legal a favor de un proceso por crímenes de guerra si un estadounidense hubiese sido sometido al submarino por Irán, Iraq o Corea del Norte.
"No habría controversias ni debate", dijo. "Trataríamos de procesar a cualquier funcionario extranjero que hubiera autorizado la ejecución de esos actos contra un estadounidense. Y nadie aceptaría la excusa de que uno de esos dictadores se apoyaba en la asesoría de su abogado".

James Oliphant en Washington contribuyó a este reportaje.

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